De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral – (La paradoja del PP en Córdoba)

(Nota. Leo con frustración y desaliento el Diario Córdoba de hoy domingo 25/10/26, Pág. 8. Local, a toda plana, que Salvador Fuentes será el cabeza de lista del P. P. al Senado.)

Alberto Núñez Feijóo presentó en su día el «Contrato con España» bajo un compromiso solemne cimentado en cuatro pilares: *decir la verdad, *respetar la ley, *garantizar que el esfuerzo valga la pena y preservar la unidad.

“Prometió una política examinada por los hechos y no por la pirotecnia verbal”.

Sin embargo, en política, el valor de la palabra dada no se mide en los atriles de la capital, sino en los presupuestos, las empresas públicas y los boletines oficiales de las instituciones territoriales; y ocurre que en la Diputación Provincial de Córdoba ese compromiso contractual no solo se ha transgredido y quebrantado, sino que *se ha roto formalmente por la vía de los hechos*.

Lo vertiginoso de la política actual ha convertido una seria advertencia de coherencia en una sangrante provocación electoral:

“Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba y principal ejecutor de la quiebra de esos principios en la provincia, ha sido designado cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba”.

Lo que hasta ayer era un distanciamiento ideológico silencioso, hoy se convierte en un premio político en toda regla.

<<Un premio electoral a la doble contabilidad política>>

– Resulta inadmisible pedir rigor, neutralidad institucional, austeridad y batalla de ideas frente al modelo de la izquierda en Madrid, mientras en la administración provincial se financian, con dinero público y bajo la sigla popular, las prioridades, estructuras y relatos del adversario ideológico -acuerdo presupuestario I.U.- (apertura de fosas, memoria democrática, aumento del gasto público, subvenciones a empresas públicas ruinosas, subida de tasas de agua y basura, etc. etc.)

***Los cordobeses asistimos perplejos a una doble vara de medir:

**Una contabilidad para Génova: Rigor, discurso de contención, fiscalización y combate ideológico.

**Otra contabilidad para Córdoba: Concesión política, rescate sistemático de la ineficiencia y financiación encubierta de la agenda de la izquierda radical (I.U.) bajo la falsa coartada del «pragmatismo».

***La designación de Fuentes Lopera como número uno a la Cámara Alta abre una fisura de credibilidad y rompe el Contrato público del Sr. Feijoó ante un electorado de centro-derecha sumido en la desesperanza:

¿Con qué avales se premia institucionalmente a quien ha ejercido de rompedor directo del modelo de buen gobierno que se promete a nivel nacional?

<<Las tres quiebras del modelo en la provincia>>

– Para entender el alcance de este contra discurso no hay que acudir a la demagogia, sino a los datos de la gestión provincial:

1.- Financiación de la agenda ideológica ajena: La coherencia política exige no sufragar con los impuestos de los contribuyentes lo que en el programa electoral se promete derogar o combatir. No se puede clamar contra la instrumentalización ideológica de las instituciones y, simultáneamente, sostener la cobertura institucional y económica de esos mismos relatos en el ámbito provincial.

2.- Rescatar lo ruinoso sin transparencia (EMPROACSA y EPREMASA): Las empresas provinciales no pueden funcionar como cajas negras donde el déficit derivado de gestiones cuestionables se cubra con transferencias opacas sin rendición pública de cuentas. Quien gestiona los servicios esenciales de agua o residuos tiene la obligación de someterse a auditorías independientes y publicar indicadores reales de eficiencia. La fiscalización no es deslealtad: es una obligación legal y ética con el contribuyente.

3.- Pactismo ideológico disfrazado de gestión: El pacto técnico para una obra de infraestructura o un servicio hídrico sirve al ciudadano. El pacto que subvenciona el relato, premia la ineficiencia y compra paz de despacho a costa de traicionar el mandato del votante es, sencillamente, capitulación.

<<El silencio cómplice de la dirección nacional>>

– Frente a esta deriva, la dirección nacional del PP ha optado por el silencio. Un silencio que ha dejado de ser prudencia para convertirse en complicidad orgánica. En lugar de imponer comités de garantía, fiscalizar los convenios y exigir disciplina programática en las corporaciones provinciales, Génova ha preferido validar la maniobra elevando al máximo responsable de la gestión provincial a la cabeza de la candidatura al Senado.

El votante no es un cheque en blanco ni tolera ya el cinismo de la política territorial. La incoherencia prolongada solo genera desencanto, abstención y la fuga de voto hacia opciones que demuestren mayor firmeza moral y programática.

<<Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato:

“Es un eslogan de campaña”>>

– Si el «Contrato con España» de Feijóo no se aplica con rigor en la Diputación de Córdoba ni condiciona las listas electorales, las promesas de regeneración quedarán reducidas a una mera estrategia retórica para alcanzar el poder.

La verdad, la ley y el esfuerzo se practican en cada empresa pública, en cada subvención y en cada presupuesto provincial; si no, el electorado tendrá toda la razón al deducir que las siglas han vuelto a situarse por encima de los principios.

N. B. Imágenes. De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral – (La paradoja del PP en Córdoba.)

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

3ª. Imagen.

Está claro que no son de fiar ni de votar.

Córdoba, 25 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado (ICA-Córdoba). Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba y exdiputado provincial.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Tensión y crispación política – (de las instituciones a la calle) – El caso de Córdoba.

Asisto a una reunión y la conversación gira sobre la ruptura de la convivencia y sobre la crispación que se ve y se siente en la calle, así que para analizar este asunto vidrioso y corrosivo, empezaremos con un repaso a la escalada de broncas institucionales, los altercados en la vía pública y la imperiosa necesidad de recuperar el respeto democrático.

<<Introducción>>

Nos encontramos inmersos en un clima preelectoral marcado por una notable elevación del tono político, de forma, que más allá del debate de ideas -necesario y legítimo en toda democracia-, en las últimas semanas se han registrado diversos episodios de tensión, escraches, broncas institucionales y manifestaciones intimidatorias que sobrepasan el terreno del contraste político para entrar en el de la coacción.

Acosos a mesas informativas, interrupciones en actos públicos, insultos en sedes legislativas y la interrupción forzosa de la actividad municipal reabren el debate sobre las garantías para el libre ejercicio político y la protección de la convivencia en nuestras ciudades.

1.- Presencia en Córdoba – (tensión y desalojo en el Pleno Municipal).

***El clima de crispación no es una abstracción lejana, sino un fenómeno que se palpa en el ámbito municipal. Un ejemplo revelador se ha vivido en el Ayuntamiento de Córdoba:

<-Parálisis institucional: Durante la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, el alcalde, José María Bellido, aplicando el reglamento municipal ante las continuas interrupciones, se vio obligado a decretar la suspensión temporal de la sesión y requerir el desalojo de la sala. (Ver noticia del Diario Córdoba sobre el desalojo del Pleno).

<-Gritos e intimidación: Cánticos, pitadas e interrupciones desde la tribuna del público impidieron el normal desarrollo del debate institucional, tal y como informaron diversos medios locales como El Día de Córdoba y Cadena SER Córdoba.

<-Deterioro de las formas: Episodios como este ponen de manifiesto un patrón preocupante, concretamente, “la utilización de la presión presencial para bloquear los órganos de representación legítima elegidos por la ciudadanía”.

2.- Un panorama de tensión que se extiende por la calle.

***El caso de Córdoba se suma a un escenario de incidentes similares en otros puntos del país:

<-Escraches y presión urbana: En emplazamientos emblemáticos como la Puerta del Sol en Madrid o plazas céntricas de diversas capitales, militantes y voluntarios denuncian coacciones y sabotajes a mesas informativas y carpas de difusión.

<-Enfrentamientos en actos de campaña: En mítines y actos de precampaña en Galicia (como La Coruña) o en Andalucía, contramanifestaciones radicales han derivado en altercados que han requerido intervenciones policiales para proteger la integridad de los asistentes.

<-Crispación parlamentaria: Tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados, la pérdida de las formas y la sobreactuación en el lenguaje actúan como un combustible que acaba trasladándose a la calle. Otro tanto, ha sucedido en el Parlamento de Andalucía.

3.- El debate sobre el papel de la autoridad y las instituciones.

***Frente a la escalada de incidentes, el foco del debate político se sitúa en la firmeza de las respuestas institucionales:

<-Actuación policial y reglamentaria: La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad resulta indispensable para garantizar que las sesiones institucionales y los actos autorizados puedan realizarse sin coacciones.

<-Exigencia de contundencia: Sectores de centro y derecha reclaman una postura firme contra las actitudes antidemocráticas, denunciando que la tibieza en las condenas o la inacción frente a los grupos hostiles solo sirve para alentar nuevos episodios de boicot e intimidación.

<<Conclusión- (Preservar la convivencia y el orden democrático)>>

Garantizar que cualquier ciudadano, militante o representante político pueda expresarse, debatir y gobernar sin miedo a la intimidación o al asalto verbal es un principio no negociable en una democracia plena.

Lo vivido en el Ayuntamiento de Córdoba es un aviso sobre lo que ocurre cuando la polarización desborda los cauces del diálogo. De cara al periodo electoral, resulta prioritario que las autoridades garanticen el orden público con firmeza y que todas las fuerzas políticas condenen sin matices cualquier forma de agresión o coacción.

N.B. Imagen. Conceptual y descriptiva.

**A la izquierda, la tensión en la calle: Muestra manifestantes encapuchados en actitud agresiva con pancartas claras que dicen “PROTESTA”, “CRISPACIÓN” y “CONFLICTO”, capturando la intimidación y los altercados a los que haces referencia.

**A la derecha, la crisis institucional: Representa un pleno del Ayuntamiento de Córdoba donde el alcalde se ve obligado a suspender la sesión, con un mazo de juez flotando sobre el caos, simbolizando la parálisis de la democracia local.

**En el centro, un gran titular gráfico resume el tema principal: “DEMOCRACIA BAJO PRESIÓN. CONFLICTO EN LAS INSTITUCIONES Y LA CALLE”, con el texto “PRESIÓN” en rojo vibrante y agrietado para añadir impacto visual.

Córdoba, 24 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El «Contrato con España» se rompe en Córdoba – (La factura inadmisible de la Diputación provincial)

Alberto Núñez Feijóo ha presentado su «Contrato con España» sobre cuatro principios:

*Decir la verdad, *respetar la ley, *que el esfuerzo valga la pena y *preservar la unidad.

Ha prometido gobernar “desde la verdad”, rendir cuentas y ser juzgado “por los hechos, no solo por las palabras”.

Pues bien: Si ese contrato tiene algún valor, debe empezar a exigirse también en las Diputaciones gobernadas por el PP., y, concretamente, en la Diputación de Córdoba, presidida por Salvador Fuentes Lopera, hay motivos fundados para sostener que no se está cumpliendo:

“Se está ejecutando, con dinero público y bajo siglas populares, buena parte de la agenda que el PP dice combatir en Madrid”.

<<Coherencia o traición>>

No se trata de un matiz de gestión ni de una inevitable “flexibilidad territorial”, sino que se trata de una cuestión de coherencia política:

“Un partido no puede predicar austeridad, neutralidad institucional y control del gasto en la capital, mientras su presidente provincial financia prioridades, estructuras y relatos que pertenecen claramente al adversario ideológico”.

El votante de centro-derecha no es ingenuo, de forma, que no acepta que se le pida exigir rigor al Gobierno central y, a la vez, tolerar en su propia casa presupuestos que premian la ineficiencia, la opacidad y el sectarismo.

La palabra dada no admite doble contabilidad: *Una para Génova y *otra para Córdoba.

<<Tres rupturas evidentes>>

1.- Financiar la agenda del rival. Si el PP sostiene que determinadas políticas de memoria deben superarse por ideologizadas, *no puede luego destinar recursos provinciales a consolidarlas, ampliarlas o darles cobertura institucional*. La coherencia no consiste en cambiar de discurso según el micrófono, sino que consiste en no financiar con el dinero de los contribuyentes aquello que se dice querer derogar.

2.- Rescatar sin control lo ruinoso. Las empresas públicas provinciales, como EMPROACSA y EPREMASA, no pueden convertirse en cajas negras donde el dinero público cubre déficits, ineficiencias y decisiones opacas. El presidente de la Diputación es también responsable de EMPROACSA, según la propia estructura institucional provincial. Exigir auditorías independientes, cuentas claras, indicadores de eficiencia y rendición pública no es <deslealtad interna>: “Es el mínimo deber de quien administra fondos de todos los cordobeses”.

3.- Confundir pacto con rendición. Pactar una carretera, un abastecimiento de agua o una obra necesaria es gestión pública, pero pactar la financiación de relatos, estructuras o prioridades ajenas es concesión política.

La diferencia no es técnica: “Es sustancial”.

*La primera sirve al ciudadano; *la segunda compra silencios, legitimidades ajenas y paz de despacho.

<<El “pragmatismo” como coartada>>

Siempre aparecerá la misma excusa: “hay que gobernar”, “son compromisos legales”, “así funciona la política territorial”, pero la asignación presupuestaria nunca es un acto neutro: “Revela qué se considera prioritario, qué se protege y qué se sacrifica”.

Cuando la prioridad es contentar a la oposición ideológica antes que defender el programa con el que se pidió el voto, no hay pragmatismo: “Hay abandono del mandato recibido”.

Y cuando la dirección del PP guarda silencio ante esa deriva, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad institucional.

<<La factura electoral>>

El electorado ya no es un cheque en blanco. No vota siglas para que, una vez alcanzado el poder territorial, se reproduzca -con otros colores y otros beneficiarios- el mismo gasto descontrolado, la misma discrecionalidad y la misma instrumentalización de lo público que se denuncia en el adversario.

Las consecuencias son previsibles: “Pérdida de credibilidad, abstención y fuga de voto hacia alternativas más coherentes con el electorado. No porque el votante sea extremista, sino porque entiende que la incoherencia es una forma elegante de engaño”.

<<Lo que debe exigirse ya>>

La Diputación existe para garantizar servicios esenciales -agua, residuos, carreteras, asistencia a los municipios-, no para financiar agendas ideológicas ni sostener estructuras ineficaces. La propia Diputación presenta actuaciones de EMPROACSA como servicios de abastecimiento y obras provinciales, y, precisamente por ello, su gestión debe someterse a un escrutinio máximo.

***El PP nacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Debe imponer de inmediato:

**Auditorías externas e independientes de EMPROACSA, EPREMASA y resto de empresas e instrumentos provinciales.

**Publicidad íntegra de convenios, subvenciones, encomiendas y transferencias con implicación ideológica.

**Comités de garantías internos con capacidad real de vigilancia y sanción.

**Disciplina programática exigible a presidentes provinciales, alcaldes y cargos públicos del partido.

**Un principio innegociable: “Ningún euro público para financiar el relato, las estructuras o las prioridades de la oposición ideológica”.

<<Conclusión>>

Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato: “Es un eslogan”. *Si Feijóo quiere que su «Contrato con España» tenga credibilidad, debe demostrar que también obliga en Córdoba*.

Porque no basta con prometer verdad, ley, esfuerzo y unidad en Madrid, porque hay que practicarlos en cada Diputación, en cada empresa pública y en cada presupuesto provincial. Si no, el votante tendrá razón al concluir que el contrato se firmó para ganar elecciones, no para cambiar la forma de gobernar.

N.B. Imagen. Conceptual – (El «Contrato con España» se rompe en Córdoba).

Córdoba, 20 de octubre de 2026.

Fdo.: Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Elecciones – Desde la calle – (Preocupaciones de los cordobeses – Desconexión de la clase política)

A menudo ocurre, que las métricas macroeconómicas y los grandes titulares de los telediarios se empeñan en pintar una realidad paralela que choca frontalmente con el pulso diario de la calle. De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los sondeos oficiales y los barómetros de opinión pública suelen estructurar las inquietudes ciudadanas en torno a grandes bloques teóricos (vivienda, empleo, sanidad), sin embargo, cuando uno pisa los barrios de Córdoba, los comercios de la capital o los municipios de la provincia, el panorama se despliega con matices mucho más crudos, directos y alejados de la retórica de los partidos.

<<Las auténticas prioridades del votante cordobés – (Sin filtros oficiales)>>

Si dejamos a un lado los argumentarios de campaña y escuchamos el auténtico sentir de los ciudadanos, las preocupaciones reales que configuran el estado de ánimo en nuestra provincia se ordenan de otra manera:

1.- Empleo real, precariedad y sueldos estancados.

Aunque las estadísticas oficiales hablen de mínimos en las listas del paro, en la calle se percibe una realidad muy distinta:

“La de la temporalidad crónica, los contratos a tiempo parcial que impiden la emancipación y unos sueldos completamente asfixiados frente a la inflación y el coste de la vida”.

Para el trabajador de la pequeña empresa, la hostelería, el comercio o el sector agrario cordobés, la promesa económica de los partidos suena lejana, de forma, que se exige una revisión profunda del modelo productivo local para que trabajar deje de ser sinónimo de vulnerabilidad.

2.- La presión migratoria y la gestión de la integración.

Este es uno de los debates más vivos en los corrillos cotidianos y de los que mayor polarización genera. Por un lado, existe una gran inquietud por la saturación de los recursos sociales de acogida y la falta de control en los flujos migratorios (incluyendo el debate sobre los menores extranjeros). Por otro, se constata la paradoja de que sectores enteros de nuestra provincia -como la recogida de la aceituna o los trabajos de campaña en el campo- dependen estructuralmente de esa mano de obra extranjera, evidenciando un modelo de inserción mal resuelto por las administraciones.

3.- El abandono de nuestras infraestructuras y la despoblación.

La provincia sufre una clara fractura a dos velocidades, ya que, mientras la capital concentra los servicios, el norte (Los Pedroches, el Valle del Guadiato) y la Campiña sufren una sangría demográfica constante, falta de oportunidades, brecha digital y graves problemas de abastecimiento de agua en periodos de sequía. A esto se suma el profundo malestar por el deterioro de la red viaria y las deficiencias históricas en el transporte público, cercanías y conexiones ferroviarias, pasando todo, además, por una necesidad del aumento de la potencia eléctrica que paraliza el desarrollo de la Provincia.

4.- Desigualdades de género y brechas socioculturales.

En los pueblos y barrios de Córdoba se observa una dualidad compleja, ya que, frente a la total incorporación académica y laboral de las nuevas generaciones, *en determinados entornos rurales o comunidades persiste una brecha profunda de inactividad femenina y exclusión de los circuitos económicos formales*, exigiendo políticas de integración y empleo que vayan más allá del titular vacío.

<<La paradoja de la gestión local – (Cuando el centro-derecha contradice a sus votantes)>>

Un factor que genera enorme perpetuidad e indignación en el electorado cordobés de centro-derecha es la brecha entre los discursos de firmeza, austeridad y rigor fiscal frente a las decisiones reales de gobierno en las instituciones locales.

Es difícil de digerir que formaciones que gobiernan –como el PP en la Diputación de Córdoba y en el Ayuntamiento– apuesten por pactos de conveniencia presupuestaria con la izquierda, cediendo partidas para apertura de fosas, memoria democrática o subvenciones a entes públicos deficitarios, **al tiempo que suben las tasas de agua y basura (vía Epremasa, Sadeco o Emacsa) y aumentan el gasto público, ofreciendo a cambio rebajas fiscales meramente testimoniales**.

Los aparatos de los partidos pecan a menudo de soberbia, confiando en que el votante tiene “memoria corta”, sin embargo, esta falta de coherencia erosiona la credibilidad de la buena gestión y alimenta tres consecuencias claras de cara al 29-N:

**La fuga de votos hacia opciones a la derecha del PP (como Vox), utilizadas como enmienda a la totalidad para exigir coherencia ideológica y fiscal.

**La abstención silenciosa del votante fiel, desencantado al ver que sus convicciones y su bolsillo se descuidan desde las propias instituciones que ayudó a levantar.

**El desgaste de la marca de rigor económico, rompiendo el pacto de confianza entre el gobernante y el contribuyente.

<<El tablero político del 29-N – (Desgaste, Vox y el giro estratégico del PP)>>

Ante este caldo de cultivo, los sondeos y la calle reflejan un movimiento complejo de cara a las urnas:

1.- El avance de Vox: Se beneficia directamente de la decepción con el “institucionalismo” y el acomodo de los grandes partidos, capitalizando el discurso de la bajada real de impuestos, la seguridad y el control migratorio.

2.- La resistencia del PSOE: Pese a los frentes abiertos por los casos de corrupción, las polémicas en vivienda o la política exterior, el partido logra mantener un suelo electoral sólido gracias al “voto del miedo” ante la posible suma con Vox y el uso defensivo de la agenda social (pensiones, ayudas, etc,).

3.- El rearme de Génova: Ante la pérdida de terreno por su flanco derecho, la dirección nacional del PP -con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- ha optado por un giro más combativo y sin complejos, aupando a primeras líneas de trinchera a figuras como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo para arrinconar al Ejecutivo y conectar con la rabia e indignación acumulada en la calle.

En definitiva, los cordobeses acuden a la cita del 29 de noviembre con un fuerte componente de voto guiado por la economía real, el hartazgo ante el ruido político de Madrid y la exigencia de coherencia entre lo que se promete en campaña y lo que se vota en los despachos. La factura de la desconexión institucional, tarde o temprano, siempre llega a las urnas.

N.B. Imagen. Conceptual, crítica y directa que refleja visualmente esa brecha entre la realidad de los ciudadanos y la desconexión de los despachos políticos

Córdoba, 19 de octubre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Menores – Dinero de Juventud e Infancia – Presupuesto – Análisis – (Córdoba entre la opacidad y la burocracia)

El Ministerio de Juventud e Infancia maneja cifras millonarias, pero

¿dónde termina realmente ese dinero y qué impacto tiene en nuestro entorno más cercano?

Analizado los la ejecución presupuestaria del ministerio y cruzando los datos con la realidad de la provincia de Córdoba, nos encontramos con un panorama desgajado entre prioridades concentradas, una ejecución a medio gas y un laberinto burocrático que dificulta el rastreo del euro público.

1.- El mapa del gasto estatal – (Análisis del Ministerio).juventud, presupuesto, análisis,

De un crédito definitivo de 125,2 millones de euros analizado en el presupuesto del Ministerio, solo se han ejecutado 61,3 millones de euros (apenas un 49 %), lo que implica que más de la mitad del presupuesto se queda sin ejecutar en el camino.

<-Si analizamos los 61,3 millones de euros efectivamente ejecutados, la distribución revela una clara prioridad en el gasto:

57,1 % (35,0 M€): Atención a menores extranjeros No acompañados (MENA).
20,4 % (12,5 M€): Instituto de la Juventud (INJUVE).
17,9 % (11,0 M€): Estructura, gastos corrientes y personal.
3,6 % (2,21 M€): Complementos de productividad de personal.
0,4 % (0,25 M€): Proyectos de lucha contra la pobreza infantil (EAPN).

<<Una brecha>>

Mientras más del 57 % del gasto ejecutado se concentra en la tutela y protección obligatoria de menores extranjeros no acompañados, **las políticas transversales destinadas a la emancipación juvenil, vivienda y empleo para la juventud general quedan relegadas o fragmentadas entre otros ministerios y autonomías**.

**Todo ello en un contexto donde:

1.- La tasa de emancipación juvenil en España está en mínimos históricos (14,5 % en 2025).

2.- La tasa de riesgo de pobreza infantil alcanza al 33,9 % de los menores de 16 años (INE).

2.- Radiografía local – (Córdoba vs. gestión).

***Para entender cómo aterrizan estas cifras en la provincia de Córdoba, es imprescindible diferenciar los niveles de competencia:

A.- Protección e infancia tutelada.

<-Competencia autonómica: La gestión directa de los centros de menores en Córdoba recae en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

<-Financiación estatal: Los 35 millones de euros estatales se reparten mediante Conferencia Sectorial entre las CC. AA. para sostener la red de acogida (gestión directa y concertada con entidades como Cruz Roja, Fundación Diagrama o SAMU).

<-Datos en la provincia: En Córdoba hay entre 476 y 500 menores bajo medidas de protección:

*60 % – 65 % (aprox. 260-280 menores) en acogimiento familiar (extensa o ajena).

*130-150 menores en acogimiento residencial en centros de la provincia.

B.-Juventud cordobesa – (Un reto).

<-Emancipación y vivienda: La escasez de alquiler asequible y la precariedad laboral retrasan la emancipación en Córdoba por encima de la media nacional.

<-Pobreza urbana: Barrios como Las Palmeras o el Distrito Sur continúan figurando entre los de menor renta per cápita de España (indicador Urban Audit del INE).

<-Fuga de talento: La falta de diversificación económica genera una emigración interna constante de jóvenes hacia otras provincias, acentuando la despoblación en comarcas como el Valle del Guadiato o Los Pedroches.

3.- Radiografía de las ayudas – (Del nivel estatal al municipal).

¿Qué ayudas reciben concretamente las familias y jóvenes en Córdoba?

1.- Ingreso Mínimo Vital (IMV) e Infancia.

<-Hogares perceptores: Alrededor de 26.645 hogares en la provincia (casi 83.000 beneficiarios totales).

<-Menores alcanzados: 34.033 menores integrados en familias con IMV o Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI):

*0 a 2 años: 3.938 menores (CAPI: 115 €/mes).

*3 a 5 años: 6.048 menores (CAPI: 80,50 €/mes).

*6 a 17 años: 24.047 menores (CAPI: 57,50 €/mes).

2.- Cheques y programas para la juventud.

**Bono Cultural Joven: Más de 3.800 jóvenes cordobeses de 18 años reciben anualmente la ayuda directa de 400 € para consumo cultural.

**Sector Agrario: Cerca de 19 millones de euros destinados recientemente a 362 jóvenes agricultores y ganaderos para favorecer el relevo generacional en la provincia.

**Ámbito Local (Ayuntamiento y Diputación):

**Ayuntamiento de Córdoba: Mantiene el Cheque-Bebé (500 € por nacimiento/adopción, partida de 1 M€) y ayudas de urgencia social gestionadas por Servicios Sociales Comunitarios.

**Diputación de Córdoba: Centra sus partidas en ayudas a la natalidad/adopción en municipios menores (aprox. 600 €) y apoyo a los servicios sociales comunitarios.

4.- La gran asignatura pendiente – (Opacidad y falta de datos consolidados).

Una de las principales barreras para evaluar la eficiencia del gasto público es la *dificultad para acceder a datos desglosados y comparables*.

<<¿Por qué no conocemos el coste unitario por menor o plaza en Córdoba?>>

1.- Falta de datos agregados en origen: Las partidas estatales no detallan la asignación geográfica exacta por municipio ni el coste nominal por perfil de menor (nacional vs. extranjero) a nivel provincial.

2.- Fragmentación administrativa: La financiación pasa del Estado a la Comunidad Autónoma y, de ahí, a convenios con ONG y entidades privadas, lo que diluye la trazabilidad presupuestaria.

3.- Filtros automatizados vs. Criterios discrecionales:

**Mientras el IMV se gestiona mediante un filtro algorítmico y fiscal del INSS (con tasas históricas de denegación del 60 %-70 % por trabas formales), **las ayudas de urgencia social municipales dependen de informes de vulnerabilidad técnica**.

4.- Protección de datos: La normativa de protección del menor y de datos personales impide publicar listados nominativos o desgloses hiperlocales cuando las muestras son reducidas.

<<Conclusión>>

El análisis presupuestario pone de manifiesto dos realidades paralelas: “Por un lado, una notable concentración del gasto ejecutado en la protección de la infancia tutelada; por otro, un margen amplio de mejora en la ejecución global (donde más de la mitad de los fondos quedan sin aplicar) y en la transparencia de la información.

Para que los recursos públicos generen un impacto real en la juventud cordobesa -tanto en la protección de los colectivos más vulnerables como en la creación de oportunidades de emancipación, empleo y vivienda- es indispensable avanzar hacia una gestión más ágil, coordinada entre Administraciones y con un acceso transparente a los datos de ejecución.

N.B. Imagen. Distribución presupuestaria del Ministerio de Juventud e Infancia – Impacto Territorial – Menores extranjeros – (Caso Córdoba) – Opacidad y falta de datos – Arbitrariedad administrativa.

Córdoba, 16 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.