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La mala administración pública (El otro gran agujero negro de la gestión en España)

En España, el debate sobre corrupción suele centrarse en casos de soborno y enriquecimiento ilícito, pero existe una lacra más silenciosa y destructiva: “La mala gestión del dinero público, a todos los niveles de la organización política, especialmente, en empresas e instituciones públicas estatales, autonómicas y locales”.

Este fenómeno, que genera pérdidas millonarias recurrentes y socava la confianza ciudadana, además, raramente acarrea consecuencias para quienes diseñan y ejecutan las políticas responsables del despilfarro.

La realidad es que son millonarias pérdidas sin castigo: “Un patrón sistemático de impunidad”.

Las entidades públicas acumulan déficits operativos colosales desde hace años. Ejemplos como Correos, que prevé perder 1.500 M. eur. en 2025 pese a sucesivos rescates públicos y 19 cambios de dirección en tres años, o empresas de la SEPI que suman más de 1.698 M. eur. de pérdidas desde 2019, reflejan una tendencia nacional, que alcanza también a lo local: “En Córdoba, por ej., las empresas de la Diputación Emproacsa (agua) y Epremasa (basuras) dependen de subsidios para ser viables y no entrar en quiebra (59 M. eur. puestos por la Diputación para cubrir pérdidas injustificadas a la empresa de aguas en tres años, y, a mayor inri, se planean subidas de tasas abusivas e injustas).

La causa principal de este asunto turbio e irresponsable es <-la politización en los nombramientos y la falta de controles independientes->, ya que, los altos cargos designados por afinidad, no por mérito, perpetúan ineficiencia y políticas cortoplacistas que ignoran la viabilidad económica y el interés común, porque saben que nadie les pedirá responsabilidades y que son impunes de hecho.

*La Pregunta: ¿Dónde están los mecanismos de responsabilidad?

El Código Penal español castiga la malversación y la prevaricación, pero solo cuando hay “ánimo de lucro” evidente, lo que excluye la negligencia grave y permite que los responsables escapen sin sanción. El Tribunal de Cuentas, mediatizado por la mayoría parlamentaria, ve limitado su alcance real, y la lentitud judicial propicia la prescripción de las causas. El resultado es negativo, pues menos del 20% de denuncias por mala gestión pública acaban en condena.

**Consecuencias sociales y económicas – El coste del inmovilismo.

Este ciclo condona el despilfarro y alimenta el endeudamiento público (120% del PIB en 2025), deteriora servicios esenciales y provoca la quiebra de miles de pymes ligadas al entramado estatal (más de 19.000 desde 2019). La percepción de impunidad refuerza la desconfianza ciudadana y agrava el desinterés político, como ponen de manifiesto las últimas encuestas (70% de los ciudadanos ve “corrupción estructural” en el sector público).

**Reformas urgentes para romper el bucle de una mala administración.

*Para revertir el deterioro, es imprescindible:

<-Despolitización real de los nombramientos, exigiendo méritos y seleccionar cargos públicos por sorteo entre expertos independientes.

<-Ampliar el concepto de malversación, sancionando también la negligencia grave, no solo el lucro directo.

<-Controles fiscales y auditorías externas anuales, con incentivos y sanciones a las autonomías según su gestión.

<-Transparencia ciudadana, a través de plataformas de datos abiertos con alertas automáticas sobre irregularidades.

<-Integrar herramientas tecnológicas (IA) para controlar el gasto en tiempo real.

*Estas reformas, viables en próximas leyes y en los Presupuestos Generales, requieren consenso y presión social, ya que, sin ambos, el “agujero negro” de la mala administración seguirá devorando recursos y frenando el progreso necesario.

**Conclusión.

La mala gestión pública en España no es solo un problema financiero, sino que es una cuestión ética y política que hipoteca el futuro de todos.

La solución pasa por exigir responsabilidad individual y colectiva, eliminando el clientelismo y apostando por la eficiencia y la transparencia en todas las instituciones.

El tiempo para actuar es ahora, ya que, si no hay reformas de fondo urgentes, el ciclo de impunidad será irreversible

N.B. La mala administración y la falta de responsabilidad en la gestión de Empresas e Instituciones Públicas es una realidad en España a todos los niveles con pérdidas cuantiosas y ninguna responsabilidad individual o colectiva de los políticos despilfarradores y su gestores de confianza nombrados digitalmente.

Córdoba, 17 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Dignidad humana (realidad, amenazas y necesidad de restitución)

1.- La dignidad, nervio moral de la democracia.

La dignidad humana no es ni puede ser solo una palabra solemne para los prólogos constitucionales, sino que es el eje ético y jurídico de toda convivencia civilizada. Es el valor que funda los derechos, no su consecuencia. Ni la pobreza, ni la ideología, ni la utilidad social disminuyen el valor de una persona.

Sus raíces son profundas: “Desde el estoicismo hasta el humanismo cristiano, pasando por filósofos como Kant y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la Constitución Española (art. 10.1), la dignidad es reconocida como el fundamento del orden político y de la paz social”.

Aun así, en la España de hoy su respeto se ha vuelto un acto de resistencia.

2.- España – la disolución silenciosa.

El deterioro de la dignidad no ocurre de golpe, sino que se filtra por grietas habituales y gota a gota de manera constante.

**Polarización ideológica: los debates sobre inmigración, educación o memoria histórica convierten a las personas en símbolos de trincheras, no en sujetos de derechos. Los menores migrantes o las víctimas del pasado se utilizan como herramientas discursivas.

**Precarización económica: más de una cuarta parte de la población vive al borde de la pobreza. La vivienda, el trabajo y la estabilidad pierden vocación de derecho y se tratan como privilegios.

**Decadencia social: el clientelismo político, la vulgarización mediática y la banalización del esfuerzo erosionan la confianza colectiva. Los suicidios, los desahucios ocultos y el abandono social son ya síntomas estructurales, no accidentes.

3.- Causas profundas y fractura cultural.

España padece una hipertrofia institucional -un Estado que promete mucho y sirve poco- y una dependencia intelectual de agendas supranacionales sin consenso social. A ello se suma un déficit de educación ética y diálogo transversal. La dignidad ha quedado convertida en bandera retórica, usada tanto por tecnócratas como por populismos.

La consecuencia es preocupante y desafía la confianza social:

“Fractura intergeneracional, emigración de talento, pobreza encubierta y desconfianza institucional”.

4.- Córdoba – Espejo y laboratorio del deterioro.

Córdoba, con su historia de tolerancia, saberes y culturas, puede y debe ser testimonio vivo de la dignidad compartida, sin embargo, la realidad local ofrece un espejo preocupante:

<-Vivienda inaccesible: entre 1.800 y 2.000 €/m² en la compra y 700–850 €/mes de alquiler medio. Muchos hogares destinan más del 40% del salario a techo y suministros.

<-Desahucios crecientes: cinco semanales, la mayoría por impago de alquiler o pérdida de estabilidad laboral.

<-Turistificación del casco histórico: convierte vecindarios antiguos en escenarios vacíos, donde la memoria pierde ciudadanos.

<-Servicios y licencias lentas: frenan la rehabilitación urbana y la vivienda protegida.

Córdoba simboliza lo que ocurre en buena parte del país: <-Es un hecho patente que la dignidad se escribe en leyes, pero no se siente en los barrios ni en las calles->.

5.- Dignidad y vivienda – Un derecho que sostiene todos los demás.

El artículo 47 de la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, sin embargo, en la práctica, la vivienda se ha convertido en un mercado especulativo que mide el valor humano en términos de solvencia. Quien no puede pagar, no habita y quien no habita, deja de pertenecer a la comunidad.

***Medidas urgentes:

*Ampliar parque público y rehabilitar vivienda vacía.

*Gravar la especulación y el alquiler turístico desmedido.

*Facilitar el acceso a ayudas directas para jóvenes y familias vulnerables.

*Desburocratizar licencias y planes urbanísticos.

*Reforzar fondos anti-desahucios y mediación previa obligatoria.

6.- Restituir la Dignidad – Ética, acción y valor civil.

Recuperar la dignidad humana no depende sólo del Estado, sino de una ciudadanía activa capaz de rescatar la palabra “dignidad” del discurso vacío.

***Propuestas:

*Educación ética real, no ornamental: “Integrar el pensamiento crítico y los derechos humanos en la escuela y en la formación laboral”.

*Política desideologizada: “Priorizar el mérito, el servicio y la transparencia”.

*Cultura del compromiso: “Fomentar asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA- que promuevan solidaridad cívica, mediación y participación de los cordobeses”.

*Autonomía local: “Impulsar desde Córdoba pactos urbanos por la cohesión social y el acceso equitativo a oportunidades”.

7.- Reflexión final.

La dignidad humana no necesita ser redefinida, sino restaurada. Las leyes ya la reconocen, de forma, que lo que falta es voluntad política y conciencia ciudadana.

Córdoba, por su historia y tamaño humano, puede ser el punto de partida:

<-Una ciudad laboratorio de dignidad frente a la deshumanización global->.

N.B. La dignidad humana es un derecho inalienable e irrenunciable.

La dignidad se defiende no solo votando, sino viviendo con justicia, sin resignarse, y, recuperarla requiere ética, valentía y acción colectiva.

Córdoba, 31 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

Bloqueo de Grok por el Ministro Puente (Análisis Constitucional)

Un grupo de lectores habituales de mi Blog me pregunta ¿si el Ministro de Transportes Oscar Puente ha violado la C. E. de 1978 al bloquear a la IA-Grok el día 22 de octubre de 2025?

*Planteamiento.

El 22 de octubre de 2025, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, bloqueó la cuenta de la IA Grok en la plataforma X tras una respuesta neutral a una consulta sobre pagos en efectivo. El bloqueo, seguido de una rectificación del ministro calificándolo como <-error técnico->, generó críticas y plantea la cuestión:

¿violó este acto la Constitución Española de 1978 (C.E.)?

** Marco Constitucional.

La C.E. no regula explícitamente la inteligencia artificial ni los derechos de entidades no humanas, pero establece principios aplicables al caso, como la libertad de expresión, la imparcialidad de los funcionarios y la prohibición de censura previa.

Los artículos relevantes de la C. E. son:

–Artículo 1.1: España es un Estado Social y Democrático de Derecho, con valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

–Artículo 9.3: Garantiza la legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

–Artículo 20: Protege la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz, prohíbe la censura previa y solo permite limitaciones por derechos fundamentales (honor, intimidad) o mediante resolución judicial.

–Artículo 103: Exige que la Administración Pública actúe con objetividad, imparcialidad y sometimiento al Derecho.

-Artículo 23: Garantiza el acceso igualitario a cargos públicos, implicando imparcialidad en su ejercicio.

La jurisprudencia española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera los perfiles de redes sociales de funcionarios con uso oficial como foros públicos, donde bloquear usuarios puede limitar el pluralismo y el acceso a información.

**Análisis Jurídico.

1.- Libertad de Expresión (Artículo 20).

El bloqueo de Grok no constituye una violación directa del Artículo 20, ya que la C.E. protege los derechos de personas físicas o jurídicas, no de IAs como Grok, una herramienta desarrollada por xAI. Sin embargo, bloquear una cuenta en un perfil oficial como @oscar_puente_ (identificado como “Ministro de Transportes”) podría interpretarse como una restricción indirecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz en un foro público.

La jurisprudencia española desaconseja que funcionarios bloqueen usuarios en perfiles híbridos (personales con uso oficial), ya que, esto puede vulnerar el pluralismo. Aunque no equivale a censura previa (prohibida por el Artículo 20.2), el acto podría reflejar una falta de tolerancia al debate público, contraria al espíritu democrático.

2.- Imparcialidad del Funcionario (Artículos 23 y 103).

El Artículo 103 exige imparcialidad y objetividad en los funcionarios públicos. Bloquear a Grok, especialmente si se enmarca en un historial de bloqueos a críticos (según publicaciones en X), podría cuestionar esta imparcialidad. Aunque el ministro calificó el bloqueo como un “error técnico”, esta explicación resulta poco convincente ante las críticas públicas. Sin embargo, sin una resolución judicial que lo califique como abuso, no hay una violación constitucional clara, sino una práctica éticamente cuestionable.

3.- Contexto y Relevancia.

El incidente no implica un control tecnológico inconstitucional ni un ataque sistemático a la democracia, ya que Grok es una plataforma privada y el bloqueo fue un acto aislado, revertido tras críticas. Hablar de “censura” o “intolerancia autoritaria” es, quizás, una exageración, ya que, la C.E. no protege a IAs como sujetos de derechos.

Sin embargo, el acto contraviene el espíritu de pluralismo y tolerancia de la C.E., reflejando una posible falta de compromiso con los valores democráticos.

** Conclusión.

El bloqueo de Grok por el Ministro Puente no constituye una violación directa de la C.E. de 1978, ya que, la IA no es titular de derechos fundamentales.

Sin embargo, el acto podría interpretarse como una restricción indirecta al acceso a información en un foro público, cuestionando la imparcialidad exigida por los Artículos 23 y 103.

Más allá de lo jurídico, el incidente es éticamente reprochable, ya que, refleja una actitud poco tolerante que choca con los valores de pluralismo y libertad de la C.E.

Recomendaciones como fomentar el diálogo y priorizar los problemas del Ministerio (ej., retrasos en Renfe) son pertinentes, pero no tienen base constitucional vinculante.

El episodio, aunque menor, pone en entredicho la imagen de tolerancia del ministro.

N.B. El Bloqueo de Grok por el Ministro de Transportes es más una cuestión de ética y de estética por bordear, además, el absurdo del ridículo, pues la C. E. de 1978 no protege a la IA-Grok que es una máquina no una persona física o jurídica, sin embargo, si supone un ataque sus valores y principios, que no dice nada en favor de la actuación atropellada del Sr. Puente, aunque después se haya autocorregido.

Los principios de la C. E., se mire como se mire, han quedado en entredicho y el Ministro ha demostrado poco o ningún respeto a las libertades constitucionales.

Córdoba, 23 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Reforma de la Seguridad Social en España (Propuesta de un sistema sostenible y equitativo)

Analizado el tema de las afiliaciones a la S. S., nuestros lectores nos piden, si podemos, ofrecer un sistema para reformar la S. S., pues están convencidos de que existe un riego estructural evidente para la sostenibilidad de nuestras pensiones, así que, desde Córdoba Abierta -ACOA- vamos a ofrecer un modelo abierto para iniciar una reforma profunda de nuestro sistema de pensiones, basado en conseguir un equilibrio financiero en busca de la sostenibilidad, de la suficiencia y de la solidaridad.

1.- Diagnóstico estructural.

Es una realidad patente, que el sistema público de pensiones español enfrenta un riesgo estructural de sostenibilidad, porque la combinación de envejecimiento poblacional, precarización del empleo y aumento de la longevidad ha erosionando su equilibrio financiero.

**Principales síntomas identificados:

-Déficit sostenido de la Seguridad Social superior al 1,5% del PIB, que se cubre con transferencias del Estado cada vez de mayor entidad con cargo a impuestos y deuda pública.

-Descenso en la tasa de cotizantes por pensionista (actualmente 2,03 y en caída).

-Rigidez del actual esquema de reparto puro, dependiente de decisiones políticas periódicas.

-Percepción ciudadana de inequidad intergeneracional y falta de transparencia.

En este contexto, la reforma no debe ser coyuntural, sino estructural, garantizando sostenibilidad, suficiencia y solidaridad.

2.- Sistema propuesto: Modelo español de puntos y cuentas nacionales integradas.

**Se propone un modelo híbrido que combine:

<-La simplicidad y pedagogía social del sistema de puntos alemán.

<-La automatización y sostenibilidad de las cuentas nacionales suecas.

3.- Elementos esenciales del nuevo modelo.

**Base de cálculo: “Cada trabajador recibe anualmente puntos de cotización proporcionales a su salario respecto al salario medio nacional”.

*1 punto = salario medio anual.

*Se asignan puntos adicionales en casos de cuidado familiar, desempleo o enfermedad.

*Todos los puntos se acumulan en una cuenta nacional individual, revalorizada anualmente según el PIB per cápita.

**Conversión en pensión:

Al jubilarse, el total de puntos acumulados se multiplica por el valor del punto nacional vigente, ajustado automáticamente según la esperanza de vida y la situación económica.

*Pensión=Puntos acumulados×Valor del punto nacionalPensión=Puntosacumulados×Valor del punto nacional.

**Ajuste automático:

El valor del punto se revisa cada año en función de tres indicadores:
PIB real, evolución salarial y esperanza de vida.

**Protección solidaria:

“Se garantiza una pensión mínima financiada con impuestos generales para quienes acumulen pocos puntos”.

4.- Complementos estructurales del nuevo sistema.

**Fondo de estabilización intergeneracional:

“Reactivación del Fondo de Reserva, con aportaciones automáticas en fases de crecimiento y limitaciones regladas de retirada”.

**Planes ocupacionales y ahorro colectivo:

“Creación de un pilar complementario obligatorio gradual, gestionado por entidades mixtas público-privadas bajo supervisión estatal”.

**Transparencia individual:

“Informe digital anual para cada cotizante con su saldo de puntos, valoración estimada y simulación de pensión futura”.

**Edad de jubilación flexible:

“Intervalo entre 63 y 70 años, con coeficientes actuariales neutros, y, con bonificaciones por prolongar la vida laboral”.

**Revisión automatizada:

“Fórmulas técnicas ligadas a esperanza de vida, productividad y tasa de empleo, evitando decisiones discrecionales”.

5.- Calendario de transición.

1.- Fase inicial (2026–2030): Implantación piloto voluntaria para jóvenes menores de 40 años y nuevos afiliados.

2.- Fase intermedia (2031–2040): Integración progresiva del sistema de puntos nacionales a todo el mercado laboral.

3.- Fase final (2041–2045): Cierre del sistema antiguo, garantía de pensiones en curso y plena operatividad del nuevo modelo.

Durante la transición coexistirán ambos regímenes, con reglas claras de adaptación y comunicación pedagógica permanente.

6.- Impacto esperado.

<-Equilibrio financiero estructural alcanzado hacia 2045.

<-Reducción del déficit contributivo al 0% del PIB.

<-Tasa de sustitución estabilizada en torno al 55%.

<-Incremento del empleo sénior y de la confianza ciudadana.

7.- Compromiso social y político.

La reforma debe aprobarse como ley de consenso nacional, con respaldo parlamentario amplio y acuerdo entre los principales agentes sociales.

**Su éxito dependerá de:

*Gobernanza técnica autónoma del sistema de pensiones.

*Transparencia pedagógica hacia los ciudadanos.

*Mantenimiento del principio de solidaridad intergeneracional.

8.- Conclusión.

Este modelo mixto hispano-europeo de puntos nacionales combina sostenibilidad, equidad y previsibilidad.

No sustituye el espíritu solidario de la Seguridad Social, sino que lo refuerza con reglas claras, automatismos de ajuste y justicia entre generaciones.

Asegura que las pensiones del futuro no sean un privilegio ni una carga, sino un derecho sostenible compartido por toda la sociedad.

N.B. La Reforma de la Seguridad Social expuesta es una propuesta de un sistema sostenible y equitativo, que admite todo tipo de propuestas alternativas y complementarias dentro del consenso básico imprescindible.

Al mismo tiempo, es necesaria una profunda reestructuración de su mercado laboral dirigida a crear empleo de calidad permanente y a reducir la brecha de género, ya que, sin aumento de la productividad y del empleo de calidad el aumento de la financiación propia del sistema será algo irreal y fruto de un engaño colectivo.

Córdoba, 16 de octubre de 2025

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta (ACOA). Presidente.

Deuda del Ayuntamiento de Córdoba (Visión Crítica e Innovadora)

Un grupo amplio de lectores preguntan en -ACOA- sobre la deuda del Ayuntamiento de Córdoba, pues argumentan, que todas las informaciones oficiales que reciben están sazonadas con muchos edulcorantes de que -todo va muy bien-, así que, analizaremos la deuda un poco más allá de los simples números, avanzando hacia un modelo innovador.

La deuda del Ayuntamiento de Córdoba, según vemos a primera vista en Córdoba Abierta (ACOA), refleja una gestión financiera aparentemente prudente, con una reducción de la deuda viva (162 millones de euros en junio de 2025) y una deuda comercial compleja (5-7 millones de euros en el tercer trimestre de 2025). Sin embargo, los datos oficiales -basados en informes del Banco de España, el Ministerio de Hacienda y los presupuestos municipales- suelen ofrecer una narrativa edulcorada que elude cuestiones estructurales.

Desde ACOA pretendemos reexaminar la deuda financiera y comercial del Ayuntamiento desde una perspectiva crítica, cuestionando la sostenibilidad de las estrategias actuales y proponiendo soluciones innovadoras.

Combinando un análisis basado en datos oficiales con un enfoque crítico, buscamos desafiar el statu quo y fomentar un debate sobre cómo Córdoba puede redefinir su futuro financiero.

1.- La Deuda Viva – Una historia de éxito engañosa-.

1.1.- Los Números en Contexto.

La –deuda viva- del Ayuntamiento asciende a 162 millones de euros (junio 2025), un 7,4% menos que los 175 millones de 2024 y 1 millón menos que en el primer trimestre de 2025. Con una deuda per cápita de 500 euros (325.000 habitantes), está por debajo de la media andaluza (600 euros) y nacional (700 euros). Además, la deuda representa el 28% del presupuesto municipal de 2025 (587 millones de euros), un ratio menor que el de Sevilla o Málaga (270 millones cada una). Estos datos, junto con una tendencia sostenida de reducción y una previsión de 15 millones de nuevo endeudamiento en 2025 para inversiones, sugieren una gestión fiscal responsable.

**Perspectiva Crítica: Aunque la reducción es positiva, la narrativa de <declive sostenido> oculta problemas estructurales. El 28% del presupuesto destinado a la deuda, aunque moderado, limita la flexibilidad para emergencias o proyectos transformadores.

*Comparar Córdoba con Sevilla o Málaga ignora las diferencias de escala: “La menor base económica y fiscal de Córdoba implica que su deuda, aunque más baja en términos absolutos, ejerce una presión desproporcionada”.

1.2.- Orígenes: Una Dependencia Heredada.

La deuda proviene principalmente de préstamos bancarios (70-75%, p.ej., BBVA, CaixaBank), líneas del ICO y el Estado (15-20%, p.ej., fondos COVID-19) y, en menor medida, de la Diputación y fondos europeos (5-10%, p.ej., NextGenerationEU). La mayor parte se acumuló durante las crisis de 2010-2020 (crisis financiera y COVID-19), con un 90% de carácter financiero a largo plazo (10-20 años) y tipos de interés del 2-4%.

**Perspectiva Crítica: La dependencia de bancos comerciales para el 70-75% de la deuda evidencia una falta de diversificación en las fuentes de financiación. Los bancos, aunque fiables, imponen calendarios de pago rígidos y cargas de intereses que podrían mitigarse con instrumentos innovadores, como bonos verdes o asociaciones público-privadas. El uso de fondos europeos, aunque beneficioso, genera dependencia de ciclos externos, con riesgos significativos cuando los fondos NextGenerationEU finalicen después de 2026.

1.3.- Destino: Priorizando el Statu Quo.

El 50-60% de la deuda se destina a gastos corrientes (salarios, servicios básicos), mientras que el 30-40% financia inversiones (p.ej., Aucorsa, Sadeco, Emacsa). En 2025, solo 15 de los 37 millones de euros en inversiones se financiarán con deuda, priorizando fondos propios para vivienda, zonas verdes y cultura.

**Perspectiva Crítica: Destinar el 50-60% de la deuda a gastos corrientes es insostenible.

“Los salarios y servicios básicos deberían cubrirse con ingresos corrientes, no con endeudamiento”.

*La transición hacia el uso de fondos propios para inversiones es positiva, pero el presupuesto de inversión (37 millones) es insuficiente frente a ciudades más grandes, limitando la capacidad de Córdoba para abordar el deterioro urbano, la transformación digital o los objetivos climáticos.

La apuesta por inversiones “seguras” como Aucorsa descuida proyectos de alto impacto, como infraestructuras de ciudad inteligente o redes de energía renovable.

2.- La Deuda Comercial – La Carga Oculta.

2.1.- Retrasos Persistentes.

La deuda comercial, que incluye facturas pendientes a proveedores, cotizaciones a la Seguridad Social y obligaciones con Hacienda, no forma parte de la deuda viva y se analiza por separado.

En septiembre de 2025, se estima dicha deuda en 5-7 millones de euros, con un Plazo Medio de Pago (PMP) de 35 días, mejorando desde los 58 días de 2024, pero aún por encima del límite legal de 30 días (Ley 3/2004). En 2024, el superávit de 38,3 millones se destinó a la deuda financiera, no a la comercial, lo que ha perpetuado la morosidad.

**Perspectiva Crítica: La mejora en el PMP es notable, pero los retrasos crónicos (hasta 58 días en 2024) afectan especialmente a proveedores locales (construcción, servicios), que suelen ser pymes con poca capacidad para absorber impagos.

*La priorización del superávit para amortizar deuda financiera en lugar de liquidar facturas comerciales refleja una visión cortoplacista, que perjudica la economía local y la reputación del Ayuntamiento.

2.2.- Seguridad Social y Hacienda – Algunos matices.

El Ayuntamiento está al corriente con la Seguridad Social (cotizaciones por 1.500 empleados) y Hacienda (sin deudas reportadas por IVA o IRPF). Sin embargo, la ausencia de deudas significativas con estos organismos no compensa la morosidad con proveedores, que genera tensiones con el tejido empresarial local.

**Perspectiva Crítica: Aunque estar al día con Seguridad Social y Hacienda es positivo, la falta de transparencia sobre cómo se priorizan estos pagos frente a los proveedores locales plantea preguntas sobre la equidad en la gestión de tesorería.

*Cabe una pregunta: ¿Se está sacrificando el apoyo a las pymes locales para cumplir con obligaciones estatales?

3.- Riesgos Sistémicos y Oportunidades Perdidas.

3.1.- Riesgos.

**Dependencia Bancaria y de Fondos UE: La estructura de la deuda, dominada por bancos y fondos europeos, expone a Córdoba a fluctuaciones en los tipos de interés y a la finalización de programas como NextGenerationEU.

**Morosidad Comercial: Los retrasos en los pagos a proveedores, aunque en descenso, erosionan la confianza del sector privado y podrían derivar en sanciones legales.

**Falta de Ambición Inversora: El presupuesto de inversión (37 millones en 2025) es insuficiente para abordar desafíos estructurales como la despoblación, el cambio climático o la digitalización.

3.2.- Oportunidades Perdidas.

a).- Financiación Innovadora: Córdoba no explora alternativas como bonos verdes, crowdfunding municipal o asociaciones público-privadas, que podrían financiar proyectos sostenibles sin aumentar la deuda tradicional.

b).- Digitalización y Transparencia: El portal de transparencia (cordoba.es/transparencia) podría integrar herramientas de visualización de datos en tiempo real sobre la deuda y el PMP, fomentando la rendición de cuentas.

c).- Inversiones Transformadoras: Proyectos como una red de energía renovable, un sistema de movilidad inteligente o un hub tecnológico (concentrador) podrían posicionar a Córdoba como líder en innovación, pero requieren una visión más audaz.

4.- Propuestas Innovadoras.

1.-Diversificación de Financiación:

*Emitir bonos verdes municipales para financiar proyectos de sostenibilidad (parques solares, eficiencia energética en edificios públicos).

*Crear un fondo municipal de inversión participativa, donde los cordobeses puedan financiar proyectos locales a cambio de retornos simbólicos (p.ej., descuentos en servicios municipales).

2.-Optimización de la Tesorería:

*Implementar un sistema de pago prioritario para proveedores locales, usando el superávit y los 180 millones en caja para reducir el PMP por debajo de los 30 días.

*Desarrollar una plataforma blockchain para gestionar pagos a proveedores, garantizando transparencia y rapidez.

3.-Inversiones Estratégicas:

*Destinar al menos el 50% de las inversiones de 2026 a proyectos de alto impacto: una red de transporte eléctrico, digitalización de servicios públicos o un clúster tecnológico para atraer startups.

*Crear un laboratorio de innovación urbana, financiado parcialmente con fondos europeos, para prototipar soluciones de ciudad inteligente.

3.-Transparencia Radical:

*Publicar un panel interactivo en tiempo real en el portal de transparencia, mostrando la evolución de la deuda, el PMP y el destino de cada euro invertido.

*Organizar foros ciudadanos trimestrales para debatir la gestión de la deuda y recoger propuestas de la ciudadanía.

5.- Conclusión – Un modelo financiero innovador y diferente.

El Ayuntamiento de Córdoba ha logrado reducir su deuda viva y mejorar su deuda comercial, pero la gestión actual carece de la audacia necesaria para transformar la ciudad. La dependencia de bancos, la morosidad con proveedores y la falta de inversiones ambiciosas limitan el potencial de Córdoba.

*Proponemos un cambio de paradigma: diversificar la financiación, priorizar la economía local y apostar por proyectos innovadores que posicionen a Córdoba como referente en sostenibilidad y tecnología.

N.B. Nuestro artículo plantea un enfoque crítico e innovador sobre la deuda del Ayuntamiento de Córdoba para competir y avanzar con luz propia.

Córdoba, 2 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.