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Sostenibilidad del Modelo de Bienestar y el futuro del SNS

1.- El Sistema Nacional de Salud entre <-el temporal y el diluvio->-

Es un hecho real, que la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se sitúa en el epicentro de una crisis de sostenibilidad, ya que, la saturación de la atención primaria y las listas de espera quirúrgicas (que ya superan en demasiados casos los 200 días de media), han forzado la apertura del debate técnico sobre el copago por actos médicos (consultas, especialistas y urgencias) como medida de supervivencia.

<<El desafío de la regularización y el arraigo familiar>>

El impacto real de la regularización extraordinaria se estima ahora en 2 millones de personas, impulsado por el “efecto llamada” y, especialmente, por el arraigo familiar transversal. Este último factor es crítico: La llegada de ascendientes (padres y abuelos) desplaza el gasto hacia la cronicidad y la polifarmacia, con un coste anual por paciente de 1.884 eur. frente a los 720 eur. de un adulto joven.

2.- El techo de cristal financiero – (La ilusión de los recursos infinitos).

Es imperativo desterrar la creencia de que los recursos del Estado son elásticos o infinitos. En 2026, España ha alcanzado un punto de agotamiento real de sus fuentes de financiación:

<-Límite de Presión Fiscal: La carga impositiva sobre ciudadanos y empresas ha llegado a un nivel de saturación donde cualquier incremento adicional corre el riesgo de reducir la actividad económica y, por ende, la recaudación neta (Curva de Laffer).

<-Restricción de Deuda: Con una deuda pública que condiciona los presupuestos futuros, el margen para financiar gasto corriente mediante préstamos se ha cerrado debido a las reglas fiscales de la UE y la disciplina de los mercados.

<-La ecuación del agotamiento:

Recursos Max=Recaudación Impositiva Limitada+Capacidad de Endeudamiento Agotada

Cuando la demanda de servicios crece exponencialmente (2 millones de nuevos usuarios) pero la base de recursos es finita, el sistema entra en insolvencia técnica.

3.- El SNS en el marco del gasto público agregado.

La viabilidad de la sanidad está condicionada por un exceso de gasto público estructural, que limita la capacidad de inversión en salud:

<-Partidas rígidas: El gasto en pensiones, la nómina de los funcionarios y el servicio de la deuda absorben la mayor parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

<-Asfixia presupuestaria: El mantenimiento de un gasto corriente elevado en la administración reduce el margen de maniobra para afrontar la incorporación masiva de usuarios con alta demanda asistencial.

4.- Deterioro transversal de los servicios públicos.

La derivación de recursos hacia la protección social y el gasto corriente está provocando un deterioro palpable en otros pilares del Estado:

<-Infraestructuras: Falta de inversión en carreteras y ferrocarril, afectando a la competitividad.

<-Seguridad y Educación: Pérdida de calidad por falta de renovación de plantillas.

<-Cuidado de Mayores: Una Ley de Dependencia infrafinanciada que satura indirectamente los hospitales.

5.- Viabilidad jurídica y el dilema del copago.

La implementación de un sistema de copago en Andalucía enfrenta barreras legales (STC 71/2014 y Ley General de Sanidad). Sin embargo, ante la imposibilidad de ampliar los recursos finitos del Estado, el copago se perfila como una tasa de corresponsabilidad necesaria para:

1.- Efecto Disuasorio: Frenar el uso inadecuado de urgencias y consultas.

2.- Inyección de Liquidez: Aportar fondos directos que el sistema tributario ya no puede generar por sí solo.

6.. Conclusión y Perspectiva Social. El descontento social manifiesta una realidad innegable: El ciudadano percibe que el incremento de la presión fiscal no se traduce en mejores servicios, sino en una degradación de su calidad de vida.

En definitiva, la sostenibilidad del SNS depende de aceptar que hemos llegado al límite de los recursos no ampliables. Sin una reforma profunda que incluya medidas severas como el copago o una reestructuración drástica de la inversión pública, el contrato social corre el riesgo de romperse definitivamente ante la incapacidad del Estado para gestionar una demanda infinita con recursos que, finalmente, se han agotado.

N. B. Imagen. Realidad visible.

(Los recursos del Estado son infinitos y en España hemos llegado a un punto de agotamiento real de esos recursos finitos y no ampliables más).

Córdoba, a 26 de abril de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Libre circulación en Europa – Soberanía nacional vs. Schengen – (Muro suizo vs. Imán español)

Europa no se rompe por sus fronteras externas, sino por la divergencia irreconciliable de sus políticas internas, ya que, lo que ocurre hoy en la frontera suiza y en las oficinas de extranjería españolas no es un mero debate administrativo, sino que es un desafío existencial a la propia supervivencia de la Unión Europea y a los valores que la fundaron.

Estamos ante una paradoja letal, pues *mientras el derecho comunitario predica cohesión y solidaridad, *la realidad nacional impone la fragmentación como única forma de supervivencia. La inmigración masiva e incontrolada ha convertido la libre circulación en un lujo, que solo pueden permitirse quienes cierran sus puertas.

Los nacionales europeos tienen derecho legítimo a protegerse a sí mismos, a sus familias, a sus servicios públicos y a su modo de vida frente a una invasión que amenaza con colapsar la democracia, el Estado de Derecho y los principios de libertad, igualdad y fraternidad que Europa tanto presume.

1.- La cláusula de guillotina suiza – (soberanía o suicidio).

El referéndum suizo del 14 de junio de 2026, bajo la iniciativa No a una Suiza de 10 millones, no es solo una consulta demográfica, sino que es una declaración de supervivencia nacional. Suiza ha elegido priorizar el control de su población antes que mantener un acuerdo bilateral que, de activarse la “cláusula de guillotina”, arrastre consigo todos los tratados de libre circulación, comercio, ciencia y seguridad.

Suiza prefiere el aislamiento estratégico a la desaparición cultural y social. Este muro suizo no es xenofobia, sino que es el ejercicio legítimo del derecho soberano de un pueblo a decidir quién vive en su casa y bajo qué condiciones.

Los suizos han comprendido lo que muchos europeos aún niegan, concretamente, que sin control demográfico no hay democracia posible.

2. España y el unilateralismo – (La eliminación del Reglamento de Dublín).

En el extremo opuesto, la regularización masiva impulsada por España representa el polo opuesto, puesto que supone una rendición incondicional ante la invasión incontrolada.

Al conceder papeles de forma extraordinaria y masiva, España no solo viola el principio de confianza mutua entre socios de Schengen, sino que hace saltar por los aires el Reglamento de Dublín.

El resultado es previsible y ya se está produciendo, ya que, los inmigrantes regularizados en el sur se convierten en ciudadanos de facto de toda Europa y se dirigen masivamente al norte. Alemania y Francia ya han restablecido controles fronterizos terrestres porque la libre circulación se ha vuelto un peligro mortal para sus propios sistemas de bienestar.

España, ahogada por su invierno demográfico y por la precariedad de sectores como la agricultura cordobesa, intenta resolver sus problemas internos exportando inestabilidad al resto del continente. Lo que para algunos es <-solidaridad-> o solución urgente, para la mayoría de europeos es una amenaza directa a sus servicios públicos, su seguridad y su identidad cultural.

(Nota. El comisario de Migración, Magnus Brunner, ha sido claro en sus declaraciones: Un permiso de residencia español no es “un cheque en blanco” para circular libremente por Europa, y, si un regularizado se desplaza a otro Estado miembro y es encontrado en situación irregular, deberá ser devuelto a España.)

3.- Pacto de Migración – (Parche inútil para un problema estructural).

 El Pacto de Migración de 2024, con su supuesta solidaridad financiera, ha quedado demostrado como lo que siempre fue, concretamente, un engaño cosmético, ya que, ninguna transferencia económica puede compensar la ausencia total de una política europea común de fronteras exteriores reales y efectivas.

Mientras unos países (como Suiza) defienden su derecho a existir como naciones soberanas, otros (como España) actúan como si la soberanía nacional fuera un concepto caduco. El resultado es una Europa de dos velocidades, puesto que *unos cierran filas para proteger a sus nacionales, y, *otros abren las puertas de par en par y luego piden que el resto pague las consecuencias.

Conclusión. – (la fragmentación de Europa ante la invasión).

 El año 2026 marca el certificado de defunción del modelo actual, ya que, no es posible mantener un espacio sin fronteras interiores cuando no existe una armonización real -y obligatoria- de las políticas de inmigración y extranjería.

La soberanía suiza y la urgencia española son las dos caras de la misma moneda: La ausencia absoluta de una verdadera política europea de Estado.

Sin una respuesta conjunta y firme, Schengen no solo corre el riesgo de convertirse en un recuerdo histórico, sino que toda la arquitectura democrática europea se desmorona bajo el peso de una inmigración masiva e incontrolada que pone en peligro los servicios públicos, la cohesión social y los valores fundamentales de Occidente.

N. B. Imagen. Suiza-España-Europa Schengen – (Fragmentación).

El referéndum suizo del 14 de junio de 2026 no resolverá el problema europeo, pero sí pondrá de manifiesto las diferencias profundas entre países que pueden elegir y países que, hoy por hoy, no tienen esa opción.

La regularización masiva aprobada en España, al igual que el referéndum suizo, supone un desafío a la libre circulación del Espacio Schengen.

(Nota. Schengen hoy: 29 países con libre circulación (teórica). Dato INE 2026: Más del 20 % de la población española ya es nacida en el extranjero.)

La regularización masiva en España y el referéndum suizo son dos respuestas opuestas al mismo desafío: Una defiende la nación, y, la otra la disuelve. Los nacionales europeos tienen pleno derecho a protegerse y quienes lo niegan no defienden Europa, simplemente la están liquidando.

Córdoba, 1 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Igualdad formal vs. Igualdad práctica (El reto de la regularización)

Un grupo elevado de lectores me pregunta sobre la regularización masiva de inmigrantes y me piden una opinión, así que, como suelo hacer intentaré darles una explicación razonable.

En el actual escenario normativo de febrero de 2026, España se enfrenta a un desafío que trasciende lo administrativo para instalarse en el corazón de la justicia social:

La gestión de la regularización extraordinaria de extranjeros.

El debate no debe centrarse en la existencia o no de privilegios, sino en la colisión entre la igualdad formal (la ley es igual para todos) y la igualdad práctica (cómo impacta esa ley en un sistema de servicios públicos ya tensionado).

1.- El marco jurídico (La regularización de 2026).

El reciente Real Decreto-ley de regularización extraordinaria busca integrar a una población de entre 500.000 y 800.000 personas que ya conviven con nosotros. Jurídicamente, el objetivo es impecable: Reducir la economía sumergida, aflorar cotizaciones y garantizar derechos fundamentales. Una vez obtenida la autorización de residencia y trabajo, estas personas adquieren la condición de residentes legales, accediendo al catálogo de servicios públicos en plenas facultades.

2.- La paradoja de los baremos. – (Parece haber prioridad).

Es fundamental aclarar que no existe una prioridad legal por origen nacional. Los criterios de acceso a guarderías (0-3 años), al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o a las ayudas al alquiler son universales y se basan, principalmente, en la vulnerabilidad socioeconómica.

**Sin embargo, aquí es donde surge el conflicto de la “igualdad práctica”, así:

<-El perfil de vulnerabilidad: Los nuevos regularizados suelen presentar niveles de renta más bajos, familias más numerosas y situaciones de precariedad laboral inicial.

<-La puntuación mecánica: Al aplicar los baremos vigentes (donde puntúa más la renta baja o el número de hijos), este colectivo encaja de forma natural en los tramos de máxima prioridad.

**La clave del problema: No es que se favorezca al inmigrante “por serlo”, sino que el sistema está diseñado para primar la necesidad extrema. Cuando esa necesidad se concentra en un grupo recién incorporado al sistema legal, el resultado práctico es que familias españolas de rentas medias o bajas (pero no extremas) se ven desplazadas en las listas de espera.

3.- El riesgo del colapso y la gestión de la escasez.

La justicia de una medida de integración no puede evaluarse de forma aislada a la capacidad del sistema. La incorporación de cientos de miles de nuevos usuarios cualificados para ayudas sociales sin una ampliación proporcional de la oferta pública produce un efecto de “suma cero”.

<-Educación y Sanidad: La saturación en la Atención Primaria y la falta de plazas en escuelas infantiles no son responsabilidad del inmigrante, sino de una planificación que no prevé el aumento de la demanda.

<-Servicios Sociales: El IMV y las rentas mínimas tienen presupuestos acotados, de forma, que si la base de solicitantes con máxima puntuación crece exponencialmente, el sistema se bloquea para todos.

4.- Conclusión. – (Una solidaridad sostenible).

Como profesionales del derecho, debemos defender que la ayuda al inmigrante es un imperativo humanitario y económico, pero no debe ejecutarse a costa de la erosión de los derechos y servicios de quienes ya sostienen el sistema.

La igualdad formal es un pilar de nuestra democracia, pero si no se acompaña de una inversión pública que absorba la nueva demanda, generamos una desigualdad práctica que fractura la cohesión social. Para que la integración sea real y justa, el Estado debe garantizar que la ampliación de derechos para unos no signifique la pérdida de servicios para otros.

N.B. El reto de la regularización es pasar de la igualdad formal a la igualdad práctica, a la vez, que se consigue una integración productiva de calidad, llevándose a cabo una reestructuración completa del mercado de trabajo.

La solución no es el enfrentamiento entre vulnerables, sino una administración de recursos que entienda que la capacidad de acogida está intrínsecamente ligada a la capacidad de prestación.

Córdoba, 9 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya.

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).