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La Brecha – S. S. – a más (Comunidades – Estado civil y Sexo)

Un Grupo de mis lectores me reprende, seguramente con razón, porque llevo tiempo que no escribo nada sobre la Seguridad Social, de forma, que como creo que llevan todas las de ganar en su opinión, me pongo a ello, así:

Primero. – Desigualdad en las pensiones y demás prestaciones, incluido el desempleo.

**Si comparamos una pensión de viudedad de alguna Comunidad Autónoma con la media general las diferencias son tremendas, pero, si calculamos, por ejemplo, las pensiones de viudedad entre Andalucía y Extremadura con el País Vasco, Cataluña y/o Madrid las diferencias son para llorar por su desigualdad e injusticia.

Es cierto, que las bases de cotización han sido y son muy diferentes, pero, precisamente, aquí reside la base se la injusticia, en una desigualdad económica dilatada en el tiempo y que lejos de disminuir se incrementa.

**Si comparamos una pensión de viudedad y una pensión máxima de jubilación los resultados son discriminatorios, se mire como se mire, así, la pensión máxima es 3.175 euros y la pensión contributiva mínima 799,70 euros, siendo la pensión de viudedad mínima 616 euros, lo que implica, que las diferencias son claramente contrarias a la Constitución de 1978 y a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. (Arts. 1., y, 14. C. E.).

*Un último apunte la pensión no contributiva mínima es de 484 euros.

**Paro. – 2023.  Las cuantías del paro, o prestación por desempleo, 560 euros como mínimo hasta un máximo de 1.575 euros mensuales.

**Paro. – 2024. Mínimo: 95% del IPREM (570 euros al mes en la actualidad) durante los primeros seis meses; 90% del IPREM (540 euros al mes) durante los siguientes seis meses; y, 80% del IPREM (480 euros) a lo largo del resto del periodo. El máximo 1.675 euros mensuales.

*Aquí, si comparamos una prestación de paro de alguna Comunidad Autónoma con la media general las diferencias son muy grandes, pero, si calculamos, por ejemplo, las prestaciones de paro entre Andalucía y Extremadura con el País Vasco, Cataluña y/o Madrid las diferencias son inasumibles e insostenibles.

Es cierto, que las bases de cotización han sido y son muy diferentes, pero, precisamente, aquí reside la base se la injusticia permanente, en una desigualdad económica dilatada en el tiempo y que lejos de disminuir se incrementa.

Segundo. – El Estado Social y Democrático Constitucional (art. 1. C. E.) impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, la justicia, y, el principio de que todos los españoles somos iguales ante la Ley.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. Mi opinión sobre la S. S. ya le ha detallado muchas veces, de forma, que después de lo expuesto, mis lectores comprenderán porque no escribo más sobre la misma, ya que, la Brecha en la Seguridad Social, desde cualquier punto de vista que se mire, es insostenible e injusta.

Reitero lo dicho, la C. E. de 1978 deja muy claro que “todos los españoles sin exclusión son iguales ante la ley”.

Córdoba, a 7 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Por encima de la Ley (impunidad y desigualdad)

Ahora que solo se habla de lawfare judicial, leo, que la Secretaria General del P. P. Srñª. Gamarra ha dicho públicamente, “que los políticos no están por encima de la ley”, lo que, siendo cierto, solo es una media verdad, ya que, según la Constitución Española de 1978, hasta hora vigente, lo que dice <<es que nadie está por encima de la Ley> (ver art.9. C. E.), salvo lo que establece el art. 56.3 de la misma, al decir que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”.

Entiendo, que lo dicho significa, que cualquier ciudadano español puede ser llamado a declarar por el Congreso y el Senado de acuerdo con la ley. Dejando claro, *primero, que las Cámaras mencionadas deben justificar suficientemente el ¿por qué? de su citación para que el ciudadano en cuestión pueda ejercer su derecho a comparecer o no, y/o, -bien declarar o no-, y, *segundo, que todos los diputados y senadores, para que no lo olviden, también, están sometidos a la Ley (C. E.).

El Estado Social y Democrático Constitucional (art. 1. C. E.) impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, y, el principio por el que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el Estado, están sometidas a leyes, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, leyes que deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. La C. E. de 1978 deja muy claro que “todos los españoles sin exclusión son iguales ante la ley”, de forma, que por encima de la Ley solo hay impunidad y desigualdad.

Córdoba, a 2 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Rebelión – Deber y derecho (sociedad civil libre y abierta)

La democracia es lo opuesto a un gobierno absoluto, que incumple la ley, de forma, que eso define un sistema político injusto y corrupto.

Después del día de los inocentes con la toma de Pamplona, es algo que se palpa, concretamente, que España es ya una tiranía parlamentaria dirigida por un poder ejecutivo excluyente, que con la compra obscena de votos instalada deroga de facto la Constitución, porque el Gobierno de la Nación, a través del Congreso, no puede, por lógica constitucional, arrogarse, al amparo de mayorías ocasionales que no son titulares de la soberanía nacional, recayendo una y otra vez en la destrucción de nuestro Estado de Derecho, dinamitando la Ley en su provecho.

Estamos y aguantamos un Poder Ejecutivo totalitario que invade las instituciones o ataca las que no puede controlar, a un Legislativo secuestrado que ni siquiera hace un control formal del Gobierno, y, con un Poder Judicial acosado y sentenciado de “prevaricador” por una diputada de  Junts sin que pase nada.

Por otro lado, no podemos conformarnos con la existencia de una oposición meramente funcional cautiva del poder establecido, así que, hay que recordar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que considera la rebelión como el recurso extremo contra cualquier poder tirano y cualquier opresión.

(Por si alguien lo duda, un gran pacto constitucional de P.P. y PSOE cambiar la palabra *disminuidos por *discapacitados. Según el diccionario de la RAE es sinónimo de disminuido = discapacitado.

Aquí sobra cualquier comentario más).

Por todo lo expuesto, hay que articular un movimiento ciudadano libre y abierto, con el propósito de una sublevación y/o una rebelión democrática hasta la restauración plena de la Constitución. Una democracia sin Estado de derecho no es otra cosa, que el vacío de la nada, es decir, una colección de formalidades sin consecuencias ni valor práctico alguno

La tiranía impone el deber de rebelión democrática, ya que, lo que hay en España es Sánchez y PSOE o democracia. Por eso debemos llevara a término todas las posibilidades legítimas para librarnos de ese poder antidemocrático, desde movilizaciones pacíficas en la calle a declaraciones e iniciativas institucionales, sociales y políticas, llegando si fuera necesario a la no colaboración y a la huelga pacífica.

John Locke estableció que, si el gobierno incumple sistemáticamente la legalidad, rompe el pacto social con los gobernados y obliga a regresar al punto de partida: la instauración o la restauración de un poder constitucional que garantice las libertades básicas y el Estado de derecho.

El *respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales es el primer elemento esencial de la democracia*, de forma, que el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, junto con la -separación e independencia de los poderes públicos-, y, el régimen plural de partidos y organizaciones sociales y políticas son los únicos que hacen posible unas -elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular-.

El Estado Social y Democrático Constitucional impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, y, el principio por el que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, leyes que deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos.

El Estado de Derecho garantiza la “primacía e igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad no trufada de arbitrariedad.

En España lo que hay ahora, es la simulación de una democracia, que es la característica definitoria de todos los socialismos no democráticos, que, sin duda, son dictaduras electoralistas en las que el ciudadano <<puede votar, pero no elegir>>, siendo manifiesto que las listas cerradas contribuyen a ello.

N.B. La rebelión es un deber y un derecho en cualquier nación que quiera seguir siendo una sociedad civil libre y abierta.

Seguir callados y resignados asumiendo una situación cautiva, ya no puede, ser una opción aceptable, de manera, que es urgente iniciar un movimiento ciudadano libre y abierto a todos los cordobeses.

Córdoba, a 31 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Amnistía XIII – Frente a la resignación (NO – a la conciliación cautiva)

Frente a la resignación cautiva hay un refrán popular, que retrata la realidad de que existen otras posibilidades basadas en la autodefensa y en la lucha por la libertad, así, dice el saber popular, que “más vale estar solo que mal acompañado”, de forma, que enseña, que someterse voluntariamente y rendirse ante los muros construidos por los adversarios es un error, pues, siempre cabe la defensa individual y social frente al cautiverio colectivo de amnistías conciliadoras, que llevan a la impunidad y a la connivencia con la conciliación acordada de perdones y pucheros calentitos solo para el conciliador acunado en la nada propia.

He advertido al P.P. cordobés, que al comprobar la conducta esclava del Presidente de la Diputación Sr. Fuentes, y, visto que no lo dimiten los que le nombraron, solo cabe iniciar un camino diferenciado, que lleve a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos de Córdoba, que buscan una alternativa constitucional, abierta y libre.

Como creo, que la autodefensa frente la cautividad es posible y necesaria, inicio, juntos con otros muchos, a construir un camino de libertad con la finalidad de levantar una oferta pública, solidaria y abierta para Córdoba. 

Dicho de otra forma y en modo refrán, <<la verdad anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua>>.

El P. P. ya sabe lo que hay -mucho palo y poca zanahoria-, de forma, que seguir subidos todos en el muro socialista ni produce calor ni hace feliz a nadie, máxime, cuando, además, se reparten palos por doquier a los votantes del P. P., así, que en las próximas elecciones el P. P. de Córdoba se situará en el vacío de la nada, si no, al tiempo.

La resignación frente a la conciliación cautiva solo lleva a un abismo profundo donde todos somos Vidal Cuadras, ya que, el silencio tejido sobre su disparo a matar a bocajarro, demuestra, que la consigna malvada del “muro construido sobre nosotros” es una realidad, que hay que combatir en defensa de la C. E. y de nuestras libertades.

Es una necesidad levantar y construir un movimiento civil libre, abierto y solidario que defienda la libertad sin embragues ni concesiones, basadas en la nada y en la comodidad personal del político trolero en las que se acuna.

N.B. Seguir callados y resignados asumiendo la conciliación cautiva, ya no puede ser una opción aceptable, de manera, que la necesidad de iniciar un movimiento ciudadano libre y abierto a todos los cordobeses es algo urgente.

Córdoba, a 26 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Amnistía VII – Señalamientos de Magistrados y Jueces (Señalan a todos nosotros)

En el Congreso no solo se ha producido un ataque a jueces y magistrados con un señalamiento indigno, se ha llevado a cabo un ataque a todos los españoles (incluso a aquellos que no están de acuerdo con lo que digo) vulnerándose la Constitución, al dinamitar nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, destruyendo la división de poderes.

Lo impresentable e incalificable, además, ha sido y es el silencio cómplice de todos los que callan, apoyando la destrucción de nuestra democracia.

Reproduzco los dos Comunicados del Poder Judicial; uno, del Presidente del Tribunal Supremo y otro, del Presidente del GGPJ, así:

1.- Miércoles, 13 de diciembre de 2023.

Comunicado del presidente del Tribunal Supremo (e.f.)

En relación con la intervención ayer en el Congreso de la portavoz del grupo parlamentario Junts per Catalunya

Autor

Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo (e.f.), Francisco Marín Castán, ha realizado hoy la siguiente declaración en relación con la intervención ayer en el Congreso de los Diputados de la portavoz del grupo parlamentario Junts per Catalunya, Míriam Nogueras:

“El ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados del tribunal carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho”.

2.- Miércoles, 13 de diciembre de 2023.

Comunicado del presidente del Consejo General del Poder Judicial, p.s.

En relación con la intervención ayer en el Congreso de la portavoz del grupo parlamentario Junts per Catalunya

Autor. Comunicación Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, p.s., Vicente Guilarte, ha realizado hoy la siguiente declaración en relación con la intervención ayer en el Congreso de los Diputados de la portavoz del grupo parlamentario Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, durante el debate de toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña: 

“El señalamiento -y la finalidad que de él se desprende- de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de Derecho uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes. 

Las personas señaladas, y cualquier otro miembro de la Carrera Judicial que pueda encontrarse en las mismas circunstancias, encontrarán en la institución que presido la más firme oposición a estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional realizada por todos ellos, a los que manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán todas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia”.

**Decir algo más, es innecesario, pues es un hecho real y patente que todos los españoles respetuosos de la ley, estamos sin fisuras con todos los jueces señalados y que se puedan señalar, de manera, que ni callaremos ni estaremos pasivos y cautivos en silencio oprobioso, que, además, nos quieren imponer.

N.B.  El señalamiento de Magistrados y Jueces es señalar a todos nosotros.

Córdoba, a 14 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.