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Amnistía VI – Impunidad política y sus gestores (La Diputación de Córdoba sirve de ejemplo)

Es un hecho patente, que “Quien permite la injusticia. Quien permite la impunidad. Participa en ella”.

Cuando un político malgasta el dinero público, que debe cuidar, ocurre que no pasa nada, sea cual sea el importe del despilfarro, ocurriendo lo mismo cuando comente cualquiera otra ilegalidad, pues bien, eso es impunidad e injusticia, y, cuando los políticos que mandan no hacen nada para recuperar el dinero malgastado ni exigen responsabilidad alguna a esos políticos y gestores, están concediendo una “amnistía”.

El ciudadano de a pie cuando le ponen una multa está obligado a pagarla y si no lo hace se le persigue por tierra, mar y aire, con embargo de cuentas, etc.. Si hablamos de Hacienda y sus métodos coercitivos la situación diaria es demoledora, conque olvides una simple declaración formal multa y recargo.

La Constitución dice que el poder procede el pueblo, pero se ha impuesto un ejercicio de ese poder espurio y perverso contra el ciudadano de a pie y un ejercicio, también, perverso, pero en sentido contrario, cuando son políticos los que realizan actos injustos gastando lo que no deben y/o incumpliendo la ley con plena impunidad.

Los casos de malgasto del dinero público de todos sin consecuencia alguna para el político despilfarrador son incontables, quizás porque, como se dice “perro no muerde a perro”, así que citaré algunos penosos e indignantes, así:

**El tranvía fantasma de Jaén.

**La recogida neumática de basuras en Córdoba.

**Aeropuertos construidos sin aviones.

**Etc. etc.  (Sobra citar más casos, pues los ejemplos están a la vista de todos).

Ocurre, qué en la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P., su Presidente (digital) Sr. Fuentes se empodera cubriendo irregularidades económicas de todo tipo y color, concediendo amnistía e impunidad a políticos y gestores de la anterior Corporación provincial,, así:

 *Convalida con una ordenanza una fiscalidad provincial contra ley, según ha dejado claro la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ICHL – Diputación en su Informe de 2020 y sobre el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo Nuevo de 2019, apoyándose en informes y dictámenes procedentes del muro socialista, sin exigir y decretar la necesidad de una auditoría independiente realizada por profesionales libres e independientes.

*Salva Empresas Públicas con el dinero de todos los cordobeses, eliminando, así mismo, cualquier responsabilidad de políticos y gestores socialistas concediéndoles amnistía del dinero público evaporado en una gestión de malgasto del dinero de todos, sin exigir, además, ninguna devolución.

Ni siquiera ha reclamado la existencia de pólizas de seguro para cubrir responsabilidades de gestión.

*Negación reiterada a una auditoría independiente de las cuentas de la Diputación, basándose en exclusiva en las personas que sostienen el muro socialista, negándose, incluso, a solicitar un Informe a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a pedir a las Diputaciones de Málaga, Sevilla o Huelva in informe de cómo se han adaptado en su fiscalidad a la Ley 40/2015- LRSP en su art. 49.

*Aceptar sin un pero el gasto del dinero público de la Diputación en políticas socialistas incumplidas y en promesas contraídas de los anteriores políticos y gestores socialistas, de manera, que paga y paga en aras de su tranquilidad.

A destacar, que mientras El Presidente Sánchez va tomando una a una cualquier institución de la Nación (ahora, ha sido la Agencia EFE), el Presidente Sr. Fuentes concilia sin pudor con los adversarios, a la vez, que lanza Decretos contra los que hemos votado al P. P.

Por todo lo dicho, hay que impulsar un cambio, de forma, que el movimiento cívico contra la amnistía y la gracia del perdón (política, económica, administrativa y legal) hacia los perdedores de las elecciones municipales, debe dar un paso adelante, y más allá de siglas y de deseos personales abandonando todo confort, avanzando en la creación de una asociación o como se la quiera llamar con vocación de cambio en Córdoba y Provincia activa, en defensa de la Constitución y de una España unida de ciudadanos libres e iguales.

La acción cívica organizada y la oposición política responsable tienen el deber de corregir desviaciones de poder y cambios de rumbo de lo que se ha votado, de forma, qué si el que manda, como ocurre en la Diputación de Córdoba ha virado buscando solo su conveniencia personal, olvidando las promeses del P. P., sepa, y, sepan los que le han elegido digitalmente, que la oposición verdadera defensora de la libertad, de la igualdad y del estado de derechos está en la calle organizada y viva.

La dimisión del Presidente digital del P.P. de la Diputación llegara.

N.B.  La amnistía y la impunidad política y sus gestores de la anterior Corporación realizada, día a día, por el Sr. Fuentes en la Diputación de Córdoba es un ejemplo de estulticia política.

La acción cívica no callará y reclamará en cualquier frente sus derechos fundamentales, de forma, que ni un paso atrás en defensa de la libertad.

Córdoba, a 11 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Desempleo – la realidad y la mentira – III (Sector Público – gasto en aumento)

La realidad es que los datos oficiales del Gobierno sobre empleo y paro son engañosos porque están dopados, de manera, que la trampa y la mentira forman parte del mundo paralelo que nos dibujan día a día, así, por ejemplo:

**Todo lo que son retribuciones públicas, -pensionistas- suponen un gasto sobre 170.000 millones de euros y -empleados públicos- suponen un gasto de 148.000 millones en salarios, lo que hace un total de 318.000 millones de euros, que son lo que España está pagando de sueldos para sostener un gasto público de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día. 

Es un hecho patente e imposible de sostener, que un tercio de España -Sector Privado- sostenga a dos tercios, es decir, sobre 13 o 14 millones de personas, que, además, supone un gasto estructural enquistado en las Administraciones Públicas.

** El asunto del paro en España es algo inaudito dentro y fuera de España, con el agravante de que {la tasa de desempleo oculta el alcance de la demanda laboral de las personas que han abandonado desesperanzados la búsqueda activa del trabajo, de forma, que  de algunas personas desempleadas se puede decir, que no están disponibles para trabajar}.

Dicho de otra manera, quizás, más clara: En España el número de inactivos que no buscan trabajo y el número de los que llamo incapacitados permanentes sociales (como son los mayores parados de 50 años para arriba, que nunca encontrarán trabajo, sea cual sea la causa) sin la menor duda, se sitúa en los tres millones de personas.

Por otro lado, el desempleo juvenil, el paro de las mujeres y el desempleo de larga duración en España constituyen un desastre social, político y económico, que curiosamente los poderes públicos olvidan, tendiendo a ocultar el problema, aunque sea a través de contratos precarios “indefinidos” y por horas, aunque esa solución trolosa solo convierte la desgracia del paro en algo endémico, que se ha renunciado a solucionar.

** Se dice, que España sigue siendo el país con más paro de la OCDE doblando su media, cosa que se mantiene como algo indiscutible, pero se ignora conscientemente, que también España es la campeona del empleo precario, lo que, sin duda, justifica, en parte, que, teniendo un número de personas en desempleo tan elevado, las empresas de todo tipo tengan dificultades para encontrar trabajadores. (Sin duda, la baja cualificación profesional y las ayudas mal estructuradas y diseñadas para personas necesitadas agudizan el problema).

El Gobierno y algunas CC. AA. afirman, una y otra vez, que hay más y más empleo (aunque pongo en duda los datos oficiales por falta de información veraz), –que hay más personas trabajando y afiliadas a la seguridad social-, pero si el PIB se está reduciendo por debajo del empleo, la realidad es que está bajando la productividad, lo que significa, que se trabajan menos horas (aumenta el trabajo a tiempo parcial -el trabajo de jornada incompleta por horas-) o que, aunque se trabaje la mismas horas existe menor facturación.

En España aumentan las condiciones de trabajo precarias de todo tipo en el empleo que se está creando, incluidas las retribuciones salariales, que hará que baje la productividad y la cualificación profesional. Los poderes públicos (todos) no están apostando por el empleo indefinido de calidad, estable y duradero, de forma, que una cosa es la apariencia de creación de empleo y otra cosa la realidad de los puestos de trabajo que se están creando o transformando, que con toda evidencia no coinciden, ya que, no puede ser que se diga que crece el empleo y que baje el PIB.

El descuadre indica que el empleo creado es de baja productividad y de menos horas de trabajo efectivo.

Finalmente, fijaré otras conclusiones:

a).- Falta información veraz de todo tipo en materia de empleo y de paro.

b).-  En España se están pagando retribuciones para sostener un gasto público estructural de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día, que se cifra oficialmente en un total de 318.000 millones de euros, lo que, se mire como se mire, es algo insostenible, pues un tercio de trabajadores del sector privado no pueden mantener a dos tercios de salarios públicos -de 13 a 14 millones de personas con sueldos públicos-.

c).- La situación económica está paralizada (inflación descontrolada, imposición fiscal asfixiante, condiciones laborales irreales y sin flexibilidad, empresas pymes en quiebra en número desconocido pero muy preocupante, que no pueden pagar sus deudas, etc.), lo que llevará al crecimiento del paro y a un empobrecimiento del empleo.

N.B.  Las diferencias entre sector público y sector privado que existen el España son inasumibles para cualquier economía y si a nuestro País le unimos una situación límite por su tasa de paro, sin que, además, se adopten medidas urgentes en vías de una solución, como puede y debe ser una bajada importante de impuestos y una reducción del gato público innecesario e improductivo, la situación es extremadamente delicada para el ciudadano de a pie, ya que, curiosamente, la recaudación del Estado está disparada, mientras la mayoría de los españoles se adentran en la pobreza sin remedio.

Agrava el problema la “falta de información veraz”, que impide conocer la realidad para reformar de raíz nuestromercado de trabajo, así que, la productividad seguirá en caída libre y será  imposible crear empleo estable, duradero y de calidad.

Córdoba, a 13 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.