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Comentarios al Protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET (III)

Participación de la Sociedad Civil Cordobesa en el Proyecto Formativo Singular BLET

En el informe original se identifica una brecha en cuanto a la participación de la sociedad civil, a continuación se incorpora una sección adicional basada en la revisión de fuentes oficiales y públicas disponibles hasta la fecha actual (10 de agosto de 2025).

Esta adenda analiza el estado actual de la involucración ciudadana, evalúa su potencial para fomentar transparencia y confianza, y propone mejoras específicas.

El análisis se fundamenta en documentos y anuncios relacionados con el protocolo firmado el 8 de agosto de 2025, destacando que, aunque el proyecto es reciente, no se evidencian mecanismos explícitos de participación civil en su diseño o ejecución inicial.

**Estado Actual de la Participación de la Sociedad Civil.

*Entidades Involucradas y Ausencia de Menciones Explícitas.

-El protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET es un acuerdo colaborativo entre instituciones públicas (Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación de Córdoba) y el sector empresarial (representado por la Confederación de Empresarios de Córdoba – CECO).

-No se menciona la inclusión directa de organizaciones de la sociedad civil (OSC), como asociaciones vecinales, sindicatos independientes, ONGs educativas, asociaciones o grupos ciudadanos, en la firma o en el diseño del proyecto.

-El enfoque se centra en alinear la formación con las necesidades del tejido productivo local, priorizando el diálogo con empresas para identificar demandas laborales. Aunque se resalta un “diálogo constante con el tejido productivo local” para diseñar políticas públicas, esto se limita al ámbito económico y no extiende explícitamente a la ciudadanía en general. No hay referencias a comités ciudadanos, consultas públicas o mecanismos de rendición de cuentas específicos para este proyecto.

*Oportunidades Indirectas de Participación.

A pesar de la falta de mecanismos directos, existen vías indirectas para que la sociedad civil cordobesa se involucre:

-Acceso a la Formación: El proyecto beneficiará a aproximadamente 7.000 personas, priorizando desempleados (aunque también accesible a ocupados).

Cualquier ciudadano cordobés en situación de desempleo puede inscribirse en los cursos a través de la web de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía.

Los listados de acciones formativas se publican en https://lajunta.es/5qlhc, lo que permite un acceso público y transparente a la información.

Esto representa una forma de participación pasiva, donde individuos contribuyen al desarrollo económico al capacitarse y potencialmente integrarse al mercado laboral generado por la BLET.

-Marcos Generales de Participación Ciudadana: La Junta de Andalucía cuenta con un portal dedicado a Transparencia y Participación Ciudadana, que incluye datos sobre planificación, empleo público y programas anuales. Además, la Diputación de Córdoba tiene una Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, que podría servir como canal para consultas relacionadas.

En un contexto más amplio, Córdoba ha lanzado su segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto en marzo de 2025, enfocado en generar más datos, transparencia y participación ciudadana para estar “más cerca de la gente”.

Aunque no vinculado directamente al BLET, este plan podría extenderse para incluir iniciativas como encuestas o foros sobre el proyecto.

Estas oportunidades indirectas permiten una involucración limitada, principalmente como beneficiarios de la formación, pero no en roles activos como la codiseño o supervisión.

**Análisis Crítico: Impacto en Transparencia y Confianza Ciudadana.

*Fortalezas

La publicación abierta de listados formativos y procesos de inscripción fomenta un nivel básico de transparencia, alineado con los principios de gobierno abierto de la Junta y el Ayuntamiento.

Esto puede generar confianza al demostrar que el proyecto es accesible y orientado al empleo local, contribuyendo a la percepción de que las instituciones responden a necesidades reales de la ciudadanía.

*Debilidades.

La ausencia de mecanismos explícitos de participación civil representa una limitación significativa.

Sin inclusión de OSC, el proyecto podría percibirse como elitista o centrado en intereses institucionales y empresariales, erosionando la confianza ciudadana.

No se detallan herramientas como audiencias públicas, encuestas o comités mixtos, lo que contrasta con marcos generales de participación en Andalucía (e.g., el portal de transparencia).

Esto podría generar críticas por falta de inclusividad, especialmente en un proyecto de impacto provincial como la BLET, que afecta empleo, economía y desarrollo urbano.

En términos de transparencia, aunque hay publicación de información, faltan indicadores de impacto (e.g., tasas de inserción laboral) o reportes periódicos, lo que reduce la accountability (habilidad de asumir la responsabilidad plena de nuestras acciones, decisiones y resultados).

**Propuestas para Mejorar la Participación y Transparencia.

Para fortalecer la confianza ciudadana y hacer el proyecto más inclusivo, se recomiendan las siguientes acciones, integrables al protocolo sin alterar su esencia:

1.- Creación de un Comité Consultivo Mixto: Incluir representantes de OSC cordobesas (e.g., asociaciones de desempleados, sindicatos educativos o grupos ambientales) en un comité asesor.

Este podría revisar semestralmente el Estudio de Necesidades Formativas y proponer ajustes, asegurando que la formación responda también a prioridades sociales.

2.- Consultas Públicas y Foros Ciudadanos: Organizar sesiones abiertas o encuestas en línea a través del portal de Participación Ciudadana de la Diputación o la Junta, para recopilar feedback sobre perfiles formativos.

Esto podría alinearse con el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Córdoba, promoviendo “mayor transparencia y participación ciudadana”.

3.- Mecanismos de Transparencia Específicos: Publicar informes anuales detallados sobre avances, presupuesto y resultados (e.g., en el portal de transparencia de la Junta), incluyendo métricas como tasas de empleabilidad.

Habilitar un canal de denuncias o sugerencias anónimas para fomentar confianza.

4.- Inclusión en Programas Existentes: Integrar el BLET en iniciativas de participación ciudadana de la Diputación, como programas de cooperación al desarrollo, para atraer a OSC locales y extender el impacto social.

5.- Campañas de Difusión: Lanzar campañas en redes sociales y medios locales para invitar a la ciudadanía a inscribirse no solo como alumnos, sino como voluntarios en talleres o eventos relacionados, fomentando un sentido de propiedad comunitaria.

Estas propuestas, si se adoptan, transformarían el proyecto en un modelo de gobernanza inclusiva, alineado con principios democráticos y potenciando la legitimidad de las instituciones públicas en Córdoba.

N.B. En este Comentarios al Protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET se ha puesto de manifiesto la participación de la Sociedad Civil Cordobesa en el Proyecto Formativo Singular BLET, formulando propuestas para mejorar la Participación y Transparencia, y, así, fortalecer la confianza ciudadana y hacer el proyecto más inclusivo, recomendando acciones, integrables al protocolo sin alterar su esencia.

Córdoba, a 11 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Enchufados PSOE sin titulación (Faffe)- Junta Andalucía – Despedidos – Políticos con Curriculums falseados (La Vara de Medir)

Según leo en Libertad Digital un artículo de Paco Cobos – 30/7/2025 – 15:02:

 << “La Junta de Andalucía prepara el despido de los enchufados del PSOE que han trabajado 14 años sin titulación, aunque la Junta de Andalucía había cedido a la presión sindical manteniendo a 23 empleados sin méritos para el puesto, pero encargó un informe judicial que le ha dado la razón”.

“La Junta de Andalucía ha iniciado finalmente los trámites para despedir a los empleados que el Gobierno regional socialista enchufó en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),personas afines al PSOE y familiares de sus dirigentes sin tener la titulación necesaria para ejercer el cargo ni pasar el proceso de selección”.

“Estos han permanecido en su puesto de trabajo incluso después de la extinción de la Faffe, que se dio en 2011, cuando los empleados investigados por haber sido enchufados pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde han trabajado los últimos 14 años”.

“Los 23 empleados corresponden a 12 administrativos y 11 técnicos, que verán extinguido su contratodespués de que los letrados de la Junta de Andalucía hayan determinado, que estas personas no pueden continuar a sueldo del erario público andaluz por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) emitida por la Consejería de Empleo. Una decisión que ha avalado el Consejo Consultivo de Andalucía”.>>

La Vara de Medir.

Cito el anterior artículo, porque en Andalucía hay políticos del P. P., partido que gobierna la Junta de Andalucía por mayoría absoluta, que han falseado sus curriculums públicos (como se puede comprobar en Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas y Entes Públicos), apuntándose méritos  académicos inexistentes.

La reciente controversia en torno a la falsificación del currículum de una diputada del P.P. ha encendido un debate necesario sobre la relación entre mérito académico, integridad personal y legitimidad institucional. Desgraciadamente, no se trata únicamente de un caso aislado de vanidad o ambición desmedida, se trata, se quiera ver o no, de un agravio o insulto  al pactosocial implícito que otorga valor al esfuerzo, a la formación rigurosa y a la acreditación profesional como pilares de la vida pública.

A la vista de lo dicho, el Partido Popular debería revisar con urgencia si en los curriculums de sus cargos públicos en Andalucía existen casos de méritos académicos falseados, y, si es cierto, “que se han apuntado en sus curriculums  publicitados en las Instituciones o Empresas que gobiernan méritos académicos falsos por acción u omisión por alguno de ellos”, obrar con urgencia en el saneamiento de la vida pública andaluza, obligando a los falsarios a abandonar sus cargos públicos a los que han llegado atribuyéndose méritos académicos falsos.

La confianza de los ciudadanos que pagan sus impuestos, no permite, que los cargos públicos sean del partido que sea, mientan públicamente, apuntándose méritos académicos que no les pertenecen, pues si engañan o mienten por eso, es claro suponer, que mentirán también cuando les interese personalmente en el ejercicio de sus cargos indebidamente conseguidos.

La vara de medir no puede ser doble y servir solo en una dirección, la ejemplaridad de los cargos públicos exige la igualdad de todos los representantes de los ciudadanos, ya que, cuando fueron votados lo fueron por la confianza de los ciudadanos en ellos, de forma, que si mienten deben ser apartados de los cargos públicos que han usurpado con engaño.

Solo es posible una cosa, concretamente, aplicar a todos los casos la misma vara de medir.

N.B. Los Enchufados PSOE sin titulación van a ser despedidos por la Junta de Andalucía, de manera, que ahora solo cabe esperar, que el P. P. aplique la misma norma con los cargos políticos con curriculums falseados de su partido, ya que, la Vara de Medir debe ser la misma ante la mentira y el engaño para devolver a la sociedad civil la confianza en las Instituciones Públicas.

Los políticos con currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P. en Andalucía, siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir gobernando si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política ante la falta de ética y honestidad es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 4 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Políticos – Currículums falsificados – la Vara de medir (Ética – confianza pública – credibilidad instituciones)

**Planteamiento.

Con el caso Noelia Núñez (P.P.), que ha dimitido de todos cargos institucionales y de partido, tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer, se ha abierto la caja de los truenos para todos los políticos, que de una u otra forma, han falsificado sus títulos cayendo en la mentira por acción o por omisión, es decir, no diciendo la verdad y faltando a la ética.

El problema está en que no son unos poco sino muchos de todos los partidos y a todos sus niveles, de manera, que expondremos dos ejemplos  de engaño en sus titulaciones por omisión, es decir, por falta de una elemental ética, que los inhabilita para desarrollar los cargos que ocupan, al haber incurrido en engaño manifiesto, así:

*Primer caso: Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, que en su CV colgado en la web de la Diputación, dice en su Formación Académica. “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba”.

(Nota. Dice que tiene “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba” y que actualmente es Presidente de la Diputación de Córdoba, pero, concretamente, no dice que estudios de derecho tiene en la Universidad de Córdoba.

La información disponible sobre Salvador Fuentes Lopera indica que estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, pero no se especifica el nivel exacto de sus estudios, es decir, si completó una Licenciatura en Derecho, un Grado en Derecho, que cursos de la licenciatura superó o si sus estudios fueron parciales sin culminar en un título.

Dado que no hay datos precisos sobre la titulación, no se puede confirmar si completó el programa completo de Derecho o si se trata de estudios no finalizados.

La solución es que el Sr. Fuentes Lopera lo explique claramente y si ha mentido por acción u omisión, su compañera Noelia Núñez le ha enseñado el camino correcto que manda la ética y la ejemplaridad.

*Segundo caso: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma en su currículum de la Cámara Baja que “estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”.

Sin embargo, pese a que con esa afirmación en su ficha parlamentaria López da a entender que finalizó sus estudios, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura.

Con los dos casos expuestos no es necesario dar más explicaciones, pues está claro, que exhibir méritos falsos académicos no solo es un engaño personal, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes sean transparentes y honestos, y, mi opinión es que estas prácticas son inaceptables, ya que, socavan la credibilidad de las instituciones y refuerzan la percepción de que los políticos actúan con impunidad.

**El problema.

El tema de los currículums falsificados por parte de políticos españoles, con licenciaturas, másteres o méritos inventados, es un problema ético y de confianza pública que merece una reflexión crítica.

Este fenómeno no es exclusivo de un partido o ideología, como muestran numerosos casos documentados a lo largo de los años.

Por ejemplo, se han señalado irregularidades en los currículums de figuras como Cristina Cifuentes, con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos obtenido de forma irregular, o Noelia Núñez, quien recientemente dimitió tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer. Otros casos incluyen a políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, etc.  quienes han enfrentado acusaciones de inflar o falsear sus credenciales académicas o profesionales.

Estos ejemplos, entre muchos otros, reflejan una práctica extendida que trasciende colores políticos.

**El problema radica en varios puntos:

-Falta de consecuencias claras: Aunque algunos políticos han dimitido (como Núñez o Cifuentes), otros han mantenido sus cargos a pesar de las evidencias, lo que alimenta la percepción de que estas falsificaciones no tienen un impacto real en sus carreras. Por ejemplo, casos como el de Pablo Casado, donde no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal, muestran que las consecuencias legales suelen ser limitadas.

-Cultura de la apariencia: En política, el currículum se usa a menudo como una herramienta de marketing más que como un reflejo fiel de la preparación. La presión por destacar lleva a algunos a adornar sus méritos, lo cual es especialmente grave cuando se trata de cargos públicos que requieren confianza y competencia.

-Falta de verificación: La ausencia de un sistema riguroso para validar los méritos de los candidatos permite que estas falsificaciones pasen desapercibidas hasta que el periodismo o la oposición las destapan. Esto pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas, como exigir documentación oficial para los currículums públicos, una propuesta que ha ganado fuerza pero no se ha implementado de forma efectiva.

-Impacto en la confianza pública: Cada escándalo erosiona la fe en el sistema político. Los ciudadanos ven estas falsificaciones como un reflejo de una clase política desconectada, que prioriza el poder y la imagen sobre la honestidad. Esto puede alimentar el desencanto y la apatía electoral.

**En resumen, los CV falsos son un síntoma de un problema más profundo:

“La falta de transparencia y rendición de cuentas en la política”.

La solución pasa por establecer mecanismos de verificación estrictos, sanciones claras para quienes mientan y, sobre todo, una cultura política que valore la integridad por encima de la imagen. Mientras tanto, el papel del periodismo independiente y de una ciudadanía vigilante es crucial para mantener la presión y exigir responsabilidad.

**Conclusión. Solo puede ser una, concretamente, que la misma vara de medir se aplique por los partidos en todos los casos por igual en busca de la transparencia y de la ejemplaridad.

La portavoz del P. P. en el Congreso, Ester Muñoz, se ha centrado en su homólogo del PSOE y subrayando que estamos deseosos de que Patxi López, el ingeniero, Portavoz del PSOE dé ejemplo y nos muestre el título que acredita que -estudió ingeniería- cómo dice su perfil de diputado en el Congreso, añadiendo, que si no puede acreditarlo esperamos su dimisión por mentir.

Toda la sociedad civil pide “la misma vara de medir”, de manera que la Portavoz del P. P. debe empezar por limpiar su casa.

N.B. Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P., siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 25 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

  • Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
    En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.
  • Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
    Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.
  • Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

  • Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
  • Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
  • Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas  en el contexto actual, incluyen:

  • Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.
  • Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
  • Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
  • Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos  y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

España no funciona – Verdad o mentira (Servicios Públicos – Gasto Público)

Un grupo amplio de lectores me pregunta ¿si es verdad o mentira que España no funciona?

Antes de comenzar con una explicación de mi opinión, estableceré una cuestiones elementales para que pueda explicar lo que me preguntan, así:

-Existe una sensación generalizada entre los españoles de que España no funciona.

-La confianza de los españoles en las instituciones públicas ha disminuido en los últimos años por múltiples causas, así, casos de corrupción, politización de la justicia y una percepción de falta de ejemplaridad en los líderes políticos.

– La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia.

– Parece que se ha aceptado por una población adormecida, que todos encerrados y aplaudiendo es una cosa maravillosa, lo que es la prueba de que parece que las supuestas víctimas no son personas sometidas, sino cómplices cautivos voluntarios de los que niegan nuestras libertades más elementales. Es decir, ocurre, que parece que a todos los ciudadanos mayoritariamente les da igual y donde una sociedad civil mayoritaria parece disfrutar, por ejemplo, “de los apagones”, aplaudiendo desde los balcones.

Dicho lo anterior, examinaré algunos supuestos claves para explicar a mis lectores, lo que me preguntan si ánimo cerrado ni excluyente, así:

1º.- Estado de la libertad en España.

La realidad al día de hoy es, que parece, que en España la sociedad civil y sus ciudadanos están perdiendo la libertad, pero curiosamente a la mayoría les gusta y lo celebran de fiesta en fiesta, de forma,  que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, las libertades y derechos fundamentales de los españoles, y, aquí reside el verdadero problema, porque ya la mayoría no son víctimas, sino cómplices pasivos de un poder autocrático minoritario, que poco a poco se está apoderando de todo y de todos, mientras esa mayoría pervive en un bosque de botellones festivos.

2.- Respeto a la Ley.

Aquí, seguramente, reside unos de los mayores problemas de España en la actualidad, ya que, si observamos la realidad diaria vemos en todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y en todos sus niveles el respeto a ley ha entrado en un bucle, que le lleva sin pausa a la desaparición.

3.- Separación de Poderes.

La separación de poderes en España está congelada y en situación de stand by (en espera), lo que implica que ya no funciona tal como establece nuestra C. E. dejando nuestras libertades en el aire.

4.- Justicia.

Es un hecho, que la justicia no funciona si adoptamos cualquier estándar serio de control de la nuestra, de forma, que en el último Cuadro de Indicadores de Justicia que elabora la Comisión Europea, España es uno de los países donde más se prolonga la resolución en primera instancia de pleitos civiles, sociales, mercantiles y administrativos, con una duración media de más de un año, únicamente superada por Francia, Italia, Malta, Grecia, Chipre y Portugal.

5.- Economía.

Puede ser verdad, que España es la economía grande de la UE que más crece, pero lo hace en cantidad, no en calidad, con apoyo casi total al sector servicios.

6.- Paro y Empleo.

Mirar a nuestra tasa de paro, a la calidad del empleo y a la productividad, deteniéndonos un poco en los jóvenes, las mujeres y los mayores.

7.- Dinero Público.

El Poder Ejecutivo maneja más dinero que nunca, pero los servicios públicos están en retroceso.

8.- Gasto Público.

Nadie sabe realmente a donde va un gasto público descontrolado,  donde cada vez hay menos inversiones y mayor gasto improductivo.

Conclusión. Creo, en base a todo lo expuesto, que España funciona, pero se ha iniciado un proceso que nos lleva a la ruina, aunque parece que la sociedad civil, los españoles, hemos adoptado la postura de que la democracia se defiende sola, de forma, que mientras tanto solo hay que aguantar y vivir la vida.

A los que me preguntan les digo, que miren a su alrededor y examinen todos los servicios públicos que se pagan con nuestros impuestos, de manera, que vean si esos servicios funcionan mejor o peor, aunque en mi opinión en España algo está fuera de su sitio y que funciona, pero cuesta abajo y sin frenos.

N.B.  Se dice que España no funciona, pero la verdad y/o la mentira están en el funcionamiento de los servicios públicos, de manera que a los que me preguntan les digo que lo que ven es lo que hay.

Basta por ahora observar la realidad diaria por comprender, así:

a).- Se produce un apagón total y durante demasiado tiempo, de manera, que todos aislados y con velas, y, como consecuencia, los ciudadanos lo celebran con cantos bailes y botellones.

b).- Existe un poder ejecutivo autocrático, sometido a un líder político que nadie sabe por dónde va y ni a dónde quiere ir, y, a la mayoría de la gente parece que le da igual.

c).- Tenemos un poder judicial dividido y diluido en la nada e incapaz de adoptar decisiones tan elementales como las presidencias de las salas del T. S., y, dónde las ideologías incapaces de llegar a acuerdos hacen inoperante el CGPJ, y, es al parecer aceptado sin que nadie se subleve.

Parece que vamos de apagón en apagón en una fiesta continua de vino y rosas, donde los ciudadanos victimas parecen esclavos  cómplices de una minoría autocrática y abusona en todos los niveles del poder.

Es un hecho que nuestra democracia está en serio peligro.

Córdoba, a 8 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.