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Vivienda en Córdoba (Necesidad urgente y olvido institucional)

Es una realidad indiscutible que el acceso a la vivienda representa hoy el principal obstáculo para el futuro de Córdoba, especialmente para nuestros jóvenes, quienes se ven obligados a posponer proyectos vitales o emigrar en busca de oportunidades. Sin embargo, al examinar los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026, la situación resulta desoladora: <Bajo un epígrafe grandilocuente como “Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda>, la inversión real en “ladrillo social” se diluye en un océano de gastos burocráticos, mantenimiento de estructuras obsoletas y subsidios a empresas deficitarias, que poco o nada contribuyen a resolver la emergencia habitacional de los cordobeses en la Provincia.

1.- La paradoja de las cifras – (Mucho ruido y pocas casas).

La Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda maneja un presupuesto de 39.902.802,45 euros, una cifra que a primera vista podría parecer ambiciosa. No obstante, al desgranar las partidas, emerge una realidad cruda y decepcionante:

<-Inversión real en vivienda: Apenas 3.021.340 euros se destinan en 2026 a concluir 46 viviendas protegidas en alquiler, distribuidas en solo 11 municipios de la provincia. Esta cantidad forma parte de un programa plurianual (2023-2026) con un presupuesto total de 5,54 millones de euros, pero resulta insignificante ante la demanda provincial acumulada.

<-La disparidad flagrante: Mientras la provincia clama por soluciones habitacionales, la Diputación asigna más del doble -6.621.000 euros- al mantenimiento y rehabilitación de sus propios edificios y sedes, como los Colegios Provinciales, los edificios Fernando III y El Carmen, la Residencia Matías Camacho o el Albergue de Cerro Muriano. A esto se suman las aportaciones compensatorias para cubrir pérdidas millonarias en empresas públicas como Emproacsa (aguas) y Epremasa (residuos), que superan con creces la inversión en vivienda y revelan una gestión ineficiente e impune.

<-La proporción reveladora: La inversión directa en vivienda representa apenas el 7,57% del presupuesto de esta delegación y un ridículo 0,58% del presupuesto total consolidado de la Diputación, que asciende a 522.900.443 euros. Estas cifras no son casuales, pues reflejan una priorización equivocada que ignora la crisis demográfica y el despoblamiento rural.

2.- El peso de la maquinaria burocrática.

Para comprender por qué no se construye más, basta con observar cómo se consume el presupuesto en la Diputación de Córdoba, ahora gobernada por el PP. La diferencia de más de 26 millones de euros que no se dirige a inversiones directas se evapora en el sostenimiento de la propia institución, perpetuando un ciclo de ineficiencia:

Concepto	Cuantía (euros)	Destino real
Funcionamiento interno	25.211.000	Nóminas, limpieza, suministros y burocracia en el Palacio de la Merced y otras sedes.
Obras en edificios propios	6.621.000	Rehabilitación de colegios provinciales, residencias y albergues propios.
Vivienda pública	3.021.340	Construcción de solo 46 viviendas protegidas en toda la provincia.
Transferencias y ayudas	2.000.000	Ayudas a natalidad (1.200.000), patrimonio cofrade (500.000) y prevención de salud (300.000 para virus del Nilo).
Otros (suelo, BOP, SIG)	3.068.000	Gestión administrativa, suelo industrial, modernización del Boletín Oficial de la Provincia (280.000) y Sistema de Información Geográfica (250.000).

Este desglose ilustra cómo la institución se ha convertido en un ente autorreferencial, donde el gasto corriente absorbe recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes.

3.- Gastos superfluos frente a una emergencia social.

Resulta inexplicable justificar ante un joven cordobés que se destinen 500.000 euros a la restauración de arte sacro o 280.000 euros a modernizar el Boletín Oficial de la Provincia, mientras la partida para su derecho constitucional a una vivienda digna permanece residual. Añádase a esto los 500.000 euros para la retirada de fibrocemento o los 300.000 euros para combatir el virus del Nilo, que, aunque necesarios, palidecen ante la inacción en vivienda.

La Diputación se ha transformado en una estructura que se autoalimenta, donde el gasto en personal y mantenimiento de palacios históricos agota la capacidad de maniobra. No se trata de escasez de recursos -el presupuesto total crece un 14,92% hasta los 385.416.969 euros-, sino de una jerarquía de prioridades profundamente errónea y desconectada de la realidad social.

4.- Una propuesta de inversión real.

Desde Córdoba Abierta (ACOA), defendemos un cambio de rumbo inmediato y radical.

**Una inversión responsable en vivienda debería incluir:

1.- Reducción del gasto corriente: Optimizar la gestión administrativa para redirigir al menos un 20% adicional de los recursos hacia vivienda, eliminando duplicidades y eficientando procesos.

2.- Plan de Choque Provincial: Superar la cifra irrisoria de 46 viviendas, duplicándola como mínimo en 2026, y estableciendo un plan plurianual que garantice al menos 500 viviendas por legislatura, priorizando municipios en riesgo de despoblamiento.

3.- Priorizar lo esencial: Ante la crisis actual, el “ladrillo social” debe prevalecer sobre la rehabilitación de edificios administrativos superfluos o subsidios a empresas deficitarias. Esto implica auditar y reestructurar entidades como Emproacsa y Epremasa para evitar que sigan siendo pozos sin fondo.

Concepto	Inversión/Gasto (euros)	Porcentaje del total consolidado	Comparativa visual
Presupuesto total consolidado	522.900.443	100%	La “tarta” completa.
Infraestructuras (obras/vías)	45.000.000	8,6%	Prioridad media-alta.
Gasto social (IPBS)	26.677.948	5,1%	Atención básica.
Vivienda (construcción 2026)	3.021.340	0,58%	Una migaja insignificante.

<<Emproacsa y Epremasa (Un dispendio crónico).

Las tarifas no actualizadas conforme al IPC acumulado y los costes salariales han condenado a estas empresas a pérdidas significativas. Emproacsa estima un déficit de 6,4 millones de euros en 2026, mientras Epremasa prevé 6,74 millones. La Diputación consigna solo 2,7 millones en aportaciones compensatorias, una medida insuficiente que obligará a desviar fondos de otras partidas o recurrir a préstamos, perpetuando el ciclo de endeudamiento.

Los cordobeses perciben con indignación que se hayan destinado 59,3 millones de euros a Emproacsa entre 2023 y 2025 (37 millones para inversiones), y 10,75 millones a Epremasa (6 millones para inversiones), convirtiéndolas en sumideros de dinero público.

Urge una reestructuración profesional, con responsabilidades para gestores anteriores, en lugar de cargar el peso sobre los contribuyentes, aunque el presidente, Salvador Fuentes, ha descartado esta opción, optando por lo fácil: que paguen los ciudadanos.

<<Conclusión>>

Si comparamos los 3.021.340 euros destinados a vivienda con los 522.900.443 euros del presupuesto total consolidado, la partida habitacional no alcanza ni el 1%, de forma, que la Diputación parece diseñada para mantener servicios mínimos (agua, basura, carreteras) y sostener su propia burocracia, relegando la creación de soluciones innovadoras -como el acceso al hogar- a una mera propina.

Es innegable que la inversión en vivienda ha caído en el olvido bajo el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, que no solo ha heredado políticas anteriores, sino que se ha convertido en prisionero de enfoques sociales y económicos ruinosos. La vivienda no es una prioridad real en la Corporación Provincial, sino el apéndice de una delegación dedicada a gestionar su propia ineficiencia, condenando a nuestros pueblos al despoblamiento y a nuestra juventud al exilio.

N.B. La vivienda en la Diputación de Córdoba no es una de sus prioridades, sino que es el <apellido> de una delegación que, en la práctica, se dedica a gestionar su propia existencia y su ineficiencia empresarial, olvidando la necesidad de crear lugares donde vivir, lo que conlleva a condenar a nuestros pueblos a la desaparición por despoblación.

Córdoba, 16 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Andalucía y Cataluña (Equilibrio, Respeto y Verdad)

El debate sobre la financiación autonómica y las políticas fiscales en España a menudo se ve empañado por discursos polarizados que enfrentan a comunidades como Andalucía y Cataluña. Las recientes y acertadas declaraciones del Gobierno de Andalucía, liderado por Juanma Moreno (PP), sobre una nueva bajada de impuestos, respondiendo a las palabras desgraciadas de Turull, y, las críticas desde Junts per Catalunya, con Jordi Turull a la cabeza, acusando a Andalucía de “vivir a costa de Cataluña”, han reavivado tensiones llenas de una peligrosa agresividad, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que los insultos a los andaluces por líderes independentistas vienen de lejos, pues no hay más que recodar a -Jordi Pujol- cuando describía a los inmigrantes andaluces que llegaban a Cataluña como hombres «anárquicos», «cuya ignorancia natural lleva a la miseria mental y espiritual» y que además son «insignificantes, incapaces de dominio, de creación».

Aquí sobra ya cualquier otra explicación, ya que, hasta hoy los líderes independentistas han seguido la senda del insulto y del menosprecio a los andaluces.

Con este artículo desde Córdoba Abierta -ACOA- pretendemos analizar este asunto y su contexto, desmontar relatos y cuentos populistas, proponiendo una perspectiva equitativa basada en datos, respeto mutuo y la necesidad de un sistema de financiación autonómica más justo.

<<Entorno: Políticas fiscales y tensiones regionales>>

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha implementado siete rebajas fiscales, incluyendo deducciones en el IRPF para alquiler (hasta 1.200 euros anuales para jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 y víctimas de violencia de género o terrorismo) y gastos veterinarios para mascotas (hasta 100 euros, especialmente para animales adoptados o de asistencia).

Estas medidas, que representan un ahorro estimado de 1.000 millones de euros anuales, han contribuido a un crecimiento económico notable:

“Un aumento del 22% en el número de contribuyentes desde 2018, un 50% en recaudación fiscal y la atracción de inversiones que han situado a Andalucía como la segunda comunidad de régimen común con menor carga fiscal”.

Sin embargo, desde Cataluña, Jordi Turull (Junts per Catalunya) ha criticado estas políticas, denunciando que Andalucía se beneficia injustamente del sistema de financiación autonómica a expensas de Cataluña, que no puede financiar adecuadamente servicios como becas de comedor o ayudas a la dependencia.

Sus comentarios, que ridiculizan deducciones como las de “gimnasios y perros”, perpetúan un discurso divisorio que recuerda a declaraciones históricas despectivas, como las de Jordi Pujol en los años 70, que calificaban al <hombre andaluz> como “poco hecho” y en “miseria cultural”.

<<Análisis crítico: Solidaridad, equidad y mitos>>

1.- El sistema de financiación autonómica: Solidaridad, no parasitismo.

El sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, busca equilibrar las desigualdades económicas entre regiones. Comunidades con mayor PIB per cápita, como Cataluña (36.000 euros) o Madrid, aportan más al fondo común (aunque hay que señalar que también han tenido y tienen muchos privilegios), mientras que regiones con menor renta, como Andalucía (20.000 euros per cápita), reciben más para garantizar servicios básicos como sanidad y educación.

(Nota. La regiones forales. Navarra y País Vasco, tienen un sistema donde al final reciben más de lo que aportan al Estado, sirva como ejemplo, “las transferencias que reciben para complementar su déficit en pensiones, que no cubren con sus cotizaciones”.).

El mecanismo de compensación y equilibrio territorial nacional no implica que Andalucía “viva a costa” de Cataluña o de Madrid, sino que se redistribuye recursos para cohesionar el país.

No obstante, el sistema al día de hoy está desfasado y necesita una reforma estructural adecuada, así: *Cataluña calcula una pérdida neta de unos 2.000 millones de euros anuales, mientras *Andalucía reclama 4.000 millones adicionales para cubrir sus necesidades.

Ambas tienen razón en señalar deficiencias, pero la solución no pasa por enfrentar regiones, sino por reformar el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para premiar el esfuerzo económico y la buena administración sin penalizar a las comunidades más vulnerables ni castigar a las más ricas y productivas.

2.- Las bajadas de impuestos en Andalucía: Competencia autonómica legítima.

Las deducciones fiscales en Andalucía son decisiones legítimas dentro de las competencias autonómicas. Reducir la presión fiscal ha estimulado la economía andaluza, que creció un 3,5% en 2024, superando la media nacional. *Criticar deducciones específicas andaluzas, como las de mascotas o gimnasios, con un tono peyorativo y de forma altiva, ignora su impacto positivo en sectores como el bienestar animal o la salud pública, además de trivializar un esfuerzo real por mejorar la calidad de vida.

*Cataluña, por su parte, prioriza otras áreas, como becas o infraestructuras.

Estas diferencias reflejan la autonomía fiscal de cada comunidad, no un robo de recursos. Si Junts desea más fondos para Cataluña, debería abogar por un nuevo modelo de financiación consensuado, no avivar rivalidades regionales, confrontando Andalucía y Cataluña.

3.- Narrativas populistas: Un obstáculo para la unidad.

*El discurso de Junts, centrado en el victimismo independentista, perpetúa estereotipos y divisiones. Señalando a Andalucía como <culpable> de los problemas catalanes, se ignora el progreso andaluz: <-Que de ser una región de emigrantes->, Andalucía se ha convertido en un hub (punto de conexión) de energías renovables, turismo y agroindustria, aportando el 13,5% al PIB nacional. Este menosprecio histórico, ahora exacerbado, no solo es injusto, sino que desvía la atención de soluciones constructivas, como la colaboración en proyectos conjuntos (ej. el Corredor Mediterráneo).

*Por otro lado, el Gobierno andaluz debe ser más transparente, ya que, aunque las bajadas de impuestos son positivas, presentarlas todas como una reducción general sin mencionar que algunas son deducciones específicas servirá de alimento a percepciones de populismo.

“La claridad fortalece la confianza ciudadana y evita dar argumentos a críticos radicales como Turull”.

<<Propuesta: Hacia un equilibrio basado en el respeto>>

1.- Reforma del sistema de financiación autonómica: Es urgente actualizar el modelo de 2009 para que sea más equitativo, transparente y adaptado a las necesidades actuales. Un sistema que reconozca las aportaciones de regiones como Cataluña sin desatender a las de menor renta, como Andalucía, beneficiaría a ambas.

2.- Diálogo interregional: En lugar de discursos divisivos, las comunidades deben colaborar en proyectos de interés común, como infraestructuras o innovación, que refuercen la cohesión nacional.

3.- Transparencia y responsabilidad: Los gobiernos autonómicos deben comunicar sus políticas con claridad, evitando narrativas populistas que distorsionen la realidad o alimenten enfrentamientos.

<<Conclusión>>

Las políticas fiscales de Andalucía son un acierto para impulsar su economía y mejorar el bienestar de sus ciudadanos, pero requieren una comunicación más transparente para evitar malentendidos. Las críticas de Junts, cargadas de menosprecio, no solo son injustas, sino que perpetúan un ciclo de división que daña a España. Catalanes y andaluces comparten una historia común y un futuro interconectado. Solo a través del respeto mutuo, el diálogo y un sistema de financiación justo se logrará un equilibrio que beneficie a todos.

N.B. Andaluces y catalanes de a pie (el Pueblo) exigen equilibrio y respeto, todo lo demás es injusticia populista basada en el insulto y en la falta de verdad.

Los políticos no pueden ser muros de menosprecio, de odio o de intereses personales desequilibrados, faltos de ética y de equidad, porque Andalucía y Cataluña necesitan equilibrio, respeto y verdad.

Dicho de otra forma, las medidas fiscales que se apartan del principio de igualdad vienen lastradas por vulnerar ese principio constitucional, de forma, que toda rebaja fiscal específica y populista solo aplicable a un grupo de ciudadanos rompe ese principio fiscal elemental y nunca será una bajada general de impuestos para todos, salvo casos de una necesidad extrema como puede ser por ej. la ELA.

Córdoba, 29 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

(P.D. Debe quedar claro, que las medidas ficales del Presidente de Andalucía benefician a los andaluces, pero una cosa es eso y otra estar ciego ante las bajadas de impuestos de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque no todas sus rebajas impositivas aprobadas son bajada de impuestos general real, sino que hay casos en que se adoptan medidas fiscales populistas específicas aceptables (mascotas y gimnasios), porque la verdad no se debe disfrazar con una pretendida bohonomía, que no se pueda discutir ni debatir. Concretamente el art. 31. de la C. E. dice en su número 1.- “Que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.).

IBI en Córdoba – Bajada Real o Maquillaje Fiscal.

Los lectores nos recriminan a Córdoba Abierta -ACOA-, que no hablamos claro sobre el Impuesto de Bienes Urbanos (IBI) del Ayuntamiento de Córdoba, pues nos dicen, que el P. P. no ha bajado el IBI Urbano, ya que, con las enormes subidas de las tasas del Emacsa y Sadeco, concretamente, agua y basura se ha producido un engaño masivo a los cordobeses de la Ciudad, de forma, que entienden que la imposición fiscal se ha incrementado injustamente y, además, perjudicando a las clases más vulnerables y suponiendo, a mayor inri una duplicidad fiscal, como ocurre con la basura y el reciclaje, que se cobra dos veces, recicles o no recicles, lo que afecta directamente a los ciudadanos que se esfuerzan en reciclar, pues está claro, que si reciclas no deberías pagar por el reciclaje, porque eso solo beneficia a los ciudadanos que no cumplen con sus deberes de reciclaje.

Está claro, que toca explicarnos desde ACOA, así:

<<IBI – Córdoba>>

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un pilar clave de los ingresos del Ayuntamiento de Córdoba, recaudando unos 75 millones de euros anuales por el IBI urbano.

Sin embargo, las políticas fiscales del gobierno del PP, liderado por José María Bellido desde 2019, han generado críticas por un supuesto -engaño fiscal-.

A pesar de las reducciones anunciadas, muchos cordobeses perciben un aumento de la presión fiscal debido a las subidas en tasas de agua (Emacsa) y basura (Sadeco), que afectan especialmente a las clases vulnerables.

Además, la doble facturación por basura y reciclaje, independientemente de si se recicla, castiga a los ciudadanos responsables, beneficiando a quienes no cumplen con el reciclaje.

<<Bajadas del IBI (2019-2026)>>

Desde 2019, el PP ha aplicado siete rebajas fiscales consecutivas, destacando:

IBI Urbano: Reducción acumulada del 5,79% hasta 2026, con un 1% en 2025 y un 2% en 2026, en respuesta a demandas ciudadanas para compensar las subidas de tasas. En 2022, se eliminó el recargo del 50% sobre viviendas desocupadas.
IBI Rústico: Descenso acumulado del 13,93%, priorizando el apoyo al sector agrario, dado que Córdoba tenía uno de los IBI rústicos más altos de España.
Bonificaciones: Se mantienen incentivos como el 50% en el IBI para instalaciones solares y el ICIO para puntos de recarga eléctrica.

<<Motivos y Críticas>>

La mayor reducción del IBI rústico busca aliviar la carga fiscal de agricultores y equiparar Córdoba a la media nacional, con un impacto recaudatorio menor que el IBI urbano.

Sin embargo, las rebajas del IBI urbano, más moderadas, se ven eclipsadas por el aumento de tasas como la de ayuda a domicilio (+7,6% en 2025), según nos denuncian los lectores y asociaciones ciudadanas, quienes tachan las medidas de *regresivas* por beneficiar más a grandes propietarios.

La pérdida de ingresos estimada es de 1,48 millones de euros en 2025 y 1,9 millones en 2026, lo que podría afectar los servicios públicos, si no va acompañada de una reducción proporcional del todo gasto superfluo, que el Ayuntamiento tiene y que lo disfraza de gasto de asesoramiento y servicios innecesarios.

<<Conclusión>>

Aunque el PP presume de un modelo fiscal -justo- que fomenta la inversión, las subidas en tasas de agua y basura, junto con la duplicidad en el cobro del reciclaje, generan la percepción ciudadana de que el IBI no ha bajado realmente.

Los cordobeses exigen una fiscalidad más equitativa que no penalice a los más vulnerables ni a quienes cumplen con el reciclaje.

(Advertimos, que para datos exactos de recaudación en 2025, habrá que esperar a los informes municipales definitivos).

<<Notas>>

El IBI se calcula sobre el valor catastral con tipos de gravamen entre 0,4%-1,1% (urbano) y 0,3%-0,9% (rústico).
El periodo de pago voluntario del IBI 2025 es del 5 de junio al 5 de agosto.

<<Análisis Final>>

La estrategia del PP combina rebajas selectivas con congelaciones de tasas, pero la falta de transparencia en el impacto real de las subidas de Emacsa y Sadeco, junto con la doble facturación por reciclaje, alimenta el descontento ciudadano.

¿Bajada fiscal o espejismo? – Los cordobeses merecen claridad y equidad.

(Nota. Priorizamos el impacto en los ciudadanos, especialmente, los vulnerables y la duplicidad en el cobro de tasas).

N.B. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos (IBI) del Ayuntamiento de Córdoba, tal como , está configurado, y, teniendo en cuenta las tasas de agua y de basura de sus Empresas es injusto y no supone ninguna rebaja, se mire como se mire.

Las rebajas de 2025 y 2026 en el IBI urbano reflejan demandas ciudadanas para compensar subidas en otras tasas, pero el Ayuntamiento las aplica con sospechosa cautela según dice para mantener el equilibrio fiscal.

El Ayuntamiento puede y debe hacer una reducción del IBI Urbano real y justa.

Córdoba, a 5 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Asociación Córdoba Abierta ACOA. Presidente

Córdoba Activa: Políticas contra el pasotismo político.

El pasotismo político en Córdoba y su provincia, alimentado por la desconfianza en las instituciones, la despoblación y la apatía juvenil, requiere medidas urgentes para revitalizar la participación ciudadana.

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), proponemos políticas prácticas y adaptadas al contexto cordobés para combatir este problema, fomentando la inclusión, la transparencia y el orgullo cultural.

1.- Asociaciones ciudadanas y plataformas digitales.

Crear consejos ciudadanos en los 75 municipios de Córdoba, especialmente en áreas rurales, para debatir problemas como transporte, sanidad o empleo.

Complementarlos con una plataforma digital, inspirada en Decide Madrid, para consultas públicas y propuestas ciudadanas.

Financiada por el Ayuntamiento, la Diputación y fondos europeos, estará gestionada por asociaciones civiles.

Impacto: Aumentar la participación electoral un 10-15% en 3-5 años.

2.- Educación cívica en escuelas y universidades.

Implementar programas obligatorios de educación cívica en secundarias y talleres en la Universidad de Córdoba sobre liderazgo y activismo.

Incluir simulaciones de procesos democráticos y campañas en redes sociales con figuras locales.

Impacto: Reducir la abstención juvenil (40% en municipales) y aumentar un 20% la afiliación a asociaciones en 5 años.

3.- Incentivos para jóvenes.

Lanzar un programa para jóvenes (18-35 años) con incentivos como becas o descuentos culturales por participar en consejos ciudadanos o debates. Promocionarlo en la UCO y eventos como la Feria de Córdoba.

Impacto: Incrementar la participación juvenil un 25% en 3 años.

4. Transparencia municipal.

Crear un portal de datos abiertos con informes periódicos sobre presupuestos y proyectos, gestionado por asociaciones civiles.

Incluir un sistema de quejas con respuestas en 30 días y sesiones públicas con alcaldes. Impacto: Aumentar la confianza en instituciones un 15% en 3 años.

5.-Promoción de la identidad cordobesa.

Lanzar la campaña “Córdoba de todos, participa”, vinculando el patrimonio (Mezquita, Medina Azahara) con la acción política. Incluir foros ciudadanos en espacios emblemáticos.

Impacto: Aumentar un 20% la participación en eventos cívicos en 2 años.

6.- Mejora de servicios y empleo.

Fortalecer la sanidad rural, el transporte y el empleo en sectores como agricultura ecológica o turismo sostenible. Publicar avances vinculados a la participación ciudadana.

Impacto: Reducir la percepción de ineficacia política y aumentar la participación en áreas rurales.

7.- Foros contra la despoblación.

Organizar foros intermunicipales anuales para abordar la despoblación, con propuestas ciudadanas como incentivos fiscales para empresas rurales.

Impacto: Frenar la pérdida de población y fomentar la colaboración municipal.

8.- Justificación y viabilidad.

Estas medidas, financiables con fondos europeos (Next Generation EU), aprovechan el potencial cultural y económico de Córdoba (turismo, agricultura) y abordan preocupaciones clave (sanidad, empleo, despoblación).

Combinan digitalización, educación y acción práctica para involucrar a jóvenes y comunidades rurales.

N.B. Desde ACOA, instamos a los cordobeses a sumarse activamente a consejos ciudadanos y asociaciones para regenerar la democracia local.

Con estas políticas, Córdoba puede superar el pasotismo, fortalecer la confianza en sus instituciones y construir una comunidad más unida y participativa.

Córdoba, 3 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Presidente de Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

II. Imposición fiscal en Córdoba Capital (La emboscada)

El Ayuntamiento de Córdoba presume de la reducción de la presión fiscal desde 2019, con un enfoque en aliviar la carga para ciudadanos, autónomos y empresas. Sin embargo, una mayoría de ciudadanos ha denunciado, que estas reducciones son injustas, porque no benefician a la mayoría de los cordobeses sino principalmente a determinados contribuyentes, abogando por una fiscalidad más equitativa y proporcional.

<<Análisis Crítico >>

<<Bajadas de Impuestos vs. Subidas de Tasas en Córdoba>>

1.- Contexto y Marco General.

El Ayuntamiento de Córdoba, liderado por el Partido Popular (PP) bajo el mandato del alcalde José María Bellido, ha promovido desde 2019 una política de reducción fiscal progresiva, a su manera y criterio, defendiendo siete bajadas consecutivas de impuestos municipales hasta 2026. Estas reducciones afectan a tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), especialmente, rústico, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Según la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, estas medidas han supuesto un alivio fiscal acumulado de aproximadamente 733.568 euros solo en 2025, con descensos significativos como el 15,36% en el ICIO y el 13,93% en el IBI rústico desde 2019.

Sin embargo, esta estrategia contrasta con incrementos sustanciales en las tasas por servicios públicos, gestionados por empresas municipales como EMACSA (agua) y SADECO (recogida de basura).

Las tasas han experimentado subidas notables: – Agua (EMACSA): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, acumulando una subida significativa en dos años. – Recogida de basura (SADECO): Aumento del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que representa una carga fiscal considerable para los hogares.

Estas subidas han generado inquietud y desconfianza en los ciudadanos, que perciben las políticas fiscales del Gobierno del P. P. como una <trampa> para los cordobeses, ya que, las reducciones de impuestos benefician principalmente a grandes contribuyentes, mientras que las subidas de tasas afectan de manera regresiva a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

2.- Análisis Detallado de las Bajadas de Impuestos.

Las reducciones fiscales aprobadas tienen un impacto limitado para la mayoría de los ciudadanos, lo que refuerza la percepción de una estrategia fiscal desigual:

**Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): -Reducción: Bajada del 2% en el IBI urbano para 2026, acumulando un 5,79% desde 2019. El IBI rústico acumula un descenso del 13,93%. -Impacto: Aunque beneficia a todos los propietarios de inmuebles, el ahorro medio por hogar es modesto (estimado en 2-5 euros anuales para una vivienda estándar, según cálculos de la oposición). Los mayores beneficiarios son propietarios de inmuebles con valores catastrales altos, como grandes empresas o propietarios de segundas residencias. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten en sus bolsillos, que la reducción del IBI (rústico) no compensa el aumento de tasas como la del agua o la basura, que tienen un impacto mucho mayor en los hogares de renta baja o media.

**Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): -Reducción: Descenso del 1% en los coeficientes de situación para 2026, acumulando un 5% desde 2019. -Impacto: Solo afecta a empresas y autónomos con facturación superior a 1 millón de euros, excluyendo a la mayoría de pequeños negocios y autónomos. Esto beneficia principalmente a grandes empresas, lo que refuerza la percepción de una política fiscal favorable a los sectores más pudientes. *Críticas: La ciudadanía denuncia que el IAE no alivia la presión fiscal sobre los pequeños empresarios, que enfrentan mayores costes operativos debido a las tasas de servicios.

**Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): -Reducción: Bajada del 2% en 2025, acumulando un 13,21% desde 2019. -Impacto: El ahorro medio es pequeño (entre 2 y 10 euros anuales por vehículo, dependiendo de la potencia fiscal). Aunque beneficia a todos los propietarios de vehículos, no compensa los incrementos en tasas de servicios esenciales. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten que el IVTM es un impuesto regresivo, ya que el ahorro es igual para todos los vehículos independientemente de su valor, lo que no favorece a los hogares con menos recursos.

**Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): -Reducción: Descenso del 2% en 2025, acumulando un 15,36% desde 2019, con una nueva bonificación del 50% para puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2026. -Impacto: Beneficia principalmente a promotores inmobiliarios, constructoras y propietarios que realizan reformas importantes. La bonificación para puntos de recarga es positiva para la transición energética, pero su alcance es limitado, ya que pocos ciudadanos invierten en este tipo de instalaciones. *Críticas: Es un hecho que la medida se percibe por los ciudadanos como elitista, ya que, no impacta a la mayoría de la población, que no realiza obras de gran envergadura.

**Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): -Reducción: Descenso acumulado del 8,27% desde 2019, con una bonificación del 95% para transmisiones por herencia. -Impacto: La bonificación por herencias beneficia a un número significativo de familias, pero el impacto de la reducción general es limitado, ya que solo aplica en casos de transmisiones con incremento de valor. *Críticas: Aunque la bonificación por herencias es bien recibida por los cordobeses, se echan de menos medidas adicionales para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad económica y una reducción real del impuesto de plusvalías.

**Tasa de veladores: -Reducción: Descenso del 25% para 2026, acumulando un 20% desde 2019. -Impacto: Beneficia principalmente al sector hostelero (bares y restaurantes con terrazas), pero no tiene un impacto directo en los ciudadanos comunes. *Críticas: Los cordobeses señalan que esta medida favorece solo a un sector específico, mientras las tasas de servicios esenciales, que afectan a toda la población, han aumentado significativamente.

3.- Subidas de Tasas por Servicios Públicos: Una Carga Regresiva.

Las subidas de tasas por servicios públicos, especialmente en agua y recogida de basura, han generado un fuerte malestar entre los ciudadanos y han sido calificadas como una <trampa> por varios motivos.

**Agua (EMACSA): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, lo que supone un aumento acumulado de aproximadamente el 15% en dos años. -Impacto: El recibo medio del agua para un hogar estándar (4 personas, consumo de 12 m³ al mes) ha pasado de unos 20-25 euros mensuales en 2023 a cerca de 28-32 euros en 2025, según estimaciones basadas en las tarifas de EMACSA. Esto representa un incremento de 70-100 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: La tasa del agua es fija y no varía en función de la renta, lo que afecta proporcionalmente más a los hogares de bajos ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a servicios esenciales.

**Recogida de basura (SADECO): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que acumula un aumento de aproximadamente el 49,5% en dos años. -Impacto: El recibo medio de la basura para un hogar ha pasado de unos 50-60 euros anuales en 2023 a cerca de 80-90 euros en 2025, según cálculos de la oposición y asociaciones de consumidores. Esto supone un incremento de 30-40 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: Al igual que la tasa del agua, la tasa de basura no tiene en cuenta la capacidad económica de los hogares, afectando más a las familias vulnerables.

**Percepción de “trampa”: *La combinación de bajadas modestas en impuestos (que generan ahorros de 2-10 euros anuales por hogar en el IBI o IVTM) con subidas significativas en tasas (que incrementan los recibos en 100-140 euros anuales por hogar) crea la percepción de que el Ayuntamiento está trasladando la carga fiscal de los impuestos a las tasas. *Las tasas por servicios públicos son obligatorias y afectan a todos los hogares, independientemente de su situación económica, mientras que las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería.

*Es un hecho, que los cordobeses ven que estas subidas son una forma de compensar la pérdida de ingresos por las reducciones fiscales, lo que contradice la narrativa del gobierno local de -alivio fiscal por bajada real de impuestos y gravámenes-.

(Nota: La única verdad es que recaudación tributaria se ha duplicado en una década en Córdoba y llega a 572 millones, de forma, que la pretendida bajada de impuestos del P. P. es una entelequia.).

4.- Críticas de la Ciudadanía.

Los ciudadanos critican la política fiscal del Ayuntamiento del P. P., así:

**Falta de progresividad: –Las reducciones fiscales, como las del IBI o el IAE, benefician desproporcionadamente a los contribuyentes con mayores recursos (propietarios de inmuebles de alto valor o grandes empresas), mientras que las subidas de tasas afectan a todos por igual, incluyendo a familias de bajos ingresos. –Los ciudadanos echan de menos medidas como bonificaciones adicionales en tasas para familias numerosas, personas en desempleo o mayores con pensiones bajas, pero estas no han sido aprobadas.

**Opacidad y comunicación: –El gobierno local ha destacado las bajadas de impuestos como un logro político, pero no ha comunicado de manera transparente el impacto de las subidas de tasas. Esto ha generado desconfianza entre los ciudadanos, que perciben que los ahorros publicitados son insignificantes frente al aumento de los recibos de agua y basura. –La percepción de los ciudadanos cordobeses es que han recibido con las subidas de tasas una <puñalada fiscal>, especialmente, tras la aprobación de incrementos del 35% en la basura en 2024.

5.- Implicaciones Políticas y Sociales.

**Descontento ciudadano: – Las subidas de tasas han generado protestas y movilizaciones, especialmente entre asociaciones y colectivos vulnerables. En 2024, el Consejo del Movimiento Ciudadano organizó concentraciones para exigir la congelación de las tasas de agua y basura, sin éxito. – La percepción de una <<trampa> fiscal ha erosionado la confianza en el gobierno local, especialmente entre los sectores de renta baja y media, que no perciben los beneficios de las reducciones fiscales.

**Impacto en la equidad: -La política fiscal actual refuerza las desigualdades, ya que, las tasas por servicios públicos son regresivas y afectan más a los hogares con menos recursos. Por ejemplo, un hogar con ingresos bajos destina un porcentaje mucho mayor de su renta a pagar el agua y la basura que un hogar de renta alta. -La falta de bonificaciones específicas para colectivos vulnerables en las tasas de servicios públicos agrava esta situación.

6.- Motivaciones y Estrategia del Ayuntamiento.

El contraste entre las bajadas de impuestos y las subidas de tasas podría responder a varias motivaciones:

**Estrategia política: – Las reducciones fiscales permiten al PP presentarse como un partido que “baja impuestos”, un mensaje atractivo para su base electoral y para sectores empresariales. Sin embargo, al compensar estas reducciones con subidas de tasas, el Ayuntamiento mantiene sus ingresos sin necesidad de recortar servicios esenciales. – La narrativa de <alivio fiscal> puede ser utilizada como una herramienta de comunicación para contrarrestar las críticas por las subidas de tasas.

**Presión financiera: – Las empresas municipales como EMACSA y SADECO enfrentan costes operativos crecientes debido a la inflación, el aumento de los precios de la energía y las exigencias de normativas europeas (p. ej., en materia de reciclaje y tratamiento de residuos). Las subidas de tasas podrían ser una respuesta a estas presiones, aunque el gobierno local no ha proporcionado un desglose detallado de los costes que justifiquen incrementos tan elevados. – La reducción de impuestos, por otro lado, podría estar destinada a estimular la economía local y atraer inversiones, especialmente en sectores como la construcción y la hostelería.

7.- Implicaciones a Largo Plazo.

**Sostenibilidad financiera: – La estrategia de bajar impuestos mientras se suben tasas podría ser insostenible si los ingresos municipales no cubren los costes de los servicios públicos. Un déficit en empresas como EMACSA o SADECO podría requerir rescates financieros o recortes en otros servicios. – Es un hecho, que las reducciones fiscales podrían estar diseñadas para beneficiar a sectores específicos a corto plazo, sin una visión clara de cómo financiar las necesidades municipales a largo plazo.

**Confianza ciudadana: – La percepción de una <trampa> fiscal podría dañar la credibilidad del gobierno local, especialmente si los ciudadanos no ven mejoras tangibles en los servicios públicos que justifiquen las subidas de tasas. – La falta de medidas específicas para proteger a los colectivos vulnerables podría aumentar el descontento social y alimentar movilizaciones ciudadanas.

**Equidad y justicia fiscal: – Para mejorar la progresividad fiscal, el Ayuntamiento podría considerar bonificaciones escalonadas en las tasas de agua y basura basadas en la renta, similares a las existentes para el IBI en el caso de familias numerosas. – Una comunicación más transparente sobre los motivos de las subidas de tasas y los beneficios de las reducciones fiscales podría mitigar la percepción de “trampa”.

8.- Conclusión.

La política fiscal del Ayuntamiento de Córdoba presenta una contradicción significativa: mientras que las bajadas de impuestos (IBI, IVTM, IAE, ICIO, IIVTNU) se publicitan como un alivio fiscal, las subidas de tasas por servicios públicos (agua y basura) han generado una carga mucho mayor para la mayoría de los ciudadanos.

Las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios de inmuebles de alto valor, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería, mientras que las tasas, al ser regresivas, afectan de manera desproporcionada a los hogares de bajos y medios ingresos.

Esta dinámica refuerza la percepción de una <<trampa>> fiscal, ya que, los ahorros de los impuestos (2-10 euros anuales por hogar) son insignificantes frente a los incrementos de tasas (100-140 euros anuales por hogar).

N.B. Imposición fiscal en Córdoba Capital se asemeja a una emboscada ciudadana.

Los cordobeses perciben falta de progresividad, la opacidad en la comunicación y el impacto desigual de las medidas impositivas del Ayuntamiento.

Córdoba, a 30 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.