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Realidad de la inflación en Córdoba – (Trampa estadística vs. IPC ciudadano)

Un grupo de cordobeses me escribe diciendo: “La bolsa de la compra cuesta más y pesa menos”, y, tienen razón, ya que, los datos oficiales sitúan la inflación nacional en el 2,3 % (febrero 2026), pero cualquier familia que compre huevos, frutas, verduras o aceite sabe que la realidad es otra. La inflación subyacente ya escala al 2,7 % y, en la cesta básica cordobesa, los alimentos superan el 3 % interanual (datos locales confirmados). La reduflación (mismo precio, menos producto) y el encarecimiento de hostelería (+5 % aproximado en servicios) completan el cuadro.

El índice general actúa hoy como una celosía digital, ocultando la erosión real del poder adquisitivo, aunque ya no vale solo denunciarlo, sino que ha llegado  el momento de piratear el sistema.

<<Espejismo oficial vs. Radiografía real (enero-febrero 2026)>>

CategoríaVariación oficial aproximadaImpacto real en Córdoba
Alimentación+3,0–3,4 %Recorte directo en el plato diario
Hostelería y restauración+4,5–5,5 %Ocio y turismo local castigados
IPC general nacional+2,3 %Maquillado por electricidad (-18 % mensual)
IPC subyacente+2,7 %Inflación “incrustada” y estructural

(Fuente: INE indicador adelantado febrero 2026 + desgloses Andalucía. Nota: “Los datos provinciales detallados por grupos se publican con retardo, y, la percepción ciudadana coincide con la subyacente”.

<<Una sospecha y una solución tecnológica>>

La inflación acumulada desde 2021 supera el 23 % en términos reales para la clase media trabajadora, que no es “temporal”, sino que es estructural, sin embargo, repetir “gasto público desbocado” sin más ya no basta, hay que ir a un verdadero salto crítico, pasando de la queja a la creación de datos.

**Innovación 1: IPC Ciudadano. Imagina un software de código abierto (impulsado por el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba) donde cada cordobés escanea su ticket de compra con el móvil, y, a través de la  IA se agregan miles de cestas anónimas en tiempo real, ponderadas por ingresos reales (no por la cesta media del INE).

*Resultado: “Un índice diario, transparente y geolocalizado”. Córdoba podría ser la primera provincia española con un “tablero de inflación” público y verificable por un libro de contabilidad digital compartido, y, adiós al “maquillaje metodológico”.

**Innovación 2: Cadena de suministro trazable con libro de contabilidad digital compartido e inmutable. Por ej. los olivares, huertas y ganadería de Córdoba pueden transformar el activo en un nuevo instrumento digital con propiedades adicionales su producción, de manera, que cada litro de aceite o kilo de tomate llevaría un QR que muestre coste real de energía, transporte y margen, y, así, el consumidor sabría exactamente dónde se genera la inflación (sequía, fertilizantes o intermediarios) y premiaría con su compra a los productores locales eficientes.

(Nota. Lo peor de todo es no moverse esperando que alguien venga a arreglar el problema.)

<<Amenazas globales vs. escudos cordobeses>>

1.- Tensiones arancelarias con EE.UU. y posible bloqueo en Ormuz → riesgo energético.

*Solución aplicable: Córdoba tiene sol y viento de sobra. Proyecto “Hidrógeno Verde Córdoba” (piloto en los terrenos de la antigua central térmica de Puente Nuevo) + almacenamiento en baterías de segunda vida.

*Objetivo: Cubrir el 40 % de la demanda provincial de electricidad en un tiempo razona sin depender del crudo.

2.- Inflación alimentaria crónica.

*Solución: Crear una red de “granjas verticales modulares” en polígonos industriales y azoteas de Córdoba capital y pueblos. (Ej. IA + hidroponía + drones de riego reducirían un 30 % el coste de frutas y verduras frescas y eliminarían la dependencia de importaciones climáticamente vulnerables). (Nota. Por el mundo se están transformando desiertos y lugares inhóspitos en centros de cultivo.)

<<Asfixia fiscal vs. productividad inteligente>>

Es un hecho probado, que la combinación precios altos + impuestos elevados erosiona el ahorro, de forma, que hay que cambiar el sistema de subsidios perpetuos, así que, se propone un giro radical:

<-Deducción fiscal para empresas cordobesas que inviertan en tecnología agrícola y energía verde.

<-“Cheque productividad” personal: “Cada trabajador que complete formación gratuita en IA o contabilidad digital recibirá un crédito fiscal directo de 500 a 800 € anuales”.

<-Contención inteligente del gasto público: “Aplicar la IA para auditar en tiempo real duplicidades y fraudes”.

<<Conclusión – (Fragilidad vs. resiliencia generacional>>

El crecimiento económico que se pregona oficialmente es algo artificial si la clase media sigue empobrecida, y, Córdoba tiene ahora una oportunidad histórica única, concretamente, <<ser la primera provincia española que pasa de “víctima de la inflación” a -laboratorio de soluciones inflacionarias->>.

Con IPC Ciudadano, -granjas verticales, hidrógeno verde y formación masiva en tecnologías de productividad-, en un tiempo razonable la cesta básica cordobesa podría costar menos en términos reales que hoy, mientras creamos empleo cualificado y atraemos talento joven que huye de las grandes ciudades.

(Nota. No se trata de negar los datos oficiales, se trata de superarlos con datos mejores, con tecnología propia y con una visión clara, de manera que la inflación no sea el destino sino el catalizador que Córdoba necesita para reinventarse.)

La bolsa de la compra no tiene que seguir pesando menos, ya que, se puede hacer que en el futuro pese más… en oportunidades.

N.B. Inflación en Córdoba – Visión crítica – Imagen explicativa.

(Nota. La inflación real, que grava los alimentos más necesarios, es oficialmente un misterio, aunque los cordobeses la sienten en sus bolsillos creciendo día a  día).

Córdoba, 13 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente – Córdoba Abierta -ACOA-.

Espejismo – Contrato fijo-discontinuo en Córdoba – (la nueva precariedad)

Tras la reforma laboral, el contrato fijo-discontinuo se ha convertido en el protagonista absoluto de la economía cordobesa, sin embargo, detrás de las cifras de “empleo indefinido”, se esconde una realidad mucho más compleja y amarga, porque como dice el refrán popular  “la mentira tiene patas cortas”.

1.- La inactividad invisible – (Trabajadores no parados oficialmente).

Aunque el 42,9% de los contratos en Córdoba son indefinidos, la precariedad no ha desaparecido, sino que, simplemente, ha cambiado de nombre, así:

<- Trabajador pobre: La duración del contrato ya no es significativa, porque la verdad es el número de horas trabajadas realmente.

<-Paro encubierto: Casi la mitad (40-45%) de los fijos-discontinuos cordobeses están “inactivos” en este momento, de manera, que aunque tienen empleo y no figuran en las cifras de paro, económicamente están en una situación idéntica al desempleo.

<-Parcialidad involuntaria: El contrato a tiempo parcial o por horas se ha apoderado  del mercado de trabajo, de forma, que el 58% de quienes trabajan a tiempo parcial en la provincia, lo hacen porque no encuentran un empleo de jornada completa.

2.- Brecha entre el papel y la realidad – (Horas efectivas).

Quizás, uno de los mayores problemas del empleo en Córdoba es la diferencia tremenda  entre lo que dice el convenio colectivo (unas 1.800 horas anuales) y lo que se trabaja realmente.

SectorActividad Real (Meses)Horas Reales vs. Teóricas
Oliva y Cítricos1,5 a 2,5 meses240 – 400h (de 1.820h)
Hostelería (Mayo Cordobés/Navidad)3 a 5 meses480 – 800h (de 1.780h)
Comercio (Rebajas)2 a 4 meses320 – 640h
Industria Agroalimentaria5 a 7 meses800 – 1.120h

3.- Mujer – Precariedad – (Impacto asimétrico).

Es un hecho patente, que la discontinuidad contractual en Córdoba tiene rostro femenino.

**Los datos de 2026 son contundentes:

*El 62,5% de los desempleados en la provincia son mujeres.

*7 de cada 10 contratos a tiempo parcial los firman ellas.

*Mientras el hombre predomina en la industria y el campo con jornadas completas, la mujer se concentra en servicios con jornadas de 20-25 horas, lo que penaliza drásticamente sus futuras pensiones.

4.- Juicios – (Objeto).

La práctica jurídica en Córdoba se está centrando en cuatro frentes críticos debido a los abusos en esta modalidad contractual discontinua, pero que se dice fija, así:

1.- El Orden de llamamiento: Conflictos por falta de transparencia.

¿Quién va primero en la lista?

La antigüedad y la capacidad deben ser la regla, no el dedo del empresario.

2.- Cómputo de Antigüedad: Disputas sobre si cuentan los años naturales de vinculación o solo los días trabajados para cobrar trienios.

3.- Fraude en la parcialidad: Reclamaciones por horas complementarias que ocultan jornadas completas.

4.- Despido silencioso: Que ocurre cuando la empresa no llama al trabajador al inicio de la campaña, lo cual debe calificarse como despido (muchas veces improcedente o nulo).

<<Conclusión>>

Las estadísticas oficiales en Córdoba son, en algunos-muchos casos, pura ficción, porque el reto no es solo firmar contratos indefinidos, sino garantizar que esos contratos proporcionen suficientes horas de trabajo para vivir con dignidad.

N.B. La fijeza de los contratos fijos-discontinuos en Córdoba es un espejismo, ya que, la mayoría del tiempo los trabajadores están en situación de paro no contabilizado oficialmente, habiéndose establecido una nueva forma de precariedad por falta de horas de trabajo efectivo, recayendo, además, como una losa sobre las mujeres, dominando una brecha de género inasumible social y laboralmente.

Córdoba, 8 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Diputación de Córdoba – (Una traición del PP y un abrazo al modelo que prometió combatir)

En política, la distancia entre la promesa electoral y la praxis administrativa suele medir la integridad de un proyecto y en la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP), esa distancia no es una brecha, es un abismo. Lo que estamos presenciando y sufriendo los cordobeses no es simple “pragmatismo” o “realpolitik local”, sino que es *una desconexión total con los principios liberales y *una rendición incondicional ante el modelo de gestión socialista.

El votante del P. P. que apostó por la eficiencia, la austeridad y la baja presión fiscal se encuentra hoy con un ente autocomplaciente, que gasta más en mantenerse a sí mismo que en servir a la Provincia.

1.- El “tasazo” como solución – (Una línea roja rota).

La gran promesa electoral del PP fue una “revolución fiscal”, sin embargo, la realidad de 2024 fue un golpe directo al bolsillo del ciudadano, con una subida del 40,8% en la tasa de basura y del 22% en el agua.

Para 2026, la intención era persistir en esta vía con propuestas de incremento del 17,5% en Epremasa y el 5,37% en Emproacsa, pero la oposición frenó estas subidas, aunque la intención del equipo del Presidente Fuentes y de su equipo de gobierno revela una preocupante solución o receta no liberal:

“Aumentar ingresos por vía impositiva para tapar ineficiencias estructurales, en lugar de acometer una verdadera reestructuración de costes”.

2.- Emproacsa y Epremasa – (“Agujeros negros” del dinero público).

Desde una perspectiva liberal, las empresas públicas deberían tender a la autosuficiencia o, en su defecto, a una gestión bajo criterios estrictos de mercado, pero en la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P.  se han convertido en sumideros de subsidios masivos.

Desde 2023, se han transferido más de 59 millones de euros a Emproacsa para evitar su quiebra técnica. Este intervencionismo disfrazado de “gestión de la herencia” perpetúa un modelo de subvención continua, que el PP criticaba ferozmente desde la oposición, de forma, que este gobierno del P.P no tiene planes de racionalización ni reformas de calado, de manera, que solo tiene una solución, que es hacer solo inyecciones de capital para comprar una falsa “paz social” y a sus votantes ajo y agua.

3.- Hipertrofia administrativa – (Un monstruo autorreferencial).

El presupuesto consolidado de 2026 es el reflejo de una administración que crece “hacia adentro“, de manera, que por ejemplo, el Capítulo 1 (Personal) alcanza la cifra récord de 235 millones de euros, devorando casi la mitad del presupuesto total.

Mientras los costes fijos y la burocracia se disparan, la inversión real se asfixia, de manera, que la Diputación se ha convertido en un ente que prioriza el mantenimiento de su estructura y de sus puestos de confianza -una suerte de clientelismo encubierto- por encima de su función propia como motor de desarrollo para los municipios de la Provincia.

(Nota. Del agua de la Zona Norte ni se sabe.)

4.- Inversiones a golpe de crédito – (Hipotecando el futuro).

Cuando la gestión no genera ahorro neto porque las nóminas y las pérdidas de las empresas públicas lo devoran todo, solo queda la deuda, de forma, que el anuncio de 60 millones de euros en inversiones para 2026 no viene de una gestión eficiente, sino de operaciones de crédito. Es la “huida hacia adelante” típica de las políticas socialistas, concretamente, gastar hoy lo que tendrán que pagar las generaciones futuras, aumentando la carga financiera en un contexto de tipos de interés al alza.

<<Conclusión – (Quiebra de la confianza legítima)>>

Desde un análisis jurídico-político, un programa electoral genera una expectativa de confianza legítima en el votante, de manera, que romperla sistemáticamente no es solo un error estratégico, sino que es un fraude político.

Hoy, la Diputación de Córdoba bajo el mando de Salvador Fuentes es una administración hipertrofiada, que ejecuta políticas socialistas con siglas de derecha. Se ha elegido el camino fácil:

“Evitar el conflicto y mantener la inercia administrativa en lugar de impulsar la transformación estructural a que se comprometieron”.

Si el PP gestiona un modelo en el que no cree, pero que se niega a desmantelar por temor electoral, el resultado es el desaliento democrático, porque al final parece que votar a este PP es votar una versión del PSOE, pero con el agravante de la incoherencia.

Córdoba y sus ciudadanos merecen una gestión que sea fiel a los principios de libertad y eficiencia que les fueron prometidos.

N.B. En la Diputación de Córdoba el PP abraza todas las políticas socialistas sin rubor.

Esto no es pragmatismo, sino que es una traición ideológica y los votantes del P. P. merecen más que excusas, ya que, es exigible una transformación real, tal como evidencia la dificultad en aprobar el presupuesto 2026 -retirado por falta de acuerdos-, porque, todos saben ya, que el PP  del Presidente Fuentes prioriza su supervivencia política sobre sus principios y promesas

No se pude votar a este P. P., pues es lo mismo que votar  al Psoe, pero peor, porque cuando se vota socialismo, al menos, se sabe lo que se está votando.

Córdoba, 26 de febrero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

La invasión de los partidos – (Cuando el carné político expulsa al mérito profesional)

El artículo 103 de nuestra Constitución no es una sugerencia, sino que es un mandato imperativo constitucional, que dice, que la Administración debe servir con objetividad y que el acceso a ella se rige por el mérito y la capacidad. Sin embargo, hoy vemos diariamente una realidad paralela, que se materializa en una “colonización” silenciosa donde la lealtad al partido ha sustituido a la competencia técnica.

1.- El triunfo de la “confianza” sobre la “capacidad”.

En España hemos pasado de una Administración profesional a una de “cargos de confianza política”, de manera, que el abuso de la libre designación y la hipertrofia de asesores (personal eventual) están arrinconando a los funcionarios de carrera.

*El dato: Según la OCDE, España es uno de los países con mayor politización en su alta dirección pública.

*La consecuencia: Las decisiones estratégicas ya no las toman los mejores preparados, sino los más fieles a la sigla de turno.

2. El “fraude de la accidentalidad” en los Ayuntamientos.

Si hay un lugar donde esta invasión política es crítica, es en la Administración Local, porque los secretarias/os e interventoras/es (FHN) son los garantes de la legalidad y el control del dinero público.

Ocurre  a la vista de todos, sin embargo, que se está utilizando una “patología sistémica” para sortear su independencia, que es su nombramiento accidental.

<-Plazas vacantes: Se dejan plazas sin convocar a propósito para colocar a personas sin la titulación o la oposición requerida.

<-Interventores “prisioneros”: Un interventor accidental no tiene la inamovilidad del funcionario de carrera, ya que, si se le ocurre poner un reparo incómodo para el Alcalde, será  ser cesado a la mañana siguiente, lo que implica que este sistema arbitrario aniquila el control de legalidad y abre la puerta a la corrupción.

3.- La erosión del Estado de Derecho.

Esta sustitución de la tecnocracia por el partidismo no es solo mala gestión, sino que supone un cambio de modelo muy caro para el ciudadano y para nuestro estado de derecho, porque conlleva:

*Inseguridad Jurídica: Directivos sin formación generan actos administrativos deficientes que terminan en los juzgados, colapsando el sistema.

*Desviación de Poder: Se utiliza la facultad de organizar la administración no para mejorar el servicio, sino para “colocar” a afines.

*Controles tardíos: Al eliminar al “perro de guardia” interno (el funcionario independiente), el control solo llega a través de los jueces, años después de que el daño (o el desfalco) se haya producido.

<<Resumen del impacto por niveles>>

Nivel de PoderHerramienta de ControlEfecto Real
Estado / CC.AA.Abuso de libre designación.Políticas basadas en intereses electorales, no generales.
AyuntamientosSecretarios/Interventores a “dedo”.Debilitamiento del control del gasto y riesgo de corrupción.
DiputacionesMacro-estructuras de asesores.Fuga de dinero público hacia redes clientelares.

Conclusión. (Un aviso a navegantes).

La defensa del mérito y la capacidad no es una cuestión corporativa de los funcionarios, sino que la única garantía que tiene el ciudadano contra la arbitrariedad del poder.

Como bien advierten organismos internacionales, la “invasión” de los partidos en la esfera pública supone la extinción soterrada del Estado de Derecho. Si la administración deja de ser neutral, deja de ser de todos para ser solo de “ellos”.

N.B. La invasión de los partidos se está produciendo en España, cuando el carné político expulsa al mérito profesional, de forma, que los controles y equilibrios legales desaparecen y surge la arbitrariedad contraria a nuestro Estado de Derecho.

Córdoba, 22 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

 Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente, Córdoba Abierta -ACOA-.

Corrupción de baja intensidad -menor- (Una enfermedad silenciosa de la Administración Local)

La corrupción, que se considera equivocadamente “menor”, es, quizás, el mayor ataque a nuestro estado de derecho, por una razón pura y simple, porque es la que llega a todos los españoles a través de las Corporaciones Locales (Ayuntamiento y Diputaciones), demostrando que la corrupción sistémica se ha instalado en todos los niveles de las instituciones públicas, además, con una cualidad negativa peligrosa, que consiste en que es silenciosa y parece que tiene un grado de permisividad social, política y judicial, como se fuera algo que no se debe perseguir con rigor hasta erradicarla.

Es una realidad desgraciada, que la corrupción en sus distintas variedades solo se puede ver públicamente en sus grades espectáculos, que suelen acabar en el T. S. o en la Audiencia Nacional, amplificados por los medios públicos y privados, como si esos casos de gran alcance y de enorme proyección nacional fueran lo único y más importante de la corrupción sistémica que está asolando España.

Parece algo inexistente y olvidado, que existe una patología mucho más extendida y letal por el pueblo español, que se extiende como una mancha por todo el territorio y por todas sus instituciones públicas, alcanzando todos sus niveles, especialmente a las corporaciones locales, y, que conlleva un daño tremendo para nuestro Estado de Derecho, que se suele denominar con desprecio y olvido corrupción de baja intensidad o menor.

“La corrupción de los conductos pequeños” – (Perdida de valores).

Es la corrupción que no busca el gran botín de un solo golpe, sino la construcción de redes clientelares que asfixian la meritocracia y parasitan el dinero público.

1.- Análisis de la <-micro-corrupción->.

Es un hecho patente de enorme importancia, que la “corrupción de baja intensidad” actúa como un impuesto invisible para el ciudadano.

***Se manifiesta principalmente a través de varios mecanismos:

<-El fraccionamiento de contratos, a través del “troceo” de proyectos para no superar los umbrales del contrato menor (15.000 euro en servicios/suministros), y, así adjudicar “a dedo” esos servicios, suministros y contratos evitando la libre concurrencia.

<-El clientelismo de personal, mediante procesos de selección trucados con bases “dirigidas” o entrevistas subjetivas para colocar a personas con perfiles afines políticos o personales.

<-Urbanismo “a la carta”, que se ejecuta, a través, de licencias pequeñas o la no ejecución de órdenes de derribo a cambio de favores o votos.

<-Opacidad en empresas públicas mediante el uso de sociedades mercantiles municipales para huir del derecho administrativo y sus controles.

<-El uso de subcontratas dónde el personal, los contratos y adjudicaciones de servicios públicos conllevan contrataciones de personal y utilización de servicios en beneficio de los gobiernos políticos de los ayuntamientos, que adjudican los contratos a esas empresas subcontratistas elegidas irregularmente sin contradicción ni igualdad de condiciones, rompiendo el principio de igualdad constitucional.

2.- La eliminación de los controles y de los equilibrios.

**El control legal falla por una vulnerabilidad estructural del sistema:

1.- La soledad de la secretaria/o o de la  interventora/or, que aunque son funcionarios de habilitación nacional, su día a día depende del equipo de gobierno (a destacar el uso y abuso de los cargos de secretarias/os o interventoras/es). Y en algunos casos demasiados el “reparo”  de legalidad es frecuentemente ignorado mediante decretos de alcaldía.

2.- El “embudo trampa” judicial porque la Fiscalía suele archivar denuncias de prevaricación si no hay un rastro de dinero directo al bolsillo (cohecho), derivando el conflicto a la lenta vía contencioso-administrativa, dónde la corrupción menor se diluye bajo la trampa de la legitimidad de los actos administrativos.

3.- Se produce una solidaridad partidista, cuando Diputaciones y CCAA a menudo omiten su labor de fiscalización en los casos de que el ayuntamiento es de su mismo color político.

3.- Radiografía de casos reales – (Triángulo impunidad).

Como ejemplo de esta captura institucional, podemos observar dinámicas preocupantes en algunos municipios concretos, que ilustran lo que se puede llamar la <-trama de la accidentalidad->:

<-Secretarías Accidentales que se eternizan en sus cargos, de manera, que se mantiene a un funcionario en precario durante años anulando su independencia, con la finalidad de que el fiscalizador se convierte en un mero “validador de actuaciones, contratos de obras y servicios y decretos”.

<-Defensas jurídicas cruzadas cuando se usan despachos vinculados a partidos políticos para defender a técnicos e investigados, porque se estima que existe una simbiosis donde, si cae el técnico, cae el político.

<-La existencia de una cobertura autonómica, que nace cuando la Consejería competente (en estos casos la de Justicia) valida prórrogas injustificables de puestos accidentales, convirtiéndose en un cooperador necesario por omisión.

4.- Tribunal Supremo.

La jurisprudencia reciente es robusta en la teoría, pero su aplicación es defectuosa en la instrucción.

***A destacar:

* STS 148/2023, Sala Segunda (Penal) de 2 de marzo de 2023 (Rec. 1271/2021), Ponente Pablo Llarena): Diferencia el nombramiento ilegal (falta de título) de la prevaricación (ignorar sistemáticamente el procedimiento de mérito y capacidad). *STS 1092/2024, de 28 de noviembre de 2024, Sala de lo Penal (Interventor como clave probatoria). * Las STS 196/2025, 197/2025 (de 25 de febrero de 2025) y STS 220/2025 (de 4 de marzo de 2025), dictadas por la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, consolidan la doctrina sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público funcionarial, resolviéndola en tres grandes ejes: criterios de apreciación del abuso, imposibilidad constitucional de la fijeza y régimen indemnizatorio.

5.- Propuesta – (Tolerancia Cero).

La impunidad de la “corrupción menor” es la que permite que la gran corrupción florezca. (Teoría de las Ventanas Rotas: El mensaje psicológico detrás de la “ventana rota” es de impunidad y dejadez,  transmitiendo la idea de que <-nadie cuida de esto, está abandonado-> y de que los códigos de convivencia se han roto).

**Para revertir esto, se propone:

1.- Independencia orgánica total: Que los interventores y secretarios dependan económicamente del Estado o la CCAA, nunca del alcalde al que deben fiscalizar.

2.- Criminalización del levantamiento de reparos: Que levantar un reparo de legalidad sin un informe jurídico externo vinculante sea indicio automático de prevaricación.

3.- Fiscalía Especializada: Creación de una unidad de control administrativo local que actúe de oficio ante la acumulación de irregularidades.

<<Conclusión>>

La corrupción local no es un compartimento estanco, sino que es un acto colectivo político donde el ayuntamiento ejecuta, el partido diseña la resistencia y la administración superior a menudo proporciona la cobertura.

N. B. La corrupción menor municipal es el principio de la corrupción, de forma, que si no corregimos la <-micro-corrupción-> de raíz, el Estado de Derecho seguirá siendo, en muchos municipios, una mera ficción administrativa.

Córdoba, 20 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)