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Asociación Córdoba Abierta –ACOA-

Junta Directiva.

Curriculums falsificados – Manifiesto por la Verdad, la Ética y la Coherencia en la Política.

Desde la Asociación Córdoba Abierta –ACOA- hacemos este llamamiento Público en defensa de una política honesta, ética y coherente con el bien común, así:

A la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los representantes públicos:

Vivimos tiempos en los que la política necesita, más que nunca, recuperar la confianza de la gente corriente (de la Sociedad Civil), de quienes cumplen con sus obligaciones, estudian, trabajan, pagan impuestos y exigen, con razón, honestidad, ética y coherencia a quienes les representan.

En los últimos días, hemos visto cómo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, exigía públicamente que el portavoz del PSOE, Patxi López, acredite los “estudios de ingeniería industrial”, que figuran en su perfil oficial. Una petición legítima si se considera que la verdad en la vida pública no es negociable, porque es algo evidente, que esa exigencia debe aplicarse a todos, sin excepciones.

Por ello, y con el mismo criterio, pedimos que el PP actúe con idéntica firmeza y rigor respecto a sus propios cargos. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera, figura con “estudios de Derecho” en su currículum oficial, sin acreditar si tiene o no el título. Es decir, exactamente la misma situación por la que el PP pide la dimisión de su adversario político Portavoz del PSOE.

*No pedimos dimisiones selectivas, sino igualdad.

Pedimos coherencia.

*No pedimos linchamientos políticos, sino ética y devolver la confianza de los ciudadanos en la instituciones.

Pedimos responsabilidad a todos por igual.

*No queremos más “y tú más”.

Queremos “y yo también”.

**Por todo ello, exigimos:

1.- Transparencia real y sin ambigüedades en los currículums de todos los cargos públicos, de cualquier partido.

2.- Una revisión voluntaria y pública de los perfiles académicos de los responsables políticos.

3.- La creación de un código ético común que obligue a acreditar la formación que se publica en webs oficiales o perfiles del Congreso, del Senada y de cualquier Institución Pública pagada por los ciudadanos.

4.- Que los partidos políticos actúen primero en casa antes de señalar a los de enfrente.

5.- Que el Congreso de los Diputados impulse una normativa clara y verificable sobre la presentación de méritos académicos.

**Porque la verdad no es patrimonio de ningún partido.

Es la base de la democracia.

**Porque la ética y la coherencia no debería algo extraordinario y raro, sino un deber mínimo de quien nos representa.

**Porque la ciudadanía no es tonta, y, ya no acepta excusas ni cinismo.

Nota Final. Hacemos este llamamiento público no desde una muralla política, sino desde la sociedad civil y desde la responsabilidad ciudadana. Para que la política deje de ser un espectáculo de hipocresías y vuelva a ser lo que debe ser:

“Una herramienta al servicio del bien común”.

Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 31 de julio de 2025.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-

Junta Directiva.

Políticos – Currículums falsificados – la Vara de medir (Ética – confianza pública – credibilidad instituciones)

**Planteamiento.

Con el caso Noelia Núñez (P.P.), que ha dimitido de todos cargos institucionales y de partido, tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer, se ha abierto la caja de los truenos para todos los políticos, que de una u otra forma, han falsificado sus títulos cayendo en la mentira por acción o por omisión, es decir, no diciendo la verdad y faltando a la ética.

El problema está en que no son unos poco sino muchos de todos los partidos y a todos sus niveles, de manera, que expondremos dos ejemplos de engaño en sus titulaciones por omisión, es decir, por falta de una elemental ética, que los inhabilita para desarrollar los cargos que ocupan, al haber incurrido en engaño manifiesto, así:

*Primer caso: Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, que en su CV colgado en la web de la Diputación, dice en su Formación Académica. “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba”.

(Nota. Dice que tiene “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba” y que actualmente es Presidente de la Diputación de Córdoba, pero, concretamente, no dice que estudios de derecho tiene en la Universidad de Córdoba.

La información disponible sobre Salvador Fuentes Lopera indica que estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, pero no se especifica el nivel exacto de sus estudios, es decir, si completó una Licenciatura en Derecho, un Grado en Derecho, que cursos de la licenciatura superó o si sus estudios fueron parciales sin culminar en un título.

Dado que no hay datos precisos sobre la titulación, no se puede confirmar si completó el programa completo de Derecho o si se trata de estudios no finalizados.

La solución es que el Sr. Fuentes Lopera lo explique claramente y si ha mentido por acción u omisión, su compañera Noelia Núñez le ha enseñado el camino correcto que manda la ética y la ejemplaridad.

*Segundo caso: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma en su currículum de la Cámara Baja que “estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”.

Sin embargo, pese a que con esa afirmación en su ficha parlamentaria López da a entender que finalizó sus estudios, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura.

Con los dos casos expuestos no es necesario dar más explicaciones, pues está claro, que exhibir méritos falsos académicos no solo es un engaño personal, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes sean transparentes y honestos, y, mi opinión es que estas prácticas son inaceptables, ya que, socavan la credibilidad de las instituciones y refuerzan la percepción de que los políticos actúan con impunidad.

**El problema.

El tema de los currículums falsificados por parte de políticos españoles, con licenciaturas, másteres o méritos inventados, es un problema ético y de confianza pública que merece una reflexión crítica.

Este fenómeno no es exclusivo de un partido o ideología, como muestran numerosos casos documentados a lo largo de los años.

Por ejemplo, se han señalado irregularidades en los currículums de figuras como Cristina Cifuentes, con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos obtenido de forma irregular, o Noelia Núñez, quien recientemente dimitió tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer. Otros casos incluyen a políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, etc. quienes han enfrentado acusaciones de inflar o falsear sus credenciales académicas o profesionales.

Estos ejemplos, entre muchos otros, reflejan una práctica extendida que trasciende colores políticos.

**El problema radica en varios puntos:

-Falta de consecuencias claras: Aunque algunos políticos han dimitido (como Núñez o Cifuentes), otros han mantenido sus cargos a pesar de las evidencias, lo que alimenta la percepción de que estas falsificaciones no tienen un impacto real en sus carreras. Por ejemplo, casos como el de Pablo Casado, donde no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal, muestran que las consecuencias legales suelen ser limitadas.

-Cultura de la apariencia: En política, el currículum se usa a menudo como una herramienta de marketing más que como un reflejo fiel de la preparación. La presión por destacar lleva a algunos a adornar sus méritos, lo cual es especialmente grave cuando se trata de cargos públicos que requieren confianza y competencia.

-Falta de verificación: La ausencia de un sistema riguroso para validar los méritos de los candidatos permite que estas falsificaciones pasen desapercibidas hasta que el periodismo o la oposición las destapan. Esto pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas, como exigir documentación oficial para los currículums públicos, una propuesta que ha ganado fuerza pero no se ha implementado de forma efectiva.

-Impacto en la confianza pública: Cada escándalo erosiona la fe en el sistema político. Los ciudadanos ven estas falsificaciones como un reflejo de una clase política desconectada, que prioriza el poder y la imagen sobre la honestidad. Esto puede alimentar el desencanto y la apatía electoral.

**En resumen, los CV falsos son un síntoma de un problema más profundo:

“La falta de transparencia y rendición de cuentas en la política”.

La solución pasa por establecer mecanismos de verificación estrictos, sanciones claras para quienes mientan y, sobre todo, una cultura política que valore la integridad por encima de la imagen. Mientras tanto, el papel del periodismo independiente y de una ciudadanía vigilante es crucial para mantener la presión y exigir responsabilidad.

**Conclusión. Solo puede ser una, concretamente, que la misma vara de medir se aplique por los partidos en todos los casos por igual en busca de la transparencia y de la ejemplaridad.

La portavoz del P. P. en el Congreso, Ester Muñoz, se ha centrado en su homólogo del PSOE y subrayando que estamos deseosos de que Patxi López, el ingeniero, Portavoz del PSOE dé ejemplo y nos muestre el título que acredita que -estudió ingeniería- cómo dice su perfil de diputado en el Congreso, añadiendo, que si no puede acreditarlo esperamos su dimisión por mentir.

Toda la sociedad civil pide “la misma vara de medir”, de manera que la Portavoz del P. P. debe empezar por limpiar su casa.

N.B. Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P., siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 25 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

El viraje II: La sinrazón del conflicto por el agua en Córdoba.

En mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo, tomando como ejemplo de lo que no puede ser el conflicto por la conexión de agua entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de Córdoba. Este desacuerdo contra los ciudadanos usados como rehenes entre el PP (Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba) y el PSOE (Confederación Hidrográfica del Guadiana, CHG) afecta a 80.000 habitantes de Guadiato y Los Pedroches, evidenciando una disputa política que requiere un viraje urgente.

**La situación espuria.

La CHG, dirigida por Samuel Moraleda, rechaza el proyecto de la Junta y la Diputación para una conexión permanente entre La Colada y Sierra Boyera, con un coste de 9,3 millones de euros. Argumenta que las obras de emergencia de 2022-2023 (4,3 millones de euros) ya resuelven el problema de suministro, con infraestructura capaz de transferir 400 litros por segundo, suficiente incluso en sequía. Además, limita la extracción a 3 hm³ frente a los 10 hm³ solicitados, considerando el proyecto redundante e innecesario.

Por su parte, la Junta y la Diputación defienden una solución permanente con múltiples tomas de agua para mejorar la calidad, afectada por contaminación en La Colada (por ejemplo, carbono orgánico elevado, que llevó a una prohibición de agua potable en 2023). Acusan a la CHG de obstruccionismo y cuestionan la falta de transparencia, especialmente por un supuesto informe favorable de la Abogacía del Estado que no se ha compartido.

**Nuestra opinión.

Este conflicto refleja tensiones técnicas, jurisdiccionales y políticas que obstaculizan una solución para los 80.000 habitantes de la zona, que por si mismo es una sinrazón.

**Méritos técnicos.

La CHG tiene razón al destacar el éxito de las obras de emergencia: entre 2023 y 2024 se transfirieron 7.000 millones de litros, evitando el colapso de Sierra Boyera. Sin embargo, su rechazo al proyecto de la Junta parece rígido, ya que las tomas múltiples propuestas podrían mejorar la calidad del agua y la resiliencia a largo plazo, especialmente ante problemas de contaminación en La Colada.

**Tensiones administrativas y políticas.

La autoridad de la CHG sobre la cuenca del Guadiana le da ventaja, pero su cambio de postura tras la cooperación inicial genera desconfianza. La falta de acceso al informe de la Abogacía del Estado refuerza esta percepción. Por otro lado, la insistencia de la Junta en un proyecto costoso podría responder a motivaciones políticas para ganar visibilidad en una región con inseguridad hídrica. Ambas partes, PP y PSOE, parecen priorizar sus intereses sobre el bien común.

**Consideraciones ambientales y económicas.

La CHG critica el impacto ambiental y el coste del proyecto, pero ignora los beneficios a largo plazo de mejorar la calidad del agua. La contaminación de La Colada, reconocida por la CHG, requiere medidas urgentes, no aplazadas hasta 2027.

**Interés público.

Los 80.000 residentes han sufrido restricciones severas, como la prohibición de agua potable en 2023. Aunque las lluvias recientes han aliviado la crisis, la región necesita una solución definitiva para garantizar agua segura frente a sequías y contaminación.

**Propuestas.

Negociación y transparencia: La CHG debe compartir el informe de la Abogacía del Estado y negociar de buena fe con la Junta para ajustar el proyecto.
Calidad del agua: Priorizar la contaminación de La Colada, evaluando las tomas múltiples como solución complementaria y acelerando las medidas previstas por la CHG.
Mediación independiente: Si persisten las tensiones, un panel técnico imparcial debería evaluar las propuestas.
Planificación a largo plazo: Colaborar en un plan regional que integre ambos embalses, considerando sequías y cambio climático.

**Conclusión.

La infraestructura actual de la CHG es funcional a corto plazo, pero la propuesta de la Junta aborda mejor los riesgos futuros, especialmente en calidad del agua. La disputa, marcada por tensiones políticas, retrasa mejoras esenciales para el norte de Córdoba.

Urge una colaboración transparente que priorice a los ciudadanos.

N.B. Este conflicto evidencia la necesidad del viraje en la política del PP, uniendo a todos sus poderes territoriales bajo el liderazgo de Núñez Feijóo para resolver problemas reales como este.

Completo mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, donde señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo en todos poderes territoriales.

Solo la unidad sin exclusiones hará que tenga éxito el cambio de timón realizado por el Presidente Popular.

Córdoba, 19 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

El viraje (La hipérbole)

Según se ha visto, el Presidente del P. P. Sr. Núñez Feijóo ha endurecido hacia arriba su tono contra el Presidente del Gobierno Sr. Sánchez, pasando de un discurso que prometía -una política de moderación frente al frentismo permanente del PSOE- y promover un -proyecto de consenso- a uno mucho más duro, centrado en acusaciones de corrupción, decadencia política y exigencias de elecciones anticipadas

Es un hecho palpable, que los afiliados del PP perciben esta nueva política como un vuelco hacia una posición más combativa, que les da una base clara para atacar al PSOE en sus feudos y en las instituciones públicas donde tienen legitimante el poder del pueblo, de manera, que es de esperar que sea así.

Creo, que un líder político tiene la facultad de cambiar su política, sus formas y sus propuestas, aunque, sería conveniente hacer unas matizaciones al respecto, así:

1.- Existe un refrán popular muy conocido que dice, <<perro ladrador, poco mordedor>>, y, se utiliza para referirse a aquellas personas que amenazan o hacen mucho ruido, pero en realidad no llevan a cabo sus amenazas. La expresión sugiere que aquellos que gritan mucho o hacen alarde de su poder suelen ser menos peligrosos de lo que aparentan.

En mi opinión el Presidente Popular ha hecho una hipérbole, haciendo uso de un recurso, que consiste en la exageración de una situación, estando claro, que no lo hace para falsear la información, sino porque quiere transmitir una apreciación subjetiva, es decir, transmitir un punto de vista, poniendo de relieve a su partido que hay que cambiar la forma de actuar, pues está muy claro, que la política de buscar consenso y de moderación frente a quien no tiene reglas ni las quiere, es una forma de luchar en clara desventaja.

2.- La postura de cambio del Sr. Núñez Feijóo es comprensible, pero entiendo que parte de un error grave, que reside en que el P. P. desde hace años tiene un poder territorial dominante, que, sin duda, no ha utilizado para nada útil en su enfrentamiento legítimo con el PSOE del Presidente Sánchez.

Quizás, unos ejemplos, sirvan para explicar lo que acabo de decir, así:

2.1.- En Córdoba en la Ciudad gobierna el Ayuntamiento el P. P. por mayoría absoluta, siendo a su vez, el Sr. Alcalde Presidente de la FAMP, y, ocurre que el Ayuntamiento de Córdoba viene ofreciendo una imagen de moderación excluyente de las políticas del P. P., de forma, que gobierna la Ciudad, digámoslo con benevolencia, relativamente bien, pero solo la Ciudad, olvidando que Córdoba Capital debería ser un faro de oposición al Gobierno Central, que un día sí y otro también ningunea al P. P.

Quiero recordar aquí, que cuando Julio Anguita era Alcalde por mayoría absoluta en Córdoba, no se hacía nada, que de alguna forma incomodara al Sr. Alcalde y a su política (legislatura municipal 1983-1987), y, en base a ello hago una pregunta:

¿Eso ocurre ahora? – Parece que NO.

2.3.- En la Diputación de Córdoba gobierna por una gran mayoría el P. P. (le falta un diputado para ser mayoría absoluta) y, aquí, problema de la sumisión a las políticas socialista es total, de forma, que como he dicho muchas veces el Presidente de la Diputación se ha subido al muro socialista aceptando todas sus políticas.

2.3.- Los ejemplos citados, eximen de poner más sobre el tapete para comprender lo que he dicho, pues los casos son innumerables a lo largo y ancho de la piel de toro.

3.- Lo expuesto pone de relieve algo esencial para el cambio político propugnando por el Presidente del P. P., ya que, si su partido no utiliza todos sus poderes territoriales, que tiene legítimamente, en apoyo total de su cambio de estrategia, ya que, el Partido Popular no es un partido absolutamente comprometido con su Presidente. Dicho de otra forma, “no es un partido unido, sino una agrupación de interés desconectados”, que, además, se enfrenta, lo quieran ver o no, a un Partido (PSOE) que una piña con el Presidente Sánchez.

4.- Solo un poder territorial del P. P. se enfrenta al PSOE del Presidente del Gobierno, y, además, se nota, concretamente, la Comunidad Autónoma de Madrid con su Presidenta Sñrª. Ayuso al frente.

Dicho de otra forma, si todas las CC.AA. del P. P., todas sus Diputaciones y Ayuntamientos hicieran la política prometida del P. P., que todos los días hace la Presidenta Ayuso, otro gallo cantaría y el cambio de estrategia del Sr. Feijóo sería una realidad.

Predicar el consenso y las buenas forma es un encomiable deseo, tal como predica, casi a diario, el Presidente de la Junta de Andalucía con efectos vanos, pero si enfrente tienes el -NO ES NO- bravío y intratable, la moderación -casi martirio- es un suicidio político. (Véase la política socialista en Andalucía de reventar todos los plenos del Parlamento Andaluz)

El cambio en el discurso de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), respecto a Pedro Sánchez y el PSOE, refleja una estrategia política que busca movilizar a las bases del partido y recuperar terreno en un terreno de enfrentamiento continuo, a lo que el Presidente popular tiene todo el derecho político como líder de su partido, pero, si el P. P. a escala nacional no actúa como un todo implacable en defensa del Sr. Feijóo, su cambio de estrategia radical solo será una “ HIPERBOLE”.

Conclusión: El cambio de Feijóo ha revitalizado a las bases del PP, dándoles un mensaje nuevo lleno de fuerza que sienten efectivo para recuperar la realidad del poder en sus territorios, no obstante, la sostenibilidad de su estrategia exige un P. P. que a nivel nacional reme en la misma dirección, y, si alguien se autoexcluye con una actuación de compadreo con las políticas socialistas, debe ser expulsado del proyecto, que promueve el Presidente Popular con su cambio de rumbo.

N.B. El viraje radical del Presidente Feijóo no puede quedar una mera hipérbole de trasmitir un punto de vista, y, eso es lo que hasta hora esta pasando con el poder territorial del P. P., frente a un Psoe que nunca huye de la confrontación, sino que no pierde ocasión de urdir un enfrentamiento.

En Córdoba el problema del agua en la Zona Norte de la Provincia y la conducta frentista del Presidente de la Confederación H. del Guadiana es un ejemplo vivo de lo que digo.

Córdoba, 12 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.

Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.

Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas en el contexto actual, incluyen:

Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.

Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.