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Córdoba y la paradoja del bienestar – (La trampa del dinero público)

Quien visita Córdoba durante su mayo festivo asiste a un espectáculo desconcertante. Ver las casetas de la feria llenas, los patios desbordantes y un ambiente de celebración absoluta choca frontalmente con los fríos datos macroeconómicos: “Nos encontramos ante una de las provincias con mayor despoblación de la región y, simultáneamente, la segunda con más paro de toda España”.

¿Cómo es posible que este equilibrio se sostenga sin que la provincia, su capital y sus pueblos no salten socialmente por los aires?

La respuesta a esta paradoja no se reduce a un solo factor, sino a una compleja red de contrapesos económicos, dinámicas de resistencia social y, fundamentalmente, a un modelo de dependencia pública tan profundo que define tanto nuestra estabilidad diaria como nuestro estancamiento estructural.

<<Los amortiguadores – Por qué no explota Córdoba>>

El aparente bienestar que se respira en las calles durante las épocas de esplendor responde a mecanismos muy arraigados en la sociedad cordobesa:

1.- La economía sumergida y la estacionalidad: “Una parte sustancial de la actividad económica no computa en las estadísticas oficiales”. El sector agrícola (olivar, dehesa, campiña) funciona mediante campañas que los trabajadores alternan con periodos de subsidio por desempleo (como el PER). En paralelo, la hostelería vive su temporada de oro en primavera, ya que, el mayo cordobés inyecta una liquidez inmediata a través de contratos temporales y peonadas extras que las familias, que en gran medida, reinvierten en la propia fiesta.

2.- La red familiar como institución económica: “Los lazos familiares actúan como el verdadero colchón de la provincia”. La solidaridad intergeneracional permite que las pensiones de los mayores o los sueldos fijos de los funcionarios sostengan a hijos y nietos desempleados, a lo que, sin duda, hay que sumar a un alto índice de vivienda en propiedad (heredada o compartida), lo que reduce drásticamente el coste de la supervivencia básica en comparación con las grandes metrópolis.

3.- La cultura del ahorro para el disfrute: “El mayo festivo no se percibe en Córdoba como un lujo superfluo, sino como una válvula de escape psicológica y un derecho cultural”. Se dice, no sé si con razón, que muchas familias economizan al máximo durante el invierno con el único fin de reservar un fondo para estas fechas  a lo que se añade, el acceso democrático a la fiesta (patios gratuitos y casetas de feria mayoritariamente públicas) lo que permite la participación colectiva sin necesidad de desembolsos prohibitivos.

4.- La ilusión de la concentración demográfica: “Aunque el norte de la provincia (Los Pedroches, el Guadiato) y las áreas rurales sufren una despoblación sangrienta, la capital y los municipios mayores (Lucena, Puente Genil, Montilla) retienen su dinamismo”. Es por eso, que en mayo, la convergencia de toda la provincia en la capital genera la falsa sensación de que “allí no falta nadie”.

<<La radiografía real – (Una provincia subsidiada).

Sin embargo, es un hecho patente, que más allá de la resiliencia social y la informalidad laboral, el verdadero pilar que sostiene la economía cordobesa es el flujo de dinero público, . Si ampliamos el concepto de “sector público” más allá de los funcionarios tradicionales e incluimos a toda la población cuyos ingresos principales provienen de las arcas del Estado, las cifras desvelan un escenario perturbador.

Oficialmente, sobre una población total de unos 770.000 habitantes, la radiografía de la dependencia pública en Córdoba se distribuye de la siguiente manera:

*Pensionistas (contributivas y no contributivas): La cifra se puede fijar prudentemente en  185.300 personas., lo que implica que el envejecimiento demográfico hace que casi una de cada cuatro personas en la provincia sea pensionista.

*Empleados públicos: Unos 51.500 trabajadores repartidos entre la administración local, autonómica y estatal. (Un cálculo más realista se situaría la cifra por encima de las 200.000 personas).

*Parados con prestación y subsidios (incluido PER/PROFEA): Unas 53.800 personas con cobertura de desempleo o ayudas asistenciales.

*Ingreso Mínimo Vital (IMV) y rentas de integración: Unos 25.500 beneficiarios.

**El indicador definitivo es demoledor: “Una cifra superior a 350.500 cordobeses reciben su principal ingreso mensual directamente de los presupuestos públicos”. Esto equivale aproximadamente al 42,5% de la población total, una proporción que se dispara y roza las dos terceras partes si filtramos el análisis únicamente hacia la población adulta que se encuentra en edad o disposición de percibir ingresos.

<<Las consecuencias de la trampa pública – (A la cola)>>

Esta colosal dependencia presupuestaria funciona como un excelente escudo contra la miseria extrema, pero actúa al mismo tiempo como un cepo para el desarrollo, ya que, este modelo condena a Córdoba a estar persistentemente en el vagón de cola debido a varias debilidades estructurales:

*Una ratio de sostenibilidad al límite: “En una economía equilibrada se requiere una base sólida de cotizantes privados”. En Córdoba, la relación es crítica: <Apenas existen 1,9 trabajadores ocupados por cada pensionista, una cifra notablemente inferior a la media nacional>.

*El dinero público como “suelo” y no como “motor”: “Las pensiones, subsidios y rentas mínimas se destinan casi íntegramente al consumo básico diario y al comercio local”. Es un capital que estabiliza el día a día, pero que no genera valor añadido, no patenta, no innova ni se reinvierte en la creación de tejido industrial autónomo.

*El “efecto imán” – Debilidad privada: Al carecer de grandes industrias y corporaciones multinacionales que ofrezcan salarios competitivos, el talento cordobés se canaliza de forma masiva hacia el sector  público (oposiciones, contratos públicos, etc.), siendo un hecho perverso que los mejor preparados emigran y/o dedican su tiempo y sus mejores años productivos al estudio de temarios públicos en lugar de emprender, lo que conlleva  que el sector privado queda sin innovación, hipertrofiado en sectores de baja productividad (hostelería y agricultura estacional) y compuesto casi exclusivamente por microempresas y autónomos sin posibilidades financieras.

La comparación con provincias vecinas evidencia la brecha: “Mientras que en territorios como Málaga la dependencia del dinero público cae al 29% gracias al empuje de la inversión extranjera, el turismo tecnológico y la iniciativa privada, Córdoba ha convertido al trabajo público en su única estructura sólida.

<<El horizonte de cambio>>

Existe, no obstante, un punto de inflexión en el futuro cercano, concretamente, la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General de Ejército Javier Varela, ya que, aunque se trata de una inversión de origen público, su verdadero valor estratégico radica en su capacidad para actuar como un imán para empresas privadas de alta tecnología, inteligencia artificial, robótica y mantenimiento industrial. Representa, posiblemente, la oportunidad histórica más clara que ha tenido Córdoba para diversificar su tejido productivo.

Mientras esa posible transición se consolida, la realidad de la provincia sigue atrapada en una dolorosa contradicción. *Una tierra que fía su estabilidad económica al Boletín Oficial del Estado y al de la Junta de Andalucía, a la Diputación y a los Ayuntamientos estará siempre blindada contra el colapso absoluto, pero permanecerá presa bajo un techo de cristal que le impide competir con economías dinámicas*.

Mientras la principal fuente de sustento de casi la mitad de sus habitantes dependa de las transferencias del Estado y del dinero público, y, no de la riqueza que produce su propia población, revertir la despoblación y el desempleo estructural seguirá siendo una tarea de enorme envergadura, que hasta la fecha nadie ha querido transformar, por lo que seguiremos a la cola y paralizados.

N. B. Imagen. Córdoba dual.

Córdoba, 24 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Cesta vacía vs. urna llena – (La paradoja)

1.- El espejismo de la moderación.

Resulta exasperante, por no decir provocador, observar la brecha entre la estadística oficial y el ticket del supermercado, ya que, mientras los titulares nacionales celebran un IPC del 3,2% como una victoria de la moderación, el cordobés medio se enfrenta a una inflación subyacente del 2,8%, que se ha vuelto estructural. (Datos oficiales que se apartan de la realidad más dura y elevada).

No es una cifra, es un residuo, pues el aceite, la carne y las frutas -el núcleo de nuestra dieta- no entienden de supuestos <-respiros energéticos-> cuando arrastran subidas superiores al 10%.

En Córdoba, la inflación no es solo un dato macroeconómico, sino que es un invitado indeseable, que se sienta a la mesa cada día.

2.- La sanidad solapa y oculta el hambre real.

La pregunta es obligada: Si llenar la nevera es un disgusto diario,

¿por qué la Sanidad monopoliza el debate electoral del 17 de mayo?

**La respuesta reside en una calculada y distorsionada distribución de la culpa:

<-La competencia como escudo: El votante tiende a exonerar a la Junta de Andalucía de la subida de los precios (atribuyéndola a Madrid, Fráncfort o al conflicto en Irán), mientras que percibe el Hospital Reina Sofía como una responsabilidad directa y exclusiva de Sevilla.

<-Miedo existencial vs. Gestión diaria: “La inflación se <gestiona> penosamente cambiando de marca o recortando ocio”, pero un fallo en el sistema sanitario, en cambio, se percibe como una amenaza vital sin alternativa privada para la mayoría.

El miedo a la desprotección siempre moviliza más que la pérdida de poder adquisitivo.

<-La visibilidad del conflicto: Mientras que el encarecimiento de la vida es un sufrimiento silencioso y atomizado en cada hogar, las listas de espera tienen portavoces, mareas blancas y titulares, de forma, que lo que no se manifiesta políticamente -no existe-.

3.- Arquitectura del <despiste> y el riesgo del PP en Córdoba.

Se señala un punto crítico: “La estrategia de bajada de impuestos del Partido Popular y su colisión con la realidad local”.

***Aquí entramos en el terreno de la verdad y la mentira administrativa.

***Existe un <-trilerismo dialéctico-> muy marcado:

1.- La macropolítica (El Gancho): Se promociona la bajada del IRPF o la eliminación de Sucesiones en el BOJA para construir una marca de <alivio fiscal>.

2.- La microfalla (El Recibo): Simultáneamente, el ciudadano cordobés recibe el “basurazo” de Sadeco y de Epremasa, la subida de tarifas en Emacsa y el incremento de tasas en la Diputación (Emproacsa y Epremasa) para sostener estructuras que, a menudo, son para siempre ineficientes, siendo un sumidero de dinero público.

3.- La realidad: Se promete que <el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano, mientras se le retira ese mismo dinero mediante tasas municipales y provinciales, de manera, que no se trata solo de una contradicción técnica, sino que es un error de cálculo político. El bolsillo no entiende de competencias administrativas, solo de saldo disponible.

4.- El votante cordobés – (Desmemoria o Resignación). Los partidos suelen confiar en que la ideología pesará más que el recibo de la basura. Sin embargo, en un escenario de fatiga económica extrema, subestimar la memoria del elector es un error muy grave.

La disonancia entre lo que se dice en San Telmo (Sevilla) y lo que se ejecuta en el Ayuntamiento de Córdoba o en la Diputación alimenta dos fenómenos peligrosos para el statu quo:

*La fuga hacia los extremos: Votantes que buscan en la estridencia la solución a la incoherencia.

*La desafección: El convencimiento de que la política es un ejercicio de semántica donde “impuesto” y “tasa” son solo dos nombres distintos para el mismo empobrecimiento.

<<Conclusión>> La inflación en Córdoba ha pasado de ser una mala noticia a un ruido de fondo crónico, pero que sea silenciosa no significa que no sea una desgracia, que afectará en las urnas. La verdadera batalla del 17 de mayo no se librará solo en los hospitales, sino en esa disonancia cognitiva de quien escucha hablar de <-bajadas de impuestos->, mientras hace malabarismos para pagar el agua y la luz.

La verdad se mide en capacidad de ahorro y la mentira en folletos electorales.

N. B. Imagen. La verdad y la mentira.

Córdoba, a 9 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Mpntoya,

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Un techo de lona – (Parques-dormitorio en Córdoba)

Lo que comenzó como una anomalía en los márgenes de las grandes capitales se ha consolidado en este mayo de 2026 como la imagen más cruda de una fractura social sin precedentes. La proliferación de tiendas de campaña en nuestros espacios verdes no es un problema de estética ni de orden público: “Es el síntoma de un sistema habitacional colapsado”.

1.- Un paisaje de la nueva precariedad.

La estampa de hileras de tiendas en el centro de Madrid, Barcelona o Palma ya no es noticia, sino que se ha convertido en una costumbre, aunque, quizás, lo más desgraciado es que el perfil del <-sinhogarismo ha mutado->.

Ya no hablamos únicamente de exclusión severa, sino que estamos ante una <-expulsión sistémica-> de ciudadanos que, hasta hace poco, eran el motor de la ciudad: “Trabajadores con contrato, jóvenes y familias monoparentales que han sido expulsados del mercado de alquiler formal”.

<<Una explicación>>

***Los motores del problema:

*Desajuste renta-salario, ya que, es una estimación cierta, que sobre un 45% de la población destina más de la mitad de su sueldo solo a pagar el alquiler.

*Red pública en mínimos, ya que, España solo tiene un 2-3% de vivienda social, frente al 15% de nuestros vecinos europeos.

*Financiarización, porque la vivienda ha dejado de ser un hogar para convertirse en un activo financiero de fondos de inversión.

<<El caso de Córdoba  – (Desplazamiento invisible)>>

En nuestra ciudad, la crisis de 2026 adopta una forma distinta pero igualmente dolorosa, ya que, aquí, la emergencia no siempre acampa bajo los focos del centro histórico, sino que se esconde en los márgenes del río y en la periferia, en un ejercicio de supervivencia silenciosa.

<<El mercado cordobés en cifras críticas>>

*Precios récord: El alquiler ha subido un 7,9% interanual, superando los 9€/m².

*Presión turística: El Distrito Centro y el Campo de la Verdad se han vaciado de vecinos para llenarse de maletas.

*Zonas tensionadas: Barrios como Ciudad Jardín, El Zoco o Poniente sufren subidas de hasta el 20%.

<<La Geografía de la emergencia en Córdoba>>

La necesidad se ha desplazado hacia los puntos de menor vigilancia, pero mayor riesgo:

1.- La Ribera crítica: Los asentamientos en el Camino de Carbonell y el Camino de la Barca son hoy puntos críticos de riesgo por inundabilidad. Decenas de personas viven allí en tiendas y estructuras precarias.

2.- Pernocta urbana: El Parque de Miraflores, la Asomadilla y el Parque de “Las Setas” sirven de refugio nocturno para familias desplazadas que buscan la seguridad de la sombra.

3.- Polígonos como “barrios dormitorio”: En Chinales y La Torrecilla, la vivienda se ha trasladado al asfalto. Furgonetas y autocaravanas se alinean en las calles, habitadas por trabajadores cuyos salarios son devorados por la inflación.

<<Conclusión – (Derecho o lujo)>>

La respuesta institucional, como el plan de VIMCORSA para construir 948 viviendas, es una carrera de fondo contra un incendio que requiere soluciones inmediatas.

La aparición de una tienda de campaña en un parque es el último grito de auxilio de un ciudadano al que se le ha negado el derecho a la ciudad.

N.B.  Imagen. Tiendas de campaña, coches, caravanas y chabolas.

Mientras la vivienda siga siendo tratada como un activo de inversión y no como la base de la dignidad humana, los parques de Córdoba y de toda España seguirán siendo el último y precario refugio de una sociedad que trabaja, pero no tiene dónde dormir.

Córdoba, a 5 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Servicios Públicos – (Seguir pagando por una gestión ineficiente – el dilema)

Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.

Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).

Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.

***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.

1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).

El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:

1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.

2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque  de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.

3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.

2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).

La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).

***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:

<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.

<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.

<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).

<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.

3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).

La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.

***Los pilares de la impunidad:

1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).

2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.

3.- Incentivos perversos en el presupuesto: “El sistema castiga el ahorro”. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.

<<Sistema de eficiencia>>

Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:

<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.

<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.

<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.

<<Conclusión>>

Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.

La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: “Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.

N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.

Córdoba, 29 de abril de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba e Inspector de Trabajo y S.S.

Sostenibilidad del Modelo de Bienestar y el futuro del SNS

1.- El Sistema Nacional de Salud entre <-el temporal y el diluvio->-

Es un hecho real, que la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se sitúa en el epicentro de una crisis de sostenibilidad, ya que, la saturación de la atención primaria y las listas de espera quirúrgicas (que ya superan en demasiados casos los 200 días de media), han forzado la apertura del debate técnico sobre el copago por actos médicos (consultas, especialistas y urgencias) como medida de supervivencia.

<<El desafío de la regularización y el arraigo familiar>>

El impacto real de la regularización extraordinaria se estima ahora en 2 millones de personas, impulsado por el “efecto llamada” y, especialmente, por el arraigo familiar transversal. Este último factor es crítico: “La llegada de ascendientes (padres y abuelos) desplaza el gasto hacia la cronicidad y la polifarmacia, con un coste anual por paciente de 1.884 eur. frente a los 720 eur. de un adulto joven”.

2.- El techo de cristal financiero – (La ilusión de los recursos infinitos).

Es imperativo desterrar la creencia de que los recursos del Estado son elásticos o infinitos. En 2026, España ha alcanzado un punto de agotamiento real de sus fuentes de financiación:

<-Límite de Presión Fiscal: La carga impositiva sobre ciudadanos y empresas ha llegado a un nivel de saturación donde cualquier incremento adicional corre el riesgo de reducir la actividad económica y, por ende, la recaudación neta (Curva de Laffer).

<-Restricción de Deuda: Con una deuda pública que condiciona los presupuestos futuros, el margen para financiar gasto corriente mediante préstamos se ha cerrado debido a las reglas fiscales de la UE y la disciplina de los mercados.

<-La ecuación del agotamiento:

Recursos Max=Recaudación Impositiva Limitada+Capacidad de Endeudamiento Agotada

Cuando la demanda de servicios crece exponencialmente (2 millones de nuevos usuarios) pero la base de recursos es finita, el sistema entra en insolvencia técnica.

3.- El SNS en el marco del gasto público agregado.

La viabilidad de la sanidad está condicionada por un exceso de gasto público estructural, que limita la capacidad de inversión en salud:

<-Partidas rígidas: El gasto en pensiones, la nómina de los funcionarios y el servicio de la deuda absorben la mayor parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

<-Asfixia presupuestaria: El mantenimiento de un gasto corriente elevado en la administración reduce el margen de maniobra para afrontar la incorporación masiva de usuarios con alta demanda asistencial.

4.- Deterioro transversal de los servicios públicos.

La derivación de recursos hacia la protección social y el gasto corriente está provocando un deterioro palpable en otros pilares del Estado:

<-Infraestructuras: Falta de inversión en carreteras y ferrocarril, afectando a la competitividad.

<-Seguridad y Educación: Pérdida de calidad por falta de renovación de plantillas.

<-Cuidado de Mayores: Una Ley de Dependencia infrafinanciada que satura indirectamente los hospitales.

5.- Viabilidad jurídica y el dilema del copago.

La implementación de un sistema de copago en Andalucía enfrenta barreras legales (STC 71/2014 y Ley General de Sanidad). Sin embargo, ante la imposibilidad de ampliar los recursos finitos del Estado, el copago se perfila como una tasa de corresponsabilidad necesaria para:

1.- Efecto Disuasorio: Frenar el uso inadecuado de urgencias y consultas.

2.- Inyección de Liquidez: Aportar fondos directos que el sistema tributario ya no puede generar por sí solo.

6.. Conclusión y Perspectiva Social. El descontento social manifiesta una realidad innegable: “El ciudadano percibe que el incremento de la presión fiscal no se traduce en mejores servicios, sino en una degradación de su calidad de vida”.

En definitiva, la sostenibilidad del SNS depende de aceptar que hemos llegado al límite de los recursos no ampliables. Sin una reforma profunda que incluya medidas severas como el copago o una reestructuración drástica de la inversión pública, el contrato social corre el riesgo de romperse definitivamente ante la incapacidad del Estado para gestionar una demanda infinita con recursos que, finalmente, se han agotado.

N. B. Imagen. Realidad visible.

(Los recursos del Estado son infinitos y en España hemos llegado a un punto de agotamiento real de esos recursos finitos y no ampliables más).

Córdoba, a 26 de abril de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.