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La Desigualdad Judicial en España (Igualdad contra Privilegios)

El artículo 14 de la Constitución Española proclama con solemnidad que “los españoles son iguales ante la ley”, pero en los pasillos abarrotados de nuestros juzgados, esta igualdad se desvanece como humo entre montañas de expedientes polvorientos, macrocausas mediáticas y una administración de justicia crónicamente desfinanciada. La realidad es muy dura, porque en España, operan dos velocidades judiciales: Una rápida y reluciente para los casos con cámaras y titulares, y, otra lenta, retorcida y olvidada para la justicia cotidiana, que impacta directamente en la vida de la gente de a pie.

Esta brecha no es un accidente, sino que es un fallo sistémico, que erosiona la democracia y perpetúa la impunidad de los más fuertes.

<<La Desigualdad en la Justicia Española – (Un análisis realista)>>

La justicia española, lejos de ser un baluarte de equidad, se ha convertido en un espejo deformado de las desigualdades sociales.

**Analizamos los puntos clave donde la promesa constitucional se quiebra:

1.- Macrocausas – (Agujeros Negros Judiciales).

Los grandes procesos -como las tramas de corrupción política o empresarial- actúan como verdaderos agujeros negros, devorando jueces, funcionarios y peritos durante años interminables, mientras tanto, miles de causas “menores” quedan paralizadas en el limbo burocrático. Una simple querella de un ciudadano anónimo, un conflicto laboral o una denuncia por irregularidades locales se pudre en un cajón olvidada, porque sin inversiones adicionales en personal y tecnología, cada macrocausa no solo paraliza un juzgado, sino que sabotea la democracia diaria, dejando a la ciudadanía desprotegida ante abusos cotidianos.

¿Es esto igualdad o un sistema diseñado para priorizar el espectáculo sobre la sustancia?

<- Brecha en la capacidad de defensa (Dinero y poder).

La imparcialidad del juez es un recipiente vacío si la defensa no es equitativa: (I). Grandes fortunas y políticos investigados por corrupción despliegan ejércitos de abogados de élite, multiplicando recursos, incidentes procesales y nulidades para dilatar los juicios hasta el agotamiento ajeno; y, (II). en contraste, el ciudadano medio -con asistencia jurídica gratuita o recursos limitados- enfrenta una guerra de desgaste que no puede ganar.

“La desigualdad transforma la igualdad formal en una desigualdad práctica brutal, donde el dinero compra tiempo, influencia y, a menudo, absoluciones implícitas”.

**Una crítica sin engaños: “Un sistema judicial que permite esto es injusto, porque es discriminatorio y cómplice de la corrupción”.

<-Presión Mediática y Juicios Paralelos (El circo de las portadas).

-La cobertura mediática distorsiona las prioridades judiciales de manera flagrante, ya que, los casos de portada avanzan a ritmo acelerado bajo la presión política e institucional,-mucho más numerosas y cercanas, como las en ayuntamientos o administraciones autonómicas- se embarran en la burocracia y el silencio, porque la selectividad mediática no solo acelera lo visible, sino que condena lo invisible a la impunidad.

¿Por qué un escándalo nacional recibe atención inmediata, pero un contrato irregular en un pueblo se eterniza?

La respuesta es clara: “El poder mediático dicta el tempo, perpetuando un ciclo vicioso donde la justicia se convierte en entretenimiento para unos pocos privilegiados”.

2.- Justicia Tardía (Impunidad disfrazada).

Cuando una resolución llega tras ocho, diez o más años, el daño ya es irreparable, entre otras cosas, porque el político corrupto ha abandonado el cargo, el dinero robado se ha evaporado en paraísos fiscales y la confianza pública en las instituciones se ha desintegrado, de manera que como dice el aforismo jurídico, “justicia tardía no es justicia”, ya que. es otra cosa que se llama engaño.

Esta dilación sistemática no es casual, sino que es el resultado de un sistema sobrecargado y desatendido, que favorece a quienes pueden esperar -los poderosos- y castiga a los vulnerables.

<<Una Democracia se mide por sus márgenes – (Las estadísticas que desnudan la realidad)>>

**Las tablas y datos oficiales confirman nuestra esta crítica:

<-Recursos Secuestrados, ya que, las causas mediáticas monopolizan juzgados enteros, dejando sin atención el 80% de los expedientes cotidianos (según informes del CGPJ).

<-Tiempos de espera injustos, porque los ciudadanos esperan años por resoluciones simples, mientras macrocausas avanzan con refuerzos especiales.

<-Equilibrar el poder económico, ya que, quienes contratan defensas premium obtienen ventajas procesales, con tasas de dilación un 50% superiores en casos de bajo perfil.

<-Modificar las prioridades políticas, porque las reformas judiciales se centran en lo macro, ignorando lo local y perpetuando la brecha.

Una justicia verdaderamente igualitaria no se limita a proclamar principios constitucionales formales, sino que exige garantizar, que un contrato irregular en un pueblo reciba la misma diligencia que una trama nacional.

Sin inversiones masivas en digitalización, más jueces y personal cualificado, la igualdad seguirá siendo un cascarón vacío, no una realidad tangible.

Nota . Hay que recordar con intensidad, que “la calidad de una democracia se mide por cómo trata al ciudadano sin poder, dinero ni conexiones”. Cualquier otro enfoque es hipocresía institucionalizada.

<<Un Plan para la Igualdad Real (Proyecto Lupa y Red)>>

Reformar el sistema desde arriba es quimérico en un panorama político paralizado, pero la sociedad civil puede impulsarlo desde abajo con determinación, razón por la que presentamos el Proyecto Lupa y Red, una iniciativa de vigilancia ciudadana para exigir la aplicación efectiva de las leyes existentes, sin necesidad de revoluciones legislativas.

***Este plan transforma la pasividad en acción crítica y colectiva.

**Fase 1: La Lupa – Monitorizar lo Invisible.

<-Crear observatorios locales impulsados por vecinos para rastrear casos de corrupción o abusos administrativos que el sistema ignora.

<-Registrar tiempos de espera en bases de datos públicas y accesibles, exponiendo la lentitud endémica.

<-Comparar públicamente el ritmo de casos locales versus mediáticos, usando datos para denunciar la desigualdad. Los datos no mienten: son la herramienta más afilada contra la indiferencia burocrática.

**Fase 2: La Red – Solidaridad Colaborativa.

<-Impulsar plataformas de crowdfunding jurídico y redes de abogados voluntarios para nivelar el campo de juego.

<-Acompañar a denunciantes protegidos por la Ley de Protección del Informante, rompiendo su aislamiento.

<-Convertir el miedo y la soledad en fuerza colectiva, donde la comunidad respalda al individuo contra el Goliath institucional.

**Fase 3: Ruido Selectivo – Hacer Visible lo Oculto.

<-Organizar presencia ciudadana en juzgados para demostrar vigilancia y presión pública.

<-Denunciar retrasos en redes sociales, etiquetando a organismos judiciales y medios con datos verificables y contundentes. Este “ruido” no es caos; es transparencia estratégica que obliga al sistema a rendir cuentas.

<<Ciudadanos frente al Sistema (Herramientas de defensa)>>

Debilidad del Ciudadano	Herramienta de Combate	Acción Práctica
Falta de Recursos	Acción Popular Colectiva	Compartir costes de denuncias en asociaciones y plataformas.
Soledad	Redes de Apoyo	Acompañar a denunciantes y testigos en juicios y procesos.
Desconocimiento	Alfabetización Jurídica	Organizar talleres gratuitos sobre plazos, procedimientos y derechos.
Invisibilidad	Digitalización del Escándalo	Publicar cronogramas y retrasos en plataformas abiertas para viralizar la injusticia.

<<El efecto gota de agua (Transparencia como arma).

No pretendemos colapsar el sistema, sino incomodarlo con una transparencia implacable. Un juez consciente de que sus tiempos son escrutados actúa con mayor diligencia, y, además, un político expuesto no puede esconderse.

Es un hecho indudable: “La justicia falla cuando unos gritan y otros callan”. Critiquemos esta asimetría y actuemos para equilibrarla.

<<Iniciar el cambio (Pasos concretos)>>

1.- Asumir que la corrupción “menor” -esa que afecta a tu hospital, colegio o calles- es tan corrosiva como la nacional.

2.- Recordar que diez personas coordinadas pueden auditar y transformar toda una ciudad.

N. B. El cambio no vendrá de decretos lejanos, sino que surge cuando la sociedad civil decide mirar, medir y actuar con seriedad y persistencia.

El artículo 14 de la C. E. debe pasar de ser una declaración formal a una igualdad real y eso depende de nosotros.

Córdoba, 19 de enero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Son muy listos (los demás somos tontos)

En la calle y en cualquier sitio, en relación con los políticos corruptos en España, se oye algo, que es ofensivo para todos los ciudadanos honestos que son la mayoría, concretamente, “son muy listos”, razón por la que se puede entender, que a la vez se está aceptando que el resto de ciudadanos somos tontos.

Como entiendo, que lo dicho no puede ser verdad, me siento ofendido día a día cada vez que oigo esas palabras, porque la frase, “son muy listos”, encierra una trampa dialéctica que, a menudo, justifica lo injustificable, trasladando la culpa del político corrupto a la víctima, que somos todos los que formamos la sociedad civil.

Conviene analizar lo dicho con lógica y justicia, empezando por desmenuzar el concepto de “listo” y cómo se aplica en la sociedad española.

<<Confusión popular entre astucia y sabiduría>>

En España existe una larga tradición (la cultura de la “picaresca”), que muchas veces confunde la astucia con la inteligencia.

<-El astuto (el “listo”): “Es alguien que detecta una debilidad en el sistema y la aprovecha para su beneficio personal, sin importar la ética”. No requiere un gran intelecto, sino falta de escrúpulos y una posición de ventaja. Tener el poder.

<-El inteligente: “Es alguien que utiliza su capacidad para resolver problemas complejos, crear valor y mejorar su entorno”, tal como son la gran mayoría de ciudadanos españoles.

Por tanto, decir que un político corrupto es “muy listo” es, en realidad, un uso negativo y rácano del lenguaje, porque, por ejemplo, “robar de una caja fuerte llena de dinero de la empresa confiado a tu custodia no te hace un genio financiero, pues solo te hace un abusador perverso y traidor de la confianza depositada en ti”.

<< La equivalencia falsa>>

La idea de que si los políticos corruptos son listos, nosotros somos “tontos”, es una falsa equivalencia y una desventaja de origen.

El ciudadano español no es tonto por ser engañado, porque la mayoría ciudadana es la parte de buena fe en un contrato social.

<-La situación de poder: “Un político corrupto maneja información, contactos y mecanismos legales que el ciudadano de a pie no ve”. <-La confianza como base social: “Una sociedad civilizada funciona bajo la premisa de la confianza”. Si para no ser “tontos” tuviéramos que desconfiar de cada semáforo, de cada médico, de cada ley y de la justica en general, la sociedad colapsaría. <-Una analogía: “Si alguien fuerza la cerradura de nuestra casa, no se puede aceptar que el ladrón es un “genio” y nosotros unos <tontos> por tener puerta, porque la verdad es que el ladrón es un criminal que ha roto las reglas de convivencia.

<<La frase como medio de defensa>>

A veces, cuando la gente dice “son muy listos”, no lo hace desde la admiración, sino desde la resignación y la defensa.

“Son tan poderosos y el sistema es tan lento, que la única explicación que encuentro es que son más listos que nosotros”.

Lo expuesto, es la victoria psicológica del político corrupto, porque ha convencido a toda la sociedad de que su amoralidad (su falta de ética y de honradez) es en realidad una forma de “superioridad intelectual”.

Aceptar esto es socialmente peligroso porque desincentiva la exigencia de responsabilidades por la sociedad civil.

<<La verdadera inteligencia>>

Desde una perspectiva lógica, un político que corrompe las instituciones de su propio país es profundamente torpe.

<-Degrada el sistema donde viven sus hijos. <-Destruye la economía que sostiene el bienestar general. Y, <-Arriesga su libertad y su legado por un beneficio material inmediato.

La verdadera inteligencia política es la que construye países prósperos, estables y justos, de forma, que lo del político corrupto es simple saqueo.

La verdad es, que “no se es tonto por indignarse ante el político corrupto, ni la mayoría social ciudadana es tonta por cumplir la ley”. El cumplimiento de las normas es lo que nos hace demócratas y libres, de forma, que calificar de “listo” al político corrupto es un error semántico, que premia la conducta del político delincuente y castiga la integridad del ciudadano honesto.

El silencio o la indiferencia no son neutros, sino que “actúan como un fertilizante para la corrupción”.

Cuando una sociedad se resigna y deja de reaccionar, el político corrupto siente que tiene “permiso social” para seguir actuando, validando su idea de que es superior o más hábil, así que, no queda otra, que romper con el círculo de complicidad involuntaria, de forma, que la conducta ciudadana debe pasar de la queja pasiva a la acción ética.

<<Desterrar el lenguaje de la admiración>>

La primera batalla es cultural y lingüística, de manera, que debemos dejar de usar términos que, aunque parezcan críticos, contienen un matiz de reconocimiento.

<-No son “listos”: Son mediocres que han fallado a su deber.

<-No es “picaresca”: Es robo y traición a la soberanía popular.

<-Conducta a seguir: “Corregir activamente a quien use esos términos en nuestro entorno”.

El lenguaje moldea la realidad, así que, si les quitamos el aura de “astutos”, les dejamos solo el traje de delincuentes.

<<Pasar a la Intolerancia Social>>

La corrupción política florece donde hay impunidad social, y, se puede comprobar como muchas veces aunque el político corrupto es castigado por la ley, sigue siendo aceptado socialmente, en su club social, en su barrio o en eventos públicos.

<-Conducta a seguir: “El aislamiento social es una herramienta poderosa”.

La ciudadanía debe mostrar su rechazo de forma pacífica pero firme. Un político corrupto no debería poder disfrutar de su “éxito” con normalidad en los espacios públicos sin sentir el peso del reproche moral de sus vecinos.

<<El voto de la exigencia>>

La sociedad civil acepta el error de votar “al menos malo” o perdonar la corrupción, porque se dice que “los otros son peores”, y, esta es la conducta que los corruptos esperan y desean.

<-Conducta a seguir: Establecer una línea roja ética.

Si un partido no limpia sus filas de manera radical, pierde el voto.

El ciudadano debe demostrar que la honestidad es un valor no negociable, por encima de las ideologías.

*Si los políticos ven que la corrupción resta más votos de los que el dinero robado puede comprar, el sistema empezará a cambiar por pura supervivencia*.

<<La transparencia como remedio>>

El “no hacer nada” suele venir de la ignorancia y de la falta de información real, aunque es un hecho patente que hoy en día existen herramientas ciudadanas para controlar y estar informado.

<-Conducta a seguir: Utilizar los Portales de Transparencia, apoyar a plataformas de periodistas de investigación y asociaciones civiles que denuncian la corrupción.

La conducta ciudadana debe ser la del auditor, de forma, que debemos “preguntar en qué se gasta el dinero en nuestro ayuntamiento, exigir facturas públicas, examinar las contrataciones y seguir los procesos judiciales”.

<<Coherencia ética social>>

No se puede exigir un político ejemplar si en nuestra vida diaria validamos corrupciones (pagar sin IVA, saltarse normas por “amiguismo”, etc.).

La integridad de una nación es la suma de las integridades individuales.

<<Educación cívica>>

El político corrupto quiere que pensemos que “todos son iguales” para que nos rindamos silentes y cautivos, de forma, que su cinismo es su mayor aliado porque anula la participación ciudadana.

Hay que empezar a formarnos y a formar a los más jóvenes en valores cívicos, desterrado lo inaceptable, como el dicho perverso de que “el dinero público no es de nadie”, porque la única verdad es, que es el fruto del esfuerzo de todos los ciudadanos trabajadores para pagar la sanidad, la educación y el resto de los servicios públicos esenciales.

N.B. No es verdad que sean muy listos y que los demás (la gran mayoría) seamos tontos.

La conducta justa de los ciudadanos honrados es la de la resistencia ética, porque no se trata de ser un héroe, sino de no ser un espectador complaciente, porque para que los malos políticos corruptos triunfen, solo hace falta “que los hombres buenos no hagan nada”.

Hay que practicar una ética de “tolerancia cero” en la conducta ciudadana del día a día para tener la autoridad moral de exigirla a nuestros políticos en la administración de lo público.

Córdoba, a 18 de diciembre de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presiente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Tasas en Córdoba y Provincia – Subidas (Pagan los Ciudadanos sin Recibir lo Justo)

Un grupo amplio de lectores me preguntan por la fiscalidad del Ayuntamiento de Córdoba, de los Ayuntamientos de la Provincia y de la Diputación Provincial, pues dicen que los impuestos y tasas de las Corporaciones locales (municipales y provinciales) han subido desproporcionadamente en relación con los servicios que reciben tanto en calidad como en cantidad cualificada.

La verdad es que la imposición fiscal en las Corporaciones Locales viene creciendo año tras año, sube el IBI por el aumento del valor catastral, suben las tasas, como las del agua y la basura, sin que los ciudadanos vean mejorar los servicios, en cambio es un hecho indiscutible, que suben los gastos de personal y los gastos corrientes improductivos de las mismas, a la vez, que crecen como setas las empresas, asociaciones y chiringuitos municipales y provinciales y, además, se cubren a fondo perdido las pérdidas inexplicadas del dichos entes, algunos de ellos, fantasmas, pues nadie sabe realmente que hacen, cuanto empleados tienen, como han sido contratados y sin que nunca rindan cuentas debidamente controladas y auditadas por órganos competentes e independientes.

Así, que intentaré dar una explicación razonable empezando por las tasas municipales y provinciales, así que, es este artículo analizo las principales tasas, su incremento, las justificaciones oficiales y las críticas, ofreciendo una visión crítica, y, propuestas para los cordobeses.

Los ciudadanos de Córdoba, tanto en la capital como en la provincia, expresan su preocupación por el aumento constante de las tasas municipales y provinciales, que consideran desproporcionadas frente a la calidad y cantidad de los servicios recibidos.

<<Contexto General>>

**Aumento de Tasas y Falta de Retorno.

Las tasas municipales y provinciales, como agua y basura, han subido de forma sostenida, mientras los servicios públicos correspondientes no mejoran visiblemente.

Así mismo, los ciudadanos perciben que los incrementos financian gastos improductivos, como empresas municipales opacas o pérdidas no justificadas, en lugar de servicios proporcionales al bien común.

La falta de auditorías independientes y la percepción de mala gestión o corrupción refuerzan esta desconfianza.

<<Tasas en la Ciudad de Córdoba>>

**Tasa de Basuras (Sadeco): Subió un 10% en 2025, tras un 35% en 2024, acumulando un 45% en dos años. El coste medio por vivienda aumenta 24,51 euros anuales. Sadeco justifica el alza por la reducción de ingresos de Ecoembes y la Ley 7/2022, que exige financiar el 100% del servicio con tasas. Sin embargo, la oposición (PSOE, IU, Podemos) y los ciudadanos critican la falta de mejoras en la recogida y reciclaje, comparando la tasa (100-120 euros/vivienda) con ciudades como Málaga (28 euros).

**Tasa de Agua (Emacsa): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, sumando un 15% en dos años. El coste medio sube 15-20 euros anuales por vivienda. Emacsa cita la inflación, la sequía y la modernización de infraestructuras como causas, pero los ciudadanos critican la ausencia de bonificaciones para colectivos vulnerables y el peso de la cuota fija en un contexto de menor consumo.

**Otras Tasas: La limpieza viaria no registra subidas significativas, mientras que el ICIO y las tasas de actividades bajan un 2%. Las tarifas de taxis suben un 3,6%, y las de ocupación de vía pública se mantienen congeladas.

**Medidas Compensatorias: El Ayuntamiento (PP) ha reducido el IBI rústico (-13,93%), el IVTM (-13,21%) y la plusvalía (-8,27%) desde 2019, además de congelar tarifas de transporte público (Aucorsa) hasta julio de 2025. Sin embargo, estas medidas no compensan la percepción ciudadana de presión fiscal.

<<Tasas en la Provincia de Córdoba>>

**Tasa de Basuras (Epremasa): La Diputación propuso un aumento del 10% para 2025, pero fue rechazado, manteniendo los valores de 2024 (60-80 euros/vivienda). Epremasa justifica los costes por combustible, personal y la Ley 7/2022, pero la oposición señala que perjudicaría a municipios pequeños. La falta de reciclaje avanzado en áreas rurales alimenta críticas sobre la calidad del servicio.

**Tasa de Agua (Emproacsa): Subió un 22% en 2024, sin cambios en 2025, con un coste medio de 100-150 euros/vivienda. La sequía, los costes energéticos y la modernización de infraestructuras son las razones oficiales. Sin embargo, la inyección de 50 millones de euros por la Diputación para salvar a Emproacsa, sin exigir responsabilidades por mala gestión, genera indignación.

**Otras Tasas: Alcantarillado y depuración también subieron un 22% en 2024. Tasas viales y de servicios culturales o cementerios varían por municipio, pero no registran incrementos significativos en 2025.

<<Comparación: Ciudad vs. Provincia>>

**Ciudad: Tasas más altas (basura: 100-120 euros; agua: 150-200 euros) debido a costes urbanos, con subidas más pronunciadas (45% basura, 15% agua), pero con reducciones en otros impuestos. Sadeco y Emacsa ofrecen cierta capacidad para bonificaciones.

**Provincia: Tasas más bajas (basura: 60-80 euros; agua: 100-150 euros), pero con menos bonificaciones y autonomía limitada por la dependencia de Epremasa y Emproacsa. La subida del agua (22%) impacta más en municipios rurales.

<<Propuestas para los Ciudadanos>>

1.-Consultar bonificaciones en la Oficina Virtual Tributaria (tributos.cordoba.es) o Ayuntamientos locales.

2.-Reducir el consumo de agua y mejorar la separación de residuos para minimizar cuotas variables.

3.-Aprovechar fraccionamientos o descuentos por pago anticipado (ej. 5% en el IBI).

4.-Exigir auditorías transparentes sobre el uso de las tasas.

5.-Presionar por tarifas progresivas y sistemas de pago por generación de residuos.

<<Conclusión>>

Las tasas de basura y agua en Córdoba han subido significativamente (45% y 15% en la capital; 22% en agua en la provincia), impulsadas por la Ley 7/2022, la sequía y la inflación.

Sin embargo, la falta de mejoras visibles en los servicios y la opacidad en la gestión de empresas como Emproacsa generan una percepción de injusticia.

Los ciudadanos deben exigir transparencia y optimizar consumos mientras se implementan medidas compensatorias insuficientes.

N.B. Los ciudadanos perciben que las tasas que pagan son excesivas y que en compensación no reciben lo justo.

Sienten, además, opacidad, mala gestión y sensación de injusticia.

Córdoba, a 29 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

El Viraje III: El Conflicto del Agua en el Norte de Córdoba (Inacción del Presidente – Urgencia de una respuesta)

El suministro de agua en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, en la zona norte de la Provincia de Córdoba, se ha convertido en un problema crónico que afecta a más de 80.000 habitantes.

La controversia en torno a la conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera ha destapado una compleja red de conflictos técnicos, burocráticos y políticos.

En el centro de esta crisis se encuentra la inacción del Presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, del Partido Popular (PP), quien viene adoptando una postura pasiva frente a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), calificada como injusta por una gran mayoría de cordobeses.

Este artículo analiza en profundidad el conflicto, evaluando de manera equitativa las posturas de las partes involucradas, las implicaciones de la inacción provincial y las posibles soluciones, en línea con la necesidad de un cambio estratégico en la gestión del PP en la región.

**Contexto del Conflicto.

La crisis hídrica en el norte de Córdoba tiene su origen en la sequía extrema de 2023, que dejó el embalse de Sierra Boyera completamente seco, obligando a los municipios de Los Pedroches y el Guadiato a depender de camiones cisterna para el suministro de agua potable durante un año.

Esta situación de emergencia puso de manifiesto la necesidad de una solución estructural para garantizar el abastecimiento a largo plazo.

La Junta de Andalucía, liderada por el PP, propuso un proyecto de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, con un presupuesto de 9,3 millones de euros y ya adjudicado a la empresa Jicar. Este proyecto incluye una nueva toma de agua a diferentes profundidades en La Colada, una estación de bombeo con capacidad de 600 litros por segundo (frente a los 400 actuales) y la finalización de las conducciones pendientes desde 2009.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y controlado por el PSOE, ha rechazado autorizar esta obra, argumentando que la solución de emergencia implementada en 2023, con un coste de más de 4 millones de euros, es suficiente y definitiva. Esta actuación provisional incluyó una toma flotante en La Colada y un sistema de bombeo con grupos electrógenos, pero ha sido criticada por su fragilidad, evidenciada por averías como la rotura de un generador en 2023, que dejó a la región sin agua durante días.

El núcleo del conflicto radica en la negativa de la CHG a aplicar el artículo 123 de la Ley de Aguas, que permite autorizar obras hidráulicas en un plazo de seis meses en casos de emergencia o situaciones hidrológicas excepcionales, como la sequía de 2023.

La CHG aplicó este artículo para la obra de emergencia del Gobierno central, pero no para el proyecto definitivo de la Junta, lo que ha generado acusaciones de incoherencia y una “doble vara de medir” por parte del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que, sin embargo, ha adoptado una política complaciente y tancredista frente a la postura radical de enfrentamiento total de la CHG y su Presidente en un claro abuso de poder.

**La Inacción de Salvador Fuentes y la Diputación.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha calificado la decisión de la CHG de “muy grave” y ha denunciado que el organismo intenta “dar carpetazo” al problema sin esperar las observaciones que la Diputación y la Junta pueden presentar hasta el 21 de julio de 2025.

El Sr. Fuentes Lopera ha criticado la actitud del presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por considerar la obra de emergencia de 2023 como una solución definitiva, a pesar de que el trámite de alegaciones sigue abierto, lo que vulnera principios de transparencia y participación administrativa. Sin embargo, más allá de estas declaraciones, Fuentes no ha anunciado medidas concretas, ya sean administrativas o judiciales, para contrarrestar la resolución de la CHG, lo que ha sido interpretado como una postura de “tolerancia absoluta” o “inmovilismo” por parte de muchos sectores y de una mayoría de cordobeses.

Están rotos todos los posibles puentes de diálogo entre el P.P. y el Gobierno de la Nación para arreglar el problema del agua en Córdoba, de manera, que seguir repartiendo abrazos diputacionales, tal como hace el Presiente Sr. Fuentes, a quien los rechaza sin ningún rubor, no es una equivocación, es someterse cautivo y sumiso a una esclavitud sin precedentes.

Esta inacción contrasta con la urgencia expresada por la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha instado a la CHG a “enterrar el hacha de guerra” y colaborar en el desbloqueo del proyecto.

La Diputación, en coordinación con la Junta, está preparando observaciones finales para presentar antes del plazo del 21 de julio, en un último intento por vía administrativa para salvar el proyecto. No obstante, la falta de liderazgo de Fuentes en la adopción de medidas más contundentes, como una acción judicial inmediata, ha generado críticas incluso dentro de su propio partido, donde se señala que su postura parece alinearse con una complacencia hacia el Gobierno Central del PSOE.

**Tensiones Políticas.

PP vs. PSOE. El conflicto trasciende lo técnico y se enmarca en una clara pugna política entre el PP, que controla la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, y el PSOE, que gestiona la CHG a través del Gobierno Central.

La negativa de la CHG a autorizar la obra de la Junta es de hecho dictar una resolución injusta y contra ley para frenar una iniciativa del PP, mientras que la solución provisional del Gobierno Central, menos robusta y más costosa a largo plazo, ha sido defendida como suficiente por el presidente de la CHG, Samuel Moraleda. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre las administraciones, con acusaciones cruzadas de falta de voluntad política y responsabilidad.

Por su parte, el consejero Fernández-Pacheco ha destacado que la Junta está dispuesta a ajustar el proyecto para cumplir con los criterios técnicos de la CHG, incluyendo modificaciones para mejorar la calidad del agua captada en La Colada.

Sin embargo, Moraleda ha mantenido un “no rotundo” a la autorización, argumentando que la decisión es técnica y respaldada por funcionarios independientes, aunque no ha respondido a las críticas sobre la no aplicación del artículo 123 de la Ley de Aguas.

En este contexto, la postura de Salvador Fuentes con abrazos y pasividad ha sido percibida como una entrega cautiva a la parte que abusa de su poder, especialmente en comparación con la defensa más enérgica de la Junta.

La falta de una respuesta contundente por parte de la Diputación, como la exigencia de responsabilidades legales o una acción judicial penal contra la CHG en la persona de su Presidente, ha alimentado la percepción de que Fuentes está voluntariamente cautivo, evitando un enfrentamiento directo con el Gobierno Central (CHG), que le deniega todo y lo somete sin pudor, lo que podría deberse a sus cálculos políticos personales o a una estrategia pasiva de no enfrentase al conflicto, esperando que escampe.

Esta actitud contrasta con la línea más combativa promovida por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha abogado por un cambio de rumbo en la estrategia territorial del partido.

**Implicaciones de la Crisis.

La crisis del agua en el norte de Córdoba no solo afecta el suministro de un recurso básico, sino que tiene profundas repercusiones sociales, económicas y políticas:

-Impacto Social: Los 80.000 habitantes de Los Pedroches y el Guadiato han sufrido restricciones severas, incluyendo un año de dependencia de camiones cisterna en 2023, lo que pone en riesgo el derecho fundamental al acceso al agua potable. La incertidumbre sobre la calidad y continuidad del suministro, especialmente en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes, genera malestar y desconfianza hacia las instituciones.

-Impacto Económico: La falta de un sistema de abastecimiento fiable afecta a sectores clave como la ganadería y la agricultura, fundamentales en estas comarcas. La solución provisional de la CHG, que depende de grupos electrógenos y no garantiza la calidad del agua, ha generado costes adicionales, como los 5 millones de euros gastados en camiones cisterna durante 2023.

-Impacto Político: El conflicto pone en evidencia las tensiones entre administraciones de distintos signos políticos, así como la necesidad de una mayor coordinación y liderazgo dentro del PP a nivel provincial.

La inacción de Fuentes debilita la posición del partido en la región, especialmente, si no se logra desbloquear el proyecto antes de que expire el plazo de alegaciones.

**Propuestas para una Solución.

Para superar el bloqueo actual, se requiere una acción coordinada y decidida por parte de todas las administraciones involucradas.

Algunas medidas concretas incluyen:

*Acción Judicial Inmediata: Si la CHG mantiene su negativa tras el plazo de alegaciones del 21 de julio, la Diputación, en apoyo a la Junta, debería presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la CHG, argumentando la vulneración del artículo 123 de la Ley de Aguas y la falta de transparencia en el proceso, incluida una acción penal si fuere preciso contra una resolución injusta del Presidente de la CHG.

*Presión Institucional: La Diputación debería liderar una campaña de presión pública y política, involucrando a los ayuntamientos afectados, asociaciones de vecinos y sectores económicos, para exigir una solución definitiva al Gobierno central. Esta estrategia podría incluir movilizaciones ciudadanas y una mayor presencia mediática.

*Colaboración Técnica: La Junta y la Diputación deben trabajar conjuntamente para ajustar el proyecto a los requerimientos técnicos de la CHG, como ya se está haciendo con la inclusión de nuevas tomas de agua en La Colada. Sin embargo, esto no debe implicar aceptar una solución provisional como definitiva.

*Liderazgo del PP: Salvador Fuentes debe alinearse con la estrategia de firmeza promovida por Alberto Núñez Feijóo, abandonando cualquier postura de complacencia hacia el Gobierno central. Esto incluye exigir responsabilidades al presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por su gestión del conflicto.

**Conclusión.

La crisis del agua en el norte de Córdoba es un problema de primera magnitud que pone a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un derecho fundamental.

La inacción del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, frente a la resolución de la CHG, percibida como injusta, ha generado críticas justificadas por su falta de liderazgo y compromiso. Aunque Fuentes ha denunciado la actitud de la CHG, sus palabras no han ido acompañadas de medidas concretas, lo que agrava la percepción de una gestión pasiva que no responde a las necesidades de los 80.000 habitantes afectados.

El conflicto trasciende lo técnico y refleja las tensiones políticas entre el PP y el PSOE, así como la necesidad de un viraje estratégico en la gestión del PP en Córdoba.

La conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera no solo es una obra esencial, sino un símbolo de la capacidad de las instituciones para priorizar el interés general.

La Diputación debe abandonar su postura tancredista y liderar, junto a la Junta, una respuesta contundente que incluya acciones legales y presión política. Solo así se podrá superar el bloqueo burocrático y garantizar el suministro de agua en el norte de Córdoba, poniendo fin a una crisis que no admite más demoras.

N.B. El Viraje político del P. P. y de su Presidente Nacional debe tener un reflejo inmediato en el Conflicto del Agua en el Norte de Córdoba, de forma, que la inacción del Presidente Fuentes Lopera exige una respuesta concreta y rápida en favor de los 80.000 cordobeses afectados.

La ciudadanía de Los Pedroches y el Guadiato espera acción, no palabras.

La resolución del conflicto requiere un compromiso firme y coordinado entre todas las administraciones, dejando atrás las ambigüedades y las rivalidades políticas. El derecho al agua está en juego, y con él, la dignidad y el futuro de una región que no puede seguir esperando.

Este conflicto orquestado políticamente, no es sino otra cara de lo mismo, como el cupo catalán y el reparto excluyente de menas al País Vasco y a Cataluña, razón por la que la inacción frente a la injusticia por un poder territorial es complicidad.

Córdoba, 20 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Problemas de Córdoba VIII. Dejación de funciones en la Crisis del Agua (Instituciones Públicas en stand by)

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo a la dejación de funciones de todas las Instituciones Públicas en Córdoba, que ha privado de agua potable a los habitantes de la Zona Norte de Córdoba, que son casi 85.000 personas.

Lo último ha sido, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha rechazado contra toda ley y justicia la autorización a la Junta de Andalucía para realizar la obra definitiva de conexión del embalse de La Colada con el de Sierra Boyera por la vía de los hechos consumados, la situación descrita es, se mire como se mire, un insulto a los cordobeses, a todos, no solo a los de la Zona Norte, motivo por el que todas las Instituciones con poder de gobierno son responsables de la falta de agua potable en la Zona afectada, de manera, que ha habido una enorme falta de dejación de funciones de todas las Instituciones con responsabilidad en este asunto desgraciado.

Problemas de Córdoba VIII: Dejación de Funciones en la Crisis del Agua.

La falta de agua potable en el norte de Córdoba, que afecta a más de 80.000 personas en 28 municipios, es un escándalo que evidencia la dejación de funciones de las administraciones públicas. Desde abril de 2023, la sequía extrema, la contaminación del embalse de La Colada y la inacción institucional han privado a la población de un derecho humano básico. Este artículo analiza las responsabilidades de las instituciones implicadas, las causas estructurales y las soluciones urgentes necesarias.

<<La Crisis del Agua en el Norte de Córdoba>>

Desde abril de 2023, el colapso del embalse de Sierra Boyera por la sequía y la contaminación del embalse de La Colada, con altos niveles de carbono orgánico total (COT) y vertidos, han dejado sin agua potable a la Zona Norte. La población depende de camiones cisterna y agua embotellada, con graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales. El relator de la ONU, Pedro Arrojo, calificó esta situación como una “grave transgresión” del derecho al agua, pero, tras más de dos años, no hay solución definitiva.

<<Dejación de Funciones por las Administraciones Públicas>>

**Junta de Andalucía.

La Junta, responsable de la gestión hídrica y la calidad del agua, ha fallado en:

-Retrasos en soluciones: Las obras para modernizar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, licitadas por 11 millones de euros, avanzan lentamente y no resolverán la crisis a corto plazo.

-Falta de previsión: A pesar de advertencias sobre la sequía en 2023, no se garantizó un suministro alternativo.

-Negligencia en vertidos: La contaminación de La Colada, vinculada a vertidos ganaderos y residuales, no ha sido controlada, ignorando informes previos desde 2013.

-Ausencia de liderazgo: No ha mediado eficazmente entre administraciones ni ha presentado un plan integral.

**Diputación de Córdoba y Emproacsa.

Emproacsa, encargada del abastecimiento provincial, ha mostrado:

-Infraestructuras obsoletas: La ETAP de Sierra Boyera no puede tratar el agua contaminada de La Colada. Las obras de modernización, iniciadas en 2024, no concluirán antes de finales de 2025.

-Mala planificación: La conexión La Colada-Sierra Boyera, propuesta en 2022, no incluyó medidas para garantizar la potabilización.

-Gestión ineficaz: La reducción del suministro por camiones cisterna en 2023 agravó la crisis, y las pérdidas en la red de distribución no se han abordado.

-Despilfarro financiero: Emproacsa, al borde de la quiebra, ha requerido inyecciones de fondos públicos sin resolver el problema.

**Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

La CHG, bajo el Ministerio para la Transición Ecológica, es responsable de:

-Bloqueo de proyectos: Ha paralizado la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera, una solución viable con agua de mejor calidad, pese a contar con 9 millones de euros.

-Errores estratégicos: En 2022, priorizó La Colada, cuya agua resultó contaminada, descartando Puente Nuevo.

-Falta de control: No ha evitado la contaminación de La Colada, un problema conocido desde hace años.

**Gobierno Central.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha mostrado:

-Inversión insuficiente: Los fondos asignados en 2024 para la ETAP de Sierra Boyera no resuelven la emergencia.

-Falta de coordinación: No ha liderado una respuesta conjunta, ignorando advertencias de la ONU y preguntas parlamentarias.

-Ausencia de urgencia: La conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera, clave para una solución definitiva, no estará lista antes de 2027.

<<Causas Estructurales>>

La crisis refleja problemas sistémicos:

*Abandono histórico: La Zona Norte ha sufrido décadas de desinversión en infraestructuras hídricas.

*Gestión ineficaz de la sequía: Las administraciones no han adaptado sus planes al cambio climático, con reservas en la cuenca del Guadiana al 21,1% en 2023.

*Contaminación descontrolada: Vertidos ilegales y ganadería intensiva han dañado La Colada sin sanciones efectivas.

*Descoordinación administrativa: Las competencias compartidas han generado un vacío de responsabilidad.

<<Impacto y Reacción Social>>

+Sanitario: La falta de agua potable causa problemas cutáneos, gastrointestinales y ansiedad, especialmente en niños y ancianos.

+Económico: Ganaderos sacrifican animales por los costes del agua, y la hostelería sufre pérdidas.

+Movilización: La Plataforma Unidos por el Agua ha liderado protestas, marchas y una huelga de hambre en 2023.

+Eco internacional: La crisis ha sido destacada por el Tiempos de Nueva York y el relator de la ONU.

<<Soluciones Urgentes>>

*Conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera: La CHG debe autorizar y acelerar esta obra antes de 2027.

*Modernización de la ETAP: Finalizar las mejoras con tecnologías avanzadas (ósmosis inversa, ultrafiltración) en 2025, con financiación conjunta.

*Control de vertidos: Implementar inspecciones y sanciones estrictas para proteger La Colada.

*Plan contra la sequía: Crear un pacto regional con auditorías, interconexiones y medidas climáticas.

*Participación ciudadana: Establecer un foro permanente para garantizar transparencia.

*Compensaciones: Ayudas para ganaderos y negocios afectados.

<<Conclusión>>

La crisis del agua en el norte de Córdoba es una vergüenza colectiva. La Junta de Andalucía, la Diputación, la CHG y el Gobierno Central han fallado en garantizar un derecho fundamental. La desinversión, la descoordinación y la falta de visión han prolongado un drama evitable. Desde Córdoba Abierta (ACOA), exigimos un plan de emergencia con plazos claros, financiación suficiente y acción coordinada. Es hora de acabar con el abandono y garantizar la igualdad para todos los cordobeses. No descansaremos hasta lograrlo.

N. B. Es un hecho patente, que uno de los problemas de Córdoba ha sido y es la grave dejación de funciones en la Crisis del Agua.

El valor justicia constitucional exige que esta situación injusta no dure ni un día más.

Córdoba, 12 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.