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Problemas de Córdoba V – Gasto Público Innecesario (Inversión o Gasto Improductivo)

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo al Gasto Público Innecesario, porque parece que las Instituciones Públicas en Córdoba (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos) dedican cada vez más dinero público a gastos superfluos e improductivos que a la inversión real.

Quinto Artículo. Gasto Público Innecesario.

El gasto público innecesario se refiere a aquellos desembolsos realizados por las Instituciones Públicas, sus empresas y entes varios, que no generan un beneficio relevante para la sociedad, carecen de eficiencia o no cumplen con los principios de austeridad y racionalidad en la gestión de los recursos públicos. Esta realidad tan extraordinaria es un problema repetido en España a todos los niveles del poder público (Estado, CC.AA, Diputaciones y Ayuntamientos), donde la ineficiencia en el gasto público limita y/o impide el desarrollo económico, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios públicos esenciales.

El gasto público innecesario incluye partidas presupuestarias que no generan un retorno adecuado en términos de bienestar social, productividad o desarrollo económico.

<<Características principales del gasto innecesario>>

*Duplicidad de funciones: Contratación de servicios que las entidades públicas podrían realizar internamente.

*Gastos superfluos: Publicidad excesiva, eventos promocionales o contratos de servicios no esenciales.

*Ineficiencias administrativas: Burocracia excesiva, estructuras gubernamentales sobredimensionadas y procesos redundantes.

*Subsidios mal orientados: Transferencias a sectores o personas que no los necesitan, como subsidios energéticos que benefician a no pobres.

*Gastos hormiga: Pequeños desembolsos recurrentes que, al acumularse, representan sumas significativas.

*Contratación de asesores políticos en aumento continuo, que se superponen al trabajo de los funcionarios o empleados públicos de las instituciones que se gobiernan.

El gasto público innecesario en la provincia de Córdoba, refleja un desafío común en la gestión de recursos públicos a nivel local y provincial, donde las ineficiencias, duplicidades y gastos superfluos limitan la capacidad de financiar servicios esenciales y proyectos de desarrollo.

<<Gasto Público en la Provincia de Córdoba>>

La provincia de Córdoba, sita en Andalucía, depende del gasto público del gobierno central, del gasto público gestionado por el gobierno autonómico y de los presupuestos municipales y provinciales (Diputación de Córdoba).

En Córdoba, el gasto público incluye partidas gestionadas por el Gobierno Central, por la Junta de Andalucía, por la Diputación Provincial y por los Ayuntamientos, como el de la ciudad de Córdoba. Aunque no hay datos específicos recientes sobre el gasto público innecesario exclusivo de la provincia, análisis generales sobre España, como el del Instituto de Estudios Económicos (IEE), identifican ineficiencias que superan los 60.000 millones de euros a nivel nacional, incluyendo áreas como burocracia excesiva, subsidios mal focalizados y gastos administrativos redundantes. Estas ineficiencias son aplicables a nivel provincial, especialmente en regiones con estructuras administrativas complejas como Andalucía, reflejándose en Córdoba y Provincia.

Ejemplos de gasto potencialmente innecesario en Córdoba:

-Publicidad y promoción: Gastos en campañas publicitarias no esenciales o eventos promocionales innecesarios.

-Burocracia repetida o doble: Duplicidad de funciones entre la Diputación, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía.

-Subsidios desenfocados o mal orientados: Programas de transferencias que no priorizan a los sectores más necesitados, como subsidios agrícolas o energéticos que benefician a grandes empresas en lugar de pequeños productores.

-Contratación de asesores políticos en aumento continuo, que se superponen al trabajo de los funcionarios o empleados públicos de las instituciones que se gobiernan, que implican carga de personal redundante y claramente prescindible.

<<Impacto del Gasto Público Innecesario en Córdoba>>

El gasto público ineficiente en la provincia de Córdoba tiene consecuencias directas en el desarrollo económico y social:

*Limitación de inversión en infraestructura: Córdoba, con un PIB per cápita inferior a la media nacional (alrededor de 18.000 euros frente a 30.000 euros nacionales en 2023), necesita priorizar inversiones en sectores como turismo, agricultura y energías renovables, pero los gastos innecesarios reducen los recursos disponibles.

*Desigualdad social: Los subsidios mal diseñados pueden beneficiar a sectores de mayores ingresos, dejando a comunidades vulnerables, como las zonas rurales de la Sierra de Córdoba, con menos apoyo.

*Déficit fiscal local: La Diputación y los ayuntamientos enfrentan restricciones presupuestarias, agravadas por gastos superfluos que limitan la capacidad de financiar servicios esenciales como sanidad, educación, transporte o promoción del empleo.

*Pérdida de competitividad: La burocracia excesiva desincentiva la inversión privada en sectores clave como el turismo, que representa una parte significativa de la economía cordobesa.

<<Causas del Gasto Público Innecesario en Córdoba>>

Las principales causas identificadas incluyen:

-Falta de coordinación administrativa: La superposición de competencias entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos genera duplicidades. Por ejemplo, los servicios culturales o de promoción turística pueden estar gestionados por múltiples entidades sin una estrategia unificada.

-Gastos en promoción y publicidad: Aunque no hay datos específicos, en Córdoba y Provincia campañas de promoción turística o eventos culturales están sobredimensionados.

-Burocracia en aumento constante: Es un hecho patente, que el empleo público en España creció cuatro veces más que el privado en los últimos años, y, en Córdoba, esto puede traducirse en estructuras administrativas duplicadas en la Diputación o ayuntamientos.

-Falta de transparencia: La opacidad en la gestión de contratos y subvenciones facilita gastos ineficientes y en subvenciones “fantasma”. Por ejemplo, la subvención al concierto de Luis Miguel, que se vendió falsamente como un acto de promoción de Córdoba, disfrazado de patrocinio.

-Rigidez presupuestaria: Gran parte del presupuesto de la Diputación Provincial, de Córdoba Capital y de los Ayuntamiento en la provincia está comprometido en gastos fijos (personal, transferencias sociales y gastos superfluos), limitando la inversión real necesaria  y la flexibilidad para reasignar recursos.

<<Estrategias para Corregir el Gasto Público Innecesario en Córdoba>>

Propuestas concretas para optimizar el gasto público en la provincia de Córdoba, adaptadas al contexto local y basadas en prácticas que han resultad rentables, así:

**Optimización de la Gestión Presupuestaria.

-Auditorías regulares: Implementar revisiones periódicas del gasto por parte de la Diputación y la Junta de Andalucía, similares a las realizadas en otras ciudades, que ahorraron millones al eliminar contratos redundantes.

-Digitalización de compras públicas: Adoptar plataformas electrónicas de contratación para aumentar la transparencia y reducir costos en licitaciones.

-Presupuestos basados en resultados: Priorizar partidas que generen impacto medible, como proyectos de turismo sostenible en la Mezquita-Catedral o el desarrollo rural en la Subbética.

**Reducción de Estructuras Burocráticas

-Coordinación interinstitucional: Crear un consejo provincial que alinee las competencias de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos, eliminando duplicidades en servicios como promoción turística o mantenimiento de infraestructura.

-Racionalización del empleo público: Limitar el crecimiento del personal administrativo, enfocándose en contratar perfiles técnicos para proyectos de alto impacto, como energías renovables en la provincia.

-Eliminación de contratos repetidos: Revisar contratos de consultoría y servicios externos que podrían ser asumidos por personal interno.

**Mejora en la distribución de Subsidios

-Reorientación de transferencias: Dirigir subsidios agrícolas y energéticos hacia pequeños productores y comunidades rurales, como las de la Sierra de Hornachuelos, en lugar de grandes empresas.

-Evaluación de programas sociales: Implementar sistemas de monitoreo para garantizar que los fondos lleguen a los beneficiarios previstos, reduciendo filtraciones estimadas en un 2-5% del gasto en transferencias a nivel general.

**Aumento constante de la Transparencia

-Plataformas de datos abiertos: Publicar los presupuestos y gastos de la Diputación y los ayuntamientos en portales accesibles, como el de datos.gob.es, para fomentar la supervisión ciudadana.

-Fortalecimiento de organismos fiscalizadores: Dotar a la Cámara de Cuentas de Andalucía de mayores recursos para auditar el gasto provincial.

-Sanciones por malgasto: Establecer consecuencias claras para casos de corrupción o ineficiencia, como los que sean identificados como subvenciones “fantasma”.

**Incentivos a la Eficiencia

-Negociación de contratos: Revisar contratos de servicios, como los de mantenimiento de edificios públicos, para negociar precios más bajos.

-Promoción de inversión privada: Reducir la burocracia para atraer inversión en sectores clave como el turismo (Patios de Córdoba, Medina Azahara) y la agroindustria, inspirándose en Madrid, donde una menor presión fiscal generó 40.000 millones de euros adicionales.

-Austeridad en publicidad: Limitar el gasto en campañas promocionales, priorizando estrategias digitales de bajo costo.

**Educación y Capacitación

-Capacitación de funcionarios: Formar al personal de la Diputación y ayuntamientos en gestión presupuestaria eficiente, con énfasis en evaluación de impacto.

-Concienciación ciudadana: Fomentar la participación de la sociedad cordobesa en la vigilancia del gasto público, a través de asociaciones locales y plataformas digitales.

<<Recomendaciones Específicas para Córdoba>>

*Auditoría provincial exhaustiva: La Diputación de Córdoba debe realizar una auditoría detallada de sus partidas presupuestarias, identificando gastos en publicidad, viáticos, contratos redundantes y subvenciones a fondo perdido a empresas públicas en la ruina por administraciones manirrotas,  inspirándose en los 60.000 millones de euros de ineficiencias detectadas a nivel nacional.

*Plataforma de compras públicas: Implementar un sistema electrónico de contratación para toda la provincia, basado en modelos que han demostrado su eficiencia.

*Focalización de subsidios agrícolas: Reorientar los apoyos al sector olivarero hacia pequeños productores, promoviendo la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

*Coordinación turística: Unificar la promoción turística de la Mezquita-Catedral, Medina Azahara y los Patios bajo una estrategia provincial para evitar duplicidades.

*Inversión en infraestructura rural: Reasignar ahorros de gastos innecesarios a proyectos de conectividad en zonas como la Subbética o el Valle del Guadiato.

*Participación ciudadana: Crear un portal de transparencia provincial que permita a los cordobeses supervisar el gasto público en tiempo real.

<<Conclusión>>

El gasto público innecesario en la provincia de Córdoba, aunque no está cuantificado de manera específica en los datos disponibles, dada la falta de transparencia real, refleja problemas estructurales comunes en España, como la burocracia excesiva, la falta de coordinación administrativa y los gastos superfluos en publicidad o eventos. Estas ineficiencias limitan la capacidad de la provincia para financiar proyectos clave en turismo, agricultura y desarrollo rural, sectores vitales para su economía. Mediante auditorías regulares, digitalización, transparencia y una mejor focalización de los recursos, Córdoba puede optimizar su gasto público, generando ahorros significativos sin comprometer los servicios esenciales. La experiencia de regiones como Madrid demuestra que es posible lograr una gestión eficiente, siempre que se priorice la austeridad, la planificación estratégica y la participación ciudadana.

(Nota. Vuelvo a señalar un cuestión previa de vital importancia, que es el dinero para realizar las inversiones necesarias, y, una de las formas de encontrar ese dinero es reducir el gasto público superfluo, de forma, que lo digo claro, precisamos el dinero suficiente y no pararemos de decirlo hasta conseguirlo, advirtiendo que desde Córdoba Abierta -ACOA- lucharemos ante cualquier desigualdad discriminatoria para Córdoba.).

N.B.  El Problema de Córdoba en el Gasto Público reside en que existe un crecimiento continuo de un gasto innecesario en detrimento de las inversiones reales y el gasto productivo, porque  parece que las Instituciones Públicas en Córdoba (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos) dedican más a los gastos superfluos improductivos que a la inversión real

El Problema del Gasto Innecesario es quizás, uno de los asuntos olvidados, de forma, que parece que las Instituciones Públicas (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y los Ayuntamientos) pasan de largo, cuando el futuro está, sin duda, en una buena administración con todo lo que ello supone.

Es urgente solucionar este problema y eso solo es posible con la existencia inmediata de inversiones para desarrollar todo nuestro potencial económico y social, de manera, que desde Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos otro mensaje urgente: Reducción inmediata del gasto público innecesario.

Córdoba, a 6 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

ABUSOS DE PODER – LA CARCOMA AVANZA EN TODO LOS NIVELES DE LO PÚBLICO (aforamientos, contratos jésicos, hermanos y parientes)

La realidad al día de hoy es, que en España una gran parte de los poderes públicos en cualquiera de sus niveles han perdido el respeto a la ley, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, los abusos de poder como el aforamiento exprés en Badajoz, las colocaciones y contratos arbitrarios porque “me da la gana y puedo”, a lo largo y ancho de la piel de toro se ha convertido en el pan de cada día para los partidos políticos.

Ya no cuenta la capacidad, el mérito o la preparación, las colocaciones públicas se hacen a dedo entre amigos políticos, parientes, amigos y señoritas, da igual que sea el Estado Central y todas sus empresas, entes y demás, chiringuitos, pues a todos los niveles de los poderes públicos (CC. AA., Ayuntamientos, Provincias y con todas sus empresa y  entes) está pasando, de forma, que no hay más que mirar alrededor para verlo. Solo la Justicia, a duras penas, resiste y trata de poner las cosas a nivel de la ley, pero siempre los juzgados de se atreven a imponer la ley son maltratados, denunciados y vilipendiados.

Por si faltara algo para que la injustica sea impuesta sin responsabilidad, están los aforamientos, las amenazas veladas de los palmeros, los letrados y abogados pagados por el poder abusón, y, los ataques a cualquiera que denuncie una situación de abuso del poder público.

¿ Quién no conoce algún caso de nombramiento, colocaciones y contratos a nivel público comilitones, parientes amigos, señoritas, etc. donde el abuso de poder y la discriminación  han asentado sus reales a vista de todo el mundo, en la creencia real de son inimputables y que están por encima de la ley ?

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que el abuso de poder saltándose la ley a la torera se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, es un hecho, que parece que nadie hace lo que ella consagra, como la igualdad ante la ley, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles.

Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B.  Si no controlamos todos los abusos de poder, la carcoma que se come nuestras libertades y la igualdad de los españoles con aforamientos exprés, contratos jésicos, hermanos y parientes al lema de todos colocados, acabarán con la democracia, la libertad y la igualdad.

Que nadie se engañe y esconda la cabeza, lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

El silencio y la sumisión ante la injusticia es complicidad con los que abusan del poder público en su beneficio desviándolo del interés general.

Córdoba, a 26 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sobredimensionamiento del sector público – Contra la inversión social (Gastos de personal y Entes paralelos)

Unos lectores me dicen que ellos son partidarios de lo público, pues dicen que la mayoría de los servicios públicos deben estar administrados por un poder de carácter público.

1º.- Para empezar les digo, que no me refiero nunca a servicios esenciales, como pueden ser el orden y la seguridad públicas, la defensa, las infraestructuras, las comunicaciones básicas, la justicia y, así, un largo se asuntos de interés general.

2º.- Dicho lo anterior, aclaro, que cualquier asunto administrado por un poder público, aunque suene a verdad de Perogrullo, lo que digo es que “lo que tiene que estar es bien administrado”, de forma, que se excluya cualquier abuso de poder, como pueden ser por ejemplo, realizar gastos superfluos e innecesarios, cargar de personal afín al poder político de turno, aumentar los gastos de personal de manera que se cree una plantilla de personal desproporcionada, y, en definitiva casos parecidos donde el dinero de todos se despilfarra en temas interesados e innecesarios.

3º.- Cuando digo, que el Sector Público está sobredimensionamiento es porque creo que para cumplir sus objetivos su estructura física y de personal está desequilibrada, pues, con casi seguridad con un 60% de los recursos bien gestionados  los fines se alcanzarían igualmente, y, porque muchos gastos se dirigen a cosas inútiles, dejando de realizar inversiones necesarias sociales y económicas, de forma, que siempre se da prioridad a la que “llaman creación de empleo público”, sea o no sea necesario.

4º.- A la vez de todo lo dicho, es una realidad que se ve, que los poderes públicos en España crean a su alrededor una maraña de entes, empresas, asociaciones, fundaciones, observatorios, etc. etc., que suelen tener como características dominantes una carga de personal excesiva, un dominio de la contratación arbitrario, una falta de control relevante, y, en definitiva falta de transparencia y una opacidad excluyente.

5º.- Finalmente, es una realidad que en España existen en sus administraciones públicas (Gobierno Central, CC.AA., Corporaciones Locales y demás, Instituciones Públicas) una cantidad desconocida de entes paralelos incontrolados, que nadie conoce, ni siquiera la Hacienda Pública.

***Creo que con lo dicho he dejado centrada la cuestión, reiterando que no soy contrario a lo público sino a su mala administración en su más amplio sentido.

En España, para desgracia nuestra, no hay día que no aflore un abuso en el gasto público, que según las noticias va desde gastos de viajes fastuosos, apoderamiento del dinero público, contrataciones indebidas y contra ley de toda clase y color, gastos excesivos de personal sin control, algunos casos, según se ve de contratación de señoritas de acompañamiento completo, y, casi una lista interminable de despilfarro interesado del dinero de todos.

En mi opinión es una cosa patente, que la mayoría de los españoles si pudieran cortaría ese grifo infame, aunque, la realidad diaria demuestra que la aplicación de la ley no es igual para todos, de manera, que si un político de turno comete un abuso, máxime, si está aforado, la ley se le aplica a cámara lenta, a la vez que se rodea de asesores jurídicos, que muchas veces que pagamos todos los españoles, y, así, se crea un páramo de impunidad para vergüenza de todos.

Si el que comete el abuso es un ciudadano de a pie, la cosa cambia radicalmente, de forma, que se le juzga sin miramiento alguno y se le exigen las responsabilidades legales oportunas.

Queda claro, que la ley en España no es igual para todos ni se aplica de forma igual a todos, ya que, por un lado están los políticos varios y por otro los ciudadanos de a pie.

El poder judicial no está exento de responsabilidad, ya que, cuando existe un asunto que llamaremos político parece que cambian las reglas del juego desde la agilidad procesal al trato exquisito que se presta al político de turno.

Si alguien lo duda, que le ponga un pleito a una Administración Pública mínimamente relevante y verá que lo que sucede, que no es lo mismo, que le pasa a él cuando acude a pedir justicia a un órgano judicial.

Los políticos está demostrado, que ya no cumplen la ley ni por asomo, parapetándose sin pudor bajo los aforamientos excluyentes, que los convierten en inimputables, de manera, que ya, solo podemos confiar en la autodefensa y en algún poder judicial que aún sobrevive independiente e imparcial.

Es un hecho abrumador, que carece de sentido la C. E. de 1978 cuando dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Está clarísimo, que los que creemos en la igualdad y en la aplicación justa de la ley consagradas en la C. E. de 1978 estamos al otro lado de la carretera, de forma, que lo que establece la Constitución, **o salimos a defenderlo **o nos sometemos cautivos, de manera, que cada uno vaya a donde quiera, pero el que suscribe está en los terrenos de la libertad y, según parece, otros muchos también.

(Nota. Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.).

***Es necesario un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social,  económica y política inmediata, vamos directos a una situación de bancarrota con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa, pues, si sociedad civil no se despierta y pasa a la autodefensa,  nos someterán cautivos y callados.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que empezar conociendo la verdad y pasar a la autodefensa colectiva, es lo único que puede salvarnos de políticas de falsa equidad, que nos llevan a la ruina, y, que se justifican diciendo que defienden lo público, cuando es algo manifiesto que la realidad es abuso de lo público.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Es una realidad perniciosa el sobredimensionamiento del sector público donde priman los gastos de personal y los Entes paralelos, mientras la inversión real está decreciendo día a día-

Si a lo dicho, añadimos  que la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe una inflación de lo público, que crece y aumenta sin control.

Un adivinanza imposible: ¿Cuántos entes públicos desconocidos,  incontrolados y absolutamente opacos existen en España?

Les pongo una exclamación que ya todos entendemos: Pues… ESO.

Por si faltara algo, en España ha nacido un poder autoritario que crece por momentos, ocupando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse o someterse cautivo.

Córdoba, a 12 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

CUMPLIR LA LEY – COSA DE INOCENTES (Nacionalistas, independentistas y demás pícaros)

Nada puede ya definir lo que está pasando en España, pues resulta que si cumplo la ley y, por ejemplo, pago mis impuestos, soy un “tontaina”.

Es cierto, que la sociedad civil española parece que está adormecida, aunque quizás es porque algunos ciudadanos – muchos o menos- creen que los Partidos Políticos van a arreglar el asunto, lo que solo puede suceder si se hace de esa creencia falsa un dogma de fe.

La única verdad es que los ciudadanos estamos perdidos en un laberinto de políticas donde la libertad ha sido sometida, que, además, se traduce en políticas públicas dominadas por lo superfluo y lo innecesario, y, ahora, por si faltaba algo, por políticas autoritarias y furcias con tendencias hacia despojo de lo público,   que quieren doblegar nuestra libertad, así que hemos caído en un bucle perverso de “sartén y fuego”, lo que significa, que los indicadores clave de las libertades se sitúan fuera del bien común, pues, ya no importa la libertad en cualquiera de sus versiones, sino el poder por el poder que se muestra impúdico, soberbio y prepotente.

Los políticos está claro, que ya no cumplen la ley ni por asomo, parapetándose sin pudor bajo los aforamientos excluyentes, que los convierten en inimputables, de manera, que ya, solo podemos confiar en la autodefensa y en algún poder judicial que aún sobrevive independiente e imparcial.

Es un hecho abrumador, que carece de sentido la C. E. de 1978 cuando dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Está clarísimo, que los que creemos en la C. E. de 1978 estamos al otro lado de la carretera, y, que lo que dice la Constitución, **o salimos a defenderlo **o nos sometemos cautivos, de manera, que cada uno vaya a donde quiera, pero el que suscribe está en los terrenos de la libertad y, según parece, otros muchos también.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad de los ciudadanos y la justicia, lo que significa, que basta ya de abusos de lo público por políticos oportunistas, ya que, nos defendemos o nos someten cautivos y silentes voluntarios.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que empezar diciendo la verdad y pasando a la autodefensa colectiva, es lo único que puede salvarnos de los políticos oportunistas, aprovechados y arrieros de la mentira, subidos al carro del aprovechamiento personal con el pretexto falso de que defienden los intereses generales, cuando es algo manifiesto que solo es abuso de lo público.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Al día de hoy es un hecho patente, que cumplir la Ley es ya cosa  de inocentes, mientras nacionalistas, independentistas y demás pícaros se apoderan de nuestros derechos y libertades y de nuestro dinero, destinándolo, a mayor desdoro, a gastos dominados por la impudicia y la desvergüenza.

Un poder autoritario dirigido por pretendidos líderes del Pueblo ha tomado por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse, pues ya no se trata de escoger entre lo bueno y lo malo, cosa que es imposible, sino de asumir la autodefensa compartida antes de que quedemos sometidos y sin que nadie nos defienda.

La igualdad ante la ley de los ciudadanos, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades apoyan lo que digo, aunque, quizás, la propaganda, el relato y la demagogia parece que se han impuesto a la verdad y a la justicia.

Córdoba, a 5 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Mayorías absolutas – Ayuntamientos – Respeto a las minorías (principio de legalidad y derechos fundamentales)

Unos lectores me hacen una pregunta sobre los efectos de la mayorías absolutas y su abuso por los políticos que gobiernan con ellas, pues en su ayuntamiento gobernado por mayoría absoluta por un partido solo se cumple la ley cuando beneficia a la mayoría que gobierna, existiendo un claro abuso contra las minorías.

Trataré de dar una opinión lo más clara posible, así, que comenzaré centrando el tema por abajo.

Me explico, en estos días solo se habla del Presidente Trump, de Europa, de La Otan, de Ucrania y de cosas gordas, aunque por otro lado es lógico, pero en esos asuntos salvo no estar de acuerdo con el empleo de la fuerza como argumento único, poco se puede hacer a nivel de calle; sin embargo, hay asuntos en la puerta de nuestras casas de abusos del uso de las mayorías absolutas en los Ayuntamientos, Diputaciones y CC.AA. que precisan atención inmediata, si queremos que nuestra vida diaria se desarrolle en democracia y libertad.

Es un hecho más que frecuente, que Ayuntamientos gobernados por mayorías absolutas están abusando de su poder realizando actos contra ley y sometiendo sin pudor a las minorías con el único argumentos de que votando siempre llevan razón.

Desgraciadamente, esa forma de gobernar atrabiliaria la tenemos a la vuelta de la esquina y con demasiada frecuencia se viene tolerando, quizás, porque es más fácil ponerse de perfil ante una injustica, que, equivocadamente, se suele considerar menor.

Si en un Ayuntamiento se viola día a día el principio de legalidad y se bendice después con una votación a favor por mayoría absoluta, parece que todo es legal y que no pasa nada porque se adopten acuerdos fuera de la ley, sobre todo, cuando solo existe un secretario/a accidental irregular por llevar demasiados años en ese puesto.

La realidad es perversa, pues no hay nada peor que permitir que la carcoma de la injusticia se introduzca en los niveles más bajos de nuestra administración.

Cuando un Alcalde abusa de su poder con el pretexto de que tiene mayoría absoluta, con las debidas proporciones, es lo mismo que está haciendo el Presidente Trump y/o el Presidente Putín, que no es otra cosa que bendecir la injusticia y el sometimiento de la libertad por el uso de la fuerza.

Por otro lado, observo, que los jueces y tribunales en algunos-muchos casos pasan por encima de la ley aplicable considerando que estos casos menores no merecen enfocarlos en la dirección del valor justicia, de forma, que se consolida el abuso ilegal, pues es difícil, costoso y arriesgado para el ciudadano de a pie hacer frente a una injusticia, que viene validada por el marchamo de un acuerdo por mayoría absoluta.

En estos desgraciados casos, solo queda acudir a la vía penal judicial con todas la pegas que ese movimiento de defensa tiene para el particular que ejercita su derecho de defensa por ese camino, que es el único que le han dejado seguir.

Afortunadamente, hay casos y jueces/as que deciden con grave riesgo para sus personas hacer frente a la injustica y abren diligencias penales de investigación, que como se está demostrando en España es casi una temeridad para el órgano judicial competente, ya que, lo primero que hacen esos políticos autoritarios bajo la tutela de sus mayorías absolutas es cargar con el Juez/Jueza que se ha atrevido a contradecir su proceder autoritario y conta ley, acusándoles de estar equivocados, de no conocer la ley, de aplicarle por ideología política y todas las demás barbaridades que se están viendo en el día a día en España.

La única razón que lanzan contra todos los que no están de acuerdo es que ellos son el pueblo y están por encima de la ley, todo ello, adobado por bulos personales, políticos y sociales contra todos los que se atreven a discrepar.

En estos días de inseguridad jurídica conviene realizar una defensa del respeto a la ley en todos los niveles del poder político, algo esencial en cualquier estado social y democrático de derecho, como es el nuestro según la C. E.

Sin respeto a la Ley no existe el estado de derecho, pero es lo cierto, que ese deber de respeto es exigible al máximo, cuando se trata de poderes públicos de menor nivel (véase Ayuntamientos), ya que, mientras los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere el cumplimiento de la Ley, los titulares de los poderes públicos tienen, además, un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Ley.

** La Constitución Española establece lo siguiente:

<< – Artículo 9: 1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

* Artículo 10: 1.  …   …, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.>>

Además, en España la justicia se apoya en el respeto a la ley, como fundamento del orden político y de la paz social, para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico.

En España se están produciendo a diario dislates tremendos de falta de respeto a la Ley en los niveles inferiores del poder público, así que señalaré un supuesto claro de falta de respeto a la ley, que es un ejemplo de perversión de la ley, pero que es como el lago de los muertos o piélago, que lo inunda todo en algunos municipios, así:

 * Abuso en algunos muchos municipios gobernados por mayorías absolutas, donde solo se hace lo que dice el partido que gobierna por mayoría absoluta con razón o sin ella, con la ley o contra ella.

(Nota: Los particulares avasallados por la mayoría absoluta está muy claro, que son necios, gilipo…, y unos irresponsables absolutos, porque ellos son el poder legítimo del pueblo).

A pesar de todo, siempre queda un halo de esperanza y algunas cosas están más claras:

1º.- España se desangra por un uso abusivo de mayorías absolutas con unos poderes públicos dominantes y sus dirigentes que juegan a la ruleta rusa con los españoles, de manera, que ellos a lo suyo y vale todo, aunque, pronto habrá elecciones y ya todos sabemos lo que hay.

2º.- Solo queda creer en la justicia y en la división de poderes, esperando que los jueces, apliquen la Ley sin condicionamientos ideológicos, y, siempre en favor del pueblo dónde reside la soberanía, y, del que nace, crece y se sostiene la justicia en las democracias constitucionales.

N. B.   La mayorías absolutas sin respeto a la Ley ni respeto a las minorías violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, cualquiera que sea su nivel, pero cuando el abuso de las mayorías se hunde al nivel más bajo como son los ayuntamientos, lo que está en peligro es la libertad de las personas que viven en esos municipios dominados por unos gobernantes mayoritarios, que se creen por encima del bien y del mal y, además, impunes.

**Sin respeto a la Ley por todos y, especialmente, por los poderes públicos no existe el Estado de Derecho Constitucional.

**Sin ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, es una ofensa a los españoles, que se les pida su cumplimiento.

Sin embargo, lo peor es, que actúan así contra la ley algunos muchos, quizás demasiados, porque se sienten impunes, de forma, que les da igual, aunque puede ser cierto, que los culpables son los ciudadanos por su mala memoria.

No se puede poner en duda, que las cosas están muy claras, luego que nadie se queje.

Córdoba, a 3 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.