Andalucía – Riqueza y/o pobreza de sus provincias (Desequilibrios y paro)

Mis lectores, al hilo del artículo anterior, me preguntan sobre la riqueza y pobreza de cada una de las Provincias de Andalucía y sobre el paro en cada una de ellas, así que, voy a dar una opinión sobre el asunto y contestar a la pregunta.

Andalucía, una de las comunidades autónomas más grandes de España, está formada por ocho provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

(Nota. Andalucía, una comunidad autónoma del sur de España, tiene una extensión de aproximadamente 87.268 km², lo que la convierte en la segunda comunidad autónoma más grande de España por superficie. Tiene una Población de 8.663.175 personas, siendo la CCAA más poblada de España, y, tiene casi 750.00 personas con nacionalidad extranjera, teniendo un número de turistas cercano a 34 millones -año 2024-).

A continuación, presento un informe detallado sobre la riqueza y pobreza de estas provincias, ordenadas según su renta media anual por habitante, junto con los datos más recientes disponibles sobre el paro y su tasa en cada una.

La información se basa en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras fuentes fiables, con énfasis en los indicadores económicos y de desempleo más recientes disponibles hasta julio de 2025.

<<Metodología y fuentes>>

*Riqueza/pobreza: La renta media anual por habitante (datos de 2022, los más recientes del INE para este indicador) se utiliza como indicador principal de riqueza, ya que, refleja el nivel económico de los hogares en cada provincia.

*Tasa de paro: Los datos de desempleo se extraen de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE para el primer trimestre de 2025, que proporciona las tasas de paro por provincia.

*Ordenación: Las provincias se ordenan de mayor a menor renta media anual por habitante, complementando con información sobre pobreza y desempleo.

*Nota sobre datos: Los datos de paro son del primer trimestre de 2025, mientras que los de renta son de 2022, ya que, no tengo datos fiables más recientes para renta media por provincia. Los datos de paro reflejan la situación laboral actual, mientras que la renta ofrece una visión de la riqueza acumulada.

<<Orden de las provincias de Andalucía según riqueza (renta media anual por habitante)>>

A continuación, se presenta el orden de las provincias de Andalucía de mayor a menor riqueza, basado en la renta media anual por habitante (2022), junto con las tasas de paro del primer trimestre de 2025:

**Sevilla.

Renta media anual por habitante (2022): 12.013 euros.
Tasa de paro (Q1 2025): 16,25%.
Número de parados (Q1 2025): Aproximadamente 155.000 personas.
Comentarios: Sevilla, como capital de Andalucía, es, quizás por ello, la Provincia más rica de Andalucía, tiene una economía diversificada con un fuerte componente administrativo, cultural y de servicios. Su renta es alta, pero el paro sigue siendo elevado, reflejo de las desigualdades estructurales, a la vez, que muestra desequilibrios internos entre la población rural y la de sus grandes ciudades provinciales.

**Málaga.

Renta media anual por habitante (2022): 11.744 euros (la más alta de Andalucía).
Tasa de paro (Q1 2025): 16,05%.
Número de parados (Q1 2025): Aproximadamente 128.000 personas (estimado según la población activa y tasa de paro).
Comentarios: Málaga es la provincia junto a Sevilla más rica de Andalucía, impulsada por el turismo, el sector servicios y su posición como centro económico en la Costa del Sol. Sin embargo, su tasa de paro sigue siendo significativa, aunque es la más baja de la región, lo que indica una economía dinámica, pero con desafíos en el empleo estacional. Su desarrollo económico y social en los últimos años destaca en toda Andalucía, pero muestra desequilibrios internos entre la costa y el interior de la provincia.

*Granada.

Renta media anual por habitante (2022): 11.754 euros.
Tasa de paro (Q1 2025): 21,45%.
Número de parados (Q1 2025): Aproximadamente 95.000 personas.
Comentarios: Granada tiene una economía basada en el turismo y la universidad, pero sufre una de las tasas de paro más altas de Andalucía, lo que refleja una desconexión entre su potencial económico y la creación de empleo. Es una de las provincias andaluzas con mayor potencial de desarrollo económico y social, siendo la otra capital de Andalucía.

**Córdoba.

Renta media anual por habitante (2022): 11.569 euros.
Tasa de paro (Q1 2025): 17,89%.
Número de parados (Q1 2025): Aproximadamente 65.000 personas.
Comentarios: Córdoba depende del sector agrario y del turismo cultural, pero su economía no genera suficiente empleo, lo que se refleja en una tasa de paro moderadamente alta y una renta media-baja, aunque su índice de pobreza es muy alto. Su potencial de desarrollo económico y social merced a la Base Logística del Ejército de Tierra será extraordinario. Presenta, así mismo, graves problemas de despoblación, de infraestructuras de comunicación, de suministro de agua en la zona norte, teniendo la necesidad urgente de aumentar su potencia eléctrica en el norte de la provincia y en el sur, zonas de Lucena y Cabra y toda la Subbética.

**Cádiz.

Renta media anual por habitante (2022): 11.396 euros.
Tasa de paro (Q1 2025): 21,38%.
Número de parados (Q1 2025): Aproximadamente 130.000 personas.
Comentarios: Cádiz es una de las provincias más pobres de Andalucía y con una de las tasas de paro más altas de España (20,97% en Q4 2024). Su economía depende del turismo y la industria naval, pero sufre desempleo estructural, presentando graves desequilibrios territoriales, ya que, en la práctica Cádiz, son tres provincias en una, por un lado, la Ciudad de Cádiz y su zona de influencia, por otro, Jerez y su zona, y, finalmente, el Campo de Gibraltar que presenta problemas gravísimos de todo tipo y con altas tasas de desempleo y desequilibrios en su propio interior.

**Huelva.

Renta media anual por habitante (2022): 11.199 euros.
Tasa de paro (Q1 2025): 19,61%.
Número de parados (Q1 2025): Aproximadamente 50.000 personas.
Comentarios: Huelva combina agricultura (fresón), minería y turismo, pero su economía es menos diversificada, lo que contribuye a una tasa de paro alta. Su renta media es moderada, situándola en el nivel intermedio.

**Jaén.

Renta media anual por habitante (2022): 11.074 euros (la más baja de Andalucía).
Tasa de paro (Q1 2025): 23,25%.
Número de parados (Q1 2025): Aproximadamente 65.000 personas.
Comentarios: Jaén es seguramente la provincia más pobre de Andalucía, con una economía dependiente del olivar, que es estacional y vulnerable a fluctuaciones. Su tasa de paro es la más alta de la región, lo que agrava su situación de pobreza. El desarrollo económico de la Provincia pasa necesariamente por superar su aislamiento territorial y mejorar todas sus comunicaciones con el resto de provincias andaluzas y España, especialmente, la conexión con Córdoba por autovía es algo inaplazable y urgente.

**Almería.

Renta media anual por habitante (2022): 10.605 euros.
Tasa de paro (Q1 2025): 19,83%.
Número de parados (Q1 2025): Aproximadamente 70.000 personas.
Comentarios: Almería se beneficia de la agricultura intensiva (invernaderos) y el turismo, pero su economía depende en gran medida de sectores estacionales, lo que explica su alta tasa de paro. Es una de las provincias con renta media-baja en Andalucía, pero con problemas de desempleo, presentando, además, grandes desequilibrios económicos y sociales en ella misma, y, problemas de comunicación con el resto de Andalucía.

<<Resumen: Riqueza, pobreza y paro>>

Provincia más rica: Sevilla, con una renta media de 12.013 euros por habitante, beneficiada por el turismo y los servicios administrativos centrales de la Junta de Andalucía, Parlamento de Andalucía y todos sus entes dependientes.

Provincias más pobres: Almería, con una renta media de 10.605 euros por habitante, y, Jaén, con una renta medie por habitante de 11.074 euros, lastradas ambas por desequilibrios interiores y altas tasa de paro distribuida irregularmente por toda la provincia. Aunque Jaén presenta indicadores de paro superiores y, seguramente, mayores dificultades de desarrollo económico y social, ya que, se ha quedado, además, aislada de los grandes nudos de comunicaciones.

Tasas de paro: Todas las provincias de Andalucía tienen tasas de paro superiores a la media nacional (10,6% en Q4 2024), con Jaén (23,25%) y Granada (21,45%) liderando el desempleo, y Málaga (16,05%) y Sevilla (16,25%) mostrando las tasas más bajas de la región.

Tendencias: Las provincias con mayor renta (Málaga y Sevilla) tienden a tener tasas de paro más bajas, aunque siguen siendo altas en comparación con el norte de España. Las provincias más pobres (Jaén, Cádiz, Granada y Almería) enfrentan tasas de paro muy elevadas, lo que refuerza las desigualdades económicas y los grandes desequilibrios territoriales existentes en Andalucía.

<<Análisis adicional>>

Desigualdad regional: Andalucía concentra las provincias con las tasas de paro más altas de España, con las ocho provincias entre las nueve con mayor desempleo. Esto refleja una economía regional dependiente de sectores estacionales como el turismo y la agricultura, con poca industrialización.

Pobreza y desempleo: La alta tasa de paro en provincias como Jaén, Cádiz y Granada se correlaciona con mayores niveles de pobreza, especialmente en municipios como Linares (Jaén) y La Línea de la Concepción (Cádiz), que lideran los rankings nacionales de desempleo.

Mejoras recientes: Algunas provincias, como Cádiz y Huelva, han reducido sus tasas de paro en los últimos años (por ejemplo, Cádiz bajó 4 puntos desde 2019), pero el progreso es desigual y no suficiente para alcanzar el pleno empleo (8% según el Gobierno).

<<Limitaciones>>

Los datos de renta son de 2022, lo que puede no reflejar cambios recientes en la economía. Sin embargo, son los más recientes disponibles a nivel provincial.
Las tasas de paro varían trimestralmente y pueden estar influenciadas por factores estacionales, especialmente en provincias turísticas como Málaga y Almería.
La falta de una Encuesta de Población Activa (EPA) a nivel municipal limita el análisis de riqueza y paro en áreas específicas dentro de cada provincia.

<<Conclusión>>

Sevilla y Málaga destacan como las provincias más ricas de Andalucía, con una economía diversificada y las tasas de paro más bajas de la región, aunque aún elevada en términos nacionales.

Jaén, por otro lado, es, quizás, la más pobre, con una tasa de paro más alta, lo que refleja su dependencia del sector agrario y su menor dinamismo económico.

El resto de las provincias muestran una correlación entre menor renta y mayor desempleo, con Cádiz y Granada enfrentando desafíos significativos.

Andalucía sigue siendo una región con altas tasas de paro y desigualdades económicas marcadas, lo que requiere políticas específicas para fomentar el empleo y diversificar la economía, a la vez, que se superan los desequilibrios entre provincias y dentro de cada una de ellas.

N.B. La diferencias entre Provincias ricas y pobres en Andalucía están marcadas por los desequilibrios territoriales y por circunstancias propias de cada provincia (como por ejemplo su población), que determinan desigualdades importantes económicas y sociales entre sí y dentro de cada una de ellas.

Dicho de otra forma, las diferencias económicas y sociales entre las ocho provincias están marcadas por el territorio y la configuración de cada una de ellas, debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos.

Andalucía es tan diversa y tan extensa, que cada Provincia está marcada históricamente y presenta en su interior desequilibrios, que explican el ¿por qué? de sus diferencias.

(Nota final: Es un hecho patente que Andalucía está infrafinanciada, de forma, que, además, de sus habitantes, residentes no empadronados y los millones de turistas que la visitan anualmente, hay que destacar, que tiene sus servicios públicos esenciales saturados y al borde del colapso).

Córdoba, 24 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

CCAA ricas y pobres en España (diferencias en aumento)

Pregunta: ¿Cuál es la CCAA más rica, cuál la más pobre, están aumentando o disminuyendo las diferencias, y, en qué posición está Andalucía?

Respuesta: Las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos. A continuación, se resumen las causas principales, la situación de Andalucía y las posiciones de las CCAA más rica y más pobre, basándonos en datos disponibles hasta 2021-2025.

<<Causas de la creciente desigualdad>>

**Diferencias históricas: Desde el siglo XIX, regiones como País Vasco, Cataluña y Madrid se industrializaron, mientras que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha dependían de la agricultura, con menor desarrollo económico. Este patrón norte-sur persiste, con el norte manteniendo economías más diversificadas y de mayor valor añadido.

**Productividad y empleo: Las regiones ricas (Madrid, País Vasco) tienen mayor productividad, tasas de empleo más altas (70-71%) y salarios elevados. Las regiones pobres (Andalucía, Extremadura) enfrentan alto desempleo, empleo precario y estacional, y salarios bajos, lo que limita su renta per cápita.

**Crisis de 2008: La convergencia económica entre regiones (1960-1980) se detuvo tras la crisis, afectando más al sur (dependiente de construcción y turismo). La recuperación post-2017 fue más débil en regiones pobres.

**Capital y tecnología: Madrid y Cataluña concentran hubs tecnológicos y financieros, mientras que Andalucía y Extremadura tienen menos acceso a inversiones y avances tecnológicos.

**Demografía y migración: Las regiones ricas atraen población joven y cualificada, mientras que Andalucía y Extremadura sufren emigración juvenil y envejecimiento, lo que reduce su capacidad productiva. En Andalucía, la llegada de mayores y el turismo masivo sobrecargan los servicios públicos.

**Financiación autonómica: Regiones como País Vasco y Navarra se benefician de regímenes fiscales forales, mientras que el sistema de financiación no equilibra suficientemente las disparidades. Políticas como el “cupo catalán” agravarán la brecha.

**Dependencia sectorial: Andalucía, Canarias y Baleares dependen del turismo estacional, con empleos de bajo valor, frente a la diversificación de Madrid o Cataluña (finanzas, tecnología).

**Pobreza estructural: Andalucía y Extremadura tienen altas tasas de pobreza (30,5% y 37,6%, respectivamente) y exclusión social, reforzando un círculo vicioso de baja productividad y desempleo.

<<CCAA más rica: Comunidad de Madrid>>

PIB per cápita (2021): 34.821 euros (36,6% por encima de la media nacional de 25.498 euros).
Patrimonio neto (2025): 686.988 euros por habitante (EsadeEcPol).
Fortalezas: Alta tasa de empleo (71,2% en 2019), sectores de alto valor añadido (tecnología, servicios).

<<CCAA más pobre: Andalucía y Extremadura>>

**Andalucía:

PIB per cápita (2021): 18.906 euros (25,9% por debajo de la media nacional).
Patrimonio neto (2025): 258.378 euros, solo por encima de Extremadura.
Tasa de pobreza (2023): 30,5%, la más alta de España y la UE (EAPN-ES).
Tasa AROPE (2023): 37,5% (riesgo de pobreza o exclusión social).

**Indicadores clave:

Renta bruta media (2021): 24.169 euros (media nacional: 29.014 euros).
Tasa de empleo (2019): 55%, similar a Extremadura.
Tasa de temporalidad (2018): 35%, de las más altas.
Crecimiento PIB (2023): 3,1% (media nacional: 5,5%).
Renta disponible (2020): 12.844 euros (media nacional: 15.817 euros).

**Contexto: Dependencia de agricultura (5,9% del VAB) y turismo, alta temporalidad laboral, sobrecarga de servicios públicos por envejecimiento y turismo masivo.

**Extremadura:

PIB per cápita (2021): 19.072 euros.
Patrimonio neto (2025): 228.869 euros.
Tasa de pobreza: 37,6%, de las más altas.

<<Posición de Andalucía>>

Andalucía es la CCAA con el PIB per cápita más bajo (18.906 euros) o penúltima, según indicadores, y, la región con mayor pobreza (30,5%) y exclusión social (37,5%).

Aunque muestra mejoras económicas lentas, factores como la emigración juvenil, el envejecimiento, el turismo masivo y la financiación limitada lastran su desarrollo.

<<Conclusión>>

La brecha entre CCAA ricas (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña) y pobres (Andalucía, Extremadura, Canarias) está aumentando debido a desigualdades históricas, diferencias en empleo, productividad, capital, y políticas públicas insuficientes. La crisis de 2008 frenó la convergencia, y, factores como el “cupo catalán” podrían ampliar aún más las disparidades. Andalucía, última o penúltima en riqueza, enfrenta retos estructurales agravados por dinámicas demográficas y turísticas.

Nota final: Los datos reflejan tendencias hasta 2025, con limitaciones por falta de información actualizada.

Andalucía mejora lentamente, pero su economía y servicios públicos están saturados, necesitando soluciones que eviten subidas fiscales insostenibles.

N.B. La diferencias entre CCAA ricas y pobres en España siguen en aumento.

Dicho de otra forma, las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos.

Andalucía está infra-financiada y la singularidad fiscal de Cataluña -el cupo catalán- hará un agujero más grande aún, de manera, que esperemos que sea inaplicable por ser algo inviable.

Córdoba, 22 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

El Viraje III: El Conflicto del Agua en el Norte de Córdoba (Inacción del Presidente – Urgencia de una respuesta)

El suministro de agua en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, en la zona norte de la Provincia de Córdoba, se ha convertido en un problema crónico que afecta a más de 80.000 habitantes.

La controversia en torno a la conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera ha destapado una compleja red de conflictos técnicos, burocráticos y políticos.

En el centro de esta crisis se encuentra la inacción del Presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, del Partido Popular (PP), quien viene adoptando una postura pasiva frente a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), calificada como injusta por una gran mayoría de cordobeses.

Este artículo analiza en profundidad el conflicto, evaluando de manera equitativa las posturas de las partes involucradas, las implicaciones de la inacción provincial y las posibles soluciones, en línea con la necesidad de un cambio estratégico en la gestión del PP en la región.

**Contexto del Conflicto.

La crisis hídrica en el norte de Córdoba tiene su origen en la sequía extrema de 2023, que dejó el embalse de Sierra Boyera completamente seco, obligando a los municipios de Los Pedroches y el Guadiato a depender de camiones cisterna para el suministro de agua potable durante un año.

Esta situación de emergencia puso de manifiesto la necesidad de una solución estructural para garantizar el abastecimiento a largo plazo.

La Junta de Andalucía, liderada por el PP, propuso un proyecto de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, con un presupuesto de 9,3 millones de euros y ya adjudicado a la empresa Jicar. Este proyecto incluye una nueva toma de agua a diferentes profundidades en La Colada, una estación de bombeo con capacidad de 600 litros por segundo (frente a los 400 actuales) y la finalización de las conducciones pendientes desde 2009.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y controlado por el PSOE, ha rechazado autorizar esta obra, argumentando que la solución de emergencia implementada en 2023, con un coste de más de 4 millones de euros, es suficiente y definitiva. Esta actuación provisional incluyó una toma flotante en La Colada y un sistema de bombeo con grupos electrógenos, pero ha sido criticada por su fragilidad, evidenciada por averías como la rotura de un generador en 2023, que dejó a la región sin agua durante días.

El núcleo del conflicto radica en la negativa de la CHG a aplicar el artículo 123 de la Ley de Aguas, que permite autorizar obras hidráulicas en un plazo de seis meses en casos de emergencia o situaciones hidrológicas excepcionales, como la sequía de 2023.

La CHG aplicó este artículo para la obra de emergencia del Gobierno central, pero no para el proyecto definitivo de la Junta, lo que ha generado acusaciones de incoherencia y una “doble vara de medir” por parte del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que, sin embargo, ha adoptado una política complaciente y tancredista frente a la postura radical de enfrentamiento total de la CHG y su Presidente en un claro abuso de poder.

**La Inacción de Salvador Fuentes y la Diputación.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha calificado la decisión de la CHG de “muy grave” y ha denunciado que el organismo intenta “dar carpetazo” al problema sin esperar las observaciones que la Diputación y la Junta pueden presentar hasta el 21 de julio de 2025.

El Sr. Fuentes Lopera ha criticado la actitud del presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por considerar la obra de emergencia de 2023 como una solución definitiva, a pesar de que el trámite de alegaciones sigue abierto, lo que vulnera principios de transparencia y participación administrativa. Sin embargo, más allá de estas declaraciones, Fuentes no ha anunciado medidas concretas, ya sean administrativas o judiciales, para contrarrestar la resolución de la CHG, lo que ha sido interpretado como una postura de “tolerancia absoluta” o “inmovilismo” por parte de muchos sectores y de una mayoría de cordobeses.

Están rotos todos los posibles puentes de diálogo entre el P.P. y el Gobierno de la Nación para arreglar el problema del agua en Córdoba, de manera, que seguir repartiendo abrazos diputacionales, tal como hace el Presiente Sr. Fuentes, a quien los rechaza sin ningún rubor, no es una equivocación, es someterse cautivo y sumiso a una esclavitud sin precedentes.

Esta inacción contrasta con la urgencia expresada por la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha instado a la CHG a “enterrar el hacha de guerra” y colaborar en el desbloqueo del proyecto.

La Diputación, en coordinación con la Junta, está preparando observaciones finales para presentar antes del plazo del 21 de julio, en un último intento por vía administrativa para salvar el proyecto. No obstante, la falta de liderazgo de Fuentes en la adopción de medidas más contundentes, como una acción judicial inmediata, ha generado críticas incluso dentro de su propio partido, donde se señala que su postura parece alinearse con una complacencia hacia el Gobierno Central del PSOE.

**Tensiones Políticas.

PP vs. PSOE. El conflicto trasciende lo técnico y se enmarca en una clara pugna política entre el PP, que controla la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, y el PSOE, que gestiona la CHG a través del Gobierno Central.

La negativa de la CHG a autorizar la obra de la Junta es de hecho dictar una resolución injusta y contra ley para frenar una iniciativa del PP, mientras que la solución provisional del Gobierno Central, menos robusta y más costosa a largo plazo, ha sido defendida como suficiente por el presidente de la CHG, Samuel Moraleda. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre las administraciones, con acusaciones cruzadas de falta de voluntad política y responsabilidad.

Por su parte, el consejero Fernández-Pacheco ha destacado que la Junta está dispuesta a ajustar el proyecto para cumplir con los criterios técnicos de la CHG, incluyendo modificaciones para mejorar la calidad del agua captada en La Colada.

Sin embargo, Moraleda ha mantenido un “no rotundo” a la autorización, argumentando que la decisión es técnica y respaldada por funcionarios independientes, aunque no ha respondido a las críticas sobre la no aplicación del artículo 123 de la Ley de Aguas.

En este contexto, la postura de Salvador Fuentes con abrazos y pasividad ha sido percibida como una entrega cautiva a la parte que abusa de su poder, especialmente en comparación con la defensa más enérgica de la Junta.

La falta de una respuesta contundente por parte de la Diputación, como la exigencia de responsabilidades legales o una acción judicial penal contra la CHG en la persona de su Presidente, ha alimentado la percepción de que Fuentes está voluntariamente cautivo, evitando un enfrentamiento directo con el Gobierno Central (CHG), que le deniega todo y lo somete sin pudor, lo que podría deberse a sus cálculos políticos personales o a una estrategia pasiva de no enfrentase al conflicto, esperando que escampe.

Esta actitud contrasta con la línea más combativa promovida por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha abogado por un cambio de rumbo en la estrategia territorial del partido.

**Implicaciones de la Crisis.

La crisis del agua en el norte de Córdoba no solo afecta el suministro de un recurso básico, sino que tiene profundas repercusiones sociales, económicas y políticas:

-Impacto Social: Los 80.000 habitantes de Los Pedroches y el Guadiato han sufrido restricciones severas, incluyendo un año de dependencia de camiones cisterna en 2023, lo que pone en riesgo el derecho fundamental al acceso al agua potable. La incertidumbre sobre la calidad y continuidad del suministro, especialmente en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes, genera malestar y desconfianza hacia las instituciones.

-Impacto Económico: La falta de un sistema de abastecimiento fiable afecta a sectores clave como la ganadería y la agricultura, fundamentales en estas comarcas. La solución provisional de la CHG, que depende de grupos electrógenos y no garantiza la calidad del agua, ha generado costes adicionales, como los 5 millones de euros gastados en camiones cisterna durante 2023.

-Impacto Político: El conflicto pone en evidencia las tensiones entre administraciones de distintos signos políticos, así como la necesidad de una mayor coordinación y liderazgo dentro del PP a nivel provincial.

La inacción de Fuentes debilita la posición del partido en la región, especialmente, si no se logra desbloquear el proyecto antes de que expire el plazo de alegaciones.

**Propuestas para una Solución.

Para superar el bloqueo actual, se requiere una acción coordinada y decidida por parte de todas las administraciones involucradas.

Algunas medidas concretas incluyen:

*Acción Judicial Inmediata: Si la CHG mantiene su negativa tras el plazo de alegaciones del 21 de julio, la Diputación, en apoyo a la Junta, debería presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la CHG, argumentando la vulneración del artículo 123 de la Ley de Aguas y la falta de transparencia en el proceso, incluida una acción penal si fuere preciso contra una resolución injusta del Presidente de la CHG.

*Presión Institucional: La Diputación debería liderar una campaña de presión pública y política, involucrando a los ayuntamientos afectados, asociaciones de vecinos y sectores económicos, para exigir una solución definitiva al Gobierno central. Esta estrategia podría incluir movilizaciones ciudadanas y una mayor presencia mediática.

*Colaboración Técnica: La Junta y la Diputación deben trabajar conjuntamente para ajustar el proyecto a los requerimientos técnicos de la CHG, como ya se está haciendo con la inclusión de nuevas tomas de agua en La Colada. Sin embargo, esto no debe implicar aceptar una solución provisional como definitiva.

*Liderazgo del PP: Salvador Fuentes debe alinearse con la estrategia de firmeza promovida por Alberto Núñez Feijóo, abandonando cualquier postura de complacencia hacia el Gobierno central. Esto incluye exigir responsabilidades al presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por su gestión del conflicto.

**Conclusión.

La crisis del agua en el norte de Córdoba es un problema de primera magnitud que pone a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un derecho fundamental.

La inacción del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, frente a la resolución de la CHG, percibida como injusta, ha generado críticas justificadas por su falta de liderazgo y compromiso. Aunque Fuentes ha denunciado la actitud de la CHG, sus palabras no han ido acompañadas de medidas concretas, lo que agrava la percepción de una gestión pasiva que no responde a las necesidades de los 80.000 habitantes afectados.

El conflicto trasciende lo técnico y refleja las tensiones políticas entre el PP y el PSOE, así como la necesidad de un viraje estratégico en la gestión del PP en Córdoba.

La conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera no solo es una obra esencial, sino un símbolo de la capacidad de las instituciones para priorizar el interés general.

La Diputación debe abandonar su postura tancredista y liderar, junto a la Junta, una respuesta contundente que incluya acciones legales y presión política. Solo así se podrá superar el bloqueo burocrático y garantizar el suministro de agua en el norte de Córdoba, poniendo fin a una crisis que no admite más demoras.

N.B. El Viraje político del P. P. y de su Presidente Nacional debe tener un reflejo inmediato en el Conflicto del Agua en el Norte de Córdoba, de forma, que la inacción del Presidente Fuentes Lopera exige una respuesta concreta y rápida en favor de los 80.000 cordobeses afectados.

La ciudadanía de Los Pedroches y el Guadiato espera acción, no palabras.

La resolución del conflicto requiere un compromiso firme y coordinado entre todas las administraciones, dejando atrás las ambigüedades y las rivalidades políticas. El derecho al agua está en juego, y con él, la dignidad y el futuro de una región que no puede seguir esperando.

Este conflicto orquestado políticamente, no es sino otra cara de lo mismo, como el cupo catalán y el reparto excluyente de menas al País Vasco y a Cataluña, razón por la que la inacción frente a la injusticia por un poder territorial es complicidad.

Córdoba, 20 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

El viraje II: La sinrazón del conflicto por el agua en Córdoba.

En mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo, tomando como ejemplo de lo que no puede ser el conflicto por la conexión de agua entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de Córdoba. Este desacuerdo contra los ciudadanos usados como rehenes entre el PP (Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba) y el PSOE (Confederación Hidrográfica del Guadiana, CHG) afecta a 80.000 habitantes de Guadiato y Los Pedroches, evidenciando una disputa política que requiere un viraje urgente.

**La situación espuria.

La CHG, dirigida por Samuel Moraleda, rechaza el proyecto de la Junta y la Diputación para una conexión permanente entre La Colada y Sierra Boyera, con un coste de 9,3 millones de euros. Argumenta que las obras de emergencia de 2022-2023 (4,3 millones de euros) ya resuelven el problema de suministro, con infraestructura capaz de transferir 400 litros por segundo, suficiente incluso en sequía. Además, limita la extracción a 3 hm³ frente a los 10 hm³ solicitados, considerando el proyecto redundante e innecesario.

Por su parte, la Junta y la Diputación defienden una solución permanente con múltiples tomas de agua para mejorar la calidad, afectada por contaminación en La Colada (por ejemplo, carbono orgánico elevado, que llevó a una prohibición de agua potable en 2023). Acusan a la CHG de obstruccionismo y cuestionan la falta de transparencia, especialmente por un supuesto informe favorable de la Abogacía del Estado que no se ha compartido.

**Nuestra opinión.

Este conflicto refleja tensiones técnicas, jurisdiccionales y políticas que obstaculizan una solución para los 80.000 habitantes de la zona, que por si mismo es una sinrazón.

**Méritos técnicos.

La CHG tiene razón al destacar el éxito de las obras de emergencia: entre 2023 y 2024 se transfirieron 7.000 millones de litros, evitando el colapso de Sierra Boyera. Sin embargo, su rechazo al proyecto de la Junta parece rígido, ya que las tomas múltiples propuestas podrían mejorar la calidad del agua y la resiliencia a largo plazo, especialmente ante problemas de contaminación en La Colada.

**Tensiones administrativas y políticas.

La autoridad de la CHG sobre la cuenca del Guadiana le da ventaja, pero su cambio de postura tras la cooperación inicial genera desconfianza. La falta de acceso al informe de la Abogacía del Estado refuerza esta percepción. Por otro lado, la insistencia de la Junta en un proyecto costoso podría responder a motivaciones políticas para ganar visibilidad en una región con inseguridad hídrica. Ambas partes, PP y PSOE, parecen priorizar sus intereses sobre el bien común.

**Consideraciones ambientales y económicas.

La CHG critica el impacto ambiental y el coste del proyecto, pero ignora los beneficios a largo plazo de mejorar la calidad del agua. La contaminación de La Colada, reconocida por la CHG, requiere medidas urgentes, no aplazadas hasta 2027.

**Interés público.

Los 80.000 residentes han sufrido restricciones severas, como la prohibición de agua potable en 2023. Aunque las lluvias recientes han aliviado la crisis, la región necesita una solución definitiva para garantizar agua segura frente a sequías y contaminación.

**Propuestas.

Negociación y transparencia: La CHG debe compartir el informe de la Abogacía del Estado y negociar de buena fe con la Junta para ajustar el proyecto.
Calidad del agua: Priorizar la contaminación de La Colada, evaluando las tomas múltiples como solución complementaria y acelerando las medidas previstas por la CHG.
Mediación independiente: Si persisten las tensiones, un panel técnico imparcial debería evaluar las propuestas.
Planificación a largo plazo: Colaborar en un plan regional que integre ambos embalses, considerando sequías y cambio climático.

**Conclusión.

La infraestructura actual de la CHG es funcional a corto plazo, pero la propuesta de la Junta aborda mejor los riesgos futuros, especialmente en calidad del agua. La disputa, marcada por tensiones políticas, retrasa mejoras esenciales para el norte de Córdoba.

Urge una colaboración transparente que priorice a los ciudadanos.

N.B. Este conflicto evidencia la necesidad del viraje en la política del PP, uniendo a todos sus poderes territoriales bajo el liderazgo de Núñez Feijóo para resolver problemas reales como este.

Completo mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, donde señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo en todos poderes territoriales.

Solo la unidad sin exclusiones hará que tenga éxito el cambio de timón realizado por el Presidente Popular.

Córdoba, 19 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

CUPO CATALÁN – II – (Impactos negativos en Córdoba y Andalucía)

El cupo catalán es la propuesta de financiación autonómica que permitirá a Cataluña recaudar y gestionar la totalidad de sus impuestos, similar al modelo del cupo vasco o navarro, aportando luego una cantidad negociada al Estado para servicios comunes y un fondo de solidaridad interterritorial.

Esta iniciativa independentista aceptada y negociada con el Gobierno central, ha generado rechazo en otras comunidades como Andalucía, y, por extensión, en provincias como Córdoba tendrá efectos negativos.

Se concretan los principales impactos negativos que podría tener en Córdoba y Andalucía, basados en los análisis realizados y en opiniones contrastadas:

1. Reducción de la financiación autonómica para Andalucía.

-Entorno: Andalucía es una de las comunidades que se beneficia del actual sistema de financiación autonómica, recibiendo recursos del fondo común para compensar su menor capacidad fiscal frente a regiones más ricas como Cataluña o Madrid.

(Nota. Hay de destacar, que a Andalucía vienen personas de la tercera edad de toda España y del extranjero, que necesitan cuidados y atenciones especiales, que generan un mayor gasto -sanidad, servicios sociales, dependencia y una serie de servicios complementarios-).

-Impacto: Si Cataluña recauda el 100% de sus impuestos y aporta menos al fondo común, los recursos disponibles para el resto de comunidades, especialmente las más dependientes como Andalucía, se reducirían significativamente. Se estima, que la salida de Cataluña del sistema común podría suponer una pérdida de entre 200 y 600 euros por persona en el presupuesto de cada comunidad autónoma, lo que para Andalucía equivaldría a miles de millones de euros menos.

–Consecuencias en Córdoba: Como provincia de Andalucía, Córdoba dependería aún más de los recursos autonómicos para financiar servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia). Una reducción en la financiación podría traducirse en menos inversión en infraestructuras, hospitales o escuelas, afectando directamente a la calidad de vida de los cordobeses.

2. Ruptura de la solidaridad interterritorial.

-Entorno: El principio de solidaridad interterritorial, consagrado en la Constitución española, busca equilibrar las desigualdades entre regiones ricas y pobres mediante la redistribución de recursos. El cupo catalán, al reducir la aportación de Cataluña al fondo común, debilitaría este principio.

-Impacto en Andalucía: Andalucía, con una renta per cápita inferior a la media nacional, depende de esta solidaridad para financiar servicios públicos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha denunciado que el cupo catalán “rompe la igualdad entre españoles” y perjudica a regiones con menos recursos, como Andalucía, al privilegiar a Cataluña, que concentra el 19% del PIB nacional.

-Consecuencias en Córdoba: La pérdida de recursos podría agravar las desigualdades económicas en Córdoba, una provincia con un PIB per cápita más bajo que la media andaluza y española, limitando el acceso a servicios sociales y oportunidades de desarrollo económico.

3. Posible aumento de impuestos o recorte de servicios.

–Entorno: Según expertos si el cupo catalán reduce los ingresos del Estado y de las comunidades del régimen común, estas deberán compensar la pérdida de financiación con recortes de gastos o subidas de impuestos para mantener los servicios públicos.

-Impacto en Andalucía: Andalucía, que ya enfrenta problemas de infrafinanciación, podría verse obligada a recortar servicios esenciales (como atención médica o educación) o aumentar impuestos, lo que afectaría directamente a la población.

-Consecuencias en Córdoba: En una provincia donde el desempleo y la precariedad laboral son retos significativos, un aumento de impuestos podría reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras que recortes en servicios públicos afectarían especialmente a sectores vulnerables, como los dependientes o los estudiantes.

4. Impacto económico y pérdida de empleo.

-Entorno: Se estima que un cupo catalán podría reducir el PIB del resto de España en 1,3 puntos de media y destruir hasta 234.000 empleos en todo el país, con Andalucía perdiendo aproximadamente 35.134 puestos de trabajo.

-Impacto en Andalucía: La menor financiación y el impacto económico derivado de la redistribución de recursos podrían limitar el crecimiento económico de Andalucía, afectando sectores clave como la agricultura, el turismo y la industria.

-Consecuencias en Córdoba: Córdoba, cuya economía depende en gran medida de la agricultura (olivar, vino) y el turismo, podría sufrir una contracción económica. La pérdida de empleos afectaría especialmente a áreas rurales y al sector servicios, aumentando las tasas de desempleo y la emigración de jóvenes.

5. Percepción de desigualdad y tensiones políticas.

-Entorno: La percepción ciudadana es que el cupo catalán privilegia a Cataluña y perjudica seriamente a Andalucía y a Córdoba, lo que genera críticas de líderes andaluces, como Juanma Moreno, quien lo califica como un -golpe duro a España-, que beneficia a las comunidades más ricas en detrimento de las menos favorecidas.

-Impacto en Andalucía: Este sentimiento de agravio comparativo podría aumentar las tensiones políticas entre regiones y con el Gobierno central, debilitando la cohesión nacional. Moreno ha ofrecido liderar una “España de iguales” para combatir esta medida, lo que refleja la relevancia política del tema en Andalucía.

-Consecuencias en Córdoba: En una provincia con fuerte identidad andaluza, el cupo catalán podría alimentar el descontento social y político, incrementando la sensación de ser ciudadanos de -segunda categoría- frente a los catalanes.

6. Inseguridad jurídica y estabilidad presupuestaria.

-Entorno: Expertos advierten que el cupo catalán podría ser inconstitucional, ya que, la Carta Magna prohíbe privilegios económicos entre comunidades, y generaría inseguridad jurídica al alterar el sistema de financiación autonómica sin un consenso claro.

-Impacto en Andalucía: La inestabilidad presupuestaria derivada de un menor aporte catalán al fondo común podría complicar la planificación financiera de Andalucía, afectando su capacidad para financiar proyectos a largo plazo.

-Consecuencias en Córdoba: Proyectos de inversión en infraestructuras, como mejoras en transporte o desarrollo industrial, podrían retrasarse o cancelarse, perpetuando el retraso económico de la provincia frente a otras regiones.

Conclusión.

El cupo catalán afectará negativamente a Córdoba y Andalucía al reducir los recursos disponibles para financiar servicios públicos, aumentar la presión fiscal o los recortes, y agravar las desigualdades económicas y sociales.

La pérdida de empleos, la disminución del PIB regional y la percepción de un trato desigual generarían un impacto significativo en una provincia como Córdoba, que ya enfrenta retos estructurales.

Líderes andaluces, como Juanma Moreno, han prometido una oposición contundente, argumentando que esta medida rompe la solidaridad y la igualdad entre españoles. Sin embargo, la incertidumbre lo cubre todo, ya que, los efectos completos va a depender de los detalles del acuerdo, y, hasta la fecha nadie sabe realmente cuales serán.

N.B. El “Cupo Catalán”, sin duda, tendrá múltiples impactos negativos en Córdoba y Andalucía, aunque al tratarse de una propuesta inviable e inaplicable, cabe la esperanza de nunca sea una realidad.

Córdoba, 18 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.