La gestión de los menores extranjeros no acompañados (algunas veces referidos bajo las siglas MENA) procedentes de las costas andaluzas y de la Ciudad Autónoma de Ceuta sitúa a la Junta de Andalucía en una encrucijada sin precedentes. El problema ha superado la mera gestión asistencial para convertirse en una crisis institucional, presupuestaria y constitucional de primera magnitud, que pone a prueba la arquitectura del Estado de las Autonomías y los pilares del Espacio Schengen.
1.- El conflicto autonómico y el marco legal.
**El Gobierno regional andaluz afronta una doble tensión:
*Tensión política interna: El Pacto de Gobernabilidad (PP-Vox) firmado en julio de 2026 aboga por rechazar el reparto interautonómico impulsado por el Gobierno central, priorizando los planes de retorno a los países de origen. Sin embargo, la Presidencia de la Junta –aun advirtiendo sobre el riesgo de un «efecto llamada»– reitera su compromiso con la legalidad vigente y con los convenios bilaterales previos firmados con Ceuta en 2024 para el traslado de tutela.
*Imperativo legal y fiscal: La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y el Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la tutela de menores desamparados en su territorio. Tanto la Fiscalía General como el Ministerio de Juventud e Infancia recuerdan que esta obligación es indisponible, mientras que las ONGs advierten sobre la saturación de los centros de acogida en la costa andaluza (Algeciras, Almería, Granada y Cádiz).
2.- La vía de solución – (Tramitación extraordinaria en origen o terceros países).
Ante la ineficacia de las fórmulas tradicionales y el riesgo de colapso de los servicios públicos de bienestar, la respuesta más solvente y jurídicamente _articulada pasa por un cambio de perspectiva:
“La tramitación extraordinaria fuera del territorio peninsular”.
<-Ejes del modelo.
1.- Centros de tramitación en terceros países: Establecer instalaciones de acogida y evaluación administrativa en países de tránsito o de origen mediante convenios bilaterales, garantizando que el análisis de la tutela o solicitud no implique la entrada automática al espacio Schengen.
2.- Priorización de la restitución familiar y repatriación: Ejecutar el retorno directo de los menores con sus familias en sus países de procedencia como medida prioritaria de protección, supeditando las relaciones diplomáticas y la ayuda al desarrollo a la cooperación efectiva en la readmisión.
3.- Hoja de ruta institucional para Andalucía.
Dado que las competencias en extranjería, fronteras y relaciones internacionales corresponden en exclusiva al Estado (art. 149.1.2ª y 3ª CE), Andalucía debe liderar este cambio mediante la iniciativa y la presión institucional:
1.- Iniciativa legislativa autonómica: Presentación de una Proposición de Ley autonómica ante el Congreso de los Diputados para reformar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Extranjería, situando la repatriación y reagrupación familiar en origen como el principio rector prioritario.
2.- Exigencia de acuerdos bilaterales: Reclamar la activación inmediata de los acuerdos internacionales vigentes (como el convenio de reactivación de retornos con Marruecos) y alinearse con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.
3.- Litigación institucional y condicionado financiero: Plantear conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional si se imponen repartos obligatorios sin la correspondiente asignación presupuestaria estatal completa, exigiendo que los recursos en suelo andaluz tengan un carácter estrictamente temporal de tránsito.
<<Conclusión>>
El sostenimiento del modelo de bienestar y la seguridad jurídica en Andalucía dependen de trascender el parcheo presupuestario. La firmeza institucional, canalizada a través de iniciativas legislativas valientes ante el Estado y la UE, constituye la única vía realista para conciliar el respeto al Derecho con la sostenibilidad de nuestros recursos públicos.
N. B. Imagen. (Menores migrantes en Andalucía).
(Nota. El Puente Institucional y Diplomático: Representa la vía de la externalización y los convenios bilaterales uniendo las dos orillas del Mediterráneo (Andalucía y el Norte de África) a través de la cooperación, la legalidad y el acuerdo institucional.).
Córdoba, 22 de agosto de 2026
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.
Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.
El debate fiscal en la España descentralizada se centra en las aportaciones tributarias directas de las Comunidades Autónomas más prósperas al fondo común de financiación territorial, sin embargo, se ignora de manera sistemática la **asimetría estructural del sistema de Seguridad Social**.
Mientras que regiones con mayor nivel de renta o regímenes fiscales singulares defienden la «ordinalidad» o la retención de sus ingresos tributarios bajo premisas de soberanía iscal, *externalizan o silencian los déficits contributivos del sistema público de pensiones de sus propios territorios.
Este fenómeno constituye una paradoja socioeconómica: **Un “nacionalismo fiscal a la carta”** que reclama la gestión exclusiva o prioritaria de los ingresos tributarios con superávit, pero mantiene la mutualización ilimitada del déficit contributivo en el Fondo de Reserva o en la financiación estatal de la Seguridad Social.
**Tesis central de injusticia institucional.
Permitir que las regiones prósperas limiten su contribución a la solidaridad tributaria común mientras dependen del esfuerzo fiscal nacional para cubrir sus brechas o garantizar pensiones proporcionalmente más altas (debido a sueldos promedio superiores), *vulnera la equidad interpersonal y genera un modelo de interdependencia asimétrica e insolidaria.
2.- CONTEXTO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA DEL DÉFICIT DE PENSIONES.
Para comprender la dinámica de esta fractura, es necesario desgajar el flujo de ingresos y gastos de la Seguridad Social por magnitudes territoriales y sociodemográficas:
Dimensión de análisis Comunidades de renta alta/ Comunidades Renta Media
Regímenes Singulares. /Resto del estado
Base Cotizable
Promedio Elevada (Salarios medianos más altos, menor
desempleo estruct.)
Media / Baja (Sectores intensivos en
mano de obra básica)
Pensión Promedio
Generada Alta (Próxima o en el tope máximo del sistema) Media / Moderada
Tasa de Reemplazo
Demográfico Severamente envejecida en regiones Variable; envejecimiento rural
industriales; dependiente de inmigración acentuado
Tratamiento Fiscal
Pretendido Soberanía o balanzas fiscales neutras/ Financiación autonómica
favorables (Cupo / Ordinalidad) redistribución común
Asunción del Déficit
Contributivo Transferido a la «Caja Única» estatal
(Mutualizado) Mutualizado en el conjunto
nacional
Cuando las regiones prósperas exigen que lo recaudado en sus territorios se quede en ellos (vía concertación, cupos o agencias tributarias propias), se rompe el principio de progresividad del Estado social.
El salario de un trabajador en una CC.AA. desarrollada y sus cotizaciones y base tributaria dentro de ese territorio son superiores y más elevadas, pero la infraestructura social y la masa laboral de soporte a menudo proviene o interactúa con el resto del país.
3.- LA PARADOJA FISCAL DE LA RECÍPROCIDAD.
Existe una distorsión narrativa en el concepto de *”comunidades ricas pagadoras”*. La narrativa tradicional argumenta una falacia, concretamente, que las regiones de mayor PIB sufren una *”expoliación fiscal”* al transferir recursos a regiones menos prósperas, pero esta afirmación omite intencionadamente tres vectores económicos clave:
-El Efecto sede y la captación de rentas: Las regiones prósperas concentran las sedes corporativas de empresas que facturan en todo el Estado, atribuyéndose artificialmente una capacidad recaudatoria que se nutre del mercado nacional conjunto.
-El retorno implícito de las pensiones: Al gozar de salarios más altos, los jubilados de las regiones ricas perciben prestaciones públicas sensiblemente superiores a la media nacional. El coste por pensionista es significativamente más elevado en estas regiones.
-La exención implícita del riesgo de sostenibilidad:Si el sistema de pensiones se territorializara de forma estricta (calculando los ingresos por cotizaciones locales frente al pago real de pensiones asignadas a esa región), *varias de las regiones partidarias de la soberanía fiscal se enfrentarían a severos ajustes o quiebras presupuestarias debido a la pirámide poblacional y la tasa de dependencia*.
4.- CRÍTICA – (EL PRINCIPIO DE “PROPORCIONALIDAD INTEGRAL CONTRIBUTIVA”).
Para abordar esta insolidaridad de forma analítica y superando los clichés del debate tradicional, introducimos una perspectiva crítica innovadora: **La falacia de la desconexión fiscal selectiva**.
*El Concepto de “asimetría de riesgo seleccionado” (ARS).
El nacionalismo fiscal actúa bajo un patrón de “Privatización de Beneficios Tributarios y Socialización de Costes Prestacionales”. Se exige la gestión autonómica de los impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, IVA local) alegando que pertenecer al territorio otorga derecho exclusivo sobre sus rentas, *pero se califica el sistema de pensiones como una “competencia inalienable del Estado” para que la deuda del sistema de la Seguridad Social sea financiada por la deuda pública global estatal.
***Frente a esta distorsión, una crítica innovadora plantea los siguientes puntos de ruptura:
A.- El mantenimiento de la “Caja Única” como refugio de conveniencia. El principio de Caja Única es constitucionalmente solidario e interpersonal (los individuos pagan, no los territorios). Sin embargo, cuando los actores políticos regionales utilizan el argumento del territorio para congelar la aportación a los servicios públicos generales, pero apelan al individuo universal cuando el gasto en pensiones autonómico es deficitario, incurren en una **falsificación del pacto federal/autonómico**.
B.- La deuda oculta por pensiones no contabilizada en la financiación autonómica. Si una Comunidad Autónoma rica reduce sus impuestos propios (ej. deducciones masivas o bonificaciones al Patrimonio e Sucesiones), mientras la Administración General del Estado tiene que inyectar decenas de miles de millones de euros vía Presupuestos Generales para cubrir el déficit de la Seguridad Social, *la comunidad rica está transfiriendo indirectamente su gasto público al endeudamiento común del Estado*.
Su “bonanza presupuestaria” es una ilusión generada porque no asume el verdadero coste del capital social y reproductivo de sus trabajadores senior.
C.- Propuesta político-económica disruptiva: El índice de solidaridad netodeterminada (ISN).
Para destapar la insolidaridad del nacionalismo fiscal, se propone la creación del **Índice de Solidaridad Netodeterminada (ISN)**. Este índice no mide la balanza fiscal de manera aislada (Impuestos Pagados vs. Inversión Estatal), sino que incorpora la **Masa Neta de Transferencias de Previsión Social**:
Balance Fiscal Real = (Aportación Tributaria Efectiva) − [Gasto Estatal en Región + Suplemento Estatal a Pensiones Regionales]
Al aplicar este cálculo, la pretendida condición de “donantes netas” de muchas comunidades ricas se reduce sustancialmente o se revierte, poniendo en evidencia que la prosperidad regional está intrínsecamente blindada por la red de seguridad del Estado global.
5.- CONCLUSIONES.
El nacionalismo fiscal que pretende desligar la aportación tributaria rica del sostén común, mientras utiliza la caja común para cubrir el déficit de sus pensiones o el coste de sus pensionistas de alta renta, atenta contra el principio de equidad vertical y horizontal.
<-Consolidación de balanzas de protección social: Transparencia total sobre el coste real de las pensiones en cada CCAA en comparación con las cotizaciones sociales ingresadas en ese mismo territorio. <-Vinculación de la autonomía fiscal a la sostenibilidad social: Ninguna Comunidad Autónoma debería poder exigir la cesión total de impuestos o ventajas de cupo sin asumir la responsabilidad proporcional en la liquidación o corresponsabilidad del déficit de pensiones generado en su ámbito. <-Defensa del principio interpersonal sobre el territorial: Recordar que los impuestos y las cotizaciones las pagan las personas según su capacidad económica, y las pensiones las reciben las personas según sus derechos adquiridos, erradicando la instrumentalización del territorio para el privilegio fiscal.
N.B. Imágenes. Fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales.
Córdoba y su provincia siguen desangrándose por la misma herida de siempre:
“Un desequilibrio demográfico y socioeconómico escandaloso”.
Pobreza estructural en los barrios de la capital, despoblación sistemática en el norte, desempleo juvenil crónico, una red hídrica en la cuerda floja y un déficit de infraestructura energética que avergüenza a cualquiera.
Frente a esta catástrofe silenciosa, cabría esperar que la institución llamada a vertebrar el territorio -la Diputación Provincial de Córdoba– actuase como un verdadero motor de rescate. La realidad, sin embargo, es infinitamente más perversa.
<<La Diputación no es la solución, sino que se ha convertido en parte fundamental del problema.>>
<<La maquinaria que solo sirve para alimentarse a sí misma>>
Nos venden a bombo y platillo el presupuesto de 2026 como el más elevadode la historia. Pero que no nos engañen con fuegos artificiales:
“Más dinero no significa mejor gestión; significa simplemente una maquinaria más grande y costosa”.
(Nota. La Diputación de Córdoba ha perfeccionado un modelo autorreferencial y extractivo.)
¿A dónde van a parar esos millones récord?
No van a industrializar Los Pedroches ni a garantizar el agua potable en el Valle del Guadiato, sino quevan, en una proporción escandalosa, a sostener la propia burocracia administrativa, a engordar el gasto corriente y a mantener con respiración asistida el pozo sin fondo de sus empresas públicas.
Es el círculo perfecto de la ineficiencia: “La institución recauda, liquida y gasta para sostener su propia estructura, repartiendo entre los municipios las migajas sobrantes en forma de micro-subvenciones paliativas”. Pan para hoy y hambre eterna para mañana.
<<El negocio del <-socorro-> municipal – (Endeudar al que menos tiene)>> Una de las trampas más sangrientas del actual modelo es el sistema de anticipos de recaudación a los ayuntamientos. Presentado institucionalmente como un «acto de generosidad y liquidez», en la práctica funciona como una verdadera intermediación penalizadora.
En lugar de utilizar su abultada liquidez o sus fondos propios para respaldar a los consistorios, la Diputación acude a la banca privada, *firma pólizas de crédito a tipo de mercado y *traslada la factura financiera (intereses, comisiones y estructuración) a las maltrechas arcas municipales.
***El resultado es un escarnio:
1.- El ayuntamiento le paga a la Diputación una tasa por la gestión del cobro de sus impuestos.
2.- El ayuntamiento asume los costes del endeudamiento bancario, que la Diputación suscribe para adelantarle su propio dinero.
Se financia la liquidez local exprimiendo de nuevo al municipio. La Diputación actúa como un intermediario financiero que cobra peaje dos veces.
<<El «pozo sin fondo» de las Empresas Públicas – (Premiar la ineficiencia)>>
Organismos como Emproacsa (agua) o Epremasa (residuos) no necesitan anestesia contable, ya que, lo que necesitan es reformas de calado. Sin embargo, la receta de la Diputación sigue siendo la misma de siempre:
“Subvenciones a fondo perdido para tapar agujeros operativos”.
Inyectar dinero de la caja común para enjugar déficits estructurales recurrentes es un incentivo perverso. Cuanto peor se gestiona una empresa pública, más dinero del contribuyente se le transfiere para tapar el pifostio. Y cada euro destinado a rescatar el déficit operativo de estas estructuras es un euro menos que va al Capítulo de Inversiones Realesen los pueblos de la provincia.
<<Continuismo perverso – (La renuncia política e ideológica)>>
El cambio político en el Gobierno provincial del Partido Popular llegó con promesas solemnes de regeneración: “Adelgazar la burocracia, rebajar tasas e impuestos, y aplicar un control riguroso sobre el gasto público”.
<<Todo ha saltado por los aires.>>
Para sacar adelante las cuentas de 2026, el equipo de gobierno ha preferido la vía cómoda del pacto y la cesión: “Un acuerdo con Izquierda Unida que mantiene intacto el ecosistema de gasto de la anterior corporación”. A cambio del desbloqueo presupuestario, se sigue blindando el modelo de costes de las empresas públicas sin exigir un solo plan de viabilidad, y, se financian con entusiasmo partidas de marcado corte ideológico.
En la práctica, asistimos a una paradoja sangrienta: “Un gobierno conservador ejecutando exactamente la misma política presupuestaria continuista y clientelar de la izquierda”. Ha cambiado la foto en el sillón, pero el modelo de gasto permanece intocable.
<<El Norte abandonado – (Una provincia a dos velocidades)>>
Mientras los discursos oficiales se llenan la boca con la «lucha contra la despoblación», la realidad del presupuesto condena al norte provincial a la marginalidad. Los Pedroches y el Valle del Guadiato continúan asfixiados por la falta de potencia en la red de transporte eléctrico y por la incertidumbre hídrica.
Sustituir la inversión en gran infraestructura transformadora por el reparto atomizado de ayudas temporales confirmará la condena de nuestras comarcas rurales. El norte actúa, una vez más, como el pagador neto que financia la paz social y el sostenimiento de la burocracia central asentada en la capital.
¿Qué habría que hacer mañana mismo? – (Tres medidas de ruptura).
Si existiera verdadera voluntad política de transformar la provincia y no solo de gestionar el presupuesto, la Diputación debería acometer de inmediato una reforma radical:
1.- Prohibición del rescate a fondo perdido: Exigir auditorías y planes de viabilidad estrictos a las empresas públicas. Cero transferencias directas para cubrir pérdidas de explotación.
2.- Fondo de Anticipos al 0%: La Diputación debe asumir el 100% de los costes financieros de las pólizas de crédito de recaudación utilizando sus propios fondos, liberando de comisiones e intereses a los consistorios.
3.- Blindaje inversor para el mundo rural: Destinar por norma provincial el 50% de las inversiones reales de forma exclusiva a las comarcas con severo riesgo de despoblación, priorizando la infraestructura hídrica y energética sobre cualquier tipo de gasto corriente o propagandístico.
Todo lo demás será seguir alimentando a un monstruo burocrático mientras la provincia de Córdoba languidece.
N.B. Imágenes. Córdoba – (Sigue sin resolverse su desequilibrio demográfico y socioeconómico).
1ª. Imagen.
2ª. Imagen.
3ª. Imagen.
Córdoba, 12 de agosto de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.
Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.
Un grupo amplio de los lectores del blog, se muestra preocupado y me pregunta sobre la pérdida de habitantes de Córdoba y Provincia, pues les ha impactado la noticia pública de que Córdoba sea la única provincia española que pierde población, así que trataré de encontrar una explicación razonable, pues creo que el éxodo se puede controlar e invertir.
<<Un dato incómodo y a la vista de todos>>
Córdoba no está simplemente creciendo menos que Andalucía, pues a mayor inri Córdoba está perdiendo población mientras el resto del país alcanza máximos históricos y las demás provincias andaluzas aumentan sus habitantes. La provincia cuenta con 772.913 residentes, pero ha perdido 381 personas en un solo año. La capital, con 323.017 habitantes, encadena por segundo año una caída aún más severa: 1.142 vecinos menos.
El dato, aislado, puede parecer no preocupante, pero “no” lo es, ya que, en demografía, una pérdida anual relativamente limitada puede ser la manifestación visible de un problema mucho más profundo:
“El territorio deja de resultar suficientemente atractivo para quienes podrían instalarse en él y, al mismo tiempo, deja de ofrecer razones suficientes para que permanezcan quienes nacieron allí”.
Córdoba no se enfrenta únicamente a un problema de natalidad, ya que, a la vez, se enfrenta a una crisis de oportunidades, de expectativas y de arraigo.
<<El espejismo de la inmigración>>
Las cifras contienen una paradoja decisiva, ya que, la población extranjera aumentó en 2.029 personas, hasta alcanzar los 33.840 residentes; sin embargo, la población española descendió en 2.410 personas, hasta situarse en 739.073.
El resultado final ha sido negativo: “La llegada de población extranjera no compensó la pérdida de población española”.
Este balance no debería utilizarse para convertir la inmigración en una variable de ajuste demográfico, ya que, la cuestión no es que Córdoba reciba inmigrantes y estos sean insuficientes, porque la cuestión verdaderamente incómoda es, <-que el territorio no está generando las condiciones económicas, laborales, residenciales y sociales necesarias para retener a su población y atraer nuevos habitantes de forma estable->.
La inmigración puede aliviar temporalmente el envejecimiento y la pérdida demográfica, pero no puede sustituir indefinidamente a un problema territorial permanente. Cuando una provincia pierde población autóctona y solo consigue amortiguar parcialmente esa pérdida mediante nuevos residentes extranjeros, el problema no está en quienes llegan, sino en el modelo que expulsa a quienes se marchan y no logra consolidar a quienes llegan.
<<La provincia que expulsa futuro>>
El descenso de la población española -2.410 personas menos- constituye el núcleo del problema, porque no se trata solo de una disminución estadística, sino que detrás de esa cifra hay *jóvenes que abandonan la provincia para estudiar o trabajar, *familias que buscan mejores oportunidades y *profesionales que no encuentran un mercado laboral capaz de aprovechar su formación.
Córdoba parece haber quedado atrapada en una contradicción, ya que, dispone de patrimonio, universidad, posición geográfica, actividad agroalimentaria, potencial logístico, recursos culturales y una notable calidad de vida, pero no consigue convertir esas ventajas en un proyecto vital convincente para una parte creciente de su población.
Una ciudad *puede ser agradable para visitar y, sin embargo, insuficiente para vivir, *puede contar con una historia extraordinaria y carecer de un futuro profesional creíble, incluso, *puede ofrecer vivienda más asequible que otros territorios y, aun así, no proporcionar empleo estable, servicios suficientes o expectativas de progreso.
La pérdida demográfica es, en este sentido, un plebiscito silencioso sobre el territorio. Cada persona que se marcha emite una opinión: “Aquí no encuentra lo que necesita para construir su vida”.
<<Córdoba capital – (Un motor sumidero)>>
La capital debería actuar como el gran mecanismo de compensación de la provincia, ya que, los territorios que crecen, sus ciudades concentran empleo, servicios, universidad, innovación, cultura y oportunidades. Córdoba, sin embargo, pierde1.142habitantes y encadena su segundo descenso anual.
Este dato revela una anomalía especialmente grave, porque, la capital no solo no absorbe la pérdida de los municipios de la provincia, sino que también pierde residentes por sí misma. La ciudad corre el riesgo de dejar de funcionar como polo de atracción y convertirse en un espacio de tránsito: “Un lugar para visitar, estudiar durante unos años o residir temporalmente, pero no necesariamente para quedarse”.
La caída de los residentes nacidos en España -1.825 personas menos en la capital- apunta a un problema de retención, ya que, además, el ligero aumento de quienes nacieron en el extranjero -683 personas- no basta para compensarlo. La realidad negativa es que Córdoba recibe nuevos vecinos, pero pierde demasiados de los que ya tenía.
<-No es una crisis de identidad demográfica. Es una crisis de capacidad urbana->
<<El contraste que desmonta las excusas>>
El argumento de que “toda España está envejecida” resulta insuficiente, ya que, España superó los 49,8 millones de habitantes y creció en 444.205 personas. Andalucía también aumentó su población, con incrementos notables en Málaga, Sevilla y Almería, pero también en provincias que tradicionalmente afrontan dificultades demográficas, como Jaén y Huelva.
La comparación es reveladora y preocupante, ya que, Córdoba no se encuentra ante una fatalidad inevitable que afecte por igual a todos los territorios, sino que está perdiendo la carrera por atraer población en un contexto en el que otros espacios sí están consiguiendo crecer.
Málaga atrae inversión, empleo y población internacional. Sevilla concentra actividad institucional, empresarial y universitaria. Almería ha construido un potente ecosistema agroindustrial y exportador. Incluso Jaén y Huelva han logrado balances positivos.
Córdoba, mientras tanto, parece vivir de sus activos históricos sin haber definido con claridad cuáles serán sus activos estratégicos del futuro.
La demografía no castiga a los territorios de manera arbitraria, sino que, premia -aunque no siempre de forma justa- a aquellos que ofrecen empleo, conectividad, vivienda, servicios y expectativas.
<<No es solo natalidad – (es una elección territorial)>>
Presentar el problema como un simple “invierno demográfico” puede ser descriptivamente correcto, pero políticamente insuficiente, pues la realidad inquietante es, que el invierno demográfico sugiere una estación inevitable, como si Córdoba estuviera esperando a que el ciclo cambiara, aunque, es un hecho evidente que la pérdida de población no es una meteorología contra la que nada pueda hacerse.
***Hay decisiones públicas detrás de la demografía:
*Decisiones sobre transporte y conexiones ferroviarias; sobre suelo industrial y atracción empresarial; sobre universidad, investigación e innovación; sobre vivienda y emancipación juvenil; sobre servicios públicos en los municipios rurales; sobre conciliación, cuidados y apoyo a las familias; sobre el papel económico de la capital; y, sobre la integración real de la población extranjera.
“Cuando esas decisiones se aplazan, la emigración se convierte en política demográfica involuntaria”.
La verdad es que Córdoba no pierde habitantes únicamente porque nazcan menos niños, sino que los pierde porque demasiadas personas consideran que su futuro está en otra parte.
<<Una provincia envejecida y una capital debilitada>>
La evolución por sexos incorpora otro elemento significativo, ya que, la provincia ganó 250 hombres, pero perdió 631 mujeres. El incremento masculino se explica por la llegada de 1.551 hombres extranjeros, que compensó la pérdida de 1.301 hombres españoles. En el caso de las mujeres, el aumento de 478 extranjeras no logró neutralizar la caída de 1.109 españolas.
No estamos, por tanto, ante una mera oscilación numérica, porque la pérdida de mujeres tiene consecuencias especialmente relevantes para la estructura demográfica, el equilibrio territorial, la natalidad, los cuidados y la sostenibilidad de los municipios.
<-Cuando las mujeres jóvenes y cualificadas se marchan, desaparecen también buena parte de las posibilidades de renovación social y económica->
Una provincia que expulsa a sus jóvenes y, particularmente, a sus mujeres, no solo pierde población, sino que pierde capacidad de reproducirse, innovar y sostener sus comunidades.
<<La pregunta que ya no puede aplazarse>>
La cuestión no es cuántos habitantes ha perdido Córdoba este año, sino que, la cuestión es *cuántas personas está dejando de atraer, *cuántos jóvenes se marchan cada año y *cuántas familias descartan instalarse en la provincia porque no encuentran una combinación razonable de empleo, vivienda, servicios y futuro.
***El descenso de 381 habitantes es la cifra final de una ecuación más amplia:
menos oportunidades + menor capacidad de retención + envejecimiento + débil atracción exterior = pérdida demográfica.
Si la respuesta institucional consiste únicamente en celebrar campañas de promoción turística, reclamar más inversiones de forma genérica o confiar en que la inmigración compense el saldo negativo, Córdoba seguirá perdiendo tiempo y habitantes.
La solución exige abandonar la política de la resignación y construir una estrategia demográfica con objetivos verificables, que permita y estimule *retener talento, *facilitar la emancipación, *atraer empresas, *reforzar los servicios rurales, *integrar a la población extranjera y *devolver a la capital su condición de motor provincial.
“Córdoba no necesita solo más nacimientos. Necesita más razones para quedarse”.
<<Conclusión – (el verdadero riesgo es normalizar la pérdida)>>
Una provincia puede perder habitantes un año por circunstancias coyunturales, aunque lo preocupante aparece cuando la pérdida se convierte en tendencia, la capital la amplifica y las instituciones empiezan a tratarla como un fenómeno inevitable.
No se puede aceptar que Córdoba no esté condenada a vaciarse, porque está obligada a reconocer que sus recursos históricos no bastan para garantizar su futuro. La demografía está enviando una advertencia clara: “Si el territorio no ofrece un proyecto de vida, sus habitantes buscarán ese proyecto en otro lugar”.
El problema no es que Córdoba tenga menos población que ayer. El problema es que cada vez más personas parecen tener menos motivos para imaginar su mañana en Córdoba.
N. B. Despoblación en Córdoba – La primera en abandono y huida.
(Nota. La BLET por ahora, no está produciendo los efectos positivos esperados, pero creo que será la palanca para salir del agujero negativo de ser la primera en despoblación y la última en encontrar una solución a un problema inquietante.).
Los últimos datos de la Estadística Continua de Población (ECP), publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ponen cifras a lo dicho. A 1 de julio de 2026, la provincia de Córdoba contaba con 772.913 habitantes, 983 menos que apenas tres meses antes y 1.396 menos que al comienzo del año. Se trata de la mayor pérdida de población registrada en Andalucía durante el segundo trimestre.
Córdoba, 9 de agosto de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.
Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.
Si uno visita hoy el embalse de La Colada, en el norte de nuestra provincia, se encuentra con una estampa que sintetiza a la perfección el fracaso de lo público:
“Un embalse donde está tajantemente prohibido el baño por la presencia de cianobacterias tóxicas”.
Un mar de agua inutilizable en mitad de comarcas (Los Pedroches y el Alto Guadiato) que engloban a más de 80.000 habitantes.
Tras años de parches, camiones cisterna y titulares grandilocuentes, la realidad es tozuda:
“Ninguna de las tres administraciones implicadas tiene un interés real en resolver el problema de raíz”.
Se ha instalado un cómodo juego de culpas cruzadas donde el Estado, la Autonomía y la Diputación se señalan en círculo, mientras los ciudadanos pagan la factura, consumen agua sometida a tratamientos químicos agresivos y, para colmo, soportan la narrativa implícita de ser los únicos culpables de la situación.
1.- El tablero del escaqueo – (Tres administraciones, cero soluciones).
Para entender por qué La Colada sigue siendo un ecosistema degradado, basta con observar la trampa del reparto de competencias. Un escenario idóneo donde todos tienen excusas y nadie asume la carga:
<-El Gobierno Central / CHG (MITECO) – (La trinchera burocrática).
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha optado por el rigorismo administrativo para congelar la concesión definitiva de agua y el uso de la torre de toma fija. Alega «redundancia técnica» con las tomas flotantes provisionales.
Sin embargo, paralizar la infraestructura definitiva aboca a la potabilizadora a captar el agua de peor calidad de la superficie (plagada de algas) y deja al norte de Córdoba en una vulnerabilidad jurídica permanente.
<-La Junta de Andalucía – (La rendición de antemano).
Escudándose en que la titularidad del embalse es estatal, la administración autonómica ha actuado con pasividad en el origen de la contaminación. La Junta posee competencias exclusivas en materia medioambiental y ordenación del territorio que apenas ha explotado:
“No ha apretado el acelerador en las inspecciones sobre vertidos ganaderos o purines, ha sido tibia en la delimitación de Zonas Vulnerables a Nitratos y arrastra un retraso histórico en la ejecución completa de las depuradoras (EDAR) que vierten a la cuenca”.
<-La Diputación de Córdoba – (Emproacsa) – (Trinchera vs. conflicto).
Centrada casi de forma exclusiva en la batalla judicial y política contra la CHG para vender el relato del «agravio comparativo», la corporación provincial ha volcado sus esfuerzos en el final del tubo, concretamente,“gastar ingentes recursos en potabilizar agua hiper-contaminada mediante química avanzada, en lugar de liderar soluciones transversales de su competencia, como planes preventivos de biorremediación o el impulso de infraestructuras públicas para la valorización de residuos ganaderos”.
[ CHG / MITECO ]
“Falta control de vertidos” ↙ ↖ “Deniega concesiones”
↓ ↑
[ JUNTA DE ANDALUCÍA ] ⇄ [ DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA ]
“Sin competencias en DPH” “Guerra judicial como pancarta”
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[ CIUDADANOS Y GANADEROS ]
(Abandonados, culpables y paganos)
2.- Limpiar el agua al final del tubo – (Ineficiencia económica y técnica).
Desde un punto de vista técnico y jurídico, la estrategia adoptada es insostenible. En lugar de actuar en el vaso del embalse o en la disciplina ambiental de la cuenca, las administraciones han optado por el parche tecnológico reactivo.
*Tratar un agua profundamente eutrofizada mediante oxidación avanzada y químicos en la ETAP no es una solución ambiental, sino que es una costosa medida de contención*.
Desde el prisma del Derecho Administrativo y la gestión pública, abordar este problema exigía una actuación preventiva. Cuando un litigio acaba en la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la denegación de una concesión o la impugnación de expedientes periciales, el ciudadano ya ha perdido.
Las batallas sobre la presunción de veracidad de los informes de parte de la Administración o sobre los vicios en la medición de la calidad del agua solo sirven para dilatar en los juzgados lo que debió resolverse con voluntad política e inversión estructural.
3.- El ciudadano – (Abandonado, culpable y pagano).
La consecuencia final de esta parálisis institucional es una triple condena para los vecinos del norte de Córdoba:
1.- Abandonados: Sin garantías jurídicas a largo plazo de suministro hídrico de máxima calidad y con un recurso natural restringido (con prohibición explícita de uso recreativo o baño).
2.- Paganos: Soportando el coste financiero de tratamientos de potabilización hiper-complejos y procesos judiciales eternos financiado con dinero público.
3.- Culpables: Sometidos a una narrativa donde se responsabiliza genéricamente al sector primario o al consumo local, mientras las instituciones encargadas de velar por el Dominio Público Hidráulico y el Medio Ambiente miran hacia otro lado.
<<Conclusión – (Se necesita política de Estado, no parches).>>
El problema de La Colada no se va a resolver en un tribunal de lo contencioso-administrativo ni con notas de prensa cruzadas. Requiere la activación inmediata de un Plan Integral de Restauración de la Cuenca, que combine la disciplina ambiental efectiva de la Junta, la flexibilidad concesional de la CHG y la inversión en gestión de residuos e infraestructuras preventivas de la Diputación.
Mientras continúen atrincheradas en sus respectivas competencias para no asumir el coste político y económico de la solución de raíz, las tres administraciones seguirán siendo cómplices de un mismo resultado:
<-el abandono de más de 80.000 ciudadanos->.
N.B. Imagen. La Colada un conflicto que nadie quiere resolver y como siempre los culpables son los ciudadanos.
En el cruce de acusaciones estéril, el perjudicado directo es el ciudadano y el tejido productivo del norte de Córdoba. Las tres Administraciones tienen cuota de responsabilidad: *la CHG por rigidez burocrática y falta de inversión estructural, *la Junta por tibia en la disciplina ambiental sobre el terreno, y *la Diputación por preferir el enfrentamiento competencial al desarrollo de soluciones transversales de su competencia.
