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Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba (Lejos de la realidad)

A la vista del mi artículo anterior sobre fantasmas y viviendas los lectores me requieren para que explique, porque creo que la promesa del Alcalde Bellido es poco realista y una historia llena de fantasmas, considerando que constituye una promesa más que pasará al olvido con más o menos consecuencias, así que vamos a ello:

<<Contexto de la promesa>>

José María Bellido, alcalde de Córdoba (PP) desde 2019, ha prometido construir 30.000 viviendas durante su mandato, en un contexto de crisis habitacional en España, con precios de alquiler y compraventa al alza y escasez de vivienda pública.

Sin embargo, no hay datos recientes (hasta septiembre de 2025) que confirmen explícitamente esta promesa, lo que sugiere que podría estar vinculada a planes urbanísticos locales o al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A continuación, analizaré su viabilidad y la compararé con las promesas nacionales de vivienda.

<<Promesas nacionales: el caso de Pedro Sánchez>>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 la movilización de 184.000 viviendas asequibles dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA). Sin embargo, hasta agosto de 2024, solo se han movilizado 80.745 viviendas (43,88%), con apenas 14.000 disponibles y 1.300 finalizadas, lo que representa un cumplimiento del 7%.

Las críticas, lideradas por el PP, señalan un historial de promesas incumplidas (420.000 viviendas desde 2018) y recortes de más de 2.000 millones de euros en el presupuesto de vivienda de 2023.

La opacidad del Ministerio de Vivienda, que no publicará datos definitivos hasta 2026, refuerza el escepticismo sobre estos compromisos.

<<Viabilidad de la promesa de Bellido>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, con una población de 320.000 habitantes y unas 150.000 viviendas existentes, implica aumentar el parque residencial en un 20%. Esto plantea desafíos:

Capacidad urbanística: Requiere suelos disponibles, infraestructuras y posibles modificaciones al PGOU, un proceso lento ante la histórica escasez de suelo urbanizable en Córdoba.
Financiación: Depende de fondos públicos o alianzas público-privadas, pero los recortes estatales limitan los recursos. Las 30.000 viviendas representan el 17% de las prometidas por Sánchez, lo que sugiere dependencia de fondos externos.
Plazos: Construir tal cantidad podría tomar una década, considerando retrasos burocráticos y la limitada participación del sector privado, como se observa a nivel nacional.

<<Contexto político y financiero>>

-La gestión de Bellido deberá solucionar definitivamente controversias, como el caso de la presunta corrupción en Infraestructuras en 2023, que, sin duda, podría mermar la confianza pública.

-Los ingresos del Gobierno Central, según todas las perspectivas, serán negativos, por lo que esperar ayuda para el Plan de las 30.000 viviendas es una utopía, de forma, que el Ayuntamiento solo tendrá sus propios medios y la ayuda de la inversión privada.

-Así mismo, las Empresas Públicas (Sadeco, Aucorsa y Emacsa) son deficitarias, por lo que el Ayuntamiento deberá cubrir sus resultados negativos con transferencias de capital, lo que a todas luces reducirá los ingresos públicos disponibles para financiar las viviendas.

Además, el PP critica a Sánchez por electoralismo, lo que obliga a Bellido a demostrar compromiso real para no caer en la misma percepción.

<<Comparación con Sánchez>>

-La promesa de Bellido comparte similitudes con la de Sánchez: ambas carecen de planes detallados, plazos claros y transparencia.

-La falta de coordinación entre administraciones y la dependencia de fondos estatales o autonómicos limitan su viabilidad.

-Además, la escala de la promesa parece desproporcionada para una ciudad como Córdoba, menos presionada por la demanda que grandes urbes.

<<Primera Conclusión>>

La promesa de Bellido de construir 30.000 viviendas es ambiciosa, pero las limitaciones urbanísticas, financieras y burocráticas, junto con el bajo cumplimiento de promesas similares a nivel nacional (7% en el caso de Sánchez), justifican mi escepticismo.

Para ser creíble, Bellido debe presentar un plan detallado, coordinarse con el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, y garantizar transparencia en el progreso. Sin estos elementos, la promesa corre el riesgo de sumarse a la lista de compromisos incumplidos que frustran a la ciudadanía en un tema tan crucial como la vivienda.

<<Coste y plazo de la Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde>>

<<Estimación del coste>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, combinando un 70% de pisos (900 €/m²) y un 30% de viviendas unifamiliares (1.300 €/m²), con un tamaño medio de 100 m², implica:

Coste de construcción: 3.060 millones de euros (3.000.000 m² × 1.020 €/m²).
Coste del terreno: Aproximadamente 682,5 millones de euros (25% del coste de construcción, a 200 €/m² promedio).
Costes adicionales:
- Licencias y permisos: 122,4 millones de euros (4% del coste de construcción).
- Honorarios profesionales: 306 millones de euros (10% del coste de construcción).
- Conexión a servicios públicos: 300 millones de euros (10.000 €/vivienda).
- Imprevistos: 417,1 millones de euros (10% del total).
Coste total estimado: 4.889 millones de euros, o unos 162.966 € por vivienda.

<<Plazo razonable>>

Construir 30.000 viviendas requiere dividir el proyecto en promociones (100 viviendas cada una). Asumiendo 50-100 promociones anuales, con 24 meses por proyecto (12 meses de trámites + 12-24 meses de construcción):

Plazo estimado: 5 a 7 años, considerando limitaciones de suelo, financiación y capacidad constructiva. Un plan más agresivo (100 promociones simultáneas) podría reducirlo a 3 años, pero es poco realista por restricciones logísticas.

<<Factores clave>>

Suelo: Áreas como Huerta de Santa Isabel o Turruñuelos ofrecen potencial, pero urbanizar nuevos terrenos puede retrasar el proyecto.
Financiación: Dependerá de fondos públicos y privados, con riesgos de cuellos de botella, como en el plan estatal de 184.000 viviendas (solo 7% cumplido).
Capacidad constructiva: La disponibilidad de mano de obra y materiales, junto con la burocracia, limitará la ejecución.

<<Conclusión crítica>>

La promesa de 30.000 viviendas, con un coste de 4.889 millones de euros y un plazo de 5-7 años, enfrenta desafíos significativos: burocracia, financiación incierta y escasez de suelo urbanizable.

Sin un plan detallado, financiación asegurada y transparencia, la viabilidad del proyecto es dudosa, como lo demuestra el escaso cumplimiento de promesas similares.

Aunque ambiciosa, la propuesta del alcalde Bellido parece poco realista sin una estrategia clara.

N.B. La promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba, siendo práctico, tiene un coste y un plazo fuera de la realidad, y, aunque deseo que fuera verdad, sinceramente, lo veo con mucho escepticismo y fuera de lo posible en las actuales circunstancias políticas y económicas.

La realidad es, que el Ayuntamiento no tienen los fondos necesarios para acometer la construcción de 30.000 viviendas, ni con la ayuda total del Junta de Andalucía, de forma, que la única solución sería una aportación proporcional a las necesidades financieras del sector privado, cosa que se me antoja dificilísimo de conseguir, aunque, quizás, a través de las Empresas que participen en la BLET sea posible conseguir financiación, pero ello supone una operación de gran riesgo y exigirá una gran capacidad de consenso y conciliación, y, en todo caso, el Ayuntamiento deberá endeudarse hasta su tope máximo.

En mi opinión, la promesa del Alcalde Bellido de 30.000 viviendas ha sido un brindis al sol, donde, sin duda, se confunden los deseos con la dura realidad, y, eso, que todos los cálculos realizados en nuestro planteamiento parten de una visión optimista, cuando lo normal es un Proyecto tan complicado es que estará saturado de aspectos negativos incontrolables.

Córdoba, 8 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S..

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

Comentarios al Protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET (II)

**Análisis Crítico del Contenido.

*Fortalezas

El protocolo destaca por su enfoque colaborativo e integral, que integra instituciones públicas y privadas para una respuesta ágil a demandas laborales.

Su alineación con la BLET, un proyecto estratégico nacional, posiciona a Córdoba como hub logístico, potenciando la reindustrialización y la innovación.

La inclusión de 110 especialidades cubre un amplio espectro de competencias digitales y técnicas, esenciales en la era de la Industria 4.0, y el énfasis en certificados profesionales asegura validez laboral. Además, el presupuesto de 9,1 millones de euros demuestra compromiso financiero, y el cronograma acelerado (cursos antes de fin de 2025) permite impactos rápidos en el empleo. Esta iniciativa podría generar hasta 7.000 beneficiarios, contribuyendo a reducir el desempleo y retener talento joven en la provincia.

*Debilidades y Limitaciones.

A pesar de sus ambiciones, el protocolo presenta áreas de mejora.

–En primer lugar,la falta de transparencia en detalles específicos, como el currículum de algunos signatarios (por ejemplo, Salvador Fuentes, cuyo perfil académico se describe ambiguamente como “estudios de Derecho” sin título explícito), podría erosionar la confianza pública.

Esto refleja una posible “doble vara de medir” por parte del Partido Popular, que exige rigor a opositores pero no lo aplica internamente, potencialmente afectando la legitimidad del proyecto.

-Además, aunque se menciona un estudio de necesidades, no se detalla cómo se actualizará dinámicamente ante cambios en la BLET (por ejemplo, avances en IA o 5G), lo que podría llevar a obsolescencia de los cursos.

-El enfoque prioritario en desempleados es positivo, pero ignora posibles barreras de acceso para grupos vulnerables, como mujeres o inmigrantes, sin medidas de inclusión explícitas.

-Finalmente, el presupuesto, aunque sustancial, podría ser insuficiente si la demanda supera las previsiones, y no se especifican mecanismos de evaluación de impacto (e.g., tasas de inserción laboral post-formación).

-En términos generales, el protocolo es ambicioso pero genérico en algunos aspectos, con riesgo de burocracia en la implementación colaborativa, lo que podría dilatar los plazos reales.

**Sugerencias para Mejorarlo.

Para optimizar el protocolo y maximizar su impacto, se proponen las siguientes mejoras, basadas en el análisis anterior:

1.- Mejora en Transparencia y Gobernanza: Incluir cláusulas obligatorias de auditoría pública anual y divulgación completa de perfiles de signatarios y participantes. Esto fortalecería la credibilidad, evitando críticas como las relacionadas con inconsistencias políticas.

Sugerencia: Crear un comité de vigilancia independiente con representantes de la sociedad civil.

2.- Actualización Dinámica de Contenidos: Establecer un mecanismo de revisión semestral del Estudio de Necesidades Formativas, incorporando feedback de empresas y expertos en tendencias tecnológicas. Incluir módulos flexibles en emergentes como sostenibilidad logística o blockchain.

3.- Inclusión y Accesibilidad: Ampliar el público objetivo con cuotas para grupos subrepresentados (e.g., 30% mujeres en cursos técnicos) y becas para cubrir costes indirectos (transporte, cuidado infantil).

Integrar formación online para mayor alcance.

4.- Evaluación de Impacto: Definir indicadores clave de rendimiento (KPIs), como tasa de empleabilidad a 6 meses post-curso (objetivo: >70%) y retorno de inversión.

Realizar encuestas anuales a egresados y empresas.

5.- Ampliación de Financiación y Recursos: Buscar fondos europeos (e.g., NextGenerationEU) para suplementar los 9,1 millones, y colaborar con universidades para dualizar la formación (teoría-práctica).

Extender el horizonte más allá de 2027 si la BLET se expande.

6.- Promoción y Difusión: Lanzar una campaña digital para atraer participantes, con un portal web dedicado que incluya inscripciones en línea y testimonios de éxito.

Estas sugerencias, si se implementan, podrían transformar el protocolo en un modelo replicable, asegurando no solo la formación inmediata sino un legado de desarrollo sostenible para Córdoba.

N.B. En este comentario al Protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET se realiza un análisis crítico de su contenido, aportando sugerencias para mejorarlo.

Córdoba, a 11 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

CCAA ricas y pobres en España (diferencias en aumento)

Pregunta: ¿Cuál es la CCAA más rica, cuál la más pobre, están aumentando o disminuyendo las diferencias, y, en qué posición está Andalucía?

Respuesta: Las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos. A continuación, se resumen las causas principales, la situación de Andalucía y las posiciones de las CCAA más rica y más pobre, basándonos en datos disponibles hasta 2021-2025.

<<Causas de la creciente desigualdad>>

**Diferencias históricas: Desde el siglo XIX, regiones como País Vasco, Cataluña y Madrid se industrializaron, mientras que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha dependían de la agricultura, con menor desarrollo económico. Este patrón norte-sur persiste, con el norte manteniendo economías más diversificadas y de mayor valor añadido.

**Productividad y empleo: Las regiones ricas (Madrid, País Vasco) tienen mayor productividad, tasas de empleo más altas (70-71%) y salarios elevados. Las regiones pobres (Andalucía, Extremadura) enfrentan alto desempleo, empleo precario y estacional, y salarios bajos, lo que limita su renta per cápita.

**Crisis de 2008: La convergencia económica entre regiones (1960-1980) se detuvo tras la crisis, afectando más al sur (dependiente de construcción y turismo). La recuperación post-2017 fue más débil en regiones pobres.

**Capital y tecnología: Madrid y Cataluña concentran hubs tecnológicos y financieros, mientras que Andalucía y Extremadura tienen menos acceso a inversiones y avances tecnológicos.

**Demografía y migración: Las regiones ricas atraen población joven y cualificada, mientras que Andalucía y Extremadura sufren emigración juvenil y envejecimiento, lo que reduce su capacidad productiva. En Andalucía, la llegada de mayores y el turismo masivo sobrecargan los servicios públicos.

**Financiación autonómica: Regiones como País Vasco y Navarra se benefician de regímenes fiscales forales, mientras que el sistema de financiación no equilibra suficientemente las disparidades. Políticas como el “cupo catalán” agravarán la brecha.

**Dependencia sectorial: Andalucía, Canarias y Baleares dependen del turismo estacional, con empleos de bajo valor, frente a la diversificación de Madrid o Cataluña (finanzas, tecnología).

**Pobreza estructural: Andalucía y Extremadura tienen altas tasas de pobreza (30,5% y 37,6%, respectivamente) y exclusión social, reforzando un círculo vicioso de baja productividad y desempleo.

<<CCAA más rica: Comunidad de Madrid>>

PIB per cápita (2021): 34.821 euros (36,6% por encima de la media nacional de 25.498 euros).
Patrimonio neto (2025): 686.988 euros por habitante (EsadeEcPol).
Fortalezas: Alta tasa de empleo (71,2% en 2019), sectores de alto valor añadido (tecnología, servicios).

<<CCAA más pobre: Andalucía y Extremadura>>

**Andalucía:

PIB per cápita (2021): 18.906 euros (25,9% por debajo de la media nacional).
Patrimonio neto (2025): 258.378 euros, solo por encima de Extremadura.
Tasa de pobreza (2023): 30,5%, la más alta de España y la UE (EAPN-ES).
Tasa AROPE (2023): 37,5% (riesgo de pobreza o exclusión social).

**Indicadores clave:

Renta bruta media (2021): 24.169 euros (media nacional: 29.014 euros).
Tasa de empleo (2019): 55%, similar a Extremadura.
Tasa de temporalidad (2018): 35%, de las más altas.
Crecimiento PIB (2023): 3,1% (media nacional: 5,5%).
Renta disponible (2020): 12.844 euros (media nacional: 15.817 euros).

**Contexto: Dependencia de agricultura (5,9% del VAB) y turismo, alta temporalidad laboral, sobrecarga de servicios públicos por envejecimiento y turismo masivo.

**Extremadura:

PIB per cápita (2021): 19.072 euros.
Patrimonio neto (2025): 228.869 euros.
Tasa de pobreza: 37,6%, de las más altas.

<<Posición de Andalucía>>

Andalucía es la CCAA con el PIB per cápita más bajo (18.906 euros) o penúltima, según indicadores, y, la región con mayor pobreza (30,5%) y exclusión social (37,5%).

Aunque muestra mejoras económicas lentas, factores como la emigración juvenil, el envejecimiento, el turismo masivo y la financiación limitada lastran su desarrollo.

<<Conclusión>>

La brecha entre CCAA ricas (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña) y pobres (Andalucía, Extremadura, Canarias) está aumentando debido a desigualdades históricas, diferencias en empleo, productividad, capital, y políticas públicas insuficientes. La crisis de 2008 frenó la convergencia, y, factores como el “cupo catalán” podrían ampliar aún más las disparidades. Andalucía, última o penúltima en riqueza, enfrenta retos estructurales agravados por dinámicas demográficas y turísticas.

Nota final: Los datos reflejan tendencias hasta 2025, con limitaciones por falta de información actualizada.

Andalucía mejora lentamente, pero su economía y servicios públicos están saturados, necesitando soluciones que eviten subidas fiscales insostenibles.

N.B. La diferencias entre CCAA ricas y pobres en España siguen en aumento.

Dicho de otra forma, las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos.

Andalucía está infra-financiada y la singularidad fiscal de Cataluña -el cupo catalán- hará un agujero más grande aún, de manera, que esperemos que sea inaplicable por ser algo inviable.

Córdoba, 22 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

CUPO CATALÁN – II – (Impactos negativos en Córdoba y Andalucía)

El cupo catalán es la propuesta de financiación autonómica que permitirá a Cataluña recaudar y gestionar la totalidad de sus impuestos, similar al modelo del cupo vasco o navarro, aportando luego una cantidad negociada al Estado para servicios comunes y un fondo de solidaridad interterritorial.

Esta iniciativa independentista aceptada y negociada con el Gobierno central, ha generado rechazo en otras comunidades como Andalucía, y, por extensión, en provincias como Córdoba tendrá efectos negativos.

Se concretan los principales impactos negativos que podría tener en Córdoba y Andalucía, basados en los análisis realizados y en opiniones contrastadas:

1. Reducción de la financiación autonómica para Andalucía.

-Entorno: Andalucía es una de las comunidades que se beneficia del actual sistema de financiación autonómica, recibiendo recursos del fondo común para compensar su menor capacidad fiscal frente a regiones más ricas como Cataluña o Madrid.

(Nota. Hay de destacar, que a Andalucía vienen personas de la tercera edad de toda España y del extranjero, que necesitan cuidados y atenciones especiales, que generan un mayor gasto -sanidad, servicios sociales, dependencia y una serie de servicios complementarios-).

-Impacto: Si Cataluña recauda el 100% de sus impuestos y aporta menos al fondo común, los recursos disponibles para el resto de comunidades, especialmente las más dependientes como Andalucía, se reducirían significativamente. Se estima, que la salida de Cataluña del sistema común podría suponer una pérdida de entre 200 y 600 euros por persona en el presupuesto de cada comunidad autónoma, lo que para Andalucía equivaldría a miles de millones de euros menos.

–Consecuencias en Córdoba: Como provincia de Andalucía, Córdoba dependería aún más de los recursos autonómicos para financiar servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia). Una reducción en la financiación podría traducirse en menos inversión en infraestructuras, hospitales o escuelas, afectando directamente a la calidad de vida de los cordobeses.

2. Ruptura de la solidaridad interterritorial.

-Entorno: El principio de solidaridad interterritorial, consagrado en la Constitución española, busca equilibrar las desigualdades entre regiones ricas y pobres mediante la redistribución de recursos. El cupo catalán, al reducir la aportación de Cataluña al fondo común, debilitaría este principio.

-Impacto en Andalucía: Andalucía, con una renta per cápita inferior a la media nacional, depende de esta solidaridad para financiar servicios públicos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha denunciado que el cupo catalán “rompe la igualdad entre españoles” y perjudica a regiones con menos recursos, como Andalucía, al privilegiar a Cataluña, que concentra el 19% del PIB nacional.

-Consecuencias en Córdoba: La pérdida de recursos podría agravar las desigualdades económicas en Córdoba, una provincia con un PIB per cápita más bajo que la media andaluza y española, limitando el acceso a servicios sociales y oportunidades de desarrollo económico.

3. Posible aumento de impuestos o recorte de servicios.

–Entorno: Según expertos si el cupo catalán reduce los ingresos del Estado y de las comunidades del régimen común, estas deberán compensar la pérdida de financiación con recortes de gastos o subidas de impuestos para mantener los servicios públicos.

-Impacto en Andalucía: Andalucía, que ya enfrenta problemas de infrafinanciación, podría verse obligada a recortar servicios esenciales (como atención médica o educación) o aumentar impuestos, lo que afectaría directamente a la población.

-Consecuencias en Córdoba: En una provincia donde el desempleo y la precariedad laboral son retos significativos, un aumento de impuestos podría reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras que recortes en servicios públicos afectarían especialmente a sectores vulnerables, como los dependientes o los estudiantes.

4. Impacto económico y pérdida de empleo.

-Entorno: Se estima que un cupo catalán podría reducir el PIB del resto de España en 1,3 puntos de media y destruir hasta 234.000 empleos en todo el país, con Andalucía perdiendo aproximadamente 35.134 puestos de trabajo.

-Impacto en Andalucía: La menor financiación y el impacto económico derivado de la redistribución de recursos podrían limitar el crecimiento económico de Andalucía, afectando sectores clave como la agricultura, el turismo y la industria.

-Consecuencias en Córdoba: Córdoba, cuya economía depende en gran medida de la agricultura (olivar, vino) y el turismo, podría sufrir una contracción económica. La pérdida de empleos afectaría especialmente a áreas rurales y al sector servicios, aumentando las tasas de desempleo y la emigración de jóvenes.

5. Percepción de desigualdad y tensiones políticas.

-Entorno: La percepción ciudadana es que el cupo catalán privilegia a Cataluña y perjudica seriamente a Andalucía y a Córdoba, lo que genera críticas de líderes andaluces, como Juanma Moreno, quien lo califica como un -golpe duro a España-, que beneficia a las comunidades más ricas en detrimento de las menos favorecidas.

-Impacto en Andalucía: Este sentimiento de agravio comparativo podría aumentar las tensiones políticas entre regiones y con el Gobierno central, debilitando la cohesión nacional. Moreno ha ofrecido liderar una “España de iguales” para combatir esta medida, lo que refleja la relevancia política del tema en Andalucía.

-Consecuencias en Córdoba: En una provincia con fuerte identidad andaluza, el cupo catalán podría alimentar el descontento social y político, incrementando la sensación de ser ciudadanos de -segunda categoría- frente a los catalanes.

6. Inseguridad jurídica y estabilidad presupuestaria.

-Entorno: Expertos advierten que el cupo catalán podría ser inconstitucional, ya que, la Carta Magna prohíbe privilegios económicos entre comunidades, y generaría inseguridad jurídica al alterar el sistema de financiación autonómica sin un consenso claro.

-Impacto en Andalucía: La inestabilidad presupuestaria derivada de un menor aporte catalán al fondo común podría complicar la planificación financiera de Andalucía, afectando su capacidad para financiar proyectos a largo plazo.

-Consecuencias en Córdoba: Proyectos de inversión en infraestructuras, como mejoras en transporte o desarrollo industrial, podrían retrasarse o cancelarse, perpetuando el retraso económico de la provincia frente a otras regiones.

Conclusión.

El cupo catalán afectará negativamente a Córdoba y Andalucía al reducir los recursos disponibles para financiar servicios públicos, aumentar la presión fiscal o los recortes, y agravar las desigualdades económicas y sociales.

La pérdida de empleos, la disminución del PIB regional y la percepción de un trato desigual generarían un impacto significativo en una provincia como Córdoba, que ya enfrenta retos estructurales.

Líderes andaluces, como Juanma Moreno, han prometido una oposición contundente, argumentando que esta medida rompe la solidaridad y la igualdad entre españoles. Sin embargo, la incertidumbre lo cubre todo, ya que, los efectos completos va a depender de los detalles del acuerdo, y, hasta la fecha nadie sabe realmente cuales serán.

N.B. El “Cupo Catalán”, sin duda, tendrá múltiples impactos negativos en Córdoba y Andalucía, aunque al tratarse de una propuesta inviable e inaplicable, cabe la esperanza de nunca sea una realidad.

Córdoba, 18 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Problemas de Córdoba – Artículo XIV – Personas mayores en Córdoba y su Provincia (Necesidades, asistencia social, medidas y costes asociados)

Este artículo aborda la situación de las personas mayores en Córdoba y su provincia, sus necesidades, los servicios de asistencia social disponibles, el número de mayores, las medidas propuestas para atenderles, los costes aproximados y las inversiones sociales necesarias, con especial atención al abandono y la marginación.

(Nota. De nuevo, quiero señalar un cuestión previa de vital importancia, que es el dinero para realizar las inversiones necesarias, de forma, que lo digo claro, precisamos el dinero necesario y no parare de decirlo hasta conseguirlo, advirtiendo que desde Córdoba Abierta -ACOA- lucharemos ante cualquier desigualdad discriminatoria para Córdoba, de manera, que, además, el gasto público superfluo e improductivo se debe eliminar de raíz, si queremos tener dinero para realizar inversiones en favor de los mayores.

Personas mayores en Córdoba y su Provincia

Las personas mayores en Córdoba y su provincia enfrentan retos críticos: soledad, dependencia, pobreza económica y brecha digital, agravados por el abandono y la marginación, especialmente en áreas rurales. Este artículo analiza la situación, los servicios disponibles, las medidas propuestas por Córdoba Abierta (ACOA) y los costes asociados, subrayando la necesidad urgente de inversión social. Desde ACOA exigimos eliminar el gasto público superfluo para financiar estas medidas y combatir cualquier desigualdad discriminatoria hacia Córdoba.

<<Población de personas mayores en Córdoba y provincia>>

Es un hecho patente, que Córdoba tiene, aproximadamente, unos 771.000 habitantes, de los cuales el 22% (170.000 personas) son mayores de 65 años, superando la media nacional (20,1%).

-Distribución: Concentrados en la capital (320.000 habitantes) y municipios rurales, donde la dispersión geográfica dificulta el acceso a servicios.

-Diversidad: Incluye desde mayores autónomos hasta dependientes, con necesidades variadas según salud, ingresos y entorno.

<<Necesidades de las personas mayores>>

Los principales retos son:

Salud y dependencia: Más del 90% de las muertes por temperaturas extremas afectan a mayores de 65 años, agravadas por enfermedades crónicas. El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) sufre demoras y falta de plazas residenciales cercanas.
Soledad no deseada: Predomina en áreas rurales por despoblación y falta de redes familiares, acentuada por el edadismo y la brecha digital.
Vulnerabilidad económica: El 23,5% de los hogares pobres en Córdoba incluyen mayores, impactados por los costes de vivienda, energía y alimentos, pese a las pensiones.
Brecha digital: Limita el acceso a servicios esenciales, especialmente en zonas rurales.
Acceso a servicios: Los servicios sociales son bien valorados, pero la cobertura es insuficiente en áreas rurales, y los más vulnerables dependen excesivamente de ayudas.

<<Asistencia social actual>>

Servicios municipales: Incluyen ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y residencias. Aunque bien valorados, la cobertura rural es limitada, y las plazas residenciales suelen implicar traslados.
Sistema de dependencia: La Renta Mínima de Inserción Social está infradotada, y la escasez de plazas públicas obliga a recurrir a residencias privadas costosas.
Pensiones: Proveen estabilidad relativa, pero las mínimas (~720 €/mes en 2023) no cubren los crecientes costes de vida.

<<Abandono y marginación>>

Soledad: La falta de redes familiares y comunitarias en zonas rurales agrava el aislamiento.
Edadismo: Limita la participación social y perpetúa la exclusión.
Desigualdad en servicios: La dispersión geográfica y la falta de transporte público dificultan el acceso a servicios sociales y sanitarios.
Pobreza energética y de vivienda: Los mayores con ingresos limitados enfrentan dificultades para costear energía y alquiler.

<<Medidas propuestas por Córdoba Abierta (ACOA)>>

Para garantizar un envejecimiento digno, proponemos:

**Fortalecer la atención a la dependencia:

Crear 1.000 plazas residenciales públicas/concertadas para evitar desarraigo.
Ampliar la ayuda a domicilio en zonas rurales.

**Combatir la soledad:

Establecer centros sociales y actividades intergeneracionales en todos los municipios.
Promover programas de voluntariado y formación digital.

**Mejorar el acceso a servicios:

Coordinar cuidados sanitarios y sociales.
Implementar transporte adaptado para mayores rurales.

**Apoyo económico:

Subsidios para vivienda y energía para mayores con pensiones mínimas.
Revisar la Renta Mínima para garantizar inclusión.

**Lucha contra el edadismo:

Campañas de sensibilización y fomento de la participación social de los mayores.

<<Costes e inversiones necesarias>>

**Estimaciones aproximadas:

Plazas residenciales: 1.000 plazas (30.000 €/plaza/año) = 30 millones €/año; infraestructura inicial = 50 millones €.
Ayuda a domicilio: 5.000 mayores (20 horas/mes, 15 €/hora) = 18 millones €/año.
Programas contra la soledad: 50 centros sociales rurales = 10 millones €/año; voluntariado = 2 millones €/año.
Transporte adaptado: 50 minibuses = 7 millones € iniciales + 3 millones €/año.
Subsidios y campañas: Ayudas a 10.000 mayores (500 €/año) = 5 millones €/año; campañas contra edadismo = 1 millón €/año.

*Total estimado: 66 millones €/año (operativos) + 57 millones € (inversión inicial).

**Financiación:

Incrementar el presupuesto autonómico/municipal para servicios sociales (0,8% del PIB andaluz en 2023).
Aprovechar fondos europeos (NextGenerationEU).
Fomentar colaboración público-privada con ONG y empresas.

<<Conclusiones>>

Las personas mayores en Córdoba enfrentan soledad, dependencia, pobreza y exclusión, especialmente en áreas rurales. Aunque los servicios sociales y de dependencia son valorados, su cobertura es insuficiente. Las medidas propuestas por ACOA requieren una inversión urgente de 66 millones €/año y 57 millones € iniciales para garantizar un envejecimiento digno, reducir desigualdades y construir una sociedad inclusiva.

Exigimos a las autoridades locales y autonómicas un diagnóstico actualizado y la priorización de estas inversiones en los próximos presupuestos.

Córdoba Abierta (ACOA) reclama un compromiso inmediato para lograr un bienestar mínimo aceptable para todos los mayores, sin excepción.

N.B. Desde Córdoba Abierta – ACOA:

Urgimos la adopción de estas propuestas para conseguir un bienestar mínimo aceptable para todos nuestros mayores en Córdoba y Provincia.

Córdoba, 29 de junio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.