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Córdoba Activa: Políticas contra el pasotismo político.

El pasotismo político en Córdoba y su provincia, alimentado por la desconfianza en las instituciones, la despoblación y la apatía juvenil, requiere medidas urgentes para revitalizar la participación ciudadana.

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), proponemos políticas prácticas y adaptadas al contexto cordobés para combatir este problema, fomentando la inclusión, la transparencia y el orgullo cultural.

1.- Asociaciones ciudadanas y plataformas digitales.

Crear consejos ciudadanos en los 75 municipios de Córdoba, especialmente en áreas rurales, para debatir problemas como transporte, sanidad o empleo.

Complementarlos con una plataforma digital, inspirada en Decide Madrid, para consultas públicas y propuestas ciudadanas.

Financiada por el Ayuntamiento, la Diputación y fondos europeos, estará gestionada por asociaciones civiles.

Impacto: Aumentar la participación electoral un 10-15% en 3-5 años.

2.- Educación cívica en escuelas y universidades.

Implementar programas obligatorios de educación cívica en secundarias y talleres en la Universidad de Córdoba sobre liderazgo y activismo.

Incluir simulaciones de procesos democráticos y campañas en redes sociales con figuras locales.

Impacto: Reducir la abstención juvenil (40% en municipales) y aumentar un 20% la afiliación a asociaciones en 5 años.

3.- Incentivos para jóvenes.

Lanzar un programa para jóvenes (18-35 años) con incentivos como becas o descuentos culturales por participar en consejos ciudadanos o debates. Promocionarlo en la UCO y eventos como la Feria de Córdoba.

Impacto: Incrementar la participación juvenil un 25% en 3 años.

4. Transparencia  municipal.

Crear un portal de datos abiertos con informes periódicos sobre presupuestos y proyectos, gestionado por asociaciones civiles.

Incluir un sistema de quejas con respuestas en 30 días y sesiones públicas con alcaldes. Impacto: Aumentar la confianza en instituciones un 15% en 3 años.

5.-Promoción de la identidad cordobesa.

Lanzar la campaña “Córdoba de todos, participa”, vinculando el patrimonio (Mezquita, Medina Azahara) con la acción política. Incluir foros ciudadanos en espacios emblemáticos.

Impacto: Aumentar un 20% la participación en eventos cívicos en 2 años.

6.- Mejora de servicios y empleo.

Fortalecer la sanidad rural, el transporte y el empleo en sectores como agricultura ecológica o turismo sostenible. Publicar avances vinculados a la participación ciudadana.

Impacto: Reducir la percepción de ineficacia política y aumentar la participación en áreas rurales.

7.- Foros contra la despoblación.

Organizar foros intermunicipales anuales para abordar la despoblación, con propuestas ciudadanas como incentivos fiscales para empresas rurales.

Impacto: Frenar la pérdida de población y fomentar la colaboración municipal.

8.- Justificación y viabilidad.

Estas medidas, financiables con fondos europeos (Next Generation EU), aprovechan el potencial cultural y económico de Córdoba (turismo, agricultura) y abordan preocupaciones clave (sanidad, empleo, despoblación).

Combinan digitalización, educación y acción práctica para involucrar a jóvenes y comunidades rurales.

N.B. Desde ACOA, instamos a los cordobeses a sumarse activamente a consejos ciudadanos y asociaciones para regenerar la democracia local.

Con estas políticas, Córdoba puede superar el pasotismo, fortalecer la confianza en sus instituciones y construir una comunidad más unida y participativa.

Córdoba, 3 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Presidente de Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

II. Imposición fiscal en Córdoba Capital (La emboscada)

El Ayuntamiento de Córdoba presume de la reducción de la presión fiscal desde 2019, con un enfoque en aliviar la carga para ciudadanos, autónomos y empresas. Sin embargo, una mayoría de ciudadanos ha denunciado, que estas reducciones son injustas, porque no benefician a la mayoría de los cordobeses sino principalmente a determinados contribuyentes, abogando por una fiscalidad más equitativa y proporcional.  

<<Análisis Crítico >>

<<Bajadas de Impuestos vs. Subidas de Tasas en Córdoba>>

1.- Contexto y Marco General.

El Ayuntamiento de Córdoba, liderado por el Partido Popular (PP) bajo el mandato del alcalde José María Bellido, ha promovido desde 2019 una política de reducción fiscal progresiva, a su manera y criterio, defendiendo siete bajadas consecutivas de impuestos municipales hasta 2026. Estas reducciones afectan a tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), especialmente, rústico, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Según la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, estas medidas han supuesto un alivio fiscal acumulado de aproximadamente 733.568 euros solo en 2025, con descensos significativos como el 15,36% en el ICIO y el 13,93% en el IBI rústico desde 2019.

Sin embargo, esta estrategia contrasta con incrementos sustanciales en las tasas por servicios públicos, gestionados por empresas municipales como EMACSA (agua) y SADECO (recogida de basura).

Las tasas han experimentado subidas notables: – Agua (EMACSA): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, acumulando una subida significativa en dos años. – Recogida de basura (SADECO): Aumento del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que representa una carga fiscal considerable para los hogares.

Estas subidas han generado inquietud y desconfianza en los ciudadanos, que perciben las políticas fiscales del Gobierno del P. P. como una <trampa> para los cordobeses, ya que, las reducciones de impuestos benefician principalmente a grandes contribuyentes, mientras que las subidas de tasas afectan de manera regresiva a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

2.- Análisis Detallado de las Bajadas de Impuestos.

Las reducciones fiscales aprobadas tienen un impacto limitado para la mayoría de los ciudadanos, lo que refuerza la percepción de una estrategia fiscal desigual:

**Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): -Reducción: Bajada del 2% en el IBI urbano para 2026, acumulando un 5,79% desde 2019. El IBI rústico acumula un descenso del 13,93%. -Impacto: Aunque beneficia a todos los propietarios de inmuebles, el ahorro medio por hogar es modesto (estimado en 2-5 euros anuales para una vivienda estándar, según cálculos de la oposición). Los mayores beneficiarios son propietarios de inmuebles con valores catastrales altos, como grandes empresas o propietarios de segundas residencias. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten en sus bolsillos, que la reducción del IBI (rústico) no compensa el aumento de tasas como la del agua o la basura, que tienen un impacto mucho mayor en los hogares de renta baja o media.

**Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): -Reducción: Descenso del 1% en los coeficientes de situación para 2026, acumulando un 5% desde 2019. -Impacto: Solo afecta a empresas y autónomos con facturación superior a 1 millón de euros, excluyendo a la mayoría de pequeños negocios y autónomos. Esto beneficia principalmente a grandes empresas, lo que refuerza la percepción de una política fiscal favorable a los sectores más pudientes. *Críticas: La ciudadanía denuncia que el IAE no alivia la presión fiscal sobre los pequeños empresarios, que enfrentan mayores costes operativos debido a las tasas de servicios.

**Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): -Reducción: Bajada del 2% en 2025, acumulando un 13,21% desde 2019. -Impacto: El ahorro medio es pequeño (entre 2 y 10 euros anuales por vehículo, dependiendo de la potencia fiscal). Aunque beneficia a todos los propietarios de vehículos, no compensa los incrementos en tasas de servicios esenciales. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten que el IVTM es un impuesto regresivo, ya que el ahorro es igual para todos los vehículos independientemente de su valor, lo que no favorece a los hogares con menos recursos.

**Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): -Reducción: Descenso del 2% en 2025, acumulando un 15,36% desde 2019, con una nueva bonificación del 50% para puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2026. -Impacto: Beneficia principalmente a promotores inmobiliarios, constructoras y propietarios que realizan reformas importantes. La bonificación para puntos de recarga es positiva para la transición energética, pero su alcance es limitado, ya que pocos ciudadanos invierten en este tipo de instalaciones. *Críticas: Es un hecho que la medida se percibe por los ciudadanos como elitista, ya que, no impacta a la mayoría de la población, que no realiza obras de gran envergadura.

**Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): -Reducción: Descenso acumulado del 8,27% desde 2019, con una bonificación del 95% para transmisiones por herencia. -Impacto: La bonificación por herencias beneficia a un número significativo de familias, pero el impacto de la reducción general es limitado, ya que solo aplica en casos de transmisiones con incremento de valor. *Críticas: Aunque la bonificación por herencias es bien recibida por los cordobeses, se echan de menos medidas adicionales para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad económica y una reducción real del impuesto de plusvalías.

**Tasa de veladores: -Reducción: Descenso del 25% para 2026, acumulando un 20% desde 2019. -Impacto: Beneficia principalmente al sector hostelero (bares y restaurantes con terrazas), pero no tiene un impacto directo en los ciudadanos comunes. *Críticas: Los cordobeses señalan que esta medida favorece solo a un sector específico, mientras las tasas de servicios esenciales, que afectan a toda la población, han aumentado significativamente.

3.- Subidas de Tasas por Servicios Públicos: Una Carga Regresiva.

Las subidas de tasas por servicios públicos, especialmente en agua y recogida de basura, han generado un fuerte malestar entre los ciudadanos y han sido calificadas como una <trampa> por varios motivos.

**Agua (EMACSA): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, lo que supone un aumento acumulado de aproximadamente el 15% en dos años. -Impacto: El recibo medio del agua para un hogar estándar (4 personas, consumo de 12 m³ al mes) ha pasado de unos 20-25 euros mensuales en 2023 a cerca de 28-32 euros en 2025, según estimaciones basadas en las tarifas de EMACSA. Esto representa un incremento de 70-100 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: La tasa del agua es fija y no varía en función de la renta, lo que afecta proporcionalmente más a los hogares de bajos ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a servicios esenciales.

**Recogida de basura (SADECO): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que acumula un aumento de aproximadamente el 49,5% en dos años. -Impacto: El recibo medio de la basura para un hogar ha pasado de unos 50-60 euros anuales en 2023 a cerca de 80-90 euros en 2025, según cálculos de la oposición y asociaciones de consumidores. Esto supone un incremento de 30-40 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: Al igual que la tasa del agua, la tasa de basura no tiene en cuenta la capacidad económica de los hogares, afectando más a las familias vulnerables.

**Percepción de “trampa”: *La combinación de bajadas modestas en impuestos (que generan ahorros de 2-10 euros anuales por hogar en el IBI o IVTM) con subidas significativas en tasas (que incrementan los recibos en 100-140 euros anuales por hogar) crea la percepción de que el Ayuntamiento está trasladando la carga fiscal de los impuestos a las tasas. *Las tasas por servicios públicos son obligatorias y afectan a todos los hogares, independientemente de su situación económica, mientras que las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería.

*Es un hecho, que los cordobeses ven que estas subidas son una forma de compensar la pérdida de ingresos por las reducciones fiscales, lo que contradice la narrativa del gobierno local de -alivio fiscal por bajada real de impuestos y gravámenes-.

(Nota: La única verdad es que recaudación tributaria se ha duplicado en una década en Córdoba y llega a 572 millones, de forma, que la pretendida bajada de impuestos del P. P. es una entelequia.).

4.- Críticas de la Ciudadanía.

Los ciudadanos critican la política fiscal del Ayuntamiento del P. P., así:

**Falta de progresividad: Las reducciones fiscales, como las del IBI o el IAE, benefician desproporcionadamente a los contribuyentes con mayores recursos (propietarios de inmuebles de alto valor o grandes empresas), mientras que las subidas de tasas afectan a todos por igual, incluyendo a familias de bajos ingresos. Los ciudadanos echan de menos medidas como bonificaciones adicionales en tasas para familias numerosas, personas en desempleo o mayores con pensiones bajas, pero estas no han sido aprobadas.

**Opacidad y comunicación: El gobierno local ha destacado las bajadas de impuestos como un logro político, pero no ha comunicado de manera transparente el impacto de las subidas de tasas. Esto ha generado desconfianza entre los ciudadanos, que perciben que los ahorros publicitados son insignificantes frente al aumento de los recibos de agua y basura. La percepción de los ciudadanos cordobeses es que han recibido con las subidas de tasas una <puñalada fiscal>, especialmente, tras la aprobación de incrementos del 35% en la basura en 2024.

5.- Implicaciones Políticas y Sociales.

**Descontento ciudadano: Las subidas de tasas han generado protestas y movilizaciones, especialmente entre asociaciones y colectivos vulnerables. En 2024, el Consejo del Movimiento Ciudadano organizó concentraciones para exigir la congelación de las tasas de agua y basura, sin éxito. La percepción de una <<trampa> fiscal ha erosionado la confianza en el gobierno local, especialmente entre los sectores de renta baja y media, que no perciben los beneficios de las reducciones fiscales.

**Impacto en la equidad: -La política fiscal actual refuerza las desigualdades, ya que, las tasas por servicios públicos son regresivas y afectan más a los hogares con menos recursos. Por ejemplo, un hogar con ingresos bajos destina un porcentaje mucho mayor de su renta a pagar el agua y la basura que un hogar de renta alta. -La falta de bonificaciones específicas para colectivos vulnerables en las tasas de servicios públicos agrava esta situación.

6.- Motivaciones y Estrategia del Ayuntamiento.

El contraste entre las bajadas de impuestos y las subidas de tasas podría responder a varias motivaciones:

**Estrategia política: – Las reducciones fiscales permiten al PP presentarse como un partido que “baja impuestos”, un mensaje atractivo para su base electoral y para sectores empresariales. Sin embargo, al compensar estas reducciones con subidas de tasas, el Ayuntamiento mantiene sus ingresos sin necesidad de recortar servicios esenciales. La narrativa de <alivio fiscal> puede ser utilizada como una herramienta de comunicación para contrarrestar las críticas por las subidas de tasas.

**Presión financiera: Las empresas municipales como EMACSA y SADECO enfrentan costes operativos crecientes debido a la inflación, el aumento de los precios de la energía y las exigencias de normativas europeas (p. ej., en materia de reciclaje y tratamiento de residuos). Las subidas de tasas podrían ser una respuesta a estas presiones, aunque el gobierno local no ha proporcionado un desglose detallado de los costes que justifiquen incrementos tan elevados. La reducción de impuestos, por otro lado, podría estar destinada a estimular la economía local y atraer inversiones, especialmente en sectores como la construcción y la hostelería.

7.- Implicaciones a Largo Plazo.

**Sostenibilidad financiera: La estrategia de bajar impuestos mientras se suben tasas podría ser insostenible si los ingresos municipales no cubren los costes de los servicios públicos. Un déficit en empresas como EMACSA o SADECO podría requerir rescates financieros o recortes en otros servicios. Es un hecho, que las reducciones fiscales podrían estar diseñadas para beneficiar a sectores específicos a corto plazo, sin una visión clara de cómo financiar las necesidades municipales a largo plazo.

**Confianza ciudadana: La percepción de una <trampa> fiscal podría dañar la credibilidad del gobierno local, especialmente si los ciudadanos no ven mejoras tangibles en los servicios públicos que justifiquen las subidas de tasas. La falta de medidas específicas para proteger a los colectivos vulnerables podría aumentar el descontento social y alimentar movilizaciones ciudadanas.

**Equidad y justicia fiscal: Para mejorar la progresividad fiscal, el Ayuntamiento podría considerar bonificaciones escalonadas en las tasas de agua y basura basadas en la renta, similares a las existentes para el IBI en el caso de familias numerosas. – Una comunicación más transparente sobre los motivos de las subidas de tasas y los beneficios de las reducciones fiscales podría mitigar la percepción de trampa.

8.- Conclusión.

La política fiscal del Ayuntamiento de Córdoba presenta una contradicción significativa: mientras que las bajadas de impuestos (IBI, IVTM, IAE, ICIO, IIVTNU) se publicitan como un alivio fiscal, las subidas de tasas por servicios públicos (agua y basura) han generado una carga mucho mayor para la mayoría de los ciudadanos.

Las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios de inmuebles de alto valor, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería, mientras que las tasas, al ser regresivas, afectan de manera desproporcionada a los hogares de bajos y medios ingresos.

Esta dinámica refuerza la percepción de una <<trampa>> fiscal, ya que, los ahorros de los impuestos (2-10 euros anuales por hogar) son insignificantes frente a los incrementos de tasas (100-140 euros anuales por hogar).

N.B. Imposición fiscal en Córdoba Capital se asemeja a una emboscada ciudadana.

Los cordobeses perciben falta de progresividad, la opacidad en la comunicación y el impacto desigual de las medidas impositivas del Ayuntamiento.

Córdoba, a 30 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

Comentarios (IV) – Repercusiones Negativas del Falseamiento del Currículum del Presidente de la Diputación de Córdoba en el Proyecto BLET.

Se evalúan las consecuencias del presunto falseamiento del currículum de Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, en el Proyecto de la BLET, quien tiene declarado como Presidente de la Diputación de Córdoba y como Concejal del Ayuntamiento “estudios de Derecho”, como datos académicos, sin especificar si cuenta con la licenciatura de derecho o del grado equivalente, a pesar de la ética exigida por su partido P.P. (Ver las declaraciones de la Portavoz del Congreso del P. P. Ester Muñoz sobre Patxi López portavoz del PSOE sobre sus “estudios de ingeniería industrial” en la Universidad del País Vaco).

Este hecho compromete la integridad del Proyecto Formativo Singular BLET, firmado el 8 de agosto de 2025, y, afecta la credibilidad institucional en múltiples dimensiones.

**Repercusiones:

  1. Legales.
    1. Presunta Falsedad Documental: Según el artículo 390 del Código Penal, falsear datos por omisión en un CV oficial podría conllevar la comisión de un delito, agravado por el cargo público.
    1. Sanciones Administrativas: La Ley 40/2015 exige veracidad, pudiendo derivar en inhabilitación o destitución.
    1. Demandas Civiles: Asociaciones o partidos podrían exigir indemnizaciones por daño a la confianza pública.
      A futuro, la digitalización facilitará la detección de fraudes, aumentando riesgos legales.
  2. Políticas.
    1. Pérdida de Legitimidad: Erosiona la confianza en Fuentes y el PP, generando divisiones internas y posibles dimisiones.
    1. Oposición: Partidos como PSOE o IU podrían usar el caso en campañas, afectando la gestión del BLET (9,1 millones de euros).
    1. Impacto Electoral: En 2027, el PP podría perder un 5-10% de apoyo. En el futuro, la IA en campañas amplificará estas crisis.
  3. Institucionales.
    1. Daño al BLET: La falta de integridad podría reducir inscripciones (de 7.000 proyectadas) y cuestionar la calidad formativa.
    1. Fondos y Colaboraciones: Auditorías de la Junta o la UE podrían retrasar o cancelar financiaciones.
    1. Eficiencia Interna: La desmotivación podría aumentar la rotación de empleados en un 15-20%.

A futuro, plataformas de verificación automática podrían prevenir fraudes, pero a corto plazo agravan la desconfianza.

  • Sociales y Mediáticas.
    • Indignación Pública: Protestas de asociaciones civiles y críticas a la “élite desconectada”.
    • Medios: Cobertura negativa, viral en redes, podría reducir la participación en el BLET un 20-30%.

En el futuro, la IA en redes podría intensificar “cancelaciones” públicas, polarizando la opinión.

  • Personales.
    • Daño Reputacional: Posible renuncia y limitaciones en futuras candidaturas.
    • Salud: Mayor riesgo de estrés y burnout – síndrome del quemado (40% más probable).
    • Red Social: Aislamiento por exposición mediática.

En el futuro, herramientas de rehabilitación digital podrían mitigar daños, pero requieren admisión pública.

**Propuestas Innovadoras:

  1. Auditoría Digital: Plataforma blockchain (plataforma digital) para verificar CV de cargos públicos. Comité Ético con IA: Monitoreo anual de integridad con OSC (Organizaciones de la sociedad civil) y algoritmos.
  2. Educación en Ética: Módulos en el BLET con VR para simular dilemas éticos.
  3. Canal de Denuncias: Sistema IA en portales de transparencia para reportes anónimos.
  4. Reforma Proactiva: Transformar la crisis en un caso de éxito con admisión pública y reformas, atrayendo inversiones en gobernanza digital.

**Conclusión.

Es un hecho patente, que el presunto falseamiento del currículum amenaza la credibilidad del BLET y la Diputación, pero con medidas innovadoras, Córdoba puede liderar en ética y transparencia, fortaleciendo la confianza ciudadana y el proyecto formativo.

N.B. Este artículo destaca las repercusiones negativas del falseamiento del currículum, proponiendo acciones innovadoras para mitigar impactos y proyectar un futuro ético y transparente.

La impunidad, la no corrección de datos de un curriculum y la falta de explicaciones completas es algo inaceptable e impresentable, de forma, que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y dañará al Proyecto de la BLET.

Córdoba, 12 de agosto de 2025.


Enrique García Montoya.


Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Comentarios al Protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET (III)

Participación de la Sociedad Civil Cordobesa en el Proyecto Formativo Singular BLET

En el informe original se identifica una brecha en cuanto a la participación de la sociedad civil, a continuación se incorpora una sección adicional basada en la revisión de fuentes oficiales y públicas disponibles hasta la fecha actual (10 de agosto de 2025).

Esta adenda analiza el estado actual de la involucración ciudadana, evalúa su potencial para fomentar transparencia y confianza, y propone mejoras específicas.

El análisis se fundamenta en documentos y anuncios relacionados con el protocolo firmado el 8 de agosto de 2025, destacando que, aunque el proyecto es reciente, no se evidencian mecanismos explícitos de participación civil en su diseño o ejecución inicial.

**Estado Actual de la Participación de la Sociedad Civil.

*Entidades Involucradas y Ausencia de Menciones Explícitas.

-El protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET es un acuerdo colaborativo entre instituciones públicas (Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación de Córdoba) y el sector empresarial (representado por la Confederación de Empresarios de Córdoba – CECO).

-No se menciona la inclusión directa de organizaciones de la sociedad civil (OSC), como asociaciones vecinales, sindicatos independientes, ONGs educativas, asociaciones o grupos ciudadanos, en la firma o en el diseño del proyecto.

-El enfoque se centra en alinear la formación con las necesidades del tejido productivo local, priorizando el diálogo con empresas para identificar demandas laborales. Aunque se resalta un “diálogo constante con el tejido productivo local” para diseñar políticas públicas, esto se limita al ámbito económico y no extiende explícitamente a la ciudadanía en general. No hay referencias a comités ciudadanos, consultas públicas o mecanismos de rendición de cuentas específicos para este proyecto.

*Oportunidades Indirectas de Participación.

A pesar de la falta de mecanismos directos, existen vías indirectas para que la sociedad civil cordobesa se involucre:

-Acceso a la Formación: El proyecto beneficiará a aproximadamente 7.000 personas, priorizando desempleados (aunque también accesible a ocupados).

Cualquier ciudadano cordobés en situación de desempleo puede inscribirse en los cursos a través de la web de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía.

Los listados de acciones formativas se publican en https://lajunta.es/5qlhc, lo que permite un acceso público y transparente a la información.

Esto representa una forma de participación pasiva, donde individuos contribuyen al desarrollo económico al capacitarse y potencialmente integrarse al mercado laboral generado por la BLET.

-Marcos Generales de Participación Ciudadana: La Junta de Andalucía cuenta con un portal dedicado a Transparencia y Participación Ciudadana, que incluye datos sobre planificación, empleo público y programas anuales. Además, la Diputación de Córdoba tiene una Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, que podría servir como canal para consultas relacionadas.

En un contexto más amplio, Córdoba ha lanzado su segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto en marzo de 2025, enfocado en generar más datos, transparencia y participación ciudadana para estar “más cerca de la gente”.

Aunque no vinculado directamente al BLET, este plan podría extenderse para incluir iniciativas como encuestas o foros sobre el proyecto.

Estas oportunidades indirectas permiten una involucración limitada, principalmente como beneficiarios de la formación, pero no en roles activos como la codiseño o supervisión.

**Análisis Crítico: Impacto en Transparencia y Confianza Ciudadana.

*Fortalezas

La publicación abierta de listados formativos y procesos de inscripción fomenta un nivel básico de transparencia, alineado con los principios de gobierno abierto de la Junta y el Ayuntamiento.

Esto puede generar confianza al demostrar que el proyecto es accesible y orientado al empleo local, contribuyendo a la percepción de que las instituciones responden a necesidades reales de la ciudadanía.

*Debilidades.

La ausencia de mecanismos explícitos de participación civil representa una limitación significativa.

Sin inclusión de OSC, el proyecto podría percibirse como elitista o centrado en intereses institucionales y empresariales, erosionando la confianza ciudadana.

No se detallan herramientas como audiencias públicas, encuestas o comités mixtos, lo que contrasta con marcos generales de participación en Andalucía (e.g., el portal de transparencia).

Esto podría generar críticas por falta de inclusividad, especialmente en un proyecto de impacto provincial como la BLET, que afecta empleo, economía y desarrollo urbano.

En términos de transparencia, aunque hay publicación de información, faltan indicadores de impacto (e.g., tasas de inserción laboral) o reportes periódicos, lo que reduce la accountability (habilidad de asumir la responsabilidad plena de nuestras acciones, decisiones y resultados).

**Propuestas para Mejorar la Participación y Transparencia.

Para fortalecer la confianza ciudadana y hacer el proyecto más inclusivo, se recomiendan las siguientes acciones, integrables al protocolo sin alterar su esencia:

1.- Creación de un Comité Consultivo Mixto: Incluir representantes de OSC cordobesas (e.g., asociaciones de desempleados, sindicatos educativos o grupos ambientales) en un comité asesor.

Este podría revisar semestralmente el Estudio de Necesidades Formativas y proponer ajustes, asegurando que la formación responda también a prioridades sociales.

2.- Consultas Públicas y Foros Ciudadanos: Organizar sesiones abiertas o encuestas en línea a través del portal de Participación Ciudadana de la Diputación o la Junta, para recopilar feedback sobre perfiles formativos.

Esto podría alinearse con el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Córdoba, promoviendo “mayor transparencia y participación ciudadana”.

3.- Mecanismos de Transparencia Específicos: Publicar informes anuales detallados sobre avances, presupuesto y resultados (e.g., en el portal de transparencia de la Junta), incluyendo métricas como tasas de empleabilidad.

Habilitar un canal de denuncias o sugerencias anónimas para fomentar confianza.

4.- Inclusión en Programas Existentes: Integrar el BLET en iniciativas de participación ciudadana de la Diputación, como programas de cooperación al desarrollo, para atraer a OSC locales y extender el impacto social.

5.- Campañas de Difusión: Lanzar campañas en redes sociales y medios locales para invitar a la ciudadanía a inscribirse no solo como alumnos, sino como voluntarios en talleres o eventos relacionados, fomentando un sentido de propiedad comunitaria.

Estas propuestas, si se adoptan, transformarían el proyecto en un modelo de gobernanza inclusiva, alineado con principios democráticos y potenciando la legitimidad de las instituciones públicas en Córdoba.

N.B. En este Comentarios al Protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET se ha puesto de manifiesto la participación de la Sociedad Civil Cordobesa en el Proyecto Formativo Singular BLET, formulando propuestas para mejorar la Participación y Transparencia, y, así, fortalecer la confianza ciudadana y hacer el proyecto más inclusivo, recomendando acciones, integrables al protocolo sin alterar su esencia.

Córdoba, a 11 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Enchufados PSOE sin titulación (Faffe)- Junta Andalucía – Despedidos – Políticos con Curriculums falseados (La Vara de Medir)

Según leo en Libertad Digital un artículo de Paco Cobos – 30/7/2025 – 15:02:

 << La Junta de Andalucía prepara el despido de los enchufados del PSOE que han trabajado 14 años sin titulación, aunque la Junta de Andalucía había cedido a la presión sindical manteniendo a 23 empleados sin méritos para el puesto, pero encargó un informe judicial que le ha dado la razón.

La Junta de Andalucía ha iniciado finalmente los trámites para despedir a los empleados que el Gobierno regional socialista enchufó en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),personas afines al PSOE y familiares de sus dirigentes sin tener la titulación necesaria para ejercer el cargo ni pasar el proceso de selección”.

Estos han permanecido en su puesto de trabajo incluso después de la extinción de la Faffe, que se dio en 2011, cuando los empleados investigados por haber sido enchufados pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde han trabajado los últimos 14 años”.

Los 23 empleados corresponden a 12 administrativos y 11 técnicos, que verán extinguido su contratodespués de que los letrados de la Junta de Andalucía hayan determinado, que estas personas no pueden continuar a sueldo del erario público andaluz por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) emitida por la Consejería de Empleo. Una decisión que ha avalado el Consejo Consultivo de Andalucía.>>

La Vara de Medir.

Cito el anterior artículo, porque en Andalucía hay políticos del P. P., partido que gobierna la Junta de Andalucía por mayoría absoluta, que han falseado sus curriculums públicos (como se puede comprobar en Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas y Entes Públicos), apuntándose méritos  académicos inexistentes.

La reciente controversia en torno a la falsificación del currículum de una diputada del P.P. ha encendido un debate necesario sobre la relación entre mérito académico, integridad personal y legitimidad institucional. Desgraciadamente, no se trata únicamente de un caso aislado de vanidad o ambición desmedida, se trata, se quiera ver o no, de un agravio o insulto  al pactosocial implícito que otorga valor al esfuerzo, a la formación rigurosa y a la acreditación profesional como pilares de la vida pública.

A la vista de lo dicho, el Partido Popular debería revisar con urgencia si en los curriculums de sus cargos públicos en Andalucía existen casos de méritos académicos falseados, y, si es cierto, que se han apuntado en sus curriculums  publicitados en las Instituciones o Empresas que gobiernan méritos académicos falsos por acción u omisión por alguno de ellos, obrar con urgencia en el saneamiento de la vida pública andaluza, obligando a los falsarios a abandonar sus cargos públicos a los que han llegado atribuyéndose méritos académicos falsos.

La confianza de los ciudadanos que pagan sus impuestos, no permite, que los cargos públicos sean del partido que sea, mientan públicamente, apuntándose méritos académicos que no les pertenecen, pues si engañan o mienten por eso, es claro suponer, que mentirán también cuando les interese personalmente en el ejercicio de sus cargos indebidamente conseguidos.

La vara de medir no puede ser doble y servir solo en una dirección, la ejemplaridad de los cargos públicos exige la igualdad de todos los representantes de los ciudadanos, ya que, cuando fueron votados lo fueron por la confianza de los ciudadanos en ellos, de forma, que si mienten deben ser apartados de los cargos públicos que han usurpado con engaño.

Solo es posible una cosa, concretamente, aplicar a todos los casos la misma vara de medir.

N.BLos Enchufados PSOE sin titulación van a ser despedidos por la Junta de Andalucía, de manera, que ahora solo cabe esperar, que el P. P. aplique la misma norma con los cargos políticos con curriculums falseados de su partido, ya que, la Vara de Medir debe ser la misma ante la mentira y el engaño para devolver a la sociedad civil la confianza en las Instituciones Públicas.

Los políticos con currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P. en Andalucía, siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir gobernando si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política ante la falta de ética y honestidad es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 4 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S