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Arbitrariedad – abusos – poderes públicos (ni más ni menos)

En España el poder público viene realizando arbitrariamente multitud de actuaciones, que sobrepasan con mucho la Ley, cómo, por ejemplo, * la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 (Boe. 05-06-2l), que calificamos de disparatada e ilegal, diciendo que resultaría inaplicable.

Simplemente, así ha sido, de forma, que sin más explicaciones con fecha de 11 de junio de 2021 se publica en el Boe nº. 139 – Sec. 1. – Pág. 71356, una nueva Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre modificación de la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19, que se olvida de la anterior y se limita a decir:

{El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión de 9 de junio de 2021, ha aprobado el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la modificación de la Declaración de Actuaciones Coordinadas en salud pública frente a la COVID-19.

A los efectos de dar publicidad y transparencia al mencionado Acuerdo, esta Secretaría de Estado de Sanidad, ha resuelto disponer la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como Anexo a esta resolución.

Madrid, 10 de junio de 2021.– La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón Fernández.}

Es evidente, que, además, de lo dicho, la nueva Resolución acredita, si o si, que la primera resolución de 4 de junio de 2021 precitada fue dictada contra ley, aunque lo más extraordinario es, que nadie asuma responsabilidad en el desaguisado legal, que sin la menor duda vulnera los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el respeto a la Ley, apareciendo constatada una impunidad absoluta de los responsables del M. de Sanidad, pues, resulta indiscutible, que la Resolución ilegal e inaplicable ha debido producir daños de todo tipo (políticos, económicos, sanitarios y sociales), que quedarán sin ser reparados.

La C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, resultando manifiesto, que esa declaración constitucional le importa una higa a los responsables sanitarios del Ministerio, entre otras razones, porque saben que están situados en el plano de la impunidad.

En España se ve y se palpa sin el menor esfuerzo, que nuestros derechos y libertades constitucionales están en peligro continuo, pues raro es el día, que el poder público establecido no comete una tropelía contra los ciudadanos; es decir, el pueblo soberano donde reside la soberanía: ¿Alguien lo duda?  

N.B.  Contra los abusos, el despotismo y las resoluciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la Ley, dejando claro, que ningún responsable debe quedar impune.

Las resoluciones injustas que violan el principio de legalidad, como es el caso de las resoluciones precitadas, vulneran la Constitución, produciendo efectos perversos en nuestras libertades, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social

Córdoba, a 11 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Legítima defensa II – democracia y respeto a la Constitución (resoluciones injustas – derechos y libertades)

Con carácter previo, recomiendo leer un artículo titulado “La dictadura de la Agencia Tributaria” de Jesús Cacho (publicado 06/06/2021 04:45 en el diario digital Vozpópuli), del que reproduzco entrecomillados varios párrafos, por su enorme trascendencia en defensa de la democracia constitucional:

<<Aunque es notable la nómina de funcionarios de la AEAT que deben ser calificados como perfectos demócratas, hay una parte que solo concibe su existencia actuando en funciones de inspección, que pasan 20 o 30 años de su vida haciendo lo mismo y que terminan con la mente deformada, de modo y manera que el contribuyente que tiene la desgracia de caer en sus manos puede tener la seguridad de ser considerado como un defraudador y tratado como tal. No hay derechos y libertades que valgan”.

“Nadie se atreve a denunciar la indefensión en que se encuentran los inspeccionados por miedo a represalias”. “Nadie, a revelar la sistemática conculcación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”. “El resultado es que la Agencia Tributaria causa miedo, terror, acojono”.

“Las cosas no han hecho sino empeorar, porque nada puede mejorar en una democracia cuya proverbial pobre calidad viene siendo conculcada en los últimos tiempos por todo tipo de atropellos, muchos de ellos tolerados, si no inducidos, desde la propia esfera del poder político”.

“Urge democratizar la Agencia Tributaria, acabar con la tiranía” …   …   

“Urge emprender una reforma como la que en su día llevó a cabo el presidente Reagan en Estados Unidos con un Internal Revenue Service (IRS) en profunda crisis, víctima de los mismos abusos que hoy se denuncian en la AEAT, para convertirlo en una institución encargada del cumplimiento de las leyes tributarias y de la recaudación fiscal perfectamente democrática, es decir, respetuosa con los derechos y libertades del ciudadano contribuyente”. >>  

*** Lo dicho por Jesús Cacho en su artículo precitado, nos introduce de lleno en la legítima defensa, que –se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente-.  

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, y, contra cualquier resolución injusta de los poderes públicos, sean quienes sean sin exclusión alguna.

En las democracias cuando un poder público y sus empleados sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima se debe ejercitar por los ciudadanos (el pueblo soberano)de conformidad con la Ley constitucional contra cualquier abuso contra ley, pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado.

Reitero, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

En España por la actuación de algunos poderes públicos y algunos pocos de sus empleados, los ciudadanos sienten la falta de libertad, y, que se conculcan sus derechos constitucionales, de manera, que no queda otra que la legítima defensa por el pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra las libertades, precisamente por la inacción de esos poderes públicos y sus autoridades responsables, que frente a la vulneración de derechos constitucionales, adoptan una posición silente e inane, incumpliendo su deber de proteger al particular agraviado.

La reforma democrática de esos poderes públicos y sus empleados, que actúan sin reparo contra ley y contra los ciudadanos, es, sin duda, una urgencia democrática, pues, el particular sometido a decisiones injustas, aunque se defienda “-acongojado y cautivo en su temor-”, solo consigue, si es que llega a ello, una pequeña reparación, mientras esos pocos empleados (que enmierdan con su rencor injusto al resto mayoritario de compañeros) que sacrifican contra ley injustamente al pueblo, que dicen servir, quedan impunes ante una administración -en espera- y -paralizada-, que casi nunca acude en defensa de los derechos de sus ciudadanos, que la mantienen política y económicamente

Por todo lo dicho, es necesaria y urgente una reforma democrática de las actuaciones de los poderes públicos, que evite comportamientos injustos para los ciudadanos de esos pocos empleados y administraciones, que imponen sus resoluciones injustas, además, utilizando amenazas e imponiendo el terror a un pueblo del que nace su poder, ejercitado irresponsablemente y, hasta hoy, con arbitrariedad desde una impunidad casi absoluta.

N.B.  Legítima defensa es justicia en una democracia desviada frente a resoluciones injustas del poder público, que socavan nuestros derechos y libertades fundamentales.

Reitero,que la legítima defensa es necesaria frente a los abusos de poderes públicos que actúan contra la Ley, que es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al consagrar la C. E. que es el fundamento del orden político y de la paz social

Es de justicia, que, si un poder público y sus representantes se separan de la ley, admitiendo actuaciones fraudulentas con una apariencia de legalidad, y, contra los principios que sostienen el Estado de Derecho, la legítima defensa es un derecho y un deber de los ciudadanos.

La Instituciones del Estado en una democracia plena deben estar al servicio de los ciudadanos y no al contrario, sin excusa ni pretexto alguno.

Córdoba, a 9 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Legítima defensa – derecho y deber (abusos – despotismo – resoluciones injustas)

Se considera la legítima defensa una construcción filosófica y jurídica de valor universal, ya que, está aceptada por todas las naciones del mundo y desde tiempo inmemorial, de forma, que se puede defender -como una verdad absoluta-. Se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente.  

Es preciso para que se acepte la legítima defensa, que se cumplan ciertas condiciones, como la existencia de una agresión ilegítima. que ponga en peligro derechos y libertades esenciales del estado de derecho, y, que haga necesaria una intervención eficaz para impedir el asalto.

Conviene citar para aclarar este asunto la Declaración de Independencia 4 de julio de 1776 de los Estados Unidos de América, qué, concretamente, recoge el siguiente párrafo sobre el derecho a la legítima defensa:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado, que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad.

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, a todo despotismo, y, contra cualquier resolución injusta, vengan de donde vengan, sean individuales o colectivos, procedan de los poderes públicos establecidos o de grupos de personas particulares.

En las democracias cuando un gobierno, un poder público o un empleado público sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima defensa natural reside en el derecho de votar en libertad contra ellos con la finalidad de erradicar los abusos, de conformidad con lo que dispone la Ley constitucional, pero, mientras tanto, es lo cierto, que el pueblo tiene derecho defenderse de cualquier ataque ilegítimo de los poderes públicos por todos los medios legales a su alcance (pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado): con la libertad de expresión y de prensa, la libertad de reunión y de manifestación, a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación admisibles,  acudiendo a los jueces y tribunales en solicitud de amparo y cobijo, así como, por cualquier medio lícito en un régimen democrático para defender su libertad.

Por otro lado, es cierto, que en España la división de poderes, consagrada por la C. E. en nuestro Estado social y democrático de Derecho, está resquebrajada y cayendo al vacío; el Gobierno está ocupando todas la instituciones del Estado; se está legislando, sobrepasando con mucho la legalidad constitucional, a través de Reales Decretos Ley; el poder judicial independiente está en entredicho por su inacción contra el poder y la politización ideológica del sistema, y, las actuaciones de jueces dominados por su ideología; el Tribunal Constitucional en situación de espera (stand by) politizado  al máximo y convertido en una trampa para los ciudadanos, en vez, de ser un lugar amparo para los mismos.

Así, podíamos seguir hasta lo innumerable, como, actuaciones policiales de patadas en las puertas violando derechos fundamentales; medios de comunicación públicos, pagados con el dinero de todos, (TVE, radio, etc.) convertidos en mera propaganda de ideas liberticidas; la libertad de expresión atacada; el poder publico ejercitado arbitrariamente en multitud de actuaciones, que sobrepasan con mucho el espíritu de la Ley, como por ejemplo, resoluciones administrativas injustas dictadas a sabiendas contra ley, los posibles indultos; y, un largo etc.; lo último, la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 (Boe. 05-06-2l) disparatada, ilegal y que resultará inaplicable.

A pesar de lo dicho, es cierto, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así mismo, es cierto, que el Gobierno del Presidente Sánchez utiliza la trampa del señuelo una y otra vez sin mesura, aunque es evidente, que –se puede engañar a todo el mundo algún tiempo y se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo-, razón por la estimo, que se equivocan al juzgar al pueblo indeciso, fácil de convencer y con mala memoria, pues se vislumbra la impresión, de que no va a funcionar el señuelo engañoso como hasta ahora, al estar los españoles preocupados por sus libertades y más que hartos de que les tomen el pelo.

En resumen, en España por la actuación de los poderes públicos se ve y se siente, que estamos entrando de lleno en el territorio de la legítima defensa del pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra nuestros derechos y libertades.

Visto lo expuesto, es evidente, que por algún sitio habrá que empezar, y, salvo otras posibles propuestas, requiero el cumplimiento de todos (-poderes públicos y ciudadanos-) del “respeto a la ley” consagrado en la Constitución, que posibilite la concordia y la confluencia política en el bien común de la sociedad española.

N.B.  Legítima defensa es un “derecho-deber” frente a los abusos, las resoluciones injustas, el despotismo y contra todas las actuaciones de los poderes públicos contra la Ley, cuyo respeto es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al decir la Constitución que es el fundamento del orden político y de la paz social

El respeto a la Ley por todos, -eliminando las trampas engañosas deliberadas-, es la única forma clara de empezar a trabajar por la recuperación de España en democracia y libertad.

Si el poder público y sus representantes se separan de la ley, permitiendo actuaciones fraudulentas a través de señuelos tramposos, con la finalidad de crear una apariencia de legalidad asaltando nuestra democracia, los principios que sostienen el Estado de Derecho desaparecerán y con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales, siendo necesaria la legítima defensa.

Córdoba, a 7 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Respeto a la Ley – la trampa (la segunda vez es culpa de todos nosotros)

La C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Ocurre, que desde hace tiempo parece, qué, en España, han desaparecido el respeto a la ley y el principio de legalidad por algunos poderes públicos, cuando, además, unos pocos partidos políticos y sus dirigentes quieren demoler la Constitución.

Puesto de relieve ese hecho, viene a colación la frase, de que “es prudente, no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”, dicho popular que, en las actuales circunstancias, viene como anillo al dedo, a todo lo que está sucediendo en España.

El Gobierno del Presidente Sánchez utiliza la trampa del señuelo una y otra vez sin mesura, de manera, que podemos aplicar otra frase popular: “la primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía”.

La falta de los que nos enredan no está en la trampa, sino en que acrecientan nuestra desconfianza en que nos volverán a engañar si los dejamos, aunque es evidente, que –se puede engañar a todo el mundo algún tiempo y se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo-, sin embargo, ellos persisten con sus señuelos envenenados, al estar convencidos de que somos necios o ineptos y, además, con mala memoria, aunque creo que se equivocan, al juzgar al pueblo como un conjunto bobalicón, indeciso y fácil de convencer.

Veamos una trampa de las muchas que poderes públicos prepotentes usan desde su superioridad moral autocomplaciente, así:

La Ministra de Sanidad Carolina Darias ha puesto el señuelo trampa, del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que ha sido contestado con vehemencia por las CC. AA. de Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco, mientras otras se han abstenido por ahora.

(Ver. Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la
COVID-19 – -Boe. 05-06-21).

Habrá que ver, si el engaño funciona y todos se concentran en la trampa del Consejo Interterritorial de Salud (que no es cosa baladí), olvidando todo lo demás, como los indultos, Marruecos, impuestos por doquier, etc. etc., aunque da la impresión que no va a funcionar el señuelo engañoso de nuevo, pues el personal está más que harto de que le tomen el pelo.

La Ley 16/2003 establece, que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud deben adoptarse -por consenso, lo que implica diálogo, acuerdo y respeto a ley; dicho de otra forma, que las CC. AA. saben lo que dice la ley y que ha faltado el consenso, así como, que se ha producido una invasión ilegal de sus competencias, todo adobado por una falta de respeto a la Ley tremenda y perversa, que socaba nuestra Carta Magna.

Así mismo, el Tribunal Supremo ha determinado, que las leyes sanitarias vigentes no permiten a las comunidades anular derechos y libertades fundamentales de nuestro Estado de Derecho, ni limitar, por ejemplo, las reuniones de la población con el pretexto de controlar la pandemia, prohibiendo confinamientos nocturnos y la limitación de personas en reuniones sociales.

Sencillamente, Constitución dice claramente que las CC. AA. no pueden imponer vulneración de derechos fundamentales a los españoles, pero, tampoco, lo puede hacer el Gobierno, como pretende hacer, con la trampa del Consejo Interterritorial de Salud, pues, afortunadamente, ya no estamos en el inconstitucional estado alarmante de duración excesiva, que los españoles hemos padecido con todas sus consecuencias malignas.  

Se ve, que esta vez, el señuelo engañoso, trasmutado en trampa troyana, no va a funcionar, ya que, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho que no aplicará las medidas restrictivas para la hostelería, pero, también, el lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que el Gobierno central -ha roto la lealtad y las normas-. En estas circunstancias, donde domina la arbitrariedad y la sinrazón, las declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias sobre que los acuerdos aprobados en el Consejo Interterritorial son de -obligado cumplimiento-, reiterando, desde su superioridad moral inasumible por cualquier persona prudente, que las restricciones -si no cumplen, el Gobierno hará que cumplan-, se asemejan mucho a un brindis al sol.

Porque, sin duda, el Gobierno de D. Pedro Sánchez ha entrado en competencias que son de las CC. AA. sin acuerdo, y, por otro lado, ha decidido romper por su cuenta la ley acordada, encontrándose con el rechazo contundente de las mismas.

En resumen, se suele decir con razón, que la injusticia mayor es la justicia aparente-, porque se incurre en fraude de ley y en una -simple fachada de legalidad- contra el espíritu de la ley, y, en esas condiciones ninguna ley ni ningún acuerdo se podrá aplicar, lo diga Agamenón o su porquero.

A pesar de todo, la trampa está puesta para que todos se entren en ella, olvidando lo obvio, que es lo verdaderamente crucial para todos los españoles, cuando, además, el acuerdo engañoso no sirve a los españoles, porque hay otros asuntos que nos tienen preocupados en grado sumo, como pueden ser, la destrucción de la unidad de España, la demolición de la Constitución de 1978 y/o la perdida de las libertades.

Visto lo expuesto, es evidente, que por algún sitio habrá que empezar, y, salvo otras posibles propuestas, presento el cumplimiento de todos, poderes públicos y ciudadanos, del “respeto a la ley” dentro del mayor grado de consenso, que posibilite la concordia y la confluencia política en el bien común de la sociedad española.

N.B.  El respeto a la Ley por todos, eliminando las trampas engañosas deliberadas, es la única forma clara de empezar a trabajar por la recuperación de España en democracia plena.

Si el poder público y sus representantes se separan de la ley, permitiendo actuaciones fraudulentas a través de señuelos tramposos, con la finalidad de crear una apariencia de legalidad asaltando nuestra democracia, los principios que sostienen el Estado de Derecho desaparecerán y con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales.

Córdoba, a 5 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Control de la Administración II – empleados públicos – faltas y sanciones (democracia = legalidad)

El control de la actuación legal de la Administración (interno y externo) es algo imprescindible, que no se puede dejar de llevar a cabo en ningún momento, de forma constante y eficaz sin excusa ni pretexto, pues no va en ello nuestros derechos y libertades fundamentales constitucionales.

La Constitución regula las normas y principios por los que se erige España como un Estado Social y Democrático de Derecho, y, nadie puede actuar al margen de los límites constitucionales, máxime, cuando se trata de poderes públicos, como puede ser la Administración y sus autoridades y empleados.

La C. E. impide el uso arbitrario y personal del Ordenamiento Jurídico y obliga a respetar el principio de legalidad.

Ignorar la ley aplicándola torticeramente a sabiendas y conscientemente, basada solo en la voluntad del empleado público responsable de cualquier resolución, encausándola, a mayor inri, en la Constitución o/y en cualquier norma legal, no puede ser un error o un desencuentro fortuito, sino que es una burla descarnada a todos los españoles, que queremos, que el Texto Constitucional y el resto del ordenamiento jurídico en España se respeten, ya que, no hay democracia sin respeto a la ley.

Se debe acudir al texto de la Constitución, porque hay que sancionar a los empleados públicos, que burlan la ley, y, anteponen su voluntad y su interés personal a la letra y espíritu de la misma, así:

** Artículo 1: 1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Dejando claro en su nº. 2., que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

**Artículos 9 y 10: “La Constitución garantiza el principio de legalidad y el respeto a la ley”.

Si todos los poderes públicos y todos los españoles han de respetar la Constitución, no parece admisible, que cualquier Administración a través de resoluciones injustas y contra ley (-dictadas a sabiendas por algunas de sus autoridades y/o empleados públicos-), lleve a cabo actos que supongan vulnerar la misma y el resto de las leyes, perjudicando y agraviando, además, a particulares afectados directamente y al resto de la sociedad española (al pueblo soberano).

Es reprobable constitucionalmente, permitir el incumplimiento de la Ley para hacer realidad la sola voluntad personal de un empleado público, que no solo no respeta los requisitos legales, sino que, además, los utiliza torticeramente de forma fraudulenta para conseguir su objetivo injusto –con plena conciencia y falta de equidad.

Si el hecho arbitrario contra ley de un empleado público se produce, la Administración, sin escusa ni pretexto alguno, debe proceder contra el empleado público responsable, a la vez, que debe restituir y compensar al ciudadano perjudicado de todos los daños y perjuicios derivados de la resolución injusta. Los jueces y tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales son la última opción, antes, de oficio, por actos arbitrarios e injustos de sus empleados públicos las administraciones deben actuar en cumplimiento del mandato constitucional del respeto a la ley y al principio de legalidad, restaurando la equidad y la justicia frente a resoluciones desviadas de poder.

En estos supuestos no cabe exoneración alguna, pues se vulneran la Constitución Española de principio a fin y el resto de nuestro ordenamiento jurídico, de forma, que solo es aceptable una solución, sancionar al empleado público arbitrario responsable, y, a la vez, compensar al particular agraviado en todos sus perjuicios, todo, además, de oficio por la propia Administración.

Aquí no cabe de ninguna forma admitir o permitir el refrán de que siempre hay un roto para un descosido, ya que, no se puede aceptar, que el empleado público con su actuación contra ley se sienta bien o de seguirle la corriente, sino de respetar, si o si, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente en España, si se quiere, que tenga existencia real nuestro Estado de Derecho, que se basa en el respeto al principio de legalidad.

En una democracia plena nacida de un Estado social y democrático de Derecho como la española, el respeto a la Ley es la esencia de sus libertades y derechos fundamentales, aunque es bien sabido, que en la realidad muchas veces, quizás, demasiadas, el respeto a la ley parece desaparecido, produciéndose distorsiones, que vulneran la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, de manera, que, hay que rechazar (queen uso arbitrario de un poder que se le ha delgado por el pueblo), empleados públicos se convierten en verdugos de sus propios ciudadanos (dejando a un lado el respeto a la ley), actuando arbitrariamente en su perjuicio.

Sin embargo, lo peor está, en el hecho de que algunas administraciones renuncian a su propio autocontrol (-con una dejación de funciones consciente o culposa-), que impide toda reacción positiva de dar solución a hechos injustos, cargando, además, sobre los ciudadanos su propia responsabilidad negligente o dolosa, ya que, se enrocan en su falta de objetividad y de justicia sin tomar ninguna medida sancionadora contra esos empleados públicos, que han actuado contra o fuera de la Constitución y de las leyes.

Insisto en que el control de la Administración, forma parte de la división de poderes de nuestro estado de derecho, de manera, que la democracia española exige e impone, la aplicación efectiva del principio de legalidad y el respeto a la ley por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Lo expuesto es una realidad en algunas administraciones en España, pero que nadie crea, que a él no le afecta nuestra denuncia, porque la defensa de la libertad y de la ley es tarea de todos, no solo de los poderes públicos, de manera, que cada uno desde donde esté y desde donde pueda, tiene una obligación positiva de denunciar el incumplimiento de la ley por las administraciones y/o sus empleados, cuando vea resoluciones contra ley (injustas) dictadas arbitrariamente, sean las que sean.

Es cierto, que existe un temor latente en el ciudadano por las actuaciones posteriores de esas administraciones en caso de denuncia, porque algunos empleados públicos vindicativos puedan realizar actos de auto – venganza, convencidos de su poder y de su impunidad, pero, está claro, que si permitimos por temor esos actos ilegales, que vulneran la Constitución y nuestras leyes, los efectos serán nocivos para todos nosotros, ya que, se impondrá un silencio cautivo y la preeminencia impune de unos pocos empleados públicos, que abusan de su poder ilegítimamente con absoluto desprecio al pueblo, que los mantiene y de donde nace su poder usado de manera espuria.

Por cierto, dejando, además, a la gran mayoría de empleados públicos (que aplican la ley con justicia y al servicio del pueblo-),  a “los pies de los caballos”, pues, sin duda, los ciudadanos pueden creer (-cosa que es falsa-), que todos los funcionarios y empleados públicos son iguales en sus desafueros, cuando realmente es todo lo contrario, ya que, la inmensa mayoría de los empleados públicos reniegan de esa forma de actuar contra ley, siendo los primeros en rechazar comportamientos arbitrarios, injustos y contrarios a la Constitución y al resto de nuestras leyes y siendo seguramente los más perjudicados.

Esos funcionarios o empleados públicos arbitrarios deben ser sancionados y apartados del servicio público, ya que, nos va en ello la libertad y todos nuestros derechos constitucionales

(La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre- en su art. 95 y cc. regula y sanciona esas conductas).

N.B.  El control de la Administración forma parte de la división de poderes, de manera, que, el hecho de dictar a sabiendas por autoridad, funcionario o empleado público una resolución injusta contra ley, solo por su propia voluntad que impone arbitrariamente, no puede quedar impune y al margen de la ley para la propia Administración.

En estos casos, se impone una actuación de oficio inmediata de la propia Administración en defensa del particular afectado y del bien común;

Si la Administración se separa de la ley, permitiendo resoluciones de sus empleados públicos arbitrarias, –dictadas a sabiendas- y, no se adoptan sanciones inmediatas contra ellos, restaurando, además, los perjuicios causados, se estará asaltando nuestra democracia, admitiéndose actos contra ley e intereses espurios nacidos de la injusticia, que destruyen nuestras libertades y derechos fundamentales.

Córdoba, a 3 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.