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Córdoba “A Palos” – Desigualdad sistemática del Gobierno Central (Hasta cuándo soportará Córdoba el Castigo Territorial)

La expresión “Córdoba a palos” ya no es solo un lamento popular, sino la evidencia de una discriminación institucional sistemática que la provincia sufre bajo los sucesivos gobiernos centrales, especialmente desde 2021 con el PSOE de Pedro Sánchez. El norte cordobés, con 85.000 habitantes en Los Pedroches y Alto Guadiato, tiene proyectos bloqueados que agravan la despoblación y frenan el desarrollo económico, y, el Sur tiene bloqueada su ampliación eléctrica. Esta marginación transforma el sentimiento de agravio en un clamor colectivo: Córdoba exige “justicia territorial”.

1.- Situación: Un Castigo Territorial con cifras y realidad.

La provincia, con 780.000 habitantes y un PIB de 15.000 millones de euros (potencial de crecimiento desperdiciado de +5-7%), está a la cola en proyectos nacionales clave: agua, energía y transporte. Córdoba ve cómo Granada y Sevilla, junto a otras comunidades históricas como Cataluña, País Vasco y Navarra, reciben inversiones y prioridad, mientras aquí solo hay reuniones vacías y promesas incumplidas. El resultado no es solo la pérdida de competitividad, sino una despoblación alarmante en el norte (1.000 habitantes/año) y una desigualdad que arrastra a toda la provincia.

2.- Denegaciones Clave: Agua, Energía y Transportes Bloqueados.

*Conexión Embalses (La Colada-Sierra Boyera):

-Propuesta para garantizar el suministro de agua potable (9,3 millones de euros, Junta de Andalucía). El Gobierno la rechaza por redundanciae impacto ambiental, mientras la obra provisional no cubre las necesidades reales.

-Consecuencia: 200 empleos directos destruidos, costos extraordinarios de emergencia, riesgo despoblación y un sector agroganadero en crisis.

*Aumento de Potencia Eléctrica:

-Córdoba podría liderar la transición renovable con 5 GW de potencia y captar inversión industrial. El Ministerio rechaza la ampliación por falta de proyectos maduros, ignorando el círculo vicioso creado por su propia negativa y dejando pasar inversiones de hasta 2.000 millones de euros y miles de empleos.

*Autovía A-81 (N-432):

-Tramo Espiel-Córdoba, crítico por alta siniestralidad y núcleo logístico del norte. Denegación sistemática del Gobierno Central por “baja densidad” e “impacto ambiental”. Mientras Granada avanza, Córdoba continúa con costes logísticos elevados y sin aliviar la mortalidad vial.

3.- Impacto Económico Global: Un lastre para el Futuro.

**Pérdida acumulada 2021-2025: 800-1.000 millones de euros bloqueados, 15.000-20.000 empleos en riesgo y un potencial de 10.000 empleos perdidos (renovables, agro, logística).

**Inversiones industriales & energéticas migrando a regiones vecinas como Extremadura y Castilla-La Mancha.

**Sector agroganadero y turismo rural golpeados por falta de infraestructuras y agua, con costos operativos un 30% superiores.

**Demografía hundida: Emigración juvenil y cierre de servicios básicos, condenando el norte a la extinción paulatina.

4.- Un Modelo de Marginación Institucional Deliberada.

Desde 2021, Córdoba está sistemáticamente excluida de los aviones estratégicos nacionales. La Junta de Andalucía gestiona el agua, pero los proyectos relevantes se frenan desde Madrid. La reacción institucional y civil es de indignación creciente: Diputación, Junta, sindicatos, patronal y asociaciones como Córdoba Abierta (ACOA) exigen respuestas y movilizaciones, pero la Subdelegación del Gobierno responde con diálogo vacío y excusas burocráticas.

En redes sociales, el hashtag #CórdobaAPalos ha surgido como símbolo del agravio, mientras los cordobeses vemos cómo Granada y Sevilla reciben lo que aquí se niega.

5.- Crítica Profunda: Más Allá de la Técnica, el Sesgo Político y la Opacidad Gobernante.

Las justificaciones técnicas del Gobierno Central (despidos, impacto ambiental, baja densidad) son refutadas por informes y datos locales que nunca son publicados. La falta de transparencia y rendición de cuentas es tan flagrante como el posible sesgo político, favoreciendo regiones con mayor peso electoral o afinidad partidista.

-Círculo vicioso eléctrico: El Ministerio exige proyectos maduros, pero a la vez bloquea la infraestructura que los haría viables.

-Desigualdad crónica: El PIB per cápita cordobés (19.000 eur.) sigue hundido respecto a la media andaluza (21.000 eur.), agravando la brecha cada año.

El diálogo vacío y la ausencia de compromisos públicos de la Subdelegación del Gobierno refuerzan la percepción de castigo, humillando la unidad institucional y social que exige soluciones.

6.- Soluciones: Reacción Cívica y Estrategia Sostenida.

**A corto plazo (2025-2026):

-Alegaciones conjuntas, recursos judiciales inmediatos y movilización social (ACOA, CECO, sindicatos) coordinada: concentraciones, presión mediática y movimientos parlamentarios para revertir bloqueos en agua y energía.

**A medio plazo (2026-2030):

-Exigir la inclusión de Córdoba en los planes nacionales de agua y energía, usando fondos europeos (Next Generation; 1.000 millones disponibles) y tramitando estudios técnicos independientes que desmonten las excusas ministeriales.

**A largo plazo (2030-2040):

-Reindustrialización y clúster de hidrógeno verde, plan de antidespoblación con incentivos fiscales y digitalización, y una mesa de gobernanza territorial permanente que priorice proyectos y evite bloqueos burocráticos.

**Presión social:

-Articular una plataforma cívica fuerte y campañas como “Córdoba Despierta”, movilizando jóvenes y sociedad civil para exigir transparencia, plazos concretos y educación en derechos territoriales.

7.- Conclusión: Córdoba no puede seguir soportando esta humillación.

La situación de Córdoba a palos es una crisis de gobernanza y justicia territorial. El argumentario técnico del Gobierno no resiste la evidencia de un desinterés político que perpetúa desigualdades históricas. La unidad institucional y social de Córdoba es el soporte, pero requiere acción coordinada y sostenida: presión judicial, parlamentaria y cívica.

Córdoba no debe seguir esperando ni tolerando injusticias ni desigualdades. Solo la acción colectiva y determinada romperá este ciclo de marginación. Si no se actúa, el norte perderá el 10% de su población para 2030 y el PIB caerá otro 5% y el Sur seguirá estancado sin poder desarrollar su potencial de desarrollo.

Si se actúa como provincia unida, Córdoba puede liderar en renovables y sostenibilidad, generar 10.000 empleos y crecer un 7% en cinco años.

N.B. Córdoba “A Palos” debe dejar de existir, lo mismo que las denegaciones del Gobierno Central a Córdoba y Provincia.

<-Por si faltara algo, el Gobierno rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches ante Guijuelo->

Córdoba ya no puede esperar más ni los cordobeses aguantar más injusticias y desigualdades.

Córdoba, 27 de octubre de 2025.


Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y SS.

Presidente Córdoba Abierta – ACOA -.

Estado de las carreteras en Córdoba – Una visión crítica (Inversión, deterioro y siniestralidad)

La red viaria de la provincia de Córdoba es un pilar esencial para su conectividad, pero su estado de conservación plantea interrogantes sobre la eficacia de las inversiones, la seguridad vial y la transparencia en los datos.

Trato de analizar críticamente el estado de las carreteras nacionales y autonómicas en Córdoba, los contratos de mantenimiento adjudicados hasta agosto de 2025, los costos asociados y su relación con la siniestralidad, incorporando una estimación actualizada de accidentes atribuibles al deterioro vial.

Basado en datos oficiales, estudios de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y el Informe de Siniestralidad de la DGT, este análisis busca ser conciso, crítico y original, destacando tanto los avances como las carencias persistentes.

<<Estado de las carreteras y esfuerzos de conservación>>

La provincia de Córdoba cuenta con una extensa red de carreteras estatales (A-4, A-45, N-432, entre otras) y autonómicas (A-3050, A-431) gestionadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Andalucía.

**Desde 2018, se han invertido más de 108 millones de euros en la conservación y mejora de las carreteras estatales, con contratos recientes que suman 66,42 millones para 692 km, destacando:

  • 24,9 millones de euros (sin IVA) para 320 km, incluyendo la autovía CO-31 y la N-432, con medidas de descarbonización y renovación de señalización.
  • 14,8 millones y 11,7 millones (IVA incluido) para 212 km y 160 km, respectivamente, cubriendo la A-4, A-45 y el viaducto del río Genil.
  • 34,22 millones en contratos licitados, aunque con detalles pendientes en el BOE, evidenciando opacidad administrativa.
  • 22,8 millones para rehabilitar 25 km de la A-4 entre El Carpio y Córdoba.

**La Junta de Andalucía aporta 26,1 millones para conservar 1.380 km autonómicos, con contratos como los 8,7 millones para la zona norte (Los Pedroches) o 5,6 millones para el sureste (Baena, Lucena).

Sin embargo, la AEC señala que el 29% de las carreteras andaluzas presentan deterioros graves, frente al 52% nacional, lo que sitúa a Córdoba en una posición relativa mejor, pero aún vulnerable, especialmente en carreteras convencionales, donde se concentran el 72% de los fallecidos a nivel nacional.

<<Costos y eficacia de las inversiones>>


El gasto total en conservación supera los 89,22 millones de euros en contratos recientes, con un enfoque en mantenimiento ordinario (vigilancia, vialidad invernal), rehabilitación de firmes y medidas ambientales como el uso de vehículos eléctricos.

Sin embargo, el déficit nacional de conservación (13.491 millones de euros) sugiere que estas inversiones, aunque significativas, son insuficientes para abordar el deterioro acumulado.

La AEC estima que un aumento de la inversión anual de 900 a 1.200 millones durante ocho años podría cerrar esta brecha, pero en Córdoba, la falta de auditorías públicas sobre el impacto real de estos fondos genera dudas sobre su eficacia.

Además, el sobrecoste del 12% en combustible por circular en carreteras deterioradas (270 millones a nivel nacional en 2025) evidencia un impacto económico y potencialmente en la seguridad vial.

<<Siniestralidad y estimación de accidentes por mal estado>>


En 2024, Córdoba registró 20 siniestros mortales con 22 fallecidos, dentro de los 232 fallecidos en Andalucía y 1.154 a nivel nacional.

La falta de datos específicos sobre accidentes causados por el mal estado de las carreteras obliga a estimaciones basadas en supuestos ajustados:

**Metodología: Se estima que los siniestros mortales representan el 1% de los accidentes con víctimas (2.000 en Córdoba, 23.200 en Andalucía, 115.400 en España). Dado el 29% de deterioro en Andalucía (frente al 52% nacional), se atribuye un 3-8% de los accidentes al mal estado, ajustado a un 20% menos por las recientes inversiones en Córdoba.

**Resultados en Córdoba:

*Accidentes: Entre 48 y 128 accidentes con víctimas en 2024, frente a los 100-200 estimados previamente, reflejando el impacto positivo de las inversiones.

*Siniestros mortales: Entre 0-1 y 1-2, una cifra baja pero preocupante, dado que ocho puntos de alto riesgo identificados por el RACC en carreteras convencionales cordobesas persisten sin intervenciones específicas.

*Procesos judiciales: Entre 41 y 109 condenas por seguridad vial en 2018 podrían vincularse al mal estado, aunque la falta de desglose limita la precisión.

**Comparación autonómica y nacional:

-Andalucía estima 557-1.485 accidentes y 6-15 siniestros mortales; España, 5.770-11.540 accidentes y 58-115 siniestros mortales.

-Córdoba representa el 9,5% de la siniestralidad andaluza y el 1,9% de la nacional, alineándose con las estimaciones locales.

<<Análisis  crítico>>

A pesar de las millonarias inversiones, persisten deficiencias estructurales:

  1. Opacidad informativa: La falta de datos específicos sobre accidentes causados por el mal estado y los detalles pendientes de contratos licitados reflejan una gestión poco transparente.
  2. Puntos de alto riesgo: Los ocho tramos peligrosos en Córdoba, todos en carreteras convencionales, no han sido abordados con la urgencia necesaria, a pesar de su impacto en la siniestralidad.
  3. Desigualdad en la conservación: Mientras la A-4 recibe grandes inversiones, carreteras secundarias, más propensas al deterioro, siguen siendo un riesgo latente.
  4. Impacto limitado de las medidas ambientales: Aunque los contratos incluyen planes de descarbonización, su efecto en la seguridad vial es indirecto y no cuantificado.

<<Conclusiones>>

Córdoba ha avanzado en la conservación de su red viaria con inversiones superiores a los 130 millones de euros desde 2018, pero el impacto en la seguridad vial es limitado por la falta de datos específicos, la persistencia de puntos negros y una distribución desigual de los recursos.

Se estima que entre 48 y 128 accidentes en 2024, incluyendo 0-2 siniestros mortales, podrían atribuirse al mal estado de las carreteras, cifras inferiores a las nacionales gracias a las mejoras locales, pero aún inaceptables en una provincia con tramos de alto riesgo identificados.

<<Propuestas>>

1.- Transparencia y datos: La DGT y la Junta deben registrar y publicar datos específicos sobre accidentes causados por el mal estado de las carreteras.

2.- Intervención urgente: Priorizar auditorías y mejoras en los ocho puntos de alto riesgo identificados por el RACC.

3.- Inversión equilibrada: Redistribuir recursos hacia carreteras convencionales para reducir su vulnerabilidad.

4.- Seguimiento judicial: Analizar los procesos por seguridad vial para identificar el impacto real del deterioro vial.

5.- Innovación en mantenimiento: Incorporar tecnologías como la inteligencia artificial de la AEC para optimizar la conservación y priorizar tramos críticos.

Se destaca la necesidad de una gestión más transparente, estratégica y equitativa para garantizar que las carreteras de Córdoba no solo conecten, sino que lo hagan de manera segura y sostenible.

N. B. El estado de las carreteras en Córdoba necesita una mejora continua con aumento de la inversión y reducción del deterioro vial para conseguir una disminución significativa de la siniestralidad.

Córdoba, a 16 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Salario mínimo – Pensiones – Igualdad ente la ley (el trato diferenciado entre iguales es desigualdad)

 En estos días de incertidumbre e inseguridad jurídica hay tantos desajustes sociales y políticos, que se hace difícil escribir sobre algún hecho real, ya que, donde  uno pisa aparece un problema que todos consideran único y agraviante, tal como ahora pasa con el salario mínimo en España.

El Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero (BOE 12/02/2025) fija el salario mínimo interprofesional para 2025 en 1.184 euros mensuales en 14 pagas o 1.381 en 12.

Resulta que este salario mínimo está sometido al IRPF, como están sometidas a este impuesto todas las pensiones que alcanzan esa cantidad de 16.576 euros.

Aquí viene lo más atrabiliario, que consiste en que casi todos los partidos políticos en plan gallinero han saltado sobre la Ministra de Hacienda Sñrª. Montero, porque quieren que los perceptores del salario mínimo no paguen IRPF, lo que en principio suena bien y bondadoso, pero olvidan todos los defensores de bonificar el S. M., que en España todos los pensionistas que cobran la cantidad de 16.576 euros Hacienda les retiene el correspondiente IRPF, de forma, que, se mire como se mire, no se pueden defender dos postura contradictorias.

Dicho de otra forma, los pensionistas si pagan y nadie dice nada, pero los perceptores del S. M. no deben pagar IRPF en aras de una justicia social unidireccional.

Me cuesta trabajo decirlo, pero la verdad es, que en este caso la que lleva la razón es la M. de Hacienda, pues la C. E. de 1978 dice en su art. 14 “que todos los españoles somos iguales ante la ley para lo bueno y para lo malo”, aparte de que el “valor justicia constitucional” del art. 1.1 de nuestra Carta Magna así lo exige.

A destacar, además, que en España miles de pensionistas (viudo/as, autónomos, etc.) no alcanzan ni por asomo los 16.576 euros anuales de pensión, de manera, que en un orden de prioridades primero debería ser que todos los pensionistas situados por debajo del S. M. de 1.184 euros deben ser equiparados a esa cantidad y, después, que el Gobierno de España diga,  claramente y por qué quienes están obligados a pagar el IRPF y que todos los Partidos Políticos digan con nitidez cual es su política recaudatoria.

Aunque hay una cosa, que nadie debe olvidar: Que la C. E. de 1978 dice que todos los españoles somos iguales ante la ley.

Por todo lo dicho, considero que la batalla política en torno al S. M. y el IRPF, que aparece publicitada por todos lados y donde la mala malísima es la Srª. Montero, M. de Hacienda, es un engaño masivo a todos los españoles.

La verdad solo puede ser una, de manera, que tener una postura dual y diferente ante una misma cosa o problema es decir una mentira masiva, de manera, que en este caso, la postura de la M. de Hacienda de igualdad ante la ley es la correcta, mientras, además, no se arreglen los desequilibrios económicos de las prestaciones de la S. S.

La igualdad ante la ley de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades apoyan lo que digo, aunque, quizás, la propaganda, el relato y la demagogia parece que se imponen a la verdad y a la justicia social real.

Como conclusión a todo lo dicho, un poco del información veraz del art. 20 de la C. E. no vendría mal, dejando a un lado la demagogia vacía y perversa.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, decir la verdad es lo único que puede salvarnos de los políticos populistas y arrieros de la mentira.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  El salario mínimo y las pensiones son lo mismo y vienen del mismo fondo de la Nación Española, lo que implica que la igualdad ente la ley es algo irrenunciable, de forma, que cualquier trato diferenciado entre iguales es desigualdad.

Salario mínimo = pensiones, de manera, que no se puede arreglar uno sin aplicar la misma norma al otro.

Córdoba, a 14 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Derecho a la igualdad III – Seguridad Jurídica (Cataluña es singular y las demás a callar y pagar)

(Nota: El País vasco no juega.

*^8.500 militantes de ERC votan y deciden.

* 48.000.000 de españoles a callar y pagar.

* Por algún lado tiene que reventar.)

El Tribunal Supremo lo ha dejado claro:

“Que el Derecho a la igualdad y la Seguridad Jurídica son de todos los españoles y sin ellos no hay democracia ni estado de derecho”.

Aunque la verdad es que a una sociedad adormecida y cautiva voluntaria, que Cataluña se lleve 60.000 millones de euros de todos los españoles parece que le importa un bledo.

En el Congreso se votará la especial singularidad de Cataluña en forma de euros a pagar, así que ya veremos los diputados que votan en contra de un privilegio fiscal, que rompe el derecho a la igualdad de los españoles y que, tal como se plantea, parece más un acuerdo de una partida de bandoleros, que un acuerdo del Gobierno de España de debiera ser de todos los españoles.

Visto lo visto hasta ahora, el acuerdo está cerrado y aprobado, así, que ya veremos la prueba del nueve de lo que digo, aunque una cosa es cierta, que los Diputados del Congreso no son el Pueblo de España, sino sus representantes temporales electos, de manera, que lo que se apruebe en la Cámara Baja por la misma regla de tres se podrá volver a la línea de salida.

Por otro lado, los españoles tenemos el derecho y el deber de defendernos pacíficamente frente a la injusticia, pues nos va en ello la libertad.

Los 48 millones de españoles no somos esclavos silentes y cautivos, incapaces de hacer nada en defensa de nuestro derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica, nos va en ello  la libertad y el valor justicia, si no al tiempo.

Estoy comprobando, como otros muchos españoles, que la sociedad adormecida está despertando, cada vez con mayor rapidez, hacia la libertad en forma de un movimiento ciudadano de rebelión pacífica.

N.B. Reitero, que el Derecho a la Igualdad y la Seguridad Jurídica son la base de nuestra democracia, de forma, que “la singularidad de Cataluña es una patraña”, que nos lleva a la dictadura de unos pocos.

Hay que sublevarse contra los que quieren arrebatarnos la libertad y la igualdad, ya que, callarse es ser cómplices y/o autores de una injusticia contra el pueblo español del nacen todos los poderes.

Córdoba, a 2 de agosto de 2024

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.