Author Archives: Enrique Garcia Montoya

El subsidio de mayores de 52 años – (Red de seguridad o jubilación anticipada forzosa)

El debate sobre el subsidio para mayores de 52 años ha dejado de ser una simple discusión presupuestaria para convertirse en un desafío técnico y político prioritario. Los recientes análisis del Banco de España (en su Informe Anual) y de la AIReF han puesto cifras sobre la mesa que confirman una realidad perversa, concretamente, “que lo que nació como una red de seguridad crucial para un colectivo vulnerable se está comportando, en la práctica, como una barrera invisible para el retorno al mercado laboral”.

¿Por qué un mecanismo de protección social termina cronificando el desempleo?

Se analizan las causas de esta “trampa de la reinserción” y las reformas estructurales necesarias para transformarla en un auténtico trampolín.

1.- La radiografía del problema – (El salto estadístico).

El desempleo de larga duración en España muestra una anomalía radical justo al alcanzar la barrera de los 52 años.

**Los datos no dejan lugar a dudas:

*El efecto frontera: Según la AIReF, a los 50 años menos del 5% de los perceptores de prestaciones lleva más de un año en desempleo. Sin embargo, al cumplir los 52 años -coincidiendo exactamente con el acceso a este subsidio especial- la tasa de desempleo de larga duración se dispara por encima del 40% y roza el 50%.

*La cronicidad del reempleo: El Banco de España constata que la probabilidad de volver a trabajar de este colectivo es extraordinariamente reducida. De los beneficiarios que cobraban la ayuda y no trabajaron a lo largo de un año, apenas un 8,9% logró trabajar al menos un día al año siguiente. En comparación, casi un 30% de quienes perciben una prestación contributiva normal consigue regresar al mercado laboral.

*Un colectivo envejecido: Alrededor del 70% de todas las personas que reciben un subsidio por desempleo de larga duración en España pertenece al colectivo de 50 años o más.

<<El mecanismo de la “trampa” – (La sobrecotización)>>

El núcleo del problema no es la cuantía directa de la ayuda (el 80% del IPREM, en torno a los 500 € mensuales), sino su estructura de cotización. El Estado, a través del SEPE, cotiza por el trabajador al 125% de la base mínima de cotización vigente (impulsada por las subidas del SMI).

Esto genera un incentivo inverso, ya que, para muchos profesionales senior, aceptar un empleo mal pagado, a tiempo parcial o de alta incertidumbre les puede suponer una pérdida en la expectativa de su futura pensión respecto a quedarse cobrando el subsidio.

El diseño actual garantiza, en determinados perfiles, una mejor jubilación permaneciendo en la inactividad que aceptando los salarios precarios que ofrece el mercado para su rango de edad.

2.- Hacia una solución equitativa y justa – (Romper el “todo o nada”).

La rigidez actual del sistema obliga al trabajador a elegir entre el subsidio protegido o un empleo precario que penalice su jubilación.

***Para romper esta trampa sin recortar derechos, la clave es la flexibilización a través de tres ejes:

A.- El modelo del “Complemento Salarial”.

La medida más urgente es permitir la compatibilidad plena y generalizada entre el subsidio y un salario, eliminando el miedo a perder la red de seguridad. Si un beneficiario encuentra un empleo, el subsidio se transformaría automáticamente en un complemento a la contratación.

Blindaje de la jubilación: La empresa cotizaría por el salario real y el SEPE aportaría la diferencia hasta garantizar el 125% de la base mínima. Así, el trabajador gana más al mes, la Seguridad Social ahorra parte de la prestación y la pensión futura queda intacta.

B.- El “Cheque Formación Senior” contra la obsolescencia.

El desempleo a esta edad responde muchas veces a una falta de adaptación a un mercado digitalizado. El mantenimiento del subsidio debe vincularse a itinerarios de recualificación obligatoria, tutorizada y financiada en sectores de alta demanda (economía del cuidado, gestión sostenible, digitalización básica), premiando el éxito formativo con pluses económicos.

C.- Bonificaciones fiscales “espejo” para empresas.

**De nada sirve incentivar al trabajador si las empresas siguen descartando sus currículums. Proponemos:

*Exención del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para contrataciones indefinidas de este colectivo.

*Un “Seguro de Adaptación” (subvención directa durante los primeros seis meses) destinado a la mentoría o adaptación del puesto de trabajo, reduciendo el riesgo percibido por el empleador.

3.- La doble pinza – (Edadismo cultural y sesgo de género).

Las distorsiones matemáticas del sistema conviven con una dura realidad sociológica. El mercado laboral opera con prejuicios que expulsan a los profesionales senior, cebándose especialmente con las mujeres.

Dimensión del problemaManifestación en el mercado
Edadismo CulturalSe camufla bajo la “falacia de la sobrecualificación” (pensar que se aburrirán o exigirán cobrar demasiado) o el prejuicio de que son incapaces de adaptarse a entornos digitales, ignorando el valor de su experiencia.
Factor GéneroLas mujeres sufren una interseccionalidad penalizadora debido a la brecha por el cuidado de hijos en el pasado, la actual “crisis del sándwich” (cuidado de padres dependientes) y la devaluación de sus competencias informales por los algoritmos de cribado.

<-Para combatir esto de forma efectiva, la legislación debe ir un paso más allá del plano asistencial e introducir medidas vinculantes en los departamentos de Recursos Humanos: Currículum Ciego Obligatorio por ley para medianas y grandes empresas, Cuotas de Diversidad Generacional en los informes no financieros y Auditorías de los Algoritmos de IA para evitar que descarten perfiles con alta experiencia o periodos de inactividad.

4.- El nudo gordiano – (Cortoplacismo político vs. Cambio cultural).

Aquí radica la verdadera tragedia de las políticas públicas: El cortoplacismo electoral. Un plan educativo y de cambio cultural tarda entre 10 y 15 años en dar frutos. Para un político que piensa en ciclos de 4 años, invertir en una solución estructural cuyo éxito se apuntará el rival es un mal negocio. Se prefiere el “efecto foto” del subsidio inmediato porque calma la urgencia hoy, aunque cronifique el problema mañana.

Para que un plan a largo plazo funcione, debe blindarse mediante un Pacto de Estado Ciego a través de agencias independientes (como la AIReF o el Banco de España) con mandatos a 15 años y presupuestos protegidos por ley. Además, es imprescindible reescribir el concepto de “talento” en las escuelas de negocio e introducir programas de mentoría inversa en las escuelas desde la infancia. Las leyes cambian conductas, pero solo la educación cambia las mentalidades.

(Nota. Como jurista y profesional del derecho del trabajo, veo a diario cómo el subsidio de mayores de 52 años termina funcionando como una jubilación anticipada forzosa, no por falta de voluntad del trabajador, sino por la obsolescencia invisible que dicta el mercado).

N. B. Imagen.

Córdoba, 6 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Impacto presupuestario de la regularización masiva de extranjeros en España (Análisis)

1.- Retorno fiscal inmediato – (Espejismo macroeconómico).

El debate sobre el impacto presupuestario de la regularización extraordinaria de extranjeros en España -propiciado por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y las sucesivas modificaciones del Reglamento de Extranjería- se aborda con frecuencia desde una linealidad contable engañosa. Las proyecciones oficiales y ciertos análisis macroeconómicos defienden que la formalización de cientos de miles de trabajadores en la economía sumergida genera un retorno neto automático. Este argumento se apoya en tres pilares: *el ensanchamiento inmediato de la base de cotizaciones a la Seguridad Social (en un contexto donde España ya supera los 3,1 millones de afiliados extranjeros), *el afloramiento de nuevas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y *la dinamización del consumo doméstico reflejada en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Sin embargo, este enfoque puramente cuantitativo pasa por alto la naturaleza estructural del mercado laboral y el carácter redistributivo de la Hacienda Pública española. El Estado del Bienestar se sostiene bajo un principio de progresividad donde las rentas altas subvencionan los servicios de las rentas bajas. La realidad estadística demuestra que la gran mayoría de las regularizaciones masivas se concentran en sectores de *baja productividad y *alta precariedad (régimen especial del hogar, agricultura de base y hostelería), cuyos salarios orbitan en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Al cotizar por las bases mínimas, la aportación neta de estos trabajadores a las arcas públicas resulta ostensiblemente inferior al coste medio por habitante en servicios públicos esenciales. Con un gasto sanitario público que ya ronda, aproximadamente, los 1.800€ a 2.000€ anuales por persona -al que hay que sumar la escolarización de menores, el transporte subvencionado y las infraestructuras-, cada individuo regularizado en estos sectores genera, desde una perspectiva estrictamente contable, un saldo fiscal neto negativo. Por tanto, *la inversión inicial del Estado (como el fondo de integración de 505 millones de euros) y *el incremento del gasto corriente autonómico no constituyen un coste a corto plazo, sino un déficit estructural que tiende a cronificarse en el tiempo.

2.- Variables demográficas, modelos familiares y distorsión asistencial.

Para sostener la viabilidad de estos procesos, instituciones como la AIReF o el Banco de España suelen argumentar que la juventud de la población inmigrante mitiga este déficit, al registrar un menor consumo sanitario que la población nativa envejecida. Si bien este factor demográfico es real, el análisis lineal vuelve a quebrarse, cuando se introducen variables epidemiológicas, modelos familiares y tasas de actividad por género.

En primer lugar, los flujos migratorios procedentes de entornos con sistemas de salud frágiles introducen retos epidemiológicos complejos. El registro de enfermedades infectocontagiosas (como la tuberculosis multirresistente o las hepatitis B y C) en tasas superiores a la media nacional obliga a las comunidades autónomas a activar costosos protocolos de cribado, seguimiento y tratamientos especializados de larga duración. Esta presión añadida e imprevista en la atención primaria y hospitalaria rompe la ventaja teórica de la pirámide de edad del colectivo.

En segundo lugar, el impacto presupuestario varía drásticamente según el perfil cultural y de origen de las familias regularizadas. En determinadas comunidades, singularmente las de origen norteafricano, la tasa de actividad femenina formal es extremadamente baja, combinada con índices de natalidad superiores a la media.

Desde la perspectiva del equilibrio presupuestario, este modelo cronifica el saldo negativo, ya que, una única vía de ingresos bajos (habitualmente el varón) debe sostener a unidades familiares extensas que demandan servicios educativos y sanitarios multiplicados. Este fenómeno contrasta con la inmigración de origen latinoamericano o de Europa del Este, donde la rápida incorporación de la mujer al mercado laboral (servicios y cuidados) mitiga, aunque no anule, el impacto deficitario en el hogar.

3.- El coste diferido – (Integración social, seguridad y fractura del modelo de convivencia).

El análisis estrictamente laboral de una regularización masiva resulta estéril si se disocia de sus consecuencias sociológicas a medio y largo plazo. La falta de recursos económicos iniciales y la tendencia natural al agrupamiento comunitario empujan a la población extranjera a concentrarse en barrios periféricos o áreas urbanas degradadas. Cuando los mecanismos de movilidad social fallan y la concentración supera determinados umbrales, el proceso de asimilación cultural se detiene, dando paso a la segregación y a la creación de guetos.

La experiencia internacional europea demuestra que la aparición de barrios segregados deviene, de forma recurrente, en conflictos sociales de difícil reversión. España ya empieza a registrar dinámicas preocupantes en grandes conurbaciones como Madrid o Barcelona, caracterizadas por la aparición de bandas juveniles de base identitaria y la desconexión social de las segundas generaciones –jóvenes que, pese a nacer en suelo español, no se sienten integrados en la sociedad de acogida ni identificados con el país de sus progenitores–.

Esta fractura de la cohesión social desencadena unos costes indirectos masivos en materia de seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias, tutorización de menores y servicios sociales de emergencia. Estos costes, sistemáticamente omitidos en las proyecciones económicas de los decretos de regularización, comprometen gravemente los presupuestos futuros del Estado. Si el mercado laboral es incapaz de ofrecer una auténtica movilidad ascensorial y los procesos de regularización no se condicionan a una estricta capacidad de absorción cultural, dispersión geográfica y control sanitario, el coste social y económico diferido terminará por superar con creces el beneficio inmediato de la afloración fiscal.

IV.- Conclusión.

El artículo aborda el problema desde un prisma multidimensional, logrando confrontar el optimismo macroeconómico de la Administración con la cruda realidad de la microeconomía presupuestaria y la sociología criminal y de seguridad.

N. B. Imagen. Impacto presupuestario real de la regularización masiva de extranjeros en España.

Córdoba, 3 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Andalucía ante el espejo – (Inercia institucional y política de trinchera)

La situación política y administrativa de Andalucía revela una preocupante disonancia entre la magnitud de los problemas estructurales y la capacidad de respuesta de sus instituciones. Lejos de anticiparse o liderar soluciones, la Junta parece instalada en una lógica reactiva, mientras el Gobierno central adopta decisiones de alto impacto territorial sin un marco claro de cooperación efectiva.

En un mismo contexto temporal convergen dos cuestiones especialmente sensibles: *la gestión de los menores extranjeros no acompañados y *el déficit histórico en infraestructuras hidráulicas. Ambas evidencian no solo tensiones competenciales, sino también una insuficiente articulación institucional que termina trasladando el coste al ciudadano.

En materia migratoria, el reciente real decreto aprobado por el Consejo de Ministros fija un reparto de menores que sitúa a Andalucía en una posición destacada en términos cuantitativos. Más allá del debate político, la cuestión jurídica de fondo radica en determinar si el criterio de “capacidad ordinaria” se ha aplicado con parámetros objetivos, transparentes y verificables, o si, por el contrario, responde a una lógica de distribución que no pondera adecuadamente la presión ya existente sobre los servicios sociales autonómicos.

La reacción de la Junta, sin embargo, ha sido débil desde una perspectiva institucional. No se ha articulado, al menos públicamente, una estrategia jurídica consistente -ya sea mediante conflicto de competencias, requerimiento previo o impugnación- que permita cuestionar la decisión estatal en sede jurisdiccional. Esta ausencia de iniciativa refuerza la percepción de una Administración autonómica más preocupada por el relato político que por la defensa efectiva de sus competencias.

En paralelo, la dinámica parlamentaria autonómica refleja una preocupante banalización de los procedimientos. La fallida investidura no puede analizarse únicamente como un episodio político coyuntural, sino como un síntoma de una cultura institucional donde el cálculo estratégico prevalece sobre la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad. La falta de acuerdos mínimos entre fuerzas ideológicamente próximas proyecta una imagen de fragmentación que debilita la posición de Andalucía en el conjunto del Estado.

El caso de las infraestructuras hidráulicas en la provincia de Córdoba añade una dimensión material especialmente grave. La negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana al proyecto de conexión entre La Colada y Sierra Boyera no solo cuestiona la planificación autonómica, sino que pone de relieve la persistencia de problemas estructurales en la gestión del agua, particularmente en lo relativo a la depuración y calidad de los recursos.

Aquí la cuestión trasciende el enfrentamiento político: estamos ante un posible incumplimiento de obligaciones básicas en materia de saneamiento y salubridad pública. La contaminación por cianobacterias en el embalse de La Colada no es un episodio aislado, sino la manifestación de una planificación deficiente y de una ejecución insuficiente de competencias claramente atribuidas a la Comunidad Autónoma.

El cruce de reproches entre administraciones -Estado y Junta- no hace sino agravar la percepción de descoordinación. Mientras una administración rechaza proyectos por considerarlos innecesarios, la otra no logra acreditar la eficacia de sus propias actuaciones ni garantizar soluciones estables. El resultado es una ciudadanía expuesta a restricciones, incertidumbre y deterioro de servicios esenciales.

En este contexto, el problema no es únicamente de signo político, sino de calidad institucional. Andalucía necesita reforzar su capacidad de defensa jurídica, mejorar la planificación técnica de sus políticas públicas y recuperar una cultura de cooperación interadministrativa que hoy parece erosionada.

La apelación a un “Gobierno fuerte” solo tendrá sentido si se traduce en algo más que estabilidad parlamentaria: “Debe implicar capacidad real de decisión, rigor en la gestión y voluntad de asumir responsabilidades”. Sin estos elementos, cualquier discurso sobre firmeza política corre el riesgo de convertirse en un mero recurso retórico.

Porque, en última instancia, lo que está en juego no es el equilibrio entre partidos, sino la eficacia del sistema institucional para dar respuesta a problemas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Los andaluces pagan la factura.

El panorama es de una impotencia absoluta. El tacticismo y la política de escaparate dejan desprotegidos a los ciudadanos. Mientras en Madrid juegan al ajedrez con el mapa autonómico y en Sevilla se miden los complejos en las votaciones, la factura de las batallas de ego la pagan siempre los mismos.

Andalucía no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo el tiempo en disputas estériles y rebajas de despachos de última hora. Necesitamos, de manera inmediata, un Gobierno fuerte, valiente y con plenas facultades para plantar cara en los tribunales, gestionar los recursos y defender los intereses de esta comunidad frente a las imposiciones externas.

Menos márketing de moderación y más gestión real.

Córdoba, a 2 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.

Suciedad – basura y roedores – (Limpieza y salud pública en el espacio urbano)

La situación de la limpieza urbana y la proliferación de roedores en Córdoba ha alcanzado un máximo negativo, transformándose de una evidente falta de mantenimiento en una alarma sanitaria. Ante el progresivo deterioro y el abandono percibido de la Ciudad las quejas ciudadanas se oyen en los lugares públicos denunciando la suciedad y la falta de limpieza en las calles y plazas.

**El problema actual se vertebra sobre dos factores estrechamente vinculados que se retroalimentan de forma constante: *el declive de la gestión de residuos urbanos y *la consiguiente dispersión de plagas a la superficie.

1.- El deterioro de la limpieza urbana y el «efecto llamada».

Vecinos, colectivos y asociaciones coinciden en denunciar un empeoramiento progresivo en la recogida de residuos por parte de la empresa municipal de saneamiento, Sadeco.

***Las principales deficiencias denunciadas se agrupan en tres vertientes:

<-Contenedores desbordados: Es habitual encontrar bolsas de basura acumuladas en el suelo durante días junto a los puntos de recogida habituales.

<-Falta de mantenimiento generalizado: Calles enteras en diversos barrios de la ciudad pasan jornadas consecutivas sin barrer, lo que  sumado a papeleras permanentemente saturadas y a las altas temperaturas estacionales, genera olores nauseabundos persistentes en las vías públicas.

<-Efecto llamada: La presencia constante de desperdicios orgánicos expuestos en las aceras funciona como el escenario idóneo para la atracción y alimentación masiva de plagas.

2.- Proliferación de roedores.

La presencia de ratas en el entorno urbano ha dejado de ser un hecho aislado o confinado al subsuelo de la red de alcantarillado, ya que, el avistamiento de ejemplares a plena luz del día en calles céntricas, plazas y parques es constante.

***Desde el sector de la sanidad ambiental, entidades como la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) explican que las ciudades españolas se enfrentan a una coyuntura extremadamente compleja:

1.- Aumento global de las temperaturas: El clima cada vez más cálido prolonga los ciclos biológicos de reproducción de las especies.

2.- Restricciones normativas: Las directivas europeas restringen de forma estricta el uso de los venenos químicos tradicionales (anticoagulantes).

3.- Resistencia biológica: Las poblaciones de roedores están desarrollando inmunidad a los principios activos empleados habitualmente.

<<La postura oficial vs. las críticas>>

Ante las quejas vecinales, Sadeco sostiene que mantiene activo un plan de control de plagas que monitoriza más de 18 000 puntos críticos en la ciudad -incluyendo la red de alcantarillado, zonas verdes y solares-. Según la empresa municipal, se emplean nuevos tratamientos y geles específicos diseñados para frenar la reproducción de roedores e insectos. Sin embargo, colectivos vecinales y asociaciones consideran que estas intervenciones en el subsuelo son estériles si no se ataja el foco principal en superficie: “La acumulación incontrolada de basura”.

3.- Un foco de máxima alerta – (Los Jardines de la Agricultura -El Parque de los Patos-).

El epicentro de la indignación ciudadana se sitúa de forma unánime en los Jardines de la Agricultura, conocidos popularmente como el Parque de los Patos, ya que,  este espacio familiar, frecuentado diariamente por menores y mascotas, reúne las condiciones óptimas para convertirse en un hábitat ideal para las plagas: <-Agua constante, vegetación densa y una fuente inagotable de alimento (tanto por los residuos descuidados como por la arraigada costumbre ciudadana de arrojar pan a las aves).–>

Los ejemplares avistados no son pequeños roedores de campo, sino ratas pardas y negras de gran envergadura, pues debido a la ausencia de depredadores urbanos y al exceso de recursos, han alcanzado tamaños considerables y han desarrollado sinantropía: “Han perdido por completo el miedo a los seres humanos, transitando con total impunidad por los paseos y zonas de césped”.

<<Riesgo vs. infancia>>

Cuando una plaga invade un parque infantil, el problema escala de una queja por suciedad a una crisis real de salud pública, y, no es admisible postergar las soluciones basándose en tratamientos estándar a largo plazo. Las ratas actúan como vectores de transmisión de patologías graves como la leptospirosis y la salmonelosis, además de portar parásitos. El riesgo de mordeduras o de contacto directo con excrementos en áreas de juego infantil exige medidas de choque urgentes.

4.- El pasillo de la Avenida de Cervantes.

La prueba más irrefutable de la ineficacia de las actuaciones aisladas es el trasiego diario visible en la cercana Avenida de Cervantes, ya que, a la vista de los transeúntes y obviando el tráfico rodado, las ratas cruzan de forma continua la acera desde los parterres y arbustos del parque -donde se refugian y construyen sus madrigueras- hacia las islas de contenedores de la avenida para alimentarse.

Este flujo constante evidencia fallos estructurales que requieren una intervención perimetral urgente:

<-Contenedores como imán: Al tratarse de una arteria principal con alta actividad, el volumen de residuos es elevado. Los contenedores no herméticos o las bolsas depositadas fuera de ellos actúan como un reclamo permanente.

<-Comportamiento desinhibido: La impunidad con la que los animales cruzan entre su “madriguera” (el parque) y su “restaurante” (los contenedores) confirma que la población de roedores ha superado el umbral ordinario de control.

5.- Medidas de choque propuestas para cortar el problema de raíz.

Los expertos en sanidad ambiental señalan que las soluciones actuales no pueden limitarse a colocar raticidas en las alcantarillas, razón por la que para un espacio de alta sensibilidad como los Jardines de la Agricultura, se proponen las siguientes líneas de actuación inmediata:

<-Zonas de exclusión y vallado selectivo temporal: Clausura inmediata y precintado de parterres o focos activos de madrigueras adyacentes a las zonas de columpios para aplicar tratamientos de erradicación agresivos sin poner en riesgo a los niños.

<-Sustitución por mobiliario hermético: Retirada de las papeleras abiertas tradicionales del parque e instalación de contenedores urbanos estancos, antivandálicos y antiplagas para bloquear el acceso a los restos de comida.

<-Prohibición estricta de alimentar a la fauna urbana: Campaña informativa rigurosa acompañada de señalización explícita y un régimen sancionador estricto para evitar el aporte calórico extra que proporciona el pan arrojado a las aves.

<-Trampeo inteligente y seguro: Al tratarse de un área con concurrencia infantil y de animales de compañía, se debe priorizar el despliegue de cajas de trampeo masivo seguro (mecánico o digital), fijadas al terreno y ocultas, evitando la dispersión indiscriminada de raticidas químicos.

<<Conclusión – (El deber de la Administración).

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la Administración Pública ostenta la competencia exclusiva y el deber inexcusable de garantizar la seguridad, la salubridad y la higiene de las vías y espacios públicos de forma prioritaria. Las deficiencias en la prestación del servicio esencial de recogida de residuos conllevan una vulneración directa de estas obligaciones.

La presión vecinal unificada y la formalización de denuncias en el registro del Ayuntamiento son, en este momento, las herramientas legítimas esenciales para forzar al consistorio a declarar una actuación de urgencia en los Jardines de la Agricultura y su entorno perimetral.

La inacción administrativa no es una opción cuando lo que está en juego es evitar un percance sanitario mayor en la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

N. B. Imagen.

Córdoba, a 30 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

CÓRDOBA 2026 – ECONOMÍA – (Desaceleración, fragilidad productiva, despoblación y oportunidades de transformación en una economía de transición)

1.- Resumen.

La economía de la provincia de Córdoba ha empezado 2026 con una clara pérdida de impulso. Las estimaciones disponibles sitúan el crecimiento del PIB provincial en el 1,6%, por debajo de la media andaluza del 2,0%, lo que vuelve a colocar a Córdoba entre las provincias con menor dinamismo de la Comunidad Andaluza. Este enfriamiento se produce tras un 2025 en el que la provincia ya había crecido menos que Andalucía, y en un contexto donde el mercado laboral presenta una señal especialmente preocupante: “Córdoba fue la única provincia andaluza en la que disminuyó la ocupación al cierre de 2025”.

Sin embargo, el problema de fondo no es solo coyuntural, ya que, la desaceleración de 2026 actúa como una prueba de esfuerzo que revela tres debilidades estructurales: *Elevada exposición al ciclo agrario y climático, *escasa densidad industrial transformadora y *dependencia de infraestructuras de conectividad con limitada capacidad de sustitución ante incidencias graves. A este cuadro se suma una cuarta variable crítica y silenciosa: *la crisis demográfica y *la despoblación interior, que drenan capital humano en las comarcas rurales y cronifican el desequilibrio territorial.

Aun así, la Provincia conserva activos relevantes para una estrategia de reequilibrio:

“Fortaleza exportadora, dinamismo relativo del mercado de vivienda, centralidad geográfica y potencial de especialización en agroindustria avanzada, logística interior y turismo cultural de mayor valor añadido”.

2.- Marco económico – (de la desaceleración global al impacto provincial).

El contexto macroeconómico en el que opera Córdoba es claramente menos expansivo que el de años anteriores. Analistas Económicos de Andalucía prevé una moderación del crecimiento andaluz hasta el 2,0% en 2026, en un escenario marcado por tensiones comerciales, incertidumbre geopolítica y menor tracción del ciclo internacional. En el plano internacional, la OCDE anticipaba ya una ralentización del crecimiento mundial al 2,9% en 2026, con comercio e inversión afectados por la incertidumbre y por perturbaciones en costes energéticos y cadenas de suministro.

Para Córdoba, este escenario externo tiene un efecto asimétrico, porque la Provincia no está entre las economías andaluzas más abiertas ni más intensamente industrializadas, lo que reduce parcialmente su exposición directa a ciertos shocks del comercio internacional, aunque esa menor apertura no constituye una ventaja estructural, sino más bien un síntoma de su menor sofisticación productiva. En consecuencia, Córdoba resiste algo mejor ciertos vaivenes globales, pero crece desde una base menos robusta y con menor capacidad de capturar las fases expansivas del ciclo.

Esta falta de dinamismo estructural correlaciona directamente con la emigración de talento joven hacia polos regionales más atractivos, agravando el envejecimiento demográfico de la provincia.

3.- Factores de impacto.

3.1.- Clima, costes e incertidumbre.

Las previsiones para 2026 ya incorporan el efecto de las inundaciones y del tren de borrascas de comienzos de año sobre la actividad regional, con especial incidencia en territorios donde el sector agrario sigue teniendo peso relevante. En una provincia como Córdoba, esta sensibilidad climática tiene un efecto multiplicador: “No solo afecta a cosechas y rendimientos, sino también a renta agraria, empleo temporal, demanda local y actividad de industrias auxiliares”.

A ello se suma la presión de costes. El informe de Analistas Económicos de Andalucía advierte de que la energía sigue siendo una de las principales fuentes de riesgo para la actividad, dentro de un escenario internacional marcado por elevada incertidumbre. En una provincia con fuerte presencia agroalimentaria, cualquier encarecimiento persistente de energía, agua, transporte o fertilizantes no impacta de forma marginal, sino que deteriora directamente los márgenes empresariales y limita la inversión de modernización. El carácter estacional y precario del empleo derivado de esta vulnerabilidad climática y de costes acelera el abandono de las zonas rurales, ya que, las familias buscan una mayor estabilidad residencial y económica en entornos urbanos.

3.2.- El accidente ferroviario de Adamuz.

El accidente de Adamuz introdujo un shock extraordinario sobre la conectividad andaluza y sobre la percepción de fiabilidad del ferrocarril. Diversas informaciones apuntan a cancelaciones, alteraciones de itinerarios y caída de reservas ferroviarias tras el siniestro, con descensos de demanda de billetes de entre el 16% y el 30% en las semanas posteriores. Ello refuerza la idea de que la conectividad ferroviaria es un activo económico crítico para Córdoba, tanto por su función turística como por su papel de articulación territorial.

No obstante, conviene afinar el análisis. Los datos de coyuntura hotelera de enero y del conjunto de 2025 muestran que el impacto turístico provincial no fue lineal ni devastador en todos los indicadores: “En 2025 la provincia cerró con 1.162.915 viajeros, un 0,7% más que en 2024, aunque las pernoctaciones descendieron ligeramente hasta 1.990.921; y, además, en enero de 2026 el retroceso de viajeros fue moderado respecto a enero de 2025”.

La conclusión más rigurosa no es que Adamuz “hundiera” por sí solo el turismo cordobés, sino que evidenció la fragilidad de un modelo demasiado dependiente de un corredor de movilidad muy concreto y afectó a confianza, reservas y normalidad operativa en un momento delicado. Este aislamiento coyuntural recuerda la histórica brecha de infraestructuras secundarias en el norte y sur de la provincia, factor determinante para la desconexión socioeconómica de los municipios rurales y su consecuente sangría demográfica.

4.- Análisis estructural – (los límites del modelo cordobés y la brecha demográfica).

La principal debilidad de Córdoba no reside en sufrir shocks, sino en sufrirlos con una estructura productiva menos diversificada que otras provincias andaluzas. Mientras el crecimiento andaluz reciente ha descansado en mayor medida en servicios, industria, inversión y cierta capacidad exportadora, Córdoba sigue más expuesta al comportamiento del campo y a actividades de menor productividad relativa. Esa composición sectorial explica por qué la provincia queda rezagada en las fases de expansión y muestra menor capacidad de absorción ante perturbaciones simultáneas.

**El mercado laboral confirma ese problema de calidad estructural. Al cierre de 2025, Córdoba contaba con 318.000 ocupados y una tasa de paro del 17,0%, por encima de Andalucía (14,7%) y muy por encima de España (9,9%), siendo una de las tasas más altas de la comunidad. Dicho de otro modo: <-El crecimiento provincial no solo es bajo, sino además insuficiente para traducirse en una mejora laboral comparable a la del entorno->.

**Esta debilidad del mercado laboral guarda una relación de retroalimentación simbiótica con la despoblación. El éxodo rural hacia la capital cordobesa o hacia el exterior de la provincia genera un fenómeno de doble velocidad:

*Desvitalización rural: Los municipios medianos y pequeños pierden masa crítica de consumidores y trabajadores cualificados, lo que provoca el cierre de comercios, la pérdida de servicios esenciales (sanidad, educación) y la falta de relevo generacional en el campo e industria local.

*Fuga de capital humano: Al ser Córdoba la única provincia andaluza que destruyó empleo al cierre de 2025, la población joven con alta cualificación emigra de forma estructural, restando masa crítica para la innovación y reduciendo de forma alarmante la tasa de natalidad provincial.

También aparece un sesgo interpretativo importante en la aparente “convergencia” con Andalucía. Si Córdoba reduce muy levemente distancia relativa en ciertos escenarios de desaceleración, ello no responde necesariamente a una ganancia de competitividad propia, sino a que otras provincias más dinámicas pueden verse más penalizadas por shocks externos en determinados momentos. Esa convergencia por menor caída ajena no equivale a convergencia real en productividad, empleo cualificado, innovación o renta disponible; como tampoco maquilla la pérdida continuada de peso demográfico de la provincia en el conjunto regional.

5.- Elementos de resiliencia infrautilizados.

Aunque el cuadro general es exigente, Córdoba no parte de cero. En 2025 las compraventas de viviendas crecieron un 19,4%, por encima de la media andaluza, y las exportaciones de bienes aumentaron un 3,3%, alcanzando además un récord histórico provincial según la información publicada sobre el cierre del ejercicio. Estos datos indican que existen focos de tracción económica que pueden servir de base para una estrategia menos dependiente del ciclo agrario tradicional.

Además, el turismo cordobés presenta un rasgo relevante: “Mantiene capacidad de atracción de viajeros, pero muestra una estancia media contenida y una fuerte concentración en la capital, lo que limita el efecto arrastre sobre el conjunto provincial”.

La innovación, por tanto, no pasa solo por “más turismo”, sino por un turismo distinto: *Más distribuido territorialmente, *más vinculado a patrimonio, gastronomía, congresos, cultura y experiencias de mayor gasto medio. Esta redistribución del flujo turístico es una herramienta idónea contra la despoblación, ya que, puede inyectar rentas complementarias y fijar empleo estable en comarcas deprimidas como Los Pedroches, el Guadiato o la Subbética.

6.- Propuesta innovadora – (de provincia vulnerable a nodo de especialización inteligente y repoblación económica)

La modernización de Córdoba exige abandonar una visión puramente defensiva y pasar a una estrategia de especialización inteligente, de forma, que la Provincia puede posicionarse en cuatro vectores complementarios:

<-Agroindustria avanzada: No solo producción agraria, sino transformación, trazabilidad, regadío inteligente, valorización de subproductos, biotecnología aplicada y reducción de dependencia de insumos volátiles. Este vector busca profesionalizar y hacer atractivo el sector agrario para arraigar a los jóvenes en sus comarcas de origen.

<-Logística interior resiliente: Aprovechar su posición geográfica para reforzar nodos intermodales, almacenamiento, distribución agroalimentaria y planes de contingencia ante incidencias ferroviarias. La vertebración logística debe concebirse como un elemento de cohesión que conecte las comarcas más aisladas con los grandes ejes de transporte.

<-Turismo cultural de alto valor: Aumentar estancia media, diversificar producto más allá del excursionismo y conectar capital y provincia mediante rutas patrimoniales, naturaleza, vino, aceite y calendario congresual.

<-Industria tecnológica vinculada a sectores locales: Energía distribuida, digitalización del agua, automatización agroalimentaria, sensórica y servicios avanzados para pymes. La digitalización y el teletrabajo en sectores de servicios avanzados abren la puerta a la atracción de nuevos residentes hacia el entorno rural.

La clave innovadora consiste en conectar sectores tradiciones con capas tecnológicas y de conocimiento. Córdoba no necesita copiar el modelo de Málaga o Sevilla para mejorar su posición relativa, sino que necesita convertir sus ventajas existentes en cadenas de valor más largas, más exportables, menos vulnerables al clima o a incidentes puntuales de conectividad, y, capaces de generar un ecosistema habitable y próspero que revierta la tendencia demográfica contractiva.

<<Propuestas y recomendaciones>>

1.- Blindar el sector primario con riego eficiente, agricultura de precisión, seguros mejor diseñados, diversificación varietal y reducción de dependencia energética y química.

2.- Crear una agenda provincial de agroindustria para que más valor añadido se quede en Córdoba, mediante transformación, envasado, innovación alimentaria y comercialización exterior, priorizando la instalación de plantas transformadoras en los municipios rurales con mayores tasas de emigración.

3.- Reforzar la resiliencia logística, con protocolos de contingencia ferroviaria, mejora de conexiones por carretera y planificación de alternativas para turismo y mercancías ante disrupciones.

4.- Replantear la política turística hacia mayor estancia media, desconcentración territorial y oferta menos dependiente del acceso rápido de fin de semana, estructurando proyectos singulares que dinamicen las economías locales del interior de la provincia.

5.- Priorizar empleo, productividad y reto demográfico, no solo el crecimiento agregado, porque el verdadero rezago cordobés aparece *en la debilidad de la ocupación, *en la persistencia de una tasa de paro elevada y *en el envejecimiento del censo.

Las políticas económicas y los incentivos fiscales deben orientarse a la creación de empleo cualificado en el entorno rural como pilar básico para la retención y atracción de población.

N.B. Imágenes. Córdoba – Recomendaciones – Despoblación.

Imagen. 1.-

Imagen. 2.-

Córdoba, a 28 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.