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SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

(Análisis de la dualidad público-privada y el impacto de la regularización masiva).

1.- Una “religión civil” en crisis.

La sanidad pública en España se percibe como el pilar fundamental del contrato social, sin embargo, en abril de 2026, el sistema se enfrenta a una paradoja: “Mientras mantiene la excelencia en intervenciones de alta complejidad, su base operativa -la atención primaria y la gestión de esperas- presenta síntomas de agotamiento estructural”. El debate ya no es solo ideológico, sino aritmético.

2.- Análisis – (Signos vitales vs. fragilidad).

Es un hecho comprobado y patente, que el Sistema Nacional de Salud (SNS) padece una “enfermedad crónica de gestión“ caracterizada por:

<-Listas de espera: A pesar de las reformas administrativas, la demora media para cirugías no urgentes supera los 120 días, de manera, que la atención primaria sufre un embotellamiento que impide su función preventiva.

<-El factor demográfico: Aproximadamente, el 20% de la población es mayor de 65 años y consume el 70% de los recursos, además, este gasto estructural es rígido y creciente, dejando poco margen de maniobra para imprevistos o aumentos de demanda externa.

3.- La simbiosis necesaria – (Sector Privado como “pulmón”).

La realidad actual es la de un modelo híbrido, porque la sanidad privada no es un accesorio, sino un componente sistémico cuya desaparición provocaría un colapso inmediato del sector público.

<<Dependencia Operativa>>

Mecanismo	Descripción	Impacto Sistémico
Conciertos	Derivación de pruebas y cirugías menores.	Supone el 10-12% del gasto; sin ellos, las listas de espera serían inasumibles.
Modelo MUFACE	Cobertura para 1,5 millones de funcionarios.	Su quiebra trasladaría a toda esa población a la pública de golpe, saturándola.
Seguros Privados	12 millones de usuarios (1 de cada 4 españoles).	Actúa como válvula de escape financiada directamente por el ciudadano.

4.- El factor de tensión – (Regularización masiva).

El escenario de una regularización que, sumada al efecto llamada y reagrupaciones, alcance una cifra aproximada a más de un millón de personas, altera profundamente la capacidad de absorción del sistema.

<<Desafíos económicos y asistenciales>>

<-Desequilibrio contribución-gasto: Si bien la regularización formaliza trabajadores, estos suelen cotizar por bases mínimas, de forma, que el coste de los servicios públicos asociados (especialmente en áreas de alto uso como pediatría y maternidad, donde la media de hijos de esta población suele ser superior a la nacional) supera la recaudación neta inmediata.

<-Un embudo logístico: No es solo un problema de dinero, sino de tiempo y espacio, ya que, las plantillas de médicos de familia (con cupos de 2.000 pacientes) no pueden absorber un aumento del 4-5% de la población de forma repentina.

<-Capital humano: Formar a un médico de familia requiere muchos años, y, no existe una bolsa de profesionales disponible para atender a más de un millón de nuevos usuarios de forma inmediata.

5.- El límite de absorción – (sanidad de dos velocidades).

La solidaridad, principio rector del sistema, tiene un límite físico, de forma, que superar la capacidad de carga del SNS conlleva riesgos sociales graves:

1.- Degradación por dilución: Al repartir recursos finitos entre más usuarios, la calidad percibida cae, lo que “iguala a la baja” el derecho a la salud.

2.- Fractura del contrato social: El contribuyente que sostiene el sistema con sus impuestos percibe que no recibe el servicio por el que paga, lo que acelera el éxodo a la sanidad privada y/o el descontento social en la base del sistema.

3.- Deslegitimación de lo público: La sanidad pública corre el riesgo de convertirse en un servicio de beneficencia para quienes no tienen otra opción, perdiendo el respaldo de las clases medias que son su motor político y financiero.

6.- Conclusión – (Hacia una catástrofe de gestión).

La intención política de universalidad choca frontalmente con la imposibilidad económica y logística de absorber una regularización masiva de personas en un sistema ya tensionado.

<-Poder vs. querer: No se trata de falta de voluntad, sino de la imposibilidad de estirar infraestructuras y personal especializado más allá de su punto de rotura.

<-Resultado previsible: Si no se aplican límites de absorción basados en criterios técnicos y de sostenibilidad, el sistema entrará en un “coma” funcional donde la cantidad de usuarios anulará la calidad de la prestación.

El futuro del modelo exige reconocer que la solidaridad depende de la fuerza del sistema, de forma, que sin una planificación seria que priorice la equidad para los actuales contribuyentes y la colaboración con el sector privado, el colapso será total.

N. B. Imagen – Real y crítica.

(Imagen analítica de la dualidad público-privada y el impacto de la regularización masiva).

Córdoba, a 23 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Impuestos – Un mundo de misterio – (Un contrato roto – el retorno al ciudadano)

Vemos los datos de la recaudación de impuestos en aumento constante, las subidas desproporcionadas de las tasas de basura y agua, las subidas del valor de referencia de los inmuebles, de forma, que la plusvalía se multiplica y los recibos del IBI suben como la espuma, mientras crece a ritmo de galope el gastos público sin justificar, a la vez, que aparecen sin pausa ni tregua el número misterioso de los llamados entes públicos, la mayoría de ellos instrumentales, y, a la vista del estado de todas las infraestructuras del Estado, de las C.AA., y de los cientos de ayuntamientos y diputaciones, la pregunta solo puede ser una, concretamente,

¿a dónde van nuestros impuestos?

Muchos ciudadanos ven el pago de impuestos como una detracción arbitraria de su riqueza, un “peaje” obligatorio que desaparece en las arcas del Estado (se incluyen todos los poderes públicos), aunque, en teoría la fiscalidad no es un fin en sí mismo, sino la base de un contrato social, de manera, que aquí reside el concepto del retorno al ciudadano, que no es otra cosa que “la transformación del dinero privado en bienestar público”. Sin embargo, hoy ese contrato de los ciudadanos con los poderes públicos se presenta destruido, porque el contribuyente siente que su esfuerzo no vuelve en la medida que debería con los servicios públicos que recibe.

1.- El Retorno – (teoría vs. realidad).

**El retorno se manifiesta de tres formas:

*Servicios Directos: Lo que vemos (educación, salud, seguridad e infraestructuras).

*Cohesión Social: La red de seguridad (pensiones y ayudas) que garantiza que nadie se quede atrás.

*Gestión eficiente: No basta con que el servicio exista, sino que debe ser de calidad, porque si el ciudadano paga por un servicio de “primera” y recibe uno de “tercera”, la moral fiscal social se resquebraja y se desploma.

2.- Una caja negra y un veneno.

El mayor enemigo de la obediencia fiscal es la opacidad, ya que, cuando el Estado (se incluyen todos los poderes públicos) se convierte en una <-caja negra-> donde es – -imposible trazar el destino de cada euro, nace la percepción de injusticia – (ej. Hay más de 20.000 entes públicos y muchos de ellos instrumentales). No es solo una cuestión de cuánto se paga, sino de cómo se gasta, de forma, que el daño simbólico del despilfarro (gasto político superfluo o burocracia innecesaria) es inmenso, ya que, destruye la legitimidad moral del recaudador.

Una pregunta lógica: ¿por qué no se puede ver en tiempo real cómo se usan nuestros impuestos (por ejemplo -entre otros muchos-), para mejorar una calle?

3.- El origen del mal – (Listas cerradas y partitocracia).

Aquí llegamos al nudo del problema en España: “Nuestro diseño institucional”. El sistema de listas cerradas y bloqueadas ha secuestrado la representación. En este modelo, el político no debe su puesto al ciudadano, sino a la cúpula de su partido que lo puso en la lista. Esto genera un incentivo perverso: “El representante prefiere ser leal al jefe del partido que eficiente con el dinero del contribuyente”. Si critica el despilfarro de los suyos, “no sale en la foto” de la próxima legislatura.

Las listas abiertas serían el filtro necesario para que el político responda ante el elector y no ante el aparato.

4.- La paradoja legal – (Un mandato secuestrado).

Nuestra Constitución (Art. 67.2) prohíbe el mandato imperativo, buscando que el diputado vote en conciencia. pero la realidad nos ha dado el “peor de los mundos”:

1.- Hacia el ciudadano: No hay mandato imperativo (no rinde cuentas directas a sus votantes).

2.- Hacia el partido: Hay un mandato imperativo de facto (disciplina de voto férrea por miedo al castigo). El resultado es un sistema donde la responsabilidad por la mala gestión del gasto se diluye, de forma, que los que mandan son unos pocos y, gracias a este diseño, suelen salir impunes de su ineficiencia.

Conclusión – (voluntad vs. tecnología).

Podemos hablar de digitalización y control para fiscalizar las cuentas, pero sin una reforma electoral que devuelva el poder al ciudadano y penalice la mala gestión, la tecnología será solo un maquillaje, siendo el control real de las cuentas un imposible. La transparencia no es una opción ética, es una necesidad de supervivencia para nuestra democracia, ya que, mientras el ciudadano se sienta un <-investigador privado-> de sus propios impuestos en lugar de un beneficiario, la desafección y la fatiga fiscal seguirán creciendo.

N.B. La Imagen – Impuestos – Retorno al ciudadano y su laberinto.

(Un “contrato roto” – el retorno al ciudadano).

Una reforma de listas abiertas es ya una necesidad democrática.

Córdoba, 8 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Récord de impuestos – Déficit en infraestructuras – (el agujero oculto).

Explico con imágenes a mis nietos preguntones Gonzalo y Ángela donde están nuestros impuestos y porque los trenes no funcionan como debieran y las carreteras están llenas de baches y en mal estado de mantenimiento.

España atraviesa un momento de máximos históricos en recaudación fiscal, pero ese incremento no se traduce en una mejora equivalente de las infraestructuras. El ferrocarril y las carreteras reflejan un problema estructural: “Más ingresos públicos, pero un déficit persistente en inversión y mantenimiento”.

“Los servicios públicos clave, especialmente las infraestructuras, muestran señales de deterioro estructural y el retorno al ciudadano se percibe como ineficiente ”.

N.B. Imágenes. Impuestos todos. Infraestructuras bajo mínimos en mantenimiento y conservación.

(Nota.- Cuando el retorno al ciudadano por parte del Estado es alto y visible, aumenta la moral fiscal (la disposición de la gente a pagar impuestos). Si los ciudadanos perciben que las calles están limpias, los hospitales funcionan y la seguridad es efectiva, entienden el impuesto no como una pérdida, sino como una inversión colectiva.

En cambio, cuando el retorno es pobre o ineficiente, surge la percepción de que el impuesto es una carga injusta, lo que suele alimentar la evasión y el descontento social).

Cada ciudadano debe examinar lo que paga y lo que recibe de sus impuestos por el Estado en su conjunto.

1ª.- Imagen – La realidad – (Lo que hay y lo que se ve).

España nunca había recaudado tanto dinero en impuestos como ahora. En 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior, impulsados principalmente por el IRPF (142.466 millones) y el IVA (99.532 millones). Así mismo, se dispara la deuda pública, que alcanza un máximo difícil de imaginar, de forma, que a la vista de lo que hay y lo que se ve existe un agujero oculto, que se traga todo el dinero de los ciudadanos con un destino ignoto.

2ª.- Imagen. Un agujero oculto.

3ª.- Imagen. Ciudadanos asombrados.

4ª.- Imagen. Soluciones. Gestión eficiente, transparencia y justicia tributaria.

(Nota. Es difícil explicar algo tan simple de ver y por lo visto tan difícil de ejecutar, razón por la que prefiero exponerlo en imágenes descriptivas de lo que hay, de lo que no hay, y, de lo que se debe hacer).

Córdoba, 3 de abril de 2026.

Fdo. Enrique Garía Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Espejismo – Contrato fijo-discontinuo en Córdoba – (la nueva precariedad)

Tras la reforma laboral, el contrato fijo-discontinuo se ha convertido en el protagonista absoluto de la economía cordobesa, sin embargo, detrás de las cifras de “empleo indefinido”, se esconde una realidad mucho más compleja y amarga, porque como dice el refrán popular “la mentira tiene patas cortas”.

1.- La inactividad invisible – (Trabajadores no parados oficialmente).

Aunque el 42,9% de los contratos en Córdoba son indefinidos, la precariedad no ha desaparecido, sino que, simplemente, ha cambiado de nombre, así:

<- Trabajador pobre: La duración del contrato ya no es significativa, porque la verdad es el número de horas trabajadas realmente.

<-Paro encubierto: Casi la mitad (40-45%) de los fijos-discontinuos cordobeses están “inactivos” en este momento, de manera, que aunque tienen empleo y no figuran en las cifras de paro, económicamente están en una situación idéntica al desempleo.

<-Parcialidad involuntaria: El contrato a tiempo parcial o por horas se ha apoderado del mercado de trabajo, de forma, que el 58% de quienes trabajan a tiempo parcial en la provincia, lo hacen porque no encuentran un empleo de jornada completa.

2.- Brecha entre el papel y la realidad – (Horas efectivas).

Quizás, uno de los mayores problemas del empleo en Córdoba es la diferencia tremenda entre lo que dice el convenio colectivo (unas 1.800 horas anuales) y lo que se trabaja realmente.

Sector	Actividad Real (Meses)	Horas Reales vs. Teóricas
Oliva y Cítricos	1,5 a 2,5 meses	240 – 400h (de 1.820h)
Hostelería (Mayo Cordobés/Navidad)	3 a 5 meses	480 – 800h (de 1.780h)
Comercio (Rebajas)	2 a 4 meses	320 – 640h
Industria Agroalimentaria	5 a 7 meses	800 – 1.120h

3.- Mujer – Precariedad – (Impacto asimétrico).

Es un hecho patente, que la discontinuidad contractual en Córdoba tiene rostro femenino.

**Los datos de 2026 son contundentes:

*El 62,5% de los desempleados en la provincia son mujeres.

*7 de cada 10 contratos a tiempo parcial los firman ellas.

*Mientras el hombre predomina en la industria y el campo con jornadas completas, la mujer se concentra en servicios con jornadas de 20-25 horas, lo que penaliza drásticamente sus futuras pensiones.

4.- Juicios – (Objeto).

La práctica jurídica en Córdoba se está centrando en cuatro frentes críticos debido a los abusos en esta modalidad contractual discontinua, pero que se dice fija, así:

1.- El Orden de llamamiento: Conflictos por falta de transparencia.

¿Quién va primero en la lista?

La antigüedad y la capacidad deben ser la regla, no el dedo del empresario.

2.- Cómputo de Antigüedad: Disputas sobre si cuentan los años naturales de vinculación o solo los días trabajados para cobrar trienios.

3.- Fraude en la parcialidad: Reclamaciones por horas complementarias que ocultan jornadas completas.

4.- Despido silencioso: Que ocurre cuando la empresa no llama al trabajador al inicio de la campaña, lo cual debe calificarse como despido (muchas veces improcedente o nulo).

<<Conclusión>>

Las estadísticas oficiales en Córdoba son, en algunos-muchos casos, pura ficción, porque el reto no es solo firmar contratos indefinidos, sino garantizar que esos contratos proporcionen suficientes horas de trabajo para vivir con dignidad.

N.B. La fijeza de los contratos fijos-discontinuos en Córdoba es un espejismo, ya que, la mayoría del tiempo los trabajadores están en situación de paro no contabilizado oficialmente, habiéndose establecido una nueva forma de precariedad por falta de horas de trabajo efectivo, recayendo, además, como una losa sobre las mujeres, dominando una brecha de género inasumible social y laboralmente.

Córdoba, 8 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Vivienda en Córdoba (Necesidad urgente y olvido institucional)

Es una realidad indiscutible que el acceso a la vivienda representa hoy el principal obstáculo para el futuro de Córdoba, especialmente para nuestros jóvenes, quienes se ven obligados a posponer proyectos vitales o emigrar en busca de oportunidades. Sin embargo, al examinar los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026, la situación resulta desoladora: <Bajo un epígrafe grandilocuente como “Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda>, la inversión real en “ladrillo social” se diluye en un océano de gastos burocráticos, mantenimiento de estructuras obsoletas y subsidios a empresas deficitarias, que poco o nada contribuyen a resolver la emergencia habitacional de los cordobeses en la Provincia.

1.- La paradoja de las cifras – (Mucho ruido y pocas casas).

La Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda maneja un presupuesto de 39.902.802,45 euros, una cifra que a primera vista podría parecer ambiciosa. No obstante, al desgranar las partidas, emerge una realidad cruda y decepcionante:

<-Inversión real en vivienda: Apenas 3.021.340 euros se destinan en 2026 a concluir 46 viviendas protegidas en alquiler, distribuidas en solo 11 municipios de la provincia. Esta cantidad forma parte de un programa plurianual (2023-2026) con un presupuesto total de 5,54 millones de euros, pero resulta insignificante ante la demanda provincial acumulada.

<-La disparidad flagrante: Mientras la provincia clama por soluciones habitacionales, la Diputación asigna más del doble -6.621.000 euros- al mantenimiento y rehabilitación de sus propios edificios y sedes, como los Colegios Provinciales, los edificios Fernando III y El Carmen, la Residencia Matías Camacho o el Albergue de Cerro Muriano. A esto se suman las aportaciones compensatorias para cubrir pérdidas millonarias en empresas públicas como Emproacsa (aguas) y Epremasa (residuos), que superan con creces la inversión en vivienda y revelan una gestión ineficiente e impune.

<-La proporción reveladora: La inversión directa en vivienda representa apenas el 7,57% del presupuesto de esta delegación y un ridículo 0,58% del presupuesto total consolidado de la Diputación, que asciende a 522.900.443 euros. Estas cifras no son casuales, pues reflejan una priorización equivocada que ignora la crisis demográfica y el despoblamiento rural.

2.- El peso de la maquinaria burocrática.

Para comprender por qué no se construye más, basta con observar cómo se consume el presupuesto en la Diputación de Córdoba, ahora gobernada por el PP. La diferencia de más de 26 millones de euros que no se dirige a inversiones directas se evapora en el sostenimiento de la propia institución, perpetuando un ciclo de ineficiencia:

Concepto	Cuantía (euros)	Destino real
Funcionamiento interno	25.211.000	Nóminas, limpieza, suministros y burocracia en el Palacio de la Merced y otras sedes.
Obras en edificios propios	6.621.000	Rehabilitación de colegios provinciales, residencias y albergues propios.
Vivienda pública	3.021.340	Construcción de solo 46 viviendas protegidas en toda la provincia.
Transferencias y ayudas	2.000.000	Ayudas a natalidad (1.200.000), patrimonio cofrade (500.000) y prevención de salud (300.000 para virus del Nilo).
Otros (suelo, BOP, SIG)	3.068.000	Gestión administrativa, suelo industrial, modernización del Boletín Oficial de la Provincia (280.000) y Sistema de Información Geográfica (250.000).

Este desglose ilustra cómo la institución se ha convertido en un ente autorreferencial, donde el gasto corriente absorbe recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes.

3.- Gastos superfluos frente a una emergencia social.

Resulta inexplicable justificar ante un joven cordobés que se destinen 500.000 euros a la restauración de arte sacro o 280.000 euros a modernizar el Boletín Oficial de la Provincia, mientras la partida para su derecho constitucional a una vivienda digna permanece residual. Añádase a esto los 500.000 euros para la retirada de fibrocemento o los 300.000 euros para combatir el virus del Nilo, que, aunque necesarios, palidecen ante la inacción en vivienda.

La Diputación se ha transformado en una estructura que se autoalimenta, donde el gasto en personal y mantenimiento de palacios históricos agota la capacidad de maniobra. No se trata de escasez de recursos -el presupuesto total crece un 14,92% hasta los 385.416.969 euros-, sino de una jerarquía de prioridades profundamente errónea y desconectada de la realidad social.

4.- Una propuesta de inversión real.

Desde Córdoba Abierta (ACOA), defendemos un cambio de rumbo inmediato y radical.

**Una inversión responsable en vivienda debería incluir:

1.- Reducción del gasto corriente: Optimizar la gestión administrativa para redirigir al menos un 20% adicional de los recursos hacia vivienda, eliminando duplicidades y eficientando procesos.

2.- Plan de Choque Provincial: Superar la cifra irrisoria de 46 viviendas, duplicándola como mínimo en 2026, y estableciendo un plan plurianual que garantice al menos 500 viviendas por legislatura, priorizando municipios en riesgo de despoblamiento.

3.- Priorizar lo esencial: Ante la crisis actual, el “ladrillo social” debe prevalecer sobre la rehabilitación de edificios administrativos superfluos o subsidios a empresas deficitarias. Esto implica auditar y reestructurar entidades como Emproacsa y Epremasa para evitar que sigan siendo pozos sin fondo.

Concepto	Inversión/Gasto (euros)	Porcentaje del total consolidado	Comparativa visual
Presupuesto total consolidado	522.900.443	100%	La “tarta” completa.
Infraestructuras (obras/vías)	45.000.000	8,6%	Prioridad media-alta.
Gasto social (IPBS)	26.677.948	5,1%	Atención básica.
Vivienda (construcción 2026)	3.021.340	0,58%	Una migaja insignificante.

<<Emproacsa y Epremasa (Un dispendio crónico).

Las tarifas no actualizadas conforme al IPC acumulado y los costes salariales han condenado a estas empresas a pérdidas significativas. Emproacsa estima un déficit de 6,4 millones de euros en 2026, mientras Epremasa prevé 6,74 millones. La Diputación consigna solo 2,7 millones en aportaciones compensatorias, una medida insuficiente que obligará a desviar fondos de otras partidas o recurrir a préstamos, perpetuando el ciclo de endeudamiento.

Los cordobeses perciben con indignación que se hayan destinado 59,3 millones de euros a Emproacsa entre 2023 y 2025 (37 millones para inversiones), y 10,75 millones a Epremasa (6 millones para inversiones), convirtiéndolas en sumideros de dinero público.

Urge una reestructuración profesional, con responsabilidades para gestores anteriores, en lugar de cargar el peso sobre los contribuyentes, aunque el presidente, Salvador Fuentes, ha descartado esta opción, optando por lo fácil: que paguen los ciudadanos.

<<Conclusión>>

Si comparamos los 3.021.340 euros destinados a vivienda con los 522.900.443 euros del presupuesto total consolidado, la partida habitacional no alcanza ni el 1%, de forma, que la Diputación parece diseñada para mantener servicios mínimos (agua, basura, carreteras) y sostener su propia burocracia, relegando la creación de soluciones innovadoras -como el acceso al hogar- a una mera propina.

Es innegable que la inversión en vivienda ha caído en el olvido bajo el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, que no solo ha heredado políticas anteriores, sino que se ha convertido en prisionero de enfoques sociales y económicos ruinosos. La vivienda no es una prioridad real en la Corporación Provincial, sino el apéndice de una delegación dedicada a gestionar su propia ineficiencia, condenando a nuestros pueblos al despoblamiento y a nuestra juventud al exilio.

N.B. La vivienda en la Diputación de Córdoba no es una de sus prioridades, sino que es el <apellido> de una delegación que, en la práctica, se dedica a gestionar su propia existencia y su ineficiencia empresarial, olvidando la necesidad de crear lugares donde vivir, lo que conlleva a condenar a nuestros pueblos a la desaparición por despoblación.

Córdoba, 16 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.