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Diputación de Córdoba – (Una traición del PP y un abrazo al modelo que prometió combatir)

En política, la distancia entre la promesa electoral y la praxis administrativa suele medir la integridad de un proyecto y en la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP), esa distancia no es una brecha, es un abismo. Lo que estamos presenciando y sufriendo los cordobeses no es simple “pragmatismo” o “realpolitik local”, sino que es *una desconexión total con los principios liberales y *una rendición incondicional ante el modelo de gestión socialista.

El votante del P. P. que apostó por la eficiencia, la austeridad y la baja presión fiscal se encuentra hoy con un ente autocomplaciente, que gasta más en mantenerse a sí mismo que en servir a la Provincia.

1.- El “tasazo” como solución – (Una línea roja rota).

La gran promesa electoral del PP fue una “revolución fiscal”, sin embargo, la realidad de 2024 fue un golpe directo al bolsillo del ciudadano, con una subida del 40,8% en la tasa de basura y del 22% en el agua.

Para 2026, la intención era persistir en esta vía con propuestas de incremento del 17,5% en Epremasa y el 5,37% en Emproacsa, pero la oposición frenó estas subidas, aunque la intención del equipo del Presidente Fuentes y de su equipo de gobierno revela una preocupante solución o receta no liberal:

Aumentar ingresos por vía impositiva para tapar ineficiencias estructurales, en lugar de acometer una verdadera reestructuración de costes.

2.- Emproacsa y Epremasa – (“Agujeros negros” del dinero público).

Desde una perspectiva liberal, las empresas públicas deberían tender a la autosuficiencia o, en su defecto, a una gestión bajo criterios estrictos de mercado, pero en la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P.  se han convertido en sumideros de subsidios masivos.

Desde 2023, se han transferido más de 59 millones de euros a Emproacsa para evitar su quiebra técnica. Este intervencionismo disfrazado de “gestión de la herencia” perpetúa un modelo de subvención continua, que el PP criticaba ferozmente desde la oposición, de forma, que este gobierno del P.P no tiene planes de racionalización ni reformas de calado, de manera, que solo tiene una solución, que es hacer solo inyecciones de capital para comprar una falsa “paz social” y a sus votantes ajo y agua.

3.- Hipertrofia administrativa – (Un monstruo autorreferencial).

El presupuesto consolidado de 2026 es el reflejo de una administración que crece “hacia adentro“, de manera, que por ejemplo, el Capítulo 1 (Personal) alcanza la cifra récord de 235 millones de euros, devorando casi la mitad del presupuesto total.

Mientras los costes fijos y la burocracia se disparan, la inversión real se asfixia, de manera, que la Diputación se ha convertido en un ente que prioriza el mantenimiento de su estructura y de sus puestos de confianza -una suerte de clientelismo encubierto- por encima de su función propia como motor de desarrollo para los municipios de la Provincia.

(Nota. Del agua de la Zona Norte ni se sabe.)

4.- Inversiones a golpe de crédito – (Hipotecando el futuro).

Cuando la gestión no genera ahorro neto porque las nóminas y las pérdidas de las empresas públicas lo devoran todo, solo queda la deuda, de forma, que el anuncio de 60 millones de euros en inversiones para 2026 no viene de una gestión eficiente, sino de operaciones de crédito. Es la “huida hacia adelante” típica de las políticas socialistas, concretamente, gastar hoy lo que tendrán que pagar las generaciones futuras, aumentando la carga financiera en un contexto de tipos de interés al alza.

<<Conclusión – (Quiebra de la confianza legítima)>>

Desde un análisis jurídico-político, un programa electoral genera una expectativa de confianza legítima en el votante, de manera, que romperla sistemáticamente no es solo un error estratégico, sino que es un fraude político.

Hoy, la Diputación de Córdoba bajo el mando de Salvador Fuentes es una administración hipertrofiada, que ejecuta políticas socialistas con siglas de derecha. Se ha elegido el camino fácil:

Evitar el conflicto y mantener la inercia administrativa en lugar de impulsar la transformación estructural a que se comprometieron.

Si el PP gestiona un modelo en el que no cree, pero que se niega a desmantelar por temor electoral, el resultado es el desaliento democrático, porque al final parece que votar a este PP es votar una versión del PSOE, pero con el agravante de la incoherencia.

Córdoba y sus ciudadanos merecen una gestión que sea fiel a los principios de libertad y eficiencia que les fueron prometidos.

N.B. En la Diputación de Córdoba el PP abraza todas las políticas socialistas sin rubor.

Esto no es pragmatismo, sino que es una traición ideológica y los votantes del P. P. merecen más que excusas, ya que, es exigible una transformación real, tal como evidencia la dificultad en aprobar el presupuesto 2026 -retirado por falta de acuerdos-, porque, todos saben ya, que el PP  del Presidente Fuentes prioriza su supervivencia política sobre sus principios y promesas

No se pude votar a este P. P., pues es lo mismo que votar  al Psoe, pero peor, porque cuando se vota socialismo, al menos, se sabe lo que se está votando.

Córdoba, 26 de febrero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Igualdad formal vs. Igualdad práctica (El reto de la regularización)

Un grupo elevado de lectores me pregunta sobre la regularización masiva de inmigrantes y me piden una opinión, así que, como suelo hacer intentaré darles una explicación razonable.

En el actual escenario normativo de febrero de 2026, España se enfrenta a un desafío que trasciende lo administrativo para instalarse en el corazón de la justicia social:

La gestión de la regularización extraordinaria de extranjeros.

El debate no debe centrarse en la existencia o no de privilegios, sino en la colisión entre la igualdad formal (la ley es igual para todos) y la igualdad práctica (cómo impacta esa ley en un sistema de servicios públicos ya tensionado).

1.- El marco jurídico (La regularización de 2026).

El reciente Real Decreto-ley de regularización extraordinaria busca integrar a una población de entre 500.000 y 800.000 personas que ya conviven con nosotros. Jurídicamente, el objetivo es impecable: Reducir la economía sumergida, aflorar cotizaciones y garantizar derechos fundamentales. Una vez obtenida la autorización de residencia y trabajo, estas personas adquieren la condición de residentes legales, accediendo al catálogo de servicios públicos en plenas facultades.

2.- La paradoja de los baremos. – (Parece haber prioridad).

Es fundamental aclarar que no existe una prioridad legal por origen nacional. Los criterios de acceso a guarderías (0-3 años), al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o a las ayudas al alquiler son universales y se basan, principalmente, en la vulnerabilidad socioeconómica.

**Sin embargo, aquí es donde surge el conflicto de la “igualdad práctica”, así:

<-El perfil de vulnerabilidad: Los nuevos regularizados suelen presentar niveles de renta más bajos, familias más numerosas y situaciones de precariedad laboral inicial.

<-La puntuación mecánica: Al aplicar los baremos vigentes (donde puntúa más la renta baja o el número de hijos), este colectivo encaja de forma natural en los tramos de máxima prioridad.

**La clave del problema: No es que se favorezca al inmigrante “por serlo”, sino que el sistema está diseñado para primar la necesidad extrema. Cuando esa necesidad se concentra en un grupo recién incorporado al sistema legal, el resultado práctico es que familias españolas de rentas medias o bajas (pero no extremas) se ven desplazadas en las listas de espera.

3.- El riesgo del colapso y la gestión de la escasez.

La justicia de una medida de integración no puede evaluarse de forma aislada a la capacidad del sistema. La incorporación de cientos de miles de nuevos usuarios cualificados para ayudas sociales sin una ampliación proporcional de la oferta pública produce un efecto de “suma cero”.

<-Educación y Sanidad: La saturación en la Atención Primaria y la falta de plazas en escuelas infantiles no son responsabilidad del inmigrante, sino de una planificación que no prevé el aumento de la demanda.

<-Servicios Sociales: El IMV y las rentas mínimas tienen presupuestos acotados, de forma, que si la base de solicitantes con máxima puntuación crece exponencialmente, el sistema se bloquea para todos.

4.- Conclusión. – (Una solidaridad sostenible).

Como profesionales del derecho, debemos defender que la ayuda al inmigrante es un imperativo humanitario y económico, pero no debe ejecutarse a costa de la erosión de los derechos y servicios de quienes ya sostienen el sistema.

La igualdad formal es un pilar de nuestra democracia, pero si no se acompaña de una inversión pública que absorba la nueva demanda, generamos una desigualdad práctica que fractura la cohesión social. Para que la integración sea real y justa, el Estado debe garantizar que la ampliación de derechos para unos no signifique la pérdida de servicios para otros.

N.B. El reto de la regularización es pasar de la igualdad formal a la igualdad práctica, a la vez, que se consigue una integración productiva de calidad, llevándose a cabo una reestructuración completa del mercado de trabajo.

La solución no es el enfrentamiento entre vulnerables, sino una administración de recursos que entienda que la capacidad de acogida está intrínsecamente ligada a la capacidad de prestación.

Córdoba, 9 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya.

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).