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El Viraje III: El Conflicto del Agua en el Norte de Córdoba (Inacción del Presidente – Urgencia de una respuesta)

El suministro de agua en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, en la zona norte de la Provincia de Córdoba, se ha convertido en un problema crónico que afecta a más de 80.000 habitantes.

La controversia en torno a la conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera ha destapado una compleja red de conflictos técnicos, burocráticos y políticos.

En el centro de esta crisis se encuentra la inacción del Presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, del Partido Popular (PP), quien viene adoptando una postura pasiva frente a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), calificada como injusta por una gran mayoría de cordobeses.

Este artículo analiza en profundidad el conflicto, evaluando de manera equitativa las posturas de las partes involucradas, las implicaciones de la inacción provincial y las posibles soluciones, en línea con la necesidad de un cambio estratégico en la gestión del PP en la región.

**Contexto del Conflicto.

La crisis hídrica en el norte de Córdoba tiene su origen en la sequía extrema de 2023, que dejó el embalse de Sierra Boyera completamente seco, obligando a los municipios de Los Pedroches y el Guadiato a depender de camiones cisterna para el suministro de agua potable durante un año.

Esta situación de emergencia puso de manifiesto la necesidad de una solución estructural para garantizar el abastecimiento a largo plazo.

La Junta de Andalucía, liderada por el PP, propuso un proyecto de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, con un presupuesto de 9,3 millones de euros y ya adjudicado a la empresa Jicar. Este proyecto incluye una nueva toma de agua a diferentes profundidades en La Colada, una estación de bombeo con capacidad de 600 litros por segundo (frente a los 400 actuales) y la finalización de las conducciones pendientes desde 2009.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y controlado por el PSOE, ha rechazado autorizar esta obra, argumentando que la solución de emergencia implementada en 2023, con un coste de más de 4 millones de euros, es suficiente y definitiva. Esta actuación provisional incluyó una toma flotante en La Colada y un sistema de bombeo con grupos electrógenos, pero ha sido criticada por su fragilidad, evidenciada por averías como la rotura de un generador en 2023, que dejó a la región sin agua durante días.

El núcleo del conflicto radica en la negativa de la CHG a aplicar el artículo 123 de la Ley de Aguas, que permite autorizar obras hidráulicas en un plazo de seis meses en casos de emergencia o situaciones hidrológicas excepcionales, como la sequía de 2023.

La CHG aplicó este artículo para la obra de emergencia del Gobierno central, pero no para el proyecto definitivo de la Junta, lo que ha generado acusaciones de incoherencia y una “doble vara de medir” por parte del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que, sin embargo, ha adoptado una política complaciente y tancredista frente a la postura radical de enfrentamiento total de la CHG y su Presidente en un claro abuso de poder.

**La Inacción de Salvador Fuentes y la Diputación.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha calificado la decisión de la CHG de “muy grave” y ha denunciado que el organismo intenta “dar carpetazo” al problema sin esperar las observaciones que la Diputación y la Junta pueden presentar hasta el 21 de julio de 2025.

El Sr. Fuentes Lopera ha criticado la actitud del presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por considerar la obra de emergencia de 2023 como una solución definitiva, a pesar de que el trámite de alegaciones sigue abierto, lo que vulnera principios de transparencia y participación administrativa. Sin embargo, más allá de estas declaraciones, Fuentes no ha anunciado medidas concretas, ya sean administrativas o judiciales, para contrarrestar la resolución de la CHG, lo que ha sido interpretado como una postura de “tolerancia absoluta” o “inmovilismo” por parte de muchos sectores y de una mayoría de cordobeses.

Están rotos todos los posibles puentes de diálogo entre el P.P. y el Gobierno de la Nación para arreglar el problema del agua en Córdoba, de manera, que seguir repartiendo abrazos diputacionales, tal como hace el Presiente Sr. Fuentes, a quien los rechaza sin ningún rubor, no es una equivocación, es someterse cautivo y sumiso a una esclavitud sin precedentes.

Esta inacción contrasta con la urgencia expresada por la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha instado a la CHG a “enterrar el hacha de guerra” y colaborar en el desbloqueo del proyecto.

La Diputación, en coordinación con la Junta, está preparando observaciones finales para presentar antes del plazo del 21 de julio, en un último intento por vía administrativa para salvar el proyecto. No obstante, la falta de liderazgo de Fuentes en la adopción de medidas más contundentes, como una acción judicial inmediata, ha generado críticas incluso dentro de su propio partido, donde se señala que su postura parece alinearse con una complacencia hacia el Gobierno Central del PSOE.

**Tensiones Políticas.

PP vs. PSOE. El conflicto trasciende lo técnico y se enmarca en una clara pugna política entre el PP, que controla la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, y el PSOE, que gestiona la CHG a través del Gobierno Central.

La negativa de la CHG a autorizar la obra de la Junta es de hecho dictar una resolución injusta y contra ley para frenar una iniciativa del PP, mientras que la solución provisional del Gobierno Central, menos robusta y más costosa a largo plazo, ha sido defendida como suficiente por el presidente de la CHG, Samuel Moraleda. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre las administraciones, con acusaciones cruzadas de falta de voluntad política y responsabilidad.

Por su parte, el consejero Fernández-Pacheco ha destacado que la Junta está dispuesta a ajustar el proyecto para cumplir con los criterios técnicos de la CHG, incluyendo modificaciones para mejorar la calidad del agua captada en La Colada.

Sin embargo, Moraleda ha mantenido un “no rotundo” a la autorización, argumentando que la decisión es técnica y respaldada por funcionarios independientes, aunque no ha respondido a las críticas sobre la no aplicación del artículo 123 de la Ley de Aguas.

En este contexto, la postura de Salvador Fuentes con abrazos y pasividad ha sido percibida como una entrega cautiva a la parte que abusa de su poder, especialmente en comparación con la defensa más enérgica de la Junta.

La falta de una respuesta contundente por parte de la Diputación, como la exigencia de responsabilidades legales o una acción judicial penal contra la CHG en la persona de su Presidente, ha alimentado la percepción de que Fuentes está voluntariamente cautivo, evitando un enfrentamiento directo con el Gobierno Central (CHG), que le deniega todo y lo somete sin pudor, lo que podría deberse a sus cálculos políticos personales o a una estrategia pasiva de no enfrentase al conflicto, esperando que escampe.

Esta actitud contrasta con la línea más combativa promovida por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha abogado por un cambio de rumbo en la estrategia territorial del partido.

**Implicaciones de la Crisis.

La crisis del agua en el norte de Córdoba no solo afecta el suministro de un recurso básico, sino que tiene profundas repercusiones sociales, económicas y políticas:

-Impacto Social: Los 80.000 habitantes de Los Pedroches y el Guadiato han sufrido restricciones severas, incluyendo un año de dependencia de camiones cisterna en 2023, lo que pone en riesgo el derecho fundamental al acceso al agua potable. La incertidumbre sobre la calidad y continuidad del suministro, especialmente en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes, genera malestar y desconfianza hacia las instituciones.

-Impacto Económico: La falta de un sistema de abastecimiento fiable afecta a sectores clave como la ganadería y la agricultura, fundamentales en estas comarcas. La solución provisional de la CHG, que depende de grupos electrógenos y no garantiza la calidad del agua, ha generado costes adicionales, como los 5 millones de euros gastados en camiones cisterna durante 2023.

-Impacto Político: El conflicto pone en evidencia las tensiones entre administraciones de distintos signos políticos, así como la necesidad de una mayor coordinación y liderazgo dentro del PP a nivel provincial.

La inacción de Fuentes debilita la posición del partido en la región, especialmente, si no se logra desbloquear el proyecto antes de que expire el plazo de alegaciones.

**Propuestas para una Solución.

Para superar el bloqueo actual, se requiere una acción coordinada y decidida por parte de todas las administraciones involucradas.

Algunas medidas concretas incluyen:

*Acción Judicial Inmediata: Si la CHG mantiene su negativa tras el plazo de alegaciones del 21 de julio, la Diputación, en apoyo a la Junta, debería presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la CHG, argumentando la vulneración del artículo 123 de la Ley de Aguas y la falta de transparencia en el proceso, incluida una acción penal si fuere preciso contra una resolución injusta del Presidente de la CHG.

*Presión Institucional: La Diputación debería liderar una campaña de presión pública y política, involucrando a los ayuntamientos afectados, asociaciones de vecinos y sectores económicos, para exigir una solución definitiva al Gobierno central. Esta estrategia podría incluir movilizaciones ciudadanas y una mayor presencia mediática.

*Colaboración Técnica: La Junta y la Diputación deben trabajar conjuntamente para ajustar el proyecto a los requerimientos técnicos de la CHG, como ya se está haciendo con la inclusión de nuevas tomas de agua en La Colada. Sin embargo, esto no debe implicar aceptar una solución provisional como definitiva.

*Liderazgo del PP: Salvador Fuentes debe alinearse con la estrategia de firmeza promovida por Alberto Núñez Feijóo, abandonando cualquier postura de complacencia hacia el Gobierno central. Esto incluye exigir responsabilidades al presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por su gestión del conflicto.

**Conclusión.

La crisis del agua en el norte de Córdoba es un problema de primera magnitud que pone a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un derecho fundamental.

La inacción del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, frente a la resolución de la CHG, percibida como injusta, ha generado críticas justificadas por su falta de liderazgo y compromiso. Aunque Fuentes ha denunciado la actitud de la CHG, sus palabras no han ido acompañadas de medidas concretas, lo que agrava la percepción de una gestión pasiva que no responde a las necesidades de los 80.000 habitantes afectados.

El conflicto trasciende lo técnico y refleja las tensiones políticas entre el PP y el PSOE, así como la necesidad de un viraje estratégico en la gestión del PP en Córdoba.

La conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera no solo es una obra esencial, sino un símbolo de la capacidad de las instituciones para priorizar el interés general.

La Diputación debe abandonar su postura tancredista y liderar, junto a la Junta, una respuesta contundente que incluya acciones legales y presión política. Solo así se podrá superar el bloqueo burocrático y garantizar el suministro de agua en el norte de Córdoba, poniendo fin a una crisis que no admite más demoras.

N.B.  El Viraje político del P. P. y de su Presidente Nacional debe tener un reflejo inmediato en el Conflicto del Agua en el Norte de Córdoba, de forma, que la inacción del Presidente Fuentes Lopera exige una respuesta concreta y rápida en favor de los 80.000 cordobeses afectados.  

La ciudadanía de Los Pedroches y el Guadiato espera acción, no palabras.

La resolución del conflicto requiere un compromiso firme y coordinado entre todas las administraciones, dejando atrás las ambigüedades y las rivalidades políticas. El derecho al agua está en juego, y con él, la dignidad y el futuro de una región que no puede seguir esperando.

Este conflicto orquestado políticamente, no es sino otra cara de lo mismo, como el cupo catalán y el reparto excluyente de menas al País Vasco y a Cataluña, razón por la que la inacción frente a la injusticia por un poder territorial es complicidad.

Córdoba, 20 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Un grito necesario contra la erosión del Estado de Derecho) – Artículo (I)

El pasado 11 de junio de 2025, la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un contundente llamamiento a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para recuperar el respeto hacia los tribunales y sus jueces. En un contexto de creciente polarización, sus palabras no solo reflejan una preocupación institucional, sino que señalan una amenaza real al pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la independencia judicial. Perelló denunció con firmeza las “descalificaciones constantes” que sufren los jueces por parte de quienes discrepan de sus resoluciones y calificó de “impropias de un Estado democrático avanzado” las manifestaciones que cuestionan directamente a jueces concretos. Este mensaje, que resuena con una claridad innegable, merece no solo nuestra atención, sino una acción inmediata y colectiva para frenar esta deriva.

<<Una realidad alarmante: ataques al poder judicial en todos los niveles>>

La advertencia de la presidenta no es una mera declaración retórica; es un reflejo de una realidad que se extiende desde los más altos tribunales hasta los juzgados de los pequeños municipios. Las descalificaciones a los jueces no son exclusivas de debates nacionales o de casos mediáticos. Es un hecho evidente, que esta actitud se ha normalizado incluso en el ámbito local. Es común escuchar a alcaldes o autoridades municipales cuestionar públicamente resoluciones judiciales, sin argumentos jurídicos, con el único propósito de deslegitimar al juez o jueza que las dicta. Estas críticas, a menudo vertidas con una arrogancia que ignora los principios de separación de poderes, no solo atentan contra la independencia judicial, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Lo más grave es que estas actitudes provienen en muchos casos de figuras políticas cuya legitimidad no siempre se basa en méritos profesionales o capacidades demostradas, sino en lealtades partidistas. Este fenómeno, que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, agrava aún más el problema. Un alcalde que, amparado en una mayoría absoluta, se siente por encima de la ley y ataca a un juez local, no solo comete un abuso de poder, sino que envía un mensaje devastador: que las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas o ridiculizadas sin consecuencias.

<<La vulnerabilidad de los jueces locales: un problema estructural>>

El llamamiento de Perelló adquiere una dimensión aún más urgente cuando se analiza la situación de los jueces que ejercen en pequeños municipios. Estos profesionales, que a menudo trabajan en soledad y con recursos limitados, son especialmente vulnerables a las presiones políticas y sociales. Cuando un alcalde o cualquier autoridad local critica públicamente una resolución judicial, no solo pone en entredicho la autoridad del juez, sino que lo expone a un escrutinio injusto por parte de la comunidad. Esta situación, es “insidiosa” y “cobarde”, pues el juez no tiene medios efectivos para defenderse públicamente sin comprometer su imparcialidad.

La impunidad con la que actúan estas autoridades locales es, sin duda, la raíz del problema. La falta de consecuencias legales o políticas para quienes atacan a los jueces fomenta una cultura de desprecio hacia el poder judicial. Si no se actúa con firmeza para proteger a los jueces locales, el mensaje que se envía es que el Estado de Derecho es frágil y que la justicia puede ser doblegada por el poder político. Si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

<<La responsabilidad del CGPJ y de la sociedad>>

El llamamiento de Isabel Perelló no puede quedar en palabras. Es imprescindible que el CGPJ, como garante de la independencia judicial, tome medidas concretas para proteger a los jueces frente a estos ataques. Esto incluye actuaciones inmediatas contra cualquier político que incurra en descalificaciones públicas hacia jueces concretos. El Consejo debe enviar un mensaje claro: cualquier intento de socavar la autoridad judicial tendrá consecuencias, independientemente de si el ataque proviene de un alto cargo o de un edil de un pequeño municipio.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La sociedad civil tiene un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), en respuesta al llamamiento de Perelló, ha hecho un llamamiento a sus asociados y simpatizantes para rechazar las descalificaciones a los jueces y promover el respeto hacia los tribunales. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a fortalecer la democracia, recordando que la justicia independiente es un pilar irrenunciable de nuestra convivencia.

<<Conclusión: un compromiso colectivo para salvar la democracia>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Las descalificaciones a los jueces, especialmente cuando se dirigen a profesionales en contextos vulnerables, no son un problema menor; son un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos rechazar estas actitudes y exigir que las instituciones actúen con contundencia para proteger la independencia judicial.

Hacemos nuestro el mensaje de Isabel Perelló y de la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-: Recuperar el respeto hacia los jueces y tribunales es una tarea urgente y colectiva. Solo a través de un compromiso real, que defienda tanto a los magistrados del Tribunal Supremo como a los jueces de los pequeños pueblos, podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar que sostiene nuestra democracia.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento Presidenta T. S. y CGPJ y rechazamos las descalificaciones a jueces concretos, porque lo contrario es destruir nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Lección de historia – Pensiones – Omnibus (sistema productivo – cambio estructural)

Algunos de los lectores, me dicen que hace tiempo que no digo nada sobre el empleo y el paro, ya que, siendo pensionistas en estos días de decretos ómnibus y otra cosas que no entienden bien, están preocupados por las viabilidad futura de sus pensiones, al sospechar que en un futuro cercano no se podrán pagar las mismas.

Desgraciadamente estoy total y absolutamente de acuerdo con su temor y su apreciación, porque en España ningún Gobierno Nacional se ha tomado en serio el asunto de la Seguridad Social y su solución de futuro entregándose a la demagogia populista, pero, además, han abandonado el empleo y el problema del paro, cuando son asuntos interrelacionados de interés general, que conllevaría que toda la sociedad civil, los partidos políticos, los Gobiernos Centrales y Autonómicos y toda fuerza social existente en la Nación  llegaran a un gran acuerdo en aras del bien común.

Dicho todo lo anterior, les daré mi opinión y que cosas habría que hacer para solucionar este asunto, así:

Primero.- Siempre he dicho, que el gran problema de España es el tremendo desempleo estructural, que venimos manteniendo desde hace muchos años, pero está claro que no es el único, ni, además, ningún Gobierno ha afrontado con rigor las reformas estructurales y profundas necesarias para que podamos salir del problema.

Durante años, quizás, demasiados, se ha venido defendiendo un sistema productivo basado en el turismo (cosa que aún se sigue defendiendo equivocadamente), pero, que, como ha demostrado la historia y la pandemia del coronavirus tenía y tiene los pies de barro, además, ha propiciado un mercado laboral con poco valor productivo, que conlleva salarios bajos y temporales, que, a mayor inri, van troceados por trabajos a tiempo parcial.

En definitiva, no queda otra, que transformar nuestro sistema social-laboral buscando mayor valor productivo, que permita elevar los salarios y elevar las cotizaciones a la S. S. mejorando las inversión propia y atrayendo inversión extranjera, pues está muy claro, que siempre habrá algún país más barato, que vuelque la ola del turismo.

Tenemos un personal productivo adecuado y preparado, pero que está fuera o dedicado a labores poco productivas, aunque, quizás, ahora, con las nuevas tecnologías podamos girar hacia arriba y empezar a reconstruir España.

Las nuevas tecnologías y los Fondos U. E. pueden ser la palanca para llegar a un sistema productivo diferente, sólido, sostenible y con mayor valor añadido, pero, no debemos engañarnos, la aplicación de esos recursos tecnológicos y económicos debe ser eficaz, diferenciada hacia los sectores con mayor valor añadido y rápida; si no lo hacemos así, estaremos abocados al desastre.

Hay cosas que son elementales y no podemos olvidar, así:

1.- La inversión extranjera es imprescindible, y, aquí tenemos una pequeña ventaja, ya que, de la misma forma, que creamos un mercado del turismo, podemos atraer al inversor extranjero, y, sus empresas podrán crear puestos de trabajo productivos con mayor valor añadido y mejores salarios en todos los sentidos, pero hay que empezar creando una base sólida de seguridad jurídica.

Los decretazos ómnibus y cosas parecidas deben desaparecer de nuestro sistema económico y político, ya que, crean desconfianza al acrecentar las inseguridad legal.

2.-  Necesitamos atraer fondos privados, que creen empleos de calidad y que se queden de forma estable.

Es un hecho, que no podemos vivir solo del dinero público (fondos europeos, por poner un ejemplo), necesitamos dinero del sector privado, que venga, además, con avances tecnológicos, con trabajadores cualificados, que no solo produzcan, sino que, también, nos comuniquen y nos inculquen sus experiencias y sus conocimientos.

3.-Es otro hecho cierto, que debemos mantener una protección social suficiente, pero, igualmente, es cierto, que no podemos proteger a todo el mundo de la misma manera. Debemos saber cómo debemos y a quién, ya que, en un mundo globalizado, si proteges a todo el mundo igual innecesariamente pierdes competitividad, yendoal furgón de cola.

4.- El Estado no está para competir con el sector privado, está para apoyar e ir a la par con él, quizás, para corregir defectos estructurales del mercado, pero no para subsidiarlo todo hasta que se acaben los fondos.

Que ahora en España la mayoría del empleo que se crea esté en el sector público y creciendo la tendencia, es un contrasentido y un disparate alejado de la realidad.

5.- La historia ha dejado en evidencia, que tenemos un sistema productivo insostenible, se mire como se mire, y, que hay que transformarlo para sobrevivir.

6.- Solo como un ejemplo de todo lo dicho: “El sueldo de los funcionarios y las pensiones las podemos subir hasta un límite, pero una economía improductiva tiene los días contados”, y, nos ocurrirá como en otros lugares -solo citar, Grecia-, ya que, las malas decisiones se pagan siempre, de forma, que puede ser, que no las soporte el actual pensionista, pero sí tendrán que pagarlas su hijo y los funcionarios futuros.

Segundo.- Por otro lado, la Historia de España nos puede servir de ejemplo, aprovechado lo bueno y desechando lo malo.

Es un hecho, que el Imperio Europeo de Carlos V (I) arruinó a España, además, todos nuestros recursos americanos y propios se gastaron en conquistar y defender unos territorios, que nos aportaron gastos ruinosos, perdiéndose la oportunidad de invertir esa riqueza en España.

Se podrá discutir, si fue así fielmente o no, pero lo que no se puede discutir, es que el gasto guerrero fue equivocado y que después pagamos de sobra las consecuencias.

Tercero.- Ahora, tenemos una nueva oportunidad con las nuevas tecnologías, si la aprovechamos bien y cambiamos nuestro modelo productivo hacia otro más competitivo y eficaz con la aplicación tecnológica avanzada y con una distribución selectiva e inteligente de los fondos de ayuda de Europa.

Es evidente, que se puede hacer, pero hay que olvidar las fantasías, sean conscientes o inconscientes, como puede ser un gasto público desnortado, dirigido a la subvención social totalitaria, ya que, eso es hoy día imposible en un mundo globalizado y sumamente competitivo, de forma, que su consecuencia solo puede ser la ruina.

Cuarto.- Así mismo, el paro en España es una desgracia terrible, no solo por su propia entidad que supera cualquier tasa aceptable, sino porque, se trata de una situación estructural devenida sin soluciones de muchos años, además, distribuida de manera desigual por sectores productivos, territorios y colectivos de trabajadores.

Solo hay que fijarse en algunos datos del desempleo (-de sobra conocidos y citados, que son innecesarios de repetir-), por ejemplo, de Madrid y de Andalucía, para comprender el problema abismal que tenemos, no solo por las tasas de paro diferenciales, sino por su distribución entre colectivos de trabajadores, como pueden ser, personas jóvenes menores de 25 años, mujeres y/o trabajadores mayores de 50 años y por su distribución territorial y sectorial.

Quinto.- Finalmente, todo hay que hacerlo sin romper la igualdad ante la ley, sin comprometer la vigencia plena de nuestros derechos fundamentales y la existencia completa de las libertades de los españoles.

La reforma laboral impuesta contra el sentido común, ha conseguido que en España haya más de tres millones de contratos a tiempo parcial, un numero de parados reales desconocido, una cifra de inactivos que supera los dos millones y medio, un número de fijos discontinuos irreal y un cifra de cotizantes con una mayoría de salarios bajos, de manera, que no contribuyen a las necesidades reales de las pensiones porque no cotizan lo suficiente y, además, son empleos con baja productividad.

N.B. El sistema laboral y productivo en España precisan de una reforma estructural profunda, y, la historia nos ha dado una lección magistral, que no conviene desaprovechar, de forma, que ahora con  las nuevas tecnologías y los Fondos U. E., tenemos una oportunidad de iniciar un nuevo camino hacia la competitividad y la productividad.

De acuerdo con lo expuesto, si nos equivocamos de dirección, la sociedad presente y todas las generaciones futuras difícilmente nos lo perdonaran.

España no podrá soportar por más tiempo sin soluciones inmediatas y eficaces, la tasa destructiva para la sociedad de desempleo estructural, que mantenemos desde hace tantos años y agravándose, pues, está muy claro, que el Estado español, diga lo que diga el Gobierno, será imposible, que nos tenga a todos subsidiados y asistidos, manteniendo para siempre un gasto público desnortado e insoportable para la riqueza real de nuestro País.

Crear empleo de baja calidad, con salarios bajos, a tiempo parcial y de baja productividad es engañarnos nosotros mismos, pues así es imposible sostener las pensiones, y, por otro lado la sociedad civil ya no puede asumir mayor coste fiscal para pagar las pensiones con impuestos.

Córdoba, a 31 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Amnistía XII – Diputación – Agua – Propaganda (verdades y mentiras)

Como fue en Pozoblanco, que es tierra de toros y toreros, citaré la frase atribuida a Rafael Gómez Ortega “El Gallo”, que dice “lo que no puede ser, no puede ser, y, además, es imposible”, que viene a decir que algo es totalmente inviable.  

{Lo digo, porque ayer (22/12/23) en Pozoblanco el Presidente de la Diputación de Córdoba, Sr. Fuentes, anunció “la adjudicación de los cinco proyectos a las empresas que permitirá solucionar el problema del agua en la Zona Norte”.

El Presidente de la Diputación dijo, “el objetivo de este encuentro no es otro que el de comunicar, que ya ha sido firmado el decreto de adjudicación de las empresas que pondrán en marcha cada una de las cinco actuaciones que permitirán solucionar el problema del agua en la zona norte”, y, que “se trata de cinco actuaciones importantes que se desarrollarán a partir de la semana que viene en la potabilizadora de Sierra Boyera, en el depósito de Cuartenero y La Colada”.

Así mismo, comunicó que “nos encontramos en condiciones de que, para el mes de enero, se adjudique la conexión de Sierra Boyera con La Colada, una inversión de 11 millones de euros que, sumados a estos cuatro, serán los 15 millones de euros que en materia de agua invertirá la Junta de Andalucía en nuestra provincia”. }

Ayer decía y lo repito, *Emproacsa, en quiebra técnica*, y *la Diputación de Córdoba sin la fuerza financiera necesaria*, no pueden ni tienen medios (técnicos, económicos ni humanos) para solucionar un problema que viene de muy lejos, porque, un problema que es de todos -Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y todos los Pueblos afectados) no lo puede resolver solo una parte de los obligados a resolverlo, salvo, que como quiere el Sr. Fuentes, una lluvia total inunde  y anegue toda la Zona Norte de Córdoba, lo que, como mínimo, parece complicado y difícil.

Dicho de otra forma y en modo refrán, <<la verdad anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua>>.

Es un hecho patente y real, qué sin una conciliación verdadera entre el Gobierno Central, por un lado, y, la Diputación y la Junta de Andalucía, de otro, con auténticas contrapartidas proporcionales, no existe solución al problema del agua para el Norte de la Provincia, pues, ya lo dejó claro el Psoe, por boca de su Secretario de Estado de Medio Ambiente Sr. Hugo Morán, que dijo, que “el problema no se resuelve con buenas palabras ni con discursos mediáticos”, lo que significa, que el Presidente Fuentes se ha despachado en el mundo maravilloso de Alicia, decretando, que “espera que llueva café en el campo”.

La verdad y la mentira flotan en el vacío de nada, ya que, la postura del Sr. Morán y la entelequia solitaria del Sr. Fuentes demuestran “que abrazar y asumir de balde muros del Psoe, solo sirve para poner de manifiesto la molicie del Presidente de la Diputación de Córdoba”, sentado en el muro socialista de la verdad y la mentira, ya que, a la hora de la verdad solo emerge la realidad del significado de la amnistía socialista.

Dicho de otra forma, Sr. Fuentes, <<sin acuerdo real proporcionado en las dos aportaciones PSOE y P. P., la solución al problema del agua solo será una entelequia>>, ya que, Ud. ha desarticulado cualquier solución, arrancando las raíces de cualquier posible acuerdo real, al desbaratar las bases para llegar a un acuerdo, pues, si ya ha consensuado unilateralmente -sin contraprestaciones- su *amnistía pequeñita*, lo cierto y verdad, es que ha dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE, y, no le quepa duda, que ellos lo saben.

Pues ESO. UD. SR. PRESIENTE FUENTES YA NO TIENE NADA QUE OFRECER.

Sr. Fuentes Lopera, que después de esto, Ud. no puede seguir ni un minuto más al frente de la Corporación Provincial de Córdoba, que dicen que es del P. P., porque, solo le queda una, concretamente,*que una lluvia total inunde  y anegue toda la Zona Norte de Córdoba, lo que, como mínimo, parece un laberinto de la nada.

El P. P. ya sabe lo que hay -mucho palo y poca zanahoria-, de forma, que seguir subidos todos en el muro socialista ni produce calor ni hace feliz a nadie, máxime, cuando, además, se reparten palos por doquier a los votantes del P. P., así, que en las próximas elecciones el P. P. de Córdoba se situará en el vacío de la nada, si no, al tiempo.

N.B. La propuesta torera de que ya está solucionado el problema del agua para la Zona Norte en forma de decreto del Sr. Fuentes, está más cerca de la mentira que de la verdad, pues el problema del agua en el Norte de Córdoba es un problema de todos, y, sin todos, la solución es inviable.

La dimisión Presidente Sr. Fuentes Lopera es como su problema del agua inevitable.

Córdoba, a 22 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.