Author Archives: Enrique Garcia Montoya

Emproacsa – Una ruina de Empresa – (Pacto presupuestario P.P. – I.U.)

Estamos en Elecciones Generales, así que espero, que el partido que las gane obtenga una mayoría más que suficiente para realizar sin demora todos los cambios que España necesita de inmediato, bien solo o en coalición. Para empezar creo que es imprescindible empezar por limpiar la propia casa, ya que, seguir permitiendo las mismas políticas nos llevará a las mayores ruinas.

(Nota. Ejemplo de políticas a erradicar dentro de la propia casa. La Diputación de Córdoba gobernada por el P. P., presidida por Salvador Fuentes Lopera, ha llegado en 2026 a un pacto presupuestario con I. U. dónde para aprobar el presupuesto aceptan y adoptan políticas de izquierda radical y a sus votantes que traguen y traguen.

***En nuestro artículo de 26 de septiembre de 2026, con el título de “Coste político y financiero del pacto PP-IU en la Diputación de Córdoba (2026)” publicado en mi blog dónde se dice, entre otras cosas más, lo siguiente:

[<<Desglose financiero del pacto – (lo que cuesta y por qué importa)>>

1.- Memoria democrática y exhumaciones: 400.000 € directos + 110.000-120.000 €/año recurrentes.

El acuerdo asegura financiación provincial para políticas de Memoria Democrática, exhumación de fosas comunes y divulgación histórica, estructurada en dos bloques:

<-Convenio plurianual para fosas de Córdoba capital: 400.000 € de aportación de la Diputación, cofinanciados con el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento (total 1,6 millones), destinados a excavación, antropología forense e identificación genética en las macrofosas de La Salud y San Rafael.

<-Presupuesto ordinario anual de Memoria Democrática (110.000 – 120.000 €/año):

*Cátedra de Memoria Democrática (UCO): 50.000 € para investigación, digitalización de archivos y divulgación.

*Subvenciones a entidades memorialistas: 40.000 € para jornadas e intervenciones provinciales.

*Proyectos memorialistas municipales: 20.000-30.000 € para actividades en municipios como Espejo, Aguilar de la Frontera o Almodóvar del Río.

***Resumen: 400.000 € directos para exhumaciones en la capital y 110.000-120.000 € anuales recurrentes para gestión memorialista.)

Es un hecho patente que se ganan unas elecciones y seguimos con las mismas políticas socialistas y de izquierda radical, <<apaga y vámonos>>.]

***La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) ha dejado de ser una entidad pública de gestión de servicios esenciales para convertirse en un ejemplo paradigmático de bancarrota estructural. Los números del ejercicio fiscal 2026 no dejan lugar a dudas:

“Se estiman unos números rojos de 6,4 millones de euros, un agujero financiero que no es un hecho aislado, sino la continuación de una hemorragia patrimonial sostenida que ya acumuló 7,5 millones de euros en pérdidas al cierre de 2023”.

La viabilidad técnica y financiera de la sociedad pública está seriamente comprometida, y la única respuesta institucional hasta la fecha oscila entre *inyecciones de parcheo institucionales y *la amenaza velada de asestar nuevos tarifazos a los ciudadanos.

<<Un pozo sin fondo y la insuficiencia de los parches públicos>>

-Dentro de los Presupuestos Generales de la Diputación de Córdoba para 2026 -dotados con 522,9 millones de euros-, se ha consignado una transferencia de financiación de 2,7 millones de euros con el único fin de rescatar operativamente a Emproacsa.

<-La aritmética es demoledora:

**Déficit previsto para 2026: 6,4 millones de euros. **Transferencia de la Diputación: 2,7 millones de euros. **Descubierto operativo real: 3,7 millones de euros sin cobertura.

Esta brecha obliga a la empresa a malvivir bajo severas medidas de contención del gasto. La captación de 3,5 millones de euros en fondos europeos (PERTE) se presenta habitualmente como un logro de gestión, pero oculta una trampa contable:

“Son fondos estrictamente finalistas dedicados a la digitalización e infraestructuras de datos”.

No se puede destinar ni un solo euro de ese dinero a pagar la factura de la luz, comprar reactivos químicos o tapar el déficit de explotación ordinario.

<<Anatomía del desequilibrio – (Congelación, sequía e inflación)>>

El endeudamiento de Emproacsa no responde a inversiones estratégicas ni a apalancamiento para el crecimiento, ya que, su déficit es puramente operativo y responde a un desequilibrio crónico entre ingresos y costes reales:

1.- Gestión tarifaria populista e ineficaz: La congelación del precio público del agua durante años generó un desfase recaudatorio devastador. La reciente subida de tarifas del 22% ha resultado ser un remiendo insuficiente, que no neutraliza el agujero acumulado.

2.- Costes de la crisis hídrica: La sequía prolongada forzó la asunción de gastos de emergencia extraordinarios: “Bombeos continuos a máximo rendimiento y una logística costosa de camiones cisterna para abastecer a municipios castigados, sobre todo en el Norte de la provincia”.

3.- Inflación de insumos clave: *El encarecimiento de la energía eléctrica -imprescindible para el bombeo e impulsión del agua- y *la subida de precio de los reactivos químicos de potabilización han pulverizado el margen de explotación.

<<Estructura de costes – (Plantilla propia frente a una abrumadora externalización)>>

Con un presupuesto anual global que orbita habitualmente entre los 29 y los 30 millones de euros, casi la totalidad de los ingresos se esfuman en dos grandes partidas: “*el gasto de personal y *los gastos corrientes en bienes y servicios”.

<-La plantilla directa (Capítulo I).

Emproacsa cuenta en 2026 con 295 trabajadores directos. Esta cifra engloba al personal operativo de campo, técnicos de las plantas potabilizadoras (ETAP) y depuradoras (EDAR), administrativos y la cúpula ejecutiva (Gerencia y direcciones de área). Los cargos políticos del Consejo de Administración no están en la nómina directa, recayendo la asistencia jurídica y técnica en los propios servicios de la Diputación.

<-El entramado subcontratado – (Capítulo II y VI).

Aunque la plantilla propia es amplia, Emproacsa padece una dependencia crítica de personal contratado externo a través de licitaciones privadas bajo la Ley de Contratos del Sector Público.

Dentro del volumen total de 14 a 16 millones de euros que la empresa gasta en bienes corrientes y servicios (Capítulo II), entre 5 y 8 millones de euros anuales se van directamente a subcontratas para tareas operativas:

**Apoyo en mantenimiento de redes y reparación de averías en municipios como Villa del Río.

**Lectura de contadores y cobro presencial.

**Servicios de laboratorio externos y analíticas de agua.

**Limpieza industrial, seguridad de plantas y atención al cliente externaliza.

<<Las grandes licitaciones – (¿Dónde se va el dinero?)>>

***El análisis de la Plataforma de Contratación del Sector Público permite radiografiar el mapa del gasto externo de la compañía:

Bloque Operativo	Concepto / Expediente	Importe / Estimación
Suministro Eléctrico	Energía para bombeos, ETAPs y EDARs (Capítulo II)	3,5 – 5,0 M€ / año
PERTE Digitalización	Telelectura y contadores inteligentes (Exp. CC 21/2025 y CC 28/2025)	5,98 M€ (con IVA)
PERTE Digitalización	Georreferenciación GIS y modelo hidráulico (Exp. CC 9/2025)	1,35 M€ (con IVA)
PERTE IT / Datos	Infraestructura Data Lake – Nutanix (Exp. CC 36/2025)	268.620 € (con IVA)
Insumos Químicos	Reactivos de potabilización (cloro, coagulantes, carbón activo)	2,42 M€ (base)
Materiales de Red	Tuberías, valvulería y repuestos urgentes (Exp. CC 52/2026)	200.000 € – 930.000 €
Servicios Auxiliares	Control analítico del agua, gestión de lodos y camiones cisterna	0,8 – 1,5 M€ / año

Emproacsa presenta la radiografía de un modelo público agotado. Pretender arreglar con tecnología PERTE de contadores inteligentes y servidores de última generación una red que se cae a pedazos y que pierde agua por fugas constantes es empezar la casa por el tejado.

Una empresa pública que necesita que la Diputación le inyecte millones para tapar parches y que traslada a los vecinos un incremento del 22% en la factura para seguir en pérdidas no requiere un retoque presupuestario:

“Exige una auditoría severa y una reestructuración urgente de su modelo de gestión”.

N. B. Imagen.

Córdoba, 6 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Una historia de aventuras estudiantiles en Córdoba – (La realidad de la vivienda – consejos y recomendaciones)

Llevo mucho tiempo recibiendo consultas y preguntas sobre el problema de las viviendas para estudiantes, sobre todo de abuelos que quieren ayudar a sus nietos/as, así que, después, de pensarlo mucho voy a tratar de esclarecer este asunto con un informe-guía, que pretende ser claro y de alto nivel informativo.

Estudiar en Córdoba siempre ha tenido un aura bohemia y accesible, sin embargo, detrás de la postal de la Mezquita y el encanto de sus patios, se esconde una realidad cada vez más agobiante para miles de universitarios y sus familias:

“Encontrar un alojamiento digno y asequible se ha convertido en una carrera de obstáculos”.

Tras analizar a fondo la situación actual del mercado inmobiliario y las políticas públicas (o la falta de ellas) hago y presento un diagnóstico real y sin filtros de lo que supone buscar piso de estudiantes en Córdoba en pleno 2026.

1.- El espejismo de las ayudas y el mito de la residencia pública.

El problema de la vivienda estudiantil en Córdoba ha dejado de ser una simple cuestión de oferta y demanda para convertirse en un riesgo real de exclusión educativa, ya que, si no tienes dinero para un piso, el derecho a estudiar peligra.

**Las administraciones públicas miran hacia otro lado mientras fragmentan las soluciones en un laberinto burocrático. ¿El resultado?

<-La trampa de la beca estatal: El Ministerio fija la ayuda de residencia en 2.700 euros. Las matemáticas no engañan: a 300€/mes por una habitación durante 9 meses, la beca se esfuma solo en el alquiler. ¿Quién paga la luz, el agua, la fianza, la comida o el transporte?

<-Ayudas que inflan precios: Inyectar bonos al alquiler (como el Bono Joven o las ayudas municipales de VIMCORSA) sin aumentar el número de viviendas disponibles tiene un efecto negativo, pues el mercado lo absorbe y los propietarios suben los precios.

<-La oferta pública es una gota en el océano, de forma, que hablar de plazas residenciales públicas es casi un mito. La Residencia Lucano (226 plazas) o el Colegio Mayor La Asunción (290 plazas) son del todo insuficientes para la masa de estudiantes desplazados.

<-La élite de las residencias privadas: Si no consigues plaza pública, la alternativa privada exige desembolsar entre 680€ y 915€ mensuales, un coste prohibitivo (más de 3.800€ de diferencia al año respecto a un piso) que transforma un problema de vivienda en una barrera de clase social.

2.- Radiografía inmobiliaria – (¿Dónde vivir y a qué precio?).

El mercado ha sufrido una transformación desproporcionada, ya que, una habitación que en 2021 costaba 195€, hoy oscila entre los 250€ y 350€ mensuales, empujada por la falta de oferta y la voracidad del alquiler turístico en las zonas céntricas.

La búsqueda de piso y la estrategia debe basarse en la facultad y en el presupuesto disponible.

***La guía táctica por barrios:

<-Ciudad Jardín, que, quizás, sea el comodín universitario – (260€ – 320€).

El barrio estudiante por excelencia con muchos pisos antiguos (muchos sin ascensor ni buen aislamiento), pero con una ubicación táctica insuperable, de manera, que es ideal si compartes piso con amigos de distintas carreras:

*A 5-10 min a pie de la Estación de Renfe (vital para ir al Campus de Rabanales).

*A 10-15 min a pie del Campus Menéndez Pidal (Medicina/Enfermería).

*A 20-26 min a pie a la Facultad de Derecho.

<-Centro / Vial Norte (300€ – 350€+).

Pisos más grandes, reformados y con mejores calidades constructivas. Excelente conexión de transporte, pero la presión turística hace que los precios sean los más altos.

<-Poniente / Zoco (280€ – 330€).

Zonas modernas, seguras y con urbanizaciones que a menudo incluyen zonas comunes. Es la zona “premium” y más demandada para los estudiantes del campus biosanitario (<-Menéndez Pidal).

<-Santa Rosa / Levante (220€ – 270€).

Opciones más económicas en barrios residenciales tradicionales. El hándicap: la conectividad es baja o media. Se depende de los autobuses de Aucorsa y de hacer transbordos para llegar a los campus principales.

3.- La letra pequeña – (Contratos, trampas y el “palo” inicial).

El mercado de estudiantes se rige por contratos de “uso distinto de vivienda” (temporada). Esto desprotege al inquilino frente a la vivienda habitual y esconde prácticas que se deben conocer antes de firmar:

*Te echan en verano: Los contratos duran 10-11 meses. En julio/agosto debes irte para que el propietario haga caja alquilándolo a turistas o para evitar que generes derechos de larga estancia.

*Responsabilidad solidaria: Si alquiláis el piso completo entre varios, sois responsables de todo. Si un compañero deja de pagar, los demás tendréis que asumir su parte.

*El desembolso inicial es perjudicial: Para entrar a un piso necesitarás pagar de golpe:

<<*1 o 2 meses de fianza legal (se flexibiliza a 1 mes a veces). *El mes corriente por adelantado. *Los honorarios de la inmobiliaria (1 mensualidad + IVA), que en contratos de temporada sí se los siguen cobrando al arrendatario.>>

4.- Consejos de supervivencia (y seguridad).

1.- El reloj corre en Mayo: No esperar a agosto, ya que, el periodo crítico para reservar pisos de 3-4 habitaciones a buen precio empieza entre mayo y junio.

2.- Exige climatización: Córdoba en septiembre y mayo/junio es un horno. Un piso sin buen aire acondicionado te destrozará el rendimiento y el descanso.

3.- Cuidado con los fraudes: Jamás se debe hacer una transferencia para “reservar” una habitación sin haber visto la vivienda, sin comprobar la identidad del arrendador y sin un documento que lo avale.

4.- Zonas a evitar: Aunque Córdoba es muy segura, para el perfil universitario nocturno se desaconsejan zonas de alta vulnerabilidad social como el Distrito Sur o barriadas periféricas lejanas sin transporte, como Villarrubia o Las Palmeras.

<<Conclusión – (Se necesita valentía política).

La solución a la crisis de vivienda estudiantil en Córdoba no pasa por dar un par de cheques de 250 euros para que los propietarios los absorban subiendo el alquiler.

**Se requiere intervención real: “Construir un parque público de residencias a precios vinculados a la renta, ceder suelo universitario, crear una ventanilla única que acabe con la burocracia y establecer convenios estrictos con propietarios privados”.

Hasta que las administraciones y la UCO no asuman que el alojamiento es el pilar base del derecho a estudiar, las familias seguirán librando esta batalla en solitario.

El consejo final: “*Paciencia, *empezad a buscar pronto y *revisad cada cláusula del contrato*.

N. B. Imagen. Guía de vivienda para estudiantes en Córdoba – (Barrios, precios, movilidad y consejos prácticos)

(Nota. Infografía clara, descriptiva, innovadora y crítica con la gestión de las administraciones públicas sobre el problema de la vivienda estudiantil en Córdoba.)

Córdoba, 4 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

PRESIÓN TRIBUTARIA Y DEL GASTO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA – (ANÁLISIS CRÍTICO)

<<Relato oficial – La verdad y la mentira>>

“Leo con sorpresa, que el **Ayuntamiento de Córdoba mantiene congelados los impuestos en 2027 con una variación real del -0,12%**.

La junta de gobierno local ha dado luz verde al proyecto de las ordenanzas municipal que regularán la fiscalidad del próximo año, que en su conjunto registran una bajada del 0,12% en los impuestos municipales, según ha anunciado la edil de Hacienda, Blanca Torrent”.

1.- Consideraciones previas – Una falacia aritmética del -0,12 %.

Desde una perspectiva jurídico-tributaria estricta, el anuncio de una reducción ponderada del -0,12 % en las ordenanzas fiscales carece de impacto material en la capacidad económica del contribuyente, ya que, *esta cifra opera como un mero espejismo estadístico que enmascara un incremento neto de la presión fiscal global en la ciudad*.

El análisis conjunto de los impuestos directos, la revisión de los valores bases y el alza sistemática de las tasas por prestación de servicios públicos esenciales evidencia un encarecimiento estructural, que recae directamente sobre los ciudadanos.

2.- Impuestos directos – (Subida velada en el IBI y la Plusvalía).

**Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Aunque el discurso institucional defiende una “congelación”, el tipo de gravamen del IBI urbano se mantiene en el 0,5081 %. En la mecánica tributaria, mantener el tipo de gravamen inalterado mientras los valores catastrales (la base imponible) se revisan al alza -o mientras el nuevo valor de referencia de Catastro empuja la valoración general del mercado inmobiliario- se traduce automáticamente en un aumento de la cuota íntegra y líquida exigible, **por lo que no hay congelación real de la carga tributaria, sino un aumento de la recaudación derivado de la inflación del valor del suelo**.

**Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía): De igual modo, este impuesto, que grava la transmisión de inmuebles, sigue actuando como un mecanismo de alta recaudación. Pese a las reformas impuestas por la jurisprudencia constitucional, la fijación de los coeficientes máximos locales sobre los periodos de generación del incremento de valor garantiza, que, salvo en transmisiones a pérdidas, el Ayuntamiento continúe maximizando el devengo impositivo en cada operación inmobiliaria.

3.- Tasas Municipales – (Encarecimiento de los servicios básicos -agua y basura-).

La verdadera dimensión de la subida de la presión fiscal se manifiesta en la contraprestación de servicios de recepción obligatoria, donde las entidades instrumentales del Ayuntamiento han aprobado alzas tarifarias significativas:

**Tasa de recogida de basuras (Sadeco): El Pleno ha aprobado un incremento del 2,2 % de la tasa de Sadeco para el ejercicio 2026. En términos reales, el recibo de la basura acumula sucesivos encarecimientos que elevan el coste del servicio de manera desproporcionada (alrededor de un 52 % de incremento acumulado).

**Tarifas de abastecimiento de agua (Emacsa): La empresa municipal de aguas ha consolidado una política de encarecimiento continuo. Para 2026 se ha aprobado una subida de la tarifa del 2,1 %. Además, ya está prevista y estipulada una nueva subida del 1,9 % para el año 2027. Resulta especialmente gravoso observar que este es el tercer incremento consecutivo aplicado por Emacsa, tras encadenar subidas previas del 5 % y del 10 %.

4.- Expansión del gasto corriente y blindaje retributivo.

<-Gasto estructural (Capítulo 2): Mientras se incrementa la tributación a través de las tasas y el IBI, la administración local adolece de una falta absoluta de contención presupuestaria. El aumento del gasto en bienes y servicios corrientes contradice el principio de austeridad y de eficiencia en la gestión del dinero público, ensanchando la estructura de costes fijos del Ayuntamiento.

<-Privilegios retributivos: A esta ineficiencia se le añade la paradoja de que los cargos públicos (alcalde y concejales) hayan consolidado subidas salariales del 2,5 %. Este incremento de la masa salarial política resulta aún más lesivo para la equidad fiscal, si se considera, que una parte sustancial de sus ingresos en concepto de dietas e indemnizaciones está exenta de tributación en el IRPF.

5.- Una mirada a la inflación – Deflactar la presión fiscal municipal.

La información disponible permite afirmar que Córdoba llega a septiembre en una posición especialmente vulnerable: “En agosto ya presentaba una inflación del 4,3%, superior a la media andaluza, con el transporte casi un 10% más caro que un año antes”.

El dato nacional de septiembre 4,9% de inflación general, 3,1% de subyacente y 5% deIPCA– confirma que el repunte se ha intensificado y que el principal detonante continúa siendo la energía.

La conclusión técnicamente correcta es que la inflación cordobesa previsiblemente seguirá elevada, pero su tasa exacta y el desglose por grupos de consumo deben quedar pendientes de la publicación definitiva del INE el 14 de octubre. En ese momento será posible determinar si Córdoba supera la tasa nacional, cuánto aumenta respecto del 4,3% de agosto y qué peso concreto tienen transporte, vivienda, alimentos, hostelería y servicios.

El ayuntamiento debería ajustar sus impuestos a la inflación para evitar que un contribuyente pague más impuestos si sus ingresos (retribuciones o sueldos) suben únicamente para compensar el aumento del coste de la vida, sin que haya ganado verdadero poder adquisitivo.

<<Conclusión>>

La rebaja del -0,12 % es irrelevante a efectos jurídicos y patrimoniales. La conjunción de un IBI inelástico frente a la revalorización de los inmuebles, una política de cobro agresiva en transmisiones patrimoniales (Plusvalía), y la sistemática subida de las tasas de agua (Emacsa) y basura (Sadeco), consolidan un escenario de severo aumento de la presión fiscal local. Todo ello sirve para financiar una estructura burocrática cada vez más costosa y unas retribuciones políticas al alza, configurando una política económica de marcado carácter expansivo y recaudatorio.

N.B. Imagen. (Relato oficial – La verdad y la mentira).

La imagen refleja de manera directa los puntos clave de nuestro análisis crítico:

La avalancha de papeles y bolsas de basura: Representa la verdadera presión fiscal que asfixia al ciudadano. Los documentos y recibos simbolizan el inelástico IBI y la agresiva recaudación de la Plusvalía, mientras que las bolsas de basura y el entorno aluden directamente a las constantes subidas de las tasas de Sadeco y Emacsa.
El ciudadano abrumado: Encarna a los contribuyentes cordobeses, quienes soportan el encarecimiento estructural de los servicios públicos esenciales en su día a día.
El político impoluto y sonriente: Representa ese “blindaje retributivo” y la expansión del gasto corriente del que hablamos. Mientras el ciudadano es aplastado por el coste de la ciudad, la clase política mantiene sus privilegios (como esa subida salarial del 2,5 % y dietas exentas).
El minúsculo cartel del “-0.12%”: Ilustra de forma irónica lo que en se describes en el artículo como la “falacia aritmética” y el “espejismo estadístico”. El político lo exhibe como un gran logro frente a la cámara (el relato oficial), mientras ignora por completo la montaña de impuestos reales que sepulta al ciudadano (la verdad de la calle).

Córdoba, 1 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

IBI Urbano en Cabra – El gran absurdo – Sin luz para construir, pero pagando IBI como si tuviéramos una ciudad consolidada.

El P. P. llegó al poder en muchos ayuntamientos, Diputaciones y CC. AA. prometiendo que bajaría los impuestos, reduciría el gasto público y que pondría orden justo tributario, pero ocurre que no es así, ya que, en ayuntamientos gobernados por mayoría absoluta, como es el caso de Cabra (Córdoba) se siguen cometiendo injusticias tributarias un día si y otro también, de forma, que si alguien no me cree, que tenga la paciencia de leer este informe sobre el IBI Urbano.

La situación que padecen los propietarios de parcelas en la Zona de Belén en Cabra, (Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra), presenta una contradicción administrativa difícil de justificar: “Cuando se solicita una licencia de obras, la respuesta es que no existe capacidad eléctrica suficiente para garantizar el suministro; pero, al mismo tiempo, esas mismas parcelas continúan tributando como bienes inmuebles urbanos, como si formaran parte de un ámbito plenamente urbanizado, equipado y apto para la edificación”.

No se trata únicamente de una cuestión económica. Está en juego la coherencia del sistema urbanístico y tributario: “La Administración no puede tratar el suelo como urbano para cobrar más impuestos y, simultáneamente, como suelo carente de condiciones suficientes cuando debe reconocer derechos urbanísticos”.

*Ver el Informe del Arquitecto Municipal de Cabra de 18 de octubre de 2012 (Ref. Entrada 7639/12), que acredita la ausencia de expectativas de desarrollo del sector.

*Así mismo, obra en el Expediente el Informe Urbanístico emitido por la Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de Cabra con fecha 08/08/2025 (remitido mediante Decreto de Alcaldía de 17/09/2025, Expte. GEX 14846/24), en cuyos apartados Séptimo y Octavo se dice:

**SÉPTIMO.- “Según lo anteriormente expuesto, NO SE PUEDE AUTORIZAR LA EDIFICACIÓN, al no tener la condición de SOLAR requiriendo de la previa aprobación del correspondiente instrumento de ordenación ( Plan Parcial conforme a la ficha urbanística), proceder con el correspondiente desarrollo urbanístico obras de urbanización, así como con el cumplimiento de los deberes urbanísticos de la propiedad del suelo y cumplimiento de requisitos y garantías de urbanización”.

** Octavo.- “En conclusión, el suelo está clasificado como Urbano por el planeamiento vigente, sometido a actuaciones de Transformación Urbanística Delimitada habiéndose establecido las determinaciones de la ordenación estructural y pormenorizada (detallada) por el PGOU de Cabra, **no obstante indicar que aún no se ha aprobado la figura correspondiente de planeamiento vigente para su desarrollo y concreción, esto es, el Plan Parcial para el uso residencial, por lo que no está legitimada su ejecución**.

¿Es legal que un Ayuntamiento te cobre impuestos por servicios que no tienes?

Esta es la situación surrealista que están viviendo los propietarios de parcelas en la Zona de Belén (Cabra). Por un lado, se deniegan sistemáticamente las licencias para construir porque Endesa afirma que no hay capacidad eléctrica. Sin embargo, por el otro, **el Ayuntamiento de Cabra no duda en pasar y exigir el recibo del IBI Urbano por unos terrenos que, a efectos prácticos y legales, siguen siendo rústicos**.

En la Zona de Belén (Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra) no existe ordenación detallada ni pormenorizada, ni ha sido aprobado el correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo. La clasificación genérica de los terrenos como suelo urbanizable no basta para atribuirles naturaleza urbana a efectos catastrales. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de 30 de mayo de 2014, recurso 2362/2013; 19 de febrero de 2019, recurso 128/2016; 5 de marzo de 2019, recurso 1431/2017; y 24 de noviembre de 2021, recurso 7639/2019. Conforme a esta doctrina, el suelo urbanizable cuyo desarrollo depende de la aprobación de un instrumento posterior de ordenación detallada conserva la naturaleza rústica hasta que dicho instrumento sea aprobado. En consecuencia, la atribución catastral de naturaleza urbana a las parcelas de la Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra carece de fundamento, mientras no exista planeamiento de desarrollo eficaz, sin que la mera delimitación del ámbito en el planeamiento general pueda justificar por sí sola la liquidación del IBI urbano.

**Regla jurisprudencial aplicable. La doctrina puede formularse de la siguiente manera:

El suelo urbanizable incluido en un sector o ámbito delimitado no tiene naturaleza urbana a efectos catastrales por el solo hecho de aparecer así clasificado en el planeamiento general. Solo adquiere dicha naturaleza cuando existe una ordenación detallada o pormenorizada aprobada que permita su desarrollo sin necesidad de un nuevo instrumento de planeamiento. Hasta ese momento, debe considerarse suelo rústico a efectos catastrales y del IBI.

Esta regla debe conectarse con el artículo 7.2.b) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

***Aquí desglosamos este bloqueo administrativo y los pasos legales para exigir la devolución de nuestro dinero.

1.- El Bloqueo de Endesa – (Una infraestructura colapsada).

El freno a las licencias urbanísticas en la Zona de Belén (Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra) no es un capricho, sino una limitación técnica vinculante. Los informes del sector advierten que la red eléctrica nacional está saturada. En Cabra, los transformadores de la subestación han agotado su capacidad.

Por ley, para que una parcela sea considerada un “solar” edificable, debe tener garantizados los servicios básicos. Al denegar Endesa la viabilidad del suministro eléctrico, el Ayuntamiento se ve atado de pies y manos para dar licencias. Hasta aquí, la lógica técnica impera.

2.- La trampa fiscal – (Cobrar IBI urbano por parcelas sin servicios).

Si la administración asume que no podemos construir porque no hay luz…

¿Por qué el Ayuntamiento de Cabra sigue cobrando el IBI Urbano en la Unidad de Actuación de la Zona de Belén?

**Este cobro revela una vulneración tajante de la jurisprudencia:

*La Sentencia del Tribunal Supremo (30/05/2014): Los ayuntamientos no pueden liquidar IBI urbano sobre terrenos urbanizables si estos no cuentan con un desarrollo urbanístico efectivo.

*Falta de ordenación detallada: Antes de aprobarse un instrumento de desarrollo (o si su ejecución está paralizada), el suelo mantiene su carácter rústico.

Nuestras cuatro parcelas sitas en la Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra no están desarrolladas, y, como demuestra el bloqueo de Endesa, carecen de servicios básicos. Obligarnos a pagar un IBI urbano es gravar una riqueza irreal.

3.- Guía de acción – (Reclamar la aplicación de la Ley).

Es hora de actuar. Para detener esta irregularidad y recuperar los impuestos abonados en exceso, existen tres pasos fundamentales que se deben iniciar:

1.- Ante el Catastro (Subsanación de discrepancias): Debemos exigir a la Gerencia Territorial de Córdoba que modifique la descripción de nuestras parcelas de “urbano” a “rústico”.

2.- Ante el Ayuntamiento (Devolución de ingresos indebidos): Presentar un escrito exigiendo la reliquidación al IBI Rústico y la devolución de la diferencia de los últimos cuatro años (plazo no prescrito).

3.- Ante la Diputación de Córdoba y su (ICHL); Reclamar el cobro indebido IBI Urbano del Ayuntamiento de Cabra.

**No podemos permitir que el incumplimiento de la Ley y la ineficiencia en las infraestructuras eléctricas la acabemos pagando los vecinos a precio de suelo urbano**.

N. B. Imagen. El gran absurdo de Cabra – Sin luz para construir, pero pagando IBI como si tuviéramos una ciudad consolidada.

(Nota. Por todo lo dicho, el Ayuntamiento de Cabra debería iniciar de oficio la modificación catastral de la Unidad de Actuación –SUNC/R-01 del PGOU de Cabra- exigiendo que las parcelas de dicha Unidad pasen a tributar como suelo rústico)

Córdoba, 29 de septiembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Coste político y financiero del pacto PP-IU en la Diputación de Córdoba (2026)

Un grupo numeroso de lectores me ha planteado su malestar por el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, y, muchos se preguntan si este pacto justifica retirar el apoyo al PP en las próximas elecciones municipales.

Mi respuesta es clara:

“Esta vez el PP del Ayuntamiento de Córdoba no contará con mi voto, porque hay decisiones que un elector de centro-derecha no puede tolerar sin traicionar sus propios principios”.

El presupuesto consolidado de la Diputación para 2026 alcanza los 522,9 millones de euros, un récord histórico, y, su aprobación fue posible gracias a la abstención de IU. Este acuerdo no solo garantiza una paz silenciosa llena de renuncias a los principios y promesas de, P. P. en la Institución provincial, sino que implica compromisos financieros sustanciales en áreas ideológicamente sensibles para la derecha:

“Memoria democrática, rescate de empresas públicas deficitarias e inversión municipal condicionada – Aumento del gasto público”.

(Nota.- El presupuesto consolidado de la Diputación de Córdoba ha crecido en 137,9 millones de euros (un aumento del 35,8%) desde el primer ejercicio económico elaborado íntegramente bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) en 2024, hasta el recién aprobado presupuesto para 2026.

*Presupuesto consolidado:

2024 385,0 millones de €. -+1,8%

2025 431,0 millones de € -+11,9%

2026 522,9 millones de € -+21,3%.)

<<Desglose financiero del pacto – (lo que cuesta y por qué importa).

1.- Memoria democrática y exhumaciones: 400.000 € directos + 110.000-120.000 €/año recurrentes.

El acuerdo asegura financiación provincial para políticas de Memoria Democrática, exhumación de fosas comunes y divulgación histórica, estructurada en dos bloques:

<-Presupuesto ordinario anual de Memoria Democrática (110.000 – 120.000 €/año):

*Cátedra de Memoria Democrática (UCO): 50.000 € para investigación, digitalización de archivos y divulgación.

*Subvenciones a entidades memorialistas: 40.000 € para jornadas e intervenciones provinciales.

*Proyectos memorialistas municipales: 20.000-30.000 € para actividades en municipios como Espejo, Aguilar de la Frontera o Almodóvar del Río.

***Resumen: 400.000 € directos para exhumaciones en la capital y 110.000-120.000 € anuales recurrentes para gestión memorialista.

2.- Cobertura del déficit de empresas públicas – (13,14 millones de euros).

IU ha logrado blindar el carácter 100% público de servicios básicos, evitando que las pérdidas de explotación se trasladen a tarifas ciudadanas:

*Emproacsa (Aguas de Córdoba): Cobertura de 6,4 millones de euros de déficit operativo proyectado mediante transferencias de capital, sin aplicar subidas del IPC en tarifas.

*Epremasa (Gestión de Residuos): Déficit previsto de 6,74 millones, con aportación compensatoria inicial de 2,7 millones y compromiso de transferencias extraordinarias para cubrir el saldo negativo total.

3.- Plan Diputación Invierte 2026 – ( 20,6 millones de euros) – Aumento del gasto público.

Núcleo de la inversión territorial exigida por la oposición para inyectar liquidez directa en municipios (crecimiento del 26,4% respecto a presupuestos anteriores):

*Servicios e infraestructuras locales: más de 15,7 millones (obras, redes de agua, viales).

*Actuaciones generales: 1,87 millones (90 proyectos de acondicionamiento).

¨*Protección y promoción social: 0,91 millones (31 iniciativas sociales locales).

Financia 784 actuaciones en 76 municipios, 4 ELAs y 10 mancomunidades.

4.- Refuerzo de servicios sociales e infraestructuras – (Aumento del gasto público).

*Consorcio Provincial de Bomberos: Más de 45 millones para prevención y extinción de incendios.

*Gasto social e inversión municipal: Incremento global de más de 50 millones (+14,92% respecto a 2025) para blindar servicios comunitarios en localidades con menor población.

<<Análisis crítico – (vínculo Bellido-Fuentes – clave)>>

El verdadero problema político no es solo financiero, sino de coherencia ideológica y de marca electoral. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación y mano derecha de José María Bellido en la candidatura municipal, encarna la fusión entre gestión municipal y provincial, lo que genera un efecto de contagio directo:

El malestar por el pacto provincial se traslada automáticamente como factura electoral a la lista del Ayuntamiento de Córdoba.

<<Tres planos de desgaste político>>

1.- Contagio de la marca municipal: El electorado de derechas no distingue entre política provincial y capitalina cuando la misma figura (Fuentes) lidera ambas cotas de poder.

2.- Pérdida de la coartada técnica: Resulta difícil justificar ante el votante ideológico que el acuerdo responde a una mera “necesidad técnica”, cuando quien lo rubrica es un referente político del partido a nivel provincial y local.

3.- Alimentación del relato de VOX: Para la derecha a la izquierda del PP, esta situación es un balón de oxígeno permanente que permite armar un discurso potente:

“No importa a quién votes del PP (Bellido o Fuentes), porque acabarán financiando el ideario de la izquierda con tus impuestos”.

<<La consolidación de la “abstención del castigo”>>

El votante conservador tradicional, que quizás no da el paso de votar a VOX, encuentra en la figura de Fuentes un motivo claro para quedarse en casa, ya que, siente que la “mayoría social” que apoyó al PP se utiliza para dar cobertura financiera a proyectos con los que choca frontalmente. Si la percepción ciudadana es que el PP ha cruzado líneas rojas ideológicas para asegurar la gestión diaria, el coste no será un desgaste temporal, sino un trasvase estructural de votos y una desmovilización difícil de remontar.

<<Perspectiva innovadora – (el pacto como síntoma de un Estado fallido).

Más allá del coste financiero inmediato, este acuerdo refleja una dinámica estructural de fragmentación y debilidad institucional que caracteriza a lo que algunos analistas denominan un “Estado fallido” en ciernes. La necesidad de pactar con formaciones ideológicamente distantes para aprobar presupuestos revela una incapacidad de gobernar con mayoría propia, lo que erosiona la legitimidad democrática y alimenta la desconfianza ciudadana.

En este contexto, el pacto PP-IU en Córdoba no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda de representatividad y coherencia programática que afecta a todo el sistema político español.

N. B. Imagen. El coste del pacto presupuestario entre el PP e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba para 2026.

(Nota. Elementos clave representados en la ilustración:

El intercambio del acuerdo: Se muestra la entrega simbólica de fondos presupuestarios de las cuentas públicas de 2026 hacia las prioridades e iniciativas impulsadas por Izquierda Unida (como las partidas dedicadas a la Memoria Democrática y el rescate de empresas públicas deficitarias – Todo aumento del gasto público.).
El contraste ideológico: La composición pone en evidencia la firma y alianza política entre ambas formaciones en el marco institucional de Córdoba.
La crítica electorado del PP: En el plano posterior se refleja el descontento y la sensación de desencanto por parte de los votantes del Partido Popular ante la renuncia a sus líneas programáticas tradicionales para asegurar la aprobación presupuestaria.)

Córdoba, 26 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.