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II. La inflación en Córdoba (El -impuesto invisible- que vacía nuestros bolsillos)

Muchos me habéis preguntado cómo nos afecta realmente la subida de precios en el día a día, así que os digo, que más allá de las frías cifras oficiales, la inflación actúa como un impuesto silencioso, de forma, que drena nuestro poder adquisitivo sin necesidad de que se aprueben nuevas leyes en el BOE.

1.- El Estado – (El gran beneficiado de la subida de precios).

La inflación no solo encarece la cesta de la compra, sino que, también, altera nuestro sistema fiscal de forma automática, así:

<-La “Rémora Fiscal” (IRPF): Si un sueldo sube un poco para compensar la inflación, pero los tramos del impuesto no se ajustan (deflactación), se salta a un tramo superior, de forma, que al final, se paga un porcentaje mayor de impuestos aunque nuestra capacidad de compra sea la misma o menor.

<-IVA en cadena: Al subir el precio de un producto, el IVA (que es un porcentaje fijo) recauda más euros por la misma unidad y el Estado ingresa más a costa de nuestro consumo básico.

<-El alivio de la Deuda Pública: Como gran deudor, al Estado le conviene la inflación, ya que, sus ingresos fiscales suben, pero el valor real de su deuda antigua disminuye.

2.- La paradoja de Córdoba – (Récords de visitas y bolsillos ajustados).

Nuestra provincia vive una realidad económica particular marcada por el campo y el turismo, de manera, que a pesar de ser una potencia olivarera y turística, los cordobeses sufrimos una presión asfixiante, así:

*El Sector Primario está bajo mínimos: El encarecimiento del gasoil y los fertilizantes asfixia a nuestros agricultores en el Valle de los Pedroches y la campiña, frenando, además, cualquier intento de modernización y aplicación de tecnología innovadora.

*Vivienda al límite: En barrios como Zoco, Poniente o Vistalegre, la vivienda usada ha subido más de un 10,5%, y, además, los alquileres están en máximos históricos, dificultando el acceso a la vivienda a los más jóvenes.

*El coste del turismo tiene u doble efecto, ya que, aunque los Patios y nuestra gastronomía baten récords de ingresos, a la vez, acelera la inflación en el Casco Histórico, encareciendo la vida para los residentes locales.

3.- La brecha – (IPC oficial vs. Realidad cordobesa).

Aunque el dato oficial de marzo de 2026 se sitúa en torno al 2,2%, la “inflación de supervivencia” (lo que de verdad duele) es muy distinta:

Categoría	Dato Oficial (IPC)	Realidad Estimada en Córdoba
General	2,2% – 2,3%	5% – 6% (Básicos)
Vivienda / Alquiler	Incluido en general	7,9% – 10,5% (Hasta 20% en zonas)
Alimentación	3,4%	15% – 20% en productos clave
Hostelería	Incluido	5,9%

<<Conclusión – (Una presión que no cesa)>>

Técnicamente, el IPC puede parecer moderado, pero en la microeconomía cordobesa -la del aceite, la luz y el alquiler- el coste de mantener el nivel de vida es sensiblemente superior a lo que dicen las estadísticas oficiales.

Mientras no se deflacten las tarifas de los impuestos para ajustarlas a la realidad, el ciudadano seguirá pagando la factura de una crisis que se siente, sobre todo, en el bolsillo de quienes no tienen vivienda en propiedad o dependen de nuestro castigado sector primario.

N.B. Inflación en Córdoba – Visión crítica – Imagen explicativa.

(Nota. La inflación real, que grava lo más necesario, es oficialmente un misterio, aunque los cordobeses la sienten en sus bolsillos creciendo día a día).

Córdoba, 15 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente – Córdoba Abierta – ACOA.

P. D. (Nota complementaria. España depende claramente del exterior para cubrir sus necesidades energéticas y, por ello, es uno de los países europeos más expuestos a la escasez de energía.

El impacto no sería únicamente energético, porque se trasladaría con rapidez a la inflación (alimentos, transporte), al empleo, a las hipotecas, y. en general, al conjunto del tejido empresarial porque cuando la energía se encarece de forma brusca, casi ningún sector queda al margen.

Muchas empresas industriales -desde la química hasta la metalurgia- son intensivas en energía, por lo que el aumento del precio del petróleo y del gas dispara sus costes de producción. Algo similar ocurre en la agricultura, porque la fabricación y el transporte de fertilizantes dependen en gran medida de estos recursos energéticos, lo que eleva los costes para agricultores y ganaderos.

El encarecimiento señalado terminará trasladándose al precio de los alimentos y, en última instancia, a la cesta de la compra de los hogares. Córdoba, donde el gasto en alimentación representa una parte relevante del presupuesto familiar -especialmente para los hogares con menores ingresos-, el impacto social será considerable.)

II. Una sociedad justa y democrática (seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad)

Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.

Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.

Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.

<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un “proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente”, o lo que es lo mismo, “seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad”, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical”, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.

<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.

<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>

Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:

1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.

2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.

3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común, de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.

<<El camino>>

Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional”.

En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.

(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)

<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>

La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.

En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.

<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>

1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).

Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo, porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.

La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.

2.- El colapso institucional y judicial.

La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.

3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).

**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:

*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.

*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.

<<Consecuencias directas en la España de 2026>>

Factor	Impacto Real
Inversión Extranjera	Desvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
Vivienda	La intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad Jurídica	Percepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.

(Nota. “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”, pero esta máxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)

Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.

N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.

La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer “políticas socialistas” desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.

Córdoba, 10 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya,

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Deterioro y regeneración Institucional (Análisis y propuestas para restaurar la democracia)

El deterioro institucional en España no es solo “acumulación de tensiones” ni un mero “estrés sistémico”, sino que es un fallo estructural alimentado por un sistema electoral (d’Hondt en circunscripciones pequeñas), que premia el bipartidismo polarizado, partidos que capturan instituciones como botín y una cultura política donde el adversario se trata como enemigo.

La renovación del CGPJ en 2024 fue un apaño en forma de parche, porque el Órgano Judicial sigue dividido con tensiones en comisiones (como la Permanente en 2025) y nombramientos cuestionados por proximidad partidista, de forma, que la “apariencia de imparcialidad” del TEDH se ha convertido en apariencia de captura, y, sin duda, las críticas políticas cruzadas a jueces y fiscales generan una “guerra de trincheras” que deslegitima el sistema ante los ciudadanos.

1.- Justicia (Superar la elección entre iguales).

La reforma pendiente del sistema de nombramiento de vocales judiciales es urgente (recomendación UE clave), pero insuficiente, porque los jueces eligen a los jueces, sí, pero

¿quién garantiza que las asociaciones judiciales (a menudo alineadas) no reproduzcan cuotas partidistas?

<<Propuestas innovadoras>>

<-Sistema híbrido: 70% elegidos por jueces (voto secreto, ponderado por antigüedad y méritos objetivos) + 30% por una Comisión Independiente Ciudadana (sorteo estratificado de 200 ciudadanos + expertos internacionales, con audiencias públicas televisadas y vetos razonados).

<-Plataforma digital compartida e inmutable para candidaturas: CV verificables, declaraciones de intereses inmutables, votación ponderada y auditoría pública automática.

<-Mandatos no renovables + rotación obligatoria en órganos directivos para evitar endogamia.

2.- Abuso del Decreto-Ley – (Calidad legislativa).

El uso excesivo de reales decretos-leyes viola el espíritu de <-extraordinaria y urgente necesidad-> y reduce el debate parlamentario, generando inseguridad jurídica real para abogados y ciudadanos.

**Su uso excesivo no es solo una cuestión técnica, sino que es una estrategia de gobiernos para eludir oposición y control social en temas sensibles.

**Propuesta innovadora:

<-Control previo automático por una Agencia Técnica Legislativa independiente (modelo similar a la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero con veto suspensivo y dictamen vinculante sobre urgencia).

<-Cláusulas de caducidad obligatorias de 12-18 meses para decretos-leyes, con ratificación parlamentaria reforzada.

<-IA de apoyo legislativo obligatoria para conseguir un análisis de impacto regulatorio automático, una simulación de efectos y una comparación con mejores prácticas europeas/OCDE, con informes públicos.

3.- Contrapesos y captura de instituciones.

Fiscalía, Tribunal Constitucional, CIS, Banco de España y otros sufren percepción de dependencia. El caso del Fiscal General (proceso judicial y condena por filtraciones) ilustra el problema.

**Propuesta innovadora:

*Desvinculación total del Fiscal General, con nombramiento por mayoría cualificada en Congreso + ratificación por panel de expertos judiciales y ciudadanos (sorteo) y mandato fijo de 6 años no coincidente con legislatura con prohibición absoluta de cargos políticos previos/posteriores.

*<-Contrapeso ciudadano-> con un Defensor del Pueblo con poder sancionador propio y presupuesto autónomo; asambleas ciudadanas deliberativas (sorteo representativo) para evaluar anualmente la actuación de órganos constitucionales, con recomendaciones vinculantes o referéndum consultivo.

*Auditoría independiente anual de todos los órganos (por entidad mixta UE-nacional) con indicadores cuantitativos de independencia (percepción ciudadana, tiempos de resolución, tasa de revocaciones políticas).

4.- Transparencia, corrupción y pluralismo informativo.

La Ley de Secretos Oficiales de 1968 es anacrónica, ya que, las puertas giratorias y
los grupo de personas opacos que busca influir en las decisiones de figuras de poder persisten, y, además, la financiación de partidos y contratación pública siguen como “riesgo elevado”

**Propuestas de innovaciones disruptivas:

* Contabilidad digital pública compartida e inmutable para contratación, subvenciones y agendas de altos cargos (inmutable, traceable en tiempo real).

*Registro de lobbies con IA de detección automática de conflictos + sanciones penales agravadas.

*Plataforma de personas denunciantes protegidos con recompensas económicas proporcionales al ahorro público generado.

*Dotación de medios adecuados, a través de un fondo público independiente gestionado por trust ciudadano (no gobierno) financiado por tasa a plataformas digitales, con asignación por audiencia + métricas de calidad (verificación de hechos, pluralismo interno, diversidad de fuentes). Finalmente, obligación de transparencia algorítmica para redes sociales en España.

*Educación obligatoria en alfabetización mediática e institucional desde primaria.

<<Mirada europea y reforma de fondo>>

Bruselas acierta en los puntos clave, pero sus recomendaciones son tímidas y dependen de gobiernos que las dilatan, de manera, que España debe ir más allá, a través de un Pacto Nacional por la Regeneración Democrática con participación ciudadana vinculante (plataforma digital + asambleas sorteadas), con una reforma electoral hacia proporcionalidad mejorada + voto preferencial para reducir polarización, y, revisión constitucional selectiva (vía referéndum) para blindar la independencia institucional.

**En resumen: El problema no es solo técnico ni europeo, sino que es de incentivos políticos y falta de rendición de cuentas a los ciudadanos. Las propuestas anteriores combinan estándares UE con innovación tecnológica, participación sorteada y mecanismos de control automáticos para hacer las instituciones resistentes a la captura partidista, de manera, que no basta con “consolidar reformas iniciadas”, sino que hace falta una regeneración profunda que devuelva la soberanía a los ciudadanos y restaure la confianza.

N.B. Frente al deterioro de nuestras Instituciones es necesaria una regeneración institucional en España de acuerdo con nuestras propuestas disruptivas para restaurar la democracia plena.

Córdoba, 10 de febrero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.,

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Anticipos de la Diputación de Córdoba (Ayuda financiera o grilletes para los municipios)

Se dice en el lenguaje popular, que el diablo suele esconderse en los detalles y, sin duda, en este caso en las cláusulas financieras de los préstamos con las entidades financieras, porque, bajo la amable apariencia de una <-ayuda a la liquidez->, la Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha articulado un sistema que, más que un apoyo, es una trampa de dependencia a largo plazo para nuestros ayuntamientos.

1. La realidad de los números – (El espejismo de la solvencia).

Para el ejercicio 2026, la suma total anticipada a los municipios asciende a 129,07 millones de euros. A primera vista, parece un despliegue de músculo financiero institucional, sin embargo, al analizar el origen de los fondos, la realidad es otra:

Recursos Propios (ICHL): 34,07 M. eur. (Solo el 26,4%)
Deuda Bancaria (Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Bankinter): 95 M. eur. (73,6%)

La conclusión es alarmante: 7 de cada 10 euros que la Diputación entrega a los ayuntamientos no son suyos. La institución actúa meramente como un intermediario que pide prestado al mercado privado para luego trasladar el coste y el riesgo al eslabón más débil: “El municipio”.

2.- La <-trampa de liquidez-> – (Un bucle de deuda).

Este modelo no es una transferencia gratuita, sino un préstamo puente con efectos secundarios devastadores para las arcas locales:

1.- Intereses Pasivos: Los intereses de esos 95 millones de euros en créditos bancarios no los absorbe la Diputación, sino que se detraen directamente de la liquidación final de los impuestos que pagan los ciudadanos.

2.- Opacidad en la Gestión: Al no publicarse los pliegos de condiciones con las entidades financieras, los interventores municipales y los ciudadanos desconocen el coste efectivo real. Es decir, se paga una “prima de opacidad” por una gestión que el ayuntamiento no controla.

3.- El Déficit Estructural: El ayuntamiento recibe el dinero hoy, pero lo devuelve mañana con intereses y gastos de gestión, lo que genera que, al final del ejercicio, el municipio tenga menos liquidez de la prevista, obligándolo a solicitar un nuevo anticipo el año siguiente. Es el “pecado original” (el efecto contrario) de una deuda perpetua.

3.- El impacto en el ciudadano – (El verdadero “pagano”).

Como jurista, observo con preocupación cómo este modelo erosiona la autonomía local (Art. 140 CE), porque el coste financiero de esta intermediación no es un concepto abstracto, sino que se traduce en menos dinero para:

–Mantenimiento de infraestructuras básicas.

–Servicios sociales municipales.

–Políticas de empleo local.

-Otros servicios públicos como limpieza, etc.

**Matemáticamente, el impacto se resume en la siguiente fórmula:

*Coste Efectivo = Ibancario + Gastos Gestión ICHL + Coste Oportunidad.

4.- Una alternativa. – (Intermediación vs. Mercado Directo).

La justificación oficial es la “economía de escala”, y, se dice que la Diputación negocia mejor por ser grande, aunque la pregunta es ¿a qué precio?

**Cuadro explicativo:

Factor	Modelo Diputación (ICHL)	Acceso Directo al Mercado
Transparencia	Opaca. El ayuntamiento desconoce la “letra pequeña”.	Total. El municipio licita y controla cada céntimo.
Dependencia	Máxima. Crea un “cordón umbilical” político.	Independencia. Soberanía financiera real.
Coste	Dual. Interés bancario + estructura del ICHL.	Directo. Solo el coste financiero de la operación.

<<Conclusión. (Un modelo que hace prisioneros)>>

El sistema de anticipos del ICHL en Córdoba se ha convertido en un mecanismo de control político bajo el disfraz de gestión técnica, ya que, si un ayuntamiento con solvencia acudiera directamente al mercado, no solo fomentaría su propia eficiencia recaudatoria, sino que dejaría de alimentar una estructura burocrática intermedia que encarece el dinero público y, además, no perdería su independencia y autonomía.

En definitiva, la “ayuda” de la Diputación es, en realidad, una carga financiera diferida, pues mientras la institución provincial obtiene el rédito político inmediato por entregar el cheque, son los ayuntamientos y sus vecinos quienes soportan, en silencio, el peso de los grilletes financieros.

N. B. Los anticipos de la Diputación a través del ICHL a los Ayuntamientos de Córdoba es una trampa financiera, que, además, hace prisioneros a los municipios que los reciben y, además, los empobrece, reduciendo su inversión real en servicios esenciales.

Es un hecho patente, que el Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba del P. P., con su presidente Salvador Fuentes Lopera, está siguiendo la misma política de la anterior Corporación Provincial socialista, que básicamente consiste en expoliar al ciudadano de a pie, mientras gasta sin control en el mantenimiento de sus estructuras, de forma, que para ese fin todo sirve, como lo demuestra el perverso sistema de anticipos a los ayuntamientos, que simplemente consiste en crear gastos innecesarios y superfluos y, a la vez, reducir las inversiones sociales haciendo prisioneros a los ayuntamientos a través de una deuda inducida y fraudulenta.

Los ayuntamientos que han recibido en anticipo envenenado no se sabe si sienten el engaño de la “ayuda”, pero los ciudadanos de esos municipios, que son los verdaderos paganos, si deben ser informados cumplidamente de lo que están pagando y de lo que están recibiendo a cambio, que cada día que pasa es menor proporcionalmente a la imposición fiscal que soportan.

Córdoba, 5 de febrero de 2026.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

Inseguridad Jurídica – Arancel Invisible (Arenas movedizas)

He venido escribiendo sobre el problema de la inseguridad jurídica en España, pero ha llegado un momento en que el “arancel” que supone, es algo inasumible, porque, junto a la inercia institucional y a la fragmentación regulatoria estamos instalados en un desastre permanente, que impide hacer nada, pues estamos presos en arenas movedizas.

Todos sabemos que un contrato es solo papel si no hay un sistema que lo respalde y voluntad de los firmantes en su cumplimiento, sin embargo, en la España de 2026 nos enfrentamos a un hecho que puede percibirse a simple vista silencioso y devastador, pues la “Inseguridad Jurídica” se ha convertido en una patología sistémica. No es solo que haya muchas leyes o normas, que las hay, en todos los niveles del Estado, sino que es, que el <-sistema operativo-> de nuestro Estado Autonómico está consumiendo toda su memoria RAM (memoria principal y temporal) en procesos burocráticos inútiles.

1.- El Laberinto de las 17 velocidades.

Es un hecho patente que España no funciona como un mercado único, sino como 17 ecosistemas estancos, de forma, que esta fragmentación crea una barrera de entrada invisible, y, por ejemplo, muchas grandes empresas que querrían invertir nacionales y /o extrajeras y, así como, PYMES prefieren no invertir o crecer antes que enfrentarse al coste de cumplir 17 normativas distintas, lo que conlleva a que si una empresa se paraliza y no escala ni innova, los salarios se estancan entrando en un círculo vicioso del que les es imposible salir. Dicho de otra forma, es una espiral perversa que nace en el BOE y Boletines Autonómicos, terminando en el bolsillo de los ciudadanos desorientados y aterrados ante la incertidumbre que lo inunda todo.

2.- Bulimia legislativa y el abuso del Real Decreto-ley.

Se ha normalizado en todos los niveles del poder público (Estado, CC.AA., y, Corporaciones Locales) el uso de la “urgencia” para gobernar a golpe de titular, de manera, que se dictan decretos, normas, ordenanzas, etc. de toda clase y color, que está provocando una hiperproducción normativa de baja calidad, que genera un “derecho líquido”, dónde las reglas cambian antes de que la justicia con su doctrina y jurisprudencia pueda siquiera interpretarlas y, para la empresa y para cualquier un inversor esto es demasiado veneno, pues nadie expone su capital donde el árbitro puede cambiar las reglas a mitad del partido, y, además, no se priva de hacerlo.

Este fenómeno bulímico se da cuando los gobiernos (a cualquier nivel) aprueban un volumen excesivo de leyes y normativas en un corto período de tiempo, especialmente al final de una legislatura, lo que genera confusión, falta de calidad jurídica y dificultades para su implementación.

3.- Propuestas para una reingeniería del Estado.

El arreglo de esta situación desgraciada pasa por ir de la queja a la solución, y, proponemos con criterio abierto tres medidas disruptivas, que van más allá de la cosmética política y que se pueden ampliar en muchas más, así:

<-Cláusulas de caducidad, de manera, que toda ley o norma que afecte a la economía debería caducar automáticamente a los 5 años si no demuestra, con datos en la mano, que ha cumplido sus objetivos de eficiencia, lo que llevaría a legislar con calidad, no con cantidad.

<-Instalar una IA predictiva judicial, que de ninguna manera, trataría de sustituir al juez, sino de implementar sistemas que alerten sobre la unificación de doctrina, de manera, que si un algoritmo detecta un 90% de probabilidad en un fallo basándose en el Supremo, incentivamos el acuerdo extrajudicial y desbloqueamos el colapso de los juzgados.

<- Entornos de pruebas controlados para blindar proyectos de innovación con un marco jurídico estable por 10 años, protegiéndolos de la volatilidad legislativa a cambio de inversión y empleo real.

4.- El verdadero freno (El Coste Político).

La reforma no se hace porque la seguridad jurídica no da votos a corto plazo, porque quitarle, por ejemplo, el Real Decreto-ley al político de turno es quitarle su principal herramienta de marketing y, que, además, tiene efectos inmediatos, con la diferencia que el beneficio de unas reformas serias para lograr seguridad jurídica se vería en una década, y, en cambio, su coste político (la pérdida de poder discrecional) es inmediato.

5.- El Caso Julio Iglesias como paradigma.

Don Javier Gómez de Liaño ha publicado en el diario Libertad Digital con fecha 25/1/2026 – 21:04, un artículo sobre este tema con el título de “Una investigación inconsistente e incoherente”, donde se pregunta:

¿Hasta cuándo los temores de parcialidad del Ministerio Fiscal? ¿Hasta dónde llegará el desenfrenado galope del descrédito?

(Nota. Recomiendo su lectura como una obligación y se verá hasta dónde puede llegar la inseguridad jurídica en España).

<<Conclusión>>

La inseguridad jurídica ha dejado de ser una molestia procedimental para ser un freno al talento, porque es indudable, de que en un mercado global, el capital no huye solo de los impuestos altos, huye del ruido y la incertidumbre.

España necesita recuperar la -certeza- como valor de Estado, frente a la incertidumbre establecida, porque ya no es una opción ética, sino que es una necesidad de supervivencia social, personal y económica.

N. B. La Inseguridad Jurídica el Problema en el que estamos instalados y que exige luchar contra él, pues estar callados, silentes y cautivos es ser cómplice de la destrucción de nuestros derechos y libertades constitucionales.

Córdoba, 27 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.