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INGRESO MÍNIMO VITAL – CÓRDOBA (Igualdad – CC. AA. – desigualdad)

En España 2,5 millones de personas y familias cobran el llamado ingreso mínimo vital, según ha declarado triunfalista la Ministra del Ramo, por lo sí lo unimos a las personas todas las que no trabajan, hacen un total de 6.300 millones, que unido a la cifra de 10.300 millones de pensionistas, es un hecho patente en nuestro País existen 16.600 millones de personas, que cobran del Estado frente a 26.450 millones de personas ocupadas.

Mis lectores me piden un artículo breve y claro sobre el llamado Ingreso Mínimo Vital con su incidencia en Córdoba, así que vamos a ello, dejando claro, que tengo limitaciones de datos y tendré que hacer estimaciones proporcionales al resto de España, así:

***El Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España es una prestación no contributiva diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

En 2025, las cuantías del IMV se han revalorizado un 9% con respecto a 2024, según la información oficial de la Seguridad Social y otras fuentes.

A continuación, detallo los importes del IMV a nivel nacional, por comunidades autónomas (CC. AA.), y, específicamente, en la provincia de Córdoba, basándome en datos disponibles.

<<Cuantías del Ingreso Mínimo Vital en 2025>>

Las cuantías del IMV dependen de la composición de la unidad de convivencia y de los ingresos previos de los beneficiarios.

El importe se calcula como la diferencia entre la renta garantizada (fijada por ley) y los ingresos existentes, hasta alcanzar el umbral establecido. Las cuantías son uniformes en toda España, por lo que no varían por comunidad autónoma o provincia, salvo en complementos autonómicos específicos o en la distribución de beneficiarios.

<<Los importes para 2025 son los siguientes (en 12 pagas mensuales)>>

*Renta garantizada por unidad de convivencia (no monoparental).

Un adulto: 7.905,72 € anuales (658,81 € mensuales).
Un adulto y un menor: 10.277,52 € anuales (856,46 € mensuales).
Un adulto y dos menores: 12.649,20 € anuales (1.054,10 € mensuales).
Un adulto y tres menores: 15.021,00 € anuales (1.251,75 € mensuales).
Un adulto y más de tres menores: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales).
Dos adultos: 10.277,52 € anuales (856,46 € mensuales).
Dos adultos y un menor: 12.649,20 € anuales (1.054,10 € mensuales).
Dos adultos y dos menores: 15.021,00 € anuales (1.251,75 € mensuales).
Dos adultos y más de dos menores: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales).
Tres adultos: 12.649,20 € anuales (1.054,10 € mensuales).
Tres adultos y un menor: 15.021,00 € anuales (1.251,75 € mensuales).
Tres adultos y dos o más menores: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales).
Cuatro adultos: 15.021,00 € anuales (1.251,75 € mensuales).
Cuatro adultos y un menor: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales).
Cinco o más miembros: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales, tope máximo).

<<Renta garantizada para unidades monoparentales>>

Se añade un complemento del 22% sobre la renta garantizada de un adulto (1.738,26 € anuales adicionales, o 144,85 € mensuales). Ejemplo: Un adulto con un menor en una unidad monoparental: 10.277,52 € + 1.738,26 € = 12.015,78 € anuales (1.001,31 € mensuales).
Máximo para unidades monoparentales con discapacidad (≥65%) o situaciones específicas (gran invalidez, grado 3 de dependencia, víctima de violencia de género): hasta 20.871,24 € anuales (1.739,27 € mensuales).

*Complemento de ayuda a la infancia.

*Por cada menor en la unidad de convivencia: -Menores de 3 años: 115 € mensuales. -De 3 a 6 años: 80,50 € mensuales. – De 6 a 18 años: 57,50 € mensuales.

<<Ingreso Mínimo Vital en Córdoba>>

1.- En Córdoba, al igual que en el resto de España, las cuantías del IMV son las mismas que las indicadas anteriormente, ya que, se trata de una prestación gestionada a nivel nacional por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), salvo en País Vasco y Navarra, donde la gestión está transferida desde 2022.

2.- No hay variaciones específicas en los importes por provincia, pero sí en el número de beneficiarios y la cuantía media percibida, que depende de la composición de los hogares y sus ingresos.

3.- Cuantía media en Córdoba: Según datos de 2024, la cuantía media del IMV por hogar en Andalucía es de aproximadamente 470,7 € mensuales (352,1 millones de euros para 673.729 hogares a nivel nacional en diciembre).

En 2025, con la revalorización del 9%, esta cuantía media en Córdoba podría situarse en torno a 513 € mensuales por hogar, aunque varía según el tipo de unidad de convivencia.

4.- Número de beneficiarios en Córdoba: En 2023, Andalucía lideraba el número de beneficiarios del IMV, con 502.308 personas (5,9% de la población regional).

En Córdoba, aunque no hay datos exactos por provincia para 2025, se estima que aproximadamente el 6-7% de la población podría estar recibiendo el IMV, proporcional a la tasa regional, lo que supondría unas 50.000-60.000 personas en la provincia, considerando su población de 780.000 habitantes.

<<IMV por Comunidades Autónomas (CC. AA.)>>

Las cuantías del IMV son idénticas en todas las CC. AA., como se detalla arriba, de forma, que la igualdad en País Vaco y Navarra es una entelequía casi desconocida, y, además, en Cataluña y en los anteriores existen complementos no acumulables marcando de nuevo diferencias desconocidas, pero muy superiores.

Por otro lado, el número de beneficiarios y la cuantía media varían según las características socioeconómicas de cada región.

A continuación, se presentan datos relevantes sobre beneficiarios y cuantías medias por CC. AA., basados en estadísticas de 2023-2024 ajustadas al contexto de 2025:

*Andalucía: Beneficiarios (2023): 545.033 personas (176.550 hogares). Cuantía media (2024): 470,7 €/mes por hogar; en 2025, ~513 €/mes. Tasa de beneficiarios: 5,9% de la población.

*Comunidad Valenciana: Beneficiarios (2023): 176.109 personas (59.075 hogares). Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 3,6%.

*Cataluña: Beneficiarios (2023): 172.539 personas (53.726 hogares). Cuantía media: ~526 €/mes (2024); en 2025, ~573 €/mes. Tasa: 1,7%.

*Madrid: Beneficiarios (2023): 134.134 personas (44.316 hogares). Cuantía media: 618,83 €/mes (2024); en 2025, ~674 €/mes (segunda más alta). Tasa: 2,3%.

*Murcia: Beneficiarios (2023): 83.812 personas. Cuantía media: 444,66 €/mes (2024); en 2025, ~485 €/mes (de las más bajas). Tasa: 4,1%.

*Canarias: Beneficiarios (2023): 64.053 personas (26.307 hogares). Cuantía media: 497,88 €/mes (2024); en 2025, ~543 €/mes. Tasa: 2,9%.

*Extremadura: Beneficiarios (2023): 53.084 personas. Cuantía media: 426,27 €/mes (2024); en 2025, ~465 €/mes (la más baja). Tasa: 5%.

*País Vasco: Beneficiarios (2023): 47.656 personas. Cuantía media: 610,89 €/mes (2024); en 2025, ~666 €/mes. Tasa: 2,1%.

*Aragón: Beneficiarios (2023): 42.302 personas. Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 3,1%.

*Asturias: Beneficiarios (2023): 33.990 personas. Cuantía media: 611,47 €/mes (2024); en 2025, ~667 €/mes. Tasa: 3,3%.

*Castilla y León: Beneficiarios (2023): 73.504 personas. Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 3%.

*Galicia: Beneficiarios (2023): 71.635 personas. Cuantía media: 494,42 €/mes (2024); en 2025, ~539 €/mes. Tasa: 2,6%.

Castilla-La Mancha: Beneficiarios (2023): 63.810 personas. Cuantía media: 421,30 €/mes (2024); en 2025, ~459 €/mes (la más baja). Tasa: 3,1%.

*Cantabria: Beneficiarios (2023): 14.457 personas (5.399 hogares). Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 2,5%.

*Navarra: Beneficiarios (2023): 18.903 personas (6.225 hogares). Cuantía media: 702,49 €/mes (2024); en 2025, ~765 €/mes (la más alta). Tasa: 2,8%.

*La Rioja: Beneficiarios (2023): 11.726 personas (3.870 hogares). Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 3,4%.

*Illes Balears: Beneficiarios (2023): 20.186 personas. Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 1,7%.

*Ceuta: Beneficiarios (2023): 8.677 personas (2.140 hogares). Cuantía media: ~600 €/mes (2024); en 2025, ~654 €/mes. Tasa: 11,3%.

*Melilla: Beneficiarios (2023): 9.878 personas (2.486 hogares). Cuantía media: 602,85 €/mes (2024); en 2025, ~657 €/mes. Tasa: 13% (la más alta).

<< Datos y observaciones a destacar>>

**Cuantías uniformes: Los importes del IMV no varían por CC. AA. o provincias, pero las cuantías medias percibidas reflejan diferencias en la composición de los hogares y los ingresos previos. -Por ejemplo, Navarra y Madrid tienen cuantías medias más altas debido a mayores complementos por monoparentalidad o discapacidad, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha tienen las más bajas por unidades de convivencia más pequeñas o menos complementos.

**Beneficiarios: *Andalucía lidera en número absoluto de beneficiarios (545.033 en 2023), pero Melilla (13%) y Ceuta (11,3%) tienen las tasas más altas en proporción a su población, debido a mayores índices de desempleo y pobreza. *Córdoba: No hay datos específicos de beneficiarios por provincia para 2025, pero se puede inferir que la cuantía media (513 €/mes) y el porcentaje de beneficiarios (6-7%) son similares a los de Andalucía. *Complementos autonómicos: Algunas CC. AA., como País Vasco (Renta de Garantía de Ingresos) o Cataluña (Renta Garantizada de Ciudadanía), ofrecen rentas mínimas autonómicas que complementan el IMV, pero no sustituyen las cuantías nacionales.

N. B. El Ingreso Mínimo Vital en Córdoba está regido por un binomio de igualdad y desigualdad, que nace en principio de que todas las CC, AA, son iguales, pero Cataluña, País Vasco y Navarra, como siempre, son superiores con índices de crecimiento complementarios.

Córdoba, a 18 de agosto de 2025

Enrique García Montoya.

Abogado ICA – Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estado de las carreteras en Córdoba – Una visión crítica (Inversión, deterioro y siniestralidad)

La red viaria de la provincia de Córdoba es un pilar esencial para su conectividad, pero su estado de conservación plantea interrogantes sobre la eficacia de las inversiones, la seguridad vial y la transparencia en los datos.

Trato de analizar críticamente el estado de las carreteras nacionales y autonómicas en Córdoba, los contratos de mantenimiento adjudicados hasta agosto de 2025, los costos asociados y su relación con la siniestralidad, incorporando una estimación actualizada de accidentes atribuibles al deterioro vial.

Basado en datos oficiales, estudios de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y el Informe de Siniestralidad de la DGT, este análisis busca ser conciso, crítico y original, destacando tanto los avances como las carencias persistentes.

<<Estado de las carreteras y esfuerzos de conservación>>

La provincia de Córdoba cuenta con una extensa red de carreteras estatales (A-4, A-45, N-432, entre otras) y autonómicas (A-3050, A-431) gestionadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Andalucía.

**Desde 2018, se han invertido más de 108 millones de euros en la conservación y mejora de las carreteras estatales, con contratos recientes que suman 66,42 millones para 692 km, destacando:

24,9 millones de euros (sin IVA) para 320 km, incluyendo la autovía CO-31 y la N-432, con medidas de descarbonización y renovación de señalización.
14,8 millones y 11,7 millones (IVA incluido) para 212 km y 160 km, respectivamente, cubriendo la A-4, A-45 y el viaducto del río Genil.
34,22 millones en contratos licitados, aunque con detalles pendientes en el BOE, evidenciando opacidad administrativa.
22,8 millones para rehabilitar 25 km de la A-4 entre El Carpio y Córdoba.

**La Junta de Andalucía aporta 26,1 millones para conservar 1.380 km autonómicos, con contratos como los 8,7 millones para la zona norte (Los Pedroches) o 5,6 millones para el sureste (Baena, Lucena).

Sin embargo, la AEC señala que el 29% de las carreteras andaluzas presentan deterioros graves, frente al 52% nacional, lo que sitúa a Córdoba en una posición relativa mejor, pero aún vulnerable, especialmente en carreteras convencionales, donde se concentran el 72% de los fallecidos a nivel nacional.

<<Costos y eficacia de las inversiones>>

El gasto total en conservación supera los 89,22 millones de euros en contratos recientes, con un enfoque en mantenimiento ordinario (vigilancia, vialidad invernal), rehabilitación de firmes y medidas ambientales como el uso de vehículos eléctricos.

Sin embargo, el déficit nacional de conservación (13.491 millones de euros) sugiere que estas inversiones, aunque significativas, son insuficientes para abordar el deterioro acumulado.

La AEC estima que un aumento de la inversión anual de 900 a 1.200 millones durante ocho años podría cerrar esta brecha, pero en Córdoba, la falta de auditorías públicas sobre el impacto real de estos fondos genera dudas sobre su eficacia.

Además, el sobrecoste del 12% en combustible por circular en carreteras deterioradas (270 millones a nivel nacional en 2025) evidencia un impacto económico y potencialmente en la seguridad vial.

<<Siniestralidad y estimación de accidentes por mal estado>>

En 2024, Córdoba registró 20 siniestros mortales con 22 fallecidos, dentro de los 232 fallecidos en Andalucía y 1.154 a nivel nacional.

La falta de datos específicos sobre accidentes causados por el mal estado de las carreteras obliga a estimaciones basadas en supuestos ajustados:

**Metodología: Se estima que los siniestros mortales representan el 1% de los accidentes con víctimas (2.000 en Córdoba, 23.200 en Andalucía, 115.400 en España). Dado el 29% de deterioro en Andalucía (frente al 52% nacional), se atribuye un 3-8% de los accidentes al mal estado, ajustado a un 20% menos por las recientes inversiones en Córdoba.

**Resultados en Córdoba:

*Accidentes: Entre 48 y 128 accidentes con víctimas en 2024, frente a los 100-200 estimados previamente, reflejando el impacto positivo de las inversiones.

*Siniestros mortales: Entre 0-1 y 1-2, una cifra baja pero preocupante, dado que ocho puntos de alto riesgo identificados por el RACC en carreteras convencionales cordobesas persisten sin intervenciones específicas.

*Procesos judiciales: Entre 41 y 109 condenas por seguridad vial en 2018 podrían vincularse al mal estado, aunque la falta de desglose limita la precisión.

**Comparación autonómica y nacional:

-Andalucía estima 557-1.485 accidentes y 6-15 siniestros mortales; España, 5.770-11.540 accidentes y 58-115 siniestros mortales.

-Córdoba representa el 9,5% de la siniestralidad andaluza y el 1,9% de la nacional, alineándose con las estimaciones locales.

<<Análisis crítico>>

A pesar de las millonarias inversiones, persisten deficiencias estructurales:

Opacidad informativa: La falta de datos específicos sobre accidentes causados por el mal estado y los detalles pendientes de contratos licitados reflejan una gestión poco transparente.
Puntos de alto riesgo: Los ocho tramos peligrosos en Córdoba, todos en carreteras convencionales, no han sido abordados con la urgencia necesaria, a pesar de su impacto en la siniestralidad.
Desigualdad en la conservación: Mientras la A-4 recibe grandes inversiones, carreteras secundarias, más propensas al deterioro, siguen siendo un riesgo latente.
Impacto limitado de las medidas ambientales: Aunque los contratos incluyen planes de descarbonización, su efecto en la seguridad vial es indirecto y no cuantificado.

<<Conclusiones>>

Córdoba ha avanzado en la conservación de su red viaria con inversiones superiores a los 130 millones de euros desde 2018, pero el impacto en la seguridad vial es limitado por la falta de datos específicos, la persistencia de puntos negros y una distribución desigual de los recursos.

Se estima que entre 48 y 128 accidentes en 2024, incluyendo 0-2 siniestros mortales, podrían atribuirse al mal estado de las carreteras, cifras inferiores a las nacionales gracias a las mejoras locales, pero aún inaceptables en una provincia con tramos de alto riesgo identificados.

<<Propuestas>>

1.- Transparencia y datos: La DGT y la Junta deben registrar y publicar datos específicos sobre accidentes causados por el mal estado de las carreteras.

2.- Intervención urgente: Priorizar auditorías y mejoras en los ocho puntos de alto riesgo identificados por el RACC.

3.- Inversión equilibrada: Redistribuir recursos hacia carreteras convencionales para reducir su vulnerabilidad.

4.- Seguimiento judicial: Analizar los procesos por seguridad vial para identificar el impacto real del deterioro vial.

5.- Innovación en mantenimiento: Incorporar tecnologías como la inteligencia artificial de la AEC para optimizar la conservación y priorizar tramos críticos.

Se destaca la necesidad de una gestión más transparente, estratégica y equitativa para garantizar que las carreteras de Córdoba no solo conecten, sino que lo hagan de manera segura y sostenible.

N. B. El estado de las carreteras en Córdoba necesita una mejora continua con aumento de la inversión y reducción del deterioro vial para conseguir una disminución significativa de la siniestralidad.

Córdoba, a 16 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Una historia de fantasmas – Administración Paralela (Nadie sabe dónde está y para qué)

Según la RAE, un fantasma es “todo aquello que es inexistente o falso”. En España, la administración paralela está formada por miles de entes públicos cuya existencia, actividad o sentido económico y social son opacos o desconocidos.

*Administración General del Estado

Existen más de 500 entes públicos dependientes de ministerios, con presupuestos propios y autonomía para contratar sin procesos transparentes. Según la Intervención General del Estado, hay 215 entes instrumentales, más de 200 empresas y 35 fundaciones, sumando unos 450 entes, además de 43 sin adscripción clara. Aproximadamente el 15% (68 entes) se consideran “fantasmas” por su falta de control y transparencia, según el Tribunal de Cuentas.

*Comunidades Autónomas.

En julio de 2025, se registran 1.772 entes autonómicos (organismos, agencias, fundaciones y consorcios) con escaso control parlamentario, calificados como una “red de gasto opaco” por especialistas.

*Administración Local.

Se estiman 17.170 organismos locales, de los cuales 4.191 son entes dependientes. Al menos 1.239 (30%) carecen de adscripción clara, siendo considerados “fantasmas”. De estos, 675 son asociaciones, 414 fundaciones, 83 sociedades, 66 consorcios y 1 comunidad de usuarios.

*Andalucía.

En 2023, Andalucía tenía 1.794 entes autonómicos, incluyendo agencias, empresas, fundaciones y consorcios. De estos, 69 fundaciones se consideran opacas o inactivas, con alertas de mala gestión en organismos como IDEA o el Consorcio de Transportes de Sevilla. La falta de fiscalización y transparencia persiste en decenas de entidades.

*Conclusión.

Cientos de entidades públicas en España operan sin supervisión clara, especialmente 1.200 – 1.240 entes locales, 1.772 autonómicos y unos 68 estatales “fantasmas”. Este fenómeno pone de manifiesto y evidencia una administración paralela con déficits de control y transparencia, cuya existencia y propósito son cuestionables.

N.B. Nadie sabe dónde están y para qué sirven.

Lo único cierto es que los fantasmas existen en la Administración Pública de España y en todos sus niveles.

Córdoba, 7 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

El viraje II: La sinrazón del conflicto por el agua en Córdoba.

En mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo, tomando como ejemplo de lo que no puede ser el conflicto por la conexión de agua entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de Córdoba. Este desacuerdo contra los ciudadanos usados como rehenes entre el PP (Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba) y el PSOE (Confederación Hidrográfica del Guadiana, CHG) afecta a 80.000 habitantes de Guadiato y Los Pedroches, evidenciando una disputa política que requiere un viraje urgente.

**La situación espuria.

La CHG, dirigida por Samuel Moraleda, rechaza el proyecto de la Junta y la Diputación para una conexión permanente entre La Colada y Sierra Boyera, con un coste de 9,3 millones de euros. Argumenta que las obras de emergencia de 2022-2023 (4,3 millones de euros) ya resuelven el problema de suministro, con infraestructura capaz de transferir 400 litros por segundo, suficiente incluso en sequía. Además, limita la extracción a 3 hm³ frente a los 10 hm³ solicitados, considerando el proyecto redundante e innecesario.

Por su parte, la Junta y la Diputación defienden una solución permanente con múltiples tomas de agua para mejorar la calidad, afectada por contaminación en La Colada (por ejemplo, carbono orgánico elevado, que llevó a una prohibición de agua potable en 2023). Acusan a la CHG de obstruccionismo y cuestionan la falta de transparencia, especialmente por un supuesto informe favorable de la Abogacía del Estado que no se ha compartido.

**Nuestra opinión.

Este conflicto refleja tensiones técnicas, jurisdiccionales y políticas que obstaculizan una solución para los 80.000 habitantes de la zona, que por si mismo es una sinrazón.

**Méritos técnicos.

La CHG tiene razón al destacar el éxito de las obras de emergencia: entre 2023 y 2024 se transfirieron 7.000 millones de litros, evitando el colapso de Sierra Boyera. Sin embargo, su rechazo al proyecto de la Junta parece rígido, ya que las tomas múltiples propuestas podrían mejorar la calidad del agua y la resiliencia a largo plazo, especialmente ante problemas de contaminación en La Colada.

**Tensiones administrativas y políticas.

La autoridad de la CHG sobre la cuenca del Guadiana le da ventaja, pero su cambio de postura tras la cooperación inicial genera desconfianza. La falta de acceso al informe de la Abogacía del Estado refuerza esta percepción. Por otro lado, la insistencia de la Junta en un proyecto costoso podría responder a motivaciones políticas para ganar visibilidad en una región con inseguridad hídrica. Ambas partes, PP y PSOE, parecen priorizar sus intereses sobre el bien común.

**Consideraciones ambientales y económicas.

La CHG critica el impacto ambiental y el coste del proyecto, pero ignora los beneficios a largo plazo de mejorar la calidad del agua. La contaminación de La Colada, reconocida por la CHG, requiere medidas urgentes, no aplazadas hasta 2027.

**Interés público.

Los 80.000 residentes han sufrido restricciones severas, como la prohibición de agua potable en 2023. Aunque las lluvias recientes han aliviado la crisis, la región necesita una solución definitiva para garantizar agua segura frente a sequías y contaminación.

**Propuestas.

Negociación y transparencia: La CHG debe compartir el informe de la Abogacía del Estado y negociar de buena fe con la Junta para ajustar el proyecto.
Calidad del agua: Priorizar la contaminación de La Colada, evaluando las tomas múltiples como solución complementaria y acelerando las medidas previstas por la CHG.
Mediación independiente: Si persisten las tensiones, un panel técnico imparcial debería evaluar las propuestas.
Planificación a largo plazo: Colaborar en un plan regional que integre ambos embalses, considerando sequías y cambio climático.

**Conclusión.

La infraestructura actual de la CHG es funcional a corto plazo, pero la propuesta de la Junta aborda mejor los riesgos futuros, especialmente en calidad del agua. La disputa, marcada por tensiones políticas, retrasa mejoras esenciales para el norte de Córdoba.

Urge una colaboración transparente que priorice a los ciudadanos.

N.B. Este conflicto evidencia la necesidad del viraje en la política del PP, uniendo a todos sus poderes territoriales bajo el liderazgo de Núñez Feijóo para resolver problemas reales como este.

Completo mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, donde señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo en todos poderes territoriales.

Solo la unidad sin exclusiones hará que tenga éxito el cambio de timón realizado por el Presidente Popular.

Córdoba, 19 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

PROBLEMAS DE CÓRDOBA – ARTÍCULO XVII – EMPLEADOS PÚBLICOS (UN POCO DE MISTERIO)

Un grupo de lectores me pregunta sobre algo rodeado de misterio, concretamente,

¿Cuántos empleados Públicos hay actualmente en Córdoba Capital y Provincia?

Digo que es un misterio, porque los datos disponibles son contradictorios y porque existe una falta de transparencia considerable, que impide concretar el número de personas que cobran de las administraciones públicas y de todas sus empresas y entes mantenidas con dinero público.

Número total de empleados públicos en Córdoba Capital y en la Provincia de Córdoba

Presentamos una estimación actualizada del número total de empleados públicos en Córdoba Capital y la Provincia de Córdoba, desglosando las cifras para cada ámbito y considerando las tendencias recientes.

<<Total de empleados públicos en Córdoba Capital>>

**Estimación puntual para 2025: Considerando el crecimiento del empleo público en España (+6,8% desde 2019 a 2022) y la recuperación post-pandemia en la provincia de Córdoba (50.000 empleados públicos en 2024, según fuentes locales), se puede asumir un ligero aumento en la capital. Por lo tanto, el número total de empleados públicos en Córdoba Capital en 2025 se estima en aproximadamente 20.000 a 24.000 empleados públicos, con la siguiente distribución aproximada:

Funcionarios de carrera: 11.500-14.000 (58%).
Personal laboral: 4.800-5.500 (24%).
Interinos y eventuales: 4.200-4.900 (21%).
Cargos políticos: 250-350 (1-2%).

(Nota. En las Empresas Públicas y resto de entes públicos el número de empleados es casi secreto, aunque existe un medio infalible, que son el número de afiliaciones y altas en la Seguridad Social, datos a los por ahora no tenemos acceso.).

<<Total de empleados públicos en la Provincia de Córdoba>>

Para la Provincia de Córdoba, los datos disponibles son más precisos. Según fuentes locales de 2024, la provincia alcanzó los 50.000 empleados públicos, la cifra más alta en una década, tras un aumento sostenido desde 2020 (47.327 en 2021, 48.687 en 2022).

Este crecimiento refleja la relajación de las restricciones de contratación post-crisis y el incremento en la contratación local y autonómica.

**Estimación para 2025: Dado el crecimiento continuo del empleo público en España (por ejemplo, +22.842 empleados en el primer trimestre de 2023, según) y la tendencia al alza en Andalucía, se estima que en 2025 la provincia de Córdoba podría tener entre 50.500 y 52.000 empleados públicos. La distribución por tipo de administración en la provincia es:

Junta de Andalucía: 28.300-29.000 empleados (56-57%), con énfasis en sanidad y educación.
Administración Local (ayuntamientos y Diputación): 11.500-12.000 empleados (23-24%).

(Nota. Aquí reside uno de los puntos más oscuros sobre el número de empleados públicos, de forma, que solo teniendo acceso a los datos de la S. S. sobre afiliaciones y altas podríamos conocer el número verdadero de trabajadores públicos en empresas, entes y chiringuitos de las corporaciones locales.).

Administración General del Estado: 9.300-9.500 empleados (18-19%), incluyendo fuerzas y cuerpos de seguridad (5.500).
Universidad de Córdoba: 1.982-2.000 empleados (4%).

**Por tipo de empleado (basado en proporciones nacionales):

Funcionarios de carrera: 27.000-28.000 (53-54%).
Personal laboral: 11.500-12.000 (23-24%).
Interinos y eventuales: 11.500-12.000 (23-24%).
Cargos políticos: 300-400 (1%).

<<Comparación entre Córdoba Capital y la Provincia>>

Córdoba Capital representa aproximadamente el 40% de la población provincial (319.000 de 784.000 habitantes, según INE) y concentra una parte significativa del empleo público, especialmente en administraciones locales y autonómicas. Esto explica por qué los 20.000-24.000 empleados públicos de la capital suponen cerca del 40-46% del total provincial.
La Provincia incluye además a los empleados públicos de otros 75 municipios, la Diputación Provincial y otras sedes autonómicas y estatales fuera de la capital, lo que eleva la cifra a 50.500-52.000.

<<Observaciones y limitaciones>>

Córdoba Capital: La estimación de 20.000-24.000 empleados se basa en el peso demográfico y administrativo de la ciudad, pero los datos específicos para la capital son limitados, y las cifras se derivan de proyecciones a partir de datos provinciales.
Provincia de Córdoba: La cifra de 50.500-52.000 es más sólida, respaldada por fuentes locales de 2024 y tendencias nacionales. Sin embargo, los datos exactos para 2025 no están disponibles, y el crecimiento proyectado asume una continuidad de las tendencias recientes.
No tenemos acceso a los datos de las afiliaciones y altas públicas en Córdoba y Provincia, que con seguridad nos daría una cifra exacta de su número.
La falta de desgloses específicos para 2025 requiere el uso de estimaciones.

<<Conclusión>>

Córdoba Capital: Entre 20.000 y 24.000 empleados públicos en 2025, incluyendo funcionarios de carrera, personal laboral, interinos y cargos políticos, con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba como principales empleadores.
Provincia de Córdoba: Entre 50.500 y 52.000 empleados públicos en 2025, con una distribución similar por tipo de empleado y administración.

N.B. Aquí tenemos un problema lleno de misterio entorno al número de empleados públicos en Córdoba y Provincia, de manera, que solo podemos hacer estimaciones ante la carencia de datos oficiales, pero con una advertencia, si cometemos algún error siempre será porque calculamos de menos nunca de más.

La opacidad en los datos sobre el empleo público en Córdoba sigue siendo un misterio. Aunque estimamos entre 20.000 y 24.000 empleados públicos en la Capital y 50.500 a 52.000 en la Provincia para 2025, la ausencia de información oficial detallada dificulta conocer con precisión el impacto real de estas cifras en la administración y la economía local.

Córdoba, 6 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.