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Presupuesto récord – La ilusión – (Gasto municipal descontrolado)

El inicio de 2026 nos deja una fotografía inquietante de la administración local en España, ya que, mientras los ayuntamientos presumen de presupuestos “históricos”, la realidad que subyace sugiere algo mucho más peligroso, concretamente, una expansión descontrolada de su gasto estructural que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo.

1.- El espejismo del superávit y la trampa de los fondos europeos.

Se nos dice que las corporaciones locales gozan de buena salud financiera (un superávit del 0,4% del PIB), pero este dato es un “maquillaje” contable, así.

<-Dependencia externa porque el crecimiento se apoya en los fondos Next Generation EU., que son inyecciones temporales de dinero, que se están utilizando para financiar estructuras permanentes.

<-Gasto rígido porque aunque el gasto primario ajustado crecerá de un 4% para arriba en los ayuntamientos este año, el problema está, en que cuando los fondos europeos se agoten, los costes de mantenimiento de las “obras faraónicas” y el aumento de las plantillas seguirán ahí.

2.- Radiografía de la ineficiencia – (A dónde va el dinero de todos).

Para entender el problema, debemos mirar las “tripas” de los presupuestos, porque la eficiencia brilla por su ausencia en las partidas clave:

PartidaTendencia 2026El problema real
Personal (Cap. 1)Aumento AltoAbsorbe el 30% del gasto. Existe una brecha salarial del 28% respecto al sector privado, sin que la productividad pública mejore.
Gasto Corriente (Cap. 2)Aumento Muy AltoLos contratos de servicios son más caros por la inflación, pero la calidad para los ciudadanos es la misma o peor.
Inversiones (Cap. 6)Decrecen proporcionalmenteEjecución lenta. Se presupuesta pero se gasta poco, y a menudo en proyectos que generan más gasto futuro.
Empresas PúblicasCrecimiento incontrolado en pérdidasSe usan como “administraciones paralelas” para esquivar controles de deuda y transparencia, con una trampa de personal.

3.- El “tasazo” de basuras – (Ejemplo perfecto del “esquilme”).

Uno de los puntos de mayor fricción es la nueva tasa de basuras obligatoria.

En 2025 vimos una subida histórica del 17,4%, y la tendencia persiste en 2026.

Bajo la excusa de la sostenibilidad, se obliga al ciudadano a cubrir el 100% del coste del servicio, que realmente es, en la práctica, un impuesto encubierto sin rendición de cuentas.

¿Se recicla mejor? ¿Están las calles más limpias?

La respuesta suele ser un “no” rotundo, mientras los ingresos municipales suben entre un 7% y un 9% solo por este concepto.

4.- La brecha insostenible – (Sector Público vs. Sector Privado).

Los datos de marzo de 2026 confirman una desconexión total entre dos mundos que deberían retroalimentarse:

1.- Sueldos: Un empleado público gana, de media, 900 € brutos más al mes que uno privado, además, mientras los primeros tienen sueldos indexados a la inflación, los segundos contienen costes para no cerrar.

2.- Empleo: El empleo público está en máximos (3,5 millones), mientras el privado muestra signos de fatiga por la presión fiscal y los costes laborales.

(Nota. El paro real supera ya sobradamente los 4.000.000 de desempleados y con rostro de mujer, y, una cifra de inactivos en sentido estricto que suma y suma, de manera, que algo grave está pasando en el empleo.)

3.- Productividad: Mientras el sector público <-engorda-> vía consumo, la inversión en el sector privado cae, lastrando el potencial económico del país y con una tasa de productividad decreciente.

5.- El Caso Córdoba – (Cuando el color político no importa).

Córdoba es el ejemplo perfecto de que esta deriva que no entiende de ideologías, ya que, Administraciones gobernadas por el PP (Ayuntamiento de Córdoba, Diputación y Ayuntamiento de Cabra) están aprobando presupuestos récord:

<-Ayuntamiento de Córdoba: 595,7 millones de euros.

<-Diputación de Córdoba: Un aumento del 21,3% hasta los 522,9 millones.

(Nota. Resulta paradójico que quienes predican la contención fiscal se suban a la ola del gasto expansivo. En Córdoba, la brecha salarial y el peso de las nóminas públicas (30% del gasto corriente) contrastan con un sector privado dependiente de la agricultura y los servicios, que lucha por sobrevivir a los costes energéticos.)

<<Conclusión – (Hacia dónde)>>

Si no se impone la transparencia y la eficiencia, el camino está trazado: “La ruina”.

Cuando los fondos europeos dejen de fluir, los ayuntamientos solo tendrán dos salidas: “*Subir aún más los impuestoso *realizar recortes drásticos en servicios esenciales”.

Es inasumible y no se puede permitir que el “presupuesto récord” sea la medalla que se cuelgan los políticos manirrotos y poco o nada responsables,  mientras el ciudadano de a pie (el Pueblo) soporta la carga de una burocracia cada vez más pesada y menos útil.

La verdad y la mentira.

N.B. Presupuestos locales más y más, de forma, que asistimos a una expansión del gasto público local en España, que supone un crecimiento  descontrolado de su gasto estructural, que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo”.

Urge transparencia, eficiencia y contención, porque gasto más gasto lleva a la ruina, recayendo, además, primero en el ciudadano de a pie.

Córdoba, 10 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Inmigración, SMI y vivienda (Precariedad y su techo)

A menudo se oyen charlas y debates poco profundos sobre la inmigración y la economía, pero los datos nos cuentan una historia mucho más compleja, porque no se trata de “causas únicas”, sino de cómo ciertos factores -como la inmigración de baja cualificación y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)-, actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba.

Señalamos las claves para entender ¿por qué?, aunque la economía crece descompasada, la sensación de precariedad se está normalizando.

1.- El “suelo” de la vivienda – (Precios que no bajan).

La inmigración de baja cualificación suele concentrarse en el mercado del alquiler, y, aquí, resulta  un dato es preocupante y demoledor, ya que, mientras el 30 % de los españoles vive de alquiler, entre los extracomunitarios la cifra sube al 74 %.

**La necesidad urgente de “techo” crea una demanda que acepta lo que sea por supervivencia, lo que está validando un modelo de negocio preocupante:

*Micro-living e infravivienda: Los propietarios prefieren dividir pisos en minúsculos “estudios” o habitaciones diminutas antes que bajar precios.

*Hacinamiento: El 19 % de los hogares extranjeros vive en condiciones de hacinamiento (frente al 5 % autóctono).

(Nota. La realidad diluye el artículo 47 de nuestra Constitución (el derecho a una vivienda digna), aunque la inmigración no “causa” la falta de casas, pero su llegada masiva a un mercado sin vivienda social (solo un 3,3 % en España vs. 8 % en la UE) acelera la degradación de los estándares de vida.)

2.- La paradoja del SMI y el modelo productivo.

En este 2026, el SMI se sitúa en 1.221 €. y es una herramienta de protección necesaria, pero cuando se combina con una oferta abundante de mano de obra poco cualificada, surgen efectos secundarios negativos:

1.- Freno a la productividad: Las empresas optan por contratar “barato” en lugar de invertir en tecnología o formación.

2.- Riesgo de economía sumergida: En sectores como la hostelería o el servicio doméstico, algunos trabajadores terminan aceptando pagos “en negro” por debajo del SMI para poder competir.

3.- Reduflación: Los hogares con presupuestos ajustados (donde los inmigrantes están sobrerrepresentados) sufren más la “reduflación” (pagar lo mismo por menos cantidad de producto), al tener menos margen para elegir otras marcas.

3.- Sector construcción – (Más trabajadores y casas más pequeñas).

Casi el 26 % de los trabajadores de la construcción en España son extranjeros. En teoría, esto debería abaratar costes y bajar el precio de la vivienda, pero no ocurre así, porque loque estamos viendo es que los ahorros en costes laborales no llegan al comprador. La realidad, es que se quedan en los márgenes de los promotores o se pierden en el alto precio del suelo, mientras que el tamaño de las viviendas nuevas sigue reduciéndose.

<<Solución – (Propuestas)>>

No se trata de caer en discursos xenófobos, sino de aplicar políticas públicas inteligentes que atajen la raíz estructural:

<-Vivienda: Establecer límites estrictos a la “miniaturización” de pisos y aumentar drásticamente el parque de vivienda pública.

<-Mercado Laboral: Fomentar una inmigración basada en perfiles cualificados y facilitar la homologación de títulos para que el talento no se desperdicie en puestos de baja productividad.

<-Consumo: Aplicar con mano firme la nueva Ley de Consumo Sostenible de 2026 para proteger a los consumidores más vulnerables de prácticas abusivas.

<<Conclusión>>

España no se está empobreciendo en términos de crecimiento (la inmigración explica casi la mitad del crecimiento del PIB reciente), pero sí está perdiendo calidad de vida. Para que el crecimiento sea real, debe ser cualitativo: mejores casas, empleos más productivos y el cumplimiento real de los derechos que nuestra ley garantiza.

N. B. Inmigración, SMI y vivienda son solo otros factores que actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba, aunque se está perdiendo calidad de vida, así que, reclamamos un crecimiento real para que se cumplan nuestros derechos constitucionales.

Córdoba, 4 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogad. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

La invasión de los partidos – (Cuando el carné político expulsa al mérito profesional)

El artículo 103 de nuestra Constitución no es una sugerencia, sino que es un mandato imperativo constitucional, que dice, que la Administración debe servir con objetividad y que el acceso a ella se rige por el mérito y la capacidad. Sin embargo, hoy vemos diariamente una realidad paralela, que se materializa en una “colonización” silenciosa donde la lealtad al partido ha sustituido a la competencia técnica.

1.- El triunfo de la “confianza” sobre la “capacidad”.

En España hemos pasado de una Administración profesional a una de “cargos de confianza política”, de manera, que el abuso de la libre designación y la hipertrofia de asesores (personal eventual) están arrinconando a los funcionarios de carrera.

*El dato: Según la OCDE, España es uno de los países con mayor politización en su alta dirección pública.

*La consecuencia: Las decisiones estratégicas ya no las toman los mejores preparados, sino los más fieles a la sigla de turno.

2. El “fraude de la accidentalidad” en los Ayuntamientos.

Si hay un lugar donde esta invasión política es crítica, es en la Administración Local, porque los secretarias/os e interventoras/es (FHN) son los garantes de la legalidad y el control del dinero público.

Ocurre  a la vista de todos, sin embargo, que se está utilizando una “patología sistémica” para sortear su independencia, que es su nombramiento accidental.

<-Plazas vacantes: Se dejan plazas sin convocar a propósito para colocar a personas sin la titulación o la oposición requerida.

<-Interventores “prisioneros”: Un interventor accidental no tiene la inamovilidad del funcionario de carrera, ya que, si se le ocurre poner un reparo incómodo para el Alcalde, será  ser cesado a la mañana siguiente, lo que implica que este sistema arbitrario aniquila el control de legalidad y abre la puerta a la corrupción.

3.- La erosión del Estado de Derecho.

Esta sustitución de la tecnocracia por el partidismo no es solo mala gestión, sino que supone un cambio de modelo muy caro para el ciudadano y para nuestro estado de derecho, porque conlleva:

*Inseguridad Jurídica: Directivos sin formación generan actos administrativos deficientes que terminan en los juzgados, colapsando el sistema.

*Desviación de Poder: Se utiliza la facultad de organizar la administración no para mejorar el servicio, sino para “colocar” a afines.

*Controles tardíos: Al eliminar al “perro de guardia” interno (el funcionario independiente), el control solo llega a través de los jueces, años después de que el daño (o el desfalco) se haya producido.

<<Resumen del impacto por niveles>>

Nivel de PoderHerramienta de ControlEfecto Real
Estado / CC.AA.Abuso de libre designación.Políticas basadas en intereses electorales, no generales.
AyuntamientosSecretarios/Interventores a “dedo”.Debilitamiento del control del gasto y riesgo de corrupción.
DiputacionesMacro-estructuras de asesores.Fuga de dinero público hacia redes clientelares.

Conclusión. (Un aviso a navegantes).

La defensa del mérito y la capacidad no es una cuestión corporativa de los funcionarios, sino que la única garantía que tiene el ciudadano contra la arbitrariedad del poder.

Como bien advierten organismos internacionales, la “invasión” de los partidos en la esfera pública supone la extinción soterrada del Estado de Derecho. Si la administración deja de ser neutral, deja de ser de todos para ser solo de “ellos”.

N.B. La invasión de los partidos se está produciendo en España, cuando el carné político expulsa al mérito profesional, de forma, que los controles y equilibrios legales desaparecen y surge la arbitrariedad contraria a nuestro Estado de Derecho.

Córdoba, 22 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

 Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente, Córdoba Abierta -ACOA-.

Corrupción de baja intensidad -menor- (Una enfermedad silenciosa de la Administración Local)

La corrupción, que se considera equivocadamente “menor”, es, quizás, el mayor ataque a nuestro estado de derecho, por una razón pura y simple, porque es la que llega a todos los españoles a través de las Corporaciones Locales (Ayuntamiento y Diputaciones), demostrando que la corrupción sistémica se ha instalado en todos los niveles de las instituciones públicas, además, con una cualidad negativa peligrosa, que consiste en que es silenciosa y parece que tiene un grado de permisividad social, política y judicial, como se fuera algo que no se debe perseguir con rigor hasta erradicarla.

Es una realidad desgraciada, que la corrupción en sus distintas variedades solo se puede ver públicamente en sus grades espectáculos, que suelen acabar en el T. S. o en la Audiencia Nacional, amplificados por los medios públicos y privados, como si esos casos de gran alcance y de enorme proyección nacional fueran lo único y más importante de la corrupción sistémica que está asolando España.

Parece algo inexistente y olvidado, que existe una patología mucho más extendida y letal por el pueblo español, que se extiende como una mancha por todo el territorio y por todas sus instituciones públicas, alcanzando todos sus niveles, especialmente a las corporaciones locales, y, que conlleva un daño tremendo para nuestro Estado de Derecho, que se suele denominar con desprecio y olvido corrupción de baja intensidad o menor.

La corrupción de los conductos pequeños – (Perdida de valores).

Es la corrupción que no busca el gran botín de un solo golpe, sino la construcción de redes clientelares que asfixian la meritocracia y parasitan el dinero público.

1.- Análisis de la <-micro-corrupción->.

Es un hecho patente de enorme importancia, que la corrupción de baja intensidadactúa como un impuesto invisible para el ciudadano.

***Se manifiesta principalmente a través de varios mecanismos:

<-El fraccionamiento de contratos, a través del “troceo” de proyectos para no superar los umbrales del contrato menor (15.000 euro en servicios/suministros), y, así adjudicar “a dedo” esos servicios, suministros y contratos evitando la libre concurrencia.

<-El clientelismo de personal, mediante procesos de selección trucados con bases “dirigidas” o entrevistas subjetivas para colocar a personas con perfiles afines políticos o personales.

<-Urbanismo “a la carta”, que se ejecuta, a través, de licencias pequeñas o la no ejecución de órdenes de derribo a cambio de favores o votos.

<-Opacidad en empresas públicas mediante el uso de sociedades mercantiles municipales para huir del derecho administrativo y sus controles.

<-El uso de subcontratas dónde el personal, los contratos y adjudicaciones de servicios públicos conllevan contrataciones de personal y utilización de servicios en beneficio de los gobiernos políticos de los ayuntamientos, que adjudican los contratos a esas empresas subcontratistas elegidas irregularmente sin contradicción ni igualdad de condiciones, rompiendo el principio de igualdad constitucional.

2.- La eliminación de los controles y de los equilibrios.

**El control legal falla por una vulnerabilidad estructural del sistema:

1.- La soledad de la secretaria/o o de la  interventora/or, que aunque son funcionarios de habilitación nacional, su día a día depende del equipo de gobierno (a destacar el uso y abuso de los cargos de secretarias/os o interventoras/es). Y en algunos casos demasiados el “reparo”  de legalidad es frecuentemente ignorado mediante decretos de alcaldía.

2.- El “embudo trampa” judicial porque la Fiscalía suele archivar denuncias de prevaricación si no hay un rastro de dinero directo al bolsillo (cohecho), derivando el conflicto a la lenta vía contencioso-administrativa, dónde la corrupción menor se diluye bajo la trampa de la legitimidad de los actos administrativos.

3.- Se produce una solidaridad partidista, cuando Diputaciones y CCAA a menudo omiten su labor de fiscalización en los casos de que el ayuntamiento es de su mismo color político.

3.- Radiografía de casos reales – (Triángulo impunidad).

Como ejemplo de esta captura institucional, podemos observar dinámicas preocupantes en algunos municipios concretos, que ilustran lo que se puede llamar la <-trama de la accidentalidad->:

<-Secretarías Accidentales que se eternizan en sus cargos, de manera, que se mantiene a un funcionario en precario durante años anulando su independencia, con la finalidad de que el fiscalizador se convierte en un mero validador de actuaciones, contratos de obras y servicios y decretos.

<-Defensas jurídicas cruzadas cuando se usan despachos vinculados a partidos políticos para defender a técnicos e investigados, porque se estima que existe una simbiosis donde, si cae el técnico, cae el político.

<-La existencia de una cobertura autonómica, que nace cuando la Consejería competente (en estos casos la de Justicia) valida prórrogas injustificables de puestos accidentales, convirtiéndose en un cooperador necesario por omisión.

4.- Tribunal Supremo.

La jurisprudencia reciente es robusta en la teoría, pero su aplicación es defectuosa en la instrucción.

***A destacar:

* STS 148/2023, Sala Segunda (Penal) de 2 de marzo de 2023 (Rec. 1271/2021), Ponente Pablo Llarena): Diferencia el nombramiento ilegal (falta de título) de la prevaricación (ignorar sistemáticamente el procedimiento de mérito y capacidad). *STS 1092/2024, de 28 de noviembre de 2024, Sala de lo Penal (Interventor como clave probatoria). * Las STS 196/2025, 197/2025 (de 25 de febrero de 2025) y STS 220/2025 (de 4 de marzo de 2025), dictadas por la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, consolidan la doctrina sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público funcionarial, resolviéndola en tres grandes ejes: criterios de apreciación del abuso, imposibilidad constitucional de la fijeza y régimen indemnizatorio.

5.- Propuesta – (Tolerancia Cero).

La impunidad de la “corrupción menor” es la que permite que la gran corrupción florezca. (Teoría de las Ventanas Rotas: El mensaje psicológico detrás de la “ventana rota” es de impunidad y dejadez,  transmitiendo la idea de que <-nadie cuida de esto, está abandonado-> y de que los códigos de convivencia se han roto).

**Para revertir esto, se propone:

1.- Independencia orgánica total: Que los interventores y secretarios dependan económicamente del Estado o la CCAA, nunca del alcalde al que deben fiscalizar.

2.- Criminalización del levantamiento de reparos: Que levantar un reparo de legalidad sin un informe jurídico externo vinculante sea indicio automático de prevaricación.

3.- Fiscalía Especializada: Creación de una unidad de control administrativo local que actúe de oficio ante la acumulación de irregularidades.

<<Conclusión>>

La corrupción local no es un compartimento estanco, sino que es un acto colectivo político donde el ayuntamiento ejecuta, el partido diseña la resistencia y la administración superior a menudo proporciona la cobertura.

N. B. La corrupción menor municipal es el principio de la corrupción, de forma, que si no corregimos la <-micro-corrupción-> de raíz, el Estado de Derecho seguirá siendo, en muchos municipios, una mera ficción administrativa.

Córdoba, 20 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

II. Una sociedad justa y democrática (seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad)

Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.

Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.

Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.

<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente, o lo que es lo mismo,  seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.

<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.

<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>

Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:

1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.

2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.

3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común,  de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.

<<El camino>>

Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional.

En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.

(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)

<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>

La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.

En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.

<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>

1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).

Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo,  porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.

La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.

2.- El colapso institucional y judicial.

La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.

3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).

**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:

*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.

*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.

<<Consecuencias directas en la España de 2026>>

FactorImpacto Real
Inversión ExtranjeraDesvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
ViviendaLa intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad JurídicaPercepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.

(Nota. La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie, pero esta máxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)

Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.

N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial  de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.

La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer políticas socialistas desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.

Córdoba, 10 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya,

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)