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ANDALUCÍA -Elecciones (asuntos olvidados)

En unos meses habrá elecciones en Andalucía, de manera, que existen algunos asuntos de enorme trascendencia ignorados por los políticos y que, sin duda, parece que están fuera al día de hoy de la CC. AA. andaluza y del quehacer político diario; dicho de otra forma, los políticos no hablan de ellos, así:

** Gasto público. Al día de la fecha conocer cuál es el verdadero gasto público en Andalucía es una quimera, pues siguen siendo tantos los chiriguitos (empresas públicas, sociedades, agencias, fundaciones, asociaciones, etc.) en la Junta de Andalucía, en las ocho Diputaciones provinciales y en los Ayuntamientos andaluces, que resulta imposible saber la verdad sobre el gasto público en nuestra tierra.

No se sabe a ciencia cierta:

– ¿Cuantos empleados públicos hay en Andalucía? ¿Cuál es su costo? ¿En que trabajan realmente? ¿Cuántos empleados públicos se necesitan realmente en Andalucía?, y, así, se podría seguir preguntando, aunque si se contestaran a estas preguntas algo quedaría más claro.

La información veraz sobre esos temas no es que escasee, sino que, simplemente, no existe ni ningún poder público andaluz quiere darla a conocer.

– Pero no es solo la cuestión de personal, sino que hay que aclarar el resto del gasto público andaluz, pero de verdad, como puede ser, por ejemplo, conocer:

< ¿Cuánto se invierte en el mercado de trabajo y en la lucha contra el desempleo?

< ¿Cuánto se dedica a combatir los desequilibrios territoriales?

<¿Cuánto de invierte para la reconstrucción del mercado productivo, de forma, que dejemos de estar en manos del turismo y del sector servicios?

<¿Cuánto del gasto público andaluz se dedica sectores e iniciativas productivas y cuanto se está dedicando a cosas, a empresas y finalidades improductivas?

< ¿Cuál es la verdadera capacidad de ahorro en el gasto público si se prescinde de todos los gastos superfluos e improductivos?

<¿Cuál sería el aumento de la inversión productiva si se eliminaran todos los gastos innecesarios?

Es cierto, que son muchas preguntas, pero no hay otra que intentar contestarlas, porque una cosa es clara, que sin información veraz no existen soluciones y, sin duda, esa obligación de transparencia es obligación de todos.

** Empleo y paro. En este desgraciado asunto los andaluces somos punteros, tenemos más paro y empleo precario que nadie y, además, carecemos de información fiable, ya que, si a las “cifras dopadas” oficiales de empleo y paro, le sumamos todos los inactivos forzosos y desesperanzados, junto con los incapacitados permanentes sociales, añadiendo los desequilibrios territoriales y sociales, el resultado es un desastre de magnitudes desconocidas y perversas.

** Seguridad Social. La CC. AA. – Andalucía es la que más pensionistas tiene de España, aunque las cantidades que perciben (sus cuantías) en su mayoría están por debajo de País Vasco, Madrid o Cataluña, razón por la que la Junta de Andalucía debería realizar un estudio a fondo de la realidad de sus pensionistas y completar su asistencia social en los casos que fuere necesario; a la vez, que se debe exigir al Gobierno Central una regularización de sus aportaciones equivalente a la diferencia del cómputo de pensionistas con otras autonomías, con especial incidencia en aquellos pensionistas de otras regiones instalados permanentemente en Andalucía.

Es un hecho indiscutible, que los pensionistas de otras autonomías no solo están y viven en Andalucía, también, usan todos los servicios públicos andaluces con todo el derecho que la libertad constitucional les permite, razón por la que ese gasto público elevado debe ser compartido e igualado con los fondos de equiparación autonómicos: “Algo así como el cupo vasco, pero fluyendo hacia Andalucía”.

** Desequilibrios territoriales. En Andalucía existen grandes desequilibrios estructurales en su territorio (-políticos-, -económicos- y -sociales-), que han sido olvidados o ignorados por los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, (1) el desempleo marca tremendas diferencias en las distintas provincias andaluzas y en sus municipios; (2) la estructura productiva presenta diferencias territoriales inasumibles con focos de riqueza y pobreza desequilibrados en su territorio; (3) etc.

** Población. La demografía andaluza precisa de una planificación a largo plazo, ya que, actualmente presenta una población muy envejecida, a la vez, que los nacimientos caen y caen, de forma, que no podemos seguir siendo un territorio solo de personas mayores, donde los jóvenes emigran buscando mejorar sus condiciones de vida y sus trabajos.

Actualmente, ¿se está haciendo algo?. Pues, ESO.

** Sector Público y Sector Privado. En Andalucía las diferencias entre ambos sectores son cada vez mayores, de forma, que aumenta el empleo público y disminuye el empleo privado, no solo en su número de trabajadores ocupados, sino, también, en sus condiciones de trabajo, como pueden ser las salariales, las seguridad y salud laboral, etc. Es un hecho patente, que los empleados públicos andaluces están mejor pagados que los trabajadores del sector privado y cada vez son más, mientras disminuye la ocupación en las empresas privadas.

¿Se está haciendo algo al respecto?

Parece que no, pues, ESO.

Conclusión: Lo que se ha señalado es puramente la verdad, pero resultará imposible abordar una solución eficaz sin tener una información veraz, que al día de hoy es inexistente en Andalucía.

Por ejemplo: Es necesaria una información veraz sobre la situación real del paro en Andalucía y de las medidas que se están aplicando por la Junta de Andalucía. La información veraz, que garantiza como derecho la Constitución Española (art. 20. 1. d)., en este asunto del empleo y del paro es esencial, si se quiere encontrar solución a nuestro mercado de trabajo.

N.B. En Andalucía hay elecciones, pero sus asuntos olvidados son numerosos y por lo que se ve, están fuera de la política al día de hoy en la CC. AA. andaluza. En otra expresión, los políticos ignoran esos asuntos y pasan de ellos como si no existieran.

Así mismo, la falta de -información veraz- al respecto es algo preocupante en extremo, de forma, que es imposible sin conocer realmente la realidad reformar y tomar medidas, que solucionen los temas enunciados y señalados.

La cifra de inactivos en crecimiento continuo en Andalucía es un indicador siniestro, que la Junta de Andalucía parece que ha olvidado, cuando se trata de un colectivo que precisa de toda clase de atenciones y políticas asistenciales.

La igualdad entre los andaluces, que garantiza el artículo 14 de la Constitución, no existe en Andalucía al día de hoy, así que algo habrán de hacer los políticos en activo, especialmente, los que están o estén en el poder en la CC. AA. andaluza.

Córdoba, a 19 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – la realidad y la mentira – III (Sector Público – gasto en aumento)

La realidad es que los datos oficiales del Gobierno sobre empleo y paro son engañosos porque están dopados, de manera, que la trampa y la mentira forman parte del mundo paralelo que nos dibujan día a día, así, por ejemplo:

**Todo lo que son retribuciones públicas, -pensionistas- suponen un gasto sobre 170.000 millones de euros y -empleados públicos- suponen un gasto de 148.000 millones en salarios, lo que hace un total de 318.000 millones de euros, que son lo que España está pagando de sueldos para sostener un gasto público de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día.

Es un hecho patente e imposible de sostener, que un tercio de España -Sector Privado- sostenga a dos tercios, es decir, sobre 13 o 14 millones de personas, que, además, supone un gasto estructural enquistado en las Administraciones Públicas.

** El asunto del paro en España es algo inaudito dentro y fuera de España, con el agravante de que {la tasa de desempleo oculta el alcance de la demanda laboral de las personas que han abandonado desesperanzados la búsqueda activa del trabajo, de forma, que de algunas personas desempleadas se puede decir, que no están disponibles para trabajar}.

Dicho de otra manera, quizás, más clara: En España el número de inactivos que no buscan trabajo y el número de los que llamo incapacitados permanentes sociales (como son los mayores parados de 50 años para arriba, que nunca encontrarán trabajo, sea cual sea la causa) sin la menor duda, se sitúa en los tres millones de personas.

Por otro lado, el desempleo juvenil, el paro de las mujeres y el desempleo de larga duración en España constituyen un desastre social, político y económico, que curiosamente los poderes públicos olvidan, tendiendo a ocultar el problema, aunque sea a través de contratos precarios “indefinidos” y por horas, aunque esa solución trolosa solo convierte la desgracia del paro en algo endémico, que se ha renunciado a solucionar.

** Se dice, que España sigue siendo el país con más paro de la OCDE doblando su media, cosa que se mantiene como algo indiscutible, pero se ignora conscientemente, que también España es la campeona del empleo precario, lo que, sin duda, justifica, en parte, que, teniendo un número de personas en desempleo tan elevado, las empresas de todo tipo tengan dificultades para encontrar trabajadores. (Sin duda, la baja cualificación profesional y las ayudas mal estructuradas y diseñadas para personas necesitadas agudizan el problema).

El Gobierno y algunas CC. AA. afirman, una y otra vez, que hay más y más empleo (aunque pongo en duda los datos oficiales por falta de información veraz), –que hay más personas trabajando y afiliadas a la seguridad social-, pero si el PIB se está reduciendo por debajo del empleo, la realidad es que está bajando la productividad, lo que significa, que se trabajan menos horas (aumenta el trabajo a tiempo parcial -el trabajo de jornada incompleta por horas-) o que, aunque se trabaje la mismas horas existe menor facturación.

En España aumentan las condiciones de trabajo precarias de todo tipo en el empleo que se está creando, incluidas las retribuciones salariales, que hará que baje la productividad y la cualificación profesional. Los poderes públicos (todos) no están apostando por el empleo indefinido de calidad, estable y duradero, de forma, que una cosa es la apariencia de creación de empleo y otra cosa la realidad de los puestos de trabajo que se están creando o transformando, que con toda evidencia no coinciden, ya que, no puede ser que se diga que crece el empleo y que baje el PIB.

El descuadre indica que el empleo creado es de baja productividad y de menos horas de trabajo efectivo.

Finalmente, fijaré otras conclusiones:

a).- Falta información veraz de todo tipo en materia de empleo y de paro.

b).- En España se están pagando retribuciones para sostener un gasto público estructural de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día, que se cifra oficialmente en un total de 318.000 millones de euros, lo que, se mire como se mire, es algo insostenible, pues un tercio de trabajadores del sector privado no pueden mantener a dos tercios de salarios públicos -de 13 a 14 millones de personas con sueldos públicos-.

c).- La situación económica está paralizada (inflación descontrolada, imposición fiscal asfixiante, condiciones laborales irreales y sin flexibilidad, empresas pymes en quiebra en número desconocido pero muy preocupante, que no pueden pagar sus deudas, etc.), lo que llevará al crecimiento del paro y a un empobrecimiento del empleo.

N.B. Las diferencias entre sector público y sector privado que existen el España son inasumibles para cualquier economía y si a nuestro País le unimos una situación límite por su tasa de paro, sin que, además, se adopten medidas urgentes en vías de una solución, como puede y debe ser una bajada importante de impuestos y una reducción del gato público innecesario e improductivo, la situación es extremadamente delicada para el ciudadano de a pie, ya que, curiosamente, la recaudación del Estado está disparada, mientras la mayoría de los españoles se adentran en la pobreza sin remedio.

Agrava el problema la “falta de información veraz”, que impide conocer la realidad para reformar de raíz nuestromercado de trabajo, así que, la productividad seguirá en caída libre y será imposible crear empleo estable, duradero y de calidad.

Córdoba, a 13 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estanflación – maldades – seguridad y silencio (rebelión contra la injusticia -sea cual sea-)

La votación del Congreso de la convalidación del R. D. L. de la Reforma Laboral es último ejemplo de una maldad a la vista pública de todos los españoles y sálvese quien pueda.

Las maldades públicas, está visto, que existen en muchas formas, pero si se ocultan en el silencio se convierten en algo peligroso en extremo, ya que, la incapacidad de cualquier sociedad civil de decir no y de sublevarse cuando es necesario, puede llevar a que la injusticia, si se opta por la comodidad, la seguridad y el silencio, anide de forma permanente en esa sociedad que lo acepta todo, de manera, que, si se da el supuesto opresor consentido una y otra vez, quizás, entonces, sea demasiado tarde y no se pueda ni protestar.

El caso del Modelo 720 de Hacienda, otro caso más, de una serie interminable de abusos del poder, con la Sentencia TJUE de 27-01-2022. Asunto C-788/19, ha dejado claro, que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión; constituyendo un ejemplo de que la lucha contra la injusticia, aunque sea desigual, es completamente necesaria en cualquier sociedad, que quiera ser regida por un estado de derecho, de forma, que el silencio cautivo nunca es una buena solución y que siempre es necesario sublevarse ante cualquier abuso, máxime, si procede de los poderes públicos.

Desgraciadamente, el caso de Modelo 720 de Hacienda o la votación de la Reforma Laboral no son los únicos en España, sino que se vienen produciendo demasiados supuestos donde peligra seriamente nuestro estado de derecho, sin que la sociedad adocenada se mueva como las circunstancias exigen, no solo ahora, sino desde hace varios años, de forma, que casos como, la amnistía fiscal vergonzosa declarada inconstitucional, el estado de alarma confinatorio declarado contrario a la Constitución por el T. C., y otros casos más vidriosos e ilegítimos, parece, que se han apoderado de nuestros derechos y libertades constitucionales, sin que nadie responsa de nada y bajo un halo perverso de impunidad, porque, además, los interesados perjudicados se quedan solos en sus reclamaciones (patrimoniales o de otro signo) frente a la situación de privilegio de los poderes públicos, responsables de los desaguisados contra el estado de derecho.

Por otro lado, agrava la situación en España, el hecho cierto de que los gastos del Estado han crecido de forma desmedida y, desgraciadamente, en una parte muy importante en gasto improductivo e innecesario (aunque debo aclarar, que el gasto social elemental lo considero gasto necesario y productivo, aunque siempre dentro de la realidad económica de España), mientras reina la oscuridad en asunto trascendentales para los españoles, como los Fondos Europeos y su reparto, el funcionamiento del poder judicial y su renovación, la política fiscal que se avecina y un larguísimo etc. de ejemplos de que, lo que no podía pasar está al borde de pasar.

La recuperación política, social, económica y sanitaria solo será posible, si se diseñan y aplican políticas razonables y equitativas en la aplicación de todos los recursos disponible, no de los que no hay, de forma, que, además, las medidas de reforma deben ser rápidas, eficaces y posibles, permitiendo que aumente la creación de riqueza y la productividad para superar esa barrera negativa, si o si, de que la mitad de la población de España mantenga y sostenga a la otra mitad, pues esa situación social y económica es insostenible y perversa.

–Seguimos con unas cifras de paro tremendas, que nos sitúan en una doble cabeza de la U. E.-.

Por otro lado, es evidente, que la inflación está enseñando sus patas rasposas con un encarecimiento del nivel de vida descontrolado, que, la subida tremenda de la luz, el aumento de impuestos, el gasto público desnortado, etc. están poniendo a la vista de todos.

El IPC interanual adelantado en el primer mes de 2022 se sitúa en el 6%.

El problema se acentúa, cuando, aunque suben los salarios, los precios aumentan más para los consumidores, estancándose la recuperación o parándose en seco, produciéndose un efecto perverso de estanflación, con riego claro de que se convierta en algo permanente.

Así mismo, lo que hay está claro, los recursos se saben cuáles son, de forma, que la demora y los errores en el arreglo rápido de la situación económica y social entra de lleno en el abismo de lo perverso, aunque, siempre hay que actuar dentro de la Constitución y del respeto a la Ley, porque aquí no valen los atajos con sacrificios de derechos y libertades.

Hechas las anteriores aclaraciones, entiendo, que lo primero que hay que hacer, es proporcionar a los españoles su derecho efectivo a una información veraz, completa e inmediata (art. 20 CE), de manera, que una vez conocida la realidad por todos los ciudadanos (hombres, mujeres, mayores y menores, etc.), conociendo la verdad económica del País, se puedan adoptar medidas racionales y justas, que necesariamente, deben ser consensuadas por todos o la gran mayoría y aceptadas por la sociedad civil.

Dicho lo dicho, lo único inadmisible, es que los españoles aguanten vulneraciones del estado de derecho constitucional en silencio cautivo, pues si callamos una y otra vez, al final prematuro quedaremos sin libertades y derechos, presos del autoritarismo de unos poderes públicos que se exceden sin mesura en el uso indebido del poder, que el pueblo al que oprimen les ha delegado.

N.B. La estanflación y demás maldades sin rebelión a cambio de seguridad y silencio contra la injusticia -sea cual sea-, es, sin duda, el peor de los negocios de una sociedad civil o de un pueblo.

La unilateralidad excluyente ya no es un valor, que consuele a nadie, los españoles, a pesar de la falta casi completa de información veraz, saben lo que se juegan si admiten el silencio cautivo, de forma, que conocen lo que se puede hacer de verdad y lo que son brindis al sol, pues ya han superado el miedo propio y/o ajeno. Solo quieren realidades y que no les engañe nadie, –sea quien sea–.

Conocen, que tienen que desaparecer, *los desequilibrios, como el que está creciendo entre el sector público privilegiado y el sector privado sometido a un desguace constante, así como, *las diferencias profundas entre CC. AA. y territorios; lo mismo que saben, que más allá de los recursos reales existentes solo está la quiebra del Estado.

Córdoba, a 6 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoyafebrero

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Reforma Laboral V – Empresas – pobreza salarial – empleo (contratos por horas – desigualdad – coacciones)

La Reforma Laboral es un bluff (un farol), pues no contiene medidas para solucionar los problemas endémicos del mercado laboral, pues, con solo leer el Preámbulo del R.D.L. se puede ver, que solo anticipa una persecución sin tregua contra los empresarios, de manera, que se puede decir, que la reforma contiene un juicio crítico negativo hacía la actividad empresarial y, así mismo, un desconocimiento profundo de ese mundo, suponiendo una inquietante animadversión hacia lo que es un empresario.

La animosidad legislativa hacia la empresa procede: (i) de mirar solo desde un lado de los actores del mercado, machacando el consenso real, que nace del acuerdo entre iguales; (ii) del desconocimiento del mundo empresarial; y, (iii) de la implantación y aplicación de principios ideológicos trasnochados, alejados de los nuevos mercados competitivos y productivos más libres y flexibles.

La Reforma del R. D. L. (aprobada por ahora) no aporta soluciones ni medidas para los problemas de nuestro mercado laboral, así:

1.- Con la Reforma seguirá la llamada pobreza salarial, que sin duda es un hecho muy negativo, además, ignora que el paro es un hecho mucho peor que una retribución devaluada.

2.- No aborda el principal problema económico de España, que es nuestra incapacidad estructural de crear empleo.

3.- Pasa por alto olvidándolo, la relación entre los costes de despido y la temporalidad, ya que, es algo patente, que a mayores costes de despido le sobreviene mayor temporalidad.

Por otro, la Reforma niega el impacto negativo sobre el empleo de los trabajadores menos cualificados, estableciendo costes laborales por encima de su productividad.

Por los motivos apuntados aumentará el desempleo, pues la Reforma es un obstáculo a la creación de empleo.

4.- Prohíbe legalmente la temporalidad, suponiendo que esa medida coactiva disminuirá los contratos temporales, pero incurre en un error de bulto, ya que, olvida por completo que no aumentarán en la misma proporción los contratos fijos, lo que implica, sí o sí, que aumentará el desempleo y, exponencialmente, los contratos fijos a tiempo parcial.

Dicho de otra forma, limitar la temporalidad imponiéndola con sanciones y coercitivamente podrá reducir la misma, pero a costa de reducir también el empleo y su calidad, problema que se agravará, con las medidas encaminadas a subir los salarios más bajos para luchar contra la pobreza salarial, consiguiendo subir algunos salarios, a expensas de destruir más empleo y bajar la productividad.

5.- La reforma establece que las contratas y subcontratas deberán aplicar los mayores sueldos del convenio del sector de la actividad realizada o el de la empresa principal, por lo que parece, que los expertos legislativos olvidan, que muchos de trabajadores que podrían haber sido contratados no lo serán, precisamente, a causa de esa norma.

6.- La Reforma consolida el mercado productivo existente en España, que absorbe, sin duda, una amplia bolsa de trabajadores de baja productividad existente en nuestro País, ya que, ignora cualquier instrumento eficaz para combatir la baja productividad, así como, a compensar los bajos salarios dedicados a estos trabajadores, implicando, además, un gravamen para la competitividad de las empresas.

Finalmente, es un hecho, que la Reforma Laboral dará lugar muchos contratos fijos a tiempo parcial, lo que, se quieradmitir o no, es un anticipo de pobreza laboral.

** Por otro lado, los datos oficiales de paro están trufados de trolería, de forma, que examinando unos números se puede ver, que la forma de contar por el Ministerio Reformista en este apartado es irreal, solo partiendo de cifras oficiales:

*. Paro registrado (cifra oficial): 3.105.905 de trabajadores.

*. Otros no ocupados: 215.000 personas.

*. Parados que están buscando trabajo en unas condiciones concretas, por ejemplo, que no están dispuestos a cambiar de residencia): 290.500.

*. Ertes: 103.800 trabajadores.

*. Autónomos en cese de actividad: 108.200 personas.

*. Inactivos 1.800.000 personas.

*. Trabajo por horas y a tiempo parcial 2.400.000 trabajadores.

*. Empleo Público creado desde 2020: 250.000 personas.

*. Sector Privado: 20.000 empleos perdidos contando desde 2019.

Total: 6.385.205 parados reales a finales de 2021.

(Nota: Se pueden utilizar otros datos, pero al final la cifra real estará en seis millones de desempleados).

Fijando una conclusión, la Reforma Laboral garantiza menos contratos y más inestabilidad laboral.

N.B. La Reforma Laboral no aborda los problemas de nuestro modelo productivo: -productividad-, -empleo- y- paro-, ya que, persigue y coacciona a las empresas, contra los criterios modernos y competitivos en los mercados laborales que funcionan, incentiva la pobreza salarial y destruye empleo, especialmente, el estable y sólido, garantizando solo un crecimiento de los contratos fijos por horas o a tiempo parcial, a la vez, que paraliza la contratación de las empresas con sanciones y provocará un enrocamiento empresarial inevitable ante unas extinciones imposibles de contratos, de forma, que habrá menos contratos temporales, pero, también, menos contratos fijos.

En resumen, crecerá el desempleo en el sector privado, aunque aumente en el sector público, que nunca podrá compensar la falta de creación de empleo en la empresa y cuyo significado es muy diferente en términos de empleo real.

La Reforma Laboral incrementará la inseguridad jurídica y la desconfianza en las relaciones de trabajo, lo que obligará al Gobierno a aumentar sin tregua el gasto público, haciendo más grande la brecha entre el sector público y el sector privado, lo que provocará rupturas de la igualdad en la sociedad civil española, creando tensiones dentro y fuera de la empresa.

El desarrollo de nuestro mercado laboral estará más dominado por la desconfianza y la incertidumbre, lo que conllevará menos empleo y aumentos del paro.

Córdoba, a 9 de enero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Reforma Laboral III – Depredadores y Damnificados (consenso – empresarios con su pan y sus tortas)

Es una realidad, que la Reforma Laboral tiene menos depredadores, que perdedores, que son la gran mayoría de los componentes de la sociedad española.

Han participado en el festín oficial del consenso inducido grupos muy organizados (depredadores-consensuantes), que, sin duda, han conseguido sus beneficios particulares, haciéndolos prevalecer sobre los intereses generales; a la vez, que, por una parte, los empresarios de la CEOE (auto consensuados a porrazos)se han quedado solo con sus tortas, y, por otra parte, lo cierto es, que el pan se lo han llevado dos sindicatos, unos grupúsculos empresariales dominantes y el Gobierno de la Ministra Díaz.

¿Quiénes pierden con la Reforma Laboral aprobada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre?

Los damnificados, -no partícipes del consenso atrabiliario- que salen escaldados, son muchos, que han sido consensuados a su pesar y sin que nadie les consulte, a señalar algunos, así:

* La sociedad civil en su conjunto. La inmensa mayoría de los españoles sufrirán sus efectos perversos y más pronto que tarde.

* Los parados y el resto de inactivos, que seguirán siendo tan vergonzosamente numerosos como siempre y en aumento, pues los consensuantes (Gobierno, CEOE, Sindicatos) van a lo suyo: “a sus intereses específicos”.

* Las empresas pequeñas y medianas (con sus empresarios y trabajadores) confrontadas a la fuerza con las condiciones de trabajo impuestas por las empresas dominantes y los sindicatos, que acordarán a sus espaldas convenios colectivos sectoriales inasumibles para ellas.

* La Seguridad Social y los pensionistas, que verán disminuir los recursos del sistema de cotizaciones, a pesar del aumento de las mismas previsto, de manera, que la economía financiera de la S. S. solo se mantendrá por aumentos de las aportaciones del Estado, aunque realmente es lo mismo, pues el dinero siempre es el mismo y procede de los ciudadanos.

Lo único cierto es, que a menos cotizantes (a menos empleo) y salarios más bajos los ingresos por cotizaciones decrecerán, a la vez, que se incrementan las pensiones indexadas al IPC, aunque la Reforma y el Ministro Escrivá parecen olvidar el principio de solidaridad intergeracional.

* El sector privado que se castiga frente al sector público, al salir este último claramente beneficiado con la Reforma frente al primero.

* La recuperación y el crecimiento económico paralizados por el mismo modelo productivo y por un marco laboral empeorado, al impulso de una normativa más rígida y excluyente.

En resumen, el empleo de calidad y productivo decrecerá o no nacerá, aumentando la desigualdad social, de forma, que el problema de España es triple: Por una parte, el paro aumentará, por otra, el empleo se resistirá a nacer en estas condiciones laborales y, finalmente, la desigualdad crecerá entre los españoles.

N.B. La Reforma Laboral aprobada, por ahora, por R. D. L., que deberá ser convalidado, tiene depredadores y damnificados, aunque el consenso impuesto y aceptado -con indisimulada complacencia- por ciertos consensuantes pueda indicar lo contrario:

Primero, porque los intereses de los consensuantes (Gobierno, Sindicatos, CEOE) no son los de los consensuados a su pesar (sociedad civil, empresarios y trabajadores mayoritarios, parados e inactivos, jóvenes, mujeres, mayores de 50 años y sectores económicos tan fundamentales, como el agrícola, el automóvil, la construcción, etc. etc.).

Segundo, porque la Reforma Laboral aprobada, no es la que España estaba necesitando, pues, la inseguridad jurídica y la desconfianza en las relaciones de trabajo han ocupado una posición dominante en nuestro mercado de trabajo, siguiendo, a pesar de todo, el mismo modelo productivo, que desde hace muchos años garantiza un paro estructural inamovible y unas condiciones de trabajo injustas.

Tercero, porque el gasto público sigue aumentando sin control, lo que, unido a la inflación creciente, harán que la Reforma entre en un bucle sin fin, que conllevará una implicación muy negativa para la creación de empleo, deteriorando la débil igualdad existente en España.

Cuarto, porque la Reforma aprobada por R.D.L., de aplicación inmediata, por ahora y lo que caiga, supone ahondar aún más en la brecha entre el sector público y el sector privado, lo que dará lugar a desequilibrios difíciles de aguantar por la sociedad española.

Por mucho que se quiera dulcificar la reforma de cara a los fondos europeos, lo cierto es, que se trata de un arreglo de mínimos, que nos llevará: *a un aumento del paro, *a un descenso de la productividad y competitividad de nuestras empresas, *a un empleo de baja calidad y bajo rendimiento, y, *a un mercado de trabajo ineficiente e injusto en todas sus condiciones laborales.

En este caso, la equivocación sería una bendición, pero visto lo que hay, quiénes son depredadores y quiénes son damnificados, una solución beneficiosa al interés general se antoja harto complicada, máxime, porque nadie está dispuesto a un consenso verdadero, donde todas las partes (consensuantes y consensuados) estén situadas al mismo nivel de equidad, de forma, que las cesiones necesarias de cada una de ellas para el acuerdo sean equivalentes al nacer de la igualdad y de los derechos y libertades de todos, que la Constitución garantiza y consagra.

Córdoba, a 3 de enero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.