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Anticipos de la Diputación de Córdoba (Ayuda financiera o grilletes para los municipios)

Se dice en el lenguaje popular, que el diablo suele esconderse en los detalles y, sin duda,  en este caso en las cláusulas financieras de los préstamos con las entidades financieras, porque, bajo la amable apariencia de una <-ayuda a la liquidez->, la Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha articulado un sistema que, más que un apoyo, es una trampa de dependencia a largo plazo para nuestros ayuntamientos.

1. La realidad de los números – (El espejismo de la solvencia).

Para el ejercicio 2026, la suma total anticipada a los municipios asciende a 129,07 millones de euros. A primera vista, parece un despliegue de músculo financiero institucional, sin embargo, al analizar el origen de los fondos, la realidad es otra:

  • Recursos Propios (ICHL): 34,07 M. eur. (Solo el 26,4%)
  • Deuda Bancaria (Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Bankinter): 95 M. eur. (73,6%)

La conclusión es alarmante: 7 de cada 10 euros que la Diputación entrega a los ayuntamientos no son suyos. La institución actúa meramente como un intermediario que pide prestado al mercado privado para luego trasladar el coste y el riesgo al eslabón más débil: El municipio.

2.- La <-trampa de liquidez-> – (Un bucle de deuda).

Este modelo no es una transferencia gratuita, sino un préstamo puente con efectos secundarios devastadores para las arcas locales:

1.- Intereses Pasivos: Los intereses de esos 95 millones de euros en créditos bancarios no los absorbe la Diputación, sino que se detraen directamente de la liquidación final de los impuestos que pagan los ciudadanos.

2.- Opacidad en la Gestión: Al no publicarse los pliegos de condiciones con las entidades financieras, los interventores municipales y los ciudadanos desconocen el coste efectivo real. Es decir, se paga una “prima de opacidad” por una gestión que el ayuntamiento no controla.

3.- El Déficit Estructural: El ayuntamiento recibe el dinero hoy, pero lo devuelve mañana con intereses y gastos de gestión, lo que  genera que, al final del ejercicio, el municipio tenga menos liquidez de la prevista, obligándolo a solicitar un nuevo anticipo el año siguiente. Es el “pecado original” (el efecto contrario) de una deuda perpetua.

3.- El impacto en el ciudadano – (El verdadero pagano).

Como jurista, observo con preocupación cómo este modelo erosiona la autonomía local (Art. 140 CE), porque el coste financiero de esta intermediación no es un concepto abstracto, sino que se traduce en menos dinero para:

Mantenimiento de infraestructuras básicas.

Servicios sociales municipales.

Políticas de empleo local.

-Otros servicios públicos como limpieza, etc.

**Matemáticamente, el impacto se resume en la siguiente fórmula:

*Coste Efectivo = Ibancario​ + Gastos Gestión ICHL + Coste Oportunidad.

4.- Una alternativa. – (Intermediación vs. Mercado Directo).

La justificación oficial es la economía de escala, y, se dice que la Diputación negocia mejor por ser grande, aunque la pregunta es ¿a qué precio?

**Cuadro explicativo:

FactorModelo Diputación (ICHL)Acceso Directo al Mercado
TransparenciaOpaca. El ayuntamiento desconoce la “letra pequeña”.Total. El municipio licita y controla cada céntimo.
DependenciaMáxima. Crea un “cordón umbilical” político.Independencia. Soberanía financiera real.
CosteDual. Interés bancario + estructura del ICHL.Directo. Solo el coste financiero de la operación.

<<Conclusión. (Un modelo que hace prisioneros)>>

El sistema de anticipos del ICHL en Córdoba se ha convertido en un mecanismo de control político bajo el disfraz de gestión técnica, ya que, si un ayuntamiento con solvencia acudiera directamente al mercado, no solo fomentaría su propia eficiencia recaudatoria, sino que dejaría de alimentar una estructura burocrática intermedia que encarece el dinero público y, además, no perdería su independencia y autonomía.

En definitiva, la “ayuda” de la Diputación es, en realidad, una carga financiera diferida, pues mientras la institución provincial obtiene el rédito político inmediato por entregar el cheque, son los ayuntamientos y sus vecinos quienes soportan, en silencio, el peso de los grilletes financieros.

N. B. Los anticipos de la Diputación a través del ICHL a los Ayuntamientos de Córdoba es una trampa financiera, que, además, hace prisioneros a los municipios que los reciben y, además, los empobrece, reduciendo su inversión real en servicios esenciales.

Es un hecho patente, que el Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba del P. P., con su presidente Salvador Fuentes Lopera, está siguiendo la misma política de la anterior Corporación Provincial socialista, que básicamente consiste en expoliar al ciudadano de a pie, mientras gasta sin control en el mantenimiento de sus estructuras, de forma, que para ese fin todo sirve, como lo demuestra el perverso sistema de anticipos a los ayuntamientos, que simplemente consiste en crear gastos innecesarios y superfluos y, a la vez, reducir las inversiones sociales haciendo prisioneros a los ayuntamientos a través de una deuda inducida y fraudulenta.

Los ayuntamientos que han recibido en anticipo envenenado no se sabe si sienten el engaño de la “ayuda”, pero los ciudadanos de esos municipios, que son los verdaderos paganos, si deben ser informados cumplidamente de lo que están pagando y de lo que están recibiendo a cambio, que cada día que pasa es menor proporcionalmente a la imposición fiscal que soportan.

Córdoba, 5 de febrero de 2026.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

Andalucía y la Financiación Autonómica (“Población Invisible”)

Los asociados y colaboradores de Córdoba Abierta -ACOA- me preguntan sobre la financiación de las CC. AA. y como se reparte el dinero entre ellas, y, con arreglo a que criterios, pues argumentan que siempre históricamente Andalucía ha estado postergada en el cálculo de la financiación autonómica, tanto por población como por la extensión del su territorio.

Es un hecho verdadero, que entender, cómo se reparte el dinero entre las distintas CC. AA. en España parece un rompecabezas dentro de un laberinto, pero para Andalucía es una cuestión vital, que de una vez se haga justicia con nuestra tierra con un reparto justo y equitativo.

Ahora mismo la financiación de Andalucía nadie sabe que es, ni donde esta, ya que, aparece el Sr. Junqueras, la Ministra de Hacienda, vicepresidenta y más, el Presidente de la Junta de Andalucía y su Consejera, y, un largo etc. de personajes implicados, de forma, que solo queda ver y determinar si el modelo nuevo de financiación que saldrá de esta ensalada es justo para nuestra tierra andaluza, pero lo que es indudable, es que no es lo mismo una población de 8,6 millones de personas, que una población de 10 millones a efectos de calcular y fijar una financiación equitativa y solidaria.

**Unas preguntas sobre Andalucía:

¿Recibimos lo que nos corresponde? ¿Por qué nuestros centros de salud a veces parecen desbordados?

La respuesta no está solo en los presupuestos, sino en quiénes somos realmente frente a quiénes dice el papel que somos.

1.- El desfase o desajuste – (Población Real vs. Población Oficial).

Uno de los grandes problemas de Andalucía es la población <invisible>, que está pero no se cuenta, pues el sistema actual paga según el Padrón, pero la realidad es muy distinta, así:

<-Habitantes en Andalucía según el Padrón Oficial: 8,6 millones.

<-Andalucía Real (Población Vinculada): Más de 10 millones de personas.

(Nota. Hay en Andalucía 1,6 millones de personas como mínimo (jubilados nacionales y europeos, teletrabajadores, veraneantes de larga estancia, etc.), que consumen sanidad, farmacia y servicios en casi toda nuestra tierra, pero que el Estado no envía ni un euro por ellas).

Andalucía regalaservicios a una población equivalente a toda la ciudad de Madrid, que no computa en el reparto autonómico.

2.- El déficit histórico.

Históricamente, Andalucía ha estado infrafinanciada.

**Según informes de expertos, hasta finales de 2025:

<-Recibíamos unos 1.522 millones de euros menos al año de lo que nos correspondería por media nacional.

<-El sistema actual prima cuántos somos oficialmente, ignorando cuantos somos realmente, y, por si fuera poco, se omite, además, la extensión territorial (somos la segunda región más grande) y el coste de llevar servicios a pueblos dispersos.

(Nota. Dato clave: Aunque Andalucía es una región de personas jóvenes comparada con el norte de España, el gasto en farmacia es de los más altos del País (16,9% del gasto sanitario), lo que demuestra que estamos atendiendo a miles de mayores que no están empadronados aquí y que a efectos de la financiación son -invisibles-).

3.- El caso de la Subbética (Iznájar y Rute como ejemplo).

El hecho comprobado de la invisibilidad no es solo de la costa andaluza, ya que, en el interior de Andalucía, pueblos como Iznájar o Rute sufren este agujero estadístico:

<-Iznájar: Su población oficial es de 3.700 personas, pero su población real se duplica en periodos vacacionales, y, a mayor inri, casi el 25% de sus residentes reales son extranjeros que, por miedo a la burocracia, no se empadronan.

<-Un ejemplo del problema: El centro de salud y las urgencias se calculan para 3.700 personas, no para las 7.000 que realmente residen allí.

<<Los Ayuntamientos se mueven>>

Para que el dinero llegue, los vecinos deben existir oficialmente, de manera, que los municipios afectados han adoptado medidas y algunas ya están en marcha, así:

1.- Oficinas del Residente: Ayuda directa a extranjeros para tramitar el padrón sin miedo a perder sus derechos en su país de origen.

2.- Incentivos Fiscales: Rebajas drásticas en el impuesto de compra de vivienda (del 8% al 3,5%) para quienes se empadronen en pueblos pequeños.

3.- Tarifas de Residente: Descuentos en servicios municipales solo para los censados: Si no te cuentas, no cuentas.

<<Conclusión>>

Andalucía puede tener una oportunidad histórica este 2026, porque si se consolida un nuevo modelo de financiación justo y logramos (entre otras cosas) que nuestra población invisible se haga oficial, la sanidad, la educación y los servicios sociales podrán dar un salto de cantidad y calidad, pues no se trata de pedir más que nadie, sino de un reparto justo por cada persona que realmente vive y respira en nuestra tierra.

N.B. Andalucía – financiación autonómica, el problema de la población vinculada o invisible y un reparto justo.

Según nuestra estimación, basada en datos de los casos con extranjeros que conocemos directa y/o indirectamente, aproximadamente, en Andalucía hay al menos 2.000.000 personas invisibles, pues el caso de Iznájar y Rute se repite por Almería, Granada, Jaén, resto de Córdoba, Sevilla, el interior de Málaga, de Huelva y de Cadiz, especialmente, en esta última provincia en toda la zona del Campo de Gibraltar.

El dato de gasto en farmacia es el mejor indicativo de nuestra estimación, de forma, que no hay más que acercarse a cualquier centro de salud y preguntar, el número de personas desplazadas, extranjeros y nacionales jubilados o en vacaciones, *que atienden en los mismos y *que se les prescriben,  recetan o autorizan medicamentos de todo tipo y color.

Córdoba, 14 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

 Abogado e Inspector de Trabajo.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (EMPRESAS PÚBLICAS DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA)

<<El coste de la ineficacia pública en la Diputación de Córdoba>>

La gestión de la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes, gobernada por el P. P., sea ha instalado en una crisis permanente derivada de su aceptación de las políticas socialistas,  que ha pasado de lo técnico a lo estructural, de manera que los cordobeses sufren una paradoja inaceptable:

Pagan más impuestos que nunca para recibir menos servicios que siempre”.

A la vista de lo dicho, analizamos ¿por qué? el modelo actual de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba, actualmente gobernada por el P. P. y su Presidente Salvador Fuentes Lopera está agotado, de forma, que hay pasos urgentes que se deberían dar, así:

1.- Radiografía de una ruina (Pagar por la insolvencia).

El deterioro de EMPROACSA (agua) y EPREMASA (residuos) no es un accidente, sino el resultado de varias capas de disfunción:

<-Existencia de una insolvencia operativa: El incremento del 40% en la tasa del agua no es para mejorar tuberías, sino un -impuesto a la insolvencia-.

El dinero se quema o calcina en cubrir déficits de personal y deuda, mientras las obras necesarias en la Zona Norte siguen paralizadas.

<-Existencia de parálisis ejecutiva: De los 30 millones anunciados para inversiones, la ejecución real es mínima. Se puede decir, por ejemplo, que la Diputación actúa como un hospital que dedica más personal a salvar sus finanzas que a curar a los pacientes.

<-Existencia de escapismo político, de forma, que el Gobierno de la Diputación elude responsabilidades y se evade de los problemas de la realidad, utilizando la excusa del Gobierno de España o la crisis energética como <pararrayos> para evitar asumir su responsabilidad local sobre la eficiencia, los costes y la mala planificación.

<-Existencia de una realidad inasumida por su incómodidad: La Zona Norte de Córdoba no tiene sed solo por la sequía, sino por una negligencia de gestión local que no puede ocultarse tras causas externas.

2.- La Paradoja Fiscal (Narrativa Oficial vs. Realidad).

ConceptoVersión OficialRealidad Material
Recibo del agua“Ajuste necesario”Subida del 40% para tapar una gestión ineficiente.
Infraestructuras“Cirugía profunda”Proyectos eternos y parches que no garantizan el suministro.
Culpabilidad“Culpa del Estado”Uso del contexto nacional para ocultar la incapacidad local.

3.- Propuesta de Córdoba Abierta -ACOA- para recuperar el valor público.

**Creemos, que no basta con criticar, ya que, necesitamos un marco operativo que devuelva la eficiencia a la Diputación, así que, proponemos cinco ejes de regeneración:

1.- Practicar una Auditoría Externa Independiente, que identifique la “grasa administrativa” y los gastos superfluos con el objetivo de detectar un ahorro potencial de al menos un 20%.

2.- Contratar y construir Gerencias por -mérito-, no por carnet del partido y/o amiguismo político, con la finalidad de eliminar el uso de empresas públicas como agencias de colocación: Los gerentes deben ser profesionales con objetivos medibles y cese automático si no cumplen resultados.

3.- Creación de un Observatorio Ciudadano del Agua, con el objetivo inmediato de realizar una fiscalización semanal y real de las obras en Sierra Boyera y la Zona Norte, formado por parte de técnicos independientes y plataformas vecinales.

4.- Vincular la tasa a la calidad,  de forma, que si el agua no es apta o hay cortes de suministro, el usuario debe quedar exento del pago de forma automática: Si no hay servicio, no hay cobro.

5.- Elaborar un Plan de Cero Despilfarro para reducir un 80% en publicidad institucional y un 70% en protocolo, y, conseguir, que cada euro ahorrado en “lujo político” vaya directamente a las tuberías.

<<Conclusión (La decisión)>>

El presidente de la Diputación se enfrenta a una disyuntiva inmediata: *O sigue con la política socialista de rescatar empresas ineficientes con el bolsillo de los ciudadanos, *o se atreve a limpiar y profesionalizar la Diputación y todas sus empresas y entes dependientes.

La crisis del agua en el norte de Córdoba ya no es una fatalidad, es una negligencia estructural. Los cordobeses saben que no pueden pedir milagros, solo exigen respeto por su dinero y una gestión profesional que garantice un derecho tan básico como abrir el grifo y que salga agua potable siempre.

N.B. La crisis del agua en el norte de Córdoba es ya una negligencia de una administración y gestión manirrotas. Salvador Fuentes debe decidir entre subir recibos o por limpiar unas empresas públicas que hoy son un lastre para la provincia.

Los cordobeses han sufrido un engaño masivo, ya que, la mayoría votó un política de regeneración de unas políticas socialistas ruinosas e ineficientes, y, se han encontrado con un gobierno provincial de P. P. que está haciendo más de lo mismo despilfarrando el dinero público, lo que llevará a que otros partidos políticos ocupen el espacio que el Partido Popular ha abandonado, no solo en Córdoba, sino que la postura de subirse al muro socialista haciéndolo suyo, ejecutada por un Presidente de la Diputación que acepta una negligencia política estructural, tendrá efectos negativos a nivel de Andalucía para el P. P., que perdería la mayoría obsoluta.

Córdoba, 4 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Navidad – Gastos en Luces vs. Prioridades Sociales

Este artículo nace ante la competición lumínica que se desarrolla entre ciudades y donde los ciudadanos asistimos atónitos a una desmesura realizada con nuestro dinero, ese que no es de nadie, pero que pagamos todos para que se gaste en fomentar un populismo de luces y fiestas, olvidando los jefes de la fiesta que la Navidad es otra cosa, aunque desgraciadamente eso es lo que hay.

La crítica al derroche navideño de los ayuntamientos es válida, ya que, se priorizan el exhibicionismo lumínico sobre necesidades sociales básicas, lo que plantea cuestiones éticas, presupuestarias y democráticas.

No se trata solo de estética, sino de un desequilibrio entre gastos superfluos para “lucimiento” e inversiones esenciales en bienestar ciudadano.

<<Tamaño del Fenómeno lumínico>>

<-Vigo: Contrato de 9,4-9,5 millones de euros para cuatro años (unos 2,3 millones anuales, 8 euros por habitante en luces). <-Málaga: La cifra del costo es de 1,4-1,5 millones anuales en iluminación, con contratos plurianuales superiores a 5 millones. <-Otras ciudades (Madrid, Sevilla, Badalona): Las partidas económicas superan el millón, en una “carrera inútil” por el espectáculo más vistoso.

<<Argumentos de los Ayuntamientos>>

***Justifican el gasto como: <-Inversión económica, porque retorna en turismo, comercio y hostelería (multiplicando la inversión inicial). <-Marketing urbano:¡, porque aumenta la competencia para atraer visitantes (ej. Vigo vs. Málaga). <-Efecto emocional, porque genera “ilusión” y cohesión tras crisis.

Sin embargo, estos retornos rara vez se evalúan independientemente ni se comparan con alternativas como vivienda o servicios sociales.

<<Crítica Política y Ética sobre el “Pan y Circo” luminoso>>

Este patrón de conducta pública competitiva sin control desvía la atención de problemas estructurales (precariedad, vivienda, servicios básicos), crea liderazgos personalistas y normaliza un uso clientelar del presupuesto.

Se mide el éxito en virales y bombillas, no en bienestar real.

<<Papel y función de los medios de comunicación>>

Es un hecho patente, que los medios y televisiones amplifican la “competición de luces públicas” como contenido ligero, banalizando el debate sobre gasto público y ocultando recortes en áreas esenciales.

En una realidad de inflación, pobreza energética y colas en servicios sociales, los excesos lumínicos agravan la percepción ciudadana de <-gobernar como organizar espectáculos->.

<<Comparación con Inversiones Sociales>>

Aunque el gasto en luces es relativo (<1% del presupuesto total en ciudades como Vigo o Málaga), la realidad es que se transmiten prioridades erróneas. La inversión media en servicios sociales es de 102 euros/habitante/año, con muchos ayuntamientos -pobres- (<61 euros). Cada millón en luces equivale a oportunidades perdidas en ayudas de emergencia, vivienda o atención domiciliaria.

En Córdoba se destinan oficialmente 0,7 millones anuales en alumbrado vs. 1,7 millones en ayudas sociales, existiendo  “un contraste simbólico entre lo visible y lo urgente”.

<<Opiniones Ciudadanas>>

Críticas: Ven despilfarro, priorización equivocada, impacto ambiental (consumo energético, contaminación lumínica) y falta de coherencia en crisis climática/económica. Demandan redirigir fondos a servicios básicos.

Favorables: Aprecian el impulso económico, turístico y emocional, especialmente comerciantes y hosteleros. La polarización depende de renta, experiencia personal y afinidades políticas.

En Córdoba, se valora el show en Cruz Conde, pero se critica la desigualdad en cobertura y la infradotación en barrios vulnerables.

<<Argumentos contra el Exceso>>

<-Despilfarro ante necesidades reales (alumbrado ordinario, mantenimiento). <-Derroche energético pese a LED (más luces anulan ahorros). <-Inequidad moral, porque es más importante “brillar en fotos” que mejorar la calidad de vida. <-Efecto rebote, ya que, aumenta emisiones sin eficiencia real.

<<Acciones y Propuestas>>

*Exigir transparencia, porque hay que explicar con claridad y datos los  contratos y realizar evaluaciones independientes y comparativas con partidas sociales. *Debate en coste de oportunidad, porque hay que saber que se sacrifica por cada millón en luces. *Impulsar límites presupuestarios u ordenanzas que prioricen lo social sobre lo festivo.

N.B. La realidad es que hay demasiadas luces y muchas sombras sobre los excesos, los costes reales y las necesidades sociales sacrificadas.

En resumen, este populismo festivo es una interpelación a la responsabilidad pública, de manera, que una ciudadanía madura debe demandar equilibrio, priorizando necesidades esenciales sobre espectáculos efímeros.

Córdoba, 23 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta – ACOA.

La mala administración pública (El otro gran agujero negro de la gestión en España)

En España, el debate sobre corrupción suele centrarse en casos de soborno y enriquecimiento ilícito, pero existe una lacra más silenciosa y destructiva: La mala gestión del dinero público, a todos los niveles de la organización política, especialmente, en empresas e instituciones públicas estatales, autonómicas y locales.

Este fenómeno, que genera pérdidas millonarias recurrentes y socava la confianza ciudadana, además, raramente acarrea consecuencias para quienes diseñan y ejecutan las políticas responsables del despilfarro.

La realidad es que son millonarias pérdidas sin castigo: Un patrón sistemático de impunidad.

Las entidades públicas acumulan déficits operativos colosales desde hace años. Ejemplos como Correos, que prevé perder 1.500 M. eur. en 2025 pese a sucesivos rescates públicos y 19 cambios de dirección en tres años, o empresas de la SEPI que suman más de 1.698 M. eur. de pérdidas desde 2019, reflejan una tendencia nacional, que alcanza también a lo local: “En Córdoba, por ej., las empresas de la Diputación Emproacsa (agua) y Epremasa (basuras) dependen de subsidios para ser viables y no entrar en quiebra  (59 M. eur. puestos por la Diputación para cubrir pérdidas injustificadas a la empresa de aguas en tres años, y, a mayor inri, se planean subidas de tasas abusivas e injustas).

La causa principal de este asunto turbio e irresponsable es <-la politización en los nombramientos y la falta de controles independientes->, ya que, los altos cargos designados por afinidad, no por mérito, perpetúan ineficiencia y políticas cortoplacistas que ignoran la viabilidad económica y el interés común, porque saben que nadie les pedirá responsabilidades y que son impunes de hecho.

*La Pregunta: ¿Dónde están los mecanismos de responsabilidad?

El Código Penal español castiga la malversación y la prevaricación, pero solo cuando hay ánimo de lucro evidente, lo que excluye la negligencia grave y permite que los responsables escapen sin sanción. El Tribunal de Cuentas, mediatizado por la mayoría parlamentaria, ve limitado su alcance real, y la lentitud judicial propicia la prescripción de las causas. El resultado es negativo, pues menos del 20% de denuncias por mala gestión pública acaban en condena.

**Consecuencias sociales y económicas – El coste del inmovilismo.

Este ciclo condona el despilfarro y alimenta el endeudamiento público (120% del PIB en 2025), deteriora servicios esenciales y provoca la quiebra de miles de pymes ligadas al entramado estatal (más de 19.000 desde 2019). La percepción de impunidad refuerza la desconfianza ciudadana y agrava el desinterés político, como ponen de manifiesto las últimas encuestas (70% de los ciudadanos ve corrupción estructural en el sector público).

**Reformas urgentes para romper el bucle de una mala administración.

*Para revertir el deterioro, es imprescindible:

<-Despolitización real de los nombramientos, exigiendo méritos y seleccionar cargos públicos por sorteo entre expertos independientes.

<-Ampliar el concepto de malversación, sancionando también la negligencia grave, no solo el lucro directo.

<-Controles fiscales y auditorías externas anuales, con incentivos y sanciones a las autonomías según su gestión.

<-Transparencia ciudadana, a través de plataformas de datos abiertos con alertas automáticas sobre irregularidades.

<-Integrar herramientas tecnológicas (IA) para controlar el gasto en tiempo real.

*Estas reformas, viables en próximas leyes y en los Presupuestos Generales, requieren consenso y presión social, ya que, sin ambos, el agujero negro de la mala administración seguirá devorando recursos y frenando el progreso necesario.

**Conclusión.

La mala gestión pública en España no es solo un problema financiero, sino que es una cuestión ética y política que hipoteca el futuro de todos.

La solución pasa por exigir responsabilidad individual y colectiva, eliminando el clientelismo y apostando por la eficiencia y la transparencia en todas las instituciones.

El tiempo para actuar es ahora, ya que, si no hay reformas de fondo urgentes, el ciclo de impunidad será irreversible

N.B. La mala administración y la falta de responsabilidad en la gestión de Empresas e Instituciones Públicas es una realidad en España a todos los niveles con pérdidas cuantiosas y ninguna responsabilidad individual o colectiva de los políticos despilfarradores y su gestores de confianza nombrados digitalmente.

Córdoba, 17 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.