El pasado 18 de enero, la tranquilidad de Adamuz se rompió por el peor accidente ferroviario de nuestra historia reciente, más de 41 vidas perdidas, otros tantos desaparecidos y cientos de heridos no son solo una cifra, sino que son el síntoma trágico de una enfermedad, que España lleva años ignorando, concretamente, el “déficit oculto” de nuestras infraestructuras.
Como ciudadanos y profesionales, solemos mirar las leyes, pero rara vez miramos lo que hay bajo el asfalto o tras las catenarias, aunque, la realidad es dura, porque hemos preferido inaugurar lo nuevo, que “mantener lo necesario”.
1.- El “Déficit Oculto”.
Es la deuda técnica que acumulamos cada vez que un político prefiere cortar una cinta de una obra nueva (CAPEX – gastos de capital) antes que arreglar una viga vieja (OPEX – gastos operativos).
Actualmente, España necesita entre 150.000 y 180.000 millones de euros solo para poner al día lo que ya tenemos, porque estamos viviendo en una casa con domótica de última generación, pero con las tuberías a punto de reventar.
2.- Radiografía de un abandono sistémico.
Sector
El Problema Real
El Riesgo para nosotros
Trenes
Dos velocidades: AVE de lujo vs. Cercanías y red convencional olvidadas.
Descarrilamientos por fatiga de materiales.
Carreteras
El peor estado en 40 años. 1 de cada 3 km necesita reconstrucción.
“Piel de cocodrilo” en el asfalto que reduce el agarre y causa accidentes.
Agua
Perder el 25% del agua potable por fugas en tuberías obsoletas.
Socavones urbanos y falta de suministro en sequías.
Luz
Redes viejas que no aguantan el autoconsumo ni el clima extremo.
Grandes apagones como el de abril de 2025.
3.- Del “caso fortuito” a la negligencia de la Administración.
Desde una perspectiva jurídica, el accidente de Adamuz cambia las reglas del juego, pues ya no vale la excusa de la “mala suerte” o el “caso fortuito”.
Si existen avisos previos (como, al parecer, los hubo en junio de 2025) y la Administración no actuó, estamos ante una falta de diligencia clara (art. 106 CE), de forma, que el ciudadano perjudicado tiene derecho a ser indemnizado, aunque no deberíamos esperar a la tragedia para exigir responsabilidades. Por otro lado, la justicia lenta (con retrasos de 5 años) actúa como un muro que protege la inacción política.
4.- Soluciones. (No más parches, sino tecnología y ley).
Para salir de este bache, propongo una gestión radical basada en tres pilares:
<-Gemelos Digitales e IA: Sensores que avisen de que una vía va a romperse antes de que pase el tren. Dicho de otra manera, un “mapa vivo” de nuestra seguridad.
<-Libros de contabilidad inmutables -blockchain- contra la corrupción: Que cada euro destinado a mantenimiento sea rastreable, de forma, que basta de obras menores, de contratos fraccionados y de cosas parecidas.
<-Ley de Garantía de Mantenimiento (LGMIC): Blindar por ley que el 2% del valor de las infraestructuras se use sí o sí para conservarlas, sin que el político de turno pueda tocar ese dinero para otros fines.
<< Un ciudadano activo – (“Fiscalización Social”>>
No podemos ser sujetos pasivos, ya que, como profesionales debemos ser estrategas de la responsabilidad, pero como ciudadanos, debemos denunciar y, sin duda, somos muchos.
1.- Mapea el riesgo: Usa apps para reportar baches o fallos.
2.- Rompe la “buena fe”: Notifica formalmente los riesgos a la Administración, ya que, si pasa algo y los responsables lo sabían, su responsabilidad penal y patrimonial es total.
<<Conclusión>>
Adamuz nos ha enseñado que el mantenimiento no es un gasto, es un seguro de vida, de manera, que es hora de dejar de mirar la foto de la inauguración y empezar a exigir la seguridad de lo cotidiano -del día a día-.
N.B. Las infraestructuras en España están como están, sin mantenimiento y conservación adecuadas, de forma, que existe un “déficit oculto”, que tiene graves implicaciones.
El artículo 14 de la Constitución Española proclama con solemnidad que “los españoles son iguales ante la ley”, pero en los pasillos abarrotados de nuestros juzgados, esta igualdad se desvanece como humo entre montañas de expedientes polvorientos, macrocausas mediáticas y una administración de justicia crónicamente desfinanciada. La realidad es muy dura, porque en España, operan dos velocidades judiciales: Una rápida y reluciente para los casos con cámaras y titulares, y, otra lenta, retorcida y olvidada para la justicia cotidiana, que impacta directamente en la vida de la gente de a pie.
Esta brecha no es un accidente, sino que es un fallo sistémico, que erosiona la democracia y perpetúa la impunidad de los más fuertes.
<<La Desigualdad en la Justicia Española – (Un análisis realista)>>
La justicia española, lejos de ser un baluarte de equidad, se ha convertido en un espejo deformado de las desigualdades sociales.
**Analizamos los puntos clave donde la promesa constitucional se quiebra:
1.- Macrocausas – (Agujeros Negros Judiciales).
Los grandes procesos -como las tramas de corrupción política o empresarial- actúan como verdaderos agujeros negros, devorando jueces, funcionarios y peritos durante años interminables, mientras tanto, miles de causas “menores” quedan paralizadas en el limbo burocrático. Una simple querella de un ciudadano anónimo, un conflicto laboral o una denuncia por irregularidades locales se pudre en un cajón olvidada, porque sin inversiones adicionales en personal y tecnología, cada macrocausa no solo paraliza un juzgado, sino que sabotea la democracia diaria, dejando a la ciudadanía desprotegida ante abusos cotidianos.
¿Es esto igualdad o un sistema diseñado para priorizar el espectáculo sobre la sustancia?
<- Brecha en la capacidad de defensa (Dinero y poder).
La imparcialidad del juez es un recipiente vacío si la defensa no es equitativa: (I). Grandes fortunas y políticos investigados por corrupción despliegan ejércitos de abogados de élite, multiplicando recursos, incidentes procesales y nulidades para dilatar los juicios hasta el agotamiento ajeno; y, (II). en contraste, el ciudadano medio -con asistencia jurídica gratuita o recursos limitados- enfrenta una guerra de desgaste que no puede ganar.
“Ladesigualdad transforma la igualdad formal en una desigualdad práctica brutal, donde el dinero compra tiempo, influencia y, a menudo, absoluciones implícitas”.
**Una crítica sin engaños: “Un sistema judicial que permite esto es injusto, porque es discriminatorio y cómplice de la corrupción”.
<-Presión Mediática y Juicios Paralelos (El circo de las portadas).
-La cobertura mediática distorsiona las prioridades judiciales de manera flagrante, ya que, los casos de portada avanzan a ritmo acelerado bajo la presión política e institucional,-mucho más numerosas y cercanas, como las en ayuntamientos o administraciones autonómicas- se embarran en la burocracia y el silencio, porque la selectividad mediática no solo acelera lo visible, sino que condena lo invisible a la impunidad.
¿Por qué un escándalo nacional recibe atención inmediata, pero un contrato irregular en un pueblo se eterniza?
La respuesta es clara: “El poder mediático dicta el tempo, perpetuando un ciclo vicioso donde la justicia se convierte en entretenimiento para unos pocos privilegiados”.
2.- Justicia Tardía (Impunidad disfrazada).
Cuando una resolución llega tras ocho, diez o más años, el daño ya es irreparable, entre otras cosas, porque el político corrupto ha abandonado el cargo, el dinero robado se ha evaporado en paraísos fiscales y la confianza pública en las instituciones se ha desintegrado, de manera que como dice el aforismo jurídico, “justicia tardía no es justicia”, ya que. es otra cosa que se llama engaño.
Esta dilación sistemática no es casual, sino que es el resultado de un sistema sobrecargado y desatendido, que favorece a quienes pueden esperar -los poderosos- y castiga a los vulnerables.
<<Una Democracia se mide por sus márgenes – (Las estadísticas que desnudan la realidad)>>
**Las tablas y datos oficiales confirman nuestra esta crítica:
<-Recursos Secuestrados, ya que, las causas mediáticas monopolizan juzgados enteros, dejando sin atención el 80% de los expedientes cotidianos (según informes del CGPJ).
<-Tiempos de espera injustos, porque los ciudadanos esperan años por resoluciones simples, mientras macrocausas avanzan con refuerzos especiales.
<-Equilibrar el poder económico, ya que, quienes contratan defensas premium obtienen ventajas procesales, con tasas de dilación un 50% superiores en casos de bajo perfil.
<-Modificar las prioridades políticas, porque las reformas judiciales se centran en lo macro, ignorando lo local y perpetuando la brecha.
Una justicia verdaderamente igualitaria no se limita a proclamar principios constitucionales formales, sino que exige garantizar, que un contrato irregular en un pueblo reciba la misma diligencia que una trama nacional.
Sin inversiones masivas en digitalización, más jueces y personal cualificado, la igualdad seguirá siendo un cascarón vacío, no una realidad tangible.
Nota . Hay que recordar con intensidad, que “la calidad de una democracia se mide por cómo trata al ciudadano sin poder, dinero ni conexiones”. Cualquier otro enfoque es hipocresía institucionalizada.
<<Un Plan para la Igualdad Real (Proyecto Lupa y Red)>>
Reformar el sistema desde arriba es quimérico en un panorama político paralizado, pero la sociedad civil puede impulsarlo desde abajo con determinación, razón por la que presentamos el Proyecto Lupa y Red, una iniciativa de vigilancia ciudadana para exigir la aplicación efectiva de las leyes existentes, sin necesidad de revoluciones legislativas.
***Este plan transforma la pasividad en acción crítica y colectiva.
**Fase 1: La Lupa – Monitorizar lo Invisible.
<-Crear observatorios locales impulsados por vecinos para rastrear casos de corrupción o abusos administrativos que el sistema ignora.
<-Registrar tiempos de espera en bases de datos públicas y accesibles, exponiendo la lentitud endémica.
<-Comparar públicamente el ritmo de casos locales versus mediáticos, usando datos para denunciar la desigualdad. Los datos no mienten: son la herramienta más afilada contra la indiferencia burocrática.
**Fase 2: La Red – Solidaridad Colaborativa.
<-Impulsar plataformas de crowdfunding jurídico y redes de abogados voluntarios para nivelar el campo de juego.
<-Acompañar a denunciantes protegidos por la Ley de Protección del Informante, rompiendo su aislamiento.
<-Convertir el miedo y la soledad en fuerza colectiva, donde la comunidad respalda al individuo contra el Goliath institucional.
**Fase 3: Ruido Selectivo – Hacer Visible lo Oculto.
<-Organizar presencia ciudadana en juzgados para demostrar vigilancia y presión pública.
<-Denunciar retrasos en redes sociales, etiquetando a organismos judiciales y medios con datos verificables y contundentes. Este “ruido” no es caos; es transparencia estratégica que obliga al sistema a rendir cuentas.
<<Ciudadanos frente al Sistema (Herramientas de defensa)>>
Debilidad del Ciudadano
Herramienta de Combate
Acción Práctica
Falta de Recursos
Acción Popular Colectiva
Compartir costes de denuncias en asociaciones y plataformas.
Soledad
Redes de Apoyo
Acompañar a denunciantes y testigos en juicios y procesos.
Desconocimiento
Alfabetización Jurídica
Organizar talleres gratuitos sobre plazos, procedimientos y derechos.
Invisibilidad
Digitalización del Escándalo
Publicar cronogramas y retrasos en plataformas abiertas para viralizar la injusticia.
<<El efecto gota de agua (Transparencia como arma).
No pretendemos colapsar el sistema, sino incomodarlo con una transparencia implacable. Un juez consciente de que sus tiempos son escrutados actúa con mayor diligencia, y, además, un político expuesto no puede esconderse.
Es un hecho indudable: “La justicia falla cuando unos gritan y otros callan”. Critiquemos esta asimetría y actuemos para equilibrarla.
<<Iniciar el cambio (Pasos concretos)>>
1.- Asumir que la corrupción “menor” -esa que afecta a tu hospital, colegio o calles- es tan corrosiva como la nacional.
2.- Recordar que diez personas coordinadas pueden auditar y transformar toda una ciudad.
N. B. El cambio no vendrá de decretos lejanos, sino que surge cuando la sociedad civil decide mirar, medir y actuar con seriedad y persistencia.
El artículo 14 de la C. E. debe pasar de ser una declaración formal a una igualdad real y eso depende de nosotros.
Es una realidad indiscutible que el acceso a la vivienda representa hoy el principal obstáculo para el futuro de Córdoba, especialmente para nuestros jóvenes, quienes se ven obligados a posponer proyectos vitales o emigrar en busca de oportunidades. Sin embargo, al examinar los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026, la situación resulta desoladora: <Bajo un epígrafe grandilocuente como “Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda>, la inversión real en “ladrillo social” se diluye en un océano de gastos burocráticos, mantenimiento de estructuras obsoletas y subsidios a empresas deficitarias, que poco o nada contribuyen a resolver la emergencia habitacional de los cordobeses en la Provincia.
1.- La paradoja de las cifras – (Mucho ruido y pocas casas).
La Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda maneja un presupuesto de 39.902.802,45 euros, una cifra que a primera vista podría parecer ambiciosa. No obstante, al desgranar las partidas, emerge una realidad cruda y decepcionante:
<-Inversión real en vivienda: Apenas 3.021.340 euros se destinan en 2026 a concluir 46 viviendas protegidas en alquiler, distribuidas en solo 11 municipios de la provincia. Esta cantidad forma parte de un programa plurianual (2023-2026) con un presupuesto total de 5,54 millones de euros, pero resulta insignificante ante la demanda provincial acumulada.
<-La disparidad flagrante: Mientras la provincia clama por soluciones habitacionales, la Diputación asigna más del doble -6.621.000 euros- al mantenimiento y rehabilitación de sus propios edificios y sedes, como los Colegios Provinciales, los edificios Fernando III y El Carmen, la Residencia Matías Camacho o el Albergue de Cerro Muriano. A esto se suman las aportaciones compensatorias para cubrir pérdidas millonarias en empresas públicas como Emproacsa (aguas) y Epremasa (residuos), que superan con creces la inversión en vivienda y revelan una gestión ineficiente e impune.
<-La proporción reveladora: La inversión directa en vivienda representa apenas el 7,57% del presupuesto de esta delegación y un ridículo 0,58% del presupuesto total consolidado de la Diputación, que asciende a 522.900.443 euros. Estas cifras no son casuales, pues reflejan una priorización equivocada que ignora la crisis demográfica y el despoblamiento rural.
2.- El peso de la maquinaria burocrática.
Para comprender por qué no se construye más, basta con observar cómo se consume el presupuesto en la Diputación de Córdoba, ahora gobernada por el PP. La diferencia de más de 26 millones de euros que no se dirige a inversiones directas se evapora en el sostenimiento de la propia institución, perpetuando un ciclo de ineficiencia:
Concepto
Cuantía (euros)
Destino real
Funcionamiento interno
25.211.000
Nóminas, limpieza, suministros y burocracia en el Palacio de la Merced y otras sedes.
Obras en edificios propios
6.621.000
Rehabilitación de colegios provinciales, residencias y albergues propios.
Vivienda pública
3.021.340
Construcción de solo 46 viviendas protegidas en toda la provincia.
Transferencias y ayudas
2.000.000
Ayudas a natalidad (1.200.000), patrimonio cofrade (500.000) y prevención de salud (300.000 para virus del Nilo).
Otros (suelo, BOP, SIG)
3.068.000
Gestión administrativa, suelo industrial, modernización del Boletín Oficial de la Provincia (280.000) y Sistema de Información Geográfica (250.000).
Este desglose ilustra cómo la institución se ha convertido en un ente autorreferencial, donde el gasto corriente absorbe recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes.
3.- Gastos superfluos frente a una emergencia social.
Resulta inexplicable justificar ante un joven cordobés que se destinen 500.000 euros a la restauración de arte sacro o 280.000 euros a modernizar el Boletín Oficial de la Provincia, mientras la partida para su derecho constitucional a una vivienda digna permanece residual. Añádase a esto los 500.000 euros para la retirada de fibrocemento o los 300.000 euros para combatir el virus del Nilo, que, aunque necesarios, palidecen ante la inacción en vivienda.
La Diputación se ha transformado en una estructura que se autoalimenta, donde el gasto en personal y mantenimiento de palacios históricos agota la capacidad de maniobra. No se trata de escasez de recursos -el presupuesto total crece un 14,92% hasta los 385.416.969 euros-, sino de una jerarquía de prioridades profundamente errónea y desconectada de la realidad social.
4.- Una propuesta de inversión real.
Desde Córdoba Abierta (ACOA), defendemos un cambio de rumbo inmediato y radical.
**Una inversión responsable en vivienda debería incluir:
1.- Reducción del gasto corriente: Optimizar la gestión administrativa para redirigir al menos un 20% adicional de los recursos hacia vivienda, eliminando duplicidades y eficientando procesos.
2.- Plan de Choque Provincial: Superar la cifra irrisoria de 46 viviendas, duplicándola como mínimo en 2026, y estableciendo un plan plurianual que garantice al menos 500 viviendas por legislatura, priorizando municipios en riesgo de despoblamiento.
3.- Priorizar lo esencial: Ante la crisis actual, el “ladrillo social” debe prevalecer sobre la rehabilitación de edificios administrativos superfluos o subsidios a empresas deficitarias. Esto implica auditar y reestructurar entidades como Emproacsa y Epremasa para evitar que sigan siendo pozos sin fondo.
Concepto
Inversión/Gasto (euros)
Porcentaje del total consolidado
Comparativa visual
Presupuesto total consolidado
522.900.443
100%
La “tarta” completa.
Infraestructuras (obras/vías)
45.000.000
8,6%
Prioridad media-alta.
Gasto social (IPBS)
26.677.948
5,1%
Atención básica.
Vivienda (construcción 2026)
3.021.340
0,58%
Una migaja insignificante.
<<Emproacsa y Epremasa (Un dispendio crónico).
Las tarifas no actualizadas conforme al IPC acumulado y los costes salariales han condenado a estas empresas a pérdidas significativas. Emproacsa estima un déficit de 6,4 millones de euros en 2026, mientras Epremasa prevé 6,74 millones. La Diputación consigna solo 2,7 millones en aportaciones compensatorias, una medida insuficiente que obligará a desviar fondos de otras partidas o recurrir a préstamos, perpetuando el ciclo de endeudamiento.
Los cordobeses perciben con indignación que se hayan destinado 59,3 millones de euros a Emproacsa entre 2023 y 2025 (37 millones para inversiones), y 10,75 millones a Epremasa (6 millones para inversiones), convirtiéndolas en sumideros de dinero público.
Urge una reestructuración profesional, con responsabilidades para gestores anteriores, en lugar de cargar el peso sobre los contribuyentes, aunque el presidente, Salvador Fuentes, ha descartado esta opción, optando por lo fácil: que paguen los ciudadanos.
<<Conclusión>>
Si comparamos los 3.021.340 euros destinados a vivienda con los 522.900.443 euros del presupuesto total consolidado, la partida habitacional no alcanza ni el 1%, de forma, que la Diputación parece diseñada para mantener servicios mínimos (agua, basura, carreteras) y sostener su propia burocracia, relegando la creación de soluciones innovadoras -como el acceso al hogar- a una mera propina.
Es innegable que la inversión en vivienda ha caído en el olvido bajo el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, que no solo ha heredado políticas anteriores, sino que se ha convertido en prisionero de enfoques sociales y económicos ruinosos. La vivienda no es una prioridad real en la Corporación Provincial, sino el apéndice de una delegación dedicada a gestionar su propia ineficiencia, condenando a nuestros pueblos al despoblamiento y a nuestra juventud al exilio.
N.B. La vivienda en la Diputación de Córdoba no es una de sus prioridades, sino que es el <apellido> de una delegación que, en la práctica, se dedica a gestionar su propia existencia y su ineficiencia empresarial, olvidando la necesidad de crear lugares donde vivir, lo que conlleva a condenar a nuestros pueblos a la desaparición por despoblación.
Los asociados y colaboradores de Córdoba Abierta -ACOA- me preguntan sobre la financiación de las CC. AA. y como se reparte el dinero entre ellas, y, con arreglo a que criterios, pues argumentan que siempre históricamente Andalucía ha estado postergada en el cálculo de la financiación autonómica, tanto por población como por la extensión del su territorio.
Es un hecho verdadero, que entender, cómo se reparte el dinero entre las distintas CC. AA. en España parece un rompecabezas dentro de un laberinto, pero para Andalucía es una cuestión vital, que de una vez se haga justicia con nuestra tierra con un reparto justo y equitativo.
Ahora mismo la financiación de Andalucía nadie sabe que es, ni donde esta, ya que, aparece el Sr. Junqueras, la Ministra de Hacienda, vicepresidenta y más, el Presidente de la Junta de Andalucía y su Consejera, y, un largo etc. de personajes implicados, de forma, que solo queda ver y determinar si el modelo nuevo de financiación que saldrá de esta ensalada es justo para nuestra tierra andaluza, pero lo que es indudable, es que no es lo mismo una población de 8,6 millones de personas, que una población de 10 millones a efectos de calcular y fijar una financiación equitativa y solidaria.
**Unas preguntas sobre Andalucía:
¿Recibimos lo que nos corresponde?¿Por qué nuestros centros de salud a veces parecen desbordados?
La respuesta no está solo en los presupuestos, sino en quiénes somos realmente frente a quiénes dice el papel que somos.
1.- El desfase o desajuste – (Población Real vs. Población Oficial).
Uno de los grandes problemas de Andalucía es la población <invisible>, que está pero no se cuenta, pues el sistema actual paga según el “Padrón”, pero la realidad es muy distinta, así:
<-Habitantes en Andalucía según el Padrón Oficial: 8,6 millones.
<-Andalucía Real (Población Vinculada): Más de 10 millones de personas.
(Nota. Hay en Andalucía 1,6 millones de personas como mínimo (jubilados nacionales y europeos, teletrabajadores, veraneantes de larga estancia, etc.), que consumen sanidad, farmacia y servicios en casi toda nuestra tierra, pero que el Estado no envía ni un euro por ellas).
Andalucía “regala” servicios a una población equivalente a toda la ciudad de Madrid, que no computa en el reparto autonómico.
2.- El déficit histórico.
Históricamente, Andalucía ha estado infrafinanciada.
**Según informes de expertos, hasta finales de 2025:
<-Recibíamos unos 1.522 millones de euros menos al año de lo que nos correspondería por media nacional.
<-El sistema actual prima “cuántos somos” oficialmente, ignorando “cuantos somos realmente”, y, por si fuera poco, se omite, además, la extensión territorial (somos la segunda región más grande) y el coste de llevar servicios a pueblos dispersos.
(Nota. Dato clave: Aunque Andalucía es una región de personas jóvenes comparada con el norte de España, el gasto en farmacia es de los más altos del País (16,9% del gasto sanitario), lo que demuestra que estamos atendiendo a miles de mayores que no están empadronados aquí y que a efectos de la financiación son -invisibles-).
3.- El caso de la Subbética (Iznájar y Rute como ejemplo).
El hecho comprobado de la invisibilidad no es solo de la costa andaluza, ya que, en el interior de Andalucía, pueblos como Iznájar o Rute sufren este “agujero” estadístico:
<-Iznájar: Su población oficial es de 3.700 personas, pero su población real se duplica en periodos vacacionales, y, a mayor inri, casi el 25% de sus residentes reales son extranjeros que, por miedo a la burocracia, no se empadronan.
<-Un ejemplo del problema: “El centro de salud y las urgencias” se calculan para 3.700 personas, no para las 7.000 que realmente residen allí.
<<Los Ayuntamientos se mueven>>
Para que el dinero llegue, los vecinos deben “existir” oficialmente, de manera, que los municipios afectados han adoptado medidas y algunas ya están en marcha, así:
1.- Oficinas del Residente: Ayuda directa a extranjeros para tramitar el padrón sin miedo a perder sus derechos en su país de origen.
2.- Incentivos Fiscales: Rebajas drásticas en el impuesto de compra de vivienda (del 8% al 3,5%) para quienes se empadronen en pueblos pequeños.
3.- Tarifas de Residente: Descuentos en servicios municipales solo para los censados: “Si no te cuentas, no cuentas”.
<<Conclusión>>
Andalucía puede tener una oportunidad histórica este 2026, porque si se consolida un nuevo modelo de financiación justo y logramos (entre otras cosas) que nuestra “población invisible” se haga oficial, la sanidad, la educación y los servicios sociales podrán dar un salto de cantidad y calidad, pues no se trata de pedir más que nadie, sino de un reparto justo por cada persona que realmente vive y respira en nuestra tierra.
N.B. Andalucía – financiación autonómica, el problema de la población vinculada o invisible y un reparto justo.
Según nuestra estimación, basada en datos de los casos con extranjeros que conocemos directa y/o indirectamente, aproximadamente, en Andalucía hay al menos 2.000.000 personas invisibles, pues el caso de Iznájar y Rute se repite por Almería, Granada, Jaén, resto de Córdoba, Sevilla, el interior de Málaga, de Huelva y de Cadiz, especialmente, en esta última provincia en toda la zona del Campo de Gibraltar.
El dato de gasto en farmacia es el mejor indicativo de nuestra estimación, de forma, que no hay más que acercarse a cualquier centro de salud y preguntar, el número de personas desplazadas, extranjeros y nacionales jubilados o en vacaciones, *que atienden en los mismos y *que se les prescriben, recetan o autorizan medicamentos de todo tipo y color.
Los datos de enero de 2026 son históricos y dejan una realidad preocupante y de difícil solución, ya que, Córdoba ha alcanzado un techo de empleo público con más de 53.700 personas (contando el sector “invisible” de empresas municipales). Mientras la administración se consolida como el gran refugio, el sector privado lucha por no quedar atrás en una provincia, que depende, hoy más que nunca, del presupuesto estatal.
Es un hecho negativo, que al haber tanta renta pública, los precios de los servicios y la vivienda en Córdoba se mantienen estables, lo que a veces dificulta que las empresas privadas puedan competir por el talento, ya que, no pueden ofrecer salarios tan atractivos como los del sector público, y, además, Córdoba depende más de lo que se decida en los Presupuestos Generales del Estado que de lo que ocurra en los mercados internacionales.
1.- El desequilibrio.
Si sumamos el gasto en salarios públicos y el récord en pensiones, el Estado inyecta en Córdoba casi 4.900 millones de euros anuales, así que, para entender la magnitud del dato, hay que señalar, que el 30% del PIB provincial depende directamente de transferencias públicas.
<< La Brecha Salarial)>>
La diferencia entre trabajar para lo público o lo privado en Córdoba no es un escalón, es un barranco de profundidad abisal, así:
Sector
Salario Medio Anual
Salario Mensual (14 pagas)
Público
35.000 eur.
2.500 eur.
Privado
17.509 eur.
1.250 eur.
Diferencia
+100%
+1.250 eur.
(Nota. Esta brecha se explica por la alta cualificación del funcionariado (médicos, docentes) frente a un sector privado local muy atomizado, estacional <agricultura y hostelería> y excesivamente dependiente del Salario Mínimo -SMI-).
2.- La paradoja de la dependencia (El ratio 1,1 a 1).
El dato más crítico para la sostenibilidad de Córdoba es su ratio de dependencia, ya que, por cada 1,1 trabajadores en el sector privado (quienes generan la riqueza vía impuestos), hay 1 persona que recibe un cheque directo del Estado (empleado público o pensionista).
**Nota. La analogía de la familia: “Si Córdoba fuera una familia de 10 adultos: 5 trabajarían en el sector privado con sueldos modestos, 4 serían pensionistas y 1 sería empleado público con el sueldo más alto de la casa”. Existe unequilibrio es extremadamente frágil.
3.- Un análisis crítico (“Desplazamiento” del talento).
Nos referimosa la reducción de la inversión privada, que ocurre cuando el gobierno aumenta el gasto público, porque aquí reside el verdadero problema estructural, ya que, no es solo que el sector público sea grande, es que su estabilidad y altos salarios generan un efecto succión del talento, así:
<-Fuga de cerebros a la oposición para entrar en la administración pública, porque los jóvenes más brillantes de la UCO prefieren dedicar 4 años a estudiar un examen que a emprender o innovar. El riesgo es que Córdoba se convierta en una “fábrica de opositores”, mientras la industria local languidece por falta de perfiles personales que lleven a cambios significativos en su entorno.
<-Competencia desleal por el consumo, porque la renta pública estable mantiene los precios (vivienda, servicios) en niveles que el trabajador privado medio apenas puede costear.
4.- Propuestas de cambio.
Para evitar un “salto en el vacío” que termine en un golpetazo, Córdoba debería activar tres motores antes de que el gasto público sea inasumible:
1.- La BLET como catalizador: La Base Logística del Ejército no debe ser solo “más empleo público”, sino el imán para que empresas tecnológicas privadas ofrezcan salarios competitivos (40k-50k eur.) que rompan la brecha.
2.- Digitalización de la “grasa” administrativa: Aprovechar la IA para automatizar tareas burocráticas y no reponer plazas administrativas, trasvasando esos recursos a inversión productiva.
<-Fusión de Micro-Pymes: El sector privado cordobés necesita ganar tamaño y calidad, pues solo las empresas grandes pueden invertir en la tecnología necesaria para subir la productividad y, por ende, los salarios.
<<Conclusión>>
Córdoba sobrevive gracias al “escudo” del Estado, pero no puede prosperar solo con él, de forma, que el reto para 2026 no es reducir los servicios públicos, sino fortalecer el motor privado para que el talento elija la empresa antes que la plaza pública.
El motor privado debe arrancar antes de que el público se agote.
N. B.Empleo Público en Córdoba no puede ser un salto al vacío de la nada, sino una transformación profunda de las estructura productiva de la Provincia, que permita que las empresas privadas creen empelo estable, productivo y competitivo.
Es un hecho patente, que Córdoba tiene una economía “Público-Dependiente” y la radiografía de la provincia de Córdoba es impresionante:
*Gasto en Empleo Público: 2.030 M, eur./año.
*Gasto en Pensiones: 2.842 M, eur./año.
*TOTAL: 4.872 millones de euros anuales.
(Nota. Considerando que el Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Córdoba ronda los 16.000 millones de euros, casi el 30% de toda la economía cordobesa depende directamente de transferencias de dinero público (nóminas de la administración o pensiones.
Este “escudo” protege a la provincia en las crisis (porque el dinero siempre llega), pero también explica por qué la economía privada local tiene tantas dificultades para destacar).
