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La Paradoja del Agua en Córdoba – (Coste de la ineficiencia interna vs. castigo fiscal del ciudadano).

Análisis crítico sobre la gestión de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y el blindaje de su estructura interna a costa de la presión tarifaria.

<<Una realidad incómoda tras el escaparate de las cifras>>

El Ayuntamiento de Córdoba y la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) suelen presumir de cifras: *La capital cuenta con alrededor de 650 fuentes de agua potable en sus calles (616 bebederos públicos y 30 ornamentales), pero detrás de esta gran infraestructura de cercanía y de un servicio de excelente calidad, se esconde una realidad incómoda que afecta directamente al bolsillo del ciudadano, concretamente, “que el recibo del agua encadena cuatro años de subidas consecutivas en un escenario donde ahorrar cuesta más caro y se camufla sistemáticamente el impacto real de las facturas”.

1.- El sistema actual, sus grietas y el desvío de la atención técnica.

La Empresa Pública Municipal Emacsa gestiona el ciclo integral del agua apoyándose principalmente en los embalses de Guadalmellato y San Rafael de Navallana, con la ETAP de Villa Azul y la EDAR de La Golondrina como motores técnicos. Para modernizar la red, la empresa cuenta con un ambicioso Plan Director (2023-2033) valorado en más de 540 millones de euros.

<-A pesar de esta aparente solvencia proyectada, el sistema arrastra deficiencias críticas que evidencian la falta de optimización de los recursos:

*Redes obsoletas: Tramos antiguos de fibrocemento provocan fugas microscópicas y roturas en zonas históricas y periféricas.

*El olvido de las periferias: Numerosas parcelaciones y núcleos de autoconstrucción carecen de conexión legal a la red, cronificando problemas sanitarios esenciales.

<-Exigencias europeas y clima: La EDAR de La Golondrina urge inversión para adaptarse a las normativas de la UE en eliminación de nutrientes, mientras el estrés hídrico obliga a desarrollar un circuito terciario de aguas regeneradas que aún está a medio gas.

2.- La escalada de tarifas (2024 – 2027) y la paradoja del ahorro.

<-Tras incrementos muy intensos en años previos (del 10% y el 5%), el calendario fiscal se ha estabilizado con subidas continuas:

*Año 2026: Se ha aprobado un incremento general del 2,1% (unos 0,32 € más al mes para un usuario medio).

*Año 2027: Ya hay proyectado un nuevo incremento del 1,9% (unos 0,30 € mensuales más).

<-La paradoja del ahorro: “La justificación oficial de Emacsa es que, gracias a la concienciación ciudadana, el consumo anual bajó de 21 millones de m3 en 2021 a 19,4 millones de m3, de forma, que al facturarse menos volumen de agua, los costes fijos de mantenimiento por metro cúbico se elevan. Es decir, el ciudadano ahorra, pero el sistema le penaliza subiendo el precio unitario.

<-Para mitigar las críticas frente a lo que la oposición tacha de “atraco”, se destina un millón de euros al Bono Social, penalizando a su vez con recargos de entre el 25% y el 50% los bloques de consumo más altos.

3.- El núcleo de la crisis – (Coste interno de Emacsa intocable vs. el rescate tarifario.)

El verdadero nudo gordiano de la gestión actual reside en una transición financiera sumamente alarmante, concretamente, el paso de Emacsa de ser una empresa tradicionalmente saneada y con superávit a convertirse en una sociedad que coquetea con las pérdidas y el déficit.

Ante este desequilibrio, la dirección política de la empresa ha optado por la vía más cómoda para la estructura burocrática, pero más lesiva para el contribuyente:

“Un rescate encubierto a base de continuas subidas de tarifas”.

<-En lugar de acometer un plan riguroso de saneamiento interno que analice, racionalice y reduzca el coste de la propia estructura y del mantenimiento de infraestructuras, la entidad mantiene intactos sus gastos de funcionamiento interno, descargando de manera sistemática toda la responsabilidad y el coste del desajuste sobre los cordobeses, utilizando como pretexto que estos consumen menos agua.

<-Este modelo resulta económicamente insostenible y éticamente cuestionable, ya que, se penaliza la eficiencia ambiental de los ciudadanos para evitar abordar la ineficiencia organizativa y los costes estructurales de la propia empresa municipal.

<-Indicador de Gestión: “Efecto sobre el Ciudadano Situación en la Estructura de Emacsa”.

-Consumo de Agua – (Tendencia a la baja).

-Ahorro ecológico y menor consumo real (de 21 a 19,4 millones m3).

-Se utiliza como excusa para encarecer el metro cúbico debido a los “costes fijos”.

<-Estructura y Coste Interno Soporta tarifas un 2,1% (2026) y un 1,9% (2027) más caras.

*Intocable. No se acometen reformas estructurales ni optimización de gasto interno.

<-Resultado Financiero. Se financia el déficit mediante el encarecimiento del recibo básico.

*Paso del superávit histórico a pérdidas operativas compensadas con presión fiscal*.

4.- El «empaquetamiento político» o cómo ocultar la subida de tarifas.

<- La falta de transparencia real no radica en la ausencia de informes financieros, sino en el diseño del mensaje para minimizar el desgaste político utilizando cinco tácticas muy claras:

1.- La técnica de la «micro-cifra»: Presentar el sablazo millonario diluido en frases como “solo costará un café o 32 céntimos más al mes”, haciendo que la queja parezca una exageración.

2.- El «maquillaje plurianual»: “Aprobar las subidas de varios años de golpe”, de forma, que el Gobierno local concentra las protestas en un solo pleno y los años siguientes las tarifas suben de forma automática y silenciosa.

3.- Lenguaje tecnocrático: Usar conceptos como “actualización por equilibrio concesional” para hacer ver la subida como algo inevitable y ajeno a la voluntad del alcalde.

4.- Culpabilización positiva: El argumento de “como habéis ahorrado, hay que subir los precios” traslada la responsabilidad del encarecimiento al propio consumidor.

5.- El «escudo social»: Abrir los titulares anunciando la ampliación de bonificaciones a colectivos vulnerables, relegando el aumento general al final del comunicado para neutralizar la crítica.

5.- Una crítica fundada – (Los pilares de la opacidad y la anomalía legal).

<-Para armar una fiscalización rigurosa de esta gestión, no basta el descontento social, sino que hay que apelar a sólidos argumentos institucionales y legales:

*Vulneración de la transparencia: La Ley 19/2013 exige que los actos con impacto económico sean claros. Camuflar los recargos de hasta el 50% de los bloques altos tras un simplista “usuario medio” impide al ciudadano ejercer su derecho fundamental a saber.

*La anomalía de la “plurianualidad”: El ordenamiento presupuestario se rige por el principio de anualidad. Fijar subidas para 2027 desde ya desvirtúa la naturaleza de las tasas (que deben cubrir costes reales año a año, imposibles de predecir hoy con exactitud) y solo busca hurtar el debate plenario y vecinal de cada ejercicio, tal y como advirtió la propia Intervención Municipal.

*Quiebra de la equidad (Castigo al ahorro): Responder al éxito de una campaña de concienciación ambiental con una penalización económica rompe la lógica del servicio público y genera desconfianza institucional.

*Incoherencia fiscal: El equipo de gobierno vende un relato masivo de “bajada de impuestos” (como el IBI), mientras de forma soterrada incrementa las tasas de las empresas públicas esenciales (Emacsa y Sadeco).

No hay menos presión fiscal, sino que hay un desplazamiento de la carga hacia los recibos domésticos más básicos, perjudicando de igual manera a las rentas medias y bajas.

<<Conclusión>>

Nadie cuestiona que la infraestructura del agua en Córdoba necesite inversión de cara al futuro.

*Lo que es profundamente criticable es el método:

“Recurrir a la ingeniería de la comunicación y a subidas automáticas para eludir el control anual, maquillar el impacto real, proteger un coste de estructura interna intocable y, para colmo, penalizar el esfuerzo ecológico de los cordobeses”.

Una práctica que prioriza el control del daño político y el corporativismo interno por encima de la buena fe y el rigor que se le debe a la ciudadanía.

N. B. Imagen. Córdoba – Agua – Emacsa – Ciudadanos paganos y desinformados.

(Nota. Emacsa y como pasar de una empresa con superávit a una sociedad con pérdidas y déficit, rescatada a base se subidas de tarifas sin tocar para nada el coste interno de infraestructuras y, además, descargando las culpas en los cordobeses por consumir menos agua.).

Córdoba, 14 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de Trabajo y S. S.

BAJAS LABORALES Y ABSENTISMO – (Nacional – Andalucía – Córdoba, y, Sectorial)

1.- El Escenario Macroeconómico Nacional – (El “Boom” de las Bajas Laborales).

El absentismo y la Incapacidad Temporal (IT) en España han dejado de ser un asunto puramente de gestión de Recursos Humanos para convertirse en un problema sistémico de sostenibilidad presupuestaria, cohesión social y competitividad.

<-Magnitudes y costes.

*Coste directo absoluto: El coste total del absentismo se cifra en 33.000 millones de euros anuales (un tercio del gasto sanitario total del país), de los cuales 17.000 millones corresponden estrictamente a prestaciones por IT.

*Evolución del gasto (2018 vs. 2026): Se ha pasado de un coste de 14.000 millones de euros en 2018 a los más de 33.000 millones actuales.

*Pérdida de capacidad productiva: El volumen de trabajadores que faltan a su puesto se ha incrementado un 67% desde 2017 (pasando de 959.000 a más de 1,6 millones de personas en el primer trimestre). En términos de PIB, lo que se deja de producir si no se sustituye a estos trabajadores alcanza los 150.000 millones de euros anuales.

<<Asimetría – (Asalariados vs. Autónomos)>>

Los datos de Foment del Treball revelan una brecha sociolaboral profunda:

*Crecimiento (2015-Actualidad): Las bajas crecieron un 102% entre asalariados frente a un modesto 38% en autónomos.

*Predominio: Los asalariados registran 53,73 casos por cada 1.000 trabajadores, duplicando ampliamente los 26,8 casos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

*Causa crítica: Esta dualidad evidencia que, a pesar de los avances normativos, el autónomo sigue sufriendo una “desprotección real” donde el cese de actividad amenaza directamente la viabilidad de su negocio, obligándole a una autoexigencia de continuidad laboral que no se da en el régimen general.

2.- La gran grieta sectorial – (Sector Público vs. Sector Privado).

Para entender la raíz del problema, es indispensable analizar la profunda brecha que separa al sector público (Administración del Estado, Autonómica y Local) del sector privado. El absentismo no se comporta igual bajo el paraguas de la estabilidad funcionarial que bajo la presión del mercado.

Indicador	Sector Público	Sector Privado
Tasa de Absentismo	Notablemente más elevada (históricamente entre 2 y 3 puntos por encima).	Más moderada y sujeta al ciclo económico.
Duración de los Procesos	Tendencia a la cronicidad (bajas de larga duración).	Procesos más cortos y mayor agilidad en el retorno.
Garantía Salarial (IT)	Cobertura del 100% de la nómina casi generalizada desde el primer día.	Sujeta a mínimos legales (con mejoras según convenio).
Factor de Estabilidad	Blindaje ante el despido (riesgo percibido de desempleo: nulo).	Correlación procíclica (miedo a la pérdida del empleo en pymes).

<<El Sector Público y el factor de cronicidad>>

La Administración Pública presenta unos índices de absentismo estructurales muy elevados, lo que no responde a un único factor, sino a un ecosistema normativo y laboral específico:

*Garantías de IT y “efecto cobertura”: En la gran mayoría de las administraciones, los pactos internos garantizan el 100% de las retribuciones desde el primer día de la baja.

Al anularse el impacto económico negativo para el empleado, desaparece el incentivo financiero para un retorno prematuro sin una recuperación total.

*Inexistencia de riesgo laboral: El blindaje del puesto de trabajo elimina cualquier factor disuasorio o miedo al despido, un elemento que en el sector privado actúa como moderador del absentismo injustificado.

*Edad media avanzada: La plantilla del sector público en España sufre un envejecimiento agudo. A mayor edad, la frecuencia de patologías crónicas y el tiempo de recuperación de dolencias músculo-esqueléticas aumentan de forma natural.

<<El Sector Privado y la urgencia del retorno>>

En el tejido empresarial privado, el escenario cambia drásticamente.

<-Las bajas son considerablemente menores y, sobre todo, de menor duración:

Impacto en renta: Salvo que el convenio colectivo sectorial obligue a la empresa a complementar el 100% de la nómina, el trabajador ve reducidos sus ingresos drásticamente a partir del cuarto día de baja (60% o 75% de la base reguladora).

*Presión y cultura organizativa: En las empresas privadas existe una mayor cercanía con el impacto que produce la ausencia. El trabajador es consciente de que su baja sobrecarga a sus compañeros o debilita la productividad de su departamento, lo que genera una presión psicológica de retorno que no se percibe en las grandes estructuras burocráticas.

3.- Radiografía Regional – (El caso de Andalucía y la paradoja de Córdoba).

El absentismo no es uniforme, sino que responde directamente a los tejidos productivos, la cultura laboral local y la eficiencia de los servicios de salud de cada territorio.

<<Andalucía – (Datos con aumento IT)>>

*Desmitificación del tópico: Andalucía se sitúa tradicionalmente entre las comunidades autónomas con menores tasas de absentismo general (un 7% de las horas pactadas a inicios de 2026), situándose por debajo de regiones altamente industrializadas y sindicalizadas como el País Vasco (líder histórico del indicador).

*El Repunte: Sin embargo, los procesos de IT por contingencias comunes en el Régimen General se dispararon un 74% entre 2017 y 2024, elevando la incidencia autonómica del 17,42% al 26,31%, concentrándose el grueso del volumen en Sevilla y Málaga.

<<La paradoja de Córdoba- (Cronicidad)>>

Córdoba presenta un comportamiento anómalo y muy preocupante dentro del panorama nacional: “No tiene el mayor número de bajas, pero sí las de mayor duración”.

<-Evolución de la cronicidad: En 2014 la duración media de una baja era de 40,48 días; hoy en día ese indicador se ha incrementado notablemente, situando a la provincia a la cabeza de España en duración media de los procesos.

<-El enfoque sindical (CCOO): De las 1,2 millones de horas laborables semanales que se dejan de realizar en la provincia (sobre un total de 9 millones pactadas), el 75,43% (900.000 horas) se deben a vacaciones y bajas médicas legítimas. El resto (300.000 horas) responde a permisos retribuidos legales.

(Nota. Para los sindicatos, el absentismo “injustificado” o fraudulento es estadísticamente residual).

<-Causas específicas de la cronicidad cordobesa:

*Paralización sanitaria: Parece existir un cuello de botella crítico en las listas de espera de especialistas, pruebas diagnósticas y rehabilitaciones en centros de referencia como el Hospital Reina Sofía, lo que “congela” los procesos de IT, alargando la baja de forma artificial e involuntaria para el trabajador.

*Tejido productivo local: Al predominar el sector servicios de proximidad, el pequeño comercio y el sector agroindustrial, el retorno al puesto exige una recuperación física total (especialmente en dolencias músculo-esqueléticas). En estos sectores es casi imposible realizar adaptaciones progresivas o teletrabajo durante la recuperación.

*Sector público: La prevalencia del sector en el empleo de Córdoba y Provincia explica la superior duración de las bajas laborales, de forma, que es un hecho comprobado que su cronocidad duplica al sector privado.

4.- El Impacto de la “doble factura” en las micro-pymes.

Este es el punto más crítico desde la perspectiva de la gestión empresarial y el empleo. En una provincia como Córdoba, donde más del 90% del tejido empresarial son micro-pymes de menos de 10 trabajadores, la baja prolongada de un empleado del sector privado se convierte en una amenaza de asfixia financiera:

[ TRABAJADOR DE BAJA POR IT ]

│

┌────────────────────────┴────────────────────────┐

▼ ▼

[ COSTE FINANCIERO (Ley/Convenio) ] [ PARÁLISIS OPERATIVA ]

├── Días 4 al 15: 60% salario (Empresa) ├── Estructura < 4 empleados:

├── Cuota Patronal obligatoria (100%) Pérdida automática del 25-33% BR

└── “Efecto Convenio” (Comercio/Metal): └── Sobrecarga de compañeros

Complemento al 100% de la nómina (Riesgo de nuevas bajas por estrés)

▼

[ + COSTE DEL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN ]

<-Pérdida de margen y coste de oportunidad: A diferencia de una gran corporación o de la propia Administración Pública -que puede amortizar temporalmente una vacante-, si una micro-pyme pierde a uno de sus tres empleados, su capacidad productiva cae fulminantemente entre un 25% y un 33%. La sobrecarga de los trabajadores restantes eleva el riesgo de nuevas bajas por estrés o ansiedad, generando un destructivo efecto dominó.

5.- Análisis causal – (Ecosistema AIReF).

Para entender este incremento generalizado del absentismo y su divergencia sectorial, la AIReF identifica un ecosistema de factores interconectados que superan la simplificación del “fraude”:

1.- Factores sanitarios (Gestión Pública): El retraso crónico en atención primaria y especializada dilata los tiempos de curación. El propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apunta directamente a la falta de coordinación entre los servicios de salud autonómicos y el nivel central como un factor de ineficiencia.

2.- Factores normativos y convencionales: La mejora de coberturas en convenios colectivos (complementos al 100%) amortigua el impacto económico para el empleado.

Si bien es un logro social indiscutible, desincentiva económicamente el retorno prematuro si no va acompañado de una supervisión médica ágil.

3.- El factor procíclico: La IT se comporta de forma procíclica, porque en ciclos expansivos y de alta ocupación (como el escenario actual hasta 2026), el miedo al despido disminuye en el sector privado y la incidencia de bajas sube, y, en épocas de crisis, el absentismo en el sector privado cae drásticamente, mientras que el sector público se mantiene imperturbable.

4.- Mutación de patologías (Salud Mental): Las bajas por salud mental (ansiedad, depresión) se han disparado un 66% desde 2018. Al no estar formalmente indexadas en el catálogo de enfermedades profesionales (RD 1299/2006), se canalizan masivamente como enfermedad común, sobrecargando las arcas de la Seguridad Social y eludiendo la acción preventiva de las mutuas de trabajo.

6.- Valoración y Propuestas.

Existe una polarización ideológica evidente: *Por un lado, discursos patronales que califican el absentismo de “cáncer” o sugieren que se traslada el mensaje de que “cumplir es opcional”; *por otro, sindicatos que exigen no estigmatizar ni penalizar la salud de la clase trabajadora.

Sin embargo, los datos técnicos (AIReF y Randstad) exigen soluciones de consenso que abandonen la trinchera. Los datos de acumulación de bajas (el 50% de las jornadas perdidas se concentra en apenas el 10% de los trabajadores, sumado al “efecto lunes”, donde faltan el doble de personas que un viernes) demuestran que el fraude existe y debe ser fiscalizado. No obstante, la ineficiencia del sistema sanitario público y la disparidad de reglas entre el sector público y privado son los verdaderos multiplicadores del coste.

<<Propuestas clave en el debate actual>>

<-Mayor competencia a las Mutuas: Permitirles otorgar altas médicas efectivas y realizar pruebas diagnósticas o tratamientos en contingencias comunes, lo que, aliviaría la Sanidad Pública y recortaría drásticamente los tiempos de espera.

<-Exoneración de cuotas patronales en pymes: Liberar a las micro-pymes del pago de la Seguridad Social del trabajador en IT desde el primer día o, al menos, al formalizar un contrato de sustitución, evitando la quiebra técnica por la duplicidad de costes.

<-Interoperabilidad e incorporación gradual: Implementar las recomendaciones de la AIReF relativas a la historia clínica compartida entre el sistema público y las mutuas, y, habilitar las altas médicas de incorporación paulatina (fórmulas mixtas de reincorporación laboral a tiempo parcial), siguiendo el modelo de los países del norte de Europa.

N. B. Imagen – Realidad y mentira. Córdoba – + Duración.

<<A los que faltan los lunes les llaman luneros>>

(Nota. los ciudadanos defiende las bajas justificadas, pero se reclama más control para evitar abusos y reducir el absentismo laboral.)-

Córdoba, 10 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

El subsidio de mayores de 52 años – (Red de seguridad o jubilación anticipada forzosa)

El debate sobre el subsidio para mayores de 52 años ha dejado de ser una simple discusión presupuestaria para convertirse en un desafío técnico y político prioritario. Los recientes análisis del Banco de España (en su Informe Anual) y de la AIReF han puesto cifras sobre la mesa que confirman una realidad perversa, concretamente, “que lo que nació como una red de seguridad crucial para un colectivo vulnerable se está comportando, en la práctica, como una barrera invisible para el retorno al mercado laboral”.

¿Por qué un mecanismo de protección social termina cronificando el desempleo?

Se analizan las causas de esta “trampa de la reinserción” y las reformas estructurales necesarias para transformarla en un auténtico trampolín.

1.- La radiografía del problema – (El salto estadístico).

El desempleo de larga duración en España muestra una anomalía radical justo al alcanzar la barrera de los 52 años.

**Los datos no dejan lugar a dudas:

*El efecto frontera: Según la AIReF, a los 50 años menos del 5% de los perceptores de prestaciones lleva más de un año en desempleo. Sin embargo, al cumplir los 52 años -coincidiendo exactamente con el acceso a este subsidio especial- la tasa de desempleo de larga duración se dispara por encima del 40% y roza el 50%.

*La cronicidad del reempleo: El Banco de España constata que la probabilidad de volver a trabajar de este colectivo es extraordinariamente reducida. De los beneficiarios que cobraban la ayuda y no trabajaron a lo largo de un año, apenas un 8,9% logró trabajar al menos un día al año siguiente. En comparación, casi un 30% de quienes perciben una prestación contributiva normal consigue regresar al mercado laboral.

*Un colectivo envejecido: Alrededor del 70% de todas las personas que reciben un subsidio por desempleo de larga duración en España pertenece al colectivo de 50 años o más.

<<El mecanismo de la “trampa” – (La sobrecotización)>>

El núcleo del problema no es la cuantía directa de la ayuda (el 80% del IPREM, en torno a los 500 € mensuales), sino su estructura de cotización. El Estado, a través del SEPE, cotiza por el trabajador al 125% de la base mínima de cotización vigente (impulsada por las subidas del SMI).

Esto genera un incentivo inverso, ya que, para muchos profesionales senior, aceptar un empleo mal pagado, a tiempo parcial o de alta incertidumbre les puede suponer una pérdida en la expectativa de su futura pensión respecto a quedarse cobrando el subsidio.

El diseño actual garantiza, en determinados perfiles, una mejor jubilación permaneciendo en la inactividad que aceptando los salarios precarios que ofrece el mercado para su rango de edad.

2.- Hacia una solución equitativa y justa – (Romper el “todo o nada”).

La rigidez actual del sistema obliga al trabajador a elegir entre el subsidio protegido o un empleo precario que penalice su jubilación.

***Para romper esta trampa sin recortar derechos, la clave es la flexibilización a través de tres ejes:

A.- El modelo del “Complemento Salarial”.

La medida más urgente es permitir la compatibilidad plena y generalizada entre el subsidio y un salario, eliminando el miedo a perder la red de seguridad. Si un beneficiario encuentra un empleo, el subsidio se transformaría automáticamente en un complemento a la contratación.

Blindaje de la jubilación: La empresa cotizaría por el salario real y el SEPE aportaría la diferencia hasta garantizar el 125% de la base mínima. Así, el trabajador gana más al mes, la Seguridad Social ahorra parte de la prestación y la pensión futura queda intacta.

B.- El “Cheque Formación Senior” contra la obsolescencia.

El desempleo a esta edad responde muchas veces a una falta de adaptación a un mercado digitalizado. El mantenimiento del subsidio debe vincularse a itinerarios de recualificación obligatoria, tutorizada y financiada en sectores de alta demanda (economía del cuidado, gestión sostenible, digitalización básica), premiando el éxito formativo con pluses económicos.

C.- Bonificaciones fiscales “espejo” para empresas.

**De nada sirve incentivar al trabajador si las empresas siguen descartando sus currículums. Proponemos:

*Exención del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para contrataciones indefinidas de este colectivo.

*Un “Seguro de Adaptación” (subvención directa durante los primeros seis meses) destinado a la mentoría o adaptación del puesto de trabajo, reduciendo el riesgo percibido por el empleador.

3.- La doble pinza – (Edadismo cultural y sesgo de género).

Las distorsiones matemáticas del sistema conviven con una dura realidad sociológica. El mercado laboral opera con prejuicios que expulsan a los profesionales senior, cebándose especialmente con las mujeres.

Dimensión del problema	Manifestación en el mercado
Edadismo Cultural	Se camufla bajo la “falacia de la sobrecualificación” (pensar que se aburrirán o exigirán cobrar demasiado) o el prejuicio de que son incapaces de adaptarse a entornos digitales, ignorando el valor de su experiencia.
Factor Género	Las mujeres sufren una interseccionalidad penalizadora debido a la brecha por el cuidado de hijos en el pasado, la actual “crisis del sándwich” (cuidado de padres dependientes) y la devaluación de sus competencias informales por los algoritmos de cribado.

<-Para combatir esto de forma efectiva, la legislación debe ir un paso más allá del plano asistencial e introducir medidas vinculantes en los departamentos de Recursos Humanos: Currículum Ciego Obligatorio por ley para medianas y grandes empresas, Cuotas de Diversidad Generacional en los informes no financieros y Auditorías de los Algoritmos de IA para evitar que descarten perfiles con alta experiencia o periodos de inactividad.

4.- El nudo gordiano – (Cortoplacismo político vs. Cambio cultural).

Aquí radica la verdadera tragedia de las políticas públicas: El cortoplacismo electoral. Un plan educativo y de cambio cultural tarda entre 10 y 15 años en dar frutos. Para un político que piensa en ciclos de 4 años, invertir en una solución estructural cuyo éxito se apuntará el rival es un mal negocio. Se prefiere el “efecto foto” del subsidio inmediato porque calma la urgencia hoy, aunque cronifique el problema mañana.

Para que un plan a largo plazo funcione, debe blindarse mediante un Pacto de Estado Ciego a través de agencias independientes (como la AIReF o el Banco de España) con mandatos a 15 años y presupuestos protegidos por ley. Además, es imprescindible reescribir el concepto de “talento” en las escuelas de negocio e introducir programas de mentoría inversa en las escuelas desde la infancia. Las leyes cambian conductas, pero solo la educación cambia las mentalidades.

(Nota. Como jurista y profesional del derecho del trabajo, veo a diario cómo el subsidio de mayores de 52 años termina funcionando como una jubilación anticipada forzosa, no por falta de voluntad del trabajador, sino por la obsolescencia invisible que dicta el mercado).

N. B. Imagen.

Córdoba, 6 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Inflación y sobrecostes en las carreteras de Córdoba – (Freno a la conservación viaria)

1.- Análisis – (Más presupuesto, menos kilómetros).

El mantenimiento y la reforma de la red viaria en España no se enfrentan a un bloqueo institucional en términos absolutos, sino a una severa pérdida de poder adquisitivo en el sector de la construcción de infraestructuras. La realidad sobre el terreno es que el dinero rinde muchísimo menos que antes, lo que en la práctica ralentiza, encarece o deja desiertos muchos proyectos esenciales de reforma y conservación.

<-Déficit estructural: Se dice que España arrastra un bache de inversión acumulado en la red estatal de unos 5.600 millones de euros desde la crisis de 2008, aunque asociaciones como la Asociación Española de la Carretera (AEC) o la patronal de fabricantes de asfalto (Asefma) elevan la cifra necesaria para poner el contador a cero en todo el país a más de 13.400 millones de euros.

<-La paradoja de la inflación: A pesar de destinarse una cifra récord de casi 1.910 millones de euros a la conservación viaria, los sobrecostes diluyen el esfuerzo. Es un hecho fijado con prudencia, que el precio del asfalto se ha disparado más de un 25% desde la pandemia (el coste por kilómetro ha pasado de 42.000 a cerca de 50.000 euros) y la producción actual de mezcla asfáltica ha caído un 9%, situándose a la mitad de lo que el país requeriría para ponerse al día.

En resumen, los sobrecostes de las materias primas y la energía provocan que las licitaciones públicas se queden cortas, obligando a las administraciones a dilatar los plazos y empeorando visiblemente el firme de las carreteras.

2.- Radiografía del problema en Córdoba y Provincia.

Al descender al terreno local, la escalada de costes de las materias primas —donde el betún ha subido un 50% y la energía para la maquinaria un 47% debido a las últimas tensiones internacionales— provoca que los concursos públicos queden desiertos. Según datos de la patronal andaluza de la construcción (Ceacop), esta situación ha dejado 43 obras públicas desiertas en la provincia de Córdoba, bloqueando inversiones por valor de casi 11 millones de euros.

***El impacto directo en la red viaria cordobesa se sufre principalmente en tres frentes institucionales:

A.- Red Autonómica – (Junta de Andalucía).

<-El Plan Extraordinario de Asfaltado: Diseñado con un presupuesto de 140 millones de euros para vías autonómicas, sus contratos se calcularon antes de las últimas alzas de precios. Al no existir cláusulas dinámicas y automáticas de revisión, las constructoras asumen sobrecostes que superan el 30%, provocando que las licitaciones de mezclas en caliente (como las capas tipo AC-16 SURF en varias calzadas de la provincia) se queden directamente vacías porque las empresas prefieren no ofertar antes que perder dinero.

<-El Eje Córdoba-Jaén (A-306 por El Carpio hasta Torredonjimeno): La histórica conversión en autovía de esta calzada clave fue descartada a corto plazo por la Junta debido al prohibitivo contexto inflacionista actual, lo que ha encendido la polémica social (materializada en una campaña de 18.000 firmas vecinales que exigen la autovía). La alternativa actual es un proyecto de mejora de capacidad y seguridad para los 42 kilómetros restantes que faltan hasta El Carpio. Aunque hay 9 empresas compitiendo en la fase de diseño y redacción, el verdadero cuello de botella legal y técnico surgirá en la licitación del asfaltado real: “Si la Administración no actualiza los precios base por kilómetro, se corre el riesgo inminente de que quede desierta”.

B.- Red del Estado – (Ministerio de Transportes).

El Gobierno central licitó un paquete de 24,9 millones de euros para la conservación y explotación de carreteras estatales en Córdoba (Sector 01). No obstante, la falta de margen económico para reasfaltados profundos mantiene bajo una fuerte tensión a vías críticas que acumulan numerosas quejas:

<-N-432 (Badajoz – Córdoba – Granada): Afecta de lleno al tramo desde el límite provincial de Badajoz (Fuente Obejuna) hasta el límite con Jaén (Baena), ralentizando sus proyectos de conversión en autovía.

<-N-502: Especialmente tensionada en el tramo que va desde Espiel hasta el límite con Ciudad Real.

<-Autovía CO-31: Afecta a los accesos situados al noroeste de Córdoba capital. La Autovía CO-31 es una vía de acceso de la red estatal que conecta la autovía del Sur (A-4) con la carretera N-432 en la zona norte de Córdoba.

C.- Red Provincial y Caminos Rurales – (Diputación de Córdoba).

La red de carreteras secundarias y caminos de titularidad provincial sufre una acusada falta de mantenimiento operativo que los usuarios califican de abandono. En los desgloses presupuestarios de la institución provincial, las partidas destinadas el mantenimiento de carreteras se cifran en unos 10 millones, que se diluyen rápidamente al intentar cubrir la extensa red capilar de la provincia.

Nota. El Presupuesto de la Diputación asciende a 522,9 millones de euros en términos consolidados; incremento del 21,3% respecto a 2025; en cifras globales se traduce en 91,8 millones de euros más; y solo por señalar unos datos, *ej. Epremasa el año que viene tendrá unas pérdidas se eleven a los 6,74 millones de euros; y, Emproacsa irá a unas pérdidas el año que viene de 6,4 millones de euros, que se cubrirán sin más problemas por el Gobierno del P. P. de Salvador Fuentes.

<-La asfixia de las vías secundarias: Al igual que ocurre con las demás administraciones, los sobrecostes del betún y los áridos impiden que los fondos ordinarios alcancen para cubrir las actuaciones necesarias. Al tratarse de carreteras que comunican núcleos menores y explotaciones agrícolas, el encarecimiento de la maquinaria pesada y del gasoil hace inviables económicamente los parches licitados.

<-El descuido de los caminos vecinales: Las pequeñas constructoras rurales y los ayuntamientos medianos no disponen de fórmulas para reequilibrar contratos menores frente a pérdidas del 30%. Esto frena en seco el desbroce, la consolidación y el afirmado de caminos rurales esenciales para el sector agropecuario de las comarcas cordobesas, agravando la sensación de aislamiento de los municipios de la periferia.

3.- Impacto asimétrico – (Obras mayores vs. Obras menores).

La inflación no golpea a todos los proyectos por igual; de hecho, actúa con una asimetría jurídica y económica radical que perjudica al eslabón más débil de la contratación pública. En toda Andalucía, el problema ha escalado hasta dejar cerca de 300 obras públicas desiertas, sumando 116 millones de euros paralizados.

<-Obras Menores – (La “tormenta perfecta” del abandono): Son los contratos de menor cuantía (mejoras de accesibilidad, reurbanización de calles de barrio, parches locales o arreglos en colegios y caminos) que oscilan entre los 50.000 y los 300.000 euros. Al tener presupuestos tan ajustados, carecen por completo de margen de maniobra ante las subidas del betún o el gasoil. Además, los mecanismos excepcionales de revisión de precios de la Administración suelen exigir condiciones complejas -como que la obra dure más de un año-, que excluyen por ley a las obras menores, dejándolas desprotegidas.

El ejemplo real en Córdoba: El Ayuntamiento de Córdoba tuvo que declarar desierta la mejora de accesibilidad de la Avenida República Argentina (177.135 euros) porque la única empresa que se presentó no pudo aportar la documentación de forma viable. Lo mismo ocurrió con el proyecto de 4 viviendas de VPO en la calle Puente de Montoro (unos 580.000 euros). Las pequeñas constructoras locales no pueden arriesgar su supervivencia en contratos que las abocan a pérdidas inevitables.

<-Obras Mayores – (Ralentización sistemática o “parálisis por inanición”): En las grandes infraestructuras (autovías, variantes o macroplanes), las grandes constructoras cuentan con mayor músculo financiero, economías de escala y contratos de suministro a largo plazo. No suelen dejar los concursos vacíos con tanta facilidad porque abandonar la obra implicaría la pérdida de fianzas millonarias y duras penalizaciones legales. En su lugar, optan por ralentizar el ritmo de ejecución al mínimo legal, estirando los plazos a la espera de que el mercado se estabilice. Esto explica por qué grandes proyectos, como el Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta, continúan vivos pero avanzan de manera desesperadamente lenta mientras absorben sobrecostes del 30%.

4.- Contraste con el entorno urbano – (Córdoba Capital).

A diferencia de las carreteras interurbanas, el entorno urbano de Córdoba capital ha logrado sortear parcialmente el bloqueo en sus principales arterias mediante una estrategia de adaptación:

<-Plan de Asfalto (Fases 2 y 3): Se ha adjudicado formalmente este macroproyecto con una inversión de más de 7,1 millones de euros para renovar el firme de 133 calles y grandes avenidas repartidas en los 10 distritos de la ciudad entre este año y el siguiente.-

¿Por qué ha tenido éxito?: El Consistorio fragmentó el contrato en lotes atractivos y accesibles para las constructoras locales y, fundamentalmente, utilizó partidas presupuestarias actualizadas a los precios reales del mercado actual. Sin embargo, el blindaje no ha sido total: “Los sobrecostes de la construcción sí han dejado desiertas obras municipales menores en la periferia y promociones de vivienda protegida de alquiler donde los márgenes fijados por la administración eran excesivamente bajos”.

5.- Consecuencias a medio plazo para la Provincia.

La inflación industrial actúa como un impuesto invisible que fractura la modernización y la cohesión territorial de Córdoba de tres formas directas:

1.- El laberinto legal de las obras vivas: Al no contar con fórmulas ágiles de reequilibrio contractual, los plazos de ejecución se extienden indefinidamente, traduciéndose en carreteras cortadas y obras que se eternizan.

2.- Pérdida de kilómetros reales: Ante presupuestos similares o con ligeros incrementos nominales, el encarecimiento de los materiales obliga a la Diputación y a los ayuntamientos a realizar un “bacheo quirúrgico” de emergencia, posponiendo las reformas integrales necesarias en las travesías de zonas como el norte de la provincia (Los Pedroches y el Guadiato) y la Subbética.

3.- Freno a la cohesión territorial: Córdoba, situada históricamente a la cola de la inversión por habitante en Andalucía, ve cómo sus grandes ejes vertebradores (variantes de población, las mejoras de la N-432 o los terceros carriles de la A-306) se dilatan en el tiempo debido a la lenta burocracia que exige la actualización de los precios base de los proyectos.

N. B. Imagen. Inflación y sobrecostes en las Carreteras de Córdoba – (Freno a la conservación viaria).

Córdoba, a 18 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Nunca acabar – Un cuento injusto – (Agua Prohibida)

Estamos donde siempre, pero peor: “sin agua, con calor y prohibido bañarse”; porque ahora ni siquiera importamos. Es un hecho más que probado, que los partidos políticos no gobiernan para los andaluces ni para los cordobeses, ya que, su nuevo deporte nacional *es no llegar a acuerdos y *amenazarnos con elecciones anticipadas, como quien blande un cuchillo en la plaza pública llenando de temor a los que por allí transitan.

<<Un muro contra la gente>>

Llega el verano de 2026 y con él regresa la misma imagen que ya no produce tristeza, sino rabia pura. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha vuelto a decretar la prohibición total del baño en el embalse de La Colada, en El Viso.

Lo que iba a ser el gran pulmón turístico y recreativo del norte de Córdoba se ha convertido en un chiste cruel y en una injusticia territorial descarada.

1.- Una imagen que duele. Agua verde. Natas tóxicas flotando como una costra. Carteles de “prohibido el baño” y al fondo, un paisaje que debería ser paraíso y hoy parece una herida abierta.

Las analíticas de inicio de temporada han detectado niveles de cianobacterias muy por encima de los límites de la OMS.

Estas “algas verde-azules” no son simples plantas, ya que, bajo ciertas condiciones liberan cianotoxinas capaces de provocar alergias graves, irritaciones, vómitos, daños hepáticos e incluso problemas neurológicos. Por eso la prohibición es absoluta: ni baño, ni deporte, ni siquiera meter los pies sin riesgo.

2.- No es mala suerte. Es una fosa séptica con nombre propio

Las cianobacterias no brotan de la nada. Necesitan comida. Y la comarca se la lleva sirviendo desde hace más de una década:

<-Eutrofización crónica: fósforo y nitratos a espuertas.

<-Purines sin control: Los Pedroches es potencia ganadera, pero los arrastres de fertilizantes y estiércol van directos a los ríos Guadarramilla y Guadamatilla.

<-Depuración insuficiente: La EDAR de Pozoblanco lleva años desbordada y su ampliación prometida para finales de 2026 llega tarde, como siempre.

Administraciones de todos los colores han fallado. Han puesto el desarrollo económico por delante del derecho más básico: “Agua limpia”.

3.- Una cronología que avergüenza.

2013: Primeras alertas técnicas. Propusieron desviar el Guadarramilla. El informe se quedó en un cajón.
2024: Verano negro. Prohibición total + 80.000 vecinos abastecidos con cisternas.
2025: Apertura fantasma de unas semanas.
2026: Otra vez prohibido. Tercer verano consecutivo robado.

Esto ya no es un incidente. Es abandono estructural.

(Nota. La Diputación de Córdoba está demostrando, que es más fácil abrir fosas que proporcional agua limpia a los habitantes cordobeses de la Zona Norte (todo ello, bajo el silencio ominoso de la Junta de Andalucía), que ahora no pueden ni bañarse en La Colada. Es cierto, que la CHG está poniendo obstáculos de todo tipo y color para que nada avance y todo se convierta en una fosa séptica en La Colada. Aunque, también, es cierto que la depuración de las aguas de La Colada es posible y realizable con medios propios de la Junta de Andalucía y de la Diputación P. de Córdoba. Mientras es una verdad manifiesta, que se están subvencionando a fondo perdido vía I. U. y Presupuestos las Empresas Públicas (Emproacsa y Epremasa), habilitando fondos provinciales para la memoria histórica provincial y para la apertura de fosas, y, sin embargo, La Colada es un foco de suciedad en el que la Junta de Andalucía ha prohibido bañarse, mientras los abrazos perdidos con el Director General del Medio Ambiente y con la Dirección de la CHG son fotos perdidas en una historia de injusticia.)

4.- Lo que se debería hacer YA – (y no se hace).

No vale con poner un cartel cada junio. Existen soluciones probadas:

**Frente técnico de choque:

*Boyas de ultrasonidos que revientan las burbujas de gas de las bacterias.

*Inyección de oxígeno en profundidad para romper la estratificación.

*Fijadores de fósforo (lantano) que lo secuestran en el fondo.

**Frente de infraestructuras:Ampliación inmediata de la EDAR de Pozoblanco y plantas de tratamiento de purines (biogás + compostaje) para la ganadería.

**Frente institucional: Coordinación real entre Confederación Hidrográfica del Guadiana (Gobierno Central), Junta de Andalucía y Ayuntamientos, de manera, que basta de echarse la culpa unos a otros mientras el agua se pudre.

5.- Rebelión social . (Las armas de la gente).

Cuando la política se convierte en un circo de ineficacias, la sociedad civil tiene que entrar en escena:

Vía judicial: Denuncias por delito ambiental (art. 325 CP) y reclamaciones de responsabilidad patrimonial por lucro cesante (hostelería, turismo, ganaderos).
Vía europea: Quejas formales a Bruselas por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Nitratos. Que se jueguen los fondos Next Generation.
Vía social: Una sola voz. Plataformas Unidas por el Agua deben crecer. Movilizaciones visibles que duelan en la imagen de “Los Pedroches”.
Vía institucional: Inundar al Defensor del Pueblo Andaluz y al Defensor del Pueblo Nacional con quejas coordinadas.

<<Conclusión – El coste real de la inacción>>

Hay una regla cruel en política: “Mientras el coste electoral de no hacer nada sea cero, la inversión también será cero.”

Es un hecho evidente, que las depuradoras no dan fotos de inauguración bonitas, hacen su trabajo silente y bajo tierra. Sus beneficios tardan años. Por eso se posponen por todos los políticos.

La única forma de cambiar esta ecuación es hacer que dejar morir La Colada les cueste más votos que arreglarla.

El agua limpia no es un lujo sino un derecho fundamental. Es una línea roja electoral. Hasta que los despachos de Córdoba, Sevilla y Madrid lo entiendan, solo nos queda la presión sostenida, la fiscalización técnica y la batalla jurídica.

Porque esto ya no es solo un embalse. Es la dignidad de todo un territorio.

N. B. Imagen. Duele. Agua verde. Natas tóxicas flotando como una costra. Carteles de “prohibido el baño”. Y al fondo, un paisaje que debería ser paraíso y hoy parece una herida abierta.

Córdoba, 10 de junio de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.