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II. Imposición fiscal en Córdoba Capital (La emboscada)

El Ayuntamiento de Córdoba presume de la reducción de la presión fiscal desde 2019, con un enfoque en aliviar la carga para ciudadanos, autónomos y empresas. Sin embargo, una mayoría de ciudadanos ha denunciado, que estas reducciones son injustas, porque no benefician a la mayoría de los cordobeses sino principalmente a determinados contribuyentes, abogando por una fiscalidad más equitativa y proporcional.  

<<Análisis Crítico >>

<<Bajadas de Impuestos vs. Subidas de Tasas en Córdoba>>

1.- Contexto y Marco General.

El Ayuntamiento de Córdoba, liderado por el Partido Popular (PP) bajo el mandato del alcalde José María Bellido, ha promovido desde 2019 una política de reducción fiscal progresiva, a su manera y criterio, defendiendo siete bajadas consecutivas de impuestos municipales hasta 2026. Estas reducciones afectan a tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), especialmente, rústico, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Según la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, estas medidas han supuesto un alivio fiscal acumulado de aproximadamente 733.568 euros solo en 2025, con descensos significativos como el 15,36% en el ICIO y el 13,93% en el IBI rústico desde 2019.

Sin embargo, esta estrategia contrasta con incrementos sustanciales en las tasas por servicios públicos, gestionados por empresas municipales como EMACSA (agua) y SADECO (recogida de basura).

Las tasas han experimentado subidas notables: – Agua (EMACSA): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, acumulando una subida significativa en dos años. – Recogida de basura (SADECO): Aumento del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que representa una carga fiscal considerable para los hogares.

Estas subidas han generado inquietud y desconfianza en los ciudadanos, que perciben las políticas fiscales del Gobierno del P. P. como una <trampa> para los cordobeses, ya que, las reducciones de impuestos benefician principalmente a grandes contribuyentes, mientras que las subidas de tasas afectan de manera regresiva a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

2.- Análisis Detallado de las Bajadas de Impuestos.

Las reducciones fiscales aprobadas tienen un impacto limitado para la mayoría de los ciudadanos, lo que refuerza la percepción de una estrategia fiscal desigual:

**Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): -Reducción: Bajada del 2% en el IBI urbano para 2026, acumulando un 5,79% desde 2019. El IBI rústico acumula un descenso del 13,93%. -Impacto: Aunque beneficia a todos los propietarios de inmuebles, el ahorro medio por hogar es modesto (estimado en 2-5 euros anuales para una vivienda estándar, según cálculos de la oposición). Los mayores beneficiarios son propietarios de inmuebles con valores catastrales altos, como grandes empresas o propietarios de segundas residencias. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten en sus bolsillos, que la reducción del IBI (rústico) no compensa el aumento de tasas como la del agua o la basura, que tienen un impacto mucho mayor en los hogares de renta baja o media.

**Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): -Reducción: Descenso del 1% en los coeficientes de situación para 2026, acumulando un 5% desde 2019. -Impacto: Solo afecta a empresas y autónomos con facturación superior a 1 millón de euros, excluyendo a la mayoría de pequeños negocios y autónomos. Esto beneficia principalmente a grandes empresas, lo que refuerza la percepción de una política fiscal favorable a los sectores más pudientes. *Críticas: La ciudadanía denuncia que el IAE no alivia la presión fiscal sobre los pequeños empresarios, que enfrentan mayores costes operativos debido a las tasas de servicios.

**Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): -Reducción: Bajada del 2% en 2025, acumulando un 13,21% desde 2019. -Impacto: El ahorro medio es pequeño (entre 2 y 10 euros anuales por vehículo, dependiendo de la potencia fiscal). Aunque beneficia a todos los propietarios de vehículos, no compensa los incrementos en tasas de servicios esenciales. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten que el IVTM es un impuesto regresivo, ya que el ahorro es igual para todos los vehículos independientemente de su valor, lo que no favorece a los hogares con menos recursos.

**Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): -Reducción: Descenso del 2% en 2025, acumulando un 15,36% desde 2019, con una nueva bonificación del 50% para puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2026. -Impacto: Beneficia principalmente a promotores inmobiliarios, constructoras y propietarios que realizan reformas importantes. La bonificación para puntos de recarga es positiva para la transición energética, pero su alcance es limitado, ya que pocos ciudadanos invierten en este tipo de instalaciones. *Críticas: Es un hecho que la medida se percibe por los ciudadanos como elitista, ya que, no impacta a la mayoría de la población, que no realiza obras de gran envergadura.

**Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): -Reducción: Descenso acumulado del 8,27% desde 2019, con una bonificación del 95% para transmisiones por herencia. -Impacto: La bonificación por herencias beneficia a un número significativo de familias, pero el impacto de la reducción general es limitado, ya que solo aplica en casos de transmisiones con incremento de valor. *Críticas: Aunque la bonificación por herencias es bien recibida por los cordobeses, se echan de menos medidas adicionales para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad económica y una reducción real del impuesto de plusvalías.

**Tasa de veladores: -Reducción: Descenso del 25% para 2026, acumulando un 20% desde 2019. -Impacto: Beneficia principalmente al sector hostelero (bares y restaurantes con terrazas), pero no tiene un impacto directo en los ciudadanos comunes. *Críticas: Los cordobeses señalan que esta medida favorece solo a un sector específico, mientras las tasas de servicios esenciales, que afectan a toda la población, han aumentado significativamente.

3.- Subidas de Tasas por Servicios Públicos: Una Carga Regresiva.

Las subidas de tasas por servicios públicos, especialmente en agua y recogida de basura, han generado un fuerte malestar entre los ciudadanos y han sido calificadas como una <trampa> por varios motivos.

**Agua (EMACSA): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, lo que supone un aumento acumulado de aproximadamente el 15% en dos años. -Impacto: El recibo medio del agua para un hogar estándar (4 personas, consumo de 12 m³ al mes) ha pasado de unos 20-25 euros mensuales en 2023 a cerca de 28-32 euros en 2025, según estimaciones basadas en las tarifas de EMACSA. Esto representa un incremento de 70-100 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: La tasa del agua es fija y no varía en función de la renta, lo que afecta proporcionalmente más a los hogares de bajos ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a servicios esenciales.

**Recogida de basura (SADECO): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que acumula un aumento de aproximadamente el 49,5% en dos años. -Impacto: El recibo medio de la basura para un hogar ha pasado de unos 50-60 euros anuales en 2023 a cerca de 80-90 euros en 2025, según cálculos de la oposición y asociaciones de consumidores. Esto supone un incremento de 30-40 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: Al igual que la tasa del agua, la tasa de basura no tiene en cuenta la capacidad económica de los hogares, afectando más a las familias vulnerables.

**Percepción de “trampa”: *La combinación de bajadas modestas en impuestos (que generan ahorros de 2-10 euros anuales por hogar en el IBI o IVTM) con subidas significativas en tasas (que incrementan los recibos en 100-140 euros anuales por hogar) crea la percepción de que el Ayuntamiento está trasladando la carga fiscal de los impuestos a las tasas. *Las tasas por servicios públicos son obligatorias y afectan a todos los hogares, independientemente de su situación económica, mientras que las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería.

*Es un hecho, que los cordobeses ven que estas subidas son una forma de compensar la pérdida de ingresos por las reducciones fiscales, lo que contradice la narrativa del gobierno local de -alivio fiscal por bajada real de impuestos y gravámenes-.

(Nota: La única verdad es que recaudación tributaria se ha duplicado en una década en Córdoba y llega a 572 millones, de forma, que la pretendida bajada de impuestos del P. P. es una entelequia.).

4.- Críticas de la Ciudadanía.

Los ciudadanos critican la política fiscal del Ayuntamiento del P. P., así:

**Falta de progresividad: –Las reducciones fiscales, como las del IBI o el IAE, benefician desproporcionadamente a los contribuyentes con mayores recursos (propietarios de inmuebles de alto valor o grandes empresas), mientras que las subidas de tasas afectan a todos por igual, incluyendo a familias de bajos ingresos. –Los ciudadanos echan de menos medidas como bonificaciones adicionales en tasas para familias numerosas, personas en desempleo o mayores con pensiones bajas, pero estas no han sido aprobadas.

**Opacidad y comunicación: –El gobierno local ha destacado las bajadas de impuestos como un logro político, pero no ha comunicado de manera transparente el impacto de las subidas de tasas. Esto ha generado desconfianza entre los ciudadanos, que perciben que los ahorros publicitados son insignificantes frente al aumento de los recibos de agua y basura. –La percepción de los ciudadanos cordobeses es que han recibido con las subidas de tasas una <puñalada fiscal>, especialmente, tras la aprobación de incrementos del 35% en la basura en 2024.

5.- Implicaciones Políticas y Sociales.

**Descontento ciudadano: – Las subidas de tasas han generado protestas y movilizaciones, especialmente entre asociaciones y colectivos vulnerables. En 2024, el Consejo del Movimiento Ciudadano organizó concentraciones para exigir la congelación de las tasas de agua y basura, sin éxito. – La percepción de una <<trampa> fiscal ha erosionado la confianza en el gobierno local, especialmente entre los sectores de renta baja y media, que no perciben los beneficios de las reducciones fiscales.

**Impacto en la equidad: -La política fiscal actual refuerza las desigualdades, ya que, las tasas por servicios públicos son regresivas y afectan más a los hogares con menos recursos. Por ejemplo, un hogar con ingresos bajos destina un porcentaje mucho mayor de su renta a pagar el agua y la basura que un hogar de renta alta. -La falta de bonificaciones específicas para colectivos vulnerables en las tasas de servicios públicos agrava esta situación.

6.- Motivaciones y Estrategia del Ayuntamiento.

El contraste entre las bajadas de impuestos y las subidas de tasas podría responder a varias motivaciones:

**Estrategia política: – Las reducciones fiscales permiten al PP presentarse como un partido que “baja impuestos”, un mensaje atractivo para su base electoral y para sectores empresariales. Sin embargo, al compensar estas reducciones con subidas de tasas, el Ayuntamiento mantiene sus ingresos sin necesidad de recortar servicios esenciales. – La narrativa de <alivio fiscal> puede ser utilizada como una herramienta de comunicación para contrarrestar las críticas por las subidas de tasas.

**Presión financiera: – Las empresas municipales como EMACSA y SADECO enfrentan costes operativos crecientes debido a la inflación, el aumento de los precios de la energía y las exigencias de normativas europeas (p. ej., en materia de reciclaje y tratamiento de residuos). Las subidas de tasas podrían ser una respuesta a estas presiones, aunque el gobierno local no ha proporcionado un desglose detallado de los costes que justifiquen incrementos tan elevados. – La reducción de impuestos, por otro lado, podría estar destinada a estimular la economía local y atraer inversiones, especialmente en sectores como la construcción y la hostelería.

7.- Implicaciones a Largo Plazo.

**Sostenibilidad financiera: – La estrategia de bajar impuestos mientras se suben tasas podría ser insostenible si los ingresos municipales no cubren los costes de los servicios públicos. Un déficit en empresas como EMACSA o SADECO podría requerir rescates financieros o recortes en otros servicios. – Es un hecho, que las reducciones fiscales podrían estar diseñadas para beneficiar a sectores específicos a corto plazo, sin una visión clara de cómo financiar las necesidades municipales a largo plazo.

**Confianza ciudadana: – La percepción de una <trampa> fiscal podría dañar la credibilidad del gobierno local, especialmente si los ciudadanos no ven mejoras tangibles en los servicios públicos que justifiquen las subidas de tasas. – La falta de medidas específicas para proteger a los colectivos vulnerables podría aumentar el descontento social y alimentar movilizaciones ciudadanas.

**Equidad y justicia fiscal: – Para mejorar la progresividad fiscal, el Ayuntamiento podría considerar bonificaciones escalonadas en las tasas de agua y basura basadas en la renta, similares a las existentes para el IBI en el caso de familias numerosas. – Una comunicación más transparente sobre los motivos de las subidas de tasas y los beneficios de las reducciones fiscales podría mitigar la percepción de “trampa”.

8.- Conclusión.

La política fiscal del Ayuntamiento de Córdoba presenta una contradicción significativa: mientras que las bajadas de impuestos (IBI, IVTM, IAE, ICIO, IIVTNU) se publicitan como un alivio fiscal, las subidas de tasas por servicios públicos (agua y basura) han generado una carga mucho mayor para la mayoría de los ciudadanos.

Las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios de inmuebles de alto valor, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería, mientras que las tasas, al ser regresivas, afectan de manera desproporcionada a los hogares de bajos y medios ingresos.

Esta dinámica refuerza la percepción de una <<trampa>> fiscal, ya que, los ahorros de los impuestos (2-10 euros anuales por hogar) son insignificantes frente a los incrementos de tasas (100-140 euros anuales por hogar).

N.B. Imposición fiscal en Córdoba Capital se asemeja a una emboscada ciudadana.

Los cordobeses perciben falta de progresividad, la opacidad en la comunicación y el impacto desigual de las medidas impositivas del Ayuntamiento.

Córdoba, a 30 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

Desempleo en Córdoba III – Despoblación (Efectos)

***Impacto de la despoblación en el empleo Provincia de Córdoba.

Pérdida de población y mercado laboral: La provincia de Córdoba ha perdido 3.711 habitantes en el último año (hasta julio de 2025, con una población de 770.692) y 33.319 habitantes desde 2012, lo que la sitúa como la provincia española con mayor descenso poblacional en 2025.

  • Esta sangría demográfica, especialmente en comarcas rurales como Los Pedroches y el Alto Guadiato, donde 15 municipios están en riesgo extremo de despoblación (por ej., El Guijo, Fuente la Lancha, Valsequillo), reduce la población activa (383.200 en el primer trimestre de 2025, 4.400 menos que en el último trimestre de 2024).
  • La disminución de la población activa (tasa de actividad del 58,5%, igual a la media andaluza limita el número de personas disponibles para trabajar, lo que afecta la oferta laboral y la capacidad de las empresas para encontrar trabajadores, especialmente en sectores como la agricultura y la industria en zonas rurales.
  • Crisis en el sector agrario: La despoblación está vinculada a la crisis del campo, con una falta de relevo generacional en la agricultura, un sector clave en la provincia (33.000 ocupados, 10,4% del total).
  • Muchos municipios rurales dependen de este sector, pero la dificultad para mantener explotaciones agrícolas, sumada a la emigración de jóvenes formados a otros mercados laborales nacionales e internacionales, reduce el empleo en estas zonas.
  • Cierre de servicios públicos y su impacto en el empleo: La despoblación lleva al cierre de servicios públicos esenciales, como consultorios médicos y aulas escolares (300 aulas cerradas en la provincia desde que el PP gobierna la Junta de Andalucía). Esto reduce empleos en el sector público (solo 5% de los trabajadores en Córdoba son empleados públicos) y desincentiva la fijación de población, perpetuando un círculo vicioso.
  • Por ejemplo, en municipios como Fuente Obejuna, la falta de servicios públicos limita las oportunidades laborales para profesionales como docentes o sanitarios, acelerando el éxodo.
  • Impacto positivo en el sector industrial: A pesar de la despoblación, la provincia ha experimentado un descenso del desempleo industrial del 12% en el primer semestre de 2025, con 42.500 ocupados en la industria (14% del total). Esto se debe a un aumento del 4,5% en los contratos industriales, especialmente en la industria alimentaria, maquinaria y muebles.
  • Sin embargo, la despoblación puede limitar el crecimiento sostenido de este sector, ya que la falta de población joven y formada reduce el talento disponible para nuevas contrataciones.
  • Efectos en municipios específicos: Municipios como Baena (-329 habitantes), Palma del Río (-286), Priego de Córdoba (-282) y Villanueva de Córdoba (-210) han perdido población significativa entre 2022 y 2024, lo que reduce la demanda local de bienes y servicios, afectando al comercio y la hostelería, sectores clave en estas localidades.
  • La pérdida de población extranjera (-1,9% en 2025, la mayor de España) también reduce la mano de obra disponible en sectores como la agricultura y la construcción.

***Impacto de la despoblación en el empleo Córdoba Capital.

Crecimiento poblacional moderado: A diferencia de la provincia, Córdoba Capital ha ganado 484 habitantes en 2024, alcanzando los 324.902, y 2.907 en los últimos dos años. Sin embargo, su crecimiento desde 2.000 (3,6%) está muy por debajo de la media de las capitales de provincia (11,9%).

  • Este crecimiento limitado no compensa la presión sobre el mercado laboral, ya que la capital tiene una alta tasa de actividad, lo que genera mayor competencia por empleos y una tasa de desempleo históricamente elevada (26,7% en 2019).
  • Concentración de empleo industrial: La capital concentra el 35% de las contrataciones industriales de la provincia, con un aumento del 12% en acuerdos laborales en el segundo trimestre de 2025.
  • Sin embargo, la despoblación en la provincia afecta indirectamente a la capital, ya que, reduce el flujo de trabajadores desde áreas rurales que podrían integrarse en el mercado laboral urbano, especialmente en sectores como la construcción (19.000 ocupados, 6% del total) y los servicios (225.000 ocupados, 71% del total).
  • Dependencia de sectores terciarios: La economía de la capital está más orientada a los servicios (turismo, comercio, hostelería), que son más sensibles a fluctuaciones económicas. La despoblación en la provincia reduce el flujo de consumidores rurales hacia la capital, afectando al empleo en estos sectores.
  • Además, la alta tasa de paro femenino (20,7% frente al 14,2% masculino) y entre jóvenes en la capital se ve agravada por la falta de diversificación económica, que podría mitigarse con un mayor aporte de población activa desde los municipios.
  • Impacto del envejecimiento: Aunque la capital no sufre una despoblación tan acusada como la provincia, el envejecimiento de la población (con un crecimiento vegetativo negativo) reduce la población activa joven, lo que limita la creación de empleo en sectores innovadores o tecnológicos.

***Comparación y relación entre ambos.

*Diferencias en el impacto:

-Provincia: La despoblación es más severa, con una pérdida de 3.711 habitantes en 2024 y 15 municipios en riesgo extremo. Esto reduce la población activa y afecta especialmente a la agricultura y al comercio local, aunque el sector industrial muestra resiliencia.

-Capital: La capital mantiene un crecimiento poblacional leve, pero su alta tasa de actividad y dependencia de sectores terciarios la hacen vulnerable a la despoblación provincial, que limita el flujo de trabajadores y consumidores.

-Relación entre despoblación y empleo: La despoblación en la provincia refuerza la concentración de población y empleo en la capital, pero esta no puede absorber toda la demanda laboral, lo que mantiene tasas de paro elevadas (17,32% en la provincia en el primer trimestre de 2025, probablemente más alta en la capital).

-La pérdida de población joven en la provincia (emigración a otros mercados laborales) reduce la disponibilidad de talento para sectores clave como la industria, afectando tanto a la capital como a los municipios.

-La falta de servicios públicos en los municipios (cierre de centros de salud y escuelas) impulsa la migración hacia la capital, pero esta no siempre ofrece suficientes oportunidades laborales, perpetuando el desempleo estructural.

*Iniciativas para mitigar el impacto: En la provincia, la Estrategia para el Reto Demográfico de la Junta de Andalucía (con 2.009.003 euros en 2025) y las ayudas a la natalidad de la Diputación (1 millón de euros) buscan fijar población y generar empleo en zonas rurales. Programas como Relevo Rural conectan desempleados con negocios rurales para fomentar el relevo generacional.

-En la capital, el crecimiento de contratos industriales y proyectos como la Base Logística están generando empleo, pero no abordan directamente la despoblación provincial, que limita el impacto económico global.

 ***Resumen.

-Provincia. La despoblación reduce la población activa, afectando especialmente a la agricultura y al comercio local, aunque el sector industrial muestra una recuperación notable. La pérdida de servicios públicos y la emigración de jóvenes agravan el desempleo en zonas rurales.

-Capital: Aunque no sufre despoblación significativa, la capital enfrenta un mercado laboral saturado por su alta tasa de actividad y dependencia de sectores terciarios. La despoblación provincial reduce el flujo de trabajadores y consumidores, limitando el crecimiento del empleo.

-Relación: La despoblación en la provincia refuerza la concentración de empleo en la capital, pero esta no puede absorber toda la demanda, lo que mantiene tasas de paro elevadas. Las iniciativas para fijar población en los municipios podrían aliviar la presión laboral en la capital y diversificar la economía provincial.

N.B. Es un hecho patente que la despoblación afecta al desempleo, porque, además, de todo lo dicho, camufla engañosamente la tasa de paro, ya que, hace que descienda el paro y su tasa, cuando lo que realmente ocurre es que desciende la población.

Córdoba tiene dos problemas graves, uno, el paro estructural y otro, la despoblación.

Córdoba 14 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Currículums falsificados II –Diputación de Córdoba (La Vara de Medir)

Leo en el Diario Digital Cordópolis  de 26 de julio de 2025, 11:39 h, una noticia inquietante, concretamente, la reproduzco:  

<<“El grupo provincial de Izquierda Unida ha mostrado su “asombro” ante el correo recibido en el día de ayer (viernes) desde el Departamento de Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba, en el que se solicita a los diputados y diputadas provinciales que revisen y actualicen su biografía pública en la página web de la institución.

Para IU, este requerimiento llega en un momento “más que sospechoso”, tan solo dos días después del escándalo nacional protagonizado por Noelia Núñez, dirigente del Partido Popular que había mentido sobre su formación académica. El grupo provincial de IU considera que este movimiento de última hora del PP siembra “dudas razonables” sobre la veracidad de los currículums de sus cargos públicos en Córdoba.

En el mensaje enviado, se solicita a los diputados que envíen “la nueva versión de su biografía exactamente como desean que aparezca en la web”. Desde IU se preguntan si este paso responde al “nerviosismo del PP cordobés” por las noticias que demuestran que el falseamiento de currículums es una práctica “más común” de lo que parece en esa formación”.>>

Simplemente, ruego, que mis lectores lean mi anterior artículo titulado,  “Políticos – Currículums falsificados – la Vara de medir (Ética – confianza pública – credibilidad instituciones) de fecha 25 de julio de 2025, colgado en mi blog que reproduzco literalmente, así.

 <<**Planteamiento.

Con el caso Noelia Núñez (P.P.), que ha dimitido de todos cargos institucionales y de partido, tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer, se ha abierto la caja de los truenos para todos los políticos, que de una u otra forma, han falsificado sus títulos cayendo en la mentira por acción o por omisión, es decir, no diciendo la verdad y faltando a la ética.

El problema está en que no son unos poco sino muchos de todos los partidos y a todos sus niveles, de manera, que expondremos dos ejemplos  de engaño en sus titulaciones por omisión, es decir, por falta de una elemental ética, que los inhabilita para desarrollar los cargos que ocupan, al haber incurrido en engaño manifiesto, así:

*Primer caso: Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, que en su CV colgado en la web de la Diputación, dice en su Formación Académica. “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba”.

(Nota. Dice que tiene “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba” y que actualmente es Presidente de la Diputación de Córdoba, pero, concretamente, no dice que estudios de derecho tiene en la Universidad de Córdoba.

La información disponible sobre Salvador Fuentes Lopera indica que estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, pero no se especifica el nivel exacto de sus estudios, es decir, si completó una Licenciatura en Derecho, un Grado en Derecho, que cursos de la licenciatura superó o si sus estudios fueron parciales sin culminar en un título.

Dado que no hay datos precisos sobre la titulación, no se puede confirmar si completó el programa completo de Derecho o si se trata de estudios no finalizados.

La solución es que el Sr. Fuentes Lopera lo explique claramente y si ha mentido por acción u omisión, su compañera Noelia Núñez le ha enseñado el camino correcto que manda la ética y la ejemplaridad.

*Segundo caso: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma en su currículum de la Cámara Baja que “estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”.

Sin embargo, pese a que con esa afirmación en su ficha parlamentaria López da a entender que finalizó sus estudios, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura.

Con los dos casos expuestos no es necesario dar más explicaciones, pues está claro, que exhibir méritos falsos académicos no solo es un engaño personal, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes sean transparentes y honestos, y, mi opinión es que estas prácticas son inaceptables, ya que, socavan la credibilidad de las instituciones y refuerzan la percepción de que los políticos actúan con impunidad.

**El problema.

El tema de los currículums falsificados por parte de políticos españoles, con licenciaturas, másteres o méritos inventados, es un problema ético y de confianza pública que merece una reflexión crítica.

Este fenómeno no es exclusivo de un partido o ideología, como muestran numerosos casos documentados a lo largo de los años.

Por ejemplo, se han señalado irregularidades en los currículums de figuras como Cristina Cifuentes, con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos obtenido de forma irregular, o Noelia Núñez, quien recientemente dimitió tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer. Otros casos incluyen a políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, etc.  quienes han enfrentado acusaciones de inflar o falsear sus credenciales académicas o profesionales.

Estos ejemplos, entre muchos otros, reflejan una práctica extendida que trasciende colores políticos.

**El problema radica en varios puntos:

-Falta de consecuencias claras: Aunque algunos políticos han dimitido (como Núñez o Cifuentes), otros han mantenido sus cargos a pesar de las evidencias, lo que alimenta la percepción de que estas falsificaciones no tienen un impacto real en sus carreras. Por ejemplo, casos como el de Pablo Casado, donde no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal, muestran que las consecuencias legales suelen ser limitadas.

-Cultura de la apariencia: En política, el currículum se usa a menudo como una herramienta de marketing más que como un reflejo fiel de la preparación. La presión por destacar lleva a algunos a adornar sus méritos, lo cual es especialmente grave cuando se trata de cargos públicos que requieren confianza y competencia.

-Falta de verificación: La ausencia de un sistema riguroso para validar los méritos de los candidatos permite que estas falsificaciones pasen desapercibidas hasta que el periodismo o la oposición las destapan. Esto pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas, como exigir documentación oficial para los currículums públicos, una propuesta que ha ganado fuerza pero no se ha implementado de forma efectiva.

-Impacto en la confianza pública: Cada escándalo erosiona la fe en el sistema político. Los ciudadanos ven estas falsificaciones como un reflejo de una clase política desconectada, que prioriza el poder y la imagen sobre la honestidad. Esto puede alimentar el desencanto y la apatía electoral.

**En resumen, los CV falsos son un síntoma de un problema más profundo:

“La falta de transparencia y rendición de cuentas en la política”.

La solución pasa por establecer mecanismos de verificación estrictos, sanciones claras para quienes mientan y, sobre todo, una cultura política que valore la integridad por encima de la imagen. Mientras tanto, el papel del periodismo independiente y de una ciudadanía vigilante es crucial para mantener la presión y exigir responsabilidad.

**Conclusión. Solo puede ser una, concretamente, que la misma vara de medir se aplique por los partidos en todos los casos por igual en busca de la transparencia y de la ejemplaridad.

La portavoz del P. P. en el Congreso, Ester Muñoz, se ha centrado en su homólogo del PSOE y subrayando que estamos deseosos de que Patxi López, el ingeniero, Portavoz del PSOE dé ejemplo y nos muestre el título que acredita que -estudió ingeniería- cómo dice su perfil de diputado en el Congreso, añadiendo, que si no puede acreditarlo esperamos su dimisión por mentir.

Toda la sociedad civil pide “la misma vara de medir”, de manera que la Portavoz del P. P. debe empezar por limpiar su casa.

N.B. Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P., siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 25 de julio de 2025.>>

**Conclusión.

Creo que sobra cualquier comentario.

Córdoba, 28 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Aforamiento en diferido (el ejemplo perverso del no va más)

El  día 18 de agosto de 2020 colgué en este blog un artículo con el título de “Un escudo desaforado (prevaricación administrativa, historia de un privilegio)” hablando de los aforamiento políticos y decía, entre otras cosas, que “es un hecho cierto, que resulta prácticamente imposible imputar con éxito a una autoridad y/o funcionario público, que dicta una resolución injusta con base al artículo 404 del Código Penal, ya que como he razonado, gozan de un escudo desaforado, siendo lo dicho la historia de un privilegio exorbitante”.

La realidad ha demostrado que ese día me quedé corto en mi crítica a los aforamiento, ya que, el Caso del Diputado Sr. Gallardo (antes Presidente de la Diputación de Badajoz) ha batido todos los límites del aforamiento legítimo, al traspasar cualquier grado de la ética política, pues no solo se afora él en claro fraude de ley, sino que, además, afora posiblemente a todos los miembros encausados con él, lo que ya no es un simple privilegio sino un desafuero que destruye el -valor justicia constitucional- (art. 1.1. C. E.), al implicar la destrucción del principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la C. E. de 1978.

Es una realidad preocupante y desgraciada, que España tiene el dudoso honor poder presumir de tener la plusmarca europea en aforamientos, ya que, seguramente, en nuestra piel de toro más de 250.000 personas poseen una protección jurídica privilegiada al estar aforados, que conlleva que en caso de ser juzgados lo sean por tribunales superiores en vez del ordinario que les correspondería.

La cifra de aforados de nuestro País comparada con otros países europeos produce sonrojo y mucha vergüenza, pues por ejemplo, Italia solo tiene uno y en Francia la cifra no llega a 20. 

Aunque el caso del Diputado Sr. Gallardo ha demostrado que siempre se puede empeorar, traspasando el aforamiento directo y yendo sin ética que valga al proceloso mundo de los aforamiento diferidos, lo que implica un paso más hacia la descomposición de la democracia y de nuestros derechos y libertades.

N.B. El aforamiento en diferido es el ejemplo perverso del no va más de la desigualdad y de la injusticia, y, el ejemplo vivo de como se está destruyendo nuestra democracia constitucional, que es el verdadero asunto, que nos debe preocupar a todos los que defendemos la libertad.

Se trata de un dislate increíble contra toda ley y equidad instalado en el mundo de la arbitrariedad, proscrita en el art. 9 de la C. E.

Córdoba, a 2 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Amnistía – Estado de Derecho (Sin recovecos en ningún sitio)

Hoy es día para denunciar una Ley de Amnistía, que se carga de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

He vivido media vida bajo una dictadura y ahora cuando creía, que entre todos habíamos acabado con cualquier tipo de autocracia dictatorial, vienen “unos pocos muchos, quizás demasiados* y me quieren meter de nuevo en otra dictadura privándome de mis libertades y derechos fundamentales.

Pase lo que pase, no lo aceptaré sublevándome desde ya en favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.

Dicho lo dicho, nadie puede tener duda de donde estoy y ¿por qué?

Aclaro lo que digo, porque creo que la libertad y la Ley no admiten recovecos, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, si admitimos excepciones o eximentes a cualquier tipo de amnistía, aunque se disfrace di cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando recovecos opacos a la negación de toda amnistía.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos libres, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la ley de amnistía, que nos intentan colar por la puerta de atrás del Congreso y encima ciscándose en todos los españoles, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay jueces y magistrados que de una y mil formas comenten “lawfare” contra sus justiciables, sirvan de ejemplo abierto, casos donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley, aunque las disfracen de sentencias y/o autos llenos de justicia, cuando, precisamente, se algo les falta a esas resoluciones es ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E.

Es un hecho patente, que, en algunos muchos casos, quizás demasiados, se dictan resoluciones judiciales que, sin ninguna duda, están fuera de la ley y, encima, en muchos casos, esas resoluciones son irrecurribles, de forma, que solo queda el T. C con su ya estratosférico Recurso de Amparo y/o acudir al TJUE o al T.E.DD.HH.

En estos casos irrecurribles por ley judicial aplicada a fortiori en perjuicio directo del justiciable, la razón de las mismas es una libertad absoluta sin reglas del órgano judicial que las dicta, y, además, como son resoluciones irrecurribles el contenido de las mismas es puro y duro lawfare contra el ciudadano sufridor de las mismas.

DICHO DE OTRA FORMA, LA NEGACIÓN DEL *LAWFARE* DEBE OPERAR EN TODAS DIRECCIONES, PORQUE LO QUE NO PUEDE SER, ES QUE LOS JUECES NO PUEDAN SUFRIR “GUERRA SUCIA JUDICIAL” Y LOS CIUDADANOS JUSTICIALES LO SUFRAN CASI A DIARIO.

2.- Ahora, que todos estamos contra la Ley de Amnistía, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción,  resulta que en sus centros de poder autonómico y local, vienen realizando “amnistías pequeñitas” a políticos y gestores políticos que malgastan dinero público en empresas públicas que llevan a la quiebra técnica o en proyectos faraónicos fallidos al 100 por 100, porque, por ejemplo, cuando las nuevas corporaciones locales salidas de las elecciones municipales pasadas, lejos de pedir responsabilidades a los dirigentes políticos de las anteriores corporaciones, exigiendo la devolución del dinero de todos derrochado sin mesura y sin producir ningún beneficio público, se limitan a decir, que quieren salvar a esas empresas públicas y a todos sus puestos de trabajo, poniendo dinero público a esos fines espurios, sin reclamar el dinero de todos tirado en gastos superfluos, y, corriendo un velo traslúcido de impunidad en favor de esos políticos manirrotos, olvidándose de exigir cualquier tipo de responsabilidad y de que ese dinero público dilapidado debería ser devuelto a los ciudadanos de a pie, es decir, al pueblo.

Solo por poner un ejemplo: En la Diputación Provincial de Córdoba, ahora gobernada por el P. P., los casos de las empresas públicas Emproacsa  (agua) y Epremasa (basura) son un paradigma de lo que digo, de forma, que si o si, el gobierno pepero ha concedido una amnistía “pequeñita” a los políticos y a sus gestores de la anterior Corporación Provincial del PSOE. Se habla de 50.000.000 de euros entre ambas dos empresas citadas, aunque, como, además, no hay auditorias independientes la cifra es un arcano perverso.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque un Presupuesto Borrón para 2024 no merece la pena.

El PP en su “Declaración de Córdoba” se ha pronunciado con rotundidad y con toda la razón contra la amnistía y la corrupción política del PSOE, de manera, que en ello estamos en todos los sentidos, ya que, lo contrario es una simulación contradictoria y rayana en la mentira.

Lo que he expuesto, sin ánimo cerrado, exime de más explicaciones sobre lo que digo, porque no se puede estar con Ley y contra la amnistía del Presidente Sánchez y todos sus comilitones y, a la vez, aplicar amnistías, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.B. Por una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga recovecos, donde algunos puedan cobijarse con absoluta impunidad.

La negación de la amnistía no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople.

Córdoba, a 10 de marzo de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Diputado del Parlamento de Andalucía – II Legislatura – Secretario del Parlamento de Andalucía por Alianza Popular.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.