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Anticipos de la Diputación de Córdoba (Ayuda financiera o grilletes para los municipios)

Se dice en el lenguaje popular, que el diablo suele esconderse en los detalles y, sin duda, en este caso en las cláusulas financieras de los préstamos con las entidades financieras, porque, bajo la amable apariencia de una <-ayuda a la liquidez->, la Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha articulado un sistema que, más que un apoyo, es una trampa de dependencia a largo plazo para nuestros ayuntamientos.

1. La realidad de los números – (El espejismo de la solvencia).

Para el ejercicio 2026, la suma total anticipada a los municipios asciende a 129,07 millones de euros. A primera vista, parece un despliegue de músculo financiero institucional, sin embargo, al analizar el origen de los fondos, la realidad es otra:

Recursos Propios (ICHL): 34,07 M. eur. (Solo el 26,4%)
Deuda Bancaria (Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Bankinter): 95 M. eur. (73,6%)

La conclusión es alarmante: 7 de cada 10 euros que la Diputación entrega a los ayuntamientos no son suyos. La institución actúa meramente como un intermediario que pide prestado al mercado privado para luego trasladar el coste y el riesgo al eslabón más débil: “El municipio”.

2.- La <-trampa de liquidez-> – (Un bucle de deuda).

Este modelo no es una transferencia gratuita, sino un préstamo puente con efectos secundarios devastadores para las arcas locales:

1.- Intereses Pasivos: Los intereses de esos 95 millones de euros en créditos bancarios no los absorbe la Diputación, sino que se detraen directamente de la liquidación final de los impuestos que pagan los ciudadanos.

2.- Opacidad en la Gestión: Al no publicarse los pliegos de condiciones con las entidades financieras, los interventores municipales y los ciudadanos desconocen el coste efectivo real. Es decir, se paga una “prima de opacidad” por una gestión que el ayuntamiento no controla.

3.- El Déficit Estructural: El ayuntamiento recibe el dinero hoy, pero lo devuelve mañana con intereses y gastos de gestión, lo que genera que, al final del ejercicio, el municipio tenga menos liquidez de la prevista, obligándolo a solicitar un nuevo anticipo el año siguiente. Es el “pecado original” (el efecto contrario) de una deuda perpetua.

3.- El impacto en el ciudadano – (El verdadero “pagano”).

Como jurista, observo con preocupación cómo este modelo erosiona la autonomía local (Art. 140 CE), porque el coste financiero de esta intermediación no es un concepto abstracto, sino que se traduce en menos dinero para:

–Mantenimiento de infraestructuras básicas.

–Servicios sociales municipales.

–Políticas de empleo local.

-Otros servicios públicos como limpieza, etc.

**Matemáticamente, el impacto se resume en la siguiente fórmula:

*Coste Efectivo = Ibancario + Gastos Gestión ICHL + Coste Oportunidad.

4.- Una alternativa. – (Intermediación vs. Mercado Directo).

La justificación oficial es la “economía de escala”, y, se dice que la Diputación negocia mejor por ser grande, aunque la pregunta es ¿a qué precio?

**Cuadro explicativo:

Factor	Modelo Diputación (ICHL)	Acceso Directo al Mercado
Transparencia	Opaca. El ayuntamiento desconoce la “letra pequeña”.	Total. El municipio licita y controla cada céntimo.
Dependencia	Máxima. Crea un “cordón umbilical” político.	Independencia. Soberanía financiera real.
Coste	Dual. Interés bancario + estructura del ICHL.	Directo. Solo el coste financiero de la operación.

<<Conclusión. (Un modelo que hace prisioneros)>>

El sistema de anticipos del ICHL en Córdoba se ha convertido en un mecanismo de control político bajo el disfraz de gestión técnica, ya que, si un ayuntamiento con solvencia acudiera directamente al mercado, no solo fomentaría su propia eficiencia recaudatoria, sino que dejaría de alimentar una estructura burocrática intermedia que encarece el dinero público y, además, no perdería su independencia y autonomía.

En definitiva, la “ayuda” de la Diputación es, en realidad, una carga financiera diferida, pues mientras la institución provincial obtiene el rédito político inmediato por entregar el cheque, son los ayuntamientos y sus vecinos quienes soportan, en silencio, el peso de los grilletes financieros.

N. B. Los anticipos de la Diputación a través del ICHL a los Ayuntamientos de Córdoba es una trampa financiera, que, además, hace prisioneros a los municipios que los reciben y, además, los empobrece, reduciendo su inversión real en servicios esenciales.

Es un hecho patente, que el Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba del P. P., con su presidente Salvador Fuentes Lopera, está siguiendo la misma política de la anterior Corporación Provincial socialista, que básicamente consiste en expoliar al ciudadano de a pie, mientras gasta sin control en el mantenimiento de sus estructuras, de forma, que para ese fin todo sirve, como lo demuestra el perverso sistema de anticipos a los ayuntamientos, que simplemente consiste en crear gastos innecesarios y superfluos y, a la vez, reducir las inversiones sociales haciendo prisioneros a los ayuntamientos a través de una deuda inducida y fraudulenta.

Los ayuntamientos que han recibido en anticipo envenenado no se sabe si sienten el engaño de la “ayuda”, pero los ciudadanos de esos municipios, que son los verdaderos paganos, si deben ser informados cumplidamente de lo que están pagando y de lo que están recibiendo a cambio, que cada día que pasa es menor proporcionalmente a la imposición fiscal que soportan.

Córdoba, 5 de febrero de 2026.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

Inseguridad Jurídica – Arancel Invisible (Arenas movedizas)

He venido escribiendo sobre el problema de la inseguridad jurídica en España, pero ha llegado un momento en que el “arancel” que supone, es algo inasumible, porque, junto a la inercia institucional y a la fragmentación regulatoria estamos instalados en un desastre permanente, que impide hacer nada, pues estamos presos en arenas movedizas.

Todos sabemos que un contrato es solo papel si no hay un sistema que lo respalde y voluntad de los firmantes en su cumplimiento, sin embargo, en la España de 2026 nos enfrentamos a un hecho que puede percibirse a simple vista silencioso y devastador, pues la “Inseguridad Jurídica” se ha convertido en una patología sistémica. No es solo que haya muchas leyes o normas, que las hay, en todos los niveles del Estado, sino que es, que el <-sistema operativo-> de nuestro Estado Autonómico está consumiendo toda su memoria RAM (memoria principal y temporal) en procesos burocráticos inútiles.

1.- El Laberinto de las 17 velocidades.

Es un hecho patente que España no funciona como un mercado único, sino como 17 ecosistemas estancos, de forma, que esta fragmentación crea una barrera de entrada invisible, y, por ejemplo, muchas grandes empresas que querrían invertir nacionales y /o extrajeras y, así como, PYMES prefieren no invertir o crecer antes que enfrentarse al coste de cumplir 17 normativas distintas, lo que conlleva a que si una empresa se paraliza y no escala ni innova, los salarios se estancan entrando en un círculo vicioso del que les es imposible salir. Dicho de otra forma, es una espiral perversa que nace en el BOE y Boletines Autonómicos, terminando en el bolsillo de los ciudadanos desorientados y aterrados ante la incertidumbre que lo inunda todo.

2.- Bulimia legislativa y el abuso del Real Decreto-ley.

Se ha normalizado en todos los niveles del poder público (Estado, CC.AA., y, Corporaciones Locales) el uso de la “urgencia” para gobernar a golpe de titular, de manera, que se dictan decretos, normas, ordenanzas, etc. de toda clase y color, que está provocando una hiperproducción normativa de baja calidad, que genera un “derecho líquido”, dónde las reglas cambian antes de que la justicia con su doctrina y jurisprudencia pueda siquiera interpretarlas y, para la empresa y para cualquier un inversor esto es demasiado veneno, pues nadie expone su capital donde el árbitro puede cambiar las reglas a mitad del partido, y, además, no se priva de hacerlo.

Este fenómeno bulímico se da cuando los gobiernos (a cualquier nivel) aprueban un volumen excesivo de leyes y normativas en un corto período de tiempo, especialmente al final de una legislatura, lo que genera confusión, falta de calidad jurídica y dificultades para su implementación.

3.- Propuestas para una reingeniería del Estado.

El arreglo de esta situación desgraciada pasa por ir de la queja a la solución, y, proponemos con criterio abierto tres medidas disruptivas, que van más allá de la cosmética política y que se pueden ampliar en muchas más, así:

<-Cláusulas de caducidad, de manera, que toda ley o norma que afecte a la economía debería caducar automáticamente a los 5 años si no demuestra, con datos en la mano, que ha cumplido sus objetivos de eficiencia, lo que llevaría a legislar con calidad, no con cantidad.

<-Instalar una IA predictiva judicial, que de ninguna manera, trataría de sustituir al juez, sino de implementar sistemas que alerten sobre la unificación de doctrina, de manera, que si un algoritmo detecta un 90% de probabilidad en un fallo basándose en el Supremo, incentivamos el acuerdo extrajudicial y desbloqueamos el colapso de los juzgados.

<- Entornos de pruebas controlados para blindar proyectos de innovación con un marco jurídico estable por 10 años, protegiéndolos de la volatilidad legislativa a cambio de inversión y empleo real.

4.- El verdadero freno (El Coste Político).

La reforma no se hace porque la seguridad jurídica no da votos a corto plazo, porque quitarle, por ejemplo, el Real Decreto-ley al político de turno es quitarle su principal herramienta de marketing y, que, además, tiene efectos inmediatos, con la diferencia que el beneficio de unas reformas serias para lograr seguridad jurídica se vería en una década, y, en cambio, su coste político (la pérdida de poder discrecional) es inmediato.

5.- El Caso Julio Iglesias como paradigma.

Don Javier Gómez de Liaño ha publicado en el diario Libertad Digital con fecha 25/1/2026 – 21:04, un artículo sobre este tema con el título de “Una investigación inconsistente e incoherente”, donde se pregunta:

¿Hasta cuándo los temores de parcialidad del Ministerio Fiscal? ¿Hasta dónde llegará el desenfrenado galope del descrédito?

(Nota. Recomiendo su lectura como una obligación y se verá hasta dónde puede llegar la inseguridad jurídica en España).

<<Conclusión>>

La inseguridad jurídica ha dejado de ser una molestia procedimental para ser un freno al talento, porque es indudable, de que en un mercado global, el capital no huye solo de los impuestos altos, huye del ruido y la incertidumbre.

España necesita recuperar la -certeza- como valor de Estado, frente a la incertidumbre establecida, porque ya no es una opción ética, sino que es una necesidad de supervivencia social, personal y económica.

N. B. La Inseguridad Jurídica el Problema en el que estamos instalados y que exige luchar contra él, pues estar callados, silentes y cautivos es ser cómplice de la destrucción de nuestros derechos y libertades constitucionales.

Córdoba, 27 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.

Andalucía y la Financiación Autonómica (“Población Invisible”)

Los asociados y colaboradores de Córdoba Abierta -ACOA- me preguntan sobre la financiación de las CC. AA. y como se reparte el dinero entre ellas, y, con arreglo a que criterios, pues argumentan que siempre históricamente Andalucía ha estado postergada en el cálculo de la financiación autonómica, tanto por población como por la extensión del su territorio.

Es un hecho verdadero, que entender, cómo se reparte el dinero entre las distintas CC. AA. en España parece un rompecabezas dentro de un laberinto, pero para Andalucía es una cuestión vital, que de una vez se haga justicia con nuestra tierra con un reparto justo y equitativo.

Ahora mismo la financiación de Andalucía nadie sabe que es, ni donde esta, ya que, aparece el Sr. Junqueras, la Ministra de Hacienda, vicepresidenta y más, el Presidente de la Junta de Andalucía y su Consejera, y, un largo etc. de personajes implicados, de forma, que solo queda ver y determinar si el modelo nuevo de financiación que saldrá de esta ensalada es justo para nuestra tierra andaluza, pero lo que es indudable, es que no es lo mismo una población de 8,6 millones de personas, que una población de 10 millones a efectos de calcular y fijar una financiación equitativa y solidaria.

**Unas preguntas sobre Andalucía:

¿Recibimos lo que nos corresponde? ¿Por qué nuestros centros de salud a veces parecen desbordados?

La respuesta no está solo en los presupuestos, sino en quiénes somos realmente frente a quiénes dice el papel que somos.

1.- El desfase o desajuste – (Población Real vs. Población Oficial).

Uno de los grandes problemas de Andalucía es la población <invisible>, que está pero no se cuenta, pues el sistema actual paga según el “Padrón”, pero la realidad es muy distinta, así:

<-Habitantes en Andalucía según el Padrón Oficial: 8,6 millones.

<-Andalucía Real (Población Vinculada): Más de 10 millones de personas.

(Nota. Hay en Andalucía 1,6 millones de personas como mínimo (jubilados nacionales y europeos, teletrabajadores, veraneantes de larga estancia, etc.), que consumen sanidad, farmacia y servicios en casi toda nuestra tierra, pero que el Estado no envía ni un euro por ellas).

Andalucía “regala” servicios a una población equivalente a toda la ciudad de Madrid, que no computa en el reparto autonómico.

2.- El déficit histórico.

Históricamente, Andalucía ha estado infrafinanciada.

**Según informes de expertos, hasta finales de 2025:

<-Recibíamos unos 1.522 millones de euros menos al año de lo que nos correspondería por media nacional.

<-El sistema actual prima “cuántos somos” oficialmente, ignorando “cuantos somos realmente”, y, por si fuera poco, se omite, además, la extensión territorial (somos la segunda región más grande) y el coste de llevar servicios a pueblos dispersos.

(Nota. Dato clave: Aunque Andalucía es una región de personas jóvenes comparada con el norte de España, el gasto en farmacia es de los más altos del País (16,9% del gasto sanitario), lo que demuestra que estamos atendiendo a miles de mayores que no están empadronados aquí y que a efectos de la financiación son -invisibles-).

3.- El caso de la Subbética (Iznájar y Rute como ejemplo).

El hecho comprobado de la invisibilidad no es solo de la costa andaluza, ya que, en el interior de Andalucía, pueblos como Iznájar o Rute sufren este “agujero” estadístico:

<-Iznájar: Su población oficial es de 3.700 personas, pero su población real se duplica en periodos vacacionales, y, a mayor inri, casi el 25% de sus residentes reales son extranjeros que, por miedo a la burocracia, no se empadronan.

<-Un ejemplo del problema: “El centro de salud y las urgencias” se calculan para 3.700 personas, no para las 7.000 que realmente residen allí.

<<Los Ayuntamientos se mueven>>

Para que el dinero llegue, los vecinos deben “existir” oficialmente, de manera, que los municipios afectados han adoptado medidas y algunas ya están en marcha, así:

1.- Oficinas del Residente: Ayuda directa a extranjeros para tramitar el padrón sin miedo a perder sus derechos en su país de origen.

2.- Incentivos Fiscales: Rebajas drásticas en el impuesto de compra de vivienda (del 8% al 3,5%) para quienes se empadronen en pueblos pequeños.

3.- Tarifas de Residente: Descuentos en servicios municipales solo para los censados: “Si no te cuentas, no cuentas”.

<<Conclusión>>

Andalucía puede tener una oportunidad histórica este 2026, porque si se consolida un nuevo modelo de financiación justo y logramos (entre otras cosas) que nuestra “población invisible” se haga oficial, la sanidad, la educación y los servicios sociales podrán dar un salto de cantidad y calidad, pues no se trata de pedir más que nadie, sino de un reparto justo por cada persona que realmente vive y respira en nuestra tierra.

N.B. Andalucía – financiación autonómica, el problema de la población vinculada o invisible y un reparto justo.

Según nuestra estimación, basada en datos de los casos con extranjeros que conocemos directa y/o indirectamente, aproximadamente, en Andalucía hay al menos 2.000.000 personas invisibles, pues el caso de Iznájar y Rute se repite por Almería, Granada, Jaén, resto de Córdoba, Sevilla, el interior de Málaga, de Huelva y de Cadiz, especialmente, en esta última provincia en toda la zona del Campo de Gibraltar.

El dato de gasto en farmacia es el mejor indicativo de nuestra estimación, de forma, que no hay más que acercarse a cualquier centro de salud y preguntar, el número de personas desplazadas, extranjeros y nacionales jubilados o en vacaciones, *que atienden en los mismos y *que se les prescriben, recetan o autorizan medicamentos de todo tipo y color.

Córdoba, 14 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

Polarización y radicalismo en las democracias (España en el centro del problema)

<<Análisis y recuperación del espacio cívico>>

1.- El hecho – (El silenciamiento como técnica de control).

Las democracias contemporáneas sufren una paradoja: “La hiper-conectividad no ha generado un ágora más libre, sino un ecosistema de censura descentralizada”.

El silenciamiento ya no es una prerrogativa exclusiva del Estado, sino un producto de la intimidación social y de la presión grupal.

<-Proceso: El uso de etiquetas estigmatizantes (“fascista”, “woke”, “negacionista”, etc.) no busca el debate, sino la muerte civil del interlocutor.

En la realidad social existe <-asimetría y descompensación->, ya que, <<mientras las mayorías moderadas están ocupadas en la producción y la vida familiar, las minorías radicales operan con dedicación exclusiva a la agitación, capturando las instituciones por agotamiento del rival>>.

(Nota. Unos ejemplos: (I). En España el Mensaje de Navidad el Rey Felipe VI dónde ha reclamado “ejemplaridad” a la clase política y ha defendido con firmeza la Constitución y el legado de la Transición, bases de la “convivencia”, por el que los partidos que sostienen al Gobierno le han llamado “radical”, “heredero franquista”, que “hace apología de la violencia y que su mensaje ha sido decepcionante”, así que eso es lo que hay. (II). El concierto de HAKUNA en la Puerta del Sol donde sus componentes son calificados de “fachas”, “pijos”, “ultras” y más.). Y, (III). Los ejemplos serían interminables, pero desgraciadamente este es el ambiente polarizado y radical que se ve en España.).

2.- El bucle del silencio.

La espiral del silencio de Neumann es una teoría del área de la comunicación política, que estudia la opinión pública como una forma de control social, en la que las personas adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no.

3.- Vacío institucional – Neutralidad gallina).

El radicalismo no triunfa por su fuerza, sino por la vacuidad de las instituciones, ya que, cuando una universidad o un organismo público se “pone de perfil”, está validando la coacción.

<-Caso UPV (Octubre 2025): “La cancelación de charlas por amenazas de boicot digital es una rendición de la autoridad académica ante la turba”. <-El Precedente Sussex: La multa de 585.000 libras impuesta en el Reino Unido marca el camino: “La libertad de expresión no es un deseo, es una obligación prestacional de todas las instituciones”.

Si el ambiente es hostil y la institución lo tolera silente, esta incurre en responsabilidad.

<-Perspectiva Innovadora: “En España, debemos transitar de la queja política a la Responsabilidad Patrimonial del Estado”.

Por ejemplo: Si una universidad no garantiza el derecho de un alumno o ponente a expresarse, debe pagar por el daño causado (Sentencia TJUE C-278/20).

4.- Cinco frentes para la mayoría silenciosa.

Para recuperar el espacio cívico, la moderación debe dejar de ser pasiva y volverse estratégica.

Frente	Acción Concreta	Objetivo
1. Acción Colectiva	Creación de “Nodos de Sensatez” (grupos de 15-30 personas).	Romper la ilusión de mayoría de los radicales mediante presencia coordinada.
2. Fiscalización	Registro sistemático de quejas ante Defensores del Pueblo y Universitarios.	Generar la prueba documental para futuras demandas judiciales.
3. Asertividad	Técnica de “Devolución de Etiqueta”: Hay que cuestionar el método de silenciamiento del otro en lugar de defenderse del insulto.	Desactivar el ataque personal y reenfocar el debate.
4. Espacios Seguros	Creación de redes de pensamiento alternativo con protocolos de respeto mutuo.	Evitar el aislamiento social de los disidentes y fomentar la resiliencia mental.
5. Ofensiva Legal	Uso de la Responsabilidad Patrimonial. “Tocar el presupuesto” de la institución inerte.	Cambiar el incentivo: Que sea más caro permitir el boicot que proteger la libertad.

5.- Conclusión. (Neutralidad activa como deber).

La polarización no es un hecho irreversible e inevitable, sino que es el resultado de un desequilibrio de incentivos. La democracia española no se salvará con más gritos, sino con más institucionalidad.

Las administraciones públicas deben recuperar su neutralidad política no para ser mudas, sino para garantizar que todas las voces racionales puedan ser escuchadas.

La transición de la “queja pasiva” a la <-influencia activa-> es el único camino para evitar que el centro de gravedad democrático sea la ruina del sistema.

N.B. La polarización y radicalismo en la democracia española y en las demás es una realidad, de forma, que dejarlos pasar es un error y una cobardía social e institucional.

En definitiva, hay que pasar a la <-influencia activa->para que el centro de gravedad democrático sea el centro del sistema.

Córdoba, 30 de diciembre de 2025

Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Deterioro del Estado de Derecho II (la contaminación que se lo come todo)

En estos días los ciudadanos/as asistimos a un aquelarre continuo de corrupciones de todo tipo y color (económicas, éticas, sexuales y sociales), que no solo sorprenden por su descaro y presunción de impunidad de sus autores y cómplices, sino que, además, se ve día a día como la corrosión sistémica ha alcanzado a todos los niveles políticos (Estado, CC.AA., Corporaciones Locales, Empresas y Entes Públicos).

Es detestable que a nivel de Estado esté pasado lo que pasa a la vista de todos los españoles escandalizados, pero, parece que se olvida que cosas parecidas están ocurriendo en muchos ayuntamiento, especialmente, los sostenidos por mayorías absolutas o coaliciones basadas en intereses espurios, porque quien no conoce corrupciones multicolores, que ocurren en ayuntamientos y diputaciones, así como, en sus empresas públicas y en el variopinto mundo de sus entes dependientes pagados por el dinero de todos.

Siempre habrá el que lo justifique, diciendo que son cosas de menor entidad, como *enchufes de parientes políticos y familiares, *subvenciones a empresas y asociaciones afines, *favores urbanísticos disfrazados de legalidad y, así, *un largo etc. de irregularidades discriminatorias para los que se sitúan fuera de las aguas turbias de las influencias políticas.

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), denunciamos cómo la corrupción, la falta de controles y el clientelismo están socavando el Estado de Derecho, haciéndolo a través de algunos ejemplos genéricos, pero que todos podrán identificar como propios.

1.- ¿Quién no conoce algún caso de enchufismo en algún ayuntamiento?; que se materializa en ocupar una plaza de empleo público por la puerta de atrás, y, además, bendecido por un/a secretario/a nombrados con carácter accidental, pero que ya llevan años y años ocupado ese cargo municipal, de forma, que en esos ayuntamiento todo vale, y, los ciudadanos asisten temerosos al espectáculo de corrupción sistémica, callados y silentes, porque saben que si denuncian, casi nunca le pasa nada al político corrupto, pero a ellos los funden con obligaciones y trabas de todo tipo, que le harán la vida imposible, mientras los saduceos políticos justos en el uso de sus abusos presumen de rectitud legal.

2.- ¿Quién no conoce, casos innumerables de abuso en la llamada “Libre Designación”?; que habiendo nacido para casos excepcionales se ha convertido en norma de la que políticos variopintos usan y abusan sin pudor.

Se utiliza día a día para nombrar a dedo a amigos, parientes o miembros del partido (“amiguismo” y “clientelismo”), desplazando los principios constitucionales de mérito y capacidad.

3.- ¿Quién no conoce en su ayuntamiento casos varios de contrataciones laborales irregulares?; pues muchos Ayuntamientos recurren a contratos temporales ilegales o “a dedo”, bordeando la prevaricación continuada para tejer redes de favores.

4.- ¿Quién no conoce los monopolios de decisiones existentes en algunos ayuntamientos?; donde el exceso de discrecionalidad de alcaldes y equipos de gobierno, sumado a una fiscalización interna a menudo limitada, facilita la corrupción urbanística y la “captura” de la política local por intereses privados.

5.- Seguir con los ejemplos, se me antoja ya innecesario, pero si poner de relieve que “fallan los controles”, ya que, sobre el papel, existen mecanismos de control como la Intervención Municipal (Secretarios e Interventores). Sin embargo, su independencia real se ve comprometida en entornos locales altamente politizados o mediante el uso de fiscalizaciones limitadas.

6.- Finalmente, reiterar y destacar que la reciente Ley 2/2023 obliga a los ayuntamientos a implantar un Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias) para proteger a quienes destapan la corrupción.

Sin embargo, a día de hoy, estos sistemas son más formales que reales. El reto es pasar de la teoría a la práctica para erradicar ese “caciquismo moderno” que disfraza de legalidad el nepotismo y el favor político.

N.B. Las irregularidades y casos de corrupción, que se dan en los ayuntamientos son casi diarias y calcular su número es prácticamente imposible al ser muchos y que los casos crecen en número con sus empresas y entes locales, por lo que es una “verdad patente”, que la corrupción en sus distintas variantes ha calado en los Ayuntamientos, a pesar de todos los mecanismos de control que existen legalmente, siendo desgraciadamente más formal que real.

El deterioro continuo del Estado de Derecho es una realidad en los ayuntamientos y demuestra que la corrupción sistémica y grosera ha asaltado los derechos y libertades de la sociedad civil.

Córdoba, 12 de diciembre de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.