Empleo Público en Córdoba – Sector público sombra (SPS).

(Nota preliminar. En Cordoba existe junto al empleo público declarado una sombra de empleo, que constituye una administración paralela indirecta, razón por la que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.)

1.- Resumen y diagnóstico.

El análisis tradicional del empleo público basado exclusivamente en el Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas ofrece una imagen sesgada e incompleta de la verdadera dimensión del aparato público en la provincia de Córdoba.

Aunque las cifras oficiales señalan un récord de 50.661 empleados públicos directos a enero de 2026 (+1,9% interanual y +15,9% en la última década), este indicador omite sistemáticamente el volumen de empleo generado mediante contratas externas de servicios, asistencias técnicas, personal encubierto y encomiendas a empresas públicas.

Consolidamos los datos oficiales conceptualizando la existencia del denominado “Sector Público Sombra” (SPS) o “Administración Paralela Indirecta”, estimando que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

**Por otro lado,el crecimiento oficial del empleo directo (+15,9% en 10 años) se ha complementado de forma intensiva con una externalización estructural, de manera, que esta dualidad genera *una “falsa externalidad” presupuestaria, *precariedad del empleo en la cadena de subcontratación y *un notable desplazamiento de recursos humanos frente al tejido empresarial privado cordobés.

2.- Consolidación de datos oficiales – (Enero 2026 vs. Histórico).

**Para entender el asunto descrito, se detallan los datos estadísticos oficiales consolidados según la distribución por administración rectora:

*Junta de Andalucía: 25.183 – 30.960 – 31.490 +1,7% +25,0% 62,1%

*Administración Local (Ayuntamientos + Diputación): 10.330 – 10.374 -10.406 – +0,3% +0,7% 20,5%

*Gobierno Central (AGE): 8.196 – 8.385 – 8.765 – +4,5% +6,9% 17,3%.

TOTAL MUNICIPAL / PROVINCIAL: 43.709 – 49.719 – 50.661 – +1,9% +15,9% 100,0%.

<-Aclaración metodológica crítica: Parte del salto registrado en los últimos años (especialmente en 2023, con un repunte del +8,1%) responde a un cambio metodológico del Ministerio, que comenzó a computar contratos temporales inferiores a seis meses y personal en formación/prácticas, por lo que la subida real en horas-trabajo / equivalentes a tiempo completo es sensiblemente inferior al incremento nominal reflejado en la estadística.

3.- El “Sector Público Sombra” – (Externalizaciones y personal oculto).

El punto ciego más profundo y llamativo del informe oficial radica en la invisibilización del personal que presta servicios esenciales para las Administraciones Públicas, pero cuya relación jurídica formal es contractual con empresas privadas o entidades instrumentales.

***En Córdoba, este fenómeno se estructura en tres capas principales:

A.- Licitación de servicios esenciales y mantenimiento urbana.

<-En el ámbito municipal y provincial (Ayuntamientos y Diputación de Córdoba), áreas enteras operan mediante concesiones administrativas y contratos de servicios:

*Servicios sociosanitarios y ayuda a domicilio (SAD):Representa el mayor volumen de ocupación externalizada. Miles de trabajadoras prestan servicio público financiado por la Ley de Dependencia bajo la gestión de empresas privadas contratistas. Este colectivo no computa como empleado público a pesar de que el 100% de su salario proviene de transferencias presupuestarias públicas.

*Limpieza de edificios públicos, jardinería y recogida de residuos:A excepción de empresas públicas concretas (como Sadeco en la capital), múltiples municipios canalizan estos servicios mediante contratas privadas donde el personal figura como sector privado servicios.

*Seguridad privada y mantenimiento de infraestructuras:Vigilancia de sedes judiciales, centros de salud, dependencias administrativas y conservación de carreteras provinciales y autonómicas.

B.- Asistencias técnicas e ingeniería de software – (Personal encubierto).

Tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración General del Estado, la digitalización y la gestión de fondos europeos (Next Generation EU) se ha articulado mediante contratos de “Asistencia Técnica”.

<-Cesión ilegal de trabajadores de facto:Decenas de consultores, informáticos, ingenieros y administrativamente cualificados trabajan de facto integrados en los equipos directivos de las consejerías y ministerios en Córdoba, con horarios y directrices públicas, pero formalmente contratados por consultoras privadas (las llamadas “EITTs” o consultoras tecnológicas).

C.- Encargos a medios propios y empresas públicas – (TRAGSA, FAISEM, etc.).

El recurso continuado a encomiendas de gestión a entidades como TRAGSA o agencias públicas empresariales permite contratar personal laboral temporal por obra y servicio público sin incrementar las plantillas funcionariales en el registro oficial del Ministerio.

4.- Análisis crítico socio-jurídico y económico.

4.1. Precarización laboral y dualidad de salarios.La externalización crea una Administración a dos velocidades. Mientras que el empleado público directo (funcionario o laboral fijo) goza de rigidez contractual, salarios regulados por convenio público y complementos de antigüedad, el trabajador del “Sector Público Sombra” (ej. personal de Ayuda a Domicilio o Limpieza subcontratada) sufre salarios ajustados al SMI o convenios sectoriales sensiblemente inferiores, mayor temporalidad y elevadas tasas de sobrecarga laboral.

4.2. Ineficiencia presupuestaria y “falsa externalidad”.El argumento tradicional para externalizar ha sido la eficiencia y el ahorro de costes. Sin embargo, en la práctica, la Administración cordobesa asume el coste directo del salario del trabajador, sumado al margen de beneficio empresarial de la contratista (6% – 15%) y el IVA correspondiente.

**Se genera así una paradoja**: “La Administración paga más por un servicio que precariza a sus prestadores directos”.

4.3. Riesgo jurídico – (Cesión ilegal y cesión de plantillas).La proliferación de asistencias técnicas continuadas genera un riesgo persistente de litigiosidad por cesión ilegal de trabajadores (Art. 43 del Estatuto de los Trabajadores).

Centenares de sentencias judiciales en Andalucía han obligado a la reconversión de personal subcontratado en “personal laboral indefinido no fijo”, engordando la plantilla pública por la vía judicial debido a malas prácticas de gestión de personal.

5.- Comparativa Sector Público vs. Sector Privado Cordobés.

La estructura económica de Córdoba presenta un desequilibrio estructural preocupante cuando se contrapone el dinamismo del empleo público con la realidad del tejido productivo privado. (Sector Privado).

–Volumen de empleo: 50.661 directos (~65.000 si se suma el SPS estimativo). ~245.000 afiliados a la Seguridad Social (Régimen General + RETA).

–Peso sobre el empleo total:Representa entre el 17% y el 21% de la población ocupada.

Representa 79% – 83% de la fuerza laboral.

–Estructura del tejido:Gran concentración en la Junta de Andalucía (62,1%). Servicios de Salud y Educación. Atomización extrema: Micropymes (<5 empleados) y autónomos (RETA 54.000).

–Nivel salarial medio: *Estimado en 2.200 – 2.500 €/mes brutos (mayor peso de titulados superiores). SECTOR PRIVADO (CÓRDOBA)

*Estimado en 1.550 – 1.750 €/mes brutos (lastrado por agricultura y servicios no cualificados).

–Estabilidad y fricción:Inamovilidad laboral (funcionarios) y muy baja rotación voluntaria. Alta estacionalidad (campañas agrícolas, hostelería, comercio).

–Efecto “estructura”:Atracción del talento cualificado (oposiciones como principal vía de ascenso social). Fuga de talento profesional/tecnológico hacia otras provincias/regiones.

<-Efectos distorsionadores o falseadores sobre la economía local:

*Efecto expulsión del talento:La brecha salarial y de condiciones de trabajo entre el empleo público y el privado cordobés (caracterizado por servicios de bajo valor añadido, comercio y agricultura) incentiva a los jóvenes universitarios y cualificados a opositar masivamente en lugar de emprender o incorporarse a pymes locales.

*Dependencia del presupuesto público:La economía cordobesa depende en exceso de las nóminas públicas y las pensiones para sostener el consumo interno y el comercio minorista, reduciendo la capacidad de innovación y exportación de la provincia.

*Sostenibilidad fiscal local:Con más de 50.000 empleados directos y una población envejecida, la ratio entre cotizantes puros del sector privado y perceptores/empleados públicos se sitúa en niveles de alta vulnerabilidad financiera. (Nota. Existe una situación de extrema fragilidad económica en el sector privado, que carece de recursos, ahorros o capacidad de ingresos suficientes para afrontar imprevistos económicos, deudas o cubrir sus necesidades básicas.)

6.- Propuestas e innovaciones en la gestión del empleo público.

***Para superar la miopía estadística y la ineficiencia del modelo actual en Córdoba, se proponen las siguientes líneas de actuación innovadoras:

1.- Implantación de la “RPT consolidada” – (Registro Único de Personal Externo).Crear una plataforma de auditoría obligatoria en la que las Administraciones públicas cordobesas deban registrar no solo sus plazas funcionales, sino cada contrato de servicio externalizado expresado en Horas/Hombre e Indicadores de Ocupación Efectiva. Solo así se conocerá la huella laboral real del Estado en la provincia.

2.- Auditoría de valor por dinero en concesiones y subcontratas.Someter los contratos de externalización a evaluaciones transparentes. Si la contratación externa resulta más costosa que la provisión directa (al sumar el IVA y el margen comercial) y además degrada las condiciones laborales de los prestadores del servicio, se debe proceder a la internalización o gestión directa eficiente.

3. Modernización opositores-pyme – (Bolsas de empleo híbridas).Articular mecanismos para que el enorme contingente de profesionales cualificados que preparan oposiciones en Córdoba y no obtienen plaza puedan conectar dinámicamente con el sector privado local, incentivando su contratación mediante bonificaciones en sectores estratégicos (logística, agroindustria avanzada, tecnología).

N.B. Imagen. El empleo público y su sector público sombra en Córdoba – (SPS).

(Nota. Análisis consolidado, evaluación crítica del empleo directo vs. externalizado y comparativa con el mercado privado cordobés.)

Córdoba, 27 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

En defensa del Rey y de la Corona – (El valor constitucional de la Jefatura del Estado frente a la refriega partidista)

La España actual atraviesa un tiempo político convulso, marcado por una polarización constante y por un desgaste institucional que, en numerosas ocasiones, traspasa las líneas de la prudencia democrática. En este escenario, quienes defendemos la monarquía parlamentaria consagrada en la Constitución de 1978 no podemos instalarnos en la pasividad.

Ha llegado el momento de alzar la voz con firmeza, sin complejos y desde el rigor jurídico, para reivindicar el papel capital que el Rey Felipe VI, la Corona y la Princesa de Asturias desempeñan como garantes de nuestra convivencia.

1.- La Corona – (Pilar de estabilidad y neutralidad).

El Título II de nuestra Carta Magna diseña con precisión quirúrgica el estatus de la Jefatura del Estado. Lejos de ostentar un poder ejecutivo propio -que corresponde enteramente al Gobierno de la Nación y cuyas decisiones quedan sujetas al refrendo preceptivo del artículo 64-, el Rey ejerce una función moderadora y arbitral.

*Símbolo de unidad: El artículo 56 define al monarca como símbolo de la unidad y permanencia de España.

*Neutralidad intachable: Felipe VI ha demostrado un compromiso férreo con la neutralidad política, desvinculándose de la refriega partidista y actuando estrictamente dentro de los márgenes que marca la Constitución.

*Mando Supremo Militar: Como Capitán General de los Ejércitos (artículo 62.h), el Rey encarna el vínculo histórico y la lealtad constitucional de unas Fuerzas Armadas que sirven con profesionalidad y apartidismo a la defensa de todos los españoles.

Frente a los intentos recurrentes de debilitar las instituciones desde sectores gubernamentales o aliados del Ejecutivo que buscan erosionar el modelo de Estado, la Corona se mantiene como el dique de contención más sólido frente a la disgregación territorial y la fractura social.

2.- La indispensable labor del Rey en el presente.

Se extiende a veces el bulo interesado -con un claro sesgo peyorativo- de que el Jefe del Estado “no hace nada” en los momentos críticos de la nación. Nada más lejos de la realidad.

La labor de arbitraje institucional de Felipe VI es constante, silenciosa pero efectiva. Garantiza la normalidad democrática en la propuesta de candidatos a la Presidencia del Gobierno, sanciona y promulga las leyes con puntualidad rigurosa y representa a España en la escena internacional con un prestigio indiscutible, cuidando especialmente los lazos con la comunidad histórica iberoamericana. Sostener la Jefatura del Estado en un Parlamento fragmentado y sometido a tensiones constantes exige una altura de miras, una ejemplaridad y una discreción que el Rey cumple de manera sobresaliente.

3.- El futuro garantizado – (La Princesa Leonor).

El relevo generacional que representa S.A.R. doña Leonor, Princesa de Asturias, aporta una bocanada de aire fresco y esperanza a la monarquía parlamentaria. Su rigurosa formación institucional, universitaria y castrense, unida a la cercanía y naturalidad con la que afronta sus responsabilidades públicas, ha conquistado a la inmensa mayoría de la sociedad española.

Los datos demoscópicos reflejan con claridad esta realidad: “La Princesa de Asturias cuenta con un respaldo ciudadano extraordinario, siendo valorada de forma transversal -incluso entre las generaciones más jóvenes- como una futura Reina preparada, solvente y profundamente comprometida con los valores constitucionales.

<<Conclusión>>

Defender al Rey y a la Corona en este momento no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad democrática. La monarquía parlamentaria en España no es un obstáculo para el progreso, sino el cimiento sobre el que se sustenta nuestra democracia, nuestros derechos y nuestra convivencia pacífica.

N.B. En defensa del Rey y de la Corona.

Frente al sectarismo y el desgaste institucional interesado, los demócratas y monárquicos constitucionales tenemos el deber cívico de respaldar sin titubeos a nuestro Jefe del Estado.

Córdoba, 25 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de trabajo y S.S.

Córdoba y la «paradoja de la cigarra» – (vulnerabilidad climática extrema y gestión del agua – Pantanos llenos un problema)

En Córdoba se habla y se discute sobre turismo, infraestructuras o el dato mensual del paro, sin embargo, el verdadero problema estructural de nuestra provincia vive sepultado bajo el silencio y el olvido:

“La vulnerabilidad climática extrema y el agotamiento de nuestro modelo de gestión del agua”.

Hoy, mientras las portadas celebran que los embalses están en máximos históricos tras las últimas lluvias, volvemos a caer en la trampa, de forma, que operamos con la mentalidad de la cigarra:

“Cantamos en la abundancia puntual e ignoramos que el invierno climático llegará, y, cuando llegue, nos pillará sin deberes hechos”.

<<El espejismo del agua embalsada>>

Un año de embalses llenos no es una solución, sino que es una alucinación engañosa que paraliza las reformas estructurales en la cuenca del Guadalquivir.

La tendencia es clara: “Periodos de sequía más largos y severos cortados por lluvias concentradas”.

Estar en «modo cigarra» implica que, en cuanto suben los niveles de agua, la presión política y social desaparece, de manera, que se aplazan las inversiones complejas, se perdonan las pérdidas por fugas en las redes municipales y se olvida que Europa entera -desde el Danubio hasta el Rin- está encarando una aridez estructural sin precedentes.

<<Anatomía de la inacción – (tres frentes olvidados)>>

*El campo como trinchera: El sector primario (olivar, dehesa y regadío) es el motor de la provincia, pero sigue sin una reconversión hídrica real orientada a la tecnología de precisión.

*Ciudades sin refugio: Córdoba registra las temperaturas más altas de Europa, pero la renaturalización urbana, la sombra en las calles y la eficiencia energética avanzan a ritmo de caracol.

*Fuga de recursos: La reutilización de aguas regeneradas para uso industrial o urbano es testimonial, mientras redes obsoletas pierden un porcentaje inasumible de agua potable antes de llegar al grifo.

<<El caso La Colada – (Radiografía de un fracaso institucional y social)>>

El norte de la provincia (Los Pedroches y El Guadiato) ha sido la prueba de carga del sistema, de forma, que hay 80.000 vecinos dependiendo de camiones cisterna, mientras las administraciones jugaban al ping-pong de competencias para no asumir la depuración y la contaminación en origen.

¿Por qué ocurre esto?

***Por dos motivos claros:

<-Inercia política: Las instituciones prefieren la gestión del corto plazo y los parches provisionales.

<-Fragmentación social: Carecemos de una red ciudadana provincial, de manera, que solo nos movilizamos solo cuando el agua deja de salir por el grifo de nuestro municipio. Cuando vuelve a llover, la presión se disipa y el problema se archiva.

<<Del activismo a la «hormiga hídrica»>>

Si la política vive en su realidad paralela, el impulso debe articularse desde la sociedad civil. La capital y la provincia necesitan entender que el agua no es un debate localista, sino la columna vertebral de nuestra supervivencia económica y social.

<<Propuesta para una alianza provincial por el agua>>

Nivel de acción	Objetivo principal	Mecanismo de ejecución
1. Mesa Provincial del Agua	Crear una plataforma independiente de partidos	Red entre asociaciones vecinales (como Al-Zahara), comunidades de regantes y ganaderos.
2. Relato Urbano-Rural	Conectar el grifo de la ciudad con la mesa del campo	Divulgar cómo la escasez agrícola encarece la cesta de la compra urbana.
3. Presión y Fiscalización	Exigir transparencia presupuestaria	Movilizaciones simétricas en la capital y comarcas para exigir el fin de las fugas e inversiones en depuración.
4. Litigación y Técnica	Elevar la exigencia institucional	Alianzas con la Universidad de Córdoba (UCO) y acciones jurídicas conjuntas ante defensores del pueblo y tribunales.

nota, imagen,

(Nota. Tratar el cambio climático y la escasez de agua como «emergencias puntuales de verano» es un lujo que Córdoba ya no se puede permitir. La única forma de evitar la próxima crisis es actuar como hormigas hoy, aprovechando la bonanza presupuestaria e hídrica para modernizar cada red, blindar cada cauce y fiscalizar cada euro. El agua no se gestiona cuando falta, sino que se asegura cuando sobra.)

N.B. Imágenes. La vulnerabilidad climática extrema y la gestión del agua en Córdoba.

1ª. Imagen. El problema de los pantanos llenos.

2ª. Imagen. Una advertencia contra la inacción.

(Nota. Una advertencia. La sequía azota Europa y se convierte en la nueva realidad del continente europeo para los próximos veranos. Los ríos Danubio, Rin, Po y Támesis, etc. registran niveles críticos que afectan a la agricultura, generación eléctrica y transporte fluvial.)

El lejano fantasma de una sequía que volverá a Andalucía

Córdoba, 23 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Menores migrantes en Andalucía – (El nudo gordiano institucional y la vía de la externalización)

La gestión de los menores extranjeros no acompañados (algunas veces referidos bajo las siglas MENA) procedentes de las costas andaluzas y de la Ciudad Autónoma de Ceuta sitúa a la Junta de Andalucía en una encrucijada sin precedentes. El problema ha superado la mera gestión asistencial para convertirse en una crisis institucional, presupuestaria y constitucional de primera magnitud, que pone a prueba la arquitectura del Estado de las Autonomías y los pilares del Espacio Schengen.

1.- El conflicto autonómico y el marco legal.

**El Gobierno regional andaluz afronta una doble tensión:

*Tensión política interna: El Pacto de Gobernabilidad (PP-Vox) firmado en julio de 2026 aboga por rechazar el reparto interautonómico impulsado por el Gobierno central, priorizando los planes de retorno a los países de origen. Sin embargo, la Presidencia de la Junta –aun advirtiendo sobre el riesgo de un «efecto llamada»– reitera su compromiso con la legalidad vigente y con los convenios bilaterales previos firmados con Ceuta en 2024 para el traslado de tutela.

*Imperativo legal y fiscal: La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y el Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la tutela de menores desamparados en su territorio. Tanto la Fiscalía General como el Ministerio de Juventud e Infancia recuerdan que esta obligación es indisponible, mientras que las ONGs advierten sobre la saturación de los centros de acogida en la costa andaluza (Algeciras, Almería, Granada y Cádiz).

2.- La vía de solución – (Tramitación extraordinaria en origen o terceros países).

Ante la ineficacia de las fórmulas tradicionales y el riesgo de colapso de los servicios públicos de bienestar, la respuesta más solvente y jurídicamente _articulada pasa por un cambio de perspectiva:

“La tramitación extraordinaria fuera del territorio peninsular”.

<-Ejes del modelo.

1.- Centros de tramitación en terceros países: Establecer instalaciones de acogida y evaluación administrativa en países de tránsito o de origen mediante convenios bilaterales, garantizando que el análisis de la tutela o solicitud no implique la entrada automática al espacio Schengen.

2.- Priorización de la restitución familiar y repatriación: Ejecutar el retorno directo de los menores con sus familias en sus países de procedencia como medida prioritaria de protección, supeditando las relaciones diplomáticas y la ayuda al desarrollo a la cooperación efectiva en la readmisión.

3.- Hoja de ruta institucional para Andalucía.

Dado que las competencias en extranjería, fronteras y relaciones internacionales corresponden en exclusiva al Estado (art. 149.1.2ª y 3ª CE), Andalucía debe liderar este cambio mediante la iniciativa y la presión institucional:

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA │

└───────────────────────────┬────────────────────────────┘

│

┌─────────────────────┼─────────────────────┐

▼ ▼ ▼

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐

│ Iniciativa │ │ Exigencia │ │ Condición │

│ Legislativa │ │ Diplomática │ │ Presupuestal │

└──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘

│ │ │

▼ ▼ ▼

Reformar la Ley Activar convenios Exigir carácter

de Protección del bilaterales con transitorio de los

Menor ante las Marruecos para centros andaluces y

Cortes Generales retornos seguros financiación 100%

1.- Iniciativa legislativa autonómica: Presentación de una Proposición de Ley autonómica ante el Congreso de los Diputados para reformar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Extranjería, situando la repatriación y reagrupación familiar en origen como el principio rector prioritario.

2.- Exigencia de acuerdos bilaterales: Reclamar la activación inmediata de los acuerdos internacionales vigentes (como el convenio de reactivación de retornos con Marruecos) y alinearse con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.

3.- Litigación institucional y condicionado financiero: Plantear conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional si se imponen repartos obligatorios sin la correspondiente asignación presupuestaria estatal completa, exigiendo que los recursos en suelo andaluz tengan un carácter estrictamente temporal de tránsito.

<<Conclusión>>

El sostenimiento del modelo de bienestar y la seguridad jurídica en Andalucía dependen de trascender el parcheo presupuestario. La firmeza institucional, canalizada a través de iniciativas legislativas valientes ante el Estado y la UE, constituye la única vía realista para conciliar el respeto al Derecho con la sostenibilidad de nuestros recursos públicos.

N. B. Imagen. (Menores migrantes en Andalucía).

(Nota. El Puente Institucional y Diplomático: Representa la vía de la externalización y los convenios bilaterales uniendo las dos orillas del Mediterráneo (Andalucía y el Norte de África) a través de la cooperación, la legalidad y el acuerdo institucional.).

Córdoba, 22 de agosto de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.

Nacionalismo fiscal – mito de la solidaridad en el Sistema de Pensiones

Análisis sobre la fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales

1.- RESUMEN – (EL PROBLEMA).

El debate fiscal en la España descentralizada se centra en las aportaciones tributarias directas de las Comunidades Autónomas más prósperas al fondo común de financiación territorial, sin embargo, se ignora de manera sistemática la **asimetría estructural del sistema de Seguridad Social**.

Mientras que regiones con mayor nivel de renta o regímenes fiscales singulares defienden la «ordinalidad» o la retención de sus ingresos tributarios bajo premisas de soberanía iscal, *externalizan o silencian los déficits contributivos del sistema público de pensiones de sus propios territorios.

Este fenómeno constituye una paradoja socioeconómica: **Un “nacionalismo fiscal a la carta”** que reclama la gestión exclusiva o prioritaria de los ingresos tributarios con superávit, pero mantiene la mutualización ilimitada del déficit contributivo en el Fondo de Reserva o en la financiación estatal de la Seguridad Social.

**Tesis central de injusticia institucional.

Permitir que las regiones prósperas limiten su contribución a la solidaridad tributaria común mientras dependen del esfuerzo fiscal nacional para cubrir sus brechas o garantizar pensiones proporcionalmente más altas (debido a sueldos promedio superiores), *vulnera la equidad interpersonal y genera un modelo de interdependencia asimétrica e insolidaria.

2.- CONTEXTO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA DEL DÉFICIT DE PENSIONES.

Para comprender la dinámica de esta fractura, es necesario desgajar el flujo de ingresos y gastos de la Seguridad Social por magnitudes territoriales y sociodemográficas:

Dimensión de análisis Comunidades de renta alta/ Comunidades Renta Media

Regímenes Singulares. /Resto del estado

Base Cotizable

Promedio Elevada (Salarios medianos más altos, menor

desempleo estruct.)

Media / Baja (Sectores intensivos en

mano de obra básica)

Pensión Promedio

Generada Alta (Próxima o en el tope máximo del sistema) Media / Moderada

Tasa de Reemplazo

Demográfico Severamente envejecida en regiones Variable; envejecimiento rural

industriales; dependiente de inmigración acentuado

Tratamiento Fiscal

Pretendido Soberanía o balanzas fiscales neutras/ Financiación autonómica

favorables (Cupo / Ordinalidad) redistribución común

Asunción del Déficit

Contributivo Transferido a la «Caja Única» estatal

(Mutualizado) Mutualizado en el conjunto

nacional

Cuando las regiones prósperas exigen que lo recaudado en sus territorios se quede en ellos (vía concertación, cupos o agencias tributarias propias), se rompe el principio de progresividad del Estado social.

El salario de un trabajador en una CC.AA. desarrollada y sus cotizaciones y base tributaria dentro de ese territorio son superiores y más elevadas, pero la infraestructura social y la masa laboral de soporte a menudo proviene o interactúa con el resto del país.

3.- LA PARADOJA FISCAL DE LA RECÍPROCIDAD.

Existe una distorsión narrativa en el concepto de *”comunidades ricas pagadoras”*. La narrativa tradicional argumenta una falacia, concretamente, que las regiones de mayor PIB sufren una *”expoliación fiscal”* al transferir recursos a regiones menos prósperas, pero esta afirmación omite intencionadamente tres vectores económicos clave:

-El Efecto sede y la captación de rentas: Las regiones prósperas concentran las sedes corporativas de empresas que facturan en todo el Estado, atribuyéndose artificialmente una capacidad recaudatoria que se nutre del mercado nacional conjunto.

-El retorno implícito de las pensiones: Al gozar de salarios más altos, los jubilados de las regiones ricas perciben prestaciones públicas sensiblemente superiores a la media nacional. El coste por pensionista es significativamente más elevado en estas regiones.

-La exención implícita del riesgo de sostenibilidad:Si el sistema de pensiones se territorializara de forma estricta (calculando los ingresos por cotizaciones locales frente al pago real de pensiones asignadas a esa región), *varias de las regiones partidarias de la soberanía fiscal se enfrentarían a severos ajustes o quiebras presupuestarias debido a la pirámide poblacional y la tasa de dependencia*.

4.- CRÍTICA – (EL PRINCIPIO DE “PROPORCIONALIDAD INTEGRAL CONTRIBUTIVA”).

Para abordar esta insolidaridad de forma analítica y superando los clichés del debate tradicional, introducimos una perspectiva crítica innovadora: **La falacia de la desconexión fiscal selectiva**.

*El Concepto de “asimetría de riesgo seleccionado” (ARS).

El nacionalismo fiscal actúa bajo un patrón de “Privatización de Beneficios Tributarios y Socialización de Costes Prestacionales”. Se exige la gestión autonómica de los impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, IVA local) alegando que pertenecer al territorio otorga derecho exclusivo sobre sus rentas, *pero se califica el sistema de pensiones como una “competencia inalienable del Estado” para que la deuda del sistema de la Seguridad Social sea financiada por la deuda pública global estatal.

***Frente a esta distorsión, una crítica innovadora plantea los siguientes puntos de ruptura:

A.- El mantenimiento de la “Caja Única” como refugio de conveniencia. El principio de Caja Única es constitucionalmente solidario e interpersonal (los individuos pagan, no los territorios). Sin embargo, cuando los actores políticos regionales utilizan el argumento del territorio para congelar la aportación a los servicios públicos generales, pero apelan al individuo universal cuando el gasto en pensiones autonómico es deficitario, incurren en una **falsificación del pacto federal/autonómico**.

B.- La deuda oculta por pensiones no contabilizada en la financiación autonómica. Si una Comunidad Autónoma rica reduce sus impuestos propios (ej. deducciones masivas o bonificaciones al Patrimonio e Sucesiones), mientras la Administración General del Estado tiene que inyectar decenas de miles de millones de euros vía Presupuestos Generales para cubrir el déficit de la Seguridad Social, *la comunidad rica está transfiriendo indirectamente su gasto público al endeudamiento común del Estado*.

Su “bonanza presupuestaria” es una ilusión generada porque no asume el verdadero coste del capital social y reproductivo de sus trabajadores senior.

C.- Propuesta político-económica disruptiva: El índice de solidaridad netodeterminada (ISN).

Para destapar la insolidaridad del nacionalismo fiscal, se propone la creación del **Índice de Solidaridad Netodeterminada (ISN)**. Este índice no mide la balanza fiscal de manera aislada (Impuestos Pagados vs. Inversión Estatal), sino que incorpora la **Masa Neta de Transferencias de Previsión Social**:

Balance Fiscal Real = (Aportación Tributaria Efectiva) − [Gasto Estatal en Región + Suplemento Estatal a Pensiones Regionales]

Al aplicar este cálculo, la pretendida condición de “donantes netas” de muchas comunidades ricas se reduce sustancialmente o se revierte, poniendo en evidencia que la prosperidad regional está intrínsecamente blindada por la red de seguridad del Estado global.

5.- CONCLUSIONES.

El nacionalismo fiscal que pretende desligar la aportación tributaria rica del sostén común, mientras utiliza la caja común para cubrir el déficit de sus pensiones o el coste de sus pensionistas de alta renta, atenta contra el principio de equidad vertical y horizontal.

<-Consolidación de balanzas de protección social: Transparencia total sobre el coste real de las pensiones en cada CCAA en comparación con las cotizaciones sociales ingresadas en ese mismo territorio. <-Vinculación de la autonomía fiscal a la sostenibilidad social: Ninguna Comunidad Autónoma debería poder exigir la cesión total de impuestos o ventajas de cupo sin asumir la responsabilidad proporcional en la liquidación o corresponsabilidad del déficit de pensiones generado en su ámbito. <-Defensa del principio interpersonal sobre el territorial: Recordar que los impuestos y las cotizaciones las pagan las personas según su capacidad económica, y las pensiones las reciben las personas según sus derechos adquiridos, erradicando la instrumentalización del territorio para el privilegio fiscal.

N.B. Imágenes. Fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales.

1ª. Imagen. Renta alta y aportación 0.

2ª. Imagen. Andalucía postergada.

Córdoba, 21 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.