Alberto Núñez Feijóo ha presentado su «Contrato con España» sobre cuatro principios:
*Decir la verdad, *respetar la ley, *que el esfuerzo valga la pena y *preservar la unidad.
Ha prometido gobernar “desde la verdad”, rendir cuentas y ser juzgado “por los hechos, no solo por las palabras”.
Pues bien: Si ese contrato tiene algún valor, debe empezar a exigirse también en las Diputaciones gobernadas por el PP., y, concretamente, en la Diputación de Córdoba, presidida por Salvador Fuentes Lopera, hay motivos fundados para sostener que no se está cumpliendo:
“Se está ejecutando, con dinero público y bajo siglas populares, buena parte de la agenda que el PP dice combatir en Madrid”.
<<Coherencia o traición>>
No se trata de un matiz de gestión ni de una inevitable “flexibilidad territorial”, sino que se trata de una cuestión de coherencia política:
“Un partido no puede predicar austeridad, neutralidad institucional y control del gasto en la capital, mientras su presidente provincial financia prioridades, estructuras y relatos que pertenecen claramente al adversario ideológico”.
El votante de centro-derecha no es ingenuo, de forma, que no acepta que se le pida exigir rigor al Gobierno central y, a la vez, tolerar en su propia casa presupuestos que premian la ineficiencia, la opacidad y el sectarismo.
La palabra dada no admite doble contabilidad: *Una para Génova y *otra para Córdoba.
<<Tres rupturas evidentes>>
1.- Financiar la agenda del rival. Si el PP sostiene que determinadas políticas de memoria deben superarse por ideologizadas, *no puede luego destinar recursos provinciales a consolidarlas, ampliarlas o darles cobertura institucional*. La coherencia no consiste en cambiar de discurso según el micrófono, sino que consiste en no financiar con el dinero de los contribuyentes aquello que se dice querer derogar.
2.- Rescatar sin control lo ruinoso. Las empresas públicas provinciales, como EMPROACSA y EPREMASA, no pueden convertirse en cajas negras donde el dinero público cubre déficits, ineficiencias y decisiones opacas. El presidente de la Diputación es también responsable de EMPROACSA, según la propia estructura institucional provincial. Exigir auditorías independientes, cuentas claras, indicadores de eficiencia y rendición pública no es <deslealtad interna>: “Es el mínimo deber de quien administra fondos de todos los cordobeses”.
3.- Confundir pacto con rendición. Pactar una carretera, un abastecimiento de agua o una obra necesaria es gestión pública, pero pactar la financiación de relatos, estructuras o prioridades ajenas es concesión política.
La diferencia no es técnica: “Es sustancial”.
*La primera sirve al ciudadano; *la segunda compra silencios, legitimidades ajenas y paz de despacho.
<<El “pragmatismo” como coartada>>
Siempre aparecerá la misma excusa: “hay que gobernar”, “son compromisos legales”, “así funciona la política territorial”, pero la asignación presupuestaria nunca es un acto neutro: “Revela qué se considera prioritario, qué se protege y qué se sacrifica”.
Cuando la prioridad es contentar a la oposición ideológica antes que defender el programa con el que se pidió el voto, no hay pragmatismo: “Hay abandono del mandato recibido”.
Y cuando la dirección del PP guarda silencio ante esa deriva, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad institucional.
<<La factura electoral>>
El electorado ya no es un cheque en blanco. No vota siglas para que, una vez alcanzado el poder territorial, se reproduzca -con otros colores y otros beneficiarios- el mismo gasto descontrolado, la misma discrecionalidad y la misma instrumentalización de lo público que se denuncia en el adversario.
Las consecuencias son previsibles: “Pérdida de credibilidad, abstención y fuga de voto hacia alternativas más coherentes con el electorado. No porque el votante sea extremista, sino porque entiende que la incoherencia es una forma elegante de engaño”.
<<Lo que debe exigirse ya>>
La Diputación existe para garantizar servicios esenciales -agua, residuos, carreteras, asistencia a los municipios-, no para financiar agendas ideológicas ni sostener estructuras ineficaces. La propia Diputación presenta actuaciones de EMPROACSA como servicios de abastecimiento y obras provinciales, y, precisamente por ello, su gestión debe someterse a un escrutinio máximo.
***El PP nacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Debe imponer de inmediato:
**Auditorías externas e independientes de EMPROACSA, EPREMASA y resto de empresas e instrumentos provinciales.
**Publicidad íntegra de convenios, subvenciones, encomiendas y transferencias con implicación ideológica.
**Comités de garantías internos con capacidad real de vigilancia y sanción.
**Disciplina programática exigible a presidentes provinciales, alcaldes y cargos públicos del partido.
**Un principio innegociable: “Ningún euro público para financiar el relato, las estructuras o las prioridades de la oposición ideológica”.
<<Conclusión>>
Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato: “Es un eslogan”. *Si Feijóo quiere que su «Contrato con España» tenga credibilidad, debe demostrar que también obliga en Córdoba*.
Porque no basta con prometer verdad, ley, esfuerzo y unidad en Madrid, porque hay que practicarlos en cada Diputación, en cada empresa pública y en cada presupuesto provincial. Si no, el votante tendrá razón al concluir que el contrato se firmó para ganar elecciones, no para cambiar la forma de gobernar.
N.B. Imagen. Conceptual – (El «Contrato con España» se rompe en Córdoba).
Córdoba, 20 de octubre de 2026.
Fdo.: Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.
A menudo ocurre, que las métricas macroeconómicas y los grandes titulares de los telediarios se empeñan en pintar una realidad paralela que choca frontalmente con el pulso diario de la calle. De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los sondeos oficiales y los barómetros de opinión pública suelen estructurar las inquietudes ciudadanas en torno a grandes bloques teóricos (vivienda, empleo, sanidad), sin embargo, cuando uno pisa los barrios de Córdoba, los comercios de la capital o los municipios de la provincia, el panorama se despliega con matices mucho más crudos, directos y alejados de la retórica de los partidos.
<<Las auténticas prioridades del votante cordobés – (Sin filtros oficiales)>>
Si dejamos a un lado los argumentarios de campaña y escuchamos el auténtico sentir de los ciudadanos, las preocupaciones reales que configuran el estado de ánimo en nuestra provincia se ordenan de otra manera:
1.- Empleo real, precariedad y sueldos estancados.
Aunque las estadísticas oficiales hablen de mínimos en las listas del paro, en la calle se percibe una realidad muy distinta:
“La de la temporalidad crónica, los contratos a tiempo parcial que impiden la emancipación y unos sueldos completamente asfixiados frente a la inflación y el coste de la vida”.
Para el trabajador de la pequeña empresa, la hostelería, el comercio o el sector agrario cordobés, la promesa económica de los partidos suena lejana, de forma, que se exige una revisión profunda del modelo productivo local para que trabajar deje de ser sinónimo de vulnerabilidad.
2.- La presión migratoria y la gestión de la integración.
Este es uno de los debates más vivos en los corrillos cotidianos y de los que mayor polarización genera. Por un lado, existe una gran inquietud por la saturación de los recursos sociales de acogida y la falta de control en los flujos migratorios (incluyendo el debate sobre los menores extranjeros). Por otro, se constata la paradoja de que sectores enteros de nuestra provincia -como la recogida de la aceituna o los trabajos de campaña en el campo- dependen estructuralmente de esa mano de obra extranjera, evidenciando un modelo de inserción mal resuelto por las administraciones.
3.- El abandono de nuestras infraestructuras y la despoblación.
La provincia sufre una clara fractura a dos velocidades, ya que, mientras la capital concentra los servicios, el norte (Los Pedroches, el Valle del Guadiato) y la Campiña sufren una sangría demográfica constante, falta de oportunidades, brecha digital y graves problemas de abastecimiento de agua en periodos de sequía. A esto se suma el profundo malestar por el deterioro de la red viaria y las deficiencias históricas en el transporte público, cercanías y conexiones ferroviarias, pasando todo, además, por una necesidad del aumento de la potencia eléctrica que paraliza el desarrollo de la Provincia.
4.- Desigualdades de género y brechas socioculturales.
En los pueblos y barrios de Córdoba se observa una dualidad compleja, ya que, frente a la total incorporación académica y laboral de las nuevas generaciones, *en determinados entornos rurales o comunidades persiste una brecha profunda de inactividad femenina y exclusión de los circuitos económicos formales*, exigiendo políticas de integración y empleo que vayan más allá del titular vacío.
<<La paradoja de la gestión local – (Cuando el centro-derecha contradice a sus votantes)>>
Un factor que genera enorme perpetuidad e indignación en el electorado cordobés de centro-derecha es la brecha entre los discursos de firmeza, austeridad y rigor fiscal frente a las decisiones reales de gobierno en las instituciones locales.
Es difícil de digerir que formaciones que gobiernan –como el PP en la Diputación de Córdoba y en el Ayuntamiento– apuesten por pactos de conveniencia presupuestaria con la izquierda, cediendo partidas para apertura de fosas, memoria democrática o subvenciones a entes públicos deficitarios, **al tiempo que suben las tasas de agua y basura (vía Epremasa, Sadeco o Emacsa) y aumentan el gasto público, ofreciendo a cambio rebajas fiscales meramente testimoniales**.
Los aparatos de los partidos pecan a menudo de soberbia, confiando en que el votante tiene “memoria corta”, sin embargo, esta falta de coherencia erosiona la credibilidad de la buena gestión y alimenta tres consecuencias claras de cara al 29-N:
**La fuga de votos hacia opciones a la derecha del PP (como Vox), utilizadas como enmienda a la totalidad para exigir coherencia ideológica y fiscal.
**La abstención silenciosa del votante fiel, desencantado al ver que sus convicciones y su bolsillo se descuidan desde las propias instituciones que ayudó a levantar.
**El desgaste de la marca de rigor económico, rompiendo el pacto de confianza entre el gobernante y el contribuyente.
<<El tablero político del 29-N – (Desgaste, Vox y el giro estratégico del PP)>>
Ante este caldo de cultivo, los sondeos y la calle reflejan un movimiento complejo de cara a las urnas:
1.- El avance de Vox: Se beneficia directamente de la decepción con el “institucionalismo” y el acomodo de los grandes partidos, capitalizando el discurso de la bajada real de impuestos, la seguridad y el control migratorio.
2.- La resistencia del PSOE: Pese a los frentes abiertos por los casos de corrupción, las polémicas en vivienda o la política exterior, el partido logra mantener un suelo electoral sólido gracias al “voto del miedo” ante la posible suma con Vox y el uso defensivo de la agenda social (pensiones, ayudas, etc,).
3.- El rearme de Génova: Ante la pérdida de terreno por su flanco derecho, la dirección nacional del PP -con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- ha optado por un giro más combativo y sin complejos, aupando a primeras líneas de trinchera a figuras como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo para arrinconar al Ejecutivo y conectar con la rabia e indignación acumulada en la calle.
En definitiva, los cordobeses acuden a la cita del 29 de noviembre con un fuerte componente de voto guiado por la economía real, el hartazgo ante el ruido político de Madrid y la exigencia de coherencia entre lo que se promete en campaña y lo que se vota en los despachos. La factura de la desconexión institucional, tarde o temprano, siempre llega a las urnas.
N.B. Imagen. Conceptual, crítica y directa que refleja visualmente esa brecha entre la realidad de los ciudadanos y la desconexión de los despachos políticos
Córdoba, 19 de octubre de 2026
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal del Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.
El Ministerio de Juventud e Infancia maneja cifras millonarias, pero
¿dónde termina realmente ese dinero y qué impacto tiene en nuestro entorno más cercano?
Analizado los la ejecución presupuestaria del ministerio y cruzando los datos con la realidad de la provincia de Córdoba, nos encontramos con un panorama desgajado entre prioridades concentradas, una ejecución a medio gas y un laberinto burocrático que dificulta el rastreo del euro público.
1.- El mapa del gasto estatal – (Análisis del Ministerio).juventud, presupuesto, análisis,
De un crédito definitivo de 125,2 millones de euros analizado en el presupuesto del Ministerio, solo se han ejecutado 61,3 millones de euros (apenas un 49 %), lo que implica que más de la mitad del presupuesto se queda sin ejecutar en el camino.
<-Si analizamos los 61,3 millones de euros efectivamente ejecutados, la distribución revela una clara prioridad en el gasto:
57,1 % (35,0 M€): Atención a menores extranjeros No acompañados (MENA).
20,4 % (12,5 M€): Instituto de la Juventud (INJUVE).
17,9 % (11,0 M€): Estructura, gastos corrientes y personal.
3,6 % (2,21 M€): Complementos de productividad de personal.
0,4 % (0,25 M€): Proyectos de lucha contra la pobreza infantil (EAPN).
<<Una brecha>>
Mientras más del 57 % del gasto ejecutado se concentra en la tutela y protección obligatoria de menores extranjeros no acompañados, **las políticas transversales destinadas a la emancipación juvenil, vivienda y empleo para la juventud general quedan relegadas o fragmentadas entre otros ministerios y autonomías**.
**Todo ello en un contexto donde:
1.- La tasa de emancipación juvenil en España está en mínimos históricos (14,5 % en 2025).
2.- La tasa de riesgo de pobreza infantil alcanza al 33,9 % de los menores de 16 años (INE).
2.- Radiografía local – (Córdoba vs. gestión).
***Para entender cómo aterrizan estas cifras en la provincia de Córdoba, es imprescindible diferenciar los niveles de competencia:
A.- Protección e infancia tutelada.
<-Competencia autonómica: La gestión directa de los centros de menores en Córdoba recae en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
<-Financiación estatal: Los 35 millones de euros estatales se reparten mediante Conferencia Sectorial entre las CC. AA. para sostener la red de acogida (gestión directa y concertada con entidades como Cruz Roja, Fundación Diagrama o SAMU).
<-Datos en la provincia: En Córdoba hay entre 476 y 500 menores bajo medidas de protección:
*60 % – 65 % (aprox. 260-280 menores) en acogimiento familiar (extensa o ajena).
*130-150 menores en acogimiento residencial en centros de la provincia.
B.-Juventud cordobesa – (Un reto).
<-Emancipación y vivienda: La escasez de alquiler asequible y la precariedad laboral retrasan la emancipación en Córdoba por encima de la media nacional.
<-Pobreza urbana: Barrios como Las Palmeras o el Distrito Sur continúan figurando entre los de menor renta per cápita de España (indicador Urban Audit del INE).
<-Fuga de talento: La falta de diversificación económica genera una emigración interna constante de jóvenes hacia otras provincias, acentuando la despoblación en comarcas como el Valle del Guadiato o Los Pedroches.
3.- Radiografía de las ayudas – (Del nivel estatal al municipal).
¿Qué ayudas reciben concretamente las familias y jóvenes en Córdoba?
1.- Ingreso Mínimo Vital (IMV) e Infancia.
<-Hogares perceptores: Alrededor de 26.645 hogares en la provincia (casi 83.000 beneficiarios totales).
<-Menores alcanzados: 34.033 menores integrados en familias con IMV o Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI):
*0 a 2 años: 3.938 menores (CAPI: 115 €/mes).
*3 a 5 años: 6.048 menores (CAPI: 80,50 €/mes).
*6 a 17 años: 24.047 menores (CAPI: 57,50 €/mes).
2.- Cheques y programas para la juventud.
**Bono Cultural Joven: Más de 3.800 jóvenes cordobeses de 18 años reciben anualmente la ayuda directa de 400 € para consumo cultural.
**Sector Agrario: Cerca de 19 millones de euros destinados recientemente a 362 jóvenes agricultores y ganaderos para favorecer el relevo generacional en la provincia.
**Ámbito Local (Ayuntamiento y Diputación):
**Ayuntamiento de Córdoba: Mantiene el Cheque-Bebé (500 € por nacimiento/adopción, partida de 1M€) y ayudas de urgencia social gestionadas por Servicios Sociales Comunitarios.
**Diputación de Córdoba: Centra sus partidas en ayudas a la natalidad/adopción en municipios menores (aprox. 600 €) y apoyo a los servicios sociales comunitarios.
4.- La gran asignatura pendiente – (Opacidad y falta de datos consolidados).
Una de las principales barreras para evaluar la eficiencia del gasto público es la *dificultad para acceder a datos desglosados y comparables*.
<<¿Por qué no conocemos el coste unitario por menor o plaza en Córdoba?>>
1.- Falta de datos agregados en origen: Las partidas estatales no detallan la asignación geográfica exacta por municipio ni el coste nominal por perfil de menor (nacional vs. extranjero) a nivel provincial.
2.- Fragmentación administrativa: La financiación pasa del Estado a la Comunidad Autónoma y, de ahí, a convenios con ONG y entidades privadas, lo que diluye la trazabilidad presupuestaria.
3.- Filtros automatizados vs. Criterios discrecionales:
**Mientras el IMV se gestiona mediante un filtro algorítmico y fiscal del INSS (con tasas históricas de denegación del 60 %-70 % por trabas formales), **las ayudas de urgencia social municipales dependen de informes de vulnerabilidad técnica**.
4.- Protección de datos: La normativa de protección del menor y de datos personales impide publicar listados nominativos o desgloses hiperlocales cuando las muestras son reducidas.
<<Conclusión>>
El análisis presupuestario pone de manifiesto dos realidades paralelas: “Por un lado, una notable concentración del gasto ejecutado en la protección de la infancia tutelada; por otro, un margen amplio de mejora en la ejecución global (donde más de la mitad de los fondos quedan sin aplicar) y en la transparencia de la información.
Para que los recursos públicos generen un impacto real en la juventud cordobesa -tanto en la protección de los colectivos más vulnerables como en la creación de oportunidades de emancipación, empleo y vivienda- es indispensable avanzar hacia una gestión más ágil, coordinada entre Administraciones y con un acceso transparente a los datos de ejecución.
N.B. Imagen. Distribución presupuestaria del Ministerio de Juventud e Infancia – Impacto Territorial – Menores extranjeros – (Caso Córdoba) – Opacidad y falta de datos – Arbitrariedad administrativa.
Córdoba, 16 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.
Me preguntan un grupo de lectores del blog sobre la situación de integración del colectivo marroquí en Córdoba y sobre si existen o se están construyendo guetos de esas personas en la Ciudad de Córdoba y en algunos pueblos de la Provincia.
He desarrollado un análisis profundo, riguroso y completo para abordar uno de los problemas más complejos, espinosos y urgentes de nuestra realidad social y política actual:
“El equilibrio entre la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, la igualdad ante la ley, las profundas brechas de integración (especialmente en el colectivo de mujeres marroquíes mayores de 45 años) y la necesidad de exigir una condicionalidad real basada en la formación y el esfuerzo cívico”.
He sintetizado y consolidado todo en una versión completa, estructurada, innovadora y lista para mis lectores, concretando los puntos clave, las cifras, el análisis territorial (con especial atención a Andalucía y Córdoba) con una propuesta final sobre la premisa de,
“Primero la formación y la integración, después las ayudas; y, cumplimiento estricto de los deberes constitucionales”.
El debate sobre la inmigración, la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos en España -y de manera muy particular en territorios como Andalucía y la provincia de Córdoba- ha dejado de ser una cuestión meramente económica para convertirse en un desafío estructural de primera magnitud.
***Los datos oficiales y la realidad diaria de nuestros barrios ponen de manifiesto una disfunción cada vez más evidente:
“El desequilibrio entre la titularidad de los derechos sociales del Estado del bienestar y la asunción real de los deberes cívicos, contributivos y de integración”.
1.- Pulso de los datos – (El fenómeno sénior y la brecha de género).
Recientes informes de empleo y registros oficiales revelan una tendencia llamativa y preocupante, concretamente, que se han disparado un 188% en cinco años los ciudadanos de origen marroquí mayores de 45 años que nunca han trabajado formalmente en España (inscritos en los servicios públicos de empleo como demandantes sin empleo anterior).
<-La brecha de género: Las mujeres procedentes de Marruecos concentran el 34,5% de todas las féminas extracomunitarias de ese mismo grupo de edad que jamás han cotizado en el sistema español. De hecho, dentro del total de inscritos marroquíes mayores de 45 años sin empleo previo, las mujeres representan una abrumadora mayoría cercana al 84%.
<-¿Qué significa “sin empleo anterior”?. Técnica y administrativamente, el SEPE o el SAE clasifican así a quienes se inscriben sin historial de cotización previa en España, aunque esto no siempre denota inactividad absoluta histórica, pero evidencia una desconexión total con el mercado laboral formal reglado, relegando a muchas de estas mujeres al ámbito doméstico no remunerado o a la economía sumergida.
<-El factor de la reagrupación familiar: Una parte sustancial de este colectivo accede a la residencia legal en edades maduras a través de la reagrupación familiar, de forma, que al llegar en una etapa avanzada de la vida, se enfrentan a barreras severas:
“Desconocimiento del idioma, brecha digital, escasa cualificación homologable y roles culturales tradicionales muy arraigados que limitan su salida al espacio público y laboral”.
2.- La realidad en Andalucía y Córdoba – (Convivencia o guetos paralelos).
Si ampliamos el foco a Andalucía y, más concretamente, a la provincia de Córdoba y su capital, la teoría de los informes oficiales choca de bruces con la realidad perceptible en las calles de barrios como el Distrito Sur, Las Palmeras o en municipios de fuerte raigambre agrícola (como Lucena, Puente Genil o Palma del Río).
Mientras que los varones de este grupo sénior logran una inserción estacional más rápida en el sector primario (campañas agrícolas y peonadas del olivar), las mujeres mayores de 45 años permanecen en una profunda invisibilidad social.
***Frente a los análisis amables que niegan la existencia de fracturas territoriales, la observación directa del día a día en los barrios muestra dinámicas preocupantes:
1.- Guetos residenciales y vida endogámica: La segmentación por nivel de rentas genera concentraciones de población en calles y bloques específicos.
Cuando la barrera cultural y lingüística se prolonga, el grupo se repliega sobre sí mismo:
“Comercio endogámico, ocio en espacios propios y una desconexión casi absoluta con el vecindario autóctono”.
2.- El fantasma de la fractura europea: Muchos ciudadanos observan con inquietud que estamos replicando los errores de modelos fallidos en países de nuestro entorno (como las banlieues francesas). La duda razonable de gran parte de la sociedad es si nos estamos acercando a un punto de no retorno en la pérdida de cohesión social, con el referente cercano de las tensiones estructurales que ya se vivencian en ciudades autónomas como Ceuta.
3.- El gran dilema – (Derechos adquiridos frente a deberes contributivos).
El malestar social no surge de la llegada de población extranjera en sí, sino de la asimetría en la reciprocidad del Estado del bienestar.
Nuestro sistema de protección social se sustenta en un pacto intergeneracional e interritorial:
“Quienes pueden trabajan, cotizan y pagan impuestos para sostener los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas) bajo el principio de que todos contribuyen en la medida de sus posibilidades”.
**Sin embargo, se percibe una quiebra de este principio cuando:
*Se accede a subvenciones, rentas mínimas de inserción o ayudas sociales municipales autonómicas utilizando la mera inscripción administrativa en las oficinas de empleo como un trámite formal, sin que vaya acompañado de una búsqueda activa real o de una contraprestación tributaria previa.
*Se asimilan con rapidez los derechos y prestaciones del Estado del bienestar, pero se descuidan o ignoran los deberes cívicos básicos:
“Aprendizaje de la lengua oficial, respeto estricto a la igualdad de género que consagra nuestra Constitución, y participación activa en los valores de la convivencia común”.
4.- Una propuesta de futuro – (Primero la formación y la integración, después las ayudas).
Ante un escenario donde la simple dureza normativa sin soluciones prácticas es estéril, y la permisividad conduce al aislamiento, la respuesta debe basarse en un principio de condicionalidad estricta y exigencia ciudadana.
<-Para proteger nuestro Estado del Bienestar y garantizar una igualdad real ante la ley, el modelo debe articularse sobre tres ejes inquebrantables:
1.- Itinerarios obligatorios de capacitación: Ninguna ayuda o subsidio no contributivo debe otorgarse como punto de partida automático. El acceso a la asistencia pública debe estar supeditado a la matriculación y aprovechamiento de itinerarios formativos vinculados: aprendizaje obligatorio del castellano, conocimiento del marco constitucional y los derechos de igualdad, y cursos de recualificación profesional.
2.- Corresponsabilidad y trabajos de utilidad social: Quien resida legalmente en nuestro país tiene la obligación de demostrar una voluntad activa de integración y colaboración en el sostenimiento y respeto de la comunidad (por ejemplo, mediante trabajos de beneficio comunitario o participación en programas de inserción).
3.- Sanción, retirada de ayudas y expulsión: La regla debe ser clara y transparente. El que no quiera formarse, rechace activamente los cauces de integración o muestre un rechazo frontal a las normas de convivencia democrática, debe perder el derecho a cualquier tipo de ayuda pública y, en última instancia, afrontar la pérdida de su permiso de residencia y su consiguiente expulsión del territorio nacional.
<<Conclusión>>
La integración no es un acto de caridad ni una opción voluntaria, sino que es una exigencia innegociable de supervivencia para nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar. Si queremos preservar una sociedad cohesionada, segura y basada en la igualdad real ante la ley, es urgente pasar de la gestión del parche coyuntural a una política de Estado firme:
“Primero la formación, el respeto a las leyes y la integración real; después, y, como contraprestación al esfuerzo, la solidaridad del sistema”.
N. B. Imagen. Formación e integración – (requisitos imprescindibles de nuestro Estado del bienestar e igualdad real ante la ley).
Córdoba, 14 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.
El análisis del mercado laboral en la provincia de Córdoba revela una marcada dualidad entre el sector público y el sector privado, ya que, mientras que el sector privado constituye el motor de la actividad económica en términos de volumen de ocupación, el sector público destaca por presentar *niveles salariales significativamente superiores, *mayor estabilidad laboral y *una menor incidencia de la parcialidad y la estacionalidad.
Oficialmente, a partir de los datos integrados de la Encuesta de Población Activa (EPA), la Seguridad Social y el Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, este informe analizará la estructura, distribución, masas salariales y factores desencadenantes de la brecha existente entre ambos sectores.
(Nota. Poner de relieve, que la realidad pasando por encima de los datos oficiales es mucho más preocupante que esas cifras que se manejan por los organismos públicos.)
1.- El Empleo Público en Córdoba y Provincia.
El sector público en la provincia cuenta con más de 51.000 empleados (a los que hay que sumar un número de trabajadores contratados externamente, que suponen un tercio más de personal contratado por la LCSP),cifra abarca al personal funcionario de carrera, laboral e interino, así como al personal adscrito a entes instrumentales, empresas públicas, consorcios y organismos autónomos.
<<Desglose por estructura y entes instrumentales>>
<-Junta de Andalucía: Constituye el núcleo principal del empleo público provincial, siendo sus áreas con mayor peso Sanidad (Servicio Andaluz de Salud – SAS) y Educación Pública. Incluye además el llamado “sector público instrumental” u organismos descentralizados:
*Agencias Administrativas y de Régimen Especial (p. ej., Agencia Tributaria de Andalucía, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia).
*Agencias Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles (como la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía – AVRA, la Agencia de Obra Pública o entidades del ciclo del agua/medio ambiente como GIASA/AMAYA).
<-Administración Local:
*Ayuntamiento de Córdoba: Compuesto por la plantilla municipal centralizada y su entramado empresarial público (SADECO, AUCORSA, EMACSA, VIMCORSA) y organismos autónomos (IMDEEC, IMDAC, IMDECO).
*Ayuntamientos de toda la Provincia.
*Diputación Provincial: Integra personal propio, empresas y consorcios provinciales (EMPROACSA, EPREMASA, PRODECO, Consorcio de Bomberos, entre otros).
<-Administración General del Estado (AGE): Comprende las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), las Fuerzas Armadas (incluida la Base Logística del Ejército de Tierra – BLET), la Administración de Justicia, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
<-Universidad de Córdoba (UCO): Agrupa tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).
2.- El Empleo Privado en Córdoba y Provincia.
La masa global de ocupación provincial en la Seguridad Social se sitúa por encima de los 314.000 afiliados, de forma, que al descontar al personal dependiente del sector público, el sector privado representa aproximadamente el 83,7% de la actividad laboral total, agrupando a unos 263.000 trabajadores (entre autónomos y asalariados).
<-Estratificación sectorial del sector privado:
*Sector Servicios: Representa el motor cuantitativo de la contratación privada (más del 65%). Se centra en hostelería, restauración y comercio, con especial fuerza en la capital gracias al turismo cultural e interior.
*Sector agrario y agroindustria: Pieza clave en la provincia (comarcas de Montilla-Moriles, Subbética, Valle del Guadiato y Los Pedroches). Presenta una elevada estacionalidad asociada a las campañas agrícolas (olivar, cítricos, recolección).
*Sector industrial: Concentrado en polos específicos como la joyería en la capital (Parque Joyero), la transformación agroalimentaria (cárnicas, aceite, vino) y el sector del frío y la refrigeración comercial (destacando el núcleo de Lucena).
*Construcción: Mantiene un volumen estable de entre el 7% y el 9% del empleo privado provincial.
3.- Balance comparativo de retribuciones y masa salarial.
El análisis de los ingresos revela diferencias notables entre las retribuciones del sector público y las del sector privado en la provincia.
Concepto
Sector Público
Sector Privado
Brecha / Diferencia
Nº de Trabajadores
~51.000 (16,3%)
~263.000 (83,7%)
El sector privado emplea a 5 veces más personas.
Salario Medio Bruto Anual
~33.200 €
~18.800 €
+76,6% en el sector público.
Salario Medio Bruto Mensual (14 p.)
~2.370 €
~1.340 €
+1.030 €/mes en el sector público.
Masa Salarial Anual Estimada
~1.693 Millones €
~4.944 Millones €
El sector privado genera el 74,5% de la masa salarial total.
*Personal administrativo y auxiliar (Grupo C1/C2 y empresas públicas): 22.000 € – 28.000 €/año.
*Altos cargos y directivos de entes instrumentales: 55.000 € – 85.000 €/año.
**En el Sector Privado:
*Trabajo agrario y campo: Promedio afectado por estacionalidad (14.000 € – 17.000 €/año).
*Comercio y Hostelería: 16.000 € – 21.000 €/año.
*Industria y Construcción: Salarios de mayor rango dentro del sector privado (23.000 € – 30.000 €/año).
Nota sobre la jornada: Para asalariados a jornada completa continua en el sector privado, el promedio asciende a unos 24.500 €/año, viéndose el promedio global reducido por la elevada parcialidad y temporalidad.
4.- Análisis de la brecha existente.
La diferencia del 76,6% en la retribución media bruta anual a favor del empleo público obedece a factores estructurales del mercado de trabajo en Córdoba:
1.- Nivel de cualificación y composición de puestos: El sector público concentra un alto porcentaje de titulados superiores (médicos, docentes, facultativos, técnicos de la administración). En contraste, la estructura productiva privada cordobesa presenta una fuerte ponderación de sectores como el agrario y los servicios no cualificados, donde el valor añadido por puesto es menor.
2.- Parcialidad, temporalidad y estacionalidad: Mientras que el sector público opera predominantemente bajo esquemas de jornada completa continua, el sector privado provincial está condicionado por contrataciones a tiempo parcial y picos estacionales de actividad (turismo y campañas agrícolas), lo que reduce la remuneración bruta percibida al cabo del año.
3.- Antigüedad y complementos: La acumulación de trienios y complementos de antigüedad en el sector público eleva la masa salarial global, una dinámica con menor impacto directo en los convenios colectivos habituales del sector privado.
4.- Diferencia real y entorno económico: Aunque los datos oficiales señalan una brecha del 76,6%, en la práctica la diferencia perceptible en estabilidad, coberturas y salario neto efectivo resulta superior, generando un contraste directo entre la seguridad laboral del ámbito público y las condiciones del mercado privado provincial.
4.- Zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital.
Al contrastar las cifras del informe con los datos de renta e ingresos de las zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital (según las métricas del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE), la brecha laboral cobra una dimensión socioeconómica aún más profunda:
1.- Salario medio público vs. Barrios con menor renta en Córdoba capital.
En los barrios con menor nivel de ingresos de Córdoba capital (como Guadalquivir, Las Palmeras o Sector Sur), *larenta media anual por habitantese sitúa en torno a los 8.500 € – 9.200 €, y *el ingreso medio bruto por declarante/hogar con empleo difícilmente supera los 12.000 € – 14.000 € anuales, debido a la altísima incidencia de la economía informal, el desempleo estructural y los contratos por días o semanas.
**Brecha en ingresos: El empleo público medio en Córdoba (~33.200 € brutos/año) multiplica por casi 3 (~230% – 280% más) los ingresos asalariados medios percibidos en estos barrios.
**Contraste social: Mientras que en un grupo laboral del sector público (por ejemplo, titulados A1/A2 con ingresos de 36.000 € a 50.000 €) un solo sueldo sostiene con holgura a una familia, en estos barrios el ingreso equivalente exige la suma de 3 a 4 empleos precarios o a tiempo parcial del sector privado.
2.- Salario medio público vs. Zonas rurales y agrícolas.
En los municipios eminentemente rurales de la provincia (comarcas del Valle del Guadiato, Los Pedroches o la Subbética rural), *la renta por habitante fluctúa en torno a los 8.600 € – 10.000 € anuales, y *el ingreso por trabajo agrario/jornalero ronda los 14.000 € – 17.000 €/año condicionado por las campañas.
**Brecha respecto al sueldo público: El salario público medio (~33.200 €) es un 100% a 135% superior (más del doble) al ingreso medio de un trabajador del sector agrario o agroindustrial rural.
**Impacto en la masa salarial local: En muchas comarcas rurales de Córdoba, la principal masa salarial estable y de alto poder adquisitivo la aportan precisamente los empleados públicos destinados en la zona (docentes, personal sanitario de centros de salud, Guardia Civil, personal municipal o de mancomunidades), actuando como el auténtico soporte del comercio y los servicios locales frente a la volatilidad de las campañas agrícolas.
3.- Síntesis.
Al comparar estos tres planos, la estructura laboral de Córdoba refleja tres realidades superpuestas:
Entorno / Colectivo
Ingreso / Salario Medio Anual Estimado
Diferencia con el Sector Público (~33.200 €)
Sector Público Provincial
~33.200 €
Base de comparación
Sector Privado Promedio
~18.800 €
+76,6% a favor del sector público
Trabajo Agrario / Rural
~14.000 € – 17.000 €
+95% a +137% a favor del sector público
Barrios con menor renta (Capital)
~12.000 € – 14.000 €(por declarante)
+137% a +176% a favor del sector público
<-Conclusión: La brecha del 76,6% registrada en las cifras globales del informe es solo una “fotografía promedio”. Cuando se desciende al detalle territorial, la brecha salarial actúa como una frontera estamental:
“El sector público garantiza la clase media y alta en la provincia, mientras que las zonas rurales y los barrios periféricos urbanos quedan relegados a rentas del trabajo que no alcanzan la mitad del promedio público, acentuando la polarización social en Córdoba.
N.B. Imagen. Informe Consolidado – El Empleo Público y Privado en Córdoba y Provincia
(Análisis crítico de la Brecha Salarial y Estructural)
(Nota. Masa salarial total del sector público en Córdoba: Aproximadamente 1.693 millones de euros anuales (para unos 51.000 trabajadores).
**Importe total de los salarios privados en Córdoba: Aproximadamente 4.944 millones de euros anuales (generados por unos 263.000 trabajadores, lo que representa el 74,5% de la masa salarial total de la provincia).
Visto lo visto, el gasto (o retribución) medio bruto anual por empleado en cada sector se calcula dividiendo la masa salarial total entre el número de trabajadores de cada ámbito:
1.- Sector Público:
Masa salarial total: ~1.693.000.000 €
Número de trabajadores: ~51.000
Gasto medio por empleado: ~33.196 € brutos al año (~2.371 €/mes en 14 pagas)
2.- Sector Privado:
Masa salarial total: ~4.944.000.000 €
Número de trabajadores: ~263.000 (entre autónomos y asalariados)
Gasto medio por empleado: ~18.798 € brutos al año (~1.343 €/mes en 14 pagas)
<-Análisis de la diferencia:
Diferencia absoluta: El sector público invierte 14.398 € más al año por empleado que el sector privado.
Diferencia relativa: El gasto por empleado en el sector público es un 76,6% superior al del sector privado.
Cabe destacar, tal como señala el informe, que esta cifra refleja el promedio retributivo bruto global y está marcada por factores estructurales: “La mayor concentración de titulados superiores en el sector público frente a la elevada temporalidad, parcialidad y estacionalidad del sector privado provincial”.)
**Sobran más comentarios-No existe una brecha, sino que lo que realmente hay es un barranco profundo y estructural entre ambos empleos **
Córdoba, 11 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.
