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Políticos – Currículums falsificados – la Vara de medir (Ética – confianza pública – credibilidad instituciones)

**Planteamiento.

Con el caso Noelia Núñez (P.P.), que ha dimitido de todos cargos institucionales y de partido, tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer, se ha abierto la caja de los truenos para todos los políticos, que de una u otra forma, han falsificado sus títulos cayendo en la mentira por acción o por omisión, es decir, no diciendo la verdad y faltando a la ética.

El problema está en que no son unos poco sino muchos de todos los partidos y a todos sus niveles, de manera, que expondremos dos ejemplos  de engaño en sus titulaciones por omisión, es decir, por falta de una elemental ética, que los inhabilita para desarrollar los cargos que ocupan, al haber incurrido en engaño manifiesto, así:

*Primer caso: Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, que en su CV colgado en la web de la Diputación, dice en su Formación Académica. “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba”.

(Nota. Dice que tiene “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba” y que actualmente es Presidente de la Diputación de Córdoba, pero, concretamente, no dice que estudios de derecho tiene en la Universidad de Córdoba.

La información disponible sobre Salvador Fuentes Lopera indica que estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, pero no se especifica el nivel exacto de sus estudios, es decir, si completó una Licenciatura en Derecho, un Grado en Derecho, que cursos de la licenciatura superó o si sus estudios fueron parciales sin culminar en un título.

Dado que no hay datos precisos sobre la titulación, no se puede confirmar si completó el programa completo de Derecho o si se trata de estudios no finalizados.

La solución es que el Sr. Fuentes Lopera lo explique claramente y si ha mentido por acción u omisión, su compañera Noelia Núñez le ha enseñado el camino correcto que manda la ética y la ejemplaridad.

*Segundo caso: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma en su currículum de la Cámara Baja que “estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”.

Sin embargo, pese a que con esa afirmación en su ficha parlamentaria López da a entender que finalizó sus estudios, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura.

Con los dos casos expuestos no es necesario dar más explicaciones, pues está claro, que exhibir méritos falsos académicos no solo es un engaño personal, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes sean transparentes y honestos, y, mi opinión es que estas prácticas son inaceptables, ya que, socavan la credibilidad de las instituciones y refuerzan la percepción de que los políticos actúan con impunidad.

**El problema.

El tema de los currículums falsificados por parte de políticos españoles, con licenciaturas, másteres o méritos inventados, es un problema ético y de confianza pública que merece una reflexión crítica.

Este fenómeno no es exclusivo de un partido o ideología, como muestran numerosos casos documentados a lo largo de los años.

Por ejemplo, se han señalado irregularidades en los currículums de figuras como Cristina Cifuentes, con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos obtenido de forma irregular, o Noelia Núñez, quien recientemente dimitió tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer. Otros casos incluyen a políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, etc.  quienes han enfrentado acusaciones de inflar o falsear sus credenciales académicas o profesionales.

Estos ejemplos, entre muchos otros, reflejan una práctica extendida que trasciende colores políticos.

**El problema radica en varios puntos:

-Falta de consecuencias claras: Aunque algunos políticos han dimitido (como Núñez o Cifuentes), otros han mantenido sus cargos a pesar de las evidencias, lo que alimenta la percepción de que estas falsificaciones no tienen un impacto real en sus carreras. Por ejemplo, casos como el de Pablo Casado, donde no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal, muestran que las consecuencias legales suelen ser limitadas.

-Cultura de la apariencia: En política, el currículum se usa a menudo como una herramienta de marketing más que como un reflejo fiel de la preparación. La presión por destacar lleva a algunos a adornar sus méritos, lo cual es especialmente grave cuando se trata de cargos públicos que requieren confianza y competencia.

-Falta de verificación: La ausencia de un sistema riguroso para validar los méritos de los candidatos permite que estas falsificaciones pasen desapercibidas hasta que el periodismo o la oposición las destapan. Esto pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas, como exigir documentación oficial para los currículums públicos, una propuesta que ha ganado fuerza pero no se ha implementado de forma efectiva.

-Impacto en la confianza pública: Cada escándalo erosiona la fe en el sistema político. Los ciudadanos ven estas falsificaciones como un reflejo de una clase política desconectada, que prioriza el poder y la imagen sobre la honestidad. Esto puede alimentar el desencanto y la apatía electoral.

**En resumen, los CV falsos son un síntoma de un problema más profundo:

“La falta de transparencia y rendición de cuentas en la política”.

La solución pasa por establecer mecanismos de verificación estrictos, sanciones claras para quienes mientan y, sobre todo, una cultura política que valore la integridad por encima de la imagen. Mientras tanto, el papel del periodismo independiente y de una ciudadanía vigilante es crucial para mantener la presión y exigir responsabilidad.

**Conclusión. Solo puede ser una, concretamente, que la misma vara de medir se aplique por los partidos en todos los casos por igual en busca de la transparencia y de la ejemplaridad.

La portavoz del P. P. en el Congreso, Ester Muñoz, se ha centrado en su homólogo del PSOE y subrayando que estamos deseosos de que Patxi López, el ingeniero, Portavoz del PSOE dé ejemplo y nos muestre el título que acredita que -estudió ingeniería- cómo dice su perfil de diputado en el Congreso, añadiendo, que si no puede acreditarlo esperamos su dimisión por mentir.

Toda la sociedad civil pide “la misma vara de medir”, de manera que la Portavoz del P. P. debe empezar por limpiar su casa.

N.B. Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P., siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 25 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Cosas importantes VI – Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (Una vergüenza – Mucho más que una inmoralidad)

Seguimos con las cosas importantes, ahora se publicita por todos los medios de información, que “EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS” destina sus fondos escasos al mercado del arte y a mordidas económicas de su cúpula directiva y la Ministra del ramo como si nada, es decir, “fuera de juego”.

Nota. El déficit del CNIO supera cuando menos los 4,5 millones, existiendo un derroche injustificable en sobresueldos y obras de arte, y, además, la directora del Centro contra el Cáncer incluyó en un programa de 2,4 millones a la fundación animalista donde trabaja su pareja, etc. etc.. (Diarios Digitales: EsDiario, El Debate y El Objetive – 17/12/24 y 18/12/24).

Los españoles de a pie vuelven a ser atracados sin pudor por unos administradores del dinero público una vez más, y, los derrochadores manirrotos en su propio beneficio contentos en su impunidad, porque todos ellos están convencidos, que el dinero en su bolsillo está mejor que en el de sus investigadores y pacientes oncológicos, y, además, que saldrán libres y sin responsabilidad alguna, eso sí, de devolver el dinero nada de nada.

Lo del CNIO es una vergüenza incalificable y perversa del uso y derroche del dinero público de los más necesitados”.

Córdoba Abierta -ACOA- está para luchar por las “cosas importantes” como el valor justicia, la libertad y la igualdad, y,  visto lo visto, si se permitimos impasibles, que casos escandalosos como el del CNIO persistan sin que nadie se mueva, estamos perdidos, así que, todos en defensa de nuestros derechos y libertades, levantando un muro de autodefensa sostenido por la fuerza de todos los españoles.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  Las cosas importantes, como la desvergüenza y falta total de ética de los dirigentes y administradores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, hay que denunciarlas y erradicarlas con acciones de autodefensa de nuestra democracia.

Celebrar de inmediato unas elecciones libres y democráticas es ya una necesidad.

Córdoba, a 18 de diciembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.

La Ley solo es para el Pueblo Soberano (A todos los niveles España ya no es un Estado de Derecho).

Las noticias de los últimos días son descorazonadoras respecto al cumplimiento de la Ley por los poderes públicos, cualquiera que sea el nivel público objeto de examen.

Los poderes públicos en general y a cualquier nivel no cumplen ya con el principio de legalidad (art. 9., C. E.) y el valor justicia ha caído en desuso (art. 1.1., C. E.), de forma, que lo peor es que no pasa nada a esos poderes públicos (políticos, judiciales y/o administrativos), que inaplican la ley, ignoran la ley, omiten la ley, aplican la ley a demanda subjetiva sin reglas, aunque lo verdaderamente descorazonador es que cuando el ciudadano de a pie denuncia encima esos poderes públicos paralegales lo machacan sin piedad, a base de tasas, depósitos de para recursos, multas y amenazas de todo tipo.

Lo que digo, es duro de asumir y me dirán, que no es cierto, pero no hay más que salir a la calle, a la realidad diaria, y se verá que todo lo expuesto es la pura verdad, se manera que ejemplos sobran, así:

*Políticos. Lo del Sr. Errejón lo conocían sus compañeros políticos, siendo la Ministra Yolanda Díaz un ejemplo de responsabilidad compartida y de irresponsabilidad política.

*Judiciales. Que cualquier ciudadano de a pie ponga una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra un juez por inaplicar la ley y se verá, que no pasa nada, es más, ni siquiera se hará la mínima investigación, pues la ley solo se aplica al ciudadano que denuncia.

Administrativos. Los poderes públicos administrativos (alcaldes, presidentes del Diputaciones, presidentes de CC.AA. etc.) si inaplican la ley no pasa nada, pues frente a la responsabilidad completa y total del ciudadano de a pie, las personas de esos  poderes que ignoran la ley, la inaplican y solo la usan para cobrar impuestos y otros excesos contra el ciudadano, siendo irresponsables e impunes. Si alguien lo duda, que ponga una denuncia penal por inaplicar la ley contra un alcalde, un presidente de diputación, un consejero de una CC.AA., y, se verá que no prospera ninguna, ya que, salvo casos extremos de apoderamiento de lo público, todos son irresponsable, ya que, incumplir la ley goza de impunidad para esas personas.

Por otro lado, solo una pregunta: ¿Alguien asume su responsabilidad?

La respuesta es de dominio público: “NO”.

La falta de responsabilidad y la impunidad ante el incumplimiento repetido de la ley de algunos-muchos poderes públicos es demasiado incluso para sus incondicionales, de manera, que como, además, muchos son aforados se permiten el lujo de decir, “vayan a los tribunales”, es decir, la falta de respeto a la ley no es nada para esas personas que tienen un poder que emana del pueblo según la C. E.  

En definitiva, la conclusión es la inicial: “la aplicación de la ley solo es para el Pueblo Soberano”.

N.B.  En España la Ley solo es para el Pueblo Soberano, porque, se mire como se mire, los poderes públicos (políticos, judiciales y administrativos) pasan algunos-muchos de aplicar la ley según sea de su agrado o no, respetar y aplicar el principio de legalidad para todos por igual.

El Estado Social y Democrático de Derecho constitucional está en desuso entre algunos – muchos poderes públicos, que inaplican la ley por acción u omisión.

Córdoba, a 26 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Ayuntamientos cautivos III – Presupuesto Diputación de Córdoba (amnistía – impunidad – gasto público)

1.- La Diputación de Córdoba ha publicitado como un logro, que va a anticipar a los municipios la cifra récord de 123,6 millones *a cuenta de la recaudación de los ayuntamientos de la provincia del ejercicio 2024*, y, que, de esos millones, que se darán como anticipo, 35,6 corresponden a fondos propios de la Hacienda Local de Diputación, que saldrán de su tesorería, y 88 con cargo a un operación de crédito firmada recientemente con Caixabank.

2.- Dicen sus voceros de la propaganda, que 35,6 millones corresponden a fondos propios de la Diputación, que saldrán de su tesorería, sin decir, por supuesto, de qué lugar de tesorería extraordinariamente menguada salen, ya que, si, además, necesita 88 millones con cargo a una operación de crédito firmada con Caixabank, significa, se mire como se mire, que está sin liquidez, así, (I). *solo en Emproacsa – Empresa de Aguas- ha tenido que tapar agujeros para evitar una quiebra técnica inminente por importes superiores a 30 millones de euros, teniendo una pérdidas por encima de los 10 ,5 millones de euros, *sin que ni siquiera se hayan planteado recuperar esas cantidades malgastadas por los políticos de la anterior corporación  y sus gestores, *sin que se sepa, ni por asomo, si la empresa tenía cubierta y asegurada su posible responsabilidad con alguna póliza de seguro, *sin que, a mayor inri, por el equipo de gobierno del P. P. haya solicitado una auditoria inmediata por una empresa o institución independiente para conocer la realidad económica de la Empresa, que sin temor a equivocación o error será mucho peor que las cifras oficiales publicadas, y, así, un largo etc.; (II). *en la empresa de basuras Epremasa, dada su deteriorada situación económica, le han arrimado una subvención a fondo perdido de 2.000.000, subiendo la tasa de basura un 41,8% y sin que se sepa cuáles son sus pérdidas reales y su situación financiera verdadera; (III) se han tenido que poner a retortero cantidades ignotas para tratar de aplacar a la Zona Norte de Córdoba por su problema de agua de la que carecen; y, así, se podría seguir casi sin final conocido.

3.- La deuda real de la Diputación es un misterio insondable, porque no se ha hecho una auditoría externa integral y el Gobierno del P.P. se niega irresponsablemente a hacerla.

La deuda real consolidada, siendo prudente, debe estar rondando los 100 millones de euros y el déficit debe ser superior a 76 millones de euros, razón por lo que se entiende, que se haya tenido que suscribir una operación de préstamo financiero de 88 millones con CaixaBank solo para el tema de los anticipos a los municipios, y, que el Presidente, lo publicite, como un gran triunfo financiero, sin rubor alguno, es un dislate, cuando realmente lo que está haciendo es gastarse lo que no tiene,  haciendo suyas las políticas socialistas de más gasto público mayoritariamente improductivo.

4.- El presidente de la Diputación abrazado al muro socialista y a sus políticas de fomento del gasto público estéril, en vez de cumplir la promesa del P. P., *se endeuda sin más, envuelto en un bucle desconocido, y, sin tener al menos un hilo de salida de su propio laberinto; y, *en lugar de bajar los impuestos los sube sin control razonable (por lo menos un 3,46%, en tiempo récord), asumiendo deudas heredadas sin comprobación alguna, haciendo suyas unas pérdidas empresariales ignotas por activa y por pasiva.

Así, por ejemplo, la declaración del Presidente Fuentes (sobre los anticipos a los municipios de la Provincia), es francamente demoledora para las promesas electorales del P.P., así, ha dicho, entre otras cosas, que:

“En total han sido 57 municipios los que han reclamado el 80% del anticipo frente a los 14 que han optado por el 10 por ciento.

Por otro lado, han sido 7 municipios los que han dejado supeditada su solicitud de reembolso adelantado por la buena economía de sus arcas municipales”.

5.- Lo anterior significa, que el Sr. Fuentes ha dicho, que “solo 7 municipios tienen una buena economía en sus arcas municipales”, de forma, que el resto de ellos están casi en la ruina y, a pesar de ello, se dopa su deuda incentivando el gasto.

5.1.- 57 municipios han reclamado el máximo del anticipo del 80%, lo que supone, que se han gastado, lo que tenían y lo que no tenían, lo que implica, también, que ahora son más cautivos que antes de la Diputación (ahora del P. P.), de manera, que la política de gasto público socialista de derrochar el dinero público se fomenta y amplía, lo que supondrá una subida de impuestos, como mínimo del 3.46%, para los ciudadanos de esos pueblos.

5.2.- Solo 14 municipios han optado por el 10% del anticipo, lo que supone, que se han administrado un poco mejor, pero, que ahora siguen cautivos de la Diputación (ahora del P. P.), de manera, que la política de gasto público socialista continúa.

En otras palabras, la Diputación concede “anticipos a cuenta de la recaudación de los ayuntamientos de la provincia del ejercicio 2024”, dinero que, lógicamente, tendrán que devolver con todos los recargos e intereses correspondientes, lo que significa, si o si, que todos esos municipios perderán su independencia financiara y pasando a depender de la Corporación Provincial, más de lo que ya están, gastando lo que aún no han ingresado, y, que no saben cuándo lo van a devolver.

6.- Por si faltara poco, el Presidente del P. P. ha amnistiado a la anterior Corporación, y, a sus políticos y administradores manirrotos, renunciando, además, a recuperar el dinero público malgastado, consagrando públicamente su impunidad.

En conclusión, si lo dicho, no es lo más contrario a la política prometida del P. P. de bajar los impuestos y controlar el gasto público, solo cito el refrán: “Que venga Dios y lo vea”.

N.B. Ayuntamientos cautivos, gasto público malgastado, amnistía plena e impunidad, aunque eso sí, se suben los impuestos y se abrazan políticas socialistas.

Córdoba, a 27 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. –

Por encima de la Ley (impunidad y desigualdad)

Ahora que solo se habla de lawfare judicial, leo, que la Secretaria General del P. P. Srñª. Gamarra ha dicho públicamente, “que los políticos no están por encima de la ley”, lo que, siendo cierto, solo es una media verdad, ya que, según la Constitución Española de 1978, hasta hora vigente, lo que dice <<es que nadie está por encima de la Ley> (ver art.9. C. E.), salvo lo que establece el art. 56.3 de la misma, al decir que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”.

Entiendo, que lo dicho significa, que cualquier ciudadano español puede ser llamado a declarar por el Congreso y el Senado de acuerdo con la ley. Dejando claro, *primero, que las Cámaras mencionadas deben justificar suficientemente el ¿por qué? de su citación para que el ciudadano en cuestión pueda ejercer su derecho a comparecer o no, y/o, -bien declarar o no-, y, *segundo, que todos los diputados y senadores, para que no lo olviden, también, están sometidos a la Ley (C. E.).

El Estado Social y Democrático Constitucional (art. 1. C. E.) impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, y, el principio por el que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el Estado, están sometidas a leyes, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, leyes que deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. La C. E. de 1978 deja muy claro que “todos los españoles sin exclusión son iguales ante la ley”, de forma, que por encima de la Ley solo hay impunidad y desigualdad.

Córdoba, a 2 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.