Tag Archives: Ayuntamientos

Diputación Córdoba – Junta Andalucía – C. H. Guadiana (Se la han “colado”)

El Gobierno ha colado a Andalucía y a Córdoba la GRAN COLADA a través de La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), denegando la autorización para la conexión entre los embalses de Sierra Boyera y La Colada, que es infraestructura básica para garantizar el abastecimiento de agua a 27 municipios del norte de la provincia de Córdoba y donde viven más de 80.000 personas.

La Junta de Andalucía tiene el poder que una mayoría absoluta de andaluces le han otorgado y la Diputación de Córdoba tiene una mayoría suficiente, pero la Confederación Hidrográfica del Guadiana al parecer tiene un poder por lo visto indiscutible. Lo que dicho de otra forma es, que los más de 80.000 cordobeses del Norte de la Provincia de Córdoba, y, de paso todos nosotros los cordobeses, estamos sin agua, porque la C. H. G. que, por cierto, no la ha elegido ningún andaluz ni cordobés se chinga en la Junta de Andalucía, en las Diputación, en Andalucía y en Córdoba.

*Eso es lo que hay*.

En Cataluña o en el País Vasco esto sería posible, (sin comentarios), de forma, que sobra cualquier palabra más o menos gruesa, pues todos conocen la respuesta.

La Junta de Andalucía anuncia que recurrirá el Informe de la Confederación del Guadiana que rechaza la conexión de La Colada, ya que, según el Sr. Molina: “El proyecto no tiene ninguna objeción real más que la voluntad política de pararlo”.

Si lo que dice el Delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina es cierto, que seguramente lo será, recurrir el Informe de la C.H. G. se me antoja un brindis al sol, ya que, si la CHG está realizando una maniobra política, lo que está haciendo presuntamente es prevaricar públicamente y a la vista de todos, así que para la Junta de Andalucía, la Diputación, los Ayuntamientos del Norte de la Provincia y el Partido Popular, sin la menor duda, está abierta la vía de una querella o de varias, aunque, quizás, estos posibles actores estén esperando otra “Dana”, tal como ocurrió con la Confederación Hidrográfica del Jucar.  

Las mayorías absolutas y el poder territorial ganados en una elecciones, no pueden seguir siendo “una política de abrazos y de humillación consentida para todos los andaluces y cordobeses”, porque  de ser así, lo mejor es someterse cautivos al poder de la C. H. G. que no representa a nadie y nadie la ha elegido salvo un poder autocrático, que cree, al parecer con razón, que puede hacer lo que quiera y que nunca le pasa nada, pues saben que están por encima de la Ley.

La politización de la C. H. G. se la ha “COLADO” al poder legítimo de la Junta de Andalucía, así que, después que no venga el P. P. a pedir más votos para seguir gobernando la nada y con convicción plena de esclavos sometidos voluntariamente, así que, desde Córdoba Abierta -ACOA- exigimos que la Junta de Andalucía, la Diputación P. de Córdoba, los Ayuntamientos y el P. P. nos defiendan de verdad, pues tienen todos medios y un  camino claro para hacerlo.

N.B.  La Confederación Hidrográfica del Guadiana actuando en nombre de un poder autocrático se la ha Colado a la Junta de Andalucía y, desgraciadamente, a todos nosotros los andaluces.

Vivir de rodillas no es vivir, sino morir esclavo voluntario.

Córdoba, a 25 de abril de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Respeto a la Ley – España (Democracia bajo mínimos)

La realidad al día de hoy es, que parece que en España todos los poderes públicos han perdido el respeto a la ley en cualquiera de sus niveles, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, aquí reside el verdadero problema de la falta del respeto a la Ley, que se está apoderando de todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y a todos sus niveles.

Basta por ahora observar la realidad diaria por comprender, que lo que digo es cierto, así:

a).- Un poder legislativo que está al servicio de un Gobierno Central, que ha decidido pasar del Congreso y del Senado, aprobándolo todo por decretos leyes, o, como ahora, aprobado un gasto militar sorpresivo y superlativo al margen de cualquier control incluso de su propio Gobierno.

b).- Un poder ejecutivo autocrático sometido a un líder político que nadie sabe por dónde va y ni a dónde quiere ir, de manera, que vamos de sorpresa en sorpresa, de Cataluña a Waterloo, de Europa a China, de la OTAN a sin la OTAN y con EE. UU. fuera de juego.

c).- Un poder judicial dividido y diluido en la nada e incapaz de adoptar decisiones tan elementales como las presidencias de las salas del T. S., y, dónde las ideologías incapaces de llegar a acuerdos hacen inoperante el CGPJ.

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que la falta del respeto a la ley se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos). No se busca ya el interés general y/o el bien común, sino ocupar espacios de poder apartando como sea al adversario político y apoderándose del empleo público sin dejar el mínimo espacio para la igualdad ante la ley.).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, nadie hace lo que ella dice, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles:

1º.- La C. E. dice en su artículo 10.1 (Dignidad, derechos y respeto a la ley), que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así lo ha consagrado, por ejemplo,  nuestro T. C. en Sentencia de Pleno: “Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia Nº de procedimiento: 1024-2004. Sentencia: 17/2013   [ECLI:ES:TC:2013:17]. Fecha: 31/01/2013. Fecha publicación BOE: 26/02/2013.

2º.- Digamos, que lo que dice la Constitución es la teoría, pues en la práctica diaria en España el respeto a la Ley, especialmente, por los Poderes Públicos ha pasado a la gloría de su casi extinción, así:

** Principios constitucionales:

La Constitución Española de 1978 establece que España es un Estado social y democrático de derecho, donde los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1). Este artículo también garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de disposiciones sancionadoras, la seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad por parte de los poderes públicos.

Los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) están obligados a respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas, que vinculan a todas las instituciones (artículo 53). Además, la separación de poderes, consagrada en la Constitución, busca evitar abusos y garantizar un equilibrio institucional.

**Situación actual del respeto a la ley.

*Separación de poderes: Existen realidades perversas sobre la influencia del poder ejecutivo en el judicial, particularmente en la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo la figura distorsionada de la Fiscalía General de Estado un ejemplo de lo que nunca deber ser una democracia regida por la ley de todos.

*Corrupción y ejemplaridad: Informes recientes, como el de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), señalan que España no ha implementado completamente recomendaciones para prevenir la corrupción en altos cargos, jueces, fiscales y cuerpos de seguridad. Esto afecta la confianza ciudadana en los poderes públicos.

*Neutralidad de los poderes públicos: La exhibición de símbolos políticos no oficiales en espacios públicos (como banderas republicanas o lazos amarillos) ha generado debates judiciales. Los tribunales, en vano, han reforzado el principio de neutralidad, exigiendo que los espacios públicos se mantengan libres de símbolos partidistas, según la Ley 39/1981.

*Cumplimiento de la ley en contextos políticos sensibles: Episodios como el referéndum ilegal de Cataluña en 2017 han puesto de manifiesto tensiones entre poderes públicos autonómicos y el Estado central.

*Legislación y participación ciudadana: Hay críticas sobre la falta de debate y participación en la elaboración de leyes, lo que puede debilitar su legitimidad.

**Percepción social.

La confianza de los españoles en las instituciones públicas ha disminuido en los últimos años por múltiples causas, así, casos de corrupción, politización de la justicia y una percepción de falta de ejemplaridad en los líderes políticos.

**Casos relevantes.

*Bloqueo del CGPJ: La parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en su funcionamiento ha sido objeto de críticas nacionales e internacionales, con el Tribunal Constitucional interviniendo para frenar ciertas reformas. 

*Amnistía y procesos judiciales: La ley de amnistía para encausados del procés catalán ha generado controversias sobre su compatibilidad con el principio de igualdad ante la ley y el respeto al ordenamiento jurídico.

*Ciberseguridad y derechos fundamentales: El retraso en la aplicación de la ley de ciberseguridad muestra un intento de equilibrar seguridad y derechos, pero también evidencia desafíos en la implementación de normas.

*En un día el Gobierno ha decidido: (I). No someter al control parlamentario un tremendo gasto de defensa; y, (II) Apoyar el que el Fiscal General del Estado nombre una nueva fiscalía especial para que le investigue a él.

3º.- Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B.  Lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

Córdoba, a 24 de abril de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Un misterio – una adivinanza – Andalucía (Empleados Públicos)

Asisto a una reunión abierta sobre empleo y me preguntan, *si se cuántos empleados públicos totales hay en Andalucía*, así que mi respuesta es clara, no tengo ni la menor idea de su número, y, aclaro, que ahora mismo es un misterio por la falta de transparencia, de forma, que solo puedo hacer una adivinanza basada en datos disponibles inciertos y en mi experiencia profesional.

1º.-  Hago una estimación imaginativa de empleados públicos en Andalucía en los siguientes apartados:

* Junta de Andalucía: De 310.000 a 320.000.

* Ayuntamientos: De 120.000 a130.000.

* Diputaciones: De 100.000-120.000. (Incluyo empresas, entes y consorcios provinciales).

* Empresas públicas y entes instrumentales: De 35.000 a 40.000.

* Universidades públicas: De 28.000 a 30.000.

* Otros: De 5.000 a12.000 (estimación adicional).

Total adivinado: De 610.000 a 652.000 empleados públicos -el margen de error es asumible en 60.000 empleos-.

2º.- Reflexión sobre mi adivinanza:

Baso mi estimación en las siguientes consideraciones:

*El crecimiento sostenido de la Junta de Andalucía, que, sin duda, ya supera los 320.000 empleados.

*La posible estimación de empleados en empresas públicas y entes instrumentales, que son difíciles de cuantificar debido a la falta de transparencia.

*El crecimiento continuo en Ayuntamientos y Diputaciones, que es un pozo insondable y desconocido.

*La tendencia imparable al aumento del empleo público en todas la instituciones públicas en Andalucía.

3º.-  La llamada “administración paralela” de la Junta de Andalucía, Ayuntamientos y Diputaciones que incluye agencias públicas empresariales, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles y otros organismos autónomos, hace que su empleo público sea difícil de cuantificar con precisión, pero teniendo en cuenta  información histórica y reciente puedo estimar que todos ellos en Andalucía tiene más de 80.000 personas en estas entidades paralegales, además, observo que se refleja un crecimiento.

(Nota final. Ajustando mi adivinanza estimo que el número total de empleados públicos en Andalucía en 2025 probablemente esté en los 652.000 si se computan las empresas públicas y entes instrumentales. La falta de transparencia de los datos es una rémora para la precisión de mi adivinanza, pero el crecimiento en sanidad, educación y estabilización de empleo la apoyan.

Estimo que los empleos públicos representan más del 20% de la población ocupada total en Andalucía.).

N.B.  Insisto en que el empleo público real en Andalucía es un misterio, pero mi adivinanza sobre el empleo público en Andalucía creo que está más cerca de la certeza que del error.

Lo más perverso es el clientelismo político y la desigualdad en el acceso al empleo público. 

Córdoba, a 22 de abril de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Mayorías absolutas – Ayuntamientos – Respeto a las minorías (principio de legalidad y derechos fundamentales)

Unos lectores me hacen una pregunta sobre los efectos de la mayorías absolutas y su abuso por los políticos que gobiernan con ellas, pues en su ayuntamiento gobernado por mayoría absoluta por un partido solo se cumple la ley cuando beneficia a la mayoría que gobierna, existiendo un claro abuso contra las minorías.

Trataré de dar una opinión lo más clara posible, así, que comenzaré centrando el tema por abajo.

Me explico, en estos días solo se habla del Presidente Trump, de Europa, de La Otan, de Ucrania y de cosas gordas, aunque por otro lado es lógico, pero en esos asuntos salvo no estar de acuerdo con el empleo de la fuerza como argumento único, poco se puede hacer a nivel de calle; sin embargo, hay asuntos en la puerta de nuestras casas de abusos del uso de las mayorías absolutas en los Ayuntamientos, Diputaciones y CC.AA. que precisan atención inmediata, si queremos que nuestra vida diaria se desarrolle en democracia y libertad.

Es un hecho más que frecuente, que Ayuntamientos gobernados por mayorías absolutas están abusando de su poder realizando actos contra ley y sometiendo sin pudor a las minorías con el único argumentos de que votando siempre llevan razón.

Desgraciadamente, esa forma de gobernar atrabiliaria la tenemos a la vuelta de la esquina y con demasiada frecuencia se viene tolerando, quizás, porque es más fácil ponerse de perfil ante una injustica, que, equivocadamente, se suele considerar menor.

Si en un Ayuntamiento se viola día a día el principio de legalidad y se bendice después con una votación a favor por mayoría absoluta, parece que todo es legal y que no pasa nada porque se adopten acuerdos fuera de la ley, sobre todo, cuando solo existe un secretario/a accidental irregular por llevar demasiados años en ese puesto.

La realidad es perversa, pues no hay nada peor que permitir que la carcoma de la injusticia se introduzca en los niveles más bajos de nuestra administración.

Cuando un Alcalde abusa de su poder con el pretexto de que tiene mayoría absoluta, con las debidas proporciones, es lo mismo que está haciendo el Presidente Trump y/o el Presidente Putín, que no es otra cosa que bendecir la injusticia y el sometimiento de la libertad por el uso de la fuerza.

Por otro lado, observo, que los jueces y tribunales en algunos-muchos casos pasan por encima de la ley aplicable considerando que estos casos menores no merecen enfocarlos en la dirección del valor justicia, de forma, que se consolida el abuso ilegal, pues es difícil, costoso y arriesgado para el ciudadano de a pie hacer frente a una injusticia, que viene validada por el marchamo de un acuerdo por mayoría absoluta.

En estos desgraciados casos, solo queda acudir a la vía penal judicial con todas la pegas que ese movimiento de defensa tiene para el particular que ejercita su derecho de defensa por ese camino, que es el único que le han dejado seguir.

Afortunadamente, hay casos y jueces/as que deciden con grave riesgo para sus personas hacer frente a la injustica y abren diligencias penales de investigación, que como se está demostrando en España es casi una temeridad para el órgano judicial competente, ya que, lo primero que hacen esos políticos autoritarios bajo la tutela de sus mayorías absolutas es cargar con el Juez/Jueza que se ha atrevido a contradecir su proceder autoritario y conta ley, acusándoles de estar equivocados, de no conocer la ley, de aplicarle por ideología política y todas las demás barbaridades que se están viendo en el día a día en España.

La única razón que lanzan contra todos los que no están de acuerdo es que ellos son el pueblo y están por encima de la ley, todo ello, adobado por bulos personales, políticos y sociales contra todos los que se atreven a discrepar.

En estos días de inseguridad jurídica conviene realizar una defensa del respeto a la ley en todos los niveles del poder político, algo esencial en cualquier estado social y democrático de derecho, como es el nuestro según la C. E.

Sin respeto a la Ley no existe el estado de derecho, pero es lo cierto, que ese deber de respeto es exigible al máximo, cuando se trata de poderes públicos de menor nivel (véase Ayuntamientos), ya que, mientras los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere el cumplimiento de la Ley, los titulares de los poderes públicos tienen, además, un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Ley.

** La Constitución Española establece lo siguiente:

<< – Artículo 9: 1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

* Artículo 10: 1.  …   …, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.>>

Además, en España la justicia se apoya en el respeto a la ley, como fundamento del orden político y de la paz social, para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico.

En España se están produciendo a diario dislates tremendos de falta de respeto a la Ley en los niveles inferiores del poder público, así que señalaré un supuesto claro de falta de respeto a la ley, que es un ejemplo de perversión de la ley, pero que es como el lago de los muertos o piélago, que lo inunda todo en algunos municipios, así:

 * Abuso en algunos muchos municipios gobernados por mayorías absolutas, donde solo se hace lo que dice el partido que gobierna por mayoría absoluta con razón o sin ella, con la ley o contra ella.

(Nota: Los particulares avasallados por la mayoría absoluta está muy claro, que son necios, gilipo…, y unos irresponsables absolutos, porque ellos son el poder legítimo del pueblo).

A pesar de todo, siempre queda un halo de esperanza y algunas cosas están más claras:

.- España se desangra por un uso abusivo de mayorías absolutas con unos poderes públicos dominantes y sus dirigentes que juegan a la ruleta rusa con los españoles, de manera, que ellos a lo suyo y vale todo, aunque, pronto habrá elecciones y ya todos sabemos lo que hay.

2º.- Solo queda creer en la justicia y en la división de poderes, esperando que los jueces, apliquen la Ley sin condicionamientos ideológicos, y, siempre en favor del pueblo dónde reside la soberanía, y, del que nace, crece y se sostiene la justicia en las democracias constitucionales.

N. B.   La mayorías absolutas sin respeto a la Ley ni respeto a las minorías violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, cualquiera que sea su nivel, pero cuando el abuso de las mayorías se hunde al nivel más bajo como son los ayuntamientos, lo que está en peligro es la libertad de las personas que viven en esos municipios dominados por unos gobernantes mayoritarios, que se creen por encima del bien y del mal y, además, impunes.

**Sin respeto a la Ley por todos y, especialmente, por los poderes públicos no existe el Estado de Derecho Constitucional.

**Sin ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, es una ofensa a los españoles, que se les pida su cumplimiento.

Sin embargo, lo peor es, que actúan así contra la ley algunos muchos, quizás demasiados, porque se sienten impunes, de forma, que les da igual, aunque puede ser cierto, que los culpables son los ciudadanos por su mala memoria.

No se puede poner en duda, que las cosas están muy claras, luego que nadie se queje.

Córdoba, a 3 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Anticipos de la Diputación a los Ayuntamientos – Gastar lo que no se tiene (Un plus de intereses y otros costes a pagar)

La Diputación publicita que adelanta a los municipios 125,8 millones  de euros de la recaudación de impuestos de 2025.

La Diputación de Córdoba, por medio del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha transferido este jueves un 85% de la recaudación de los impuestos municipales previstos para el año 2025y que gestiona la empresa provincial a los ayuntamientos de la provincia.

El importe total, según ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, es de 125.860.000 euros, cifra que supera a la del año pasado en un 1,75%. En 2024 la cantidad fue de 123,69 millones.

El Presidente de la Diputación Fuentes Lopera del P.P. ha declarado que este adelanto viene a dar suficiencia, autonomía, liquidez y capacidad de gestión a los ayuntamientos de la provincia desde el principio del año, de modo que pueden hacer efectivos muchos de sus proyectos. (Diario Córdoba 31/01/25 – Artículo de 30/01/25 – Rafael Valenzuela).

(Nota: Para cubrir el importe de los anticipos el Presidente Salvador Fuentes ha dicho, *que estos recursos proceden de la propia Diputación, 34,9 millones, y *dos operaciones financieras suscritas con Cajasur (51 millones) y Unicaja Banco (40 millones).

**La declaración del Presidente de la Diputación es confusa, incompleta y oculta los costes reales de este adelanto para los municipios, así:

1º.- La Diputación de sus fondos propios aporta 34,9 millones de euros, de manera, que el Presidente debería explicar, en aras de una información veraz, de que partida de los Presupuesto salen esos millones y por qué la Diputación no aporta de sus fondos propios ni siguiera una tercera parte de esos anticipos.

2º.- Por otro lado, se conciertan, dos operaciones financieras, es decir préstamos, por valor de 91 millones de euros, aunque, el Presidente Fuentes Lopera no dice, cual ha sido el coste de esas dos operaciones financieras ni los intereses que habrá que pagar y, sobre todo, quien asumirá esos gastos, de manera, que lo normal será que recaigan sobre los Ayuntamientos anticipados.

3º.- Además, de lo dicho es un hecho patente que los Ayuntamientos, presuntamente beneficiados está ya gastando algo que no tienen y, además, se les cargará unos costes añadidos procedentes de las dos operaciones financieras de contenido desconocido, incluyendo por supuesto todos los intereses nacidos de esas operaciones de préstamo.

Dicho de otra forma, se incrementa el gasto público de forma artificial y los Ayuntamientos impelidos por la Diputación se gastarán lo que no tienen, con la consecuencia final de que esas Corporaciones Locales quedan atrapadas y cautivas de la Diputación, que les hace creer que les está haciendo un favor, cuando lo que les esta haciendo es reducirles sus ingresos por sus impuestos y tasas y, además, gravándolos con costes añadidos desconocidos e ignotos, lo que significa, se mire como se mire, que la Diputación les está vendiendo humo de pajas y engañándolos,  pues al final serán los ciudadanos de esos municipios los que tendrán que pagar los costes indebidos, lo que por si explica, que tendrán que subir sus impuestos y tasas para hacer frente a esos costes innecesarios.

El Presidente de la Diputación del P. P. que ya ha subido todos sus impuestos y sus tasas, como basura, agua, etc., lo primero que debería hacer es publicar y explicar claramente, con exhibición pública de todos los documentos firmados, cuanto va a costar a los Ayuntamientos realmente los anticipos que publicita en forma de autopropaganda, cuando él sabe, que lo que dice es una mentira, ya que, una verdad a medias, ocultando los puntos oscuros y negativos, es una gran mentira.

Nadie sabe cuál es el costo real de esas dos llamadas operaciones financieras, es decir préstamos en lenguaje comprensible para todos, y lo peor, es que nadie lo sabrá nunca, pues es un hecho patente, que el Presidente de la Diputación nunca publicará los documentos del préstamo.  

Por lo dicho, en la Diputación ahora mismo no hay nadie, que realmente sepa lo que pasa, pero una cosa es cierta, que la administración y la política que el Presidente del P. P. esta haciendo es una política alejada de lo que el Partido Popular prometió que haría si gobernaba, pues si hay algo contrario a los intereses de sus votantes es lo que se está haciendo día a día, que no es otra cosa que la política sandía “verde por fuera y roja por dentro” .

Los votantes del P. P. somos la rana a la que pican todos con sus promesas incumplidas, de forma, que ya  solo podemos esperar que llegue el momento de votar, aunque ahora ya sabemos lo que hay: 

Que cada uno vote lo que quiera, pero ya no caben más engaños, así que, por un lado, está la libertad en todas sus versiones cumpliendo lo prometido, y, por otro lado, un proyecto colectivo que destroza España y nos empobrece a todos económica y socialmente.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, si seguimos votando a políticos irresponsables y mentirosos es porque queremos, ya que, todos sabemos lo que hay, cuando, además, hay otra política posible y necesaria, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  Los anticipos a los Ayuntamientos son gastar lo que no se tiene y, además, intereses y otros costes ocultados y desconocidos.

 “Nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 1 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.