1.- El hecho – (El silenciamiento como técnica de control).
Las democracias contemporáneas sufren una paradoja: “La hiper-conectividad no ha generado un ágora más libre, sino un ecosistema de censura descentralizada”.
El silenciamiento ya no es una prerrogativa exclusiva del Estado, sino un producto de la intimidación social y de la presión grupal.
<-Proceso: El uso de etiquetas estigmatizantes (“fascista”, “woke”, “negacionista”, etc.) no busca el debate, sino la muerte civil del interlocutor.
En la realidad social existe <-asimetría y descompensación->, ya que, <<mientras las mayorías moderadas están ocupadas en la producción y la vida familiar, las minorías radicales operan con dedicación exclusiva a la agitación, capturando las instituciones por agotamiento del rival>>.
(Nota. Unos ejemplos: (I). En España el Mensaje de Navidad el Rey Felipe VI dónde ha reclamado “ejemplaridad” a la clase política y ha defendido con firmeza la Constitución y el legado de la Transición, bases de la “convivencia”, por el que los partidos que sostienen al Gobierno le han llamado “radical”, “heredero franquista”, que “hace apología de la violencia y que su mensaje ha sido decepcionante”, así que eso es lo que hay. (II). El concierto de HAKUNA en la Puerta del Sol donde sus componentes son calificados de “fachas”, “pijos”, “ultras” y más.). Y, (III). Los ejemplos serían interminables, pero desgraciadamente este es el ambiente polarizado y radical que se ve en España.).
2.- El bucle del silencio.
La espiral del silencio de Neumann es una teoría del área de la comunicación política, que estudia la opinión pública como una forma de control social, en la que las personas adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no.
3.- Vacío institucional – Neutralidad gallina).
El radicalismo no triunfa por su fuerza, sino por la vacuidad de las instituciones, ya que, cuando una universidad o un organismo público se “pone de perfil”, está validando la coacción.
<-Caso UPV (Octubre 2025): “La cancelación de charlas por amenazas de boicot digital es una rendición de la autoridad académica ante la turba”. <-El Precedente Sussex: La multa de 585.000 libras impuesta en el Reino Unido marca el camino: “La libertad de expresión no es un deseo, es una obligación prestacional de todas las instituciones”.
Si el ambiente es hostil y la institución lo tolera silente, esta incurre en responsabilidad.
<-Perspectiva Innovadora: “En España, debemos transitar de la queja política a la Responsabilidad Patrimonial del Estado”.
Por ejemplo: Si una universidad no garantiza el derecho de un alumno o ponente a expresarse, debe pagar por el daño causado (Sentencia TJUE C-278/20).
4.- Cinco frentes para la mayoría silenciosa.
Para recuperar el espacio cívico, la moderación debe dejar de ser pasiva y volverse estratégica.
Frente
Acción Concreta
Objetivo
1. Acción Colectiva
Creación de “Nodos de Sensatez” (grupos de 15-30 personas).
Romper la ilusión de mayoría de los radicales mediante presencia coordinada.
2. Fiscalización
Registro sistemático de quejas ante Defensores del Pueblo y Universitarios.
Generar la prueba documental para futuras demandas judiciales.
3. Asertividad
Técnica de “Devolución de Etiqueta”: Hay que cuestionar el método de silenciamiento del otro en lugar de defenderse del insulto.
Desactivar el ataque personal y reenfocar el debate.
4. Espacios Seguros
Creación de redes de pensamiento alternativo con protocolos de respeto mutuo.
Evitar el aislamiento social de los disidentes y fomentar la resiliencia mental.
5. Ofensiva Legal
Uso de la Responsabilidad Patrimonial. “Tocar el presupuesto” de la institución inerte.
Cambiar el incentivo: Que sea más caro permitir el boicot que proteger la libertad.
5.- Conclusión. (Neutralidad activa como deber).
La polarización no es un hecho irreversible e inevitable, sino que es el resultado de un desequilibrio de incentivos. La democracia española no se salvará con más gritos, sino con más institucionalidad.
Las administraciones públicas deben recuperar su neutralidad política no para ser mudas, sino para garantizar que todas las voces racionales puedan ser escuchadas.
N.B. La polarización y radicalismo en la democracia española y en las demás es una realidad, de forma, que dejarlos pasar es un error y una cobardía social e institucional.
En definitiva, hay que pasar a la <-influencia activa->para que el centro de gravedad democrático sea el centro del sistema.
La Diputación de Córdoba, bajo la gestión del Partido Popular, ha presentado su hoja de ruta para 2026: “Un presupuesto de 522,9 millones de euros” que se anuncia y publicita como “agresivo” e “histórico”, presumiendo de un crecimiento del 21,3%, sin embargo, tras los fuegos fatuos y la pirotecnia de las cifras, se esconde una realidad alarmante, ya que, la provincia no está ante un salto adelante, sino ante una huida hacia adelante financiada por el contribuyente.
<<Las cuentas del engaño>>
Un aumento de 91,8 millones de euros en un solo año no es un milagro económico, porque realmente es una mayor detracción de recursos del sector privado al público, de forma, que mientras las familias cordobesas hacen malabarismos con la inflación, la administración provincial engorda para la nada, porque este crecimiento negativo se sustenta en tres pilares peligrosos:
–Presión fiscal asfixiante, porque el incremento de las tasas de agua y basura no es una “actualización”, sino el rescate de una gestión ineficiente.
-Hipotecando el futuro, ya que, se anuncian 17 millones de euros en nuevos créditos por lo que estamos financiando el gasto corriente de hoy con la deuda que pagarán nuestros hijos.
-Gasto estructural desbocado, pues la verdad es, que bajo el epígrafe de “inversión”, se camuflan estructuras políticas duplicadas y una burocracia que se alimenta a sí misma.
<<El colapso de las empresas públicas (Una quiebra anunciada).
Es sorprendente que el mismo gobierno que presume de músculo financiero, admita que Epremasa y Emproacsa están en “quiebra técnica”, y, además, atribuye la situación de descalabro a que el ciudadano “paga poco”, insultando a la inteligencia de todos los cordobeses, porque estamos ante una doble imposición material:
1.- Si suben las tasas, el ciudadano paga más por el mismo (o peor) servicio.
2.- Si no las suben, la Diputación inyecta millones del presupuesto general -dinero que también sale del bolsillo del contribuyente para tapar agujeros negros de gestión.
¿Dónde está la responsabilidad de los administradores?
La ineficacia operativa no es un accidente, es una elección política.
<<La corrupción de la gestión>>
La corrupción de la Diputación Provincial de Córdoba no solo es el desvío de fondos públicos, sino que es la administración negligente del dinero de todos los cordobeses, porque *gestionar con opacidad, *permitir sobrecostes y *mantener empresas públicas y entes instrumentales de dudosa utilidad es una forma de corrupción sistémica, que erosiona la confianza en la democracia.
El “cambio” prometido del P.P. del Presiente Fuentes Lopera se ha convertido en una mímica de las peores prácticas del pasado, es decir, *más gasto, menos transparencia y una élite política blindada frente a sus propios fracasos*.
<<Transparencia completa (Preguntas)>>
Exigimos que la Diputación desglose, euro a euro, el origen de esos 91,8 millones adicionales:
1.-Ingresos Corrientes: ¿Cuánto sale exactamente del aumento de tasas e impuestos directos?
2.- Operaciones de Capital: Ese aumento del 76,3% en subvenciones, ¿son fondos estructurales garantizados o promesas coyunturales?
3.- Factura Financiera: Detallen las condiciones de los 17 millones en préstamos: ¿Qué intereses pagaremos y qué garantías se han comprometido?
<<Decálogo de Eficiencia>>
Desde Córdoba Abierta -ACOA- proponemos un plan de choque inmediato para rescatar las empresas públicas sin asfixiar a los cordobeses:
1.- Unificación de Servicios: Eliminar departamentos duplicados (RRHH, Informática, Legal) entre Diputación y sus empresas.
2.- Congelación de Estructura: Cerrazón a nuevas plazas no operativas sin memoria de necesidad vinculada a resultados.
3.- Central de Compras Real: Unificar la contratación de energía y suministros para lograr economías de escala.
4.- Subastas Inversas: Digitalización total de la contratación para evitar la adjudicación <a dedo> o por -inercia-.
5.- Optimización Logística: Inteligencia de datos para reorganizar rutas de residuos y reducir kilómetros en vacío.
6.- Auditoría de Flota: Sustituir la propiedad por leasing donde el mantenimiento sea una carga insostenible.
7.- Telegestión Hídrica: Inversión en sensores para detener las fugas de agua que hoy pagamos todos.
8.- Eficiencia Energética: Plan de choque en depuradoras y plantas de tratamiento para reducir la factura eléctrica.
9.- Techo de Gasto Operativo: Prohibir por norma que el gasto de estructura crezca por encima de la inflación.
10.- Auditoría Externa de Impacto: No basta con saber qué se gasta, hay que publicar el valor social devuelto por cada euro invertido.
<<Conclusión>>
El presupuesto de 2026 es un engaño contable, que se disfraza presentado a la ineficiencia de progreso. No podemos aceptar el “mal menor”, porque Córdoba necesita una administración que entienda que el dinero público es sagrado porque es el fruto del esfuerzo de sus ciudadanos.
Menos propaganda, más cuentas claras.
N.B. La cifra de aumento del presupuesto consolidado es, dicho mal y pronto, <-un engaño masivo-> disfrazado de inversión, que oculta la ineficiencia crónica.
Los ciudadanos cordobeses quedan en el limbo electoral, sin saber a quién votar, pues el criterio de “elegir al menos malo” ya no sirve en un panorama de promesas incumplidas y gestión opaca.
Vistas las subidas fallidas -por ahora- de las tasas de basura y agua por el Gobierno Provincial del PP (Diputación de Córdoba), un grupo de lectores pregunta:
¿ha subido o ha bajado la presión fiscal del Ayuntamiento de Córdoba con el PP en los últimos años?
Encontrar una respuesta clara presenta un conjunto de dificultades y obstáculos, ya que, el equipo del alcalde Bellido ha aplicado rebajas selectivas en impuestos, -lejos de la <-bajada masiva-> prometida en campaña-, mientras ha incrementado tasas esenciales como agua y basura de forma lineal y agresiva. Estas subidas han devorado cualquier ahorro, generando una presión fiscal real netamente superior para la mayoría de hogares cordobeses. A continuación, desglosamos la realidad con datos oficiales de ordenanzas fiscales, presupuestos municipales y declaraciones públicas, manteniendo un enfoque crítico en defensa de los ciudadanos.
El PP gobierna el Ayuntamiento de Córdoba Capital desde junio de 2019, con mayoría absoluta desde 2023, y, en su programa electoral enfatizaba una bajada masiva de impuestos para aliviar la presión fiscal.
Analizaremos si esto se ha cumplido, considerando impuestos directos (IBI, plusvalía), indirectos, tasas por servicios (agua, basura gestionadas por Emacsa y Sadeco) y otros gravámenes.
<<Presión Fiscal Total – Un Aumento Neto Indudable>>
<-Es un hecho incontestable: “La presión fiscal ha aumentado en términos netos para la mayoría de familias, pese a rebajas selectivas”. Las bajadas en IBI, ICIO, IAE e IVTM acumulan hasta 15-20% en algunos casos, pero son compensadas -y superadas- por subidas en tasas esenciales, que representan un mayor peso en el gasto diario familiar.
<-Razones oficiales invocadas: La existencia de obligaciones legales (Ley de Residuos 7/2022 para el quinto contenedor, cubriendo 100% de costes reales), la sequía y la inflación para el agua. Sin embargo, el Ayuntamiento prevé recaudar 20 millones de euros más en 2025 que en 2024 (131,7 M€ en impuestos directos + 46,7 M€ en tasas), *lo que solo puede interpretarse como mayor presión fiscal*.
<-Impacto estimado en hogares: Un familia media ahorra 100. eur. año en impuestos directos, pero paga 50-100. eur. más en agua y basura (subidas acumuladas >50% desde 2021). La oposición y asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA- lo califican de “engaño masivo” o -sablazo-, ya que, las rebajas benefician principalmente a empresas y autónomos (IAE/ICIO), mientras las subidas lineales en tasas penalizan a las familias sin distinción.
<-Estado de los servicios públicos: No se puede disociar la presión fiscal de la calidad recibida. Si los impuestos y tasas suben, pero servicios como movilidad, limpieza viaria, infraestructuras, transparencia, asistencia a mayores e incapacitados, etc. se deterioran o estancan, la realidad es que la presión fiscal real aumenta exponencialmente. Los ciudadanos perciben que pagan más por menos: calles sucias, transporte deficiente y falta de retroalimentación compensatoria. Esto es un hecho patente de injusticia fiscal.
<<Evolución Detallada por Impuesto/Tasa (2019-2025)>>
**Basado en ordenanzas fiscales anuales y presupuestos municipales:
Impuesto/Tasa
Evolución 2019-2025
Detalles
Impacto Neto
IBI (urbano)
Bajada acumulada: -5,79% (-1% en 2025, -2% en 2026)
Rebaja para compensar subidas en servicios; rústico: -13,93%. Incorpora propuesta del Consejo del Movimiento Ciudadano.
Positivo para propietarios, pero valores catastrales actualizados en 2023 (+5-10% en zonas urbanas) anulan gran parte del ahorro.
Plusvalía (IIVTNU)
Bajada acumulada: -8,97%
Bonificación 95% en herencias mantenida. Sin nuevos gravámenes.
Neutral; no crece, pero rebaja insuficiente vs. promesas.
Tasa de basura (Sadeco)
Subida acumulada: +45-50% (35% en 2024 + 10% en 2025)
Obligatoria por UE/Ley de Residuos (quinto contenedor). Media: +50 €/año por hogar. PSOE critica “negligencia” en preparación.
Negativo; principal queja ciudadana, afecta a todos por igual.
***Presión fiscal real global: El Ayuntamiento presume de una “sexta bajada consecutiva” en 2025 (-0,384% ponderado, coste 1,48 M. eur. menos ingresos). Sin embargo, expertos señalan un descenso regresivo que favorece a los poderosos (empresas) y una merma servicios. Prueba lo dicho, que la recaudación total sube +8,2% en 2025 por inflación y catastro, sin mejoras perceptibles en limpieza o infraestructuras.
<<Bajada de Impuestos por el PP – Parcialmente SÍ para Empresas, NO para Ciudadanos>>
<-Parcialmente sí: Las 6-7 rebajas consecutivas en impuestos directos cumplen el espíritu para atraer inversión (IAE/ICIO). En 2024 se abrió a bajar IBI extra (-1% en 2025) para compensar.
<-Realidad para familias: NO. Subidas en tasas obligatorias (agua/basura) anulan ahorros de las familias, razón por la que asociaciones y oposición denuncian incumplimiento de la bajada masiva prometida.
*Contexto: Déficit de 21,6 M. eur. en 2023, subidas de sueldos (+43 M. eur. en personal 2025) y catastro sin correctores justifican incrementos, pero no excusan la falta de transparencia ni priorización ciudadana.
*En conclusión: La presión fiscal total ha subido netamente por tasas esenciales, pese a rebajas que benefician más a empresas. Por otro lado, los ciudadanos perciben que el aumento recaudatorio financia gastos superfluos y personal no justificado, sin mejoras en servicios ni orden de prioridades orientado al interés general.
<<Propuestas de Córdoba Abierta -ACOA->>
1ª.- Plan de Transparencia Fiscal Urgente y Auditoría Externa: El Ayuntamiento debe presentar inmediatamente un documento público y accesible (online y en papel) que detalle: (I) Bajadas/subidas por impuesto/tasa, cuantías y motivos verificables; (II) Estado detallado de servicios esenciales (indicadores KPI: limpieza, movilidad, etc.) con presupuestos asignados y resultados medibles; (III) Reducciones viables en gastos corrientes superfluos, asesores de confianza y personal no esencial.
**Propuesta Innovadora: Implementar una app ciudadana de fiscalidad interactiva (desarrollada con software código abierto), donde cada cordobés introduzca su perfil (hogar/empresa) y vea en tiempo real su presión fiscal neta, ahorros vs. subidas, y comparativa con años anteriores. Incluir alertas por email/SMS sobre cambios y encuestas vinculantes para priorizar gastos.
2ª.- Derogación del “Tasazo de Basuras” a Nivel Nacional: El alcalde Bellido, como presidente de la FAMP, debe liderar una moción conjunta de ayuntamientos andaluces y españoles para exigir al Gobierno Central la derogación inmediata de la Ley de Residuos 7/2022 en su parte expropiadora. El Estado debe asumir los costes de reciclaje/saneamiento, no los municipios.
**Propuesta Innovadora: Crear un fondo compensatorio municipal andaluz financiado por bonos verdes (inversión privada en reciclaje eficiente), con incentivos fiscales para hogares que separen residuos (descuentos en tasas vía QR en contenedores inteligentes). Esto reduciría costes reales en un 20-30% sin subir tasas, premiando comportamientos ecológicos y aliviando familias.
<<Quién contamina paga>>
El<basurazo> es la consecuencia del desarrollo por parte del Gobierno Central de la directiva europea 2008/98/CE, que establece el principio de que <-quien contamina, paga->, lo que significa, que laley obliga a que los costes de la gestión de residuos recaigan sobre su productor o poseedor.
Sin embargo la tasa no cumple el pago por generación, lo que conllevará a miles de reclamaciones de ciudadanos que no contaminan porque no generan residuos por múltiples causas, como puede ser, por ej. –que vivan seis meses en un municipio y seis meses en otro-, lo que indica, que durante seis meses en uno y otro municipio no generarán residuos que contaminen y deban ser reciclados.
N.B. La previsión de +20 M. eur. en recaudación 2025 confirma la existencia de mayor presión fiscal, y, siendo las rebajas de impuestos del PP selectivas, y, el impacto ciudadano en cambio presenta caracteres negativos.
Por otro lado, si seguimos en mandato de la directiva europea 2008/98/CE, que establece el principio de que <-quien contamina, paga->, la tasa en Córdoba impone los costes de la gestión de residuos con carácter general sobre familias y personas que no generan residuos, y, que por tanto no se les podría obligar a pagar una tasa por algo que no producen.
La derogación del “Tasazo de Basuras” a Nivel Nacional es algo inaplazable, de forma, que como hemos dicho, el alcalde Bellido, como presidente de la FAMP, debe liderar una moción conjunta de ayuntamientos andaluces y españoles para exigir al Gobierno Central la derogación inmediata de la Ley de Residuos 7/2022 en su parte expropiadora, porque es el Estado el que debe asumir los costes de reciclaje/saneamiento no los Ayuntamientos y sus ciudadanos.
Exigimos acción inmediata para una fiscalidad justa, transparente y al servicio de Córdoba.
“Se le roba el agua y ahora la potencia eléctrica necesaria para desarrollarse”.
El Gobierno de la Nación ha impuesto sin diálogo una planificación que relega las infraestructuras esenciales para la electrificación del Norte de la provincia, condenando a miles de cordobeses al aislamiento energético y al freno del progreso industrial.
1.- Un déficit eléctrico que estrangula el desarrollo.
La capacidad de suministro en la Zona Norte -Los Pedroches, Guadiato y áreas rurales- es insuficiente para atender proyectos industriales y garantizar servicios básicos. Los apagones reiterados y la lentitud en su recuperación evidencian la fragilidad de la red eléctrica cordobesa. Esta carencia bloquea inversiones, empleo y bienestar.
2.- Las causas del retraso.
*Inversión y planificación insuficientes: El refuerzo del sistema norte -línea Lancha-Peñarroya-Maguilla y mallado Badajoz-Córdoba- lleva años aplazado. Otras provincias andaluzas han sido priorizadas.
*Asignación presupuestaria irrelevante: Córdoba solo recibe 17 millones del plan nacional energético, una cantidad ridícula frente a las necesidades reales.
*Desigualdad territorial acumulada: La falta de infraestructuras limita la lucha contra la despoblación y la implantación industrial.
*Débil presión política: Pese a avances recientes, los plazos siguen difusos y la ejecución, diferida.
3.- Proyectos prometidos… para después de 2030-
Aunque el plan 2025-2030 incluye la ansiada conexión Lancha-Peñarroya-Maguilla y el aumento de potencia a 400 kV, gran parte de las obras sigue aplazada <más allá de 2030>.
La Junta ha aportado 15 millones y reclama celeridad, pero el Gobierno mantiene en el aire la ejecución real de los proyectos críticos.
4.- Consecuencias económicas y sociales.
El aplazamiento condena a Córdoba a una posición de inferioridad:
**Paraliza la llegada de industrias, centros logísticos y proyectos renovables.
**Impide ampliar polígonos y frena el desarrollo urbano y rural.
**Aumenta el riesgo de despoblación y pobreza energética en las comarcas norteñas.
**Resta competitividad al sector agrícola, ganadero y manufacturero por falta de energía fiable.
5.- Sectores más golpeados.
Industria, logística, agricultura y servicios locales son los principales damnificados. La falta de electricidad estable impide modernizar procesos, adoptar electromovilidad o desarrollar plataformas logísticas competitivas.
El déficit eléctrico encarece costes, reduce productividad y margina a Córdoba del mapa energético andaluz.
6.- Llamamiento ciudadano.
La llamada “jugarreta hidroeléctrica” es la expresión de una injusticia planificada. Se niega a Córdoba la energía que produce y los recursos que le pertenecen, así que, todos a una o nos hunden para siempre.
N.B. La jugarreta canalla hidroeléctrica a Córdoba es la historia de un despropósito, que deja sin agua y sin potencia eléctrica a Córdoba, así que, cordobeses o nos levantamos o nos sacrifican en el altar de la ignominia.
<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>
El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.
**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:
Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025) En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.
Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017) Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.
Casos genéricos en pequeños municipios españoles.
Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.
<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>
Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:
Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.
<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>
El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas en el contexto actual, incluyen:
Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.
Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.
<<Conclusión>>
Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.
N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos y servirles de salvaguardia.
