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Dignidad humana (realidad, amenazas y necesidad de restitución)

1.- La dignidad, nervio moral de la democracia.

La dignidad humana no es ni puede ser solo una palabra solemne para los prólogos constitucionales, sino que es el eje ético y jurídico de toda convivencia civilizada. Es el valor que funda los derechos, no su consecuencia. Ni la pobreza, ni la ideología, ni la utilidad social disminuyen el valor de una persona.

Sus raíces son profundas: “Desde el estoicismo hasta el humanismo cristiano, pasando por filósofos como Kant y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la Constitución Española (art. 10.1), la dignidad es reconocida como el fundamento del orden político y de la paz social”.

Aun así, en la España de hoy su respeto se ha vuelto un acto de resistencia.

2.- España – la disolución silenciosa.

El deterioro de la dignidad no ocurre de golpe, sino que se filtra por grietas habituales y gota a gota de manera constante.

**Polarización ideológica: los debates sobre inmigración, educación o memoria histórica convierten a las personas en símbolos de trincheras, no en sujetos de derechos. Los menores migrantes o las víctimas del pasado se utilizan como herramientas discursivas.

**Precarización económica: más de una cuarta parte de la población vive al borde de la pobreza. La vivienda, el trabajo y la estabilidad pierden vocación de derecho y se tratan como privilegios.

**Decadencia social: el clientelismo político, la vulgarización mediática y la banalización del esfuerzo erosionan la confianza colectiva. Los suicidios, los desahucios ocultos y el abandono social son ya síntomas estructurales, no accidentes.

3.- Causas profundas y fractura cultural.

España padece una hipertrofia institucional -un Estado que promete mucho y sirve poco- y una dependencia intelectual de agendas supranacionales sin consenso social. A ello se suma un déficit de educación ética y diálogo transversal. La dignidad ha quedado convertida en bandera retórica, usada tanto por tecnócratas como por populismos.

La consecuencia es preocupante y desafía la confianza social:

“Fractura intergeneracional, emigración de talento, pobreza encubierta y desconfianza institucional”.

4.- Córdoba – Espejo y laboratorio del deterioro.

Córdoba, con su historia de tolerancia, saberes y culturas, puede y debe ser testimonio vivo de la dignidad compartida, sin embargo, la realidad local ofrece un espejo preocupante:

<-Vivienda inaccesible: entre 1.800 y 2.000 €/m² en la compra y 700–850 €/mes de alquiler medio. Muchos hogares destinan más del 40% del salario a techo y suministros.

<-Desahucios crecientes: cinco semanales, la mayoría por impago de alquiler o pérdida de estabilidad laboral.

<-Turistificación del casco histórico: convierte vecindarios antiguos en escenarios vacíos, donde la memoria pierde ciudadanos.

<-Servicios y licencias lentas: frenan la rehabilitación urbana y la vivienda protegida.

Córdoba simboliza lo que ocurre en buena parte del país: <-Es un hecho patente que la dignidad se escribe en leyes, pero no se siente en los barrios ni en las calles->.

5.- Dignidad y vivienda – Un derecho que sostiene todos los demás.

El artículo 47 de la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, sin embargo, en la práctica, la vivienda se ha convertido en un mercado especulativo que mide el valor humano en términos de solvencia. Quien no puede pagar, no habita y quien no habita, deja de pertenecer a la comunidad.

***Medidas urgentes:

*Ampliar parque público y rehabilitar vivienda vacía.

*Gravar la especulación y el alquiler turístico desmedido.

*Facilitar el acceso a ayudas directas para jóvenes y familias vulnerables.

*Desburocratizar licencias y planes urbanísticos.

*Reforzar fondos anti-desahucios y mediación previa obligatoria.

6.- Restituir la Dignidad – Ética, acción y valor civil.

Recuperar la dignidad humana no depende sólo del Estado, sino de una ciudadanía activa capaz de rescatar la palabra “dignidad” del discurso vacío.

***Propuestas:

*Educación ética real, no ornamental: “Integrar el pensamiento crítico y los derechos humanos en la escuela y en la formación laboral”.

*Política desideologizada: “Priorizar el mérito, el servicio y la transparencia”.

*Cultura del compromiso: “Fomentar asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA- que promuevan solidaridad cívica, mediación y participación de los cordobeses”.

*Autonomía local: “Impulsar desde Córdoba pactos urbanos por la cohesión social y el acceso equitativo a oportunidades”.

7.- Reflexión final.

La dignidad humana no necesita ser redefinida, sino restaurada. Las leyes ya la reconocen, de forma, que lo que falta es voluntad política y conciencia ciudadana.

Córdoba, por su historia y tamaño humano, puede ser el punto de partida:

<-Una ciudad laboratorio de dignidad frente a la deshumanización global->.

N.B. La dignidad humana es un derecho inalienable e irrenunciable.

La dignidad se defiende no solo votando, sino viviendo con justicia, sin resignarse, y, recuperarla requiere ética, valentía y acción colectiva.

Córdoba, 31 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

Córdoba Activa: Políticas contra el pasotismo político.

El pasotismo político en Córdoba y su provincia, alimentado por la desconfianza en las instituciones, la despoblación y la apatía juvenil, requiere medidas urgentes para revitalizar la participación ciudadana.

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), proponemos políticas prácticas y adaptadas al contexto cordobés para combatir este problema, fomentando la inclusión, la transparencia y el orgullo cultural.

1.- Asociaciones ciudadanas y plataformas digitales.

Crear consejos ciudadanos en los 75 municipios de Córdoba, especialmente en áreas rurales, para debatir problemas como transporte, sanidad o empleo.

Complementarlos con una plataforma digital, inspirada en Decide Madrid, para consultas públicas y propuestas ciudadanas.

Financiada por el Ayuntamiento, la Diputación y fondos europeos, estará gestionada por asociaciones civiles.

Impacto: Aumentar la participación electoral un 10-15% en 3-5 años.

2.- Educación cívica en escuelas y universidades.

Implementar programas obligatorios de educación cívica en secundarias y talleres en la Universidad de Córdoba sobre liderazgo y activismo.

Incluir simulaciones de procesos democráticos y campañas en redes sociales con figuras locales.

Impacto: Reducir la abstención juvenil (40% en municipales) y aumentar un 20% la afiliación a asociaciones en 5 años.

3.- Incentivos para jóvenes.

Lanzar un programa para jóvenes (18-35 años) con incentivos como becas o descuentos culturales por participar en consejos ciudadanos o debates. Promocionarlo en la UCO y eventos como la Feria de Córdoba.

Impacto: Incrementar la participación juvenil un 25% en 3 años.

4. Transparencia  municipal.

Crear un portal de datos abiertos con informes periódicos sobre presupuestos y proyectos, gestionado por asociaciones civiles.

Incluir un sistema de quejas con respuestas en 30 días y sesiones públicas con alcaldes. Impacto: Aumentar la confianza en instituciones un 15% en 3 años.

5.-Promoción de la identidad cordobesa.

Lanzar la campaña “Córdoba de todos, participa”, vinculando el patrimonio (Mezquita, Medina Azahara) con la acción política. Incluir foros ciudadanos en espacios emblemáticos.

Impacto: Aumentar un 20% la participación en eventos cívicos en 2 años.

6.- Mejora de servicios y empleo.

Fortalecer la sanidad rural, el transporte y el empleo en sectores como agricultura ecológica o turismo sostenible. Publicar avances vinculados a la participación ciudadana.

Impacto: Reducir la percepción de ineficacia política y aumentar la participación en áreas rurales.

7.- Foros contra la despoblación.

Organizar foros intermunicipales anuales para abordar la despoblación, con propuestas ciudadanas como incentivos fiscales para empresas rurales.

Impacto: Frenar la pérdida de población y fomentar la colaboración municipal.

8.- Justificación y viabilidad.

Estas medidas, financiables con fondos europeos (Next Generation EU), aprovechan el potencial cultural y económico de Córdoba (turismo, agricultura) y abordan preocupaciones clave (sanidad, empleo, despoblación).

Combinan digitalización, educación y acción práctica para involucrar a jóvenes y comunidades rurales.

N.B. Desde ACOA, instamos a los cordobeses a sumarse activamente a consejos ciudadanos y asociaciones para regenerar la democracia local.

Con estas políticas, Córdoba puede superar el pasotismo, fortalecer la confianza en sus instituciones y construir una comunidad más unida y participativa.

Córdoba, 3 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Presidente de Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

  • Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
    En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.
  • Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
    Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.
  • Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

  • Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
  • Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
  • Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas  en el contexto actual, incluyen:

  • Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.
  • Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
  • Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
  • Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos  y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Un grito necesario contra la erosión del Estado de Derecho) – Artículo (I)

El pasado 11 de junio de 2025, la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un contundente llamamiento a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para recuperar el respeto hacia los tribunales y sus jueces. En un contexto de creciente polarización, sus palabras no solo reflejan una preocupación institucional, sino que señalan una amenaza real al pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la independencia judicial. Perelló denunció con firmeza las “descalificaciones constantes” que sufren los jueces por parte de quienes discrepan de sus resoluciones y calificó de “impropias de un Estado democrático avanzado” las manifestaciones que cuestionan directamente a jueces concretos. Este mensaje, que resuena con una claridad innegable, merece no solo nuestra atención, sino una acción inmediata y colectiva para frenar esta deriva.

<<Una realidad alarmante: ataques al poder judicial en todos los niveles>>

La advertencia de la presidenta no es una mera declaración retórica; es un reflejo de una realidad que se extiende desde los más altos tribunales hasta los juzgados de los pequeños municipios. Las descalificaciones a los jueces no son exclusivas de debates nacionales o de casos mediáticos. Es un hecho evidente, que esta actitud se ha normalizado incluso en el ámbito local. Es común escuchar a alcaldes o autoridades municipales cuestionar públicamente resoluciones judiciales, sin argumentos jurídicos, con el único propósito de deslegitimar al juez o jueza que las dicta. Estas críticas, a menudo vertidas con una arrogancia que ignora los principios de separación de poderes, no solo atentan contra la independencia judicial, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Lo más grave es que estas actitudes provienen en muchos casos de figuras políticas cuya legitimidad no siempre se basa en méritos profesionales o capacidades demostradas, sino en lealtades partidistas. Este fenómeno, que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, agrava aún más el problema. Un alcalde que, amparado en una mayoría absoluta, se siente por encima de la ley y ataca a un juez local, no solo comete un abuso de poder, sino que envía un mensaje devastador: que las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas o ridiculizadas sin consecuencias.

<<La vulnerabilidad de los jueces locales: un problema estructural>>

El llamamiento de Perelló adquiere una dimensión aún más urgente cuando se analiza la situación de los jueces que ejercen en pequeños municipios. Estos profesionales, que a menudo trabajan en soledad y con recursos limitados, son especialmente vulnerables a las presiones políticas y sociales. Cuando un alcalde o cualquier autoridad local critica públicamente una resolución judicial, no solo pone en entredicho la autoridad del juez, sino que lo expone a un escrutinio injusto por parte de la comunidad. Esta situación, es “insidiosa” y “cobarde”, pues el juez no tiene medios efectivos para defenderse públicamente sin comprometer su imparcialidad.

La impunidad con la que actúan estas autoridades locales es, sin duda, la raíz del problema. La falta de consecuencias legales o políticas para quienes atacan a los jueces fomenta una cultura de desprecio hacia el poder judicial. Si no se actúa con firmeza para proteger a los jueces locales, el mensaje que se envía es que el Estado de Derecho es frágil y que la justicia puede ser doblegada por el poder político. Si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

<<La responsabilidad del CGPJ y de la sociedad>>

El llamamiento de Isabel Perelló no puede quedar en palabras. Es imprescindible que el CGPJ, como garante de la independencia judicial, tome medidas concretas para proteger a los jueces frente a estos ataques. Esto incluye actuaciones inmediatas contra cualquier político que incurra en descalificaciones públicas hacia jueces concretos. El Consejo debe enviar un mensaje claro: cualquier intento de socavar la autoridad judicial tendrá consecuencias, independientemente de si el ataque proviene de un alto cargo o de un edil de un pequeño municipio.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La sociedad civil tiene un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), en respuesta al llamamiento de Perelló, ha hecho un llamamiento a sus asociados y simpatizantes para rechazar las descalificaciones a los jueces y promover el respeto hacia los tribunales. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a fortalecer la democracia, recordando que la justicia independiente es un pilar irrenunciable de nuestra convivencia.

<<Conclusión: un compromiso colectivo para salvar la democracia>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Las descalificaciones a los jueces, especialmente cuando se dirigen a profesionales en contextos vulnerables, no son un problema menor; son un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos rechazar estas actitudes y exigir que las instituciones actúen con contundencia para proteger la independencia judicial.

Hacemos nuestro el mensaje de Isabel Perelló y de la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-: Recuperar el respeto hacia los jueces y tribunales es una tarea urgente y colectiva. Solo a través de un compromiso real, que defienda tanto a los magistrados del Tribunal Supremo como a los jueces de los pequeños pueblos, podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar que sostiene nuestra democracia.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento Presidenta T. S. y CGPJ y rechazamos las descalificaciones a jueces concretos, porque lo contrario es destruir nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Aforamiento en diferido (el ejemplo perverso del no va más)

El  día 18 de agosto de 2020 colgué en este blog un artículo con el título de “Un escudo desaforado (prevaricación administrativa, historia de un privilegio)” hablando de los aforamiento políticos y decía, entre otras cosas, que “es un hecho cierto, que resulta prácticamente imposible imputar con éxito a una autoridad y/o funcionario público, que dicta una resolución injusta con base al artículo 404 del Código Penal, ya que como he razonado, gozan de un escudo desaforado, siendo lo dicho la historia de un privilegio exorbitante”.

La realidad ha demostrado que ese día me quedé corto en mi crítica a los aforamiento, ya que, el Caso del Diputado Sr. Gallardo (antes Presidente de la Diputación de Badajoz) ha batido todos los límites del aforamiento legítimo, al traspasar cualquier grado de la ética política, pues no solo se afora él en claro fraude de ley, sino que, además, afora posiblemente a todos los miembros encausados con él, lo que ya no es un simple privilegio sino un desafuero que destruye el -valor justicia constitucional- (art. 1.1. C. E.), al implicar la destrucción del principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la C. E. de 1978.

Es una realidad preocupante y desgraciada, que España tiene el dudoso honor poder presumir de tener la plusmarca europea en aforamientos, ya que, seguramente, en nuestra piel de toro más de 250.000 personas poseen una protección jurídica privilegiada al estar aforados, que conlleva que en caso de ser juzgados lo sean por tribunales superiores en vez del ordinario que les correspondería.

La cifra de aforados de nuestro País comparada con otros países europeos produce sonrojo y mucha vergüenza, pues por ejemplo, Italia solo tiene uno y en Francia la cifra no llega a 20. 

Aunque el caso del Diputado Sr. Gallardo ha demostrado que siempre se puede empeorar, traspasando el aforamiento directo y yendo sin ética que valga al proceloso mundo de los aforamiento diferidos, lo que implica un paso más hacia la descomposición de la democracia y de nuestros derechos y libertades.

N.B. El aforamiento en diferido es el ejemplo perverso del no va más de la desigualdad y de la injusticia, y, el ejemplo vivo de como se está destruyendo nuestra democracia constitucional, que es el verdadero asunto, que nos debe preocupar a todos los que defendemos la libertad.

Se trata de un dislate increíble contra toda ley y equidad instalado en el mundo de la arbitrariedad, proscrita en el art. 9 de la C. E.

Córdoba, a 2 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.