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Vivienda en Córdoba (Necesidad urgente y olvido institucional)

Es una realidad indiscutible que el acceso a la vivienda representa hoy el principal obstáculo para el futuro de Córdoba, especialmente para nuestros jóvenes, quienes se ven obligados a posponer proyectos vitales o emigrar en busca de oportunidades. Sin embargo, al examinar los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026, la situación resulta desoladora: <Bajo un epígrafe grandilocuente como “Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda>, la inversión real en “ladrillo social” se diluye en un océano de gastos burocráticos, mantenimiento de estructuras obsoletas y subsidios a empresas deficitarias, que poco o nada contribuyen a resolver la emergencia habitacional de los cordobeses en la Provincia.

1.- La paradoja de las cifras – (Mucho ruido y pocas casas).

La Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda maneja un presupuesto de 39.902.802,45 euros, una cifra que a primera vista podría parecer ambiciosa. No obstante, al desgranar las partidas, emerge una realidad cruda y decepcionante:

<-Inversión real en vivienda: Apenas 3.021.340 euros se destinan en 2026 a concluir 46 viviendas protegidas en alquiler, distribuidas en solo 11 municipios de la provincia. Esta cantidad forma parte de un programa plurianual (2023-2026) con un presupuesto total de 5,54 millones de euros, pero resulta insignificante ante la demanda provincial acumulada.

<-La disparidad flagrante: Mientras la provincia clama por soluciones habitacionales, la Diputación asigna más del doble -6.621.000 euros- al mantenimiento y rehabilitación de sus propios edificios y sedes, como los Colegios Provinciales, los edificios Fernando III y El Carmen, la Residencia Matías Camacho o el Albergue de Cerro Muriano. A esto se suman las aportaciones compensatorias para cubrir pérdidas millonarias en empresas públicas como Emproacsa (aguas) y Epremasa (residuos), que superan con creces la inversión en vivienda y revelan una gestión ineficiente e impune.

<-La proporción reveladora: La inversión directa en vivienda representa apenas el 7,57% del presupuesto de esta delegación y un ridículo 0,58% del presupuesto total consolidado de la Diputación, que asciende a 522.900.443 euros. Estas cifras no son casuales, pues reflejan una priorización equivocada que ignora la crisis demográfica y el despoblamiento rural.

2.- El peso de la maquinaria burocrática.

Para comprender por qué no se construye más, basta con observar cómo se consume el presupuesto en la Diputación de Córdoba, ahora gobernada por el PP. La diferencia de más de 26 millones de euros que no se dirige a inversiones directas se evapora en el sostenimiento de la propia institución, perpetuando un ciclo de ineficiencia:

Concepto	Cuantía (euros)	Destino real
Funcionamiento interno	25.211.000	Nóminas, limpieza, suministros y burocracia en el Palacio de la Merced y otras sedes.
Obras en edificios propios	6.621.000	Rehabilitación de colegios provinciales, residencias y albergues propios.
Vivienda pública	3.021.340	Construcción de solo 46 viviendas protegidas en toda la provincia.
Transferencias y ayudas	2.000.000	Ayudas a natalidad (1.200.000), patrimonio cofrade (500.000) y prevención de salud (300.000 para virus del Nilo).
Otros (suelo, BOP, SIG)	3.068.000	Gestión administrativa, suelo industrial, modernización del Boletín Oficial de la Provincia (280.000) y Sistema de Información Geográfica (250.000).

Este desglose ilustra cómo la institución se ha convertido en un ente autorreferencial, donde el gasto corriente absorbe recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes.

3.- Gastos superfluos frente a una emergencia social.

Resulta inexplicable justificar ante un joven cordobés que se destinen 500.000 euros a la restauración de arte sacro o 280.000 euros a modernizar el Boletín Oficial de la Provincia, mientras la partida para su derecho constitucional a una vivienda digna permanece residual. Añádase a esto los 500.000 euros para la retirada de fibrocemento o los 300.000 euros para combatir el virus del Nilo, que, aunque necesarios, palidecen ante la inacción en vivienda.

La Diputación se ha transformado en una estructura que se autoalimenta, donde el gasto en personal y mantenimiento de palacios históricos agota la capacidad de maniobra. No se trata de escasez de recursos -el presupuesto total crece un 14,92% hasta los 385.416.969 euros-, sino de una jerarquía de prioridades profundamente errónea y desconectada de la realidad social.

4.- Una propuesta de inversión real.

Desde Córdoba Abierta (ACOA), defendemos un cambio de rumbo inmediato y radical.

**Una inversión responsable en vivienda debería incluir:

1.- Reducción del gasto corriente: Optimizar la gestión administrativa para redirigir al menos un 20% adicional de los recursos hacia vivienda, eliminando duplicidades y eficientando procesos.

2.- Plan de Choque Provincial: Superar la cifra irrisoria de 46 viviendas, duplicándola como mínimo en 2026, y estableciendo un plan plurianual que garantice al menos 500 viviendas por legislatura, priorizando municipios en riesgo de despoblamiento.

3.- Priorizar lo esencial: Ante la crisis actual, el “ladrillo social” debe prevalecer sobre la rehabilitación de edificios administrativos superfluos o subsidios a empresas deficitarias. Esto implica auditar y reestructurar entidades como Emproacsa y Epremasa para evitar que sigan siendo pozos sin fondo.

Concepto	Inversión/Gasto (euros)	Porcentaje del total consolidado	Comparativa visual
Presupuesto total consolidado	522.900.443	100%	La “tarta” completa.
Infraestructuras (obras/vías)	45.000.000	8,6%	Prioridad media-alta.
Gasto social (IPBS)	26.677.948	5,1%	Atención básica.
Vivienda (construcción 2026)	3.021.340	0,58%	Una migaja insignificante.

<<Emproacsa y Epremasa (Un dispendio crónico).

Las tarifas no actualizadas conforme al IPC acumulado y los costes salariales han condenado a estas empresas a pérdidas significativas. Emproacsa estima un déficit de 6,4 millones de euros en 2026, mientras Epremasa prevé 6,74 millones. La Diputación consigna solo 2,7 millones en aportaciones compensatorias, una medida insuficiente que obligará a desviar fondos de otras partidas o recurrir a préstamos, perpetuando el ciclo de endeudamiento.

Los cordobeses perciben con indignación que se hayan destinado 59,3 millones de euros a Emproacsa entre 2023 y 2025 (37 millones para inversiones), y 10,75 millones a Epremasa (6 millones para inversiones), convirtiéndolas en sumideros de dinero público.

Urge una reestructuración profesional, con responsabilidades para gestores anteriores, en lugar de cargar el peso sobre los contribuyentes, aunque el presidente, Salvador Fuentes, ha descartado esta opción, optando por lo fácil: que paguen los ciudadanos.

<<Conclusión>>

Si comparamos los 3.021.340 euros destinados a vivienda con los 522.900.443 euros del presupuesto total consolidado, la partida habitacional no alcanza ni el 1%, de forma, que la Diputación parece diseñada para mantener servicios mínimos (agua, basura, carreteras) y sostener su propia burocracia, relegando la creación de soluciones innovadoras -como el acceso al hogar- a una mera propina.

Es innegable que la inversión en vivienda ha caído en el olvido bajo el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, que no solo ha heredado políticas anteriores, sino que se ha convertido en prisionero de enfoques sociales y económicos ruinosos. La vivienda no es una prioridad real en la Corporación Provincial, sino el apéndice de una delegación dedicada a gestionar su propia ineficiencia, condenando a nuestros pueblos al despoblamiento y a nuestra juventud al exilio.

N.B. La vivienda en la Diputación de Córdoba no es una de sus prioridades, sino que es el <apellido> de una delegación que, en la práctica, se dedica a gestionar su propia existencia y su ineficiencia empresarial, olvidando la necesidad de crear lugares donde vivir, lo que conlleva a condenar a nuestros pueblos a la desaparición por despoblación.

Córdoba, 16 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

La Diputación de Córdoba (El continuismo que nadie prometió y el viaje a la Luna del PP)

Cuando el Partido Popular alcanzó el Palacio de la Merced hace dos años, lo hizo bajo la bandera de la ruptura y la regeneración. Sin embargo, la gestión del Presidente Salvador Fuentes ha revelado una verdad incómoda: “El PP ha optado por la comodidad de mantener las estructuras socialistas, cargando el coste sobre el bolsillo de los cordobeses”. Lo que se presentó como un cambio histórico ha degenerado en un continuismo que nadie prometió y en un engaño masivo a sus votantes.

<<Anatomía de la promesa incumplida>>

Parece que las promesas políticas están diseñadas para no cumplirse. Desde Córdoba Abierta (ACOA), para ilustrar este absurdo, bien podríamos prometer solemnemente un “viaje a la Luna para todos los cordobeses” o “financiación ilimitada que se pague cuando Dios quiera”. La diferencia es nuestra transparencia sobre la imposibilidad de tales hitos; en cambio, el Gobierno Provincial del PP ha superado todos los límites del incumplimiento.

Jurídicamente, el político se siente blindado. Amparados en el artículo 67.2 de la Constitución Española -que establece que los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo-, los programas electorales se tratan como meras declaraciones de intenciones y no como contratos vinculantes. Esta falta de <-higiene democrática-> permite, que los compromisos de bajar la presión fiscal y de revertir la situación política anterior en la Diputación de Córdoba se conviertan en “agua de borrajas”.

<<El “hachazo” fiscal (El sumidero de Epremasa y Emproacsa)>>

La gestión de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba es el mayor exponente de esta impostura. En lugar de aplicar el bisturí de la reestructuración profunda, el PP ha preferido el mazo del recaudador. El ciudadano cordobés se enfrenta ahora a lo que podemos definir como el mayor “hachazo” fiscal de la historia de la Diputación:

<-EPREMASA (Basura): Con 7 millones de pérdidas en 2023, se aplicó una subida del 40,8% en 2024 y ya se anuncian nuevos incrementos del 17,5% para 2026.

<-EMPROACSA (Agua): Arrastra una deuda estructural de entre 14 y 22 millones de euros, lo que ha servido de excusa para un incremento del 22,5% en las tarifas.

El resultado es que el ciudadano paga tres veces: *en el recibo mensual, *con la subida de la tasa y *con los impuestos que se desvían de otras inversiones necesarias. Entre 2023 y 2025, se han inyectado cerca de 70 millones de euros de dinero público solo para evitar el colapso de estas entidades. Son 70 millones que no han ido a las carreteras del Guadiato, ni a paliar la crisis hídrica de Los Pedroches, ni al apoyo de nuestros autónomos.

<<El Pacto Silente y la “Paz de Despacho”>>

¿Por qué no hay auditorías independientes sobre la gestión anterior?

La respuesta es el “consenso de despacho”. En febrero de 2024, el PP sacó adelante los presupuestos gracias a la abstención del PSOE. Este “pacto de no agresión” sugiere una máxima desalentadora: “No toco tus errores del pasado para que tú no toques los míos en el futuro”.

Los cordobeses votaron para levantar alfombras, no para que el PP se sentara sobre ellas a negociar con el socialismo. Se ha preferido la paz institucional con la maquinaria anterior antes que su demolición. Aquí encaja el verso de Góngora: “Ande yo caliente y ríase la gente”. Mientras la maquinaria de la Diputación funcione sin turbulencias internas (caliente), el Gobierno Provincial ríe y el ciudadano paga facturas desorbitadas.

<<Consecuencias políticas y responsabilidad legal>>

Este fenómeno no es accidental y ya tiene respuesta en las urnas. Los datos de 2024 y las encuestas de 2025 muestran que, mientras el PP crece en la capital, VOX crece sin parar en toda la Provincia. Es el termómetro de la frustración de quienes buscaron un cambio radical y recibieron “más de lo mismo”. El electorado ya no compra una “moderación” que percibe como una rendición ética.

Desde un punto de vista legal, esta gestión roza la Administración Desleal (art. 433 del Código Penal). Además, inyectar fondos públicos a fondo perdido en estructuras ineficientes sin reforma alguna genera una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Si un gestor político causa un perjuicio al patrimonio público por negligencia grave, debe responder por ello.

<<Conclusión (Un muro contra el contribuyente)>>

El bloqueo de la oposición en bloque (VOX, PSOE e IU) a las nuevas subidas de tasas para 2026 ha puesto a Salvador Fuentes contra las cuerdas, porque ya no queda más dinero que detraer de otros servicios. O se acomete la reestructuración profunda que siempre se evitó, o el modelo “sumidero” colapsará definitivamente.

Córdoba no votó una “mejor gestión del socialismo”, sino una alternativa real. La política de “compadreo” y el abrazo al modelo anterior están haciendo un daño tremendo. Es hora de cambiar el rumbo, pues la impostura política siempre tiene un precio, y los cordobeses, como ya se ha visto en otros puntos de España como Extremadura, se lo cobrarán en las urnas.

N.B. El Gobierno de la Diputación de Córdoba con el Presiente Salvador Fuentes al frentes es “el continuismo que nadie prometió”, concretamente, <-el viaje a la Luna del PP->.

Desde ACOAprometemos un viaje a la Luna, pero claro somos transparentes en el imposible cumplimiento, pero, curiosamente, el Gobierno del P. P. en la Diputación de Córdoba ha superado todos los límites en el incumplimiento de sus promesas, pues *no solo no aplica su programa electoral, sino que *abraza sin pudor el muro socialista y se sube en él haciéndolo suyo, aunque prometieron cambiar de raíz la política de la anterior Corporación Socialista.

De prometer que todo iba a cambiar a no cambiar nada, de manera, que puede ser, que nadie vote a unos políticos que venden y traicionan sus promesas.

Córdoba, 25 de diciembre de 2025.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

La Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba (Motor de la Defensa)

<<Una Visión Estratégica, Sostenible y Digital>>

Nos adentramos en el proyecto más ambicioso del Ministerio de Defensa en décadas: la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), oficialmente bautizada como <-General de Ejército Javier Varela->.

Para lectores de mi blog, se desgrana su tamaño sin caer en su complejidad técnica.

En esencia, la BLET es el futuro de la logística militar española: “Un centro neurálgico que centralizará el mantenimiento, abastecimiento y gestión de todo el material del Ejército, unificando doce centros logísticos dispersos por España”.

Este macroproyecto, enmarcado en el Plan Ejército 2035, se levanta sobre más de 85 hectáreas en el polígono de La Rinconada, en Córdoba, consolidando la provincia como un centro logístico (hub) tecnológico-militar de referencia.

<<Innovación y Sostenibilidad – Los Pilares de la BLET>>

La verdadera vanguardia de la BLET no reside solo en su tamaño, sino en su concepción de Defensa 4.0, pionera en Europa.

1.- Digitalización Avanzada – La Logística Inteligente.

<-Inteligencia Artificial y Big Data: El corazón operativo de la base será la gestión de Big Data (datos masivos de operación, desgaste y mantenimiento). Esto permite el Mantenimiento Predictivo, anticipando fallos en vehículos o equipos antes de que ocurran, optimizando recursos y alargando la vida útil del material.

<-El Gemelo Digital (Digital Twin) – La Base Virtual: “Este es el concepto más innovador”. Se creará una réplica virtual exacta de toda la base (edificios, equipos, flujos de trabajo). El personal podrá simular operaciones, probar nuevos diseños o entrenar personal en este entorno virtual antes de llevarlos a la realidad, garantizando máxima eficiencia y cero errores en un entorno controlado.

<-Robótica e Impresión 3D: La base incluirá talleres avanzados capaces de fabricar piezas de repuesto bajo demanda mediante impresión 3D, y contará con sistemas robotizados para el manejo y almacenamiento de componentes.

2.- Sostenibilidad de Vanguardia – Una Base Verde.

**El diseño de la BLET está comprometido con la huella de carbono cero:

<-Energía Limpia: Integración masiva de energía solar fotovoltaica para el autoabastecimiento.

<-Economía Circular: Sistemas de reutilización de aguas grises y el uso prioritario de materiales reciclados y de proximidad en su construcción.

<<Estado Actual y Próximos Pasos (Noviembre 2025)>>

El proyecto avanza a buen ritmo gracias a la colaboración institucional:

<-Fase de Urbanización (Finalizada): La Rinconada ya cuenta con las infraestructuras básicas: viales, redes de saneamiento, accesos y vallados de seguridad.

<-Fase de Edificación (Inminente): La gran inversión de más de 394 millones de euros está destinada a la construcción de los edificios clave. Su licitación se espera para finales de 2025 y el inicio de obras para mediados de 2026.

-CABET: Centro de Abastecimiento de Suministros.

-CEMSATET: Centro de Mantenimiento de Sistemas Terrestres.

-Edificio de Mando y Control: El cerebro administrativo y operativo.

<-Se mantiene el horizonte temporal: Capacidad operativa inicial en 2029 y funciones plenas en 2032.

<<La Relevancia Geoestratégica de Córdoba>>

La elección de Córdoba no es casual, sino una decisión estratégica que se refuerza con la ubicación geográfica de la ciudad:

<-Conectividad Central: Córdoba se sitúa en un nudo de comunicaciones vital para el sur de la península, facilitando el rápido despliegue de material logístico tanto por carretera como por ferrocarril.

<-Ecosistema Industrial: La base se integra en un tejido industrial andaluz en crecimiento, ya especializado en defensa, robótica e ingeniería. Empresas como Escribano M&E, Indra, Navantia y Sicnova ya operan desde la provincia, formando un clúster tecnológico que será el gran proveedor de la BLET.

<<Impacto Socioeconómico y Colaboración>>

El proyecto moviliza una inversión total superior a 535 millones de euros, siendo un motor económico irrefutable:

<-Empleo: Se prevé la generación de hasta 1.700 empleosdirectos en pleno rendimiento.

<-Inversión Pública y Privada: El Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba lideran la financiación. Además, la colaboración público-privada es esencial, con empresas como Pegasus Aero Group (I+D), Everwood Capital, Endesa y Magtel asegurando el suministro de energía limpia y las infraestructuras críticas.

<-Formación (Talento Local): Se está desarrollando un ambicioso plan de capacitación para más de 7.000 personas en robótica, mecánica, IA y logística, garantizando que el talento local esté preparado para los nuevos puestos.

**Nota sobre la Autoridad: La máxima autoridad sobre la base y su desarrollo recae en el Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), el Teniente General que ostenta el cargo, actualmente el General de División Raimundo Rodríguez Roca (desde enero de 2025), quien supervisa tanto la fase constructiva como la organizativa de este proyecto clave.

<<Conclusión>>

La BLET es una oportunidad histórica que trasciende lo militar. Sitúa a Córdoba en la vanguardia de la logística europea, no solo como un centro operativo, sino como un foco de innovación tecnológica y desarrollo sostenible. El compromiso conjunto entre instituciones, empresas y la sociedad cordobesa será la clave para asegurar el éxito y el cumplimiento de los plazos de este proyecto de gran calado.

N.B. La BLET se constituye como una oportunidad única para Córdoba, que requiere el acuerdo de todos por el Bien General. El empujón debe ser de todos y para todos.

La BLET representa una oportunidad histórica para Córdoba, fruto del trabajo conjunto entre las instituciones y el sector privado, siendo una ocasión para todos.

Córdoba, 26 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Veneno en la Política Española (Prometer y No Cumplir)

A la vista de mis dos artículo anteriores los lectores en bloque me exigen, que razone sobre lo que pasa con las promesas incumplidas de los políticos y sobre las medidas ciudadanas para hacer que los políticos cumplan.

La verdad es que el asunto se las trae, ya que, si se mira alrededor los incumplimientos políticos resultan abrumadores, de forma, que las frustraciones colectivas de un país harto de palabras vacías están ahogando nuestra democracia y el valor justicia de la C. E. (art. 1.1.) ha caído en desgracia.

Amigos lectores y ciudadanos, estoy convencido que el hartazgo nos une. Las promesas vacías de los políticos han convertido nuestra democracia en un teatro de sombras, donde las palabras sobresalen pero las realidades se desvanecen.

En 2025, con elecciones recientes y un país agotado por la inflación, las emergencias mal gestionadas y la desconfianza, el clamor popular es casi unánime:

¡Basta de mentiras!

El asunto es siempre el mismo. Desde el Gobierno Central hasta el último ayuntamiento, los políticos prometen la luna: “Bajaremos impuestos”, “salvaremos el campo”, “construiremos viviendas asequibles”, “protegeremos a los ciudadanos” y, así, un larguísimo etc.. de promesas incumplidas y, además, con toda impunidad.

Pero, ¿qué queda tras las elecciones? – Nada.

O peor, excusas para tontos, pues eso es lo que creen que somos los ciudadanos votantes de a pie: “Es culpa de Madrid”, “de la Generalitat”, “de Europa”.

Mientras, los españoles vemos cómo la factura de la luz sube, las escuelas rurales cierran, los pueblos se vacían y las tragedias, como las DANA de Valencia en 2024, se repiten en 2025 por la misma desidia en infraestructuras, mientras la inflación incontenida nos empobrece día a día.

¿Por qué pasa esto?

La respuesta es tan cruda como el problema:

1.- Cortoplacismo: Los políticos no gobiernan para nosotros, sino para el próximo titular o el siguiente ciclo electoral. Sus promesas son artificios diseñados para deslumbrar, no para durar.

2.- Clientelismo: Subvenciones que nunca llegan, viviendas que se convierten en burbujas especulativas, chiringuitos municipales llenos de asesores y enchufados. Todo para comprar votos, no para construir futuro.

3.- Desconexión: En el Congreso, un coliseo de ruido y promesas rotas, los partidos levantan muros mientras los ciudadanos pagamos el precio: trenes que fallan, apagones, sanidad recortada y emergencias abandonadas a su suerte.

**El resultado es devastador.

La confianza en nuestra democracia se desmorona. Según encuestas recientes, el 96% de los españoles cree que falsear currículums o incumplir promesas debería costar el cargo.

En Alemania o Francia, un político que miente rectifica o dimite. Aquí, la impunidad reina.

Pedro Sánchez prometió en 2019 una regeneración democrática que hoy suena a chiste: amnistías, pactos opacos y solo un 7% de las 184.000 viviendas prometidas en 2023 construidas.

El PP se mueve en la intrascendencia, por ejemplo: En Castilla y León, claman por el mundo rural, mientras los pueblos se convierten en fantasmas por falta de inversión.

**En las Comunidades Autónomas, el espectáculo sigue.

-En Cataluña, los independentistas venden referendos imposibles o pactos que nadie entiende.

-En Valencia, las promesas de “nunca más” tras las DANA se ahogan en diques rotos.

-Y en los ayuntamientos, alcaldes juran “ciudades verdes” mientras asfaltan parques para parkings VIP o ignoran problemas como el agua contaminada en el Embalse de La Colada, en Córdoba, donde los vecinos no pueden ni bañarse. (La Diputación P. de Córdoba del P. P. es un claro ejemplo de prometer y no cumplir).

***Pero no todo está perdido. La esperanza es nuestra última trinchera. Los ciudadanos podemos cambiar esto, despertando a la Sociedad Civil, a través de Asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA-:

*Exijamos cuentas claras: Listas públicas de promesas verificables, auditadas por organismos independientes, como ya hacen otros países europeos. Si no cumplen, que paguen con su cargo.

*Despertemos como sociedad: Basta de caer en el embrujo de los eslóganes. Miremos el historial de los políticos, no sus promesas. Las asociaciones ciudadanas ya están rastreando estas mentiras, apoyémoslas.

*Hagamos que la verdad pese más que la mentira: España merece líderes que pisen el barro, como nuestros Reyes en las tragedias, no políticos que lanzan confeti desde sus despachos.

El 96% de los ciudadanos exige: Que la impunidad deje de ser la norma.

Prometer y no cumplir no es solo un defecto, es el veneno que pudre nuestra democracia.

Es hora de que las dimisiones sean reales, de que las obras prometidas se terminen y de que la verdad vuelva a ser el cimiento de nuestra política.

N.B. El Defecto Nuclear de la Política Española de Prometer y No Cumplir debe caer en el olvido y volver a la verdad con obras bien hechas y terminadas.

Es verdad, estoy muy harto y muy cabreado como esos millones de españoles.

Para acabar, un apunte, señalando que un Juicio Social personal que comencé con una reclamación previa ante la Seguridad Social en enero de 2025, que puse la demanda contra el INSS en abril de 2025, el Juzgado ha señalado el juicio oral para el día 10 de octubre de 2028. Sin cometarios.

Córdoba, 10 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

Estado de las carreteras en Córdoba – Una visión crítica (Inversión, deterioro y siniestralidad)

La red viaria de la provincia de Córdoba es un pilar esencial para su conectividad, pero su estado de conservación plantea interrogantes sobre la eficacia de las inversiones, la seguridad vial y la transparencia en los datos.

Trato de analizar críticamente el estado de las carreteras nacionales y autonómicas en Córdoba, los contratos de mantenimiento adjudicados hasta agosto de 2025, los costos asociados y su relación con la siniestralidad, incorporando una estimación actualizada de accidentes atribuibles al deterioro vial.

Basado en datos oficiales, estudios de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y el Informe de Siniestralidad de la DGT, este análisis busca ser conciso, crítico y original, destacando tanto los avances como las carencias persistentes.

<<Estado de las carreteras y esfuerzos de conservación>>

La provincia de Córdoba cuenta con una extensa red de carreteras estatales (A-4, A-45, N-432, entre otras) y autonómicas (A-3050, A-431) gestionadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Andalucía.

**Desde 2018, se han invertido más de 108 millones de euros en la conservación y mejora de las carreteras estatales, con contratos recientes que suman 66,42 millones para 692 km, destacando:

24,9 millones de euros (sin IVA) para 320 km, incluyendo la autovía CO-31 y la N-432, con medidas de descarbonización y renovación de señalización.
14,8 millones y 11,7 millones (IVA incluido) para 212 km y 160 km, respectivamente, cubriendo la A-4, A-45 y el viaducto del río Genil.
34,22 millones en contratos licitados, aunque con detalles pendientes en el BOE, evidenciando opacidad administrativa.
22,8 millones para rehabilitar 25 km de la A-4 entre El Carpio y Córdoba.

**La Junta de Andalucía aporta 26,1 millones para conservar 1.380 km autonómicos, con contratos como los 8,7 millones para la zona norte (Los Pedroches) o 5,6 millones para el sureste (Baena, Lucena).

Sin embargo, la AEC señala que el 29% de las carreteras andaluzas presentan deterioros graves, frente al 52% nacional, lo que sitúa a Córdoba en una posición relativa mejor, pero aún vulnerable, especialmente en carreteras convencionales, donde se concentran el 72% de los fallecidos a nivel nacional.

<<Costos y eficacia de las inversiones>>

El gasto total en conservación supera los 89,22 millones de euros en contratos recientes, con un enfoque en mantenimiento ordinario (vigilancia, vialidad invernal), rehabilitación de firmes y medidas ambientales como el uso de vehículos eléctricos.

Sin embargo, el déficit nacional de conservación (13.491 millones de euros) sugiere que estas inversiones, aunque significativas, son insuficientes para abordar el deterioro acumulado.

La AEC estima que un aumento de la inversión anual de 900 a 1.200 millones durante ocho años podría cerrar esta brecha, pero en Córdoba, la falta de auditorías públicas sobre el impacto real de estos fondos genera dudas sobre su eficacia.

Además, el sobrecoste del 12% en combustible por circular en carreteras deterioradas (270 millones a nivel nacional en 2025) evidencia un impacto económico y potencialmente en la seguridad vial.

<<Siniestralidad y estimación de accidentes por mal estado>>

En 2024, Córdoba registró 20 siniestros mortales con 22 fallecidos, dentro de los 232 fallecidos en Andalucía y 1.154 a nivel nacional.

La falta de datos específicos sobre accidentes causados por el mal estado de las carreteras obliga a estimaciones basadas en supuestos ajustados:

**Metodología: Se estima que los siniestros mortales representan el 1% de los accidentes con víctimas (2.000 en Córdoba, 23.200 en Andalucía, 115.400 en España). Dado el 29% de deterioro en Andalucía (frente al 52% nacional), se atribuye un 3-8% de los accidentes al mal estado, ajustado a un 20% menos por las recientes inversiones en Córdoba.

**Resultados en Córdoba:

*Accidentes: Entre 48 y 128 accidentes con víctimas en 2024, frente a los 100-200 estimados previamente, reflejando el impacto positivo de las inversiones.

*Siniestros mortales: Entre 0-1 y 1-2, una cifra baja pero preocupante, dado que ocho puntos de alto riesgo identificados por el RACC en carreteras convencionales cordobesas persisten sin intervenciones específicas.

*Procesos judiciales: Entre 41 y 109 condenas por seguridad vial en 2018 podrían vincularse al mal estado, aunque la falta de desglose limita la precisión.

**Comparación autonómica y nacional:

-Andalucía estima 557-1.485 accidentes y 6-15 siniestros mortales; España, 5.770-11.540 accidentes y 58-115 siniestros mortales.

-Córdoba representa el 9,5% de la siniestralidad andaluza y el 1,9% de la nacional, alineándose con las estimaciones locales.

<<Análisis crítico>>

A pesar de las millonarias inversiones, persisten deficiencias estructurales:

Opacidad informativa: La falta de datos específicos sobre accidentes causados por el mal estado y los detalles pendientes de contratos licitados reflejan una gestión poco transparente.
Puntos de alto riesgo: Los ocho tramos peligrosos en Córdoba, todos en carreteras convencionales, no han sido abordados con la urgencia necesaria, a pesar de su impacto en la siniestralidad.
Desigualdad en la conservación: Mientras la A-4 recibe grandes inversiones, carreteras secundarias, más propensas al deterioro, siguen siendo un riesgo latente.
Impacto limitado de las medidas ambientales: Aunque los contratos incluyen planes de descarbonización, su efecto en la seguridad vial es indirecto y no cuantificado.

<<Conclusiones>>

Córdoba ha avanzado en la conservación de su red viaria con inversiones superiores a los 130 millones de euros desde 2018, pero el impacto en la seguridad vial es limitado por la falta de datos específicos, la persistencia de puntos negros y una distribución desigual de los recursos.

Se estima que entre 48 y 128 accidentes en 2024, incluyendo 0-2 siniestros mortales, podrían atribuirse al mal estado de las carreteras, cifras inferiores a las nacionales gracias a las mejoras locales, pero aún inaceptables en una provincia con tramos de alto riesgo identificados.

<<Propuestas>>

1.- Transparencia y datos: La DGT y la Junta deben registrar y publicar datos específicos sobre accidentes causados por el mal estado de las carreteras.

2.- Intervención urgente: Priorizar auditorías y mejoras en los ocho puntos de alto riesgo identificados por el RACC.

3.- Inversión equilibrada: Redistribuir recursos hacia carreteras convencionales para reducir su vulnerabilidad.

4.- Seguimiento judicial: Analizar los procesos por seguridad vial para identificar el impacto real del deterioro vial.

5.- Innovación en mantenimiento: Incorporar tecnologías como la inteligencia artificial de la AEC para optimizar la conservación y priorizar tramos críticos.

Se destaca la necesidad de una gestión más transparente, estratégica y equitativa para garantizar que las carreteras de Córdoba no solo conecten, sino que lo hagan de manera segura y sostenible.

N. B. El estado de las carreteras en Córdoba necesita una mejora continua con aumento de la inversión y reducción del deterioro vial para conseguir una disminución significativa de la siniestralidad.

Córdoba, a 16 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.