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El subsidio de mayores de 52 años – (Red de seguridad o jubilación anticipada forzosa)

El debate sobre el subsidio para mayores de 52 años ha dejado de ser una simple discusión presupuestaria para convertirse en un desafío técnico y político prioritario. Los recientes análisis del Banco de España (en su Informe Anual) y de la AIReF han puesto cifras sobre la mesa que confirman una realidad perversa, concretamente, “que lo que nació como una red de seguridad crucial para un colectivo vulnerable se está comportando, en la práctica, como una barrera invisible para el retorno al mercado laboral”.

¿Por qué un mecanismo de protección social termina cronificando el desempleo?

Se analizan las causas de esta “trampa de la reinserción” y las reformas estructurales necesarias para transformarla en un auténtico trampolín.

1.- La radiografía del problema – (El salto estadístico).

El desempleo de larga duración en España muestra una anomalía radical justo al alcanzar la barrera de los 52 años.

**Los datos no dejan lugar a dudas:

*El efecto frontera: Según la AIReF, a los 50 años menos del 5% de los perceptores de prestaciones lleva más de un año en desempleo. Sin embargo, al cumplir los 52 años -coincidiendo exactamente con el acceso a este subsidio especial- la tasa de desempleo de larga duración se dispara por encima del 40% y roza el 50%.

*La cronicidad del reempleo: El Banco de España constata que la probabilidad de volver a trabajar de este colectivo es extraordinariamente reducida. De los beneficiarios que cobraban la ayuda y no trabajaron a lo largo de un año, apenas un 8,9% logró trabajar al menos un día al año siguiente. En comparación, casi un 30% de quienes perciben una prestación contributiva normal consigue regresar al mercado laboral.

*Un colectivo envejecido: Alrededor del 70% de todas las personas que reciben un subsidio por desempleo de larga duración en España pertenece al colectivo de 50 años o más.

<<El mecanismo de la “trampa” – (La sobrecotización)>>

El núcleo del problema no es la cuantía directa de la ayuda (el 80% del IPREM, en torno a los 500 € mensuales), sino su estructura de cotización. El Estado, a través del SEPE, cotiza por el trabajador al 125% de la base mínima de cotización vigente (impulsada por las subidas del SMI).

Esto genera un incentivo inverso, ya que, para muchos profesionales senior, aceptar un empleo mal pagado, a tiempo parcial o de alta incertidumbre les puede suponer una pérdida en la expectativa de su futura pensión respecto a quedarse cobrando el subsidio.

El diseño actual garantiza, en determinados perfiles, una mejor jubilación permaneciendo en la inactividad que aceptando los salarios precarios que ofrece el mercado para su rango de edad.

2.- Hacia una solución equitativa y justa – (Romper el “todo o nada”).

La rigidez actual del sistema obliga al trabajador a elegir entre el subsidio protegido o un empleo precario que penalice su jubilación.

***Para romper esta trampa sin recortar derechos, la clave es la flexibilización a través de tres ejes:

A.- El modelo del “Complemento Salarial”.

La medida más urgente es permitir la compatibilidad plena y generalizada entre el subsidio y un salario, eliminando el miedo a perder la red de seguridad. Si un beneficiario encuentra un empleo, el subsidio se transformaría automáticamente en un complemento a la contratación.

Blindaje de la jubilación: La empresa cotizaría por el salario real y el SEPE aportaría la diferencia hasta garantizar el 125% de la base mínima. Así, el trabajador gana más al mes, la Seguridad Social ahorra parte de la prestación y la pensión futura queda intacta.

B.- El “Cheque Formación Senior” contra la obsolescencia.

El desempleo a esta edad responde muchas veces a una falta de adaptación a un mercado digitalizado. El mantenimiento del subsidio debe vincularse a itinerarios de recualificación obligatoria, tutorizada y financiada en sectores de alta demanda (economía del cuidado, gestión sostenible, digitalización básica), premiando el éxito formativo con pluses económicos.

C.- Bonificaciones fiscales “espejo” para empresas.

**De nada sirve incentivar al trabajador si las empresas siguen descartando sus currículums. Proponemos:

*Exención del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para contrataciones indefinidas de este colectivo.

*Un “Seguro de Adaptación” (subvención directa durante los primeros seis meses) destinado a la mentoría o adaptación del puesto de trabajo, reduciendo el riesgo percibido por el empleador.

3.- La doble pinza – (Edadismo cultural y sesgo de género).

Las distorsiones matemáticas del sistema conviven con una dura realidad sociológica. El mercado laboral opera con prejuicios que expulsan a los profesionales senior, cebándose especialmente con las mujeres.

Dimensión del problema	Manifestación en el mercado
Edadismo Cultural	Se camufla bajo la “falacia de la sobrecualificación” (pensar que se aburrirán o exigirán cobrar demasiado) o el prejuicio de que son incapaces de adaptarse a entornos digitales, ignorando el valor de su experiencia.
Factor Género	Las mujeres sufren una interseccionalidad penalizadora debido a la brecha por el cuidado de hijos en el pasado, la actual “crisis del sándwich” (cuidado de padres dependientes) y la devaluación de sus competencias informales por los algoritmos de cribado.

<-Para combatir esto de forma efectiva, la legislación debe ir un paso más allá del plano asistencial e introducir medidas vinculantes en los departamentos de Recursos Humanos: Currículum Ciego Obligatorio por ley para medianas y grandes empresas, Cuotas de Diversidad Generacional en los informes no financieros y Auditorías de los Algoritmos de IA para evitar que descarten perfiles con alta experiencia o periodos de inactividad.

4.- El nudo gordiano – (Cortoplacismo político vs. Cambio cultural).

Aquí radica la verdadera tragedia de las políticas públicas: El cortoplacismo electoral. Un plan educativo y de cambio cultural tarda entre 10 y 15 años en dar frutos. Para un político que piensa en ciclos de 4 años, invertir en una solución estructural cuyo éxito se apuntará el rival es un mal negocio. Se prefiere el “efecto foto” del subsidio inmediato porque calma la urgencia hoy, aunque cronifique el problema mañana.

Para que un plan a largo plazo funcione, debe blindarse mediante un Pacto de Estado Ciego a través de agencias independientes (como la AIReF o el Banco de España) con mandatos a 15 años y presupuestos protegidos por ley. Además, es imprescindible reescribir el concepto de “talento” en las escuelas de negocio e introducir programas de mentoría inversa en las escuelas desde la infancia. Las leyes cambian conductas, pero solo la educación cambia las mentalidades.

(Nota. Como jurista y profesional del derecho del trabajo, veo a diario cómo el subsidio de mayores de 52 años termina funcionando como una jubilación anticipada forzosa, no por falta de voluntad del trabajador, sino por la obsolescencia invisible que dicta el mercado).

N. B. Imagen.

Córdoba, 6 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Inflación y sobrecostes en las carreteras de Córdoba – (Freno a la conservación viaria)

1.- Análisis – (Más presupuesto, menos kilómetros).

El mantenimiento y la reforma de la red viaria en España no se enfrentan a un bloqueo institucional en términos absolutos, sino a una severa pérdida de poder adquisitivo en el sector de la construcción de infraestructuras. La realidad sobre el terreno es que el dinero rinde muchísimo menos que antes, lo que en la práctica ralentiza, encarece o deja desiertos muchos proyectos esenciales de reforma y conservación.

<-Déficit estructural: Se dice que España arrastra un bache de inversión acumulado en la red estatal de unos 5.600 millones de euros desde la crisis de 2008, aunque asociaciones como la Asociación Española de la Carretera (AEC) o la patronal de fabricantes de asfalto (Asefma) elevan la cifra necesaria para poner el contador a cero en todo el país a más de 13.400 millones de euros.

<-La paradoja de la inflación: A pesar de destinarse una cifra récord de casi 1.910 millones de euros a la conservación viaria, los sobrecostes diluyen el esfuerzo. Es un hecho fijado con prudencia, que el precio del asfalto se ha disparado más de un 25% desde la pandemia (el coste por kilómetro ha pasado de 42.000 a cerca de 50.000 euros) y la producción actual de mezcla asfáltica ha caído un 9%, situándose a la mitad de lo que el país requeriría para ponerse al día.

En resumen, los sobrecostes de las materias primas y la energía provocan que las licitaciones públicas se queden cortas, obligando a las administraciones a dilatar los plazos y empeorando visiblemente el firme de las carreteras.

2.- Radiografía del problema en Córdoba y Provincia.

Al descender al terreno local, la escalada de costes de las materias primas —donde el betún ha subido un 50% y la energía para la maquinaria un 47% debido a las últimas tensiones internacionales— provoca que los concursos públicos queden desiertos. Según datos de la patronal andaluza de la construcción (Ceacop), esta situación ha dejado 43 obras públicas desiertas en la provincia de Córdoba, bloqueando inversiones por valor de casi 11 millones de euros.

***El impacto directo en la red viaria cordobesa se sufre principalmente en tres frentes institucionales:

A.- Red Autonómica – (Junta de Andalucía).

<-El Plan Extraordinario de Asfaltado: Diseñado con un presupuesto de 140 millones de euros para vías autonómicas, sus contratos se calcularon antes de las últimas alzas de precios. Al no existir cláusulas dinámicas y automáticas de revisión, las constructoras asumen sobrecostes que superan el 30%, provocando que las licitaciones de mezclas en caliente (como las capas tipo AC-16 SURF en varias calzadas de la provincia) se queden directamente vacías porque las empresas prefieren no ofertar antes que perder dinero.

<-El Eje Córdoba-Jaén (A-306 por El Carpio hasta Torredonjimeno): La histórica conversión en autovía de esta calzada clave fue descartada a corto plazo por la Junta debido al prohibitivo contexto inflacionista actual, lo que ha encendido la polémica social (materializada en una campaña de 18.000 firmas vecinales que exigen la autovía). La alternativa actual es un proyecto de mejora de capacidad y seguridad para los 42 kilómetros restantes que faltan hasta El Carpio. Aunque hay 9 empresas compitiendo en la fase de diseño y redacción, el verdadero cuello de botella legal y técnico surgirá en la licitación del asfaltado real: “Si la Administración no actualiza los precios base por kilómetro, se corre el riesgo inminente de que quede desierta”.

B.- Red del Estado – (Ministerio de Transportes).

El Gobierno central licitó un paquete de 24,9 millones de euros para la conservación y explotación de carreteras estatales en Córdoba (Sector 01). No obstante, la falta de margen económico para reasfaltados profundos mantiene bajo una fuerte tensión a vías críticas que acumulan numerosas quejas:

<-N-432 (Badajoz – Córdoba – Granada): Afecta de lleno al tramo desde el límite provincial de Badajoz (Fuente Obejuna) hasta el límite con Jaén (Baena), ralentizando sus proyectos de conversión en autovía.

<-N-502: Especialmente tensionada en el tramo que va desde Espiel hasta el límite con Ciudad Real.

<-Autovía CO-31: Afecta a los accesos situados al noroeste de Córdoba capital. La Autovía CO-31 es una vía de acceso de la red estatal que conecta la autovía del Sur (A-4) con la carretera N-432 en la zona norte de Córdoba.

C.- Red Provincial y Caminos Rurales – (Diputación de Córdoba).

La red de carreteras secundarias y caminos de titularidad provincial sufre una acusada falta de mantenimiento operativo que los usuarios califican de abandono. En los desgloses presupuestarios de la institución provincial, las partidas destinadas el mantenimiento de carreteras se cifran en unos 10 millones, que se diluyen rápidamente al intentar cubrir la extensa red capilar de la provincia.

Nota. El Presupuesto de la Diputación asciende a 522,9 millones de euros en términos consolidados; incremento del 21,3% respecto a 2025; en cifras globales se traduce en 91,8 millones de euros más; y solo por señalar unos datos, *ej. Epremasa el año que viene tendrá unas pérdidas se eleven a los 6,74 millones de euros; y, Emproacsa irá a unas pérdidas el año que viene de 6,4 millones de euros, que se cubrirán sin más problemas por el Gobierno del P. P. de Salvador Fuentes.

<-La asfixia de las vías secundarias: Al igual que ocurre con las demás administraciones, los sobrecostes del betún y los áridos impiden que los fondos ordinarios alcancen para cubrir las actuaciones necesarias. Al tratarse de carreteras que comunican núcleos menores y explotaciones agrícolas, el encarecimiento de la maquinaria pesada y del gasoil hace inviables económicamente los parches licitados.

<-El descuido de los caminos vecinales: Las pequeñas constructoras rurales y los ayuntamientos medianos no disponen de fórmulas para reequilibrar contratos menores frente a pérdidas del 30%. Esto frena en seco el desbroce, la consolidación y el afirmado de caminos rurales esenciales para el sector agropecuario de las comarcas cordobesas, agravando la sensación de aislamiento de los municipios de la periferia.

3.- Impacto asimétrico – (Obras mayores vs. Obras menores).

La inflación no golpea a todos los proyectos por igual; de hecho, actúa con una asimetría jurídica y económica radical que perjudica al eslabón más débil de la contratación pública. En toda Andalucía, el problema ha escalado hasta dejar cerca de 300 obras públicas desiertas, sumando 116 millones de euros paralizados.

<-Obras Menores – (La “tormenta perfecta” del abandono): Son los contratos de menor cuantía (mejoras de accesibilidad, reurbanización de calles de barrio, parches locales o arreglos en colegios y caminos) que oscilan entre los 50.000 y los 300.000 euros. Al tener presupuestos tan ajustados, carecen por completo de margen de maniobra ante las subidas del betún o el gasoil. Además, los mecanismos excepcionales de revisión de precios de la Administración suelen exigir condiciones complejas -como que la obra dure más de un año-, que excluyen por ley a las obras menores, dejándolas desprotegidas.

El ejemplo real en Córdoba: El Ayuntamiento de Córdoba tuvo que declarar desierta la mejora de accesibilidad de la Avenida República Argentina (177.135 euros) porque la única empresa que se presentó no pudo aportar la documentación de forma viable. Lo mismo ocurrió con el proyecto de 4 viviendas de VPO en la calle Puente de Montoro (unos 580.000 euros). Las pequeñas constructoras locales no pueden arriesgar su supervivencia en contratos que las abocan a pérdidas inevitables.

<-Obras Mayores – (Ralentización sistemática o “parálisis por inanición”): En las grandes infraestructuras (autovías, variantes o macroplanes), las grandes constructoras cuentan con mayor músculo financiero, economías de escala y contratos de suministro a largo plazo. No suelen dejar los concursos vacíos con tanta facilidad porque abandonar la obra implicaría la pérdida de fianzas millonarias y duras penalizaciones legales. En su lugar, optan por ralentizar el ritmo de ejecución al mínimo legal, estirando los plazos a la espera de que el mercado se estabilice. Esto explica por qué grandes proyectos, como el Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta, continúan vivos pero avanzan de manera desesperadamente lenta mientras absorben sobrecostes del 30%.

4.- Contraste con el entorno urbano – (Córdoba Capital).

A diferencia de las carreteras interurbanas, el entorno urbano de Córdoba capital ha logrado sortear parcialmente el bloqueo en sus principales arterias mediante una estrategia de adaptación:

<-Plan de Asfalto (Fases 2 y 3): Se ha adjudicado formalmente este macroproyecto con una inversión de más de 7,1 millones de euros para renovar el firme de 133 calles y grandes avenidas repartidas en los 10 distritos de la ciudad entre este año y el siguiente.-

¿Por qué ha tenido éxito?: El Consistorio fragmentó el contrato en lotes atractivos y accesibles para las constructoras locales y, fundamentalmente, utilizó partidas presupuestarias actualizadas a los precios reales del mercado actual. Sin embargo, el blindaje no ha sido total: “Los sobrecostes de la construcción sí han dejado desiertas obras municipales menores en la periferia y promociones de vivienda protegida de alquiler donde los márgenes fijados por la administración eran excesivamente bajos”.

5.- Consecuencias a medio plazo para la Provincia.

La inflación industrial actúa como un impuesto invisible que fractura la modernización y la cohesión territorial de Córdoba de tres formas directas:

1.- El laberinto legal de las obras vivas: Al no contar con fórmulas ágiles de reequilibrio contractual, los plazos de ejecución se extienden indefinidamente, traduciéndose en carreteras cortadas y obras que se eternizan.

2.- Pérdida de kilómetros reales: Ante presupuestos similares o con ligeros incrementos nominales, el encarecimiento de los materiales obliga a la Diputación y a los ayuntamientos a realizar un “bacheo quirúrgico” de emergencia, posponiendo las reformas integrales necesarias en las travesías de zonas como el norte de la provincia (Los Pedroches y el Guadiato) y la Subbética.

3.- Freno a la cohesión territorial: Córdoba, situada históricamente a la cola de la inversión por habitante en Andalucía, ve cómo sus grandes ejes vertebradores (variantes de población, las mejoras de la N-432 o los terceros carriles de la A-306) se dilatan en el tiempo debido a la lenta burocracia que exige la actualización de los precios base de los proyectos.

N. B. Imagen. Inflación y sobrecostes en las Carreteras de Córdoba – (Freno a la conservación viaria).

Córdoba, a 18 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Nunca acabar – Un cuento injusto – (Agua Prohibida)

Estamos donde siempre, pero peor: “sin agua, con calor y prohibido bañarse”; porque ahora ni siquiera importamos. Es un hecho más que probado, que los partidos políticos no gobiernan para los andaluces ni para los cordobeses, ya que, su nuevo deporte nacional *es no llegar a acuerdos y *amenazarnos con elecciones anticipadas, como quien blande un cuchillo en la plaza pública llenando de temor a los que por allí transitan.

<<Un muro contra la gente>>

Llega el verano de 2026 y con él regresa la misma imagen que ya no produce tristeza, sino rabia pura. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha vuelto a decretar la prohibición total del baño en el embalse de La Colada, en El Viso.

Lo que iba a ser el gran pulmón turístico y recreativo del norte de Córdoba se ha convertido en un chiste cruel y en una injusticia territorial descarada.

1.- Una imagen que duele. Agua verde. Natas tóxicas flotando como una costra. Carteles de “prohibido el baño” y al fondo, un paisaje que debería ser paraíso y hoy parece una herida abierta.

Las analíticas de inicio de temporada han detectado niveles de cianobacterias muy por encima de los límites de la OMS.

Estas “algas verde-azules” no son simples plantas, ya que, bajo ciertas condiciones liberan cianotoxinas capaces de provocar alergias graves, irritaciones, vómitos, daños hepáticos e incluso problemas neurológicos. Por eso la prohibición es absoluta: ni baño, ni deporte, ni siquiera meter los pies sin riesgo.

2.- No es mala suerte. Es una fosa séptica con nombre propio

Las cianobacterias no brotan de la nada. Necesitan comida. Y la comarca se la lleva sirviendo desde hace más de una década:

<-Eutrofización crónica: fósforo y nitratos a espuertas.

<-Purines sin control: Los Pedroches es potencia ganadera, pero los arrastres de fertilizantes y estiércol van directos a los ríos Guadarramilla y Guadamatilla.

<-Depuración insuficiente: La EDAR de Pozoblanco lleva años desbordada y su ampliación prometida para finales de 2026 llega tarde, como siempre.

Administraciones de todos los colores han fallado. Han puesto el desarrollo económico por delante del derecho más básico: “Agua limpia”.

3.- Una cronología que avergüenza.

2013: Primeras alertas técnicas. Propusieron desviar el Guadarramilla. El informe se quedó en un cajón.
2024: Verano negro. Prohibición total + 80.000 vecinos abastecidos con cisternas.
2025: Apertura fantasma de unas semanas.
2026: Otra vez prohibido. Tercer verano consecutivo robado.

Esto ya no es un incidente. Es abandono estructural.

(Nota. La Diputación de Córdoba está demostrando, que es más fácil abrir fosas que proporcional agua limpia a los habitantes cordobeses de la Zona Norte (todo ello, bajo el silencio ominoso de la Junta de Andalucía), que ahora no pueden ni bañarse en La Colada. Es cierto, que la CHG está poniendo obstáculos de todo tipo y color para que nada avance y todo se convierta en una fosa séptica en La Colada. Aunque, también, es cierto que la depuración de las aguas de La Colada es posible y realizable con medios propios de la Junta de Andalucía y de la Diputación P. de Córdoba. Mientras es una verdad manifiesta, que se están subvencionando a fondo perdido vía I. U. y Presupuestos las Empresas Públicas (Emproacsa y Epremasa), habilitando fondos provinciales para la memoria histórica provincial y para la apertura de fosas, y, sin embargo, La Colada es un foco de suciedad en el que la Junta de Andalucía ha prohibido bañarse, mientras los abrazos perdidos con el Director General del Medio Ambiente y con la Dirección de la CHG son fotos perdidas en una historia de injusticia.)

4.- Lo que se debería hacer YA – (y no se hace).

No vale con poner un cartel cada junio. Existen soluciones probadas:

**Frente técnico de choque:

*Boyas de ultrasonidos que revientan las burbujas de gas de las bacterias.

*Inyección de oxígeno en profundidad para romper la estratificación.

*Fijadores de fósforo (lantano) que lo secuestran en el fondo.

**Frente de infraestructuras:Ampliación inmediata de la EDAR de Pozoblanco y plantas de tratamiento de purines (biogás + compostaje) para la ganadería.

**Frente institucional: Coordinación real entre Confederación Hidrográfica del Guadiana (Gobierno Central), Junta de Andalucía y Ayuntamientos, de manera, que basta de echarse la culpa unos a otros mientras el agua se pudre.

5.- Rebelión social . (Las armas de la gente).

Cuando la política se convierte en un circo de ineficacias, la sociedad civil tiene que entrar en escena:

Vía judicial: Denuncias por delito ambiental (art. 325 CP) y reclamaciones de responsabilidad patrimonial por lucro cesante (hostelería, turismo, ganaderos).
Vía europea: Quejas formales a Bruselas por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Nitratos. Que se jueguen los fondos Next Generation.
Vía social: Una sola voz. Plataformas Unidas por el Agua deben crecer. Movilizaciones visibles que duelan en la imagen de “Los Pedroches”.
Vía institucional: Inundar al Defensor del Pueblo Andaluz y al Defensor del Pueblo Nacional con quejas coordinadas.

<<Conclusión – El coste real de la inacción>>

Hay una regla cruel en política: “Mientras el coste electoral de no hacer nada sea cero, la inversión también será cero.”

Es un hecho evidente, que las depuradoras no dan fotos de inauguración bonitas, hacen su trabajo silente y bajo tierra. Sus beneficios tardan años. Por eso se posponen por todos los políticos.

La única forma de cambiar esta ecuación es hacer que dejar morir La Colada les cueste más votos que arreglarla.

El agua limpia no es un lujo sino un derecho fundamental. Es una línea roja electoral. Hasta que los despachos de Córdoba, Sevilla y Madrid lo entiendan, solo nos queda la presión sostenida, la fiscalización técnica y la batalla jurídica.

Porque esto ya no es solo un embalse. Es la dignidad de todo un territorio.

N. B. Imagen. Duele. Agua verde. Natas tóxicas flotando como una costra. Carteles de “prohibido el baño”. Y al fondo, un paisaje que debería ser paraíso y hoy parece una herida abierta.

Córdoba, 10 de junio de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

TRANSPARENCIA Y REALIDAD LABORAL – (Horas reales de trabajo)

Un grupo de lectores vuelve a plantearme una duda tan recurrente como extraordinaria:

¿Por qué nunca coinciden las altas en la Seguridad Social y las afiliaciones a la misma?

Es una excelente pregunta y un motivo de confusión generalizado en el debate público y económico, donde con demasiada frecuencia ambos términos se emplean de forma errónea como sinónimos, cuando realmente no lo son, ya que, para entender el mercado laboral real, es imperativo separar la burocracia administrativa de la actividad productiva.

1.- La brecha conceptual – (Afiliación vs. Alta).

La diferencia básica radica en la naturaleza de cada indicador, ya que, mientras que uno responde a un registro biográfico y único, el otro refleja un estado situacional y contractual:

<-La afiliación: Es el acto administrativo por el que una persona física se integra por primera vez en el sistema de la Seguridad Social. Es un número exclusivo, invariable y de por vida (el número de la Seguridad Social). Solo ocurre una vez, independientemente de la trayectoria laboral del individuo.

<-El alta: Es una condición temporal que indica que una persona está trabajando en un momento concreto y, por consiguiente, cotizando. Se activa al inicio de una relación laboral y se extingue (baja) al finalizar la misma.

2.- Descuadre de las cifras – (factores de desajuste).

Si se analiza la foto fija de las estadísticas mensuales oficiales, la cifra de personas físicas ocupadas jamás se equiparará con el total de relaciones contractuales vigentes debido, principalmente, a las siguientes causas:

**El factor pluriempleo y pluriactividad.

Este es, sin duda, el principal motivo del descuadre estadístico en las métricas de empleo:

*Pluriempleo: Un trabajador contratado simultáneamente por dos empresas distintas dentro del Régimen General mantendrá un único número de afiliación, pero computará como dos altas diferentes.

*Pluriactividad: Un profesional que cotiza como autónomo (RETA) y simultáneamente trabaja por cuenta ajena genera dos altas en regímenes distintos, permaneciendo como un solo afiliado.

En definitiva, una sola persona (un afiliado) puede acumular múltiples altas activas de forma simultánea.

<-Situaciones de “alta asimilada” y afiliados <inactivos>.

Existen colectivos en situación <asimilada al alta> (personas en desempleo percibiendo prestación, excedencias forzosas o bajas específicas), que mantienen vinculación y cotización jurídica, pero que distorsionan el concepto de “alta ocupada” efectiva. Asimismo, el registro histórico total de afiliados en España es ingente al incluir a jubilados y personas apartadas de la vida laboral, razón por la que los medios de comunicación suelen ceñirse únicamente a la <-afiliación en alta cotizante->.

3.- Resumen para el análisis jurídico y económico.

Para evitar confusiones interesadas o análisis sesgados en informes laborales, resulta de gran utilidad recurrir a la siguiente clasificación de conceptos:

***Qué se mide realmente.

*Afiliados (Personas). El número total de personas (individuos físicos) que se encuentran trabajando, de manera, que una persona física no equivale estrictamente a un afiliado.

*Altas (Contratos/Puestos). El número de relaciones laborales o vínculos de cotización activos.

<Un trabajador pluriempleado o en pluriactividad computa varias altas>

(Nota. Por pura fuerza matemática, el volumen de altas vigentes siempre será superior al número de personas físicas afiliadas.).

La equiparación sistemática de ambos términos a nivel oficial persigue un claro objetivo: “Proyectar la falsa sensación de que hay más ciudadanos trabajando cuando la única realidad incontestable reside en el total de horas efectivamente trabajadas y la productividad por cada una de ellas”.

4.- El problema de las <altas> frente a la realidad del empleo.

(Nota. La salud estructural de una economía no se puede diagnosticar mediante el volumen administrativo de contratos.).

***Los analistas y técnicos coinciden en que la cifra de altas oculta distorsiones graves derivadas de la actual fragmentación del mercado de trabajo:

**Intermitencia y contratos fijos-discontinuos: Un trabajador puede ser dado de alta hoy, de baja la próxima semana y de alta nuevamente un mes después. En las estadísticas de flujos mensuales esto genera un carrusel de múltiples “altas” y “bajas”, inflando la actividad administrativa sin consolidar empleos estables.

**La parcialidad: Dos contratos de 10 horas semanales computan formalmente como dos altas autónomas, pero en términos de volumen de trabajo equivalen a tan solo media jornada completa estándar (40 horas).

**División del empleo: La multiplicación de puestos a tiempo parcial propicia que el encadenamiento de subempleos compute doble o triple en las altas, desdibujando la cifra de ocupados reales.

5.- El termómetro macroeconómico – (Horas y Productividad).

Desde una óptica macroeconómica estricta, la riqueza de una nación y la viabilidad del propio sistema de bienestar no dependen del volumen absoluto de contratos firmados, sino de cuánto y cómo se produce.

A.- Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PETC).

Para corregir la ilusión óptica que producen las altas administrativas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Contabilidad Nacional emplean los “puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo” (PETC).

Esta métrica agrega el total de horas trabajadas en el país y las divide entre la jornada laboral estándar, de forma, que es la única vía analítica para discernir si el empleo está expandiéndose o si, por el contrario, simplemente se está troceando y repartiendo el mismo volumen de trabajo entre más manos.

B.- La productividad por hora trabajada.

Esta cifra constituye el verdadero talón de Aquiles de la economía española frente a la eurozona.

<-La ecuación económica es implacable: Productividad = Producto Interior Bruto (PIB) / Total de Horas Trabajadas.

**Si la cifra de altas se eleva debido a la precarización y la parcialidad, pero el volumen de horas agregadas se estanca y el PIB no se expande correlativamente, la productividad por hora se resiente. Un tejido productivo castigado por una baja productividad se ve irremediablemente abocado a competir en costes mediante salarios bajos en lugar de basarse en el valor añadido.

6.- Radiografía empírica – (El cierre del ejercicio 2025).

Los datos consolidados del año 2025 aportados por la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Contabilidad Nacional del INE refrendan con total nitidez esta fractura entre las altas de la Seguridad Social y la sustancia real del empleo:

<- 31,7 – Horas semanales de jornada media por ocupado en 2025 (Mínimo histórico fuera de pandemia).

<-676.000 – Trabajadores fijos-discontinuos de media en 2025 (Casi el doble que años previos).

<-Mínimo histórico de tiempo efectivo: Descontando el anómalo año 2020 (marcado por confinamientos y ERTE, con 30,4 horas), las 31,7 horas semanales de media en 2025 marcan el suelo histórico de la serie de la EPA, cayendo drásticamente frente a las 34,1 horas registradas en 2015. El sistema logra un récord nominal de 22,2 millones de ocupados medios, pero cada uno trabaja menos tiempo de manera individual.

<-Crecimiento agregado vs. fragmentación: Aunque el volumen total de horas efectivas en la economía se incrementó un 2,2% interanual al cierre de 2025, la proliferación de la parcialidad y el auge del modelo fijo-discontinuo revelan que el pastel laboral se está fragmentando para maquillar la estadística de afiliación.

<-El impacto directo en la eficiencia: Los datos del INE constatan, que la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se hundió en tasas negativas (un -0,2% interanual en el último trimestre de 2025). Por su parte, la productividad por hora efectivamente trabajada anotó un avance marginal de apenas el 0,4% o 0,5% según el tramo.

***Conclusión técnica: La expansión económica de España (cuyo PIB avanzó un meritorio 2,8% en el conjunto de 2025) se sustenta fundamentalmente en el incremento bruto de la cantidad de personas introducidas en el sistema (el volumen nominal de empleo) y no en la eficiencia o el valor de cada hora de trabajo. Se valida el axioma: “Para calibrar la robustez económica real hay que apartar el optimismo de la afiliación mensual y monitorizar el retroceso de la jornada media y la productividad por hora”.

N. B. Imagen. Transparencia frente a la mentira oficial.

(Nota, La regularización masiva empieza a inflar los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero con contratos de salarios precarios y bajas cotizaciones,).

Córdoba, 7 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Administración Elefantiásica – (Córdoba y la urgencia de una catarsis)

La administración pública en Andalucía no es solo una estructura de servicios, sino que es un ecosistema sobredimensionado que se despliega en tres niveles: *la Junta (autonómico), *las Diputaciones (provincial) y *los Ayuntamientos (municipal). Así mismo, bajo esta superficie late un entramado de más de 1.500 organismos (agencias, consorcios y empresas públicas) que funcionan como el “brazo ejecutor” del poder político, a menudo con una autonomía que escapa al control ciudadano.

En Córdoba, esta fragmentación no solo complica la gestión, sino que ha generado una duplicidad de “entes instrumentales” que amenazan la sostenibilidad del sistema.

1.- La Pinza Administrativa (Ayuntamiento y Diputación de Córdoba).

Si el sector instrumental nació para dotar de agilidad a la administración, los datos sugieren que se ha convertido en un refugio de gasto improductivo.

A.- El Gigante Municipal – (Ayuntamiento de Córdoba).

El Presupuesto 2026 arroja cifras récord: 595 millones de euros de gasto consolidado.

*Gasto en personal: 261,5 millones €.

*Sector Instrumental: Se absorben 128,26 millones eur. solo en sueldos (SADECO, AUCORSA, EMACSA, etc.).

*Casi el 80,7 % del presupuesto se destina a mantener la maquinaria (Capítulos I y II).

Son 1,3 millones de euros al día antes de poner un solo ladrillo o mejorar un servicio real.

B.- El Agujero de la Diputación – (EMPROACSA y EPREMASA).

Es aquí donde la gestión entra en una fase crítica, ya que, mientras el ciudadano sufre “tasazos” en servicios básicos, la Diputación de Córdoba inyecta capital público de forma masiva en empresas ruinosas y financieramente comprometidas:

*EMPROACSA (Agua) y EPREMASA (Residuos): Se han convertido en ejemplos de manual de empresas ruinosas que sobreviven gracias a transferencias recurrentes de fondos públicos.

*La paradoja del servicio: Se suben las tasas sin medida ni control, pero ese incremento no se traduce en reinversión o mejora de infraestructuras, sino en tapar el déficit estructural de una gestión politizada.

Lo último del Gobierno de la Diputación del P.P., por contrario a sus votantes ha sido aprobar un Presupuesto récord, con la abstención de I.U., pero dándole lo que nunca sus votantes le darían y lo que nunca han ganado: “Memoria Histórica, Empresas Públicas en pérdidas continuas y cualquier otra cosa de las izquierda radical”; así, que a votar al P.P.

(Nota. Ni una sola palabra en contra de la Dirección Provincial del P. P., ni del Ayuntamiento, ni los Diputados andaluces, ni de los Diputados o Senadores, etc., de forma, que hay un silencio escandaloso ante un disparate ideológico contra sus propios votantes.)

2.- La Brecha – (Legalidad vs. Utilidad).

En España hemos perfeccionado la fiscalización para evitar que el dinero “se robe”, pero hemos ignorado por completo si el dinero “se gasta bien”.

<-El vicio del crecimiento vegetativo: Las administraciones tienden a crecer solas, y, además, si un ente instrumental fracasa, no quiebra, simplemente pide más presupuesto y se lo dan, de forma, que se crean estructuras de “dirección política” paralelas a los técnicos de carrera, duplicando costes y diluyendo responsabilidades.

<-Una propuesta: Es imperativo implantar auditorías de desempeño obligatorias, ya que, no basta con el visto bueno del interventor sobre la legalidad del gasto, sino que es necesario evaluar el cumplimiento de objetivos.

Si un ente es incapaz de ser eficiente, la solución no es subir la tasa al vecino, sino su disolución o absorción.

3.- Dopaje y Productividad.

Desde la perspectiva económica, el crecimiento de nuestra región está distorsionado. Si aplicamos la lógica de la función de producción de Cobb-Douglas, observamos que el aumento de empleo público y capital no se traduce en un aumento de la Productividad Total de los Factores (PTF).

Estamos financiando gastos fijos e irreversibles (sueldos, pensiones, IMV) con ingresos coyunturales o inflacionarios, razón por la que este exceso de gasto público genera un efecto de expulsión (crowding out) sobre la inversión privada, de forma, que el capital y el talento que deberían estar creando riqueza real terminan absorbidos por la “máquina” administrativa.

4.- La Raíz – (Gestión vs. Partitocracia).

El problema es de incentivos, porque hemos pasado de políticos con una trayectoria profesional previa a “profesionales de partido” cuyo Plan B no existe fuera de las siglas.

La lealtad en las listas cerradas no es hacia el votante de Córdoba, sino hacia el líder que firma la lista.

**La solución estructural es clara: <-Listas Abiertas->.

1.- Lealtad horizontal: El político responde ante el ciudadano.

2.- Competencia real: Se incentiva la capacidad de gestión sobre la obediencia al aparato.

3.- Voto de castigo selectivo: Se puede purgar al gestor ineficiente sin necesidad de castigar a todo el partido.

<<Conclusión – (Hacia la catarsis estructural).

Un derecho sin una administración eficiente es una entelequia. La supervivencia de nuestras libertades y de nuestro bienestar depende de que la máquina pública deje de ser un fin en sí mismo para volver a ser un medio.

La historia nos enseña que estas reformas rara vez vienen “desde dentro”, sino que, suelen llegar por la quiebra de sostenibilidad o la presión de los mercados. Cuando ese muro caiga, el colapso de las estructuras clientelares debe ser el catalizador para recuperar una administración dirigida por profesionales y una democracia de ciudadanos, no de siglas.

N. B. Imagen – Entes Públicos – Democracia de ciudadanos.

El colapso del “aparato” y la fragmentación de las estructuras clientelares serán el catalizador para recuperar una administración dirigida por profesionales y una democracia de ciudadanos, no de siglas.

Hacia una Auditoría de Desempeño Obligatoria.

Córdoba, 10 de abril de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba | Inspector de Trabajo y Seguridad Social.