El pasado 18 de enero, la tranquilidad de Adamuz se rompió por el peor accidente ferroviario de nuestra historia reciente, más de 41 vidas perdidas, otros tantos desaparecidos y cientos de heridos no son solo una cifra, sino que son el síntoma trágico de una enfermedad, que España lleva años ignorando, concretamente, el “déficit oculto” de nuestras infraestructuras.
Como ciudadanos y profesionales, solemos mirar las leyes, pero rara vez miramos lo que hay bajo el asfalto o tras las catenarias, aunque, la realidad es dura, porque hemos preferido inaugurar lo nuevo, que “mantener lo necesario”.
1.- El “Déficit Oculto”.
Es la deuda técnica que acumulamos cada vez que un político prefiere cortar una cinta de una obra nueva (CAPEX – gastos de capital) antes que arreglar una viga vieja (OPEX – gastos operativos).
Actualmente, España necesita entre 150.000 y 180.000 millones de euros solo para poner al día lo que ya tenemos, porque estamos viviendo en una casa con domótica de última generación, pero con las tuberías a punto de reventar.
2.- Radiografía de un abandono sistémico.
Sector
El Problema Real
El Riesgo para nosotros
Trenes
Dos velocidades: AVE de lujo vs. Cercanías y red convencional olvidadas.
Descarrilamientos por fatiga de materiales.
Carreteras
El peor estado en 40 años. 1 de cada 3 km necesita reconstrucción.
“Piel de cocodrilo” en el asfalto que reduce el agarre y causa accidentes.
Agua
Perder el 25% del agua potable por fugas en tuberías obsoletas.
Socavones urbanos y falta de suministro en sequías.
Luz
Redes viejas que no aguantan el autoconsumo ni el clima extremo.
Grandes apagones como el de abril de 2025.
3.- Del “caso fortuito” a la negligencia de la Administración.
Desde una perspectiva jurídica, el accidente de Adamuz cambia las reglas del juego, pues ya no vale la excusa de la “mala suerte” o el “caso fortuito”.
Si existen avisos previos (como, al parecer, los hubo en junio de 2025) y la Administración no actuó, estamos ante una falta de diligencia clara (art. 106 CE), de forma, que el ciudadano perjudicado tiene derecho a ser indemnizado, aunque no deberíamos esperar a la tragedia para exigir responsabilidades. Por otro lado, la justicia lenta (con retrasos de 5 años) actúa como un muro que protege la inacción política.
4.- Soluciones. (No más parches, sino tecnología y ley).
Para salir de este bache, propongo una gestión radical basada en tres pilares:
<-Gemelos Digitales e IA: Sensores que avisen de que una vía va a romperse antes de que pase el tren. Dicho de otra manera, un “mapa vivo” de nuestra seguridad.
<-Libros de contabilidad inmutables -blockchain- contra la corrupción: Que cada euro destinado a mantenimiento sea rastreable, de forma, que basta de obras menores, de contratos fraccionados y de cosas parecidas.
<-Ley de Garantía de Mantenimiento (LGMIC): Blindar por ley que el 2% del valor de las infraestructuras se use sí o sí para conservarlas, sin que el político de turno pueda tocar ese dinero para otros fines.
<< Un ciudadano activo – (“Fiscalización Social”>>
No podemos ser sujetos pasivos, ya que, como profesionales debemos ser estrategas de la responsabilidad, pero como ciudadanos, debemos denunciar y, sin duda, somos muchos.
1.- Mapea el riesgo: Usa apps para reportar baches o fallos.
2.- Rompe la “buena fe”: Notifica formalmente los riesgos a la Administración, ya que, si pasa algo y los responsables lo sabían, su responsabilidad penal y patrimonial es total.
<<Conclusión>>
Adamuz nos ha enseñado que el mantenimiento no es un gasto, es un seguro de vida, de manera, que es hora de dejar de mirar la foto de la inauguración y empezar a exigir la seguridad de lo cotidiano -del día a día-.
N.B. Las infraestructuras en España están como están, sin mantenimiento y conservación adecuadas, de forma, que existe un “déficit oculto”, que tiene graves implicaciones.
El artículo 14 de la Constitución Española proclama con solemnidad que “los españoles son iguales ante la ley”, pero en los pasillos abarrotados de nuestros juzgados, esta igualdad se desvanece como humo entre montañas de expedientes polvorientos, macrocausas mediáticas y una administración de justicia crónicamente desfinanciada. La realidad es muy dura, porque en España, operan dos velocidades judiciales: Una rápida y reluciente para los casos con cámaras y titulares, y, otra lenta, retorcida y olvidada para la justicia cotidiana, que impacta directamente en la vida de la gente de a pie.
Esta brecha no es un accidente, sino que es un fallo sistémico, que erosiona la democracia y perpetúa la impunidad de los más fuertes.
<<La Desigualdad en la Justicia Española – (Un análisis realista)>>
La justicia española, lejos de ser un baluarte de equidad, se ha convertido en un espejo deformado de las desigualdades sociales.
**Analizamos los puntos clave donde la promesa constitucional se quiebra:
1.- Macrocausas – (Agujeros Negros Judiciales).
Los grandes procesos -como las tramas de corrupción política o empresarial- actúan como verdaderos agujeros negros, devorando jueces, funcionarios y peritos durante años interminables, mientras tanto, miles de causas “menores” quedan paralizadas en el limbo burocrático. Una simple querella de un ciudadano anónimo, un conflicto laboral o una denuncia por irregularidades locales se pudre en un cajón olvidada, porque sin inversiones adicionales en personal y tecnología, cada macrocausa no solo paraliza un juzgado, sino que sabotea la democracia diaria, dejando a la ciudadanía desprotegida ante abusos cotidianos.
¿Es esto igualdad o un sistema diseñado para priorizar el espectáculo sobre la sustancia?
<- Brecha en la capacidad de defensa (Dinero y poder).
La imparcialidad del juez es un recipiente vacío si la defensa no es equitativa: (I). Grandes fortunas y políticos investigados por corrupción despliegan ejércitos de abogados de élite, multiplicando recursos, incidentes procesales y nulidades para dilatar los juicios hasta el agotamiento ajeno; y, (II). en contraste, el ciudadano medio -con asistencia jurídica gratuita o recursos limitados- enfrenta una guerra de desgaste que no puede ganar.
“Ladesigualdad transforma la igualdad formal en una desigualdad práctica brutal, donde el dinero compra tiempo, influencia y, a menudo, absoluciones implícitas”.
**Una crítica sin engaños: “Un sistema judicial que permite esto es injusto, porque es discriminatorio y cómplice de la corrupción”.
<-Presión Mediática y Juicios Paralelos (El circo de las portadas).
-La cobertura mediática distorsiona las prioridades judiciales de manera flagrante, ya que, los casos de portada avanzan a ritmo acelerado bajo la presión política e institucional,-mucho más numerosas y cercanas, como las en ayuntamientos o administraciones autonómicas- se embarran en la burocracia y el silencio, porque la selectividad mediática no solo acelera lo visible, sino que condena lo invisible a la impunidad.
¿Por qué un escándalo nacional recibe atención inmediata, pero un contrato irregular en un pueblo se eterniza?
La respuesta es clara: “El poder mediático dicta el tempo, perpetuando un ciclo vicioso donde la justicia se convierte en entretenimiento para unos pocos privilegiados”.
2.- Justicia Tardía (Impunidad disfrazada).
Cuando una resolución llega tras ocho, diez o más años, el daño ya es irreparable, entre otras cosas, porque el político corrupto ha abandonado el cargo, el dinero robado se ha evaporado en paraísos fiscales y la confianza pública en las instituciones se ha desintegrado, de manera que como dice el aforismo jurídico, “justicia tardía no es justicia”, ya que. es otra cosa que se llama engaño.
Esta dilación sistemática no es casual, sino que es el resultado de un sistema sobrecargado y desatendido, que favorece a quienes pueden esperar -los poderosos- y castiga a los vulnerables.
<<Una Democracia se mide por sus márgenes – (Las estadísticas que desnudan la realidad)>>
**Las tablas y datos oficiales confirman nuestra esta crítica:
<-Recursos Secuestrados, ya que, las causas mediáticas monopolizan juzgados enteros, dejando sin atención el 80% de los expedientes cotidianos (según informes del CGPJ).
<-Tiempos de espera injustos, porque los ciudadanos esperan años por resoluciones simples, mientras macrocausas avanzan con refuerzos especiales.
<-Equilibrar el poder económico, ya que, quienes contratan defensas premium obtienen ventajas procesales, con tasas de dilación un 50% superiores en casos de bajo perfil.
<-Modificar las prioridades políticas, porque las reformas judiciales se centran en lo macro, ignorando lo local y perpetuando la brecha.
Una justicia verdaderamente igualitaria no se limita a proclamar principios constitucionales formales, sino que exige garantizar, que un contrato irregular en un pueblo reciba la misma diligencia que una trama nacional.
Sin inversiones masivas en digitalización, más jueces y personal cualificado, la igualdad seguirá siendo un cascarón vacío, no una realidad tangible.
Nota . Hay que recordar con intensidad, que “la calidad de una democracia se mide por cómo trata al ciudadano sin poder, dinero ni conexiones”. Cualquier otro enfoque es hipocresía institucionalizada.
<<Un Plan para la Igualdad Real (Proyecto Lupa y Red)>>
Reformar el sistema desde arriba es quimérico en un panorama político paralizado, pero la sociedad civil puede impulsarlo desde abajo con determinación, razón por la que presentamos el Proyecto Lupa y Red, una iniciativa de vigilancia ciudadana para exigir la aplicación efectiva de las leyes existentes, sin necesidad de revoluciones legislativas.
***Este plan transforma la pasividad en acción crítica y colectiva.
**Fase 1: La Lupa – Monitorizar lo Invisible.
<-Crear observatorios locales impulsados por vecinos para rastrear casos de corrupción o abusos administrativos que el sistema ignora.
<-Registrar tiempos de espera en bases de datos públicas y accesibles, exponiendo la lentitud endémica.
<-Comparar públicamente el ritmo de casos locales versus mediáticos, usando datos para denunciar la desigualdad. Los datos no mienten: son la herramienta más afilada contra la indiferencia burocrática.
**Fase 2: La Red – Solidaridad Colaborativa.
<-Impulsar plataformas de crowdfunding jurídico y redes de abogados voluntarios para nivelar el campo de juego.
<-Acompañar a denunciantes protegidos por la Ley de Protección del Informante, rompiendo su aislamiento.
<-Convertir el miedo y la soledad en fuerza colectiva, donde la comunidad respalda al individuo contra el Goliath institucional.
**Fase 3: Ruido Selectivo – Hacer Visible lo Oculto.
<-Organizar presencia ciudadana en juzgados para demostrar vigilancia y presión pública.
<-Denunciar retrasos en redes sociales, etiquetando a organismos judiciales y medios con datos verificables y contundentes. Este “ruido” no es caos; es transparencia estratégica que obliga al sistema a rendir cuentas.
<<Ciudadanos frente al Sistema (Herramientas de defensa)>>
Debilidad del Ciudadano
Herramienta de Combate
Acción Práctica
Falta de Recursos
Acción Popular Colectiva
Compartir costes de denuncias en asociaciones y plataformas.
Soledad
Redes de Apoyo
Acompañar a denunciantes y testigos en juicios y procesos.
Desconocimiento
Alfabetización Jurídica
Organizar talleres gratuitos sobre plazos, procedimientos y derechos.
Invisibilidad
Digitalización del Escándalo
Publicar cronogramas y retrasos en plataformas abiertas para viralizar la injusticia.
<<El efecto gota de agua (Transparencia como arma).
No pretendemos colapsar el sistema, sino incomodarlo con una transparencia implacable. Un juez consciente de que sus tiempos son escrutados actúa con mayor diligencia, y, además, un político expuesto no puede esconderse.
Es un hecho indudable: “La justicia falla cuando unos gritan y otros callan”. Critiquemos esta asimetría y actuemos para equilibrarla.
<<Iniciar el cambio (Pasos concretos)>>
1.- Asumir que la corrupción “menor” -esa que afecta a tu hospital, colegio o calles- es tan corrosiva como la nacional.
2.- Recordar que diez personas coordinadas pueden auditar y transformar toda una ciudad.
N. B. El cambio no vendrá de decretos lejanos, sino que surge cuando la sociedad civil decide mirar, medir y actuar con seriedad y persistencia.
El artículo 14 de la C. E. debe pasar de ser una declaración formal a una igualdad real y eso depende de nosotros.
Los asociados y colaboradores de Córdoba Abierta -ACOA- me preguntan sobre la financiación de las CC. AA. y como se reparte el dinero entre ellas, y, con arreglo a que criterios, pues argumentan que siempre históricamente Andalucía ha estado postergada en el cálculo de la financiación autonómica, tanto por población como por la extensión del su territorio.
Es un hecho verdadero, que entender, cómo se reparte el dinero entre las distintas CC. AA. en España parece un rompecabezas dentro de un laberinto, pero para Andalucía es una cuestión vital, que de una vez se haga justicia con nuestra tierra con un reparto justo y equitativo.
Ahora mismo la financiación de Andalucía nadie sabe que es, ni donde esta, ya que, aparece el Sr. Junqueras, la Ministra de Hacienda, vicepresidenta y más, el Presidente de la Junta de Andalucía y su Consejera, y, un largo etc. de personajes implicados, de forma, que solo queda ver y determinar si el modelo nuevo de financiación que saldrá de esta ensalada es justo para nuestra tierra andaluza, pero lo que es indudable, es que no es lo mismo una población de 8,6 millones de personas, que una población de 10 millones a efectos de calcular y fijar una financiación equitativa y solidaria.
**Unas preguntas sobre Andalucía:
¿Recibimos lo que nos corresponde?¿Por qué nuestros centros de salud a veces parecen desbordados?
La respuesta no está solo en los presupuestos, sino en quiénes somos realmente frente a quiénes dice el papel que somos.
1.- El desfase o desajuste – (Población Real vs. Población Oficial).
Uno de los grandes problemas de Andalucía es la población <invisible>, que está pero no se cuenta, pues el sistema actual paga según el “Padrón”, pero la realidad es muy distinta, así:
<-Habitantes en Andalucía según el Padrón Oficial: 8,6 millones.
<-Andalucía Real (Población Vinculada): Más de 10 millones de personas.
(Nota. Hay en Andalucía 1,6 millones de personas como mínimo (jubilados nacionales y europeos, teletrabajadores, veraneantes de larga estancia, etc.), que consumen sanidad, farmacia y servicios en casi toda nuestra tierra, pero que el Estado no envía ni un euro por ellas).
Andalucía “regala” servicios a una población equivalente a toda la ciudad de Madrid, que no computa en el reparto autonómico.
2.- El déficit histórico.
Históricamente, Andalucía ha estado infrafinanciada.
**Según informes de expertos, hasta finales de 2025:
<-Recibíamos unos 1.522 millones de euros menos al año de lo que nos correspondería por media nacional.
<-El sistema actual prima “cuántos somos” oficialmente, ignorando “cuantos somos realmente”, y, por si fuera poco, se omite, además, la extensión territorial (somos la segunda región más grande) y el coste de llevar servicios a pueblos dispersos.
(Nota. Dato clave: Aunque Andalucía es una región de personas jóvenes comparada con el norte de España, el gasto en farmacia es de los más altos del País (16,9% del gasto sanitario), lo que demuestra que estamos atendiendo a miles de mayores que no están empadronados aquí y que a efectos de la financiación son -invisibles-).
3.- El caso de la Subbética (Iznájar y Rute como ejemplo).
El hecho comprobado de la invisibilidad no es solo de la costa andaluza, ya que, en el interior de Andalucía, pueblos como Iznájar o Rute sufren este “agujero” estadístico:
<-Iznájar: Su población oficial es de 3.700 personas, pero su población real se duplica en periodos vacacionales, y, a mayor inri, casi el 25% de sus residentes reales son extranjeros que, por miedo a la burocracia, no se empadronan.
<-Un ejemplo del problema: “El centro de salud y las urgencias” se calculan para 3.700 personas, no para las 7.000 que realmente residen allí.
<<Los Ayuntamientos se mueven>>
Para que el dinero llegue, los vecinos deben “existir” oficialmente, de manera, que los municipios afectados han adoptado medidas y algunas ya están en marcha, así:
1.- Oficinas del Residente: Ayuda directa a extranjeros para tramitar el padrón sin miedo a perder sus derechos en su país de origen.
2.- Incentivos Fiscales: Rebajas drásticas en el impuesto de compra de vivienda (del 8% al 3,5%) para quienes se empadronen en pueblos pequeños.
3.- Tarifas de Residente: Descuentos en servicios municipales solo para los censados: “Si no te cuentas, no cuentas”.
<<Conclusión>>
Andalucía puede tener una oportunidad histórica este 2026, porque si se consolida un nuevo modelo de financiación justo y logramos (entre otras cosas) que nuestra “población invisible” se haga oficial, la sanidad, la educación y los servicios sociales podrán dar un salto de cantidad y calidad, pues no se trata de pedir más que nadie, sino de un reparto justo por cada persona que realmente vive y respira en nuestra tierra.
N.B. Andalucía – financiación autonómica, el problema de la población vinculada o invisible y un reparto justo.
Según nuestra estimación, basada en datos de los casos con extranjeros que conocemos directa y/o indirectamente, aproximadamente, en Andalucía hay al menos 2.000.000 personas invisibles, pues el caso de Iznájar y Rute se repite por Almería, Granada, Jaén, resto de Córdoba, Sevilla, el interior de Málaga, de Huelva y de Cadiz, especialmente, en esta última provincia en toda la zona del Campo de Gibraltar.
El dato de gasto en farmacia es el mejor indicativo de nuestra estimación, de forma, que no hay más que acercarse a cualquier centro de salud y preguntar, el número de personas desplazadas, extranjeros y nacionales jubilados o en vacaciones, *que atienden en los mismos y *que se les prescriben, recetan o autorizan medicamentos de todo tipo y color.
Es un hecho desgraciado, que la “corrupción menor” o de baja intensidad es un problema secundario en España. Sin embargo, estas palabras “de menor intensidad” es una trampa terminológica, ya que, la realidad es, que la acumulación de pequeños abusos de poder (-la llamada “corrupción hormiga”-) tienen un impacto económico y social mucho más devastador que los grandes titulares nacionales, pues ocurre cada día en los miles de ayuntamientos de España.
1. La Ingeniería del “Enchufe” – (Sortear la Ley).
Para que estas prácticas espurias parezcan legales, se utiliza lo que en derecho llamamos fraude de ley, que es usar una norma para conseguir un fin prohibido (favorecer a un amigo, familiar o político).
**Los mecanismos más comunes son:
*El Abuso del Contrato Menor (Art. 118 LCSP): Son contratos “a dedo” (menos de 15.000 euros en servicios). El truco está en el fraccionamiento, así que se trocea un servicio grande en varios pequeños para evitar el concurso público y dárselo a quien el político desee.
*La “Administración Paralela”: Se crean empresas públicas (de aguas, basura o festejos) donde los controles son más laxos. Esto permite contratar personal mediante entrevistas subjetivas, evitando las oposiciones reales.
*Cesión Ilegal de Trabajadores: El Ayuntamiento contrata a una empresa externa “amiga” y esta contrata a los recomendados y, tras un tiempo trabajando en dependencias municipales, el trabajador demanda al consistorio, con el resultado de que entra en la plantilla municipal de forma fija sin haber aprobado jamás un examen.
2.- Radiografía de la Impunidad (Casos concretos).
La teoría se entiende mejor con la práctica. Analizamos dos focos donde la falta de fiscalización independiente es alarmante:
<-El Ayuntamiento de Cabra (El Vigilante que no Vigila).
Un pilar básico del control local es la Secretaría del Ayuntamiento, cuya función es advertir si un acto es ilegal.
-El problema: En Cabra, la figura de la “Secretaría Accidental” ha pasado de controlar la legalidad a asesorar al alcalde y a su partido político con el que gobierna y donde su independencia es más formal que real.
-Un dato clarificador: “Durante los años 2022 a 2025 no consta que se hayan realizado informes negativos o “reparos” de ilegalidad ante los decretos de alcaldía por la Secretaria Accidental, de forma, que cuando el órgano encargado de fiscalizar se convierte en asesor de confianza del alcalde, el ciudadano pierde su garantía de legalidad.
<-La Diputación de Córdoba (Empresas Públicas como Agencias de Colocación).
Las empresas provinciales, financiadas con el dinero de todos, presentan riesgos sistémicos de clientelismo:
Entidad
Práctica Detectada
Consecuencia para el Ciudadano
EMPROACSA (Aguas)
Denuncias de sindicatos por crear “jefaturas a medida” y promociones a dedo sin titulación requerida.
Subida de tarifas de agua mientras se gasta en cargos innecesarios.
EPREMASA (Residuos)
Externalizaciones a empresas donde terminan trabajando familiares de cargos políticos.
Precariedad laboral en el servicio y captura de dinero público por intereses privados.
3.- Que hace tan Peligrosa esta corrupción de “baja intensidad”.
No son solo “favores”, sino que, principalmente es un daño estructural que pagamos todos de tres formas:
3.1.- Bloqueo del ascensor social, ya que, si para trabajar en lo público no importa el estudio (mérito y capacidad) sino el carné político, el talento joven huye de nuestros pueblos.
3.2.- Ineficiencia económica, porque el dinero que se va en “chiringuitos” o asesores innecesarios, es dinero que no llega a servicios sociales, educación o sanidad local.
3.3.- Desafección democrática, ya que, se crea la falsa idea de que “todos son iguales”, alejando al ciudadano de la participación política y con lo que se erosionan las instituciones públicas.
<<Conclusión – (Silencio como motor del abuso>>
La corrupción menor no es un maletín de dinero en la sombra, sino que es <laerosión constante de los procedimientos>, de forma, que mientras los órganos de control (secretarios e interventores) dependan políticamente de quienes deben ser vigilados, el sistema seguirá fallando.
Como ciudadanos, nuestra mejor herramienta es la exigencia de transparencia y no normalizar el amiguismo como algo inevitable.
N.B. La corrupción menor o de baja intensidad es un mal mayor y un peligro para las instituciones democráticas, que viola derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie y erosiona el poder público que nace del pueblo.
Como decimos al inicio de este artículo, la corrupción menor es un peligro mayor para la democracia en España, que desgraciadamente se olvida y pasa a un segundo plano, siendo las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) los centros donde se acumulan la mayor parte de esta llamada corrupción de baja intensidad, pero que en su conjunto forma un cúmulo de casos, que superan las grandes corrupciones que dominan la vida pública y colapsan los juzgados y tribunales, impidiendo que estas corrupciones menores lleguen eficazmente a los mismos.
Recientemente, entró en mi despacho una familia que parece el retrato de la España actual: “Abuelos, padres e hijos (con sus propios niños) que convivían bajo un mismo techo”. No venían por un conflicto, sino por una necesidad jurídica: “Querían organizar su convivencia y sus recursos”.
Lo Expuesto es una realidad, ya que, lo que antes era una excepción, hoy es una tendencia, porque en España, la familia se ha convertido en el “Estado de Bienestar de emergencia”.
<<La Familia como “Colchón” de Seguridad>>
En el norte de Europa, el Estado garantiza la independencia de los jóvenes y cubre las necesidades de los mayores e incapacitados. En el Mediterráneo, en el Sur, es la familia la que rescata y este modelo se sostiene sobre varios pilares:
<-Pensiones de los abuelos: En muchos hogares, son el único ingreso estable que evita la exclusión.
<-Vivienda compartida: El alto precio del alquiler obliga a los jóvenes a quedarse en casa hasta los 30 (o volver tras un divorcio).
<-Cuidado invisible: Los abuelos actúan como guarderías gratuitas, permitiendo que los padres trabajen.
<-Brecha de género: “La mujeres se dedican a la cuidado de mayores renunciando a parte de sus trabajos y a progresar profesionalmente”.
<<Las Dos Caras de la Moneda>>
Este sistema de solidaridad tiene luces y sombras que debemos analizar:
<-Lo Bueno (El Éxito de Supervivencia).
-Paz Social: Evita que el desempleo juvenil (muy alto en España) se convierta en una crisis de personas sin hogar.
-Salud Mental: El apoyo afectivo y el no estar solo ante la crisis es un protector psicológico potente.
-El ahorro de la generación del baby boom fluye hacia los jóvenes que no pueden ahorrar.
<-Lo Malo (La carga estructural).
-Suicidio Demográfico, porque sin estabilidad ni vivienda propia, la gente no tiene hijos. España tiene una de las natalidades más bajas del mundo.
-La “Generación Sándwich”, que son las personas de 50 años asfixiadas entre el cuidado de sus padres ancianos y el de sus hijos que no se van de casa.
-Desigualdad porque el éxito de un joven depende más de si su familia tiene una casa en propiedad, que de su propio esfuerzo o talento.
<<Impacto de la Solidaridad Familiar>>
Área
Impacto Personal
Impacto Social
Vivienda
Acceso muy tardío a la propiedad.
Mercado de alquiler tensionado.
Empleo
Menor movilidad geográfica (miedo a perder la red).
Mercado laboral rígido e ineficiente.
Género
Sobrecarga de cuidados en la mujer.
Gasto público en dependencia “artificialmente” bajo.
<<Elección o imposición>>
A menudo decimos que en España “nos gusta estar juntos”, porque es cierto que nuestra cultura valora la cercanía, pero no nos engañemos porque “algunas-muchas veces la comodidad es, en realidad, un mecanismo de defensa”.
La verdad es que si los salarios permitieran una vivienda digna, veríamos una emancipación masiva, ya que, el español no se queda en casa por pereza, sino porque el mundo exterior se ha vuelto demasiado hostil para conquistarlo en solitario.
<<Conclusión>>
La solidaridad familiar es una red de salvamento maravillosa, sin embargo, hay un peligro: “Si la red se convierte en el suelo donde vives permanentemente, acabas olvidando cómo caminar”.
Necesitamos políticas que permitan que la familia sea una opción de afecto y no una obligación de supervivencia económica.
N. B. La Familia en España puede ser un refugio voluntario o una red de supervivencia, de forma, que cada uno lo verá de una manera, pero lo único cierto, es que cada vez se ven mas casos de refugio familiar ante la necesidad del día a día (abuelos sobrepasados de nietos, hijos que vuelven al hogar familiar después de un despido o de un divorcio, mujeres dedicadas a cuidar a sus mayores, y, así, un largo etc. de casos).
Es un hecho patente en España, que en muchos casos, ante la abstención del Estado, la solidaridad familiar se convierte en necesidad, aunque se diga, que es una virtud cultural para que no nos duela tanto la falta de oportunidades.
