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Representatividad real y oficial – verdad y mentira (Pueblo Soberano – Gobierno – Sindicatos – CEOE – Partidos políticos)

Las preguntas de estos días son ¿quién tiene representatividad real? y ¿quién oficialmente no representa a nadie?

La dicotomía es abrumadora, así que conviene examinar y comprobar la realidad:

1.- La Ministra de Transportes Raquel Sánchez llama radicales de ultraderecha, violentos e ilegales (sus compañeros de Gobierno también) a los transportistas que han paralizado España, mientras negocia con otros transportistas que se dicen representativos, aunque da la impresión de que solo se representan a sí mismos.

2.- Los llamados sindicato de clase se manifiestan y reúnen una multitud de quinientas personas, mientras los trabajadores españoles parece que va por otro lado, razón por la que parce que esos sindicatos solo se representan a ellos y solo defienden sus propios intereses subvencionados.

3.- La CEOE con el Sr. Garamendi al frente pacta con el Gobierno asuntos varios, como la reforma laboral, etc., pero parece que la mayoría de las empresas españolas van por otro lado, de manera, que su representatividad de la mayoría de los empresarios es claramente incierta y constituye un bluff (un farol) manifiestamente irreal, ya que, la realidad es que solo se representan a sí mismos y a sus intereses. El caso de la exministra Sñrª. Báñez, asesora bien pagada de la CEOE, es un claro ejemplo de esa representatividad vacía interesada.

4.- En el Congreso los dos partidos hegemónicos pactan el T. C., el T. de Cuentas, y otros apaños, aunque a veces, alguien alza la voz y se produce el milagro, como la oferta rechazada por el T. Supremo de renovar la cúpula de la A. E. P. D., aunque volvemos a lo mismo, ¿esos diputados realmente representan al Pueblo que los eligió?, por no hablar del Diputado Sr. Casero votando -equivocadamente- la reforma laboral (¿un paripé?).

La respuesta de los españoles de a pie solo hay que verla en la calle, es decir, que esos diputados votados en listas cerradas no están representando al Pueblo, sino a unos intereses desconocidos alejados del interés general nacional.

Se podría seguir enumerando casos de representatividad real y de representatividad oficial vacía de contenido, aunque, lo expuesto, es más que suficiente para entender la dicotomía entre lo real y lo irreal, cuando se habla de solucionar asuntos y problemas que afectan a la mayoría de los españoles.

Si los poderes públicos, aunque hayan sido válidamente elegidos por el Pueblo, se apartan del sentir y padecer de la gran mayoría y no pasa nada, ni nadie asume responsabilidades, es evidente, que nuestra de democracia ha entrado en un bucle auto destructivo, que necesariamente derivará en algo malo para los españoles, pues no pude ser, que unos pocos muchos se impongan por la fuerza a unos muchos -muchos-, es decir, a la gran mayoría de los españoles y sus intereses.

Las manifestaciones multitudinarias de estos días, de toda clase de colectivos, que oficialmente se dice, que no representan a nadie, son un ejemplo de separación y ruptura entre la España Oficial y la España Real de los ciudadanos.

El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución consagra con todos sus derechos y libertades fundamentales garantizados a los españoles, queda en el vacío de la nada, de forma, que se toman medidas consensuadas de verdad o la destrucción de nuestra democracia será inevitable.

N.B. La representatividad real (El Pueblo) y la representatividad oficial de Gobierno, partidos políticos, sindicatos, CEOE, etc., no tienen otra opción que combinarse para encontrar soluciones a los problemas verdaderos del Pueblo (desempleo, inflación, impuestos, gasto público, división de poderes, mercado laboral, derechos y libertades, etc.), ya que, de otra forma, el proclamado Estado Social y Democrático de Derecho proclamado en la Constitución de 1978 dejará de existir y entraremos en un proceso de auto destrucción colectiva.

Es lo que hay. Como dijo el Presidente Sánchez: ¿La Fiscalía de quien depende? – Del Gobierno, pues, ESO.

Es una realidad de desesperanza, pero si la actividad pública del Gobierno y demás colectivos oficialistas se dirigen cumplir sus propios intereses, limitando, además, derechos y libertades, en lugar de buscar razonablemente soluciones eficaces para la España real. seguiremos como estamos en la ruina y sin libertad.

Córdoba, a 27 de marzo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Elecciones – Andalucía – desempleo (desequilibrios territoriales – colectivos marginados y falta de propuestas)

*El paro en uno de los problemas más acuciantes y graves de España, aunque en Andalucía el desempleo es un drama agravado, además, por sus desequilibrios territoriales y por los colectivos sobre los que se ceba: *mujeres, *jóvenes y *mayores de 50 años.

Llama poderosamente a la atención, que en periodo preelectoral en que estamos, solo se habla de las listas de los partidos políticos, del número de escaños de cada uno, etc., quedando olvidados los verdaderos problemas de Andalucía, como es, sin duda, entre ellos el paro insostenible que soportamos.

¿Algún partido político está realizando propuestas sobre el paro y el empleo en Andalucía?

Como se dice ahora en España y que todos entienden: Pues, ESO.

Es publico y notorio, que Linares (32,8), La Línea de la Concepción (29,9), Córdoba (28,5), Alcalá de Guadaíra (27,2) y Huelva (26,3) encabezan la lista de ciudades con mayor tasa de paro de España, entre un 30,7 y un 26,4 por ciento de la población activa (Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística).

*Por otro lado, la U.E. en su informe sobre condiciones de vida de la ciudades, señala, asimismo que otras cinco ciudades andaluzas destacan entre las quince con más desempleo. Se trata de Jerez de la Frontera (26,1), Sanlúcar de Barrameda (25,4) Granada (24,9) Dos Hermanas (24,6) y Chiclana de la Frontera (24,4).

*Si nos fijamos en el indicador de la renta media anual, la situación de Andalucía nos lleva a la desesperanza, así: Entre los 50 municipios con peores datos hay 35 andaluces, de forma, que la lista de los pueblos con menor renta anual por habitante la encabezan Níjar (6.755 euros), Los Palacios y Villafranca, Vícar, Alhaurín de la Torre y Barbate (7.200 euros). En ese tramo de la lista, también están: Isla cristina, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera, Adra, Lebrija, El Ejido, Lepe, Coria del Río, Almonte, Coín, Mijas, Lucena, Almuñécar, Ayamonte, Loja, La Línea de la Concepción, Conil de la Frontera, Écija, Cártama, Priego de Córdoba, Palma del Río, San Juan de Aznalfarache, Chiclana de la Frontera, Puente Genil, Utrera, Andújar, La Rinconada, Carmona, Nerja.

*Finalmente, el desempleo en Andalucía se distribuye con grandes desequilibrios por todo el territorio andaluz, de manera, que existen grandes desigualdades según donde de viva o trabaje.

Lo expuesto solo son algunos indicadores de cómo está la situación en Andalucía, qué si nos fijamos en colectivos marginados, como mujeres, jóvenes (la cifra de paro de mujeres jóvenes achicharra) y mayores de 50 años, el asunto se encona, sin olvidar el aumento de los inactivos y de los incapacitados permanentes sociales.

Ante esta situación dolorosa en extremo, cuando toda Andalucía debería estar empujando en una misma dirección y adoptándose medidas conjuntas de todos para solucionar o, al menos, atemperar el problema con urgencia, solo se oye hablar de los escaños del PP-A., del PSOE-A, de VOX, de Cs., de Podemos, etc., en definitiva, una pena para todos los andaluces.

Ahora, con la guerra, la economía en deflación y caida, los precios disparados, la política desgarrada, etc. la situación de Andalucía está bajo mínimos, pero olvidar los problemas, es un hecho patente, que no los solucionan.

N.B. En Andalucía el paro es uno de los grandes problemas irresueltos, porque, al parecer, ningún poder público de España ni de Andalucía ha tomado o toma medidas urgentes para paliar el este asunto tan tremendo del desempleo, aunque nos bombardean a los andaluces con elecciones, escaños y cosas de extraordinaria importancia para todos nosotros.

La postura inane de tancredismo rajoliano conduce a Andalucía a la desesperanza, aumentando la inactividad de todos, -si es posible que la falta de actividad y estímulos aumente aún más-.

El todos a la inactividad no es una opción.

Todo ello, supone, además, una falta de -información veraz- al respecto preocupante en extremo, pues no solo se trata de demasiados parados e inactivos, sino que, se ignora la realidad de nuestro mercado de trabajo, de manera, que no se adoptan medidas urgentes para corregir el problema, medidas, además, que mejoren la productividad y creen empleo estable, duradero y de calidad en todos los sentidos (crece un poco el empleo y bajan las horas trabajadas, de forma, que algo no funciona).

El abandono del problema del paro por los poderes públicos andaluces es uno de los extremos más deplorables de la falta de inactividad real en la búsqueda de soluciones, siendo el desempleo actual en Andalucía, sin duda, una vergüenza social y política.

Los partidos políticos democráticos según la Constitución Española son esenciales para la democracia, pero si olvidan las necesidades del Pueblo donde reside la soberanía y del que emanan los poderes del Estado, su existencia deriva hacia el vacío de la nada, así que, como pronto habrá elecciones en Andalucía, que cada palo que aguante su vela y los andaluces a votar en libertad.

Córdoba, a 8 de marzo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Principio del formulario

Verdades y mentiras (Andalucía – Estado de Derecho)

Hoy es el día de Andalucía y para muchos andaluces una ilusión compartida, que hace falta, que fructifique en realidades y en esperanzas verdaderas y donde las mentiras queden escombradas.

**Empezaré con ciertas verdades, así:

1ª.- Antes que después habrá elecciones en Andalucía y por lo que se ve esto a va a ser cosa de dos entre los votantes andaluces: De un lado, el Sr. Moreno Bonilla y de otro, la Sr.ª. Olona. La verdad es que tienen el mismo nicho de votantes y los dos son mucho más que sus partidos, además, se quiera admitir o no son las opciones de libertad, frente a las que estarán todos los demás.

Es simple, pero es verdad.

2ª.- En Europa hay una guerra declarada matónamente por un liberticida, mientras la U.E. y Europa defendían valientemente el Estado de Derecho contra Polonia y Hungría, y, en cambio, ahora se retraen cobardonamente olvidando sus valores y su Estado de Derecho, aunque, es algo patente, que el agresor de Europa y del mundo libre no solo los ignora, sino que le importan una higa.

La verdad es muy simple, si la U. E., Europa y el llamado mundo libre occidental no dan la cara en Ucrania, poniendo en su apoyo todos sus medios disponibles, no solo sanciones financieras y cosas parecidas, -como pueden ser envío masivo de medios de combate materiales y humanos-, el Estado de Derecho, que garantiza la libertad, estará pronto bajo la bota de un autócrata de ambición interminable.

La esperanza de acciones verdaderas de defensa se diluye en Eurovisión, aunque los resultados serán peligrosísimos para las libertades y derechos fundamentales del mundo occidental, por ahora libre, aunque en situación de emergencia.

España en la actual situación y con el Gobierno que detenta el poder está fuera de juego, por mucho que el Presidente Sr. Sánchez presuma de la OTAN, pues la verdad es que nada de nada, al estar los amigos del genocida de Ucrania sosteniéndolo desde su poder gubernamental.

3ª.- La economía en España se encuentra en situación de emergencia en completa y declarada estanflación, ya que, la recuperación se ha detenido en seco, a la vez, que la inflación, el empleo y el paro ofrecen datos negativos, que llevan a la desesperanza.

La verdad es la que es, aunque, además, siguen engordando: *el gasto público improductivo y *la recaudación fiscal dopada sin remedio por la inflación, mientras *aumenta la pobreza de los españoles día a día.

4ª.- La situación política en España está bajo mínimos con su estado de derecho eliminado en su división de poderes, mientras unos partidos políticos cerrados y antidemocráticos en su funcionamiento se deshacen en la mediocridad de sus dirigentes, mientras olvidan al Pueblo llano, que según la Constitución tiene la soberanía de la que emanan los poderes del Estado.

De nuevo, la verdad es la que es, esperando los españoles que les dejen votar cuanto antes en libertad, a ser posible con listas abiertas y por distritos.

**Seguiré con ciertas mentiras, así:

1ª.- La U. E., Europa y el mundo libre occidental están apoyando a Ucrania frente el sátrapa ruso.

La negativa eurovisiva ha llenado de miedo a Putin, de forma, que está ordenando a sus huestes genocidas la retirada inmediata .

2ª.- En la U. E. rige el Estado de Derecho y todos sus miembros está dispuestos a defenderlo capa y espada con convicción y hasta donde haga falta, pues más vale morir de pie que vivir de rodillas.

Que es mentira, por supuesto, pero es lo que hay.

3ª.- Que la OTAN es el escudo de Europa y del mundo libre.

Parece, que es otra mentira más, de manera, que como se dice ahora en España: Pues, ESO.

El que suscribe es andaluz confeso y militante, todo lo demás, me parece de segunda fila, aunque Andalucía necesita elecciones con urgencia y si es posible en completa libertad.

N.B. Las verdades y mentiras expuestas exigen un Estado de Derecho efectivo, razón que conlleva, que en Andalucía habrá pronto elecciones y será cosa de dos en uno: De un lado, el Sr. Moreno Bonilla y de otro, la Sr.ª. Olona.

Los partidos de ambos dos estarán en segundo plano, así que sus personalidades políticas serán determinantes en las elecciones andaluzas.

La verdad es Andalucía, de forma, que todo lo que no beneficie a los andaluces, sin discriminaciones ni desigualdes, será rechazado, así que, ya veremos por donde va cada uno de estos dos, que son realmente solo uno.

Córdoba, a 28 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

<Expedientes Administrativos – remisión a los Juzgados y Tribunales (completos – foliados y con índice)

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa establece en su artículo 48 lo siguiente:

[1. El Secretario judicial, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o vía de hecho. Se hará siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia.

3. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional.

4. El expediente, original o copiado, se enviará completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administración conservará siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que envíe. Si el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia que conserve.]

Ocurre con más frecuencia de la deseable, que la Administración recurrida no suele cumplir lo que la Ley le impone y remite Expedientes incompletos, sin foliar o con índices mal conformados, de forma, que se entregan en los Juzgados o en los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo por las Administraciones requeridas expedientes defectuosos, que, a veces, los Letrados de la Administración de Justicia responsables admiten sin más como buenos, con todos los daños que ello puede ocasionar a los recurrentes, de manera, que incluso cuando los letrados recurrentes impugnan los expedientes, en tiempo y forma, por no haber sido remitidos los Exp. Adm. de conformidad con la Ley, en una Diligencia de Ordenación los Letrados de Ad. de J. los dan por buenos y completos, aunque de alguna forma están incompletos, sin foliar correctamente y con índices defectuosos, obligando a la parte recurrente a recurrir en reposición la D. de O. y, en el peor de los casos, hasta llegar a solicitar el amparo del Juez o Tribunal.

Un Expediente Administrativo remitido por la Administración recurrida incompleto, sin foliar o sin índice adecuado debería siempre ser rechazado por el Letrado de la Ad. de J. correspondiente, reclamando a la Administración competente el envío de un Expediente Administrativo correcto en todos los sentidos, máxime, si la parte alega cualquier vicio legal en el expediente remitido, pues las consecuencias que se pueden derivar de un Expediente incorrecto para la parte reclamante pueden ser variadas y determinantes de una resolución final desfavorable. Es más, ante la duda, siempre la balanza se debe inclinar en favor de la parte recurrente.

La Administración recurrida ostenta una posición privilegiada, tiene a su favor una presunción legal de certeza, ha podido disponer de unos medios para conformar el Expediente Administrativo extraordinarios, y así un larguísimo etc. de privilegios a su favor, de manera, que si, por ejemplo, el recurrente impugna una liquidación deberá solicitar una medida cautelar de suspensión y prestar la correspondiente fianza.

Lo dicho de forma escueta, conlleva la obligación ineludible de la Administración recurrida de remitir al Juzgado o Tribunal un Expediente Administrativo absolutamente correcto y completo, debidamente foliado y con un índice claro y transparente de fácil comprensión. El Sr. Letrado de la Ad. de J. debe en su actuación de ser exigente con la Administración requerida, de forma, que ante cualquier duda sobre la legalidad del Expediente se debe inclinar en favor de la parte más débil, que es, sin duda, la recurrente, demandando de la Administración la remisión de un Expediente Administrativo completo y sin la menor tacha legal.

¿En la práctica judicial ocurre así?

Desgraciadamente, en algunos demasiados casos, No.

**El T.C. en sentencias 24/1981, de 14 de julio y 11/1993, de 18 de enero, ha dicho: “Que el derecho de la parte a examinar el expediente administrativo en el procedimiento Contencioso-Administrativo, cuando resulta inexcusable su conocimiento para poder formalizar el escrito de demanda y poder exponer las alegaciones que considere pertinentes para fundamentar la pretensión anulatoria del acto o la disposición impugnados, se vincula en la doctrina constitucional fundacional como garantía procesal inscrita en el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que garantiza el artículo 24 de la Constitución, de modo que tiene un contenido instrumental del ejercicio del derecho de defensa y a la vez constituye un medio de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de armas y de contradicción en el proceso, al no poder la Administración, arbitrariamente, sustraer al conocimiento de la parte los documentos que configuran el expediente administrativo, causando limitaciones o restricciones indebidas del derecho de defensa que pueden originar materialmente un resultado de indefensión”.

**En igual sentido, el Tribunal Supremo, Sala 3ª, Secc. 3ª, Sentencia de 26 enero 1990 ha dicho: “Es criterio de la Sala exigir de la Administración el cumplimiento escrupuloso de dicho deber de remitir el Expediente debidamente conformado -a este respecto cabe citar su última Sentencia de 20 de junio de 1989 y, atendiendo al privilegiado valor probatorio de los expedientes administrativos en los procesos que se siguen en su jurisdicción, cuida aún más de cargar la prueba de los hechos alegados, a la parte que exclusivamente tiene los medios imprescindibles para hacerlo-; la Administración Pública en un Estado de Derecho, ha de servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho –artículo 103.1 de la Constitución–; máxime que, la presunción de legalidad de los actos administrativos no puede desligarse de los postulados de contradicción, defensa e igualdad procesales, de la buena fe, que ha de ser exigible de quien, durante el expediente administrativo ha ejercitado la potestad que la Constitución y las normas de procedimiento le encomienda, ni tampoco tal presunción de legalidad en la actuación administrativa, permite atacar al principio jurídico de “la confianza legítima” –base del de la “seguridad jurídica” reconocida en la citada Ley Fundamental–, que postulado por la doctrina jurídica alemana ha sido recibido por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, cuando el administrado confía creada por la misma Administración… ”.

En conclusión, frente al incumplimiento legal por la Administración la exigencia de los Juzgado y Tribunales debe ser extrema en favor del particular recurrente.

N.B. Los Expedientes Administrativos remitidos por las Administraciones requeridas a los Juzgados y Tribunales, según dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en su artículo 48, deben estar completos, foliados y con índice autenticado.

En otras palabras, el Expediente enviado deber ser extremadamente respetuoso en la aplicación de la Ley, ya que, el favorecido por la completa corrección legal o el perjudicado por la actuación omisiva de los requisitos legales es el pueblo del que emana la soberanía y los poderes del Estado.

Las corruptelas en los casos señalados, que las hay, son inadmisibles en un Estado de Derecho efectivo.

Córdoba, a 17 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estanflación – maldades – seguridad y silencio (rebelión contra la injusticia -sea cual sea-)

La votación del Congreso de la convalidación del R. D. L. de la Reforma Laboral es último ejemplo de una maldad a la vista pública de todos los españoles y sálvese quien pueda.

Las maldades públicas, está visto, que existen en muchas formas, pero si se ocultan en el silencio se convierten en algo peligroso en extremo, ya que, la incapacidad de cualquier sociedad civil de decir no y de sublevarse cuando es necesario, puede llevar a que la injusticia, si se opta por la comodidad, la seguridad y el silencio, anide de forma permanente en esa sociedad que lo acepta todo, de manera, que, si se da el supuesto opresor consentido una y otra vez, quizás, entonces, sea demasiado tarde y no se pueda ni protestar.

El caso del Modelo 720 de Hacienda, otro caso más, de una serie interminable de abusos del poder, con la Sentencia TJUE de 27-01-2022. Asunto C-788/19, ha dejado claro, que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión; constituyendo un ejemplo de que la lucha contra la injusticia, aunque sea desigual, es completamente necesaria en cualquier sociedad, que quiera ser regida por un estado de derecho, de forma, que el silencio cautivo nunca es una buena solución y que siempre es necesario sublevarse ante cualquier abuso, máxime, si procede de los poderes públicos.

Desgraciadamente, el caso de Modelo 720 de Hacienda o la votación de la Reforma Laboral no son los únicos en España, sino que se vienen produciendo demasiados supuestos donde peligra seriamente nuestro estado de derecho, sin que la sociedad adocenada se mueva como las circunstancias exigen, no solo ahora, sino desde hace varios años, de forma, que casos como, la amnistía fiscal vergonzosa declarada inconstitucional, el estado de alarma confinatorio declarado contrario a la Constitución por el T. C., y otros casos más vidriosos e ilegítimos, parece, que se han apoderado de nuestros derechos y libertades constitucionales, sin que nadie responsa de nada y bajo un halo perverso de impunidad, porque, además, los interesados perjudicados se quedan solos en sus reclamaciones (patrimoniales o de otro signo) frente a la situación de privilegio de los poderes públicos, responsables de los desaguisados contra el estado de derecho.

Por otro lado, agrava la situación en España, el hecho cierto de que los gastos del Estado han crecido de forma desmedida y, desgraciadamente, en una parte muy importante en gasto improductivo e innecesario (aunque debo aclarar, que el gasto social elemental lo considero gasto necesario y productivo, aunque siempre dentro de la realidad económica de España), mientras reina la oscuridad en asunto trascendentales para los españoles, como los Fondos Europeos y su reparto, el funcionamiento del poder judicial y su renovación, la política fiscal que se avecina y un larguísimo etc. de ejemplos de que, lo que no podía pasar está al borde de pasar.

La recuperación política, social, económica y sanitaria solo será posible, si se diseñan y aplican políticas razonables y equitativas en la aplicación de todos los recursos disponible, no de los que no hay, de forma, que, además, las medidas de reforma deben ser rápidas, eficaces y posibles, permitiendo que aumente la creación de riqueza y la productividad para superar esa barrera negativa, si o si, de que la mitad de la población de España mantenga y sostenga a la otra mitad, pues esa situación social y económica es insostenible y perversa.

–Seguimos con unas cifras de paro tremendas, que nos sitúan en una doble cabeza de la U. E.-.

Por otro lado, es evidente, que la inflación está enseñando sus patas rasposas con un encarecimiento del nivel de vida descontrolado, que, la subida tremenda de la luz, el aumento de impuestos, el gasto público desnortado, etc. están poniendo a la vista de todos.

El IPC interanual adelantado en el primer mes de 2022 se sitúa en el 6%.

El problema se acentúa, cuando, aunque suben los salarios, los precios aumentan más para los consumidores, estancándose la recuperación o parándose en seco, produciéndose un efecto perverso de estanflación, con riego claro de que se convierta en algo permanente.

Así mismo, lo que hay está claro, los recursos se saben cuáles son, de forma, que la demora y los errores en el arreglo rápido de la situación económica y social entra de lleno en el abismo de lo perverso, aunque, siempre hay que actuar dentro de la Constitución y del respeto a la Ley, porque aquí no valen los atajos con sacrificios de derechos y libertades.

Hechas las anteriores aclaraciones, entiendo, que lo primero que hay que hacer, es proporcionar a los españoles su derecho efectivo a una información veraz, completa e inmediata (art. 20 CE), de manera, que una vez conocida la realidad por todos los ciudadanos (hombres, mujeres, mayores y menores, etc.), conociendo la verdad económica del País, se puedan adoptar medidas racionales y justas, que necesariamente, deben ser consensuadas por todos o la gran mayoría y aceptadas por la sociedad civil.

Dicho lo dicho, lo único inadmisible, es que los españoles aguanten vulneraciones del estado de derecho constitucional en silencio cautivo, pues si callamos una y otra vez, al final prematuro quedaremos sin libertades y derechos, presos del autoritarismo de unos poderes públicos que se exceden sin mesura en el uso indebido del poder, que el pueblo al que oprimen les ha delegado.

N.B. La estanflación y demás maldades sin rebelión a cambio de seguridad y silencio contra la injusticia -sea cual sea-, es, sin duda, el peor de los negocios de una sociedad civil o de un pueblo.

La unilateralidad excluyente ya no es un valor, que consuele a nadie, los españoles, a pesar de la falta casi completa de información veraz, saben lo que se juegan si admiten el silencio cautivo, de forma, que conocen lo que se puede hacer de verdad y lo que son brindis al sol, pues ya han superado el miedo propio y/o ajeno. Solo quieren realidades y que no les engañe nadie, –sea quien sea–.

Conocen, que tienen que desaparecer, *los desequilibrios, como el que está creciendo entre el sector público privilegiado y el sector privado sometido a un desguace constante, así como, *las diferencias profundas entre CC. AA. y territorios; lo mismo que saben, que más allá de los recursos reales existentes solo está la quiebra del Estado.

Córdoba, a 6 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoyafebrero

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.