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Respeto a la Ley – España (Democracia bajo mínimos)

La realidad al día de hoy es, que parece que en España todos los poderes públicos han perdido el respeto a la ley en cualquiera de sus niveles, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, aquí reside el verdadero problema de la falta del respeto a la Ley, que se está apoderando de todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y a todos sus niveles.

Basta por ahora observar la realidad diaria por comprender, que lo que digo es cierto, así:

a).- Un poder legislativo que está al servicio de un Gobierno Central, que ha decidido pasar del Congreso y del Senado, aprobándolo todo por decretos leyes, o, como ahora, aprobado un gasto militar sorpresivo y superlativo al margen de cualquier control incluso de su propio Gobierno.

b).- Un poder ejecutivo autocrático sometido a un líder político que nadie sabe por dónde va y ni a dónde quiere ir, de manera, que vamos de sorpresa en sorpresa, de Cataluña a Waterloo, de Europa a China, de la OTAN a sin la OTAN y con EE. UU. fuera de juego.

c).- Un poder judicial dividido y diluido en la nada e incapaz de adoptar decisiones tan elementales como las presidencias de las salas del T. S., y, dónde las ideologías incapaces de llegar a acuerdos hacen inoperante el CGPJ.

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que la falta del respeto a la ley se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos). No se busca ya el interés general y/o el bien común, sino ocupar espacios de poder apartando como sea al adversario político y apoderándose del empleo público sin dejar el mínimo espacio para la igualdad ante la ley.).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, nadie hace lo que ella dice, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles:

1º.- La C. E. dice en su artículo 10.1 (Dignidad, derechos y respeto a la ley), que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así lo ha consagrado, por ejemplo, nuestro T. C. en Sentencia de Pleno: “Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad Decisión: Pleno. Sentencia Nº de procedimiento: 1024-2004. Sentencia: 17/2013 [ECLI:ES:TC:2013:17]. Fecha: 31/01/2013. Fecha publicación BOE: 26/02/2013.

2º.- Digamos, que lo que dice la Constitución es la teoría, pues en la práctica diaria en España el respeto a la Ley, especialmente, por los Poderes Públicos ha pasado a la gloría de su casi extinción, así:

** Principios constitucionales:

La Constitución Española de 1978 establece que España es un Estado social y democrático de derecho, donde los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1). Este artículo también garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de disposiciones sancionadoras, la seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad por parte de los poderes públicos.

Los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) están obligados a respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas, que vinculan a todas las instituciones (artículo 53). Además, la separación de poderes, consagrada en la Constitución, busca evitar abusos y garantizar un equilibrio institucional.

**Situación actual del respeto a la ley.

*Separación de poderes: Existen realidades perversas sobre la influencia del poder ejecutivo en el judicial, particularmente en la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo la figura distorsionada de la Fiscalía General de Estado un ejemplo de lo que nunca deber ser una democracia regida por la ley de todos.

*Corrupción y ejemplaridad: Informes recientes, como el de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), señalan que España no ha implementado completamente recomendaciones para prevenir la corrupción en altos cargos, jueces, fiscales y cuerpos de seguridad. Esto afecta la confianza ciudadana en los poderes públicos.

*Neutralidad de los poderes públicos: La exhibición de símbolos políticos no oficiales en espacios públicos (como banderas republicanas o lazos amarillos) ha generado debates judiciales. Los tribunales, en vano, han reforzado el principio de neutralidad, exigiendo que los espacios públicos se mantengan libres de símbolos partidistas, según la Ley 39/1981.

*Cumplimiento de la ley en contextos políticos sensibles: Episodios como el referéndum ilegal de Cataluña en 2017 han puesto de manifiesto tensiones entre poderes públicos autonómicos y el Estado central.

*Legislación y participación ciudadana: Hay críticas sobre la falta de debate y participación en la elaboración de leyes, lo que puede debilitar su legitimidad.

**Percepción social.

La confianza de los españoles en las instituciones públicas ha disminuido en los últimos años por múltiples causas, así, casos de corrupción, politización de la justicia y una percepción de falta de ejemplaridad en los líderes políticos.

**Casos relevantes.

*Bloqueo del CGPJ: La parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en su funcionamiento ha sido objeto de críticas nacionales e internacionales, con el Tribunal Constitucional interviniendo para frenar ciertas reformas.

*Amnistía y procesos judiciales: La ley de amnistía para encausados del procés catalán ha generado controversias sobre su compatibilidad con el principio de igualdad ante la ley y el respeto al ordenamiento jurídico.

*Ciberseguridad y derechos fundamentales: El retraso en la aplicación de la ley de ciberseguridad muestra un intento de equilibrar seguridad y derechos, pero también evidencia desafíos en la implementación de normas.

*En un día el Gobierno ha decidido: (I). No someter al control parlamentario un tremendo gasto de defensa; y, (II) Apoyar el que el Fiscal General del Estado nombre una nueva fiscalía especial para que le investigue a él.

3º.- Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B. Lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

Córdoba, a 24 de abril de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

MUNDOS PARALELOS III – Andalucía – Cataluña (Movimiento civil en defensa de la igualdad)

*Por un lado, Junts-Puigdemont 7 votos en el Congreso.

* Por otro lado, P.P. Comunidad Autónoma con mayoría absoluta, Presidencia de la F. A. M. P., 6 Diputaciones, 8 Capitales y la mayoría de poder municipal.

*Congreso Andalucía tiene 61 Diputados: En total son 25 de ellos del PP, 21 del PSOE, nueve de Vox y seis de Sumar.

*Senado 32 senadores andaluces. Tras las elecciones generales del 23 de julio, el PP obtiene 21 senadores por Andalucía y el PSOE los otros once, de los 32 que reparte la región. El Senado tiene 265 miembros, de los que 208 son electos y 57 designados por los Parlamentos autonómicos. El P. P. tiene mayoría absoluta.

***Resulta un hecho extraordinario lo siguiente:

** Cataluña lo tiene todo, incluso el poder sobre la inmigración y la amnistía.

** Andalucía, solo por poner un ejemplo, los 85.000 habitantes de la Zona Norte de Córdoba llevan más de 10 meses sin agua potable y lo que les queda.

Es algo evidente, que lo dicho es irreal y perverso, lo que indica que nuestra democracia está en -stand by- (en espera), y, que el P. P. algo importante no lo está haciendo bien.

Un ejemplo, de lo muchos, que se pueden citar de la atrofia de nuestra democracia, así:

1.- El otro día en Villanueva de Córdoba una Diputación fake (II), presidida por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Sr. Hugo Morán, con la participación del Alcalde de Pueblo, el Delegado del Gobierno en Andalucía, diputados socialistas y algún alcalde más de Psoe, se reunieron para según ellos solucionar el problema del agua, sin invitar al P. P. y encima le dijeron que eran unos traidores a los 85.000 habitantes sin agua del Norte de la Provincia.

2.- El Presidente de la Diputación (I) de Córdoba del P. P., Sr. Fuentes Lopera, agradecido de que les insultaran, le dio el Sr. Secretado de Estado múltiples abrazos y se entregó sumiso, prometiendo públicamente, que le llamaría y que estaría a su disposición las 24 horas del día.

3.- Este caso real pone de manifiesto, que lo que pasa en España es fruto de una sin razón y de una entrega cautiva del P. P. a todas las condiciones del Presidente Sánchez, y, además, con abrazos y más abrazos.

4.- Al menos, como dice la Sñrª. Ayuso: “Que nos dejen de insultar”.

Visto lo visto, la necesidad de un movimiento ciudadano amplio, abierto y solidario en favor de Córdoba y en defensa de la igualdad de todos los andaluces y cordobeses, exenta de cualquier discriminación hacia todos nosotros, es una necesidad constitucional indiscutible, ya que, en las actuales circunstancias de deterioro democrático estar silente y repartiendo abrazos es un despropósito, que nos hace cautivos y rehenes de Junts y demás comparsas, que presiden España, a los todos los cordobeses.

Llegados a este punto, Sñrs. del Partido Popular de Andalucía (Presidente de la Junta de Andalucía, Presidente de la F. A. M. P., Alcaldes, Presidentes de Diputación, Presidentes de Instituciones, Empresas, etc. etc.), lo de está pasando es demasiado e inaguantable.

Solo un ejemplo de discriminación en Andalucía: “Alguien se imagina estar sin agua hasta 2027 y sin energía eléctrica hasta 2030 en Córdoba”.

N.B. Vuelvo al encabezamiento, MUNDOS PARALELOS III – Movimiento Civil en defensa de la igualdad, YA.

Con lo que está cayendo sobre la Zona Norte de Córdoba, solo abrazos y más abrazos es sumirse cautivo y silente ante una discriminación perversa, que, se mire como se mire, es algo inadmisible.

La necesidad inmediata de un movimiento ciudadano amplio, abierto y solidario en favor de Córdoba y su Proyecto común, que beneficie a todos sus habitantes, es imprescindible para recuperar la igualdad de todos los andaluces y cordobeses, ya que, en las actuales circunstancias de deterioro democrático estar pasivo, silente y esclavo es un despropósito, que nos hace rehenes de Junts y demás comparsas, que gobiernan España, a los todos los cordobeses.

Córdoba, a 14 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. en excedencia-.

Huelga de Letrados II (Reforma Integral de la Justicia)

Todos ya contra la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, cosa que es normal, porque a alguien hay que echarle la culpa de cómo está la “Justicia en España” y porque ha puesto de manifiesto a nivel de calle que la Justicia que hay es un muerto viviente, algo así, como la Seguridad Social del Ministro Escrivá.

Todos los españoles saben y sienten que la Justicia en España es un desastre, dicho de otro modo “una injusticia manifiesta”.

Sólo es viable, si se quiere arreglar el estropicio, “llevar a cabo una reforma integral de la misma partiendo de cero”, porque lo que hay, salvo algunas o muchas personas, es poco o nada aprovechable.

Los españoles pueblo puede decir lo que piensan, partiendo de algunos ejemplos sin ánimo cerrado porque los casos lo desbordan todo, así, decir que opinan de:

*Tribunal Constitucional.

*Consejo General del Poder Judicial.

*Fiscalía General del estado.

*Tribunal Supremo con funcionamiento excluyente de los ciudadanos, lleno de reglas de inadmisión de todo, especialmente, si lo que el español de a pie lo que pretende es defender sus derechos frente a cualquier Administración.

*Un sistema de recursos contra las resoluciones judiciales injusto y cautivo de las administraciones, de forma, que si quieres un recurso de reposición a pagar 25 euros, y, salvo milagro, las costas, un recurso de apelación 50 euros y las costas, un recurso de queja 30 euros y posiblemente las costas, de manera que aunque se puede seguir, pararemos aquí por prudencia.

*En la misma senda contra los ciudadanos españoles es lo cierto, que cuando un particular recurre contra la Administración, todo son cortapisas en los órganos judiciales, que se me dirá, que no en todos, pero lo cierto y verdad es que los órganos judiciales casi siempre se posicionan en favor de las administraciones, en cualquier sentido que fastidie al español de a pie. A título de simple ejemplo:

*Si la Ley dice que la Administración debe remitir un expediente completo de acuerdo con el art. 48 de la LJCA y la requerida se salta la ley y envía el expediente Adminsitrativo que quiere arbitrariamente y sin ningún pudor, de forma, que al ciudadano pagano solo le queda recurrir, por supuesto, pagando su recurso y probablemente las costas del mismo.

*Enfrente se encuentra el ciudadano una legión de letrados y abogados, que curiosamente el paga con sus impuestos, que le hacen la vida imposible con todo tipo de triquiñuelas legales, que curiosamente los órganos judiciales suelen permitir porque siempre se admite de defienden el interés general. (A veces está claro que no es así ni mucho menos, pero da lo mismo). La legión de Abogados del Estado, Fiscales también, letrados de las CC. AA., letrados y abogados de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones), abogados de las empresas y fundaciones, etc. que son innumerables y que repito, paga el recurrente ciudadano, no contribuyen casi nunca al respeto a la Ley y al cumplimiento del principio de legalidad, porque no se comportan como servidores públicos, sino como mercenarios al servicio de la causa de quien le paga, sea justa o injusta.

*Se podría seguir hasta un infinito casi cómico, pero con lo dicho todos los españoles lo entienden.

La huelga de Letrados ha servido como he dicho para poner de relieve el estado caótico de la justicia en España y la necesidad de su reforma integral. Tal y como están las cosas, solucionar la huelga legal de los letrados, no servirá para nada, pues queda toda la malicia del sistema, que muchos no quieren ni oír hablar de arreglarlo en aras de la justicia y del pueblo soberano.

Finalmente, hago algunas propuestas para la Reforma Integral de la Justicia, con ánimo abierto, en favor del pueblo soberano, así:

1.- Crear un Cuerpo de Letrados independiente dedicados al servicio del Pueblo y de sus ciudadanos de a pie, con la finalidad única de defender gratuitamente al ciudadano español frente a los desafueros de las Administraciones Públicas y de la Fiscalía y de los propios órgano judiciales y para todos los casos que se le planteen de falta de respeto a ley y de desprecio al principio de legalidad por los mismos.

2.- Que desaparezcan los cobros y pagos por los recursos contra las administraciones para el español de a pie, así como, las costas por recurrir actos administrativos, salvo casos de evidente temeridad y/o mala fe, que deberán ser debidamente motivadas.

3.- Crear una justicia independiente en todos los órdenes y planos, bien dotada económicamente y que, en la medida de lo posible, sea rápida en todas sus instancias.

N.B. Reforma Integral de la Justicia.

Decir, como ahora, que todos los males son derivados de unos Letrados en huelga y todos contra ellos, es un disparate como la reforma de la S. S. del M. Escrivá.

Pronto habrá que escoger y votar, y, para empezar , no estaría nada mal que los ciudadanos tuviéramos información veraz, seguridad y propuestas serias y claras, es decir, saber lo que es posible y lo que es imposible, y, por lo tanto, conocer cuando es verdad o cuando un engaño.

Córdoba, a 19 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Elecciones Municipales – Córdoba (parados e inactivos)

De nuevo, preguntan algunos lectores sobre el paro y el empleo en Córdoba, así que, veamos algunos datos e informaciones:

*Lo primero de todo, ahora mismo, nadie sabe la verdad sobre el paro en Córdoba, pues falta cualquier información veraz, solo tenemos los datos de la EPA, los datos oficiales del M. de Trabajo y los que publica la Junta de Andalucía.

*En la provincia de Córdoba hay un total de 776.597 habitantes, de los cuales 380.369 son hombres y 396.228 son mujeres.

*Según la EPA 3T, Córdoba es la segunda provincia con más paro de Andalucía, su tasa de desempleo roza el 22%, tres puntos más alta la media andaluza y casi 10 más que la de España. Solo Granada tiene una tasa de paro más alta, con el 22,5%.

*Ocupados: 290.303. Personas dadas de alta en la Seguridad Social. De ellos, un 20% o más son trabajadores fijos a tiempo parcial o fijos discontinuos. Solo la S. S. sabe su numero real, pero esperar que publicite cuantos son es una utopía trolera.

*Pensionistas: 170.622. Es decir, hay 1,7 personas trabajando por cada pensionista.

*Parados: 79.095.

*Inactivos reales: 129.378.

*Resto Población: 186.294.

¿Qué problemas tienen el paro y el empleo en Córdoba?

1.- Su número real (desconocido) y su tasa de paro (EPA T. 3).

2.- Los inactivos.

3.- El paro juvenil y el paro de las mujeres.

4.- El paro de los mayores de 50 años.

5.- El paro estructural.

6.- El empleo a tiempo parcial y el crecimiento artificial de los trabajadores fijos discontinuos.

7.- Los trabajadores fijos a jornada completa, los fijos a tiempo parcial y los fijos discontinuos.

8.- El empleo público, que duplica al privado y en ascenso.

9.- La opacidad completa en los datos de empleo y paro, donde solo se conoce lo que se publicita oficialmente y donde la S. S. esta sumida en un silencia oprobioso, siendo la única que tiene datos reales.

Con lo dicho y la situación tan complicada en todos los aspectos que soportamos, las corporaciones locales no tienen otra que intervenir en este asunto primigenio, así que, los ayuntamientos y las diputaciones deben hacer algo, empezando por facilitar a los ciudadanos una información veraz.

No hacer nada con el pretexto de falta de competencias legales es algo inadmisible, de forma, que se puede y de debe.

Reitero, que el desempleo, si o si, crecerá hasta alcanzar tasas insoportable, de forma, que amenazará la supervivencia actual de las pensiones y creará un ambiente social perverso, lo que conlleva que solo las ciudades más competitivas mantendrán unos niveles de empleo aceptables dentro de la crisis.

Es un hecho indiscutible:

*Que hay que gastar solo en todo lo que es necesario, eliminando cualquier gasto superfluo y dilapidador. *En resumen, hay que gastar mejor y extenderse a cubrir necesidades sociales locales.*Las inversiones sociales deben son una prioridad permanente insoslayable, de manera, que cualquier presupuesto local que se haga durante la crisis debe ser expansivo en esos gastos y estricto en gastos personales y materiales innecesarios.*Cualquier presupuesto local debe contener la presión impositiva local, promoviendo y garantizando la creación de riqueza, que incentive el empleo productivo y el nacimiento de puestos de trabajo competitivos bien remunerados.

La realidad es en materia de empleo y paro, que en Córdoba el Ayuntamiento y la Diputación tienen que implicarse y emplearse a fondo, ya que, que no se trata solo corregir el paro, sino de encontrar soluciones para crear empleo productivo digno y ayudar a todos los que necesiten ayuda mientras dura la crisis.

Reitero una verdad absoluta: “que nada beneficia más a una ciudad, que tener un gobierno municipal formado por sus ciudadanos elegidos libremente y que todos saben que no tienen otros intereses que el servicio a los cordobeses en todos los sentidos”.

N.B. Córdoba tiene un problema prioritario, que es su paro y su estructura de empleo, todo, además, solapado y oscurecido por falta de información veraz, de manera, que en las elecciones municipales y en tiempos de tiempos de policrisis, las corporaciones locales tienen algo-mucho que hacer por sus ciudadanos.

Empezar por “una información veraz” es una base imprescindible para hacer y deshacer, buscando soluciones reales para todos los cordobeses.

¿Por qué la S. S. no informa y por qué los políticos cordobeses están callados y silentes?

Córdoba, a 6 de noviembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Elecciones Municipales – Desempleo y Pensiones (policrisis)

Preguntan algunos lectores sobre el paro y las pensiones en unas elecciones municipales, pidiendo opinión sobre el papel las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) ante los problemas del desempleo y las pensiones, pues dicen, que les dicen, que estas entidades locales nada pueden hacer en este asunto al no tener competencias ni medios.

La verdad es que algo si pueden hacer, máxime, si nos movemos como ahora en una “policrisis”, como la que dice el Banco de España, que debe afrontar la Nación Española.

En esta situación tan complicada en todos los aspectos el término “autodefensa” adquiere vida propia, de forma, que las corporaciones locales no tienen otra que intervenir en cualquier asunto esencial y, sin duda, el paro y las pensiones son unos de esos asuntos, así que, los ayuntamientos y las diputaciones deben hacer algo en ellos, además, tienen medios personales y materiales, a la vez, que tienen autonomía financiera y económica. No hacer nada con el pretexto de falta de competencias legales es algo inadmisible, de forma, que se puede y de debe.

El desempleo, si o si, crecerá hasta alcanzar un pico casi insoportable, de forma, que amenazará la supervivencia actual de las pensiones, lo que implica que solo las ciudades más competitivas mantendrán unos niveles de empleo aceptables dentro de la crisis. En definitiva, prima la “autodefensa”

Lo primero de todo es, que las Corporaciones Locales (ayuntamientos y diputaciones) tienen que aprender a defenderse por sí mismas.

Lo segundo es, que nadie espere o crea que alguien vendrá a ayudar, por la sencilla razón de que no podrán.

Entiendo, que, además, para empezar hay que decir alto y claro:

“Que hay que gastar solo en todo lo que es necesario, eliminando cualquier gasto superfluo y dilapidador”.

En resumen, hay que gastar mejor y extenderse a cubrir necesidades sociales locales, superando, mientras exista crisis, el tope de gasto permitido con un límite que permita siempre una marcha atrás.

Las inversiones sociales deben ser, sin discusión, una prioridad permanente insoslayable, de manera, que cualquier presupuesto local que se haga durante la crisis debe ser expansivo en esos gastos y estricto en gastos personales y materiales innecesarios.

Cualquier presupuesto local debe contener la presión impositiva local, promoviendo y garantizando la creación de riqueza, que incentive el empleo y el nacimiento de puestos de trabajo competitivos bien remunerados.

**Unos datos sobre paro en Córdoba y sobre sus pensionistas:

*Aproximadamente, un 46% de los pensionistas de Córdoba viven bajo el umbral de la pobreza, se trata de la provincia de Andalucía con más personas en esta situación y afecta más a las mujeres, ya que el 56% de las pensiones de viudedad están por debajo de ese umbral.

*Un jubilado percibe en 2022 en Córdoba una pensión media sobre 1.026, 41 – eur.

*Un pensionista de 65 o más años en Córdoba, que tenga un cónyuge a su cargo, tiene en 2022 una pensión mínima de 890,5 -eur.

La realidad es en materia de paro y pensiones, que en Córdoba el Ayuntamiento y la Diputación algo si pueden hacer, de forma, que en las elecciones municipales hay que estar atento a las propuestas de los partidos que se presentan a las mismas, ya que, que no se trata solo corregir el paro y mejorar las pensiones, sino de encontrar soluciones para crear empleo y ayudar a todos los pensionistas que están en nivel de pobreza, aunque no solo a ellos.

Repetirlo no es malo, máxime, cuando estamos asistiendo a un espectáculo político de los partidos políticos hegemónicos lamentable, así que, conviene reiterar una verdad absoluta: “que nada beneficia más a una ciudad, que tener un gobierno municipal formado por sus ciudadanos elegidos libremente y que todos saben que no tienen otros intereses que el servicio a los cordobeses en todos los sentidos”.

N.B. Las elecciones municipales en tiempos de policrisis: “las corporaciones locales tienen algo-mucho que hacer por el desempleo y las pensiones”.

La situación de Córdoba, incluso dentro de Andalucía, es tremendamente delicada y acuciante en materia de paro y pensiones, así que, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales tienen mucho camino que andar, potenciando su autodefensa con presupuestos inclinados a mejorar a los más necesitados.

¿Se puede hacer algo? Si. Pues, ESO.

Córdoba, a 30 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.