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Dignidad humana (realidad, amenazas y necesidad de restitución)

1.- La dignidad, nervio moral de la democracia.

La dignidad humana no es ni puede ser solo una palabra solemne para los prólogos constitucionales, sino que es el eje ético y jurídico de toda convivencia civilizada. Es el valor que funda los derechos, no su consecuencia. Ni la pobreza, ni la ideología, ni la utilidad social disminuyen el valor de una persona.

Sus raíces son profundas: “Desde el estoicismo hasta el humanismo cristiano, pasando por filósofos como Kant y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la Constitución Española (art. 10.1), la dignidad es reconocida como el fundamento del orden político y de la paz social”.

Aun así, en la España de hoy su respeto se ha vuelto un acto de resistencia.

2.- España – la disolución silenciosa.

El deterioro de la dignidad no ocurre de golpe, sino que se filtra por grietas habituales y gota a gota de manera constante.

**Polarización ideológica: los debates sobre inmigración, educación o memoria histórica convierten a las personas en símbolos de trincheras, no en sujetos de derechos. Los menores migrantes o las víctimas del pasado se utilizan como herramientas discursivas.

**Precarización económica: más de una cuarta parte de la población vive al borde de la pobreza. La vivienda, el trabajo y la estabilidad pierden vocación de derecho y se tratan como privilegios.

**Decadencia social: el clientelismo político, la vulgarización mediática y la banalización del esfuerzo erosionan la confianza colectiva. Los suicidios, los desahucios ocultos y el abandono social son ya síntomas estructurales, no accidentes.

3.- Causas profundas y fractura cultural.

España padece una hipertrofia institucional -un Estado que promete mucho y sirve poco- y una dependencia intelectual de agendas supranacionales sin consenso social. A ello se suma un déficit de educación ética y diálogo transversal. La dignidad ha quedado convertida en bandera retórica, usada tanto por tecnócratas como por populismos.

La consecuencia es preocupante y desafía la confianza social:

“Fractura intergeneracional, emigración de talento, pobreza encubierta y desconfianza institucional”.

4.- Córdoba – Espejo y laboratorio del deterioro.

Córdoba, con su historia de tolerancia, saberes y culturas, puede y debe ser testimonio vivo de la dignidad compartida, sin embargo, la realidad local ofrece un espejo preocupante:

<-Vivienda inaccesible: entre 1.800 y 2.000 €/m² en la compra y 700–850 €/mes de alquiler medio. Muchos hogares destinan más del 40% del salario a techo y suministros.

<-Desahucios crecientes: cinco semanales, la mayoría por impago de alquiler o pérdida de estabilidad laboral.

<-Turistificación del casco histórico: convierte vecindarios antiguos en escenarios vacíos, donde la memoria pierde ciudadanos.

<-Servicios y licencias lentas: frenan la rehabilitación urbana y la vivienda protegida.

Córdoba simboliza lo que ocurre en buena parte del país: <-Es un hecho patente que la dignidad se escribe en leyes, pero no se siente en los barrios ni en las calles->.

5.- Dignidad y vivienda – Un derecho que sostiene todos los demás.

El artículo 47 de la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, sin embargo, en la práctica, la vivienda se ha convertido en un mercado especulativo que mide el valor humano en términos de solvencia. Quien no puede pagar, no habita y quien no habita, deja de pertenecer a la comunidad.

***Medidas urgentes:

*Ampliar parque público y rehabilitar vivienda vacía.

*Gravar la especulación y el alquiler turístico desmedido.

*Facilitar el acceso a ayudas directas para jóvenes y familias vulnerables.

*Desburocratizar licencias y planes urbanísticos.

*Reforzar fondos anti-desahucios y mediación previa obligatoria.

6.- Restituir la Dignidad – Ética, acción y valor civil.

Recuperar la dignidad humana no depende sólo del Estado, sino de una ciudadanía activa capaz de rescatar la palabra “dignidad” del discurso vacío.

***Propuestas:

*Educación ética real, no ornamental: “Integrar el pensamiento crítico y los derechos humanos en la escuela y en la formación laboral”.

*Política desideologizada: “Priorizar el mérito, el servicio y la transparencia”.

*Cultura del compromiso: “Fomentar asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA- que promuevan solidaridad cívica, mediación y participación de los cordobeses”.

*Autonomía local: “Impulsar desde Córdoba pactos urbanos por la cohesión social y el acceso equitativo a oportunidades”.

7.- Reflexión final.

La dignidad humana no necesita ser redefinida, sino restaurada. Las leyes ya la reconocen, de forma, que lo que falta es voluntad política y conciencia ciudadana.

Córdoba, por su historia y tamaño humano, puede ser el punto de partida:

<-Una ciudad laboratorio de dignidad frente a la deshumanización global->.

N.B. La dignidad humana es un derecho inalienable e irrenunciable.

La dignidad se defiende no solo votando, sino viviendo con justicia, sin resignarse, y, recuperarla requiere ética, valentía y acción colectiva.

Córdoba, 31 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

CALZADA ROMANA CÓRDOBA-MÉRIDA – AUTOVÍA A.45 (Infraestructuras)

Viajando de Málaga a Córdoba en coche por la Autovía A-45, visto su estado de conservación deplorable, me acorde, casi de improviso, de la Calzada Romana Corduba-Emerita y sentí que algo ya no funciona en España, cuando esa misma Hispania (que construyó la vía (autopista) que conectaba las dos capitales de la Hispania romana – Corduba, capital de la provincia Bética, y Emerita Augusta, capital de la provincia Lusitania), era capaz ahora de tener la Autovía A-45 en el estado de deterioro en que se encuentra.

En la España actual el estado de nuestras infraestructuras básicas (vías de comunicación por carreteras y trenes, red eléctrica, agua, etc.) está en un estado de abandono inmisericorde y al borde del colapso, y, ocurre que cuando un País abandona sus infraestructuras esenciales, es un hecho comprobado, que la situación de ruina total está llegando a pasos agigantados.

Lo dicho, es la realidad que se siente y se ve por los ciudadanos, además, lo peor de todo es que nuestro Gobierno y nuestros políticos todos se han situado en un plano de impunidad dontancrediana, ya que, ahora, lo prioritario no son las necesidades del pueblo soberano, sino la implantación de una ideología autodestructiva de la que se deriva el abandono de lo importante para el progreso de la Nación y se le sustituye por políticas de propaganda y por debates inútiles en el Congreso y en el Senado, y, donde, además, las Instituciones Básicas del Estado (ejemplo por todos, caso de la Fiscalía General) se dedican no a defender y sostener un Gobierno enmarcado en la Constitución de 1978 y a sus ciudadanos que las mantienen, sino a la defensa furiosa de ideologías extremas llenas de odio por las libertades y en defensa de la desigualdad de los ciudadanos, que encima, quieren hacer pasar por felicidad en la pobreza, como ocurre, cuando el Gobierno Central presume de pobres, elevando a los altares casos como el Ingreso Mínimo Vital, cuando dicen que ya “disfrutan de él” más de 2.500.000 de personas.

La diferencia entre la Calzada Romana y la Autovía A-45 precitadas son el ejemplo vivo de un País que ha decidido suicidarse en un cadalso público, incluso a nivel internacional, como sucede ahora mismo con Israel, EE.UU., la defensa de Europa, etc., sin olvidar que estamos en la ruina económica y social, comidos a impuestos de todo tipo (ejemplos, agua, basuras, IBI, IRPF, etc.) y donde el gasto público se dilapida en fastos superfluos de propaganda ideológica (Véase TVE como ejemplo del no va más).

No soy pesimista ni partidario de una postura extrema, sino consciente de que si la Sociedad Civil y sus ciudadanos no despiertan y defienden sus derechos y libertades entraremos en el túnel de la autodestrucción completa e irrecuperable, así, que eso es lo que hay, de forma, que, *o luchamos por nuestros derechos y libertades, *o caeremos en la esclavitud dominados por unos pocos llenos de odio y destructores de nuestras libertades.

N. B. LA CALZADA ROMANA CÓRDOBA-MÉRIDA Y LA  AUTOVÍA A.45 son ejemplos claros de infraestructuras contrapuestas, donde la Calzada va hacia el progreso y la riqueza de España y la A-45 representa el deterioro continuo en el que ha caído España.

Desde nuestra Asociación Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos un mensaje urgente: “La sociedad despierta o ya nunca podremos levantarnos“.

Córdoba, 12 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

El “Cupo Catalán” (Desigualdad – insolidaridad – ilegalidad)

“El “cupo catalán” es una propuesta que otorgaría a Cataluña una autonomía fiscal casi total, permitiendo a la Agencia Tributaria Catalana gestionar el 100% de los impuestos recaudados en la región, incluyendo el IRPF, en lugar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La iniciativa, surgida en julio de 2025 en negociaciones con partidos independentistas como ERC, se inspira en el concierto económico del País Vasco y Navarra, pero su posible admisión está generado un rechazo mayoritario por su falta de viabilidad, de legalidad y de compatibilidad con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.

**Opinión crítica.

Desde un punto de vista jurídico, el cupo catalán es, sin la menor duda, inconstitucional, ya que vulnera artículos de la Constitución Española de 1978, como el 2. (unidad y solidaridad), el 14. (igualdad ante la ley), el 31. (ciudadanos y sistema tributario justo),  y el 138.2. (prohibición de privilegios económicos entre regiones).

La mayoría de los expertos son críticos con el cupo catalán, argumentando que esta propuesta crea un trato privilegiado para Cataluña, violando los principios de igualdad y solidaridad, y, además, que el sistema sería inconstitucional porque el régimen económico de una comunidad autónoma no puede implicar ventajas sobre las demás.

A diferencia del modelo vasco y navarro, respaldado por derechos históricos, Cataluña carece de una base legal equivalente.

Además, juristas de todos los niveles y líderes autonómicos, como Emiliano García-Page (PSOE) y el Partido Popular, advierten, que este sistema crearía desigualdades, la cohesión nacional desaparece y significa realmente llevarse por las bravas el dinero para otras regiones, afectando servicios esenciales como pensiones o gasto social.

También se señala el riesgo de un aumento del fraude fiscal por una menor supervisión de la AEAT.

**Argumentos a favor.

Los defensores del cupo argumentan que Cataluña, como región rica, aporta más al sistema fiscal nacional de lo que recibe, y, que un modelo singular reflejaría mejor sus necesidades económicas.

Sin embargo, esta postura es cuestionada por su impacto en la solidaridad interterritorial y la viabilidad práctica, ya que, Cataluña seguiría dependiendo de transferencias estatales para ciertos servicios.

**Impacto negativo.

La implementación del cupo catalán genera tensiones políticas, exacerba el discurso separatista y crea percepciones de privilegio.

**Conclusión.

El cupo catalán plantea retos graves a la igualdad y a la cohesión nacional, siendo considerado ilegal por violar la Constitución Española.

N.B. El “Cupo Catalán” es una fuente de desigualdad y de falta de solidaridad, siendo ilegal por violar la Constitución Española de 1978.

España se rompe por los que no representan ni al 10% de los españoles y contra la voluntad del 90% de los mismos, lo que es, elijan Uds., un despropósito, una insensatez, una atrocidad, un disparate, pero sobre todo una injusticia.

Se trata de una propuesta inviable e inaplicable, así que esperemos que nunca sea una realidad.

Córdoba, 16 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Aforamiento en diferido (el ejemplo perverso del no va más)

El  día 18 de agosto de 2020 colgué en este blog un artículo con el título de “Un escudo desaforado (prevaricación administrativa, historia de un privilegio)” hablando de los aforamiento políticos y decía, entre otras cosas, que “es un hecho cierto, que resulta prácticamente imposible imputar con éxito a una autoridad y/o funcionario público, que dicta una resolución injusta con base al artículo 404 del Código Penal, ya que como he razonado, gozan de un escudo desaforado, siendo lo dicho la historia de un privilegio exorbitante”.

La realidad ha demostrado que ese día me quedé corto en mi crítica a los aforamiento, ya que, el Caso del Diputado Sr. Gallardo (antes Presidente de la Diputación de Badajoz) ha batido todos los límites del aforamiento legítimo, al traspasar cualquier grado de la ética política, pues no solo se afora él en claro fraude de ley, sino que, además, afora posiblemente a todos los miembros encausados con él, lo que ya no es un simple privilegio sino un desafuero que destruye el -valor justicia constitucional- (art. 1.1. C. E.), al implicar la destrucción del principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la C. E. de 1978.

Es una realidad preocupante y desgraciada, que España tiene el dudoso honor poder presumir de tener la plusmarca europea en aforamientos, ya que, seguramente, en nuestra piel de toro más de 250.000 personas poseen una protección jurídica privilegiada al estar aforados, que conlleva que en caso de ser juzgados lo sean por tribunales superiores en vez del ordinario que les correspondería.

La cifra de aforados de nuestro País comparada con otros países europeos produce sonrojo y mucha vergüenza, pues por ejemplo, Italia solo tiene uno y en Francia la cifra no llega a 20. 

Aunque el caso del Diputado Sr. Gallardo ha demostrado que siempre se puede empeorar, traspasando el aforamiento directo y yendo sin ética que valga al proceloso mundo de los aforamiento diferidos, lo que implica un paso más hacia la descomposición de la democracia y de nuestros derechos y libertades.

N.B. El aforamiento en diferido es el ejemplo perverso del no va más de la desigualdad y de la injusticia, y, el ejemplo vivo de como se está destruyendo nuestra democracia constitucional, que es el verdadero asunto, que nos debe preocupar a todos los que defendemos la libertad.

Se trata de un dislate increíble contra toda ley y equidad instalado en el mundo de la arbitrariedad, proscrita en el art. 9 de la C. E.

Córdoba, a 2 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

ABUSOS DE PODER – LA CARCOMA AVANZA EN TODO LOS NIVELES DE LO PÚBLICO (aforamientos, contratos jésicos, hermanos y parientes)

La realidad al día de hoy es, que en España una gran parte de los poderes públicos en cualquiera de sus niveles han perdido el respeto a la ley, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, los abusos de poder como el aforamiento exprés en Badajoz, las colocaciones y contratos arbitrarios porque “me da la gana y puedo”, a lo largo y ancho de la piel de toro se ha convertido en el pan de cada día para los partidos políticos.

Ya no cuenta la capacidad, el mérito o la preparación, las colocaciones públicas se hacen a dedo entre amigos políticos, parientes, amigos y señoritas, da igual que sea el Estado Central y todas sus empresas, entes y demás, chiringuitos, pues a todos los niveles de los poderes públicos (CC. AA., Ayuntamientos, Provincias y con todas sus empresa y  entes) está pasando, de forma, que no hay más que mirar alrededor para verlo. Solo la Justicia, a duras penas, resiste y trata de poner las cosas a nivel de la ley, pero siempre los juzgados de se atreven a imponer la ley son maltratados, denunciados y vilipendiados.

Por si faltara algo para que la injustica sea impuesta sin responsabilidad, están los aforamientos, las amenazas veladas de los palmeros, los letrados y abogados pagados por el poder abusón, y, los ataques a cualquiera que denuncie una situación de abuso del poder público.

¿ Quién no conoce algún caso de nombramiento, colocaciones y contratos a nivel público comilitones, parientes amigos, señoritas, etc. donde el abuso de poder y la discriminación  han asentado sus reales a vista de todo el mundo, en la creencia real de son inimputables y que están por encima de la ley ?

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que el abuso de poder saltándose la ley a la torera se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, es un hecho, que parece que nadie hace lo que ella consagra, como la igualdad ante la ley, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles.

Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B.  Si no controlamos todos los abusos de poder, la carcoma que se come nuestras libertades y la igualdad de los españoles con aforamientos exprés, contratos jésicos, hermanos y parientes al lema de todos colocados, acabarán con la democracia, la libertad y la igualdad.

Que nadie se engañe y esconda la cabeza, lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

El silencio y la sumisión ante la injusticia es complicidad con los que abusan del poder público en su beneficio desviándolo del interés general.

Córdoba, a 26 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.