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Seguridad Social – Deuda y Déficit (Pensiones y más impuestos)

Un grupo numeroso de lectores preguntan espantados por las noticias sobre la deuda y el déficit de la S. S., ya que, parece que ven en peligro el sistema de pensiones, así que, vamos a contestar a algunas preguntas de las que nos han hecho.

A).- ¿Qué significa que la Seguridad Social <se paga con deuda>?

En 2025, el sistema de Seguridad Social en España no recauda lo suficiente con las cotizaciones de trabajadores y empresas para cubrir las pensiones y otras prestaciones. A partir del 4 de octubre, el dinero necesario para pagar estas obligaciones proviene de transferencias del Estado, que a su vez se financia con impuestos y, principalmente, emitiendo deuda pública.

***En números simples:

*Las cotizaciones cubren solo el 73% de lo que se necesita para pagar las pensiones.

*Por cada 4 euros gastados en pensiones, 3 eur. vienen de cotizaciones y 1 eur. de deuda o impuestos.

*Traducido para que todos los lectores lo entiendan, eso significa que, durante los últimos tres meses del año, las pensiones se pagan con dinero prestado.

*La deuda de la Seguridad Social ya alcanza los 126.000 millones de euros, y la deuda pública total supera el 102% del PIB (el valor de todo lo que produce el país en un año).

**Impacto para los ciudadanos: Las pensiones se siguen pagando sin problemas por ahora, pero esta situación aumenta la deuda que deberán pagar las generaciones futuras, lo que podría llevar a mayores impuestos o recortes, si no se actúa con determinación y urgencia.

B).- ¿Por qué hay un déficit en la S. S. y cuánto tiempo puede durar?

El déficit de la Seguridad Social es <estructural>, es decir, no es algo temporal, sino un problema constante causado por:

**Envejecimiento de la población: Cada vez hay más jubilados y menos trabajadores que cotizan. Hoy hay 2,1 trabajadores por cada pensionista, pero en 2050 serán solo 1,4., siendo optimistas.

**Subidas de pensiones: Las pensiones crecen cada año según la inflación (IPC), lo que aumenta el gasto. (La subida del próximo año rondará los 4.900 millones de euros).

**Sistema de reparto: Las cotizaciones de hoy pagan las pensiones de hoy, pero los ingresos no crecen tan rápido como los gastos.

C).- ¿Cuánto tiempo se puede mantener?

**A corto plazo (hasta 2030): El sistema puede seguir funcionando porque el Estado puede pedir dinero prestado. El déficit en 2025 es de unos 8.000-10.000 millones de euros (0,4-0,5% del PIB).

**A largo plazo (hasta 2050): Sin cambios, el déficit crecerá hasta el 2,3% del PIB en 2050, según expertos. Esto podría llevar a:

–Subidas de impuestos o cotizaciones.

–Recortes en las pensiones (hasta un 25% para equilibrar el sistema).

–Problemas si la deuda pública supera el 120% del PIB, lo que podría generar una crisis de confianza en los mercados.

D).- ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema?

Los expertos proponen varias medidas para equilibrar el sistema de Seguridad Social:

1.- Aumentar los ingresos:

*Subir las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas (por ejemplo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ya las aumentó un 0,7% y planea llegar al 1,2% en 2029). Esto aporta dinero rápido, pero puede reducir el empleo y la competitividad.

*Usar más impuestos generales (como IVA o IRPF) para financiar pensiones, aunque esto aumenta la presión fiscal y la deuda pública.

*Reconstruir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (casi agotado desde 2019) con ingresos extra, aunque esto tomaría décadas.

2.- Reducir el gasto:

**Retrasar la edad de jubilación (de 66 años y 4 meses ahora a 68 o más). Esto reduce el número de pensionistas y aumenta los cotizantes, pero es impopular.

**Ajustar cómo se calculan las pensiones (por ejemplo, basándolas en toda la vida laboral, no solo en los últimos 25 años), lo que bajaría las pensiones medias.

**Limitar las subidas de pensiones automáticas según la inflación, para controlar el gasto, aunque esto afectaría al poder adquisitivo de los jubilados.

3.- Cambios estructurales:

<-Introducir un sistema mixto: Combinar el sistema actual (donde las cotizaciones pagan pensiones directamente) con planes de pensiones privados obligatorios, como en Suecia o Chile. Esto reduce la presión sobre el sistema público, pero requiere una transición costosa.

<-Fomentar la natalidad y el empleo joven: Con incentivos fiscales o formación, para tener más trabajadores cotizando en el futuro. Sin embargo, el impacto tardaría 20-30 años.

<-Atraer inmigrantes jóvenes para aumentar las cotizaciones, aunque esto requiere políticas de integración efectivas.

4.- Otras ideas:

**Digitalizar la Seguridad Social y combatir el trabajo no declarado para recaudar más.

**Financiar las pensiones no contributivas (para personas sin cotizaciones suficientes) con el presupuesto general, liberando unos 10.000 millones de euros del sistema contributivo, aunque al final pagarán todos los españoles con sus impuestos o con más deuda.

**Promover el ahorro privado para complementar las pensiones públicas.

E).- ¿Qué impacto tendrán las reformas en las pensiones y la pobreza?

a).- Pensiones medias (1.400 €/mes en 2025):

*Sin cambios: Las pensiones crecerán con la inflación hasta 2035, pero luego podrían bajar un 11% (a 1.490 € en 2050) debido a recortes para controlar el déficit.

*Con reformas parciales (retrasar jubilación y más cotizaciones): Las pensiones se mantienen estables, cayendo solo un 3% (a 1.662 € en 2050).

*En crisis económica: Sin reformas, una recesión podría reducir las pensiones un 28% (a 1.013 € en 2050).

*Con reformas profundas (sistema mixto y más empleo): Las pensiones públicas crecen menos, pero se complementan con 200 €/mes de ahorros privados, llegando a 2.196 € en 2050.

b).- Pensiones mínimas (850 €/mes en 2025):

*Sin cambios: Suben hasta 1.062 € en 2035, pero luego caen a 980 € en 2050 (-15% real).

*Con reformas parciales: Crecen a 1.054 € en 2050 (-6% real).

*En crisis económica: Caen a 683 € en 2050 (-20% real), afectando gravemente a los más vulnerables.

*Con reformas profundas: Suben a 1.232 € en 2050 (+45% real), pero sin ahorros privados, ya que, estos beneficiarios suelen tener pocas cotizaciones.

3.- Pensiones no contributivas (484,61 €/mes en 2025):

**Sin cambios: Suben a 576,81 € en 2050 (+19% real), pero la pobreza entre beneficiarios aumenta al 60,5% (354.000 personas).

**Con reformas parciales: Suben a 611,10 € (+26% real), con pobreza al 58,1% (340.000 personas).

**En crisis económica: Caen a 451,87 € (-7% real), con pobreza al 69,1% (404.000 personas).

**Con reformas profundas: Suben a 703,15 € (+45% real), con pobreza al 51,9% (304.000 personas).

F).- Pobreza en mujeres mayores (60% de beneficiarias de pensiones no contributivas):

***Las mujeres son más vulnerables por carreras laborales más cortas y mayor longevidad. En 2050:

*Sin cambios: La pobreza sube al 62,5% (219.375 mujeres).

*Con reformas parciales: Al 60,1% (210.951 mujeres).

*En crisis económica: Al 71,1% (249.561 mujeres).

*Con reformas profundas: Al 53,9% (189.189 mujeres).

G).- Recomendaciones prácticas.

No hay una solución única, pero los expertos sugieren combinar:

1.- Retrasar la edad de jubilación a 68-70 años de forma gradual.

2.- Crear un sistema mixto con ahorros privados obligatorios para nuevos trabajadores.

3.- Limitar las subidas de pensiones en años de alta inflación.

4.- Fomentar la natalidad y el empleo joven para asegurar más cotizantes.

Estas medidas distribuyen el esfuerzo entre generaciones y evitan una crisis fiscal grave. Sin reformas, en 2035-2040 podrían ser necesarios recortes de hasta el 25% en las pensiones o subidas fuertes de impuestos. Además, se deben priorizar políticas para proteger a los más vulnerables, como mujeres mayores y beneficiarios de pensiones no contributivas, con ayudas adicionales como subsidios de vivienda.

N.B. Seguridad Social – Deuda y Déficit: Es necesario un cambio estructural profundo y realizar una campaña de concienciación de la sociedad civil dirigida a publicitar la verdad, es decir, que el Sistema de la S. S. en España ya está topado, de forma, que se reforma o el futuro de su viabilidad será un desastre.

La Seguridad Social “se paga con deuda”.

Córdoba, a 5 de octubre de 2025-10-04

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Andalucía y Cataluña (Equilibrio, Respeto y Verdad)

El debate sobre la financiación autonómica y las políticas fiscales en España a menudo se ve empañado por discursos polarizados que enfrentan a comunidades como Andalucía y Cataluña. Las recientes y acertadas declaraciones del Gobierno de Andalucía, liderado por Juanma Moreno (PP), sobre una nueva bajada de impuestos, respondiendo a las palabras desgraciadas de Turull, y, las críticas desde Junts per Catalunya, con Jordi Turull a la cabeza, acusando a Andalucía de “vivir a costa de Cataluña”, han reavivado tensiones llenas de una peligrosa agresividad, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que los insultos a los andaluces por líderes independentistas vienen de lejos, pues no hay más que recodar a -Jordi Pujol- cuando describía a los inmigrantes andaluces que llegaban a Cataluña como hombres «anárquicos», «cuya ignorancia natural lleva a la miseria mental y espiritual» y que además son «insignificantes, incapaces de dominio, de creación».

Aquí sobra ya cualquier otra explicación, ya que, hasta hoy los líderes independentistas han seguido la senda del insulto y del menosprecio a los andaluces.

Con este artículo desde Córdoba Abierta -ACOA- pretendemos analizar este asunto y su contexto, desmontar relatos y cuentos populistas, proponiendo una perspectiva equitativa basada en datos, respeto mutuo y la necesidad de un sistema de financiación autonómica más justo.

<<Entorno: Políticas fiscales y tensiones regionales>>

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha implementado siete rebajas fiscales, incluyendo deducciones en el IRPF para alquiler (hasta 1.200 euros anuales para jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 y víctimas de violencia de género o terrorismo) y gastos veterinarios para mascotas (hasta 100 euros, especialmente para animales adoptados o de asistencia).

Estas medidas, que representan un ahorro estimado de 1.000 millones de euros anuales, han contribuido a un crecimiento económico notable:

“Un aumento del 22% en el número de contribuyentes desde 2018, un 50% en recaudación fiscal y la atracción de inversiones que han situado a Andalucía como la segunda comunidad de régimen común con menor carga fiscal”.

Sin embargo, desde Cataluña, Jordi Turull (Junts per Catalunya) ha criticado estas políticas, denunciando que Andalucía se beneficia injustamente del sistema de financiación autonómica a expensas de Cataluña, que no puede financiar adecuadamente servicios como becas de comedor o ayudas a la dependencia.

Sus comentarios, que ridiculizan deducciones como las de “gimnasios y perros”, perpetúan un discurso divisorio que recuerda a declaraciones históricas despectivas, como las de Jordi Pujol en los años 70, que calificaban al <hombre andaluz> como “poco hecho” y en “miseria cultural”.

<<Análisis crítico: Solidaridad, equidad y mitos>>

1.- El sistema de financiación autonómica: Solidaridad, no parasitismo.

El sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, busca equilibrar las desigualdades económicas entre regiones. Comunidades con mayor PIB per cápita, como Cataluña (36.000 euros) o Madrid, aportan más al fondo común (aunque hay que señalar que también han tenido y tienen muchos privilegios), mientras que regiones con menor renta, como Andalucía (20.000 euros per cápita), reciben más para garantizar servicios básicos como sanidad y educación.

(Nota. La regiones forales. Navarra y País Vasco, tienen un sistema donde al final reciben más de lo que aportan al Estado, sirva como ejemplo, “las transferencias que reciben para complementar su déficit en pensiones, que no cubren con sus cotizaciones”.).

El mecanismo de compensación y equilibrio territorial nacional no implica que Andalucía “viva a costa” de Cataluña o de Madrid, sino que se redistribuye recursos para cohesionar el país.

No obstante, el sistema al día de hoy está desfasado y necesita una reforma estructural adecuada, así: *Cataluña calcula una pérdida neta de unos 2.000 millones de euros anuales, mientras *Andalucía reclama 4.000 millones adicionales para cubrir sus necesidades.

Ambas tienen razón en señalar deficiencias, pero la solución no pasa por enfrentar regiones, sino por reformar el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para premiar el esfuerzo económico y la buena administración sin penalizar a las comunidades más vulnerables ni castigar a las más ricas y productivas.

2.- Las bajadas de impuestos en Andalucía: Competencia autonómica legítima.

Las deducciones fiscales en Andalucía son decisiones legítimas dentro de las competencias autonómicas. Reducir la presión fiscal ha estimulado la economía andaluza, que creció un 3,5% en 2024, superando la media nacional. *Criticar deducciones específicas andaluzas, como las de mascotas o gimnasios, con un tono peyorativo y de forma altiva, ignora su impacto positivo en sectores como el bienestar animal o la salud pública, además de trivializar un esfuerzo real por mejorar la calidad de vida.

*Cataluña, por su parte, prioriza otras áreas, como becas o infraestructuras.

Estas diferencias reflejan la autonomía fiscal de cada comunidad, no un robo de recursos. Si Junts desea más fondos para Cataluña, debería abogar por un nuevo modelo de financiación consensuado, no avivar rivalidades regionales, confrontando Andalucía y Cataluña.

3.- Narrativas populistas: Un obstáculo para la unidad.

*El discurso de Junts, centrado en el victimismo independentista, perpetúa estereotipos y divisiones. Señalando a Andalucía como <culpable> de los problemas catalanes, se ignora el progreso andaluz: <-Que de ser una región de emigrantes->, Andalucía se ha convertido en un hub (punto de conexión) de energías renovables, turismo y agroindustria, aportando el 13,5% al PIB nacional. Este menosprecio histórico, ahora exacerbado, no solo es injusto, sino que desvía la atención de soluciones constructivas, como la colaboración en proyectos conjuntos (ej. el Corredor Mediterráneo).

*Por otro lado, el Gobierno andaluz debe ser más transparente, ya que, aunque las bajadas de impuestos son positivas, presentarlas todas como una reducción general sin mencionar que algunas son deducciones específicas servirá de alimento a percepciones de populismo.

“La claridad fortalece la confianza ciudadana y evita dar argumentos a críticos radicales como Turull”.

<<Propuesta: Hacia un equilibrio basado en el respeto>>

1.- Reforma del sistema de financiación autonómica: Es urgente actualizar el modelo de 2009 para que sea más equitativo, transparente y adaptado a las necesidades actuales. Un sistema que reconozca las aportaciones de regiones como Cataluña sin desatender a las de menor renta, como Andalucía, beneficiaría a ambas.

2.- Diálogo interregional: En lugar de discursos divisivos, las comunidades deben colaborar en proyectos de interés común, como infraestructuras o innovación, que refuercen la cohesión nacional.

3.- Transparencia y responsabilidad: Los gobiernos autonómicos deben comunicar sus políticas con claridad, evitando narrativas populistas que distorsionen la realidad o alimenten enfrentamientos.

<<Conclusión>>

Las políticas fiscales de Andalucía son un acierto para impulsar su economía y mejorar el bienestar de sus ciudadanos, pero requieren una comunicación más transparente para evitar malentendidos. Las críticas de Junts, cargadas de menosprecio, no solo son injustas, sino que perpetúan un ciclo de división que daña a España. Catalanes y andaluces comparten una historia común y un futuro interconectado. Solo a través del respeto mutuo, el diálogo y un sistema de financiación justo se logrará un equilibrio que beneficie a todos.

N.B. Andaluces y catalanes de a pie (el Pueblo) exigen equilibrio y respeto, todo lo demás es injusticia populista basada en el insulto y en la falta de verdad.

Los políticos no pueden ser muros de menosprecio, de odio o de intereses personales desequilibrados, faltos de ética y de equidad, porque Andalucía y Cataluña necesitan equilibrio, respeto y verdad.

Dicho de otra forma, las medidas fiscales que se apartan del principio de igualdad vienen lastradas por vulnerar ese principio constitucional, de forma, que toda rebaja fiscal específica y populista solo aplicable a un grupo de ciudadanos rompe ese principio fiscal elemental y nunca será una bajada general de impuestos para todos, salvo casos de una necesidad extrema como puede ser por ej. la ELA.

Córdoba, 29 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

(P.D. Debe quedar claro, que las medidas ficales del Presidente de Andalucía benefician a los andaluces, pero una cosa es eso y otra estar ciego ante las bajadas de impuestos de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque no todas sus rebajas impositivas aprobadas son bajada de impuestos general real, sino que hay casos en que se adoptan medidas fiscales populistas específicas aceptables (mascotas y gimnasios), porque la verdad no se debe disfrazar con una pretendida bohonomía, que no se pueda discutir ni debatir. Concretamente el art. 31. de la C. E. dice en su número 1.- “Que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.).

Uso Indebido de Recursos Públicos por Políticos (Confusión entre lo Público y lo Privado)

El uso indebido de recursos públicos para fines privados es una forma grave de corrupción que erosiona la confianza ciudadana y agrava desigualdades. En España, entre 2020 y 2025, casos destacados, como los de José Luis Rodríguez Zapatero y Begoña Gómez, reflejan un patrón de confusión entre lo público y lo privado.

Este artículo se basa en fuentes periodísticas, informes judiciales y datos de Transparency International, examina ejemplos concretos y propone soluciones para garantizar que los recursos, financiados por impuestos, sirvan al bien común.

***Ejemplos de Abuso de Recursos Públicos.

1. Escolta Permanente para José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde su mudanza en 2025 a una vivienda de 2 millones de euros en Las Rozas (Madrid), el expresidente Zapatero (2004-2011) cuenta con una escolta policial permanente, una garita prefabricada con baño y 12 cámaras de videovigilancia, autorizadas por el Ministerio del Interior. Este despliegue, justificado por “riesgos” ligados a su relación con el régimen de Maduro, cuesta miles de euros mensuales, afectando la seguridad local en Las Rozas.

(Nota. A destacar, que en Lanzarote, donde posee una villa, los agentes denuncian condiciones precarias en garitas, evidenciando un abuso sistémico, lo que implica privilegios privados inaceptables a costa de recursos públicos).

2.- Uso del Falcon para viajes privados.Nadie sabe cuantos viajes ni a donde, pero volar vuela continuamente.

3.- Casos en Córdoba.

3.1.- Rama de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba (2021-2025).

La UCO detectó una red de facturación ficticia, pagos anticipados y favores personales, incluyendo gastos en hoteles y viajes no justificados, financiados con fondos municipales para adjudicaciones amañadas. Se investigan “noches de hotel a cambio de favores” (ej. estancias pagadas a empresarios para reuniones privadas) y desplazamientos de concejales/técnicos justificados como <inspecciones de obra>”, pero usados para fines personales.

3.2.- Subvenciones a eventos con viajes opacos (Diputación, 2022-2024). Facturación inflada, se mencionan -viajes de coordinación- no documentados en programas culturales (50.000 € en un caso de 2022). (Casos denunciados y no judicializados).

(Nota.2.- Estos ejemplos locales refuerzan nuestras llamada a reformas: Auditorías independientes en contratos y protección a denunciantes (como ACOA) evitarían tales abusos.).

***Panorama General (2020-2025).

El abuso trasciende estos casos. Según el CGPJ, en 2024 se procesaron 108 personas por corrupción, con tramas como Gürtel (PP, >120M€), ERE Andalucía (PSOE, 680M€) y Koldo (PSOE, >50M€). Desde 2000, se han desviado más de 12.000M€, con PSOE y PP como principales implicados. La falta de transparencia, el desmantelamiento de agencias antifraude y la politización judicial agravan el problema, mientras el 84% de los españoles cree que los sobornos facilitan el uso y disfrute de servicios públicos (Eurobarómetro 2023).

(Nota.3.- Lo más dañino de todo es que la corrupción sistémica descrita se extiende de forma perversa a todos los niveles de la política en España (Estado, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamiento), pues quien no conoce casos parecidos en corporaciones locales, que en muchos casos, equivocadamente, se consideran asuntos menores, y, los ciudadanos aguantan el tirón para no enfrentarse a sus políticos municipales o provinciales por miedo, por que saben que no pasa nada cuando denuncian o porque están acostumbrados a asimilar casos donde la igualdad ha desaparecido y solo reina efectivamente la arbitrariedad marcada por la impunidad).

***Implicaciones y Causas.

*Económicas: El desvío de recursos, como los 10.000 €/hora del Falcon, resta fondos a servicios esenciales como sanidad o educación.

*Éticas y Democráticas: La confusión público-privado fomenta el cinismo ciudadano, debilitando el contrato social.

*Causas Estructurales: Ausencia de una estrategia nacional anticorrupción, politización de la justicia y estancamiento en reformas, según Transparency International.

***Conclusiones y Propuestas.

Los casos analizados reflejan un sistema que confunde poder con propiedad personal.

*Para restaurar la justicia:

a).- Transparencia Total: Publicar costes detallados de escoltas y aviones con auditorías independientes.

b).- Límites Temporales: Reducir protecciones post-mandato a 5 años, salvo amenazas verificadas.

c).- Sanciones Estrictas: Decomiso de bienes e inhabilitación por malversación.

d).- Reforma Institucional: Crear una Agencia Independiente de Integridad Pública y proteger a denunciantes, siendo ya una necesidad, que exista un cuerpo de letrados públicos independiente, sometido a todos los efectos al CGPJ, que asuman la defensa de los ciudadanos que denuncian, sin exigir más requisitos que el hecho de haber interpuesto una denuncia por abuso de poder de lo público por un interés privado.

N.B. Separar lo público de lo privado es un imperativo ético para honrar el mandato ciudadano.

Exigirlo es un deber colectivo.

(Nota Final. Es un hecho perverso, además, que el ciudadano denunciante corre con todos los gastos, enfrentándose a todos los abogados pagados con sus impuestos de la Corporación o Institución Pública denunciada, sufriendo, también, en la mayoría de los casos todas las costas, recargos e interese de demora habidos y por haber, a lo que se suma una persecución inclemente adobada por silencios administrativos reiterados ante cualquier escrito que se presente. Solo queda recurrir judicialmente la resolución por silencio administrativo, lo que visto lo que ocurre, a los ciudadanos les produce desconfianza, hastío y la percepción de una situación de impunidad del político de turno.).

Córdoba, 22 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

II. Imposición fiscal en Córdoba Capital (La emboscada)

El Ayuntamiento de Córdoba presume de la reducción de la presión fiscal desde 2019, con un enfoque en aliviar la carga para ciudadanos, autónomos y empresas. Sin embargo, una mayoría de ciudadanos ha denunciado, que estas reducciones son injustas, porque no benefician a la mayoría de los cordobeses sino principalmente a determinados contribuyentes, abogando por una fiscalidad más equitativa y proporcional.

<<Análisis Crítico >>

<<Bajadas de Impuestos vs. Subidas de Tasas en Córdoba>>

1.- Contexto y Marco General.

El Ayuntamiento de Córdoba, liderado por el Partido Popular (PP) bajo el mandato del alcalde José María Bellido, ha promovido desde 2019 una política de reducción fiscal progresiva, a su manera y criterio, defendiendo siete bajadas consecutivas de impuestos municipales hasta 2026. Estas reducciones afectan a tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), especialmente, rústico, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Según la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, estas medidas han supuesto un alivio fiscal acumulado de aproximadamente 733.568 euros solo en 2025, con descensos significativos como el 15,36% en el ICIO y el 13,93% en el IBI rústico desde 2019.

Sin embargo, esta estrategia contrasta con incrementos sustanciales en las tasas por servicios públicos, gestionados por empresas municipales como EMACSA (agua) y SADECO (recogida de basura).

Las tasas han experimentado subidas notables: – Agua (EMACSA): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, acumulando una subida significativa en dos años. – Recogida de basura (SADECO): Aumento del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que representa una carga fiscal considerable para los hogares.

Estas subidas han generado inquietud y desconfianza en los ciudadanos, que perciben las políticas fiscales del Gobierno del P. P. como una <trampa> para los cordobeses, ya que, las reducciones de impuestos benefician principalmente a grandes contribuyentes, mientras que las subidas de tasas afectan de manera regresiva a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

2.- Análisis Detallado de las Bajadas de Impuestos.

Las reducciones fiscales aprobadas tienen un impacto limitado para la mayoría de los ciudadanos, lo que refuerza la percepción de una estrategia fiscal desigual:

**Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): -Reducción: Bajada del 2% en el IBI urbano para 2026, acumulando un 5,79% desde 2019. El IBI rústico acumula un descenso del 13,93%. -Impacto: Aunque beneficia a todos los propietarios de inmuebles, el ahorro medio por hogar es modesto (estimado en 2-5 euros anuales para una vivienda estándar, según cálculos de la oposición). Los mayores beneficiarios son propietarios de inmuebles con valores catastrales altos, como grandes empresas o propietarios de segundas residencias. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten en sus bolsillos, que la reducción del IBI (rústico) no compensa el aumento de tasas como la del agua o la basura, que tienen un impacto mucho mayor en los hogares de renta baja o media.

**Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): -Reducción: Descenso del 1% en los coeficientes de situación para 2026, acumulando un 5% desde 2019. -Impacto: Solo afecta a empresas y autónomos con facturación superior a 1 millón de euros, excluyendo a la mayoría de pequeños negocios y autónomos. Esto beneficia principalmente a grandes empresas, lo que refuerza la percepción de una política fiscal favorable a los sectores más pudientes. *Críticas: La ciudadanía denuncia que el IAE no alivia la presión fiscal sobre los pequeños empresarios, que enfrentan mayores costes operativos debido a las tasas de servicios.

**Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): -Reducción: Bajada del 2% en 2025, acumulando un 13,21% desde 2019. -Impacto: El ahorro medio es pequeño (entre 2 y 10 euros anuales por vehículo, dependiendo de la potencia fiscal). Aunque beneficia a todos los propietarios de vehículos, no compensa los incrementos en tasas de servicios esenciales. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten que el IVTM es un impuesto regresivo, ya que el ahorro es igual para todos los vehículos independientemente de su valor, lo que no favorece a los hogares con menos recursos.

**Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): -Reducción: Descenso del 2% en 2025, acumulando un 15,36% desde 2019, con una nueva bonificación del 50% para puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2026. -Impacto: Beneficia principalmente a promotores inmobiliarios, constructoras y propietarios que realizan reformas importantes. La bonificación para puntos de recarga es positiva para la transición energética, pero su alcance es limitado, ya que pocos ciudadanos invierten en este tipo de instalaciones. *Críticas: Es un hecho que la medida se percibe por los ciudadanos como elitista, ya que, no impacta a la mayoría de la población, que no realiza obras de gran envergadura.

**Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): -Reducción: Descenso acumulado del 8,27% desde 2019, con una bonificación del 95% para transmisiones por herencia. -Impacto: La bonificación por herencias beneficia a un número significativo de familias, pero el impacto de la reducción general es limitado, ya que solo aplica en casos de transmisiones con incremento de valor. *Críticas: Aunque la bonificación por herencias es bien recibida por los cordobeses, se echan de menos medidas adicionales para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad económica y una reducción real del impuesto de plusvalías.

**Tasa de veladores: -Reducción: Descenso del 25% para 2026, acumulando un 20% desde 2019. -Impacto: Beneficia principalmente al sector hostelero (bares y restaurantes con terrazas), pero no tiene un impacto directo en los ciudadanos comunes. *Críticas: Los cordobeses señalan que esta medida favorece solo a un sector específico, mientras las tasas de servicios esenciales, que afectan a toda la población, han aumentado significativamente.

3.- Subidas de Tasas por Servicios Públicos: Una Carga Regresiva.

Las subidas de tasas por servicios públicos, especialmente en agua y recogida de basura, han generado un fuerte malestar entre los ciudadanos y han sido calificadas como una <trampa> por varios motivos.

**Agua (EMACSA): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, lo que supone un aumento acumulado de aproximadamente el 15% en dos años. -Impacto: El recibo medio del agua para un hogar estándar (4 personas, consumo de 12 m³ al mes) ha pasado de unos 20-25 euros mensuales en 2023 a cerca de 28-32 euros en 2025, según estimaciones basadas en las tarifas de EMACSA. Esto representa un incremento de 70-100 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: La tasa del agua es fija y no varía en función de la renta, lo que afecta proporcionalmente más a los hogares de bajos ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a servicios esenciales.

**Recogida de basura (SADECO): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que acumula un aumento de aproximadamente el 49,5% en dos años. -Impacto: El recibo medio de la basura para un hogar ha pasado de unos 50-60 euros anuales en 2023 a cerca de 80-90 euros en 2025, según cálculos de la oposición y asociaciones de consumidores. Esto supone un incremento de 30-40 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: Al igual que la tasa del agua, la tasa de basura no tiene en cuenta la capacidad económica de los hogares, afectando más a las familias vulnerables.

**Percepción de “trampa”: *La combinación de bajadas modestas en impuestos (que generan ahorros de 2-10 euros anuales por hogar en el IBI o IVTM) con subidas significativas en tasas (que incrementan los recibos en 100-140 euros anuales por hogar) crea la percepción de que el Ayuntamiento está trasladando la carga fiscal de los impuestos a las tasas. *Las tasas por servicios públicos son obligatorias y afectan a todos los hogares, independientemente de su situación económica, mientras que las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería.

*Es un hecho, que los cordobeses ven que estas subidas son una forma de compensar la pérdida de ingresos por las reducciones fiscales, lo que contradice la narrativa del gobierno local de -alivio fiscal por bajada real de impuestos y gravámenes-.

(Nota: La única verdad es que recaudación tributaria se ha duplicado en una década en Córdoba y llega a 572 millones, de forma, que la pretendida bajada de impuestos del P. P. es una entelequia.).

4.- Críticas de la Ciudadanía.

Los ciudadanos critican la política fiscal del Ayuntamiento del P. P., así:

**Falta de progresividad: –Las reducciones fiscales, como las del IBI o el IAE, benefician desproporcionadamente a los contribuyentes con mayores recursos (propietarios de inmuebles de alto valor o grandes empresas), mientras que las subidas de tasas afectan a todos por igual, incluyendo a familias de bajos ingresos. –Los ciudadanos echan de menos medidas como bonificaciones adicionales en tasas para familias numerosas, personas en desempleo o mayores con pensiones bajas, pero estas no han sido aprobadas.

**Opacidad y comunicación: –El gobierno local ha destacado las bajadas de impuestos como un logro político, pero no ha comunicado de manera transparente el impacto de las subidas de tasas. Esto ha generado desconfianza entre los ciudadanos, que perciben que los ahorros publicitados son insignificantes frente al aumento de los recibos de agua y basura. –La percepción de los ciudadanos cordobeses es que han recibido con las subidas de tasas una <puñalada fiscal>, especialmente, tras la aprobación de incrementos del 35% en la basura en 2024.

5.- Implicaciones Políticas y Sociales.

**Descontento ciudadano: – Las subidas de tasas han generado protestas y movilizaciones, especialmente entre asociaciones y colectivos vulnerables. En 2024, el Consejo del Movimiento Ciudadano organizó concentraciones para exigir la congelación de las tasas de agua y basura, sin éxito. – La percepción de una <<trampa> fiscal ha erosionado la confianza en el gobierno local, especialmente entre los sectores de renta baja y media, que no perciben los beneficios de las reducciones fiscales.

**Impacto en la equidad: -La política fiscal actual refuerza las desigualdades, ya que, las tasas por servicios públicos son regresivas y afectan más a los hogares con menos recursos. Por ejemplo, un hogar con ingresos bajos destina un porcentaje mucho mayor de su renta a pagar el agua y la basura que un hogar de renta alta. -La falta de bonificaciones específicas para colectivos vulnerables en las tasas de servicios públicos agrava esta situación.

6.- Motivaciones y Estrategia del Ayuntamiento.

El contraste entre las bajadas de impuestos y las subidas de tasas podría responder a varias motivaciones:

**Estrategia política: – Las reducciones fiscales permiten al PP presentarse como un partido que “baja impuestos”, un mensaje atractivo para su base electoral y para sectores empresariales. Sin embargo, al compensar estas reducciones con subidas de tasas, el Ayuntamiento mantiene sus ingresos sin necesidad de recortar servicios esenciales. – La narrativa de <alivio fiscal> puede ser utilizada como una herramienta de comunicación para contrarrestar las críticas por las subidas de tasas.

**Presión financiera: – Las empresas municipales como EMACSA y SADECO enfrentan costes operativos crecientes debido a la inflación, el aumento de los precios de la energía y las exigencias de normativas europeas (p. ej., en materia de reciclaje y tratamiento de residuos). Las subidas de tasas podrían ser una respuesta a estas presiones, aunque el gobierno local no ha proporcionado un desglose detallado de los costes que justifiquen incrementos tan elevados. – La reducción de impuestos, por otro lado, podría estar destinada a estimular la economía local y atraer inversiones, especialmente en sectores como la construcción y la hostelería.

7.- Implicaciones a Largo Plazo.

**Sostenibilidad financiera: – La estrategia de bajar impuestos mientras se suben tasas podría ser insostenible si los ingresos municipales no cubren los costes de los servicios públicos. Un déficit en empresas como EMACSA o SADECO podría requerir rescates financieros o recortes en otros servicios. – Es un hecho, que las reducciones fiscales podrían estar diseñadas para beneficiar a sectores específicos a corto plazo, sin una visión clara de cómo financiar las necesidades municipales a largo plazo.

**Confianza ciudadana: – La percepción de una <trampa> fiscal podría dañar la credibilidad del gobierno local, especialmente si los ciudadanos no ven mejoras tangibles en los servicios públicos que justifiquen las subidas de tasas. – La falta de medidas específicas para proteger a los colectivos vulnerables podría aumentar el descontento social y alimentar movilizaciones ciudadanas.

**Equidad y justicia fiscal: – Para mejorar la progresividad fiscal, el Ayuntamiento podría considerar bonificaciones escalonadas en las tasas de agua y basura basadas en la renta, similares a las existentes para el IBI en el caso de familias numerosas. – Una comunicación más transparente sobre los motivos de las subidas de tasas y los beneficios de las reducciones fiscales podría mitigar la percepción de “trampa”.

8.- Conclusión.

La política fiscal del Ayuntamiento de Córdoba presenta una contradicción significativa: mientras que las bajadas de impuestos (IBI, IVTM, IAE, ICIO, IIVTNU) se publicitan como un alivio fiscal, las subidas de tasas por servicios públicos (agua y basura) han generado una carga mucho mayor para la mayoría de los ciudadanos.

Las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios de inmuebles de alto valor, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería, mientras que las tasas, al ser regresivas, afectan de manera desproporcionada a los hogares de bajos y medios ingresos.

Esta dinámica refuerza la percepción de una <<trampa>> fiscal, ya que, los ahorros de los impuestos (2-10 euros anuales por hogar) son insignificantes frente a los incrementos de tasas (100-140 euros anuales por hogar).

N.B. Imposición fiscal en Córdoba Capital se asemeja a una emboscada ciudadana.

Los cordobeses perciben falta de progresividad, la opacidad en la comunicación y el impacto desigual de las medidas impositivas del Ayuntamiento.

Córdoba, a 30 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

CUPO CATALÁN – II – (Impactos negativos en Córdoba y Andalucía)

El cupo catalán es la propuesta de financiación autonómica que permitirá a Cataluña recaudar y gestionar la totalidad de sus impuestos, similar al modelo del cupo vasco o navarro, aportando luego una cantidad negociada al Estado para servicios comunes y un fondo de solidaridad interterritorial.

Esta iniciativa independentista aceptada y negociada con el Gobierno central, ha generado rechazo en otras comunidades como Andalucía, y, por extensión, en provincias como Córdoba tendrá efectos negativos.

Se concretan los principales impactos negativos que podría tener en Córdoba y Andalucía, basados en los análisis realizados y en opiniones contrastadas:

1. Reducción de la financiación autonómica para Andalucía.

-Entorno: Andalucía es una de las comunidades que se beneficia del actual sistema de financiación autonómica, recibiendo recursos del fondo común para compensar su menor capacidad fiscal frente a regiones más ricas como Cataluña o Madrid.

(Nota. Hay de destacar, que a Andalucía vienen personas de la tercera edad de toda España y del extranjero, que necesitan cuidados y atenciones especiales, que generan un mayor gasto -sanidad, servicios sociales, dependencia y una serie de servicios complementarios-).

-Impacto: Si Cataluña recauda el 100% de sus impuestos y aporta menos al fondo común, los recursos disponibles para el resto de comunidades, especialmente las más dependientes como Andalucía, se reducirían significativamente. Se estima, que la salida de Cataluña del sistema común podría suponer una pérdida de entre 200 y 600 euros por persona en el presupuesto de cada comunidad autónoma, lo que para Andalucía equivaldría a miles de millones de euros menos.

–Consecuencias en Córdoba: Como provincia de Andalucía, Córdoba dependería aún más de los recursos autonómicos para financiar servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia). Una reducción en la financiación podría traducirse en menos inversión en infraestructuras, hospitales o escuelas, afectando directamente a la calidad de vida de los cordobeses.

2. Ruptura de la solidaridad interterritorial.

-Entorno: El principio de solidaridad interterritorial, consagrado en la Constitución española, busca equilibrar las desigualdades entre regiones ricas y pobres mediante la redistribución de recursos. El cupo catalán, al reducir la aportación de Cataluña al fondo común, debilitaría este principio.

-Impacto en Andalucía: Andalucía, con una renta per cápita inferior a la media nacional, depende de esta solidaridad para financiar servicios públicos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha denunciado que el cupo catalán “rompe la igualdad entre españoles” y perjudica a regiones con menos recursos, como Andalucía, al privilegiar a Cataluña, que concentra el 19% del PIB nacional.

-Consecuencias en Córdoba: La pérdida de recursos podría agravar las desigualdades económicas en Córdoba, una provincia con un PIB per cápita más bajo que la media andaluza y española, limitando el acceso a servicios sociales y oportunidades de desarrollo económico.

3. Posible aumento de impuestos o recorte de servicios.

–Entorno: Según expertos si el cupo catalán reduce los ingresos del Estado y de las comunidades del régimen común, estas deberán compensar la pérdida de financiación con recortes de gastos o subidas de impuestos para mantener los servicios públicos.

-Impacto en Andalucía: Andalucía, que ya enfrenta problemas de infrafinanciación, podría verse obligada a recortar servicios esenciales (como atención médica o educación) o aumentar impuestos, lo que afectaría directamente a la población.

-Consecuencias en Córdoba: En una provincia donde el desempleo y la precariedad laboral son retos significativos, un aumento de impuestos podría reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras que recortes en servicios públicos afectarían especialmente a sectores vulnerables, como los dependientes o los estudiantes.

4. Impacto económico y pérdida de empleo.

-Entorno: Se estima que un cupo catalán podría reducir el PIB del resto de España en 1,3 puntos de media y destruir hasta 234.000 empleos en todo el país, con Andalucía perdiendo aproximadamente 35.134 puestos de trabajo.

-Impacto en Andalucía: La menor financiación y el impacto económico derivado de la redistribución de recursos podrían limitar el crecimiento económico de Andalucía, afectando sectores clave como la agricultura, el turismo y la industria.

-Consecuencias en Córdoba: Córdoba, cuya economía depende en gran medida de la agricultura (olivar, vino) y el turismo, podría sufrir una contracción económica. La pérdida de empleos afectaría especialmente a áreas rurales y al sector servicios, aumentando las tasas de desempleo y la emigración de jóvenes.

5. Percepción de desigualdad y tensiones políticas.

-Entorno: La percepción ciudadana es que el cupo catalán privilegia a Cataluña y perjudica seriamente a Andalucía y a Córdoba, lo que genera críticas de líderes andaluces, como Juanma Moreno, quien lo califica como un -golpe duro a España-, que beneficia a las comunidades más ricas en detrimento de las menos favorecidas.

-Impacto en Andalucía: Este sentimiento de agravio comparativo podría aumentar las tensiones políticas entre regiones y con el Gobierno central, debilitando la cohesión nacional. Moreno ha ofrecido liderar una “España de iguales” para combatir esta medida, lo que refleja la relevancia política del tema en Andalucía.

-Consecuencias en Córdoba: En una provincia con fuerte identidad andaluza, el cupo catalán podría alimentar el descontento social y político, incrementando la sensación de ser ciudadanos de -segunda categoría- frente a los catalanes.

6. Inseguridad jurídica y estabilidad presupuestaria.

-Entorno: Expertos advierten que el cupo catalán podría ser inconstitucional, ya que, la Carta Magna prohíbe privilegios económicos entre comunidades, y generaría inseguridad jurídica al alterar el sistema de financiación autonómica sin un consenso claro.

-Impacto en Andalucía: La inestabilidad presupuestaria derivada de un menor aporte catalán al fondo común podría complicar la planificación financiera de Andalucía, afectando su capacidad para financiar proyectos a largo plazo.

-Consecuencias en Córdoba: Proyectos de inversión en infraestructuras, como mejoras en transporte o desarrollo industrial, podrían retrasarse o cancelarse, perpetuando el retraso económico de la provincia frente a otras regiones.

Conclusión.

El cupo catalán afectará negativamente a Córdoba y Andalucía al reducir los recursos disponibles para financiar servicios públicos, aumentar la presión fiscal o los recortes, y agravar las desigualdades económicas y sociales.

La pérdida de empleos, la disminución del PIB regional y la percepción de un trato desigual generarían un impacto significativo en una provincia como Córdoba, que ya enfrenta retos estructurales.

Líderes andaluces, como Juanma Moreno, han prometido una oposición contundente, argumentando que esta medida rompe la solidaridad y la igualdad entre españoles. Sin embargo, la incertidumbre lo cubre todo, ya que, los efectos completos va a depender de los detalles del acuerdo, y, hasta la fecha nadie sabe realmente cuales serán.

N.B. El “Cupo Catalán”, sin duda, tendrá múltiples impactos negativos en Córdoba y Andalucía, aunque al tratarse de una propuesta inviable e inaplicable, cabe la esperanza de nunca sea una realidad.

Córdoba, 18 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.