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Una historia de fantasmas – Administración Paralela (Nadie sabe dónde está y para qué)

Según la RAE, un fantasma es “todo aquello que es inexistente o falso”. En España, la administración paralela está formada por miles de entes públicos cuya existencia, actividad o sentido económico y social son opacos o desconocidos.

*Administración General del Estado

Existen más de 500 entes públicos dependientes de ministerios, con presupuestos propios y autonomía para contratar sin procesos transparentes. Según la Intervención General del Estado, hay 215 entes instrumentales, más de 200 empresas y 35 fundaciones, sumando unos 450 entes, además de 43 sin adscripción clara. Aproximadamente el 15% (68 entes) se consideran “fantasmas” por su falta de control y transparencia, según el Tribunal de Cuentas.

*Comunidades Autónomas.

En julio de 2025, se registran 1.772 entes autonómicos (organismos, agencias, fundaciones y consorcios) con escaso control parlamentario, calificados como una “red de gasto opaco” por especialistas.

*Administración Local.

Se estiman 17.170 organismos locales, de los cuales 4.191 son entes dependientes. Al menos 1.239 (30%) carecen de adscripción clara, siendo considerados “fantasmas”. De estos, 675 son asociaciones, 414 fundaciones, 83 sociedades, 66 consorcios y 1 comunidad de usuarios.

*Andalucía.

En 2023, Andalucía tenía 1.794 entes autonómicos, incluyendo agencias, empresas, fundaciones y consorcios. De estos, 69 fundaciones se consideran opacas o inactivas, con alertas de mala gestión en organismos como IDEA o el Consorcio de Transportes de Sevilla. La falta de fiscalización y transparencia persiste en decenas de entidades.

*Conclusión.

Cientos de entidades públicas en España operan sin supervisión clara, especialmente 1.200 – 1.240 entes locales, 1.772 autonómicos y unos 68 estatales “fantasmas”. Este fenómeno pone de manifiesto y evidencia una administración paralela con déficits de control y transparencia, cuya existencia y propósito son cuestionables.

N.B.  Nadie sabe dónde están y para qué sirven.

Lo único cierto es que los fantasmas existen en la Administración Pública de España y en todos sus niveles.

Córdoba, 7 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Enchufados PSOE sin titulación (Faffe)- Junta Andalucía – Despedidos – Políticos con Curriculums falseados (La Vara de Medir)

Según leo en Libertad Digital un artículo de Paco Cobos – 30/7/2025 – 15:02:

 << “La Junta de Andalucía prepara el despido de los enchufados del PSOE que han trabajado 14 años sin titulación, aunque la Junta de Andalucía había cedido a la presión sindical manteniendo a 23 empleados sin méritos para el puesto, pero encargó un informe judicial que le ha dado la razón”.

“La Junta de Andalucía ha iniciado finalmente los trámites para despedir a los empleados que el Gobierno regional socialista enchufó en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),personas afines al PSOE y familiares de sus dirigentes sin tener la titulación necesaria para ejercer el cargo ni pasar el proceso de selección”.

“Estos han permanecido en su puesto de trabajo incluso después de la extinción de la Faffe, que se dio en 2011, cuando los empleados investigados por haber sido enchufados pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde han trabajado los últimos 14 años”.

“Los 23 empleados corresponden a 12 administrativos y 11 técnicos, que verán extinguido su contratodespués de que los letrados de la Junta de Andalucía hayan determinado, que estas personas no pueden continuar a sueldo del erario público andaluz por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) emitida por la Consejería de Empleo. Una decisión que ha avalado el Consejo Consultivo de Andalucía”.>>

La Vara de Medir.

Cito el anterior artículo, porque en Andalucía hay políticos del P. P., partido que gobierna la Junta de Andalucía por mayoría absoluta, que han falseado sus curriculums públicos (como se puede comprobar en Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas y Entes Públicos), apuntándose méritos  académicos inexistentes.

La reciente controversia en torno a la falsificación del currículum de una diputada del P.P. ha encendido un debate necesario sobre la relación entre mérito académico, integridad personal y legitimidad institucional. Desgraciadamente, no se trata únicamente de un caso aislado de vanidad o ambición desmedida, se trata, se quiera ver o no, de un agravio o insulto  al pactosocial implícito que otorga valor al esfuerzo, a la formación rigurosa y a la acreditación profesional como pilares de la vida pública.

A la vista de lo dicho, el Partido Popular debería revisar con urgencia si en los curriculums de sus cargos públicos en Andalucía existen casos de méritos académicos falseados, y, si es cierto, “que se han apuntado en sus curriculums  publicitados en las Instituciones o Empresas que gobiernan méritos académicos falsos por acción u omisión por alguno de ellos”, obrar con urgencia en el saneamiento de la vida pública andaluza, obligando a los falsarios a abandonar sus cargos públicos a los que han llegado atribuyéndose méritos académicos falsos.

La confianza de los ciudadanos que pagan sus impuestos, no permite, que los cargos públicos sean del partido que sea, mientan públicamente, apuntándose méritos académicos que no les pertenecen, pues si engañan o mienten por eso, es claro suponer, que mentirán también cuando les interese personalmente en el ejercicio de sus cargos indebidamente conseguidos.

La vara de medir no puede ser doble y servir solo en una dirección, la ejemplaridad de los cargos públicos exige la igualdad de todos los representantes de los ciudadanos, ya que, cuando fueron votados lo fueron por la confianza de los ciudadanos en ellos, de forma, que si mienten deben ser apartados de los cargos públicos que han usurpado con engaño.

Solo es posible una cosa, concretamente, aplicar a todos los casos la misma vara de medir.

N.B. Los Enchufados PSOE sin titulación van a ser despedidos por la Junta de Andalucía, de manera, que ahora solo cabe esperar, que el P. P. aplique la misma norma con los cargos políticos con curriculums falseados de su partido, ya que, la Vara de Medir debe ser la misma ante la mentira y el engaño para devolver a la sociedad civil la confianza en las Instituciones Públicas.

Los políticos con currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P. en Andalucía, siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir gobernando si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política ante la falta de ética y honestidad es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 4 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Asociación Córdoba Abierta –ACOA-

Junta Directiva.

Curriculums falsificados – Manifiesto por la Verdad, la Ética y la Coherencia en la Política.

Desde la Asociación Córdoba Abierta –ACOA- hacemos este llamamiento Público en defensa de una política honesta, ética y coherente con el bien común, así:

A la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los representantes públicos:

Vivimos tiempos en los que la política necesita, más que nunca, recuperar la confianza de la gente corriente (de la Sociedad Civil), de quienes cumplen con sus obligaciones, estudian, trabajan, pagan impuestos y exigen, con razón, honestidad, ética y coherencia a quienes les representan.

En los últimos días, hemos visto cómo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, exigía públicamente que el portavoz del PSOE, Patxi López, acredite los “estudios de ingeniería industrial”, que figuran en su perfil oficial. Una petición legítima si se considera que la verdad en la vida pública no es negociable, porque es algo evidente, que esa exigencia debe aplicarse a todos, sin excepciones.

Por ello, y con el mismo criterio, pedimos que el PP actúe con idéntica firmeza y rigor respecto a sus propios cargos. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera, figura con “estudios de Derecho” en su currículum oficial, sin acreditar si tiene o no el título. Es decir, exactamente la misma situación por la que el PP pide la dimisión de su adversario político Portavoz del PSOE.

*No pedimos dimisiones selectivas, sino igualdad.

Pedimos coherencia.

*No pedimos linchamientos políticos, sino ética y devolver la confianza de los ciudadanos en la instituciones.

Pedimos responsabilidad a todos por igual.

*No queremos más “y tú más”.

Queremos “y yo también”.

**Por todo ello, exigimos:

1.- Transparencia real y sin ambigüedades en los currículums de todos los cargos públicos, de cualquier partido.

2.- Una revisión voluntaria y pública de los perfiles académicos de los responsables políticos.

3.- La creación de un código ético común que obligue a acreditar la formación que se publica en webs oficiales o perfiles del Congreso, del Senada y de cualquier Institución Pública pagada por los ciudadanos.

4.- Que los partidos políticos actúen primero en casa antes de señalar a los de enfrente.

5.- Que el Congreso de los Diputados impulse una normativa clara y verificable sobre la presentación de méritos académicos.

**Porque la verdad no es patrimonio de ningún partido.

Es la base de la democracia.

**Porque la ética y la coherencia no debería algo extraordinario y raro, sino un deber mínimo de quien nos representa.

**Porque la ciudadanía no es tonta, y, ya no acepta excusas ni cinismo.

Nota Final. Hacemos este llamamiento público no desde una muralla política, sino desde la sociedad civil y desde la responsabilidad ciudadana. Para que la política deje de ser un espectáculo de hipocresías y vuelva a ser lo que debe ser:

“Una herramienta al servicio del bien común”.

Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 31 de julio de 2025.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-

Junta Directiva.

CUPO CATALÁN – II – (Impactos negativos en Córdoba y Andalucía)

El cupo catalán es la propuesta de financiación autonómica que permitirá a Cataluña recaudar y gestionar la totalidad de sus impuestos, similar al modelo del cupo vasco o navarro, aportando luego una cantidad negociada al Estado para servicios comunes y un fondo de solidaridad interterritorial.

Esta iniciativa independentista aceptada y negociada con el Gobierno central, ha generado rechazo en otras comunidades como Andalucía, y, por extensión, en provincias como Córdoba tendrá efectos negativos.

Se concretan los principales impactos negativos que podría tener en Córdoba y Andalucía, basados en los análisis realizados y en opiniones contrastadas:

1. Reducción de la financiación autonómica para Andalucía.

-Entorno: Andalucía es una de las comunidades que se beneficia del actual sistema de financiación autonómica, recibiendo recursos del fondo común para compensar su menor capacidad fiscal frente a regiones más ricas como Cataluña o Madrid.

(Nota. Hay de destacar, que a Andalucía vienen personas de la tercera edad de toda España y del extranjero, que necesitan cuidados y atenciones especiales, que generan un mayor gasto -sanidad, servicios sociales, dependencia y una serie de servicios complementarios-).

-Impacto: Si Cataluña recauda el 100% de sus impuestos y aporta menos al fondo común, los recursos disponibles para el resto de comunidades, especialmente las más dependientes como Andalucía, se reducirían significativamente. Se estima, que la salida de Cataluña del sistema común podría suponer una pérdida de entre 200 y 600 euros por persona en el presupuesto de cada comunidad autónoma, lo que para Andalucía equivaldría a miles de millones de euros menos.

–Consecuencias en Córdoba: Como provincia de Andalucía, Córdoba dependería aún más de los recursos autonómicos para financiar servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia). Una reducción en la financiación podría traducirse en menos inversión en infraestructuras, hospitales o escuelas, afectando directamente a la calidad de vida de los cordobeses.

2. Ruptura de la solidaridad interterritorial.

-Entorno: El principio de solidaridad interterritorial, consagrado en la Constitución española, busca equilibrar las desigualdades entre regiones ricas y pobres mediante la redistribución de recursos. El cupo catalán, al reducir la aportación de Cataluña al fondo común, debilitaría este principio.

-Impacto en Andalucía: Andalucía, con una renta per cápita inferior a la media nacional, depende de esta solidaridad para financiar servicios públicos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha denunciado que el cupo catalán “rompe la igualdad entre españoles” y perjudica a regiones con menos recursos, como Andalucía, al privilegiar a Cataluña, que concentra el 19% del PIB nacional.

-Consecuencias en Córdoba: La pérdida de recursos podría agravar las desigualdades económicas en Córdoba, una provincia con un PIB per cápita más bajo que la media andaluza y española, limitando el acceso a servicios sociales y oportunidades de desarrollo económico.

3. Posible aumento de impuestos o recorte de servicios.

–Entorno: Según expertos si el cupo catalán reduce los ingresos del Estado y de las comunidades del régimen común, estas deberán compensar la pérdida de financiación con recortes de gastos o subidas de impuestos para mantener los servicios públicos. 

-Impacto en Andalucía: Andalucía, que ya enfrenta problemas de infrafinanciación, podría verse obligada a recortar servicios esenciales (como atención médica o educación) o aumentar impuestos, lo que afectaría directamente a la población.

-Consecuencias en Córdoba: En una provincia donde el desempleo y la precariedad laboral son retos significativos, un aumento de impuestos podría reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras que recortes en servicios públicos afectarían especialmente a sectores vulnerables, como los dependientes o los estudiantes.

4. Impacto económico y pérdida de empleo.

-Entorno: Se estima que un cupo catalán podría reducir el PIB del resto de España en 1,3 puntos de media y destruir hasta 234.000 empleos en todo el país, con Andalucía perdiendo aproximadamente 35.134 puestos de trabajo.

-Impacto en Andalucía: La menor financiación y el impacto económico derivado de la redistribución de recursos podrían limitar el crecimiento económico de Andalucía, afectando sectores clave como la agricultura, el turismo y la industria.

-Consecuencias en Córdoba: Córdoba, cuya economía depende en gran medida de la agricultura (olivar, vino) y el turismo, podría sufrir una contracción económica. La pérdida de empleos afectaría especialmente a áreas rurales y al sector servicios, aumentando las tasas de desempleo y la emigración de jóvenes.

5. Percepción de desigualdad y tensiones políticas.

-Entorno: La percepción ciudadana es que el cupo catalán privilegia a  Cataluña y perjudica seriamente a Andalucía y a Córdoba, lo que genera críticas de líderes andaluces, como Juanma Moreno, quien lo califica como un -golpe duro a España-, que beneficia a las comunidades más ricas en detrimento de las menos favorecidas.

-Impacto en Andalucía: Este sentimiento de agravio comparativo podría aumentar las tensiones políticas entre regiones y con el Gobierno central, debilitando la cohesión nacional. Moreno ha ofrecido liderar una “España de iguales” para combatir esta medida, lo que refleja la relevancia política del tema en Andalucía.

-Consecuencias en Córdoba: En una provincia con fuerte identidad andaluza, el cupo catalán podría alimentar el descontento social y político, incrementando la sensación de ser ciudadanos de -segunda categoría- frente a los catalanes.

6. Inseguridad jurídica y estabilidad presupuestaria.

-Entorno: Expertos advierten que el cupo catalán podría ser inconstitucional, ya que, la Carta Magna prohíbe privilegios económicos entre comunidades, y generaría inseguridad jurídica al alterar el sistema de financiación autonómica sin un consenso claro.

-Impacto en Andalucía: La inestabilidad presupuestaria derivada de un menor aporte catalán al fondo común podría complicar la planificación financiera de Andalucía, afectando su capacidad para financiar proyectos a largo plazo.

-Consecuencias en Córdoba: Proyectos de inversión en infraestructuras, como mejoras en transporte o desarrollo industrial, podrían retrasarse o cancelarse, perpetuando el retraso económico de la provincia frente a otras regiones.

Conclusión.

El cupo catalán afectará negativamente a Córdoba y Andalucía al reducir los recursos disponibles para financiar servicios públicos, aumentar la presión fiscal o los recortes, y agravar las desigualdades económicas y sociales.

La pérdida de empleos, la disminución del PIB regional y la percepción de un trato desigual generarían un impacto significativo en una provincia como Córdoba, que ya enfrenta retos estructurales.

Líderes andaluces, como Juanma Moreno, han prometido una oposición contundente, argumentando que esta medida rompe la solidaridad y la igualdad entre españoles. Sin embargo, la incertidumbre lo cubre todo, ya que, los efectos completos va a depender de los detalles del acuerdo, y, hasta la fecha nadie sabe realmente cuales serán.

N.B. El “Cupo Catalán”, sin duda, tendrá múltiples impactos negativos en Córdoba y Andalucía, aunque al tratarse de una propuesta inviable e inaplicable, cabe la esperanza de nunca sea una realidad.

Córdoba, 18 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

PROBLEMAS DE CÓRDOBA – ARTÍCULO XVII – EMPLEADOS PÚBLICOS (UN POCO DE MISTERIO)

Un grupo de lectores me pregunta sobre algo rodeado de misterio, concretamente,

¿Cuántos empleados Públicos hay actualmente en Córdoba Capital y Provincia?

Digo que es un misterio, porque los datos disponibles son contradictorios y porque  existe una falta de transparencia considerable, que impide concretar  el número de personas que cobran de las administraciones públicas y de todas sus empresas y entes mantenidas con dinero público.

Número total de empleados públicos en Córdoba Capital y en la Provincia de Córdoba

Presentamos una estimación actualizada del número total de empleados públicos en Córdoba Capital y la Provincia de Córdoba, desglosando las cifras para cada ámbito y considerando las tendencias recientes.

<<Total de empleados públicos en Córdoba Capital>>

**Estimación puntual para 2025: Considerando el crecimiento del empleo público en España (+6,8% desde 2019 a 2022) y la recuperación post-pandemia en la provincia de Córdoba (50.000 empleados públicos en 2024, según fuentes locales), se puede asumir un ligero aumento en la capital. Por lo tanto, el número total de empleados públicos en Córdoba Capital en 2025 se estima en aproximadamente 20.000 a 24.000 empleados públicos, con la siguiente distribución aproximada:

  • Funcionarios de carrera: 11.500-14.000 (58%).
  • Personal laboral: 4.800-5.500 (24%).
  • Interinos y eventuales: 4.200-4.900 (21%).
  • Cargos políticos: 250-350 (1-2%).

(Nota. En las Empresas Públicas y resto de entes públicos el número de empleados es casi secreto, aunque existe un medio infalible, que son el número de afiliaciones y  altas en la Seguridad Social, datos a los por ahora no tenemos acceso.).

<<Total de empleados públicos en la Provincia de Córdoba>>

Para la Provincia de Córdoba, los datos disponibles son más precisos. Según fuentes locales de 2024, la provincia alcanzó los 50.000 empleados públicos, la cifra más alta en una década, tras un aumento sostenido desde 2020 (47.327 en 2021, 48.687 en 2022).

Este crecimiento refleja la relajación de las restricciones de contratación post-crisis y el incremento en la contratación local y autonómica.

**Estimación para 2025: Dado el crecimiento continuo del empleo público en España (por ejemplo, +22.842 empleados en el primer trimestre de 2023, según) y la tendencia al alza en Andalucía, se estima que en 2025 la provincia de Córdoba podría tener entre 50.500 y 52.000 empleados públicos. La distribución por tipo de administración en la provincia es:

  • Junta de Andalucía: 28.300-29.000 empleados (56-57%), con énfasis en sanidad y educación.
  • Administración Local (ayuntamientos y Diputación): 11.500-12.000 empleados (23-24%).

(Nota. Aquí reside uno de los puntos más oscuros sobre el número de empleados públicos, de forma, que solo teniendo acceso a los datos de la S. S. sobre afiliaciones y altas podríamos conocer el número verdadero de trabajadores públicos en empresas, entes y chiringuitos de las corporaciones locales.).

  • Administración General del Estado: 9.300-9.500 empleados (18-19%), incluyendo fuerzas y cuerpos de seguridad (5.500).
  • Universidad de Córdoba: 1.982-2.000 empleados (4%).

**Por tipo de empleado (basado en proporciones nacionales):

  • Funcionarios de carrera: 27.000-28.000 (53-54%).
  • Personal laboral: 11.500-12.000 (23-24%).
  • Interinos y eventuales: 11.500-12.000 (23-24%).
  • Cargos políticos: 300-400 (1%).

<<Comparación entre Córdoba Capital y la Provincia>>

  • Córdoba Capital representa aproximadamente el 40% de la población provincial (319.000 de 784.000 habitantes, según INE) y concentra una parte significativa del empleo público, especialmente en administraciones locales y autonómicas. Esto explica por qué los 20.000-24.000 empleados públicos de la capital suponen cerca del 40-46% del total provincial.
  • La Provincia incluye además a los empleados públicos de otros 75 municipios, la Diputación Provincial y otras sedes autonómicas y estatales fuera de la capital, lo que eleva la cifra a 50.500-52.000.

<<Observaciones y limitaciones>>

  • Córdoba Capital: La estimación de 20.000-24.000 empleados se basa en el peso demográfico y administrativo de la ciudad, pero los datos específicos para la capital son limitados, y las cifras se derivan de proyecciones a partir de datos provinciales.
  • Provincia de Córdoba: La cifra de 50.500-52.000 es más sólida, respaldada por fuentes locales de 2024 y tendencias nacionales. Sin embargo, los datos exactos para 2025 no están disponibles, y el crecimiento proyectado asume una continuidad de las tendencias recientes.
  • No tenemos acceso a los datos de las afiliaciones y altas públicas en Córdoba y Provincia, que con seguridad nos daría una cifra exacta de su número.
  • La falta de desgloses específicos para 2025 requiere el uso de estimaciones.

<<Conclusión>>

  • Córdoba Capital: Entre 20.000 y 24.000 empleados públicos en 2025, incluyendo funcionarios de carrera, personal laboral, interinos y cargos políticos, con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba como principales empleadores.
  • Provincia de Córdoba: Entre 50.500 y 52.000 empleados públicos en 2025, con una distribución similar por tipo de empleado y administración.

N.B. Aquí tenemos un problema lleno de misterio entorno al número de empleados públicos en Córdoba y Provincia, de manera, que solo podemos hacer estimaciones ante la carencia de datos oficiales, pero con una advertencia, si cometemos algún error siempre será porque calculamos de menos nunca de más.

La opacidad en los datos sobre el empleo público en Córdoba sigue siendo un misterio. Aunque estimamos entre 20.000 y 24.000 empleados públicos en la Capital y 50.500 a 52.000 en la Provincia para 2025, la ausencia de información oficial detallada dificulta conocer con precisión el impacto real de estas cifras en la administración y la economía local.

Córdoba, 6 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.