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EPREMASA (Subida de Tasas y Análisis)

A la vista del posible tarifazo, de su retirada obligada y en espera de acuerdos razonables para solucionar la situación de EPREMASA, los lectores de mi blog, me piden un análisis claro y conciso de la Empresa de Basuras y sus soluciones, tal como hice con la Empresa de Aguas Emproacsa.

EPREMASA (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente S.A.) es una entidad pública que gestiona la recogida y tratamiento de residuos en 72 municipios de la provincia de Córdoba, atendiendo a unos 300.000 habitantes. Desde 1992, basa oficialmente su modelo en ecoparques y una red de recogida selectiva con foco en la sostenibilidad ambiental.

En noviembre de 2025, el Gobierno provincial del Partido Popular (PP), liderado por Salvador Fuentes, propuso aumentar las tasas de recogida y tratamiento de residuos un 17,5% para 2026, lo que supondría unos 2 euros más al mes por vivienda, alegando públicamente el Presidente de la Diputación que sin esta subida EPREMASA, con pérdidas acumuladas ya de 2 millones en 2025, entraría en quiebra.

Sin embargo, la oposición en bloque rechazó esta medida por considerarla injusta, insufrible y gravosa para los ciudadanos, especialmente, para familias rurales con ingresos medios bajos. Por ello, la subida no ha obtenido el apoyo mayoritario en la comisión informativa de Hacienda y se han congelado las tasas para 2026.

<<Evolución de Tasas en EPREMASA>>

<-2023: Subida del 40,8%, recuperando pérdidas post-COVID y adaptando la Ley de Residuos.

<-2024: Incremento del 10%, vinculado al quinto contenedor obligatorio para orgánicos.

<-2025: Congelación total pese a pérdidas previstas de 2 millones.

<-2026: Propuesta rechazada de subida del 17,5%, inicialmente prevista hasta un 44%, según ha declarado el Gobierno del P. P.

En conjunto, la oposición denuncia un aumento acumulado del 90% en tres años, pasando de 90 euros anuales en 2022 a 165 euros propuestos en 2026.

<<Motivos del Gobierno del P. P. para la subida>>

<-El incremento pretendía cubrir:

-Alzas del 20-25% en combustible y mantenimiento.

-Inversiones obligatorias por Ley 7/2022, como el quinto contenedor y nuevas plantas, con multas por vertidos.

-Ajustes laborales y correcciones salariales selectivas.

-Mantener equilibrio financiero y evitar quiebra o privatización.

El PP defendía que sin estas medidas las pérdidas podrían llegar a 12 millones en 2026, poniendo en riesgo empleo y servicios, así como, la propia viabilidad de la Empresa.

<<Críticas y Rechazo de la Oposición>>

<-Se considera la subida desproporcionada y un castigo a hogares vulnerables y municipios pequeños.

<-Se acusa falta de transparencia, ineficiencia y ausencia de alternativas reales para mejorar gestión y evitar subidas.

<-Se reclama auditorías independientes y transferencia de más recursos desde la Diputación, que cuenta con un presupuesto creciente y ejecución baja.

<-Se destaca que la carga fiscal afecta también a empresas, con subidas que superan el 100% en algunos sectores, agravando desigualdades.

<<Valoración de la subida de tasas>>

<-La subida, aunque justificada técnicamente por desequilibrios financieros, se percibe como un impuesto encubierto, que contradice promesas electorales del PP.

<-Es socialmente injusta, priorizando la viabilidad económica sobre bonos sociales y bonos para colectivos vulnerables.

<-La congelación aprobada, si bien alivia a los usuarios, posterga un ajuste necesario, que exige una reestructuración profunda y urgente para garantizar la sostenibilidad real de la Empresa.

<-La crisis estructural no se resolverá con subidas aisladas, de forma, que se necesita un pacto multipartidista, una auditoría externa y un plan integral a corto y a medio plazo.

<<Otras opciones para los usuarios frente a la subida de tasas>>

<-Revisión y eliminación de “gastos superfluos” y -convenios con posibles irregularidades-.

<-Implementación de auditorías independientes para mejorar transparencia y eficiencia.

<-Priorizar incentivos para la economía circular y reducción de residuos que pueden bajar costes a medio plazo.

<-Establecer bonificaciones sociales más amplias para colectivos vulnerables.

<-Explorar nuevas fuentes de financiación o mejoras en la gestión que no repercutan solo en tasas.

<<Conclusión>>

El caso de EPREMSA es un ejemplo claro de los retos que enfrentan las empresas públicas en equilibrio entre sostenibilidad financiera y carga fiscal.

La retirada del tarifazo por el gobierno provincial refleja la presión social y política para buscar soluciones menos lesivas para los ciudadanos, aunque la urgencia de una reforma profunda sigue siendo ineludible.

N.B. Epremasa es la historia de un tarifazo fallido, de una Empresa gestionada en un bucle de desastres y de una Entidad Pública sin futuro si no se realiza una reestructuración profunda y urgente de la misma.

La situación financiera de Epremasa deriva de una gestión desastrosa, donde se ha tirado el dinero en gastos superfluos, en exceso de personal y en aventuras no profesionales.

Desde ACOA recomendamos:

“Adoptar las propuestas de auditoría, eficiencia empresarial y tarifas progresivas para asegurar sostenibilidad, justicia social y transparencia, restaurando la confianza ciudadana”.

Córdoba, 10 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado en España (equidad y sostenibilidad)

Los lectores me siguen preguntando cosas sobre la Seguridad Social, y, esta vez, plantean el problema de la brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, asunto que es una realidad en aumento, así que trataremos de dar una información breve, clara y detallada.

Es un hecho patente que existe una brecha significativa entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, de forma,  que señalaremos las causas, las consecuencias y posibles soluciones, así como de un análisis crítico sobre la sostenibilidad y equidad de ambos regímenes.

<<Diagnóstico crítico de la brecha pensional>>

La diferencia media de alrededor de 1.026 euros mensuales (un 62% más para los funcionarios) evidencia un desequilibrio estructural entre los sistemas de Clases Pasivas y Régimen General. Este diferencial no responde únicamente a derechos adquiridos o historiales contributivos diversos, sino a un modelo dual que ha consolidado privilegios históricos y desajustes en la arquitectura de la protección social española.

Mientras el Régimen de Clases Pasivas ofrece estabilidad, criterios de cálculo más favorables y complementos consolidados, el Régimen General se ha reformado de forma recurrente en nombre de la sostenibilidad, afectando principalmente a los trabajadores del sector privado con trayectorias laborales más fragmentadas.

“El resultado es un sistema percibido como inequitativo, regresivo y financieramente vulnerable”.

<<Causas estructurales>>

*Asimetría normativa: la coexistencia de dos sistemas jurídicos y contables distintos perpetúa divergencias en la base reguladora, mecanismos de actualización y derechos pasivos.

*Diferencial de estabilidad laboral: las carreras lineales y estables del empleo público contrastan con la volatilidad contractual del mercado privado, afectando directamente el número de años cotizados y la cuantía final de la pensión.

*Resistencia a la convergencia: las sucesivas reformas han mantenido regímenes privilegiados bajo una lógica de <intangibilidad de derechos>, sin una transición coherente hacia la equiparación progresiva.

*Envejecimiento y demografía: el incremento de jubilaciones públicas en la próxima década tensionará las cuentas estatales si no se adoptan medidas compensatorias.

<<Análisis crítico: un modelo insostenible y socialmente regresivo>>

El sistema actual genera una desigualdad visible tanto intrageneracional (entre trabajadores presentes) como intergeneracional (entre trabajadores actuales y futuros).

La sostenibilidad fiscal se ve comprometida por el peso creciente de las Clases Pasivas, mientras que el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 14 CE) se tensiona por la distinta consideración de esfuerzos contributivos similares.

Además, esta situación erosiona la confianza ciudadana en la justicia del sistema y contribuye a una percepción de dualidad social, donde el Estado protector se convierte en agente de desigualdad.

(Nota. En este caso examinado de diferencias injustas entre pensiones, se vulnera de forma clamorosa la Constitución Española de 1978 en sus art. 1.1., (valor justicia), 9., (legalidad y principios constitucionales), 14 (igualdad entre los españoles), 39., (protección social), 41., (Seguridad Social), 103., (administración pública), y, cc.).

<<Medidas correctoras y propuestas innovadoras>>

1.- Convergencia normativa y fiscal de regímenes: Iniciar un proceso gradual de integración de Clases Pasivas en el Régimen General, con un calendario claro y mecanismos de compensación transitoria. Este proceso debe garantizar la proporcionalidad entre aportaciones, años cotizados y derechos reconocidos.

2.- Creación de un Fondo de Equidad Pensional: Establecer un instrumento financiero que module las diferencias entre pensiones públicas y privadas mediante aportaciones estatales y sociales, con transparencia en su gobernanza.

Su objetivo sería igualar las tasas de sustitución y mejorar las pensiones bajas del sector privado.

3.-  Nuevo modelo de cálculo mixto: Incorporar un sistema basado parcialmente en puntos o cuentas nocionales que asocien directamente la pensión a la trayectoria contributiva, evitando inflaciones de última hora derivadas de los complementos del sector público.

4.- Vinculación de revalorización y sostenibilidad: Fusionar el principio de poder adquisitivo con el Factor de Equidad Intergeneracional, garantizando pensiones dignas pero sostenibles, evaluadas por una autoridad actuarial independiente.

5.- Profesionalización y movilidad intersectorial: Favorecer una mayor movilidad entre empleo público y privado, unificando tramos de cotización y facilitando la portabilidad plena de los derechos adquiridos. Esto fomentaría la cohesión del sistema y reduciría la segmentación laboral.

6.- Participación ciudadana y transparencia: Implantar un Consejo Social de Pensiones que supervise el equilibrio entre equidad y sostenibilidad. Incluya representantes de trabajadores, pensionistas, expertos y Administración.

<<Enfoque innovador: hacia la “Cuenta Pensional Única Española”>>

Proponer la creación de una Cuenta Pensional Única (CPU), unificada y digital, que acumule todas las cotizaciones del ciudadano (públicas y privadas) a lo largo de su vida laboral.
**Esta herramienta permitiría:

-Integrar regímenes en una lógica de justicia contributiva.

-Facilitar la trazabilidad y transparencia de las aportaciones.

-Evitar duplicidades y desigualdades entre regímenes.

-Modernizar el sistema con proyecciones personalizadas y educación previsional.


<<Conclusión>>

La brecha pensional entre funcionarios y empleados privados no es una anomalía coyuntural, sino una consecuencia sistémica de la dualidad institucional del régimen español. Mantener ese diseño supone perpetuar una desigualdad contraria a los principios de equidad y sostenibilidad financiera.

La integración progresiva, la innovación institucional y la transparencia pública son esenciales para asegurar un sistema de pensiones único, justo y viable, capaz de sostener la cohesión social en una España que envejece y demanda justicia intergeneracional.

N.B. La brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado está marcada por la falta de equidad y la estructura de la sostenibilidad en ambos sistemas.

La diferencia señalada que se sitúa en 1.026 euros mensuales y con un 62% más para los funcionarios, se explica por dinámicas históricas y estructurales, aunque, la evolución demográfica y los retos económicos obligan a una reflexión crítica y a repensar el sistema para asegurar su equidad y sostenibilidad en el futuro.

Córdoba, 8 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

El Agua Olvidada (Un Derecho Traicionado por la Insensibilidad Política)

Imagina un río invisible bajo las calles de Córdoba, no de agua cristalina, sino de promesas rotas y facturas infladas. El derecho humano al agua potable, reconocido por la ONU en 2010 (Resolución 64/292), se ahoga en 2025 bajo aumentos tarifarios desmedidos. En Córdoba, EMACSA ha subido las tarifas un 18% en dos años (5% en 2024 y 10% en 2025), superando la inflación y golpeando a los hogares vulnerables.

Esto no es un ajuste: “Es una traición a un derecho inalienable, no una mercancía”.

**La Traición del Derecho al Agua.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el ODS 6 exigen agua accesible, segura y asequible (máximo 3% de ingresos familiares). Sin embargo, en España, las tarifas se disparan tras ciclos electorales, disfrazadas de “inversiones contra la sequía”. En Córdoba, el costo del consumo básico (14 m³) sube hasta 4 € bimestrales, excluyendo al 20% de hogares vulnerables. Globalmente, 2.200 millones de personas carecen de agua segura, y en Europa, las desigualdades crecen por políticas que priorizan a grandes consumidores industriales sobre los más pobres.

**El Impacto: Un Tsunami Social.

Los aumentos tarifarios erosionan la dignidad:

*Asequibilidad: En Córdoba, las facturas superan el 3% de ingresos para muchos ciudadanos, forzando a familias a racionar agua o elegir entre servicios esenciales.

*Discriminación: Mujeres rurales, ancianos y migrantes sufren más, agravado por redes con fugas (10% en Córdoba) y políticas que ignoran el enfoque de derechos humanos.

*Incumplimiento estatal: Subidas injustificadas violan el PIDESC, mientras bonos sociales, como el de EMACSA, no cubren a todos los necesitados.

**Córdoba: Un Espejo Roto.

EMACSA justifica el 10% de 2025 con inversiones en redes, pero el bono social de 1 millón de euros es insuficiente. El consumo cae un 5% por miedo a facturas, y, el 18% acumulado supera la inflación sin resolver fugas ni garantizar equidad.

Políticos locales culpan al clima o a normativas, pero es un hecho patente y desgraciado que convierten el agua, un bien público, en un privilegio.

**Manifiesto AguaEsVidaDigital: Soluciones Innovadoras.

La Asociación Córdoba Abierta (ACOA) propone un ecosistema innovador:

*Digital: Una app blockchain, AguaJusta, rastreará consumos en tiempo real, alertará sobre costos excesivos y facilitará bonos sociales. Ya cuenta con 5.000 usuarios en pruebas.

*Legal: Denuncias colectivas al Comité DESC de la ONU, inspiradas en el movimiento Right2Water europeo.

*Sostenible: Tarifas progresivas con un mínimo exento (50-100 l/día), financiadas por gravámenes a grandes consumidores, huertos hídricos comunitarios con IoT y un fondo ciudadano blockchain para subsidios transparentes.

**Conclusión: Del Ahogo a la Marea Alta.

El derecho al agua no puede ser un eco lejano (sonido atenuado que viene de distancia considerable), traicionado por políticos insensibles.

Es un hecho probado y desgraciado que en Córdoba, los aumentos de EMACSA amenazan vidas, pero con tecnología, acción colectiva y presión global, podemos revertir esta injusticia.

Exijamos tarifas justas, un mínimo exento y un agua que sea vida, no lujo. Únete a AguaEsVidaDigital: en 2025, el futuro se comparte, no se cobra.

N.B. El Derecho Humano al Agua Potable, traicionado por aumentos tarifarios insensibles, clama por una revolución equitativa, que busca hacer efectivo el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.)

Córdoba, 17 de septiembre de 2025.


Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba.

Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Inflación en Córdoba y Provincia (Vista rápida y breve)

Un grupo amplio de lectores me piden una opinión sobre la inflación, porque dicen, que observan subidas de precios excesivas, sobre todo, en alimentación, vivienda y energía, así que, con la colaboración de los asociados de Córdoba Abierta -ACOA- presentamos un artículo breve y ajustado a la realidad de Córdoba, así:

Existe inflación cuándo suben los precios de cosas como comida, gasolina o alquiler.

<<Inflación en Córdoba>>

(Nota: En principio, utilizamos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta agosto de 2025 y explicamos las diferencias entre la capital y los pueblos, la inflación en alimentación y qué pasará en el futuro, finalmente, fijaremos mi opinión personal y de ACOA).

En este año 2025, los precios en España subieron un 2,7% (hasta agosto). En Córdoba (Provincia), un 2,2% (dato de junio). Suben menos que en Andalucía (3,4%) por el sector agrícola y el turismo.

<<Capital vs. Pueblos>>

*Córdoba Capital: Los precios suben 2,2%. Lo más caro: restaurantes (+3,5%), luz/gas (+2,8%), alquileres.

*Pueblos (ej. Pozoblanco, Baena): Suben 2,0-2,3%. Lo más caro: comida fresca (+3,2%), gasolina (+4%). La vida está marcada por la incertidumbre, de forma, qué  la comida pesa cada vez más en el presupuesto familiar.

<<Precios de la comida>>

*La comida subió un 2,5% en Córdoba:

–Capital: 2,4%, más en restaurantes.

–Pueblos: 2,7%, más en frutas (+4,2%) y verduras (+5%) por sequías.

–Ejemplo: Café y huevos, hasta +15% por clima y costes.

<<Previsión>>

* Final 2025: Precios subirán 2,4% (provincia), 2,3% (capital).

* 2026: Bajarán a 1,9%.

* Comida: Subirá 2,4%, menos que en 2024.

**Riesgos: Apuntamos, por ejemplo, que si la gasolina sube, podría llegar a 2,7%. Si baja, al 2,0%.

<<En resumen>>

Según los datos del INE los precios suben poco en Córdoba (2,2%). En la capital, afectan más en restaurantes; en pueblos, en la comida. Para 2026, subirán menos.

<<Opinión personal y de Córdoba Abierta -ACOA->>

Nuestras comprobaciones llevan a una conclusión más pesimista sobre la inflación al final del 2025, teniendo en cuenta que nos basamos en datos cogidos directamente de mercados, super mercados y comercios de la Capital y de la Provincia, sobre todo en la comida, de forma, que nuestra previsión, teniendo en cuenta los precios de la vivienda, de la comida, especialmente, alimentos frescos y fruta, y, de los restaurantes, es que los precios subirán al menos un 3,5% de media; y, que para 2026 la subida se mantendrá en ese nivel de precios.

A todo lo anterior hay que sumar, la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que se ha apoderado de la Nación, lo que llevará, sin duda, a que la inflación continue en ascenso, de forma, que los ciudadanos intentan ahorrar lo que pueden, mientras las empresas asegurarán sus precios a la realidad económica aumentando los mismos y asegurando beneficios a corto plazo, pues no tienen ni idea de los pasará mañana en la política, en la seguridad jurídica y en el funcionamiento de las instituciones a todos los niveles.

Lo que está ocurriendo en la justicia con un Presidente del Gobierno atacando directamente a los jueces y la postura extralegal del Tribunal Constitucional ocupando el lugar del Tribunal Supremo, así como, el funcionamiento anormal de las instituciones básicas de la Nación llevará a que la incertidumbre y la desconfianza en el funcionamiento del Estado produzca efectos inflacionarios.

N.B.   La inflación en Córdoba y Provincia en nuestra vista rápida y breve es que los datos oficiales del INE son demasiados optimistas, teniendo en cuenta nuestras comprobaciones directas.

Desde nuestra Asociación Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos otro mensaje: “La inflación seguirá en ascenso, porque todos los indicadores comprobados (salarios, impuestos, tasas, cotizaciones, etc.) marcan indicios claros de subidas superiores a los datos del INE, a lo que hay que sumar la desconfianza psicológica en el funcionamiento de las instituciones básicas del Estado que se ha apoderado de los españoles”.

Córdoba, 14 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

II. Imposición fiscal en Córdoba Capital (La emboscada)

El Ayuntamiento de Córdoba presume de la reducción de la presión fiscal desde 2019, con un enfoque en aliviar la carga para ciudadanos, autónomos y empresas. Sin embargo, una mayoría de ciudadanos ha denunciado, que estas reducciones son injustas, porque no benefician a la mayoría de los cordobeses sino principalmente a determinados contribuyentes, abogando por una fiscalidad más equitativa y proporcional.  

<<Análisis Crítico >>

<<Bajadas de Impuestos vs. Subidas de Tasas en Córdoba>>

1.- Contexto y Marco General.

El Ayuntamiento de Córdoba, liderado por el Partido Popular (PP) bajo el mandato del alcalde José María Bellido, ha promovido desde 2019 una política de reducción fiscal progresiva, a su manera y criterio, defendiendo siete bajadas consecutivas de impuestos municipales hasta 2026. Estas reducciones afectan a tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), especialmente, rústico, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Según la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, estas medidas han supuesto un alivio fiscal acumulado de aproximadamente 733.568 euros solo en 2025, con descensos significativos como el 15,36% en el ICIO y el 13,93% en el IBI rústico desde 2019.

Sin embargo, esta estrategia contrasta con incrementos sustanciales en las tasas por servicios públicos, gestionados por empresas municipales como EMACSA (agua) y SADECO (recogida de basura).

Las tasas han experimentado subidas notables: – Agua (EMACSA): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, acumulando una subida significativa en dos años. – Recogida de basura (SADECO): Aumento del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que representa una carga fiscal considerable para los hogares.

Estas subidas han generado inquietud y desconfianza en los ciudadanos, que perciben las políticas fiscales del Gobierno del P. P. como una <trampa> para los cordobeses, ya que, las reducciones de impuestos benefician principalmente a grandes contribuyentes, mientras que las subidas de tasas afectan de manera regresiva a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

2.- Análisis Detallado de las Bajadas de Impuestos.

Las reducciones fiscales aprobadas tienen un impacto limitado para la mayoría de los ciudadanos, lo que refuerza la percepción de una estrategia fiscal desigual:

**Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): -Reducción: Bajada del 2% en el IBI urbano para 2026, acumulando un 5,79% desde 2019. El IBI rústico acumula un descenso del 13,93%. -Impacto: Aunque beneficia a todos los propietarios de inmuebles, el ahorro medio por hogar es modesto (estimado en 2-5 euros anuales para una vivienda estándar, según cálculos de la oposición). Los mayores beneficiarios son propietarios de inmuebles con valores catastrales altos, como grandes empresas o propietarios de segundas residencias. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten en sus bolsillos, que la reducción del IBI (rústico) no compensa el aumento de tasas como la del agua o la basura, que tienen un impacto mucho mayor en los hogares de renta baja o media.

**Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): -Reducción: Descenso del 1% en los coeficientes de situación para 2026, acumulando un 5% desde 2019. -Impacto: Solo afecta a empresas y autónomos con facturación superior a 1 millón de euros, excluyendo a la mayoría de pequeños negocios y autónomos. Esto beneficia principalmente a grandes empresas, lo que refuerza la percepción de una política fiscal favorable a los sectores más pudientes. *Críticas: La ciudadanía denuncia que el IAE no alivia la presión fiscal sobre los pequeños empresarios, que enfrentan mayores costes operativos debido a las tasas de servicios.

**Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): -Reducción: Bajada del 2% en 2025, acumulando un 13,21% desde 2019. -Impacto: El ahorro medio es pequeño (entre 2 y 10 euros anuales por vehículo, dependiendo de la potencia fiscal). Aunque beneficia a todos los propietarios de vehículos, no compensa los incrementos en tasas de servicios esenciales. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten que el IVTM es un impuesto regresivo, ya que el ahorro es igual para todos los vehículos independientemente de su valor, lo que no favorece a los hogares con menos recursos.

**Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): -Reducción: Descenso del 2% en 2025, acumulando un 15,36% desde 2019, con una nueva bonificación del 50% para puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2026. -Impacto: Beneficia principalmente a promotores inmobiliarios, constructoras y propietarios que realizan reformas importantes. La bonificación para puntos de recarga es positiva para la transición energética, pero su alcance es limitado, ya que pocos ciudadanos invierten en este tipo de instalaciones. *Críticas: Es un hecho que la medida se percibe por los ciudadanos como elitista, ya que, no impacta a la mayoría de la población, que no realiza obras de gran envergadura.

**Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): -Reducción: Descenso acumulado del 8,27% desde 2019, con una bonificación del 95% para transmisiones por herencia. -Impacto: La bonificación por herencias beneficia a un número significativo de familias, pero el impacto de la reducción general es limitado, ya que solo aplica en casos de transmisiones con incremento de valor. *Críticas: Aunque la bonificación por herencias es bien recibida por los cordobeses, se echan de menos medidas adicionales para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad económica y una reducción real del impuesto de plusvalías.

**Tasa de veladores: -Reducción: Descenso del 25% para 2026, acumulando un 20% desde 2019. -Impacto: Beneficia principalmente al sector hostelero (bares y restaurantes con terrazas), pero no tiene un impacto directo en los ciudadanos comunes. *Críticas: Los cordobeses señalan que esta medida favorece solo a un sector específico, mientras las tasas de servicios esenciales, que afectan a toda la población, han aumentado significativamente.

3.- Subidas de Tasas por Servicios Públicos: Una Carga Regresiva.

Las subidas de tasas por servicios públicos, especialmente en agua y recogida de basura, han generado un fuerte malestar entre los ciudadanos y han sido calificadas como una <trampa> por varios motivos.

**Agua (EMACSA): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, lo que supone un aumento acumulado de aproximadamente el 15% en dos años. -Impacto: El recibo medio del agua para un hogar estándar (4 personas, consumo de 12 m³ al mes) ha pasado de unos 20-25 euros mensuales en 2023 a cerca de 28-32 euros en 2025, según estimaciones basadas en las tarifas de EMACSA. Esto representa un incremento de 70-100 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: La tasa del agua es fija y no varía en función de la renta, lo que afecta proporcionalmente más a los hogares de bajos ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a servicios esenciales.

**Recogida de basura (SADECO): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que acumula un aumento de aproximadamente el 49,5% en dos años. -Impacto: El recibo medio de la basura para un hogar ha pasado de unos 50-60 euros anuales en 2023 a cerca de 80-90 euros en 2025, según cálculos de la oposición y asociaciones de consumidores. Esto supone un incremento de 30-40 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: Al igual que la tasa del agua, la tasa de basura no tiene en cuenta la capacidad económica de los hogares, afectando más a las familias vulnerables.

**Percepción de “trampa”: *La combinación de bajadas modestas en impuestos (que generan ahorros de 2-10 euros anuales por hogar en el IBI o IVTM) con subidas significativas en tasas (que incrementan los recibos en 100-140 euros anuales por hogar) crea la percepción de que el Ayuntamiento está trasladando la carga fiscal de los impuestos a las tasas. *Las tasas por servicios públicos son obligatorias y afectan a todos los hogares, independientemente de su situación económica, mientras que las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería.

*Es un hecho, que los cordobeses ven que estas subidas son una forma de compensar la pérdida de ingresos por las reducciones fiscales, lo que contradice la narrativa del gobierno local de -alivio fiscal por bajada real de impuestos y gravámenes-.

(Nota: La única verdad es que recaudación tributaria se ha duplicado en una década en Córdoba y llega a 572 millones, de forma, que la pretendida bajada de impuestos del P. P. es una entelequia.).

4.- Críticas de la Ciudadanía.

Los ciudadanos critican la política fiscal del Ayuntamiento del P. P., así:

**Falta de progresividad: –Las reducciones fiscales, como las del IBI o el IAE, benefician desproporcionadamente a los contribuyentes con mayores recursos (propietarios de inmuebles de alto valor o grandes empresas), mientras que las subidas de tasas afectan a todos por igual, incluyendo a familias de bajos ingresos. –Los ciudadanos echan de menos medidas como bonificaciones adicionales en tasas para familias numerosas, personas en desempleo o mayores con pensiones bajas, pero estas no han sido aprobadas.

**Opacidad y comunicación: –El gobierno local ha destacado las bajadas de impuestos como un logro político, pero no ha comunicado de manera transparente el impacto de las subidas de tasas. Esto ha generado desconfianza entre los ciudadanos, que perciben que los ahorros publicitados son insignificantes frente al aumento de los recibos de agua y basura. –La percepción de los ciudadanos cordobeses es que han recibido con las subidas de tasas una <puñalada fiscal>, especialmente, tras la aprobación de incrementos del 35% en la basura en 2024.

5.- Implicaciones Políticas y Sociales.

**Descontento ciudadano: – Las subidas de tasas han generado protestas y movilizaciones, especialmente entre asociaciones y colectivos vulnerables. En 2024, el Consejo del Movimiento Ciudadano organizó concentraciones para exigir la congelación de las tasas de agua y basura, sin éxito. – La percepción de una <<trampa> fiscal ha erosionado la confianza en el gobierno local, especialmente entre los sectores de renta baja y media, que no perciben los beneficios de las reducciones fiscales.

**Impacto en la equidad: -La política fiscal actual refuerza las desigualdades, ya que, las tasas por servicios públicos son regresivas y afectan más a los hogares con menos recursos. Por ejemplo, un hogar con ingresos bajos destina un porcentaje mucho mayor de su renta a pagar el agua y la basura que un hogar de renta alta. -La falta de bonificaciones específicas para colectivos vulnerables en las tasas de servicios públicos agrava esta situación.

6.- Motivaciones y Estrategia del Ayuntamiento.

El contraste entre las bajadas de impuestos y las subidas de tasas podría responder a varias motivaciones:

**Estrategia política: – Las reducciones fiscales permiten al PP presentarse como un partido que “baja impuestos”, un mensaje atractivo para su base electoral y para sectores empresariales. Sin embargo, al compensar estas reducciones con subidas de tasas, el Ayuntamiento mantiene sus ingresos sin necesidad de recortar servicios esenciales. – La narrativa de <alivio fiscal> puede ser utilizada como una herramienta de comunicación para contrarrestar las críticas por las subidas de tasas.

**Presión financiera: – Las empresas municipales como EMACSA y SADECO enfrentan costes operativos crecientes debido a la inflación, el aumento de los precios de la energía y las exigencias de normativas europeas (p. ej., en materia de reciclaje y tratamiento de residuos). Las subidas de tasas podrían ser una respuesta a estas presiones, aunque el gobierno local no ha proporcionado un desglose detallado de los costes que justifiquen incrementos tan elevados. – La reducción de impuestos, por otro lado, podría estar destinada a estimular la economía local y atraer inversiones, especialmente en sectores como la construcción y la hostelería.

7.- Implicaciones a Largo Plazo.

**Sostenibilidad financiera: – La estrategia de bajar impuestos mientras se suben tasas podría ser insostenible si los ingresos municipales no cubren los costes de los servicios públicos. Un déficit en empresas como EMACSA o SADECO podría requerir rescates financieros o recortes en otros servicios. – Es un hecho, que las reducciones fiscales podrían estar diseñadas para beneficiar a sectores específicos a corto plazo, sin una visión clara de cómo financiar las necesidades municipales a largo plazo.

**Confianza ciudadana: – La percepción de una <trampa> fiscal podría dañar la credibilidad del gobierno local, especialmente si los ciudadanos no ven mejoras tangibles en los servicios públicos que justifiquen las subidas de tasas. – La falta de medidas específicas para proteger a los colectivos vulnerables podría aumentar el descontento social y alimentar movilizaciones ciudadanas.

**Equidad y justicia fiscal: – Para mejorar la progresividad fiscal, el Ayuntamiento podría considerar bonificaciones escalonadas en las tasas de agua y basura basadas en la renta, similares a las existentes para el IBI en el caso de familias numerosas. – Una comunicación más transparente sobre los motivos de las subidas de tasas y los beneficios de las reducciones fiscales podría mitigar la percepción de “trampa”.

8.- Conclusión.

La política fiscal del Ayuntamiento de Córdoba presenta una contradicción significativa: mientras que las bajadas de impuestos (IBI, IVTM, IAE, ICIO, IIVTNU) se publicitan como un alivio fiscal, las subidas de tasas por servicios públicos (agua y basura) han generado una carga mucho mayor para la mayoría de los ciudadanos.

Las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios de inmuebles de alto valor, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería, mientras que las tasas, al ser regresivas, afectan de manera desproporcionada a los hogares de bajos y medios ingresos.

Esta dinámica refuerza la percepción de una <<trampa>> fiscal, ya que, los ahorros de los impuestos (2-10 euros anuales por hogar) son insignificantes frente a los incrementos de tasas (100-140 euros anuales por hogar).

N.B. Imposición fiscal en Córdoba Capital se asemeja a una emboscada ciudadana.

Los cordobeses perciben falta de progresividad, la opacidad en la comunicación y el impacto desigual de las medidas impositivas del Ayuntamiento.

Córdoba, a 30 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.