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Realidad de la inflación en Córdoba – (Trampa estadística vs. IPC ciudadano)

Un grupo de cordobeses me escribe diciendo: “La bolsa de la compra cuesta más y pesa menos”, y, tienen razón, ya que, los datos oficiales sitúan la inflación nacional en el 2,3 % (febrero 2026), pero cualquier familia que compre huevos, frutas, verduras o aceite sabe que la realidad es otra. La inflación subyacente ya escala al 2,7 % y, en la cesta básica cordobesa, los alimentos superan el 3 % interanual (datos locales confirmados). La reduflación (mismo precio, menos producto) y el encarecimiento de hostelería (+5 % aproximado en servicios) completan el cuadro.

El índice general actúa hoy como una celosía digital, ocultando la erosión real del poder adquisitivo, aunque ya no vale solo denunciarlo, sino que ha llegado  el momento de piratear el sistema.

<<Espejismo oficial vs. Radiografía real (enero-febrero 2026)>>

CategoríaVariación oficial aproximadaImpacto real en Córdoba
Alimentación+3,0–3,4 %Recorte directo en el plato diario
Hostelería y restauración+4,5–5,5 %Ocio y turismo local castigados
IPC general nacional+2,3 %Maquillado por electricidad (-18 % mensual)
IPC subyacente+2,7 %Inflación “incrustada” y estructural

(Fuente: INE indicador adelantado febrero 2026 + desgloses Andalucía. Nota: “Los datos provinciales detallados por grupos se publican con retardo, y, la percepción ciudadana coincide con la subyacente”.

<<Una sospecha y una solución tecnológica>>

La inflación acumulada desde 2021 supera el 23 % en términos reales para la clase media trabajadora, que no es “temporal”, sino que es estructural, sin embargo, repetir “gasto público desbocado” sin más ya no basta, hay que ir a un verdadero salto crítico, pasando de la queja a la creación de datos.

**Innovación 1: IPC Ciudadano. Imagina un software de código abierto (impulsado por el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba) donde cada cordobés escanea su ticket de compra con el móvil, y, a través de la  IA se agregan miles de cestas anónimas en tiempo real, ponderadas por ingresos reales (no por la cesta media del INE).

*Resultado: “Un índice diario, transparente y geolocalizado”. Córdoba podría ser la primera provincia española con un “tablero de inflación” público y verificable por un libro de contabilidad digital compartido, y, adiós al “maquillaje metodológico”.

**Innovación 2: Cadena de suministro trazable con libro de contabilidad digital compartido e inmutable. Por ej. los olivares, huertas y ganadería de Córdoba pueden transformar el activo en un nuevo instrumento digital con propiedades adicionales su producción, de manera, que cada litro de aceite o kilo de tomate llevaría un QR que muestre coste real de energía, transporte y margen, y, así, el consumidor sabría exactamente dónde se genera la inflación (sequía, fertilizantes o intermediarios) y premiaría con su compra a los productores locales eficientes.

(Nota. Lo peor de todo es no moverse esperando que alguien venga a arreglar el problema.)

<<Amenazas globales vs. escudos cordobeses>>

1.- Tensiones arancelarias con EE.UU. y posible bloqueo en Ormuz → riesgo energético.

*Solución aplicable: Córdoba tiene sol y viento de sobra. Proyecto “Hidrógeno Verde Córdoba” (piloto en los terrenos de la antigua central térmica de Puente Nuevo) + almacenamiento en baterías de segunda vida.

*Objetivo: Cubrir el 40 % de la demanda provincial de electricidad en un tiempo razona sin depender del crudo.

2.- Inflación alimentaria crónica.

*Solución: Crear una red de “granjas verticales modulares” en polígonos industriales y azoteas de Córdoba capital y pueblos. (Ej. IA + hidroponía + drones de riego reducirían un 30 % el coste de frutas y verduras frescas y eliminarían la dependencia de importaciones climáticamente vulnerables). (Nota. Por el mundo se están transformando desiertos y lugares inhóspitos en centros de cultivo.)

<<Asfixia fiscal vs. productividad inteligente>>

Es un hecho probado, que la combinación precios altos + impuestos elevados erosiona el ahorro, de forma, que hay que cambiar el sistema de subsidios perpetuos, así que, se propone un giro radical:

<-Deducción fiscal para empresas cordobesas que inviertan en tecnología agrícola y energía verde.

<-“Cheque productividad” personal: “Cada trabajador que complete formación gratuita en IA o contabilidad digital recibirá un crédito fiscal directo de 500 a 800 € anuales”.

<-Contención inteligente del gasto público: “Aplicar la IA para auditar en tiempo real duplicidades y fraudes”.

<<Conclusión – (Fragilidad vs. resiliencia generacional>>

El crecimiento económico que se pregona oficialmente es algo artificial si la clase media sigue empobrecida, y, Córdoba tiene ahora una oportunidad histórica única, concretamente, <<ser la primera provincia española que pasa de “víctima de la inflación” a -laboratorio de soluciones inflacionarias->>.

Con IPC Ciudadano, -granjas verticales, hidrógeno verde y formación masiva en tecnologías de productividad-, en un tiempo razonable la cesta básica cordobesa podría costar menos en términos reales que hoy, mientras creamos empleo cualificado y atraemos talento joven que huye de las grandes ciudades.

(Nota. No se trata de negar los datos oficiales, se trata de superarlos con datos mejores, con tecnología propia y con una visión clara, de manera que la inflación no sea el destino sino el catalizador que Córdoba necesita para reinventarse.)

La bolsa de la compra no tiene que seguir pesando menos, ya que, se puede hacer que en el futuro pese más… en oportunidades.

N.B. Inflación en Córdoba – Visión crítica – Imagen explicativa.

(Nota. La inflación real, que grava los alimentos más necesarios, es oficialmente un misterio, aunque los cordobeses la sienten en sus bolsillos creciendo día a  día).

Córdoba, 13 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente – Córdoba Abierta -ACOA-.

Traición en la Diputación de Córdoba – (Cuando el PP gestiona con las políticas de la izquierda)

La política, en su versión más noble, es un compromiso de principios con el electorado, sin embargo, lo que estamos viviendo en la Diputación de Córdoba bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) no es política, es una asunción voluntaria e interesada de las políticas de la izquierda radical. El reciente pacto con Izquierda Unida (IU) para sacar adelante los presupuestos de 2026 no es solo un movimiento táctico de *supervivencia atrabiliaria*, sino que es una ruptura traumática del contrato ideológico con quienes confiaron en el Partido Popular para traer eficiencia, rigor y bajadas de impuestos.

(Nota. El P. P. de la Provincia, sus órganos dirigentes y el Consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en la inopia, aunque luego se quejarán de que los votantes lo hagan en favor de VOX.)

1.- El Secuestro de la Gestión – (IU dicta las normas).

Para evitar el bloqueo, el equipo de gobierno ha entregado las llaves de la gestión provincial a las tesis más inmovilistas de la izquierda radical, de manera, que IU ha logrado lo que no consiguió en las urnas, concretamente, <-blindar un modelo de gestión pública hipertrofiada->.

Al aceptar las condiciones de IU sobre las empresas provinciales, el PP renuncia a cualquier auditoría de eficiencia, de manera, que en lugar de reformar, se opta por proteger estructuras que su propia administración calificó de “pre-quiebra”. Se han sacrificado las soluciones liberal-conservadoras de externalización y colaboración público-privada en el altar de un consenso que solo beneficia a la burocracia ineficiente.

2.- Sumidero financiero – (Epremasa y Emproacsa).

Las cifras son indignantes, ya que, estamos ante empresas públicas que actúan como auténticos agujeros negros del dinero de todos:

<-Epremasa: Con pérdidas estimadas en 12 millones de euros, la solución no ha sido la optimización de procesos, sino un hachazo fiscal al ciudadano: “Una subida del 17,5% en el recibo de la basura”.

<-Emproacsa: En riesgo de insolvencia, se parchea con una subida del 5,7% en el agua y con cantidades enormes de dinero público para cubrir pérdidas derivadas de una gestión manirrota y políticamente de izquierda radical.

Es una gestión “manirrota” se mire como se mire y, además, se pide un sacrificio heroico a las familias y autónomos cordobeses para sostener un sistema que no se reforma.

Resulta indignante que un partido que abandera la bajada de impuestos en Madrid o Sevilla, en Córdoba se convierta en el brazo ejecutor de una política fiscal extractiva.

3.- La Paradoja de Salvador Fuentes – (Gestor, rehén y traidor a los votantes del P. P.)

Salvador Fuentes argumenta que “sin presupuestos la maquinaria se bloquea”, pero,

¿de qué sirve una maquinaria que camina en la dirección opuesta a sus promesas?

Gestionar el modelo de la izquierda no es gobernar, es claudicar.

*Promesa Electoral del PP*Realidad del Pacto con IU en Córdoba
Bajada masiva de impuestos y tasas.Subida del 17,5% en basura y 5,7% en agua.
Eficiencia y adelgazamiento público.Blindaje de empresas públicas deficitarias.
Alternativa a las políticas de izquierda.Cogestión bajo el dictado ideológico de IU.

<<Consecuencias – (El desaliento de una base electoral).

Este giro hacia el “realismo político” es, en realidad, una entrega sin condiciones a las políticas de izquierda. El votante del PP no es un cheque en blanco, sino que es un ciudadano que valora la coherencia.

Ver cómo se parchean balances mediante decretazos de subida de tasas, en lugar de mediante la optimización de recursos, genera una profunda sensación de impunidad burocrática.

Este pacto alimenta directamente el desencanto y abre de par en par las puertas a otras opciones políticas que sí prometen dar la batalla ideológica.

N. B. De traición en traición, el crédito se agota y los votantes del Partido Popular son buenos, pero tontos no.

No se puede pedir el voto para Juanma Moreno o para el proyecto nacional del PP mientras en Córdoba se abraza al modelo que se dice combatir.

Córdoba, a 11 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

Metástasis de la doble vara – (Ejemplaridad en Encinas Reales y blindaje en Cabra)

La salud de nuestras instituciones no se mide por la dureza con la que se castiga al adversario, sino por la coherencia con la que se actúa ante los propios. En estos momentos, en la Provincia de Córdoba, esa coherencia brilla por su ausencia en las actuaciones y omisiones del P. P., ya que, en un Ayuntamiento aplica una dureza fulgurante e inmediata y en otro Ayuntamiento con análoga situación la ignora y pasa de largo, estableciendo una desigualdad de trato contraria a la ley.

Hay un refrán popular que dice, que “la mancha de una mora con otra verde se quita”, que resalta la idea de que los errores o problemas pueden ser superados o compensados por acciones positivas, que es todo lo contrario que el P. P. de Córdoba está haciendo en Encinas Reales y en Cabra, ya que, al mismo problema está aplicando soluciones dispares: Una -(Encinas Reales)- la aplicación dura y fulminante de la ley, y, otra -(Cabra)- un blindaje con olvido de la ley, todo bajo el signo de la desigualdad con una doble vara de medir, que sale del mismo tronco, lo que no es otra cosa, que falta absoluta de coherencia.

Lo que está haciendo el P.P. y su Presidente y Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, no es un simple error de gestión, sino que es una patología política de manual, que implica una metástasis de la “doble vara de medir”, que exige una disección y un análisis urgentes.

1.- Contexto – (La contundencia tiene código postal).

El Partido Popular de Córdoba, con la intervención directa de Adolfo Molina (Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía y Presidente del P.P. provincial), ha demostrado que sabe actuar con celeridad… –cuando quiere–.

<-En Encinas Reales: Ante la contratación de familiares en la empresa municipal EnciSocial S.L., la respuesta ha sido fulminante: “Suspensión de militancia y expediente de expulsión”. El mensaje ha sido claro: “El partido no tolera estas actuaciones”.

<-En Cabra: Donde el Sr. Molina fue concejal, se tramitan las Diligencias Previas 82/25, (Tribunal de Instancia, Sección Instrucción, Plaza nº. 1.) por presunta prevaricación y conductas análogas. ¿La respuesta?. Ha sido un silencio sepulcral y el mantenimiento de los investigados e implicados en sus cargos.

MunicipioAcción PolíticaEstatus de los Implicados
Encinas RealesExpulsión y condena públicaSuspendidos
CabraSilencio y pasividadBlindados en el cargo

2.- Análisis – (Cuando el poder se vuelve arbitrario).

Es un hecho conocido y aceptado, que la voluntad del político no puede pasar por encima de la Constitución, por lo que aquí  convergen cuatro quiebras legales manifiestas:

<-Arbitrariedad proscrita (Art. 9.3 CE): Tratar de forma distinta supuestos iguales sin justificación objetiva es, simplemente, inconstitucional, porque  si contratar familiares es intolerable en el municipio A, no puede ser ignorado en el municipio B.

<-Falta de objetividad (Art. 103 CE): La Administración no puede elegir cuándo ser íntegra, de forma, que utilizar el aparato disciplinario según la conveniencia estratégica quiebra el deber de servir con objetividad a los intereses generales.

<-Desviación de poder: Se sacrifica a un edil de un municipio menor para intentar salvar la reputación, mientras se protege a los cargos de plazas políticamente más relevantes. Esto es usar la potestad sancionadora como herramienta de control de daños, no de justicia.

<-Fraude de Ley (Art. 6.4 Código Civil): Invocar el “respeto a los tiempos judiciales” en Cabra -mientras se ignoran en Encinas Reales- es un uso instrumental de la norma para alcanzar un resultado prohibido: “La impunidad selectiva”.

3.- El “efecto bumerán” en los Tribunales.

La actuación en Encinas Reales no es solo un dato político, sino que es material probatorio de primer orden para el Tribunal de Instancia, Plaza n. 1., de Cabra.

Al calificar como “intolerables“ las conductas en un pueblo, el Sr. Molina acredita que conoce perfectamente el reproche jurídico de tales actos y, por tanto, su inacción en Cabra no es un error de apreciación, sino que es una omisión deliberada.

(Nota. Una propuesta: Es necesario que el Tribunal de Cabra solicite el expediente disciplinario de Encinas Reales, de manera, que la comparación entre  ambos expedientes será la prueba directa de una desigualdad contra ley.

<<Reflexión Final>>

La justicia predecible es la base de la democracia, de forma, que una Institución que normaliza la impunidad selectiva no está enferma de corrupción ocasional, sino de algo mucho más peligroso, concretamente, “la protección de los poderosos a costa del Estado de Derecho”.

Es hora de que la vara de la Ley sea la misma para todos, sin importar el peso político de la plaza.

N. B.  La metástasis de la doble vara de medir y una ejemplaridad selectiva en Encinas Reales con blindaje sistémico en Cabra es pura arbitrariedad y protección de los más poderosos a cuenta del estado de derecho.

Córdoba, 6 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Valor de Referencia Catastral – (La coraza del Tribunal Constitucional)

El Tribunal Constitucional ha establecido con nitidez y rotundidad, que “el Valor de Referencia Catastral (VRC) es constitucional”, ya que, en una sentencia unánime, el T. C. avala este sistema como una <-adecuada medición de la riqueza->, poniendo una puerta blindada a posibles impugnaciones genéricas contra la norma.

El inicio de un camino nuevo en una defensa justa es necesario por el cambio en las reglas de juego, de forma, que ya que no podremos no cuestionar la Ley, lo que determina que la defensa, frente a un debilitamiento del “valor justicia” (C. E. art. 1.), se debe dirigir contra valor asignado a cada inmueble.

1.- Las bases del Tribunal Constitucional – (Una sentencia impositiva).

El Tribunal Constitucional ha fundamentado su decisión en tres bases que todo contribuyente debería conocer:

<-Capacidad Económica (art. 31.1 CE), ya que, la sentencia considera que el VRC no es arbitrario, porque nace de un análisis estadístico de precios reales de notarios y registradores.

<-El Factor de Minoración (0,9), porque la sentencia considera, que ese “margen de seguridad” del 10% es suficiente para absorber posibles desviaciones y garantizar que no se tribute por encima del valor real.

<-Presunción Iuris Tantum, porque para la sentencia el valor se presume cierto, aunque deja un resquisio legal al admitir prueba en contrario, quedando claro, que la carga de la prueba ahora recae una vez más y exclusivamente en el ciudadano impostado por el valor de referencia catastral.

2.- Los caminos de la defensa.

Ante una liquidación basada en un Valor de Referencia superior al precio real de compra, se abren dos vías de defensa y la elección dependerá del perfil de riesgo del ciudadano:

VíaProcedimientoVentajaRiesgo
ConservadoraAutoliquidar por el VRC y solicitar Rectificación.Evita intereses y sanciones.Desembolso inicial de liquidez.
CombativaAutoliquidar por valor de escritura.No se paga de más inicialmente.Intereses de demora y posible expediente sancionador.

(Nota. En la mayoría de los casos, la vía conservadora es la más adecuada y eficiente, pues permitirá impugnar con la tranquilidad de haber cumplido con la obligación tributaria, centrando el debate directamente en la valoración técnica del inmueble.

3.- El punto vulnerable del algoritmo catastral – (La prueba pericial).

El algoritmo del Catastro es ciego frente a la realidad física individualizada, de manera, que la defensa de una impugnación va a depender de que el perito arquitecto en su informe, ponga el foco en lo que el big data catastral no puede ver, así:

1.- Estado de conservación interno, porque el Catastro asume que el inmueble está en estado “normal”, de forma, que las humedades, instalaciones obsoletas o la necesidad de reforma integral son factores que el algoritmo del valor de referencia ignora.

2.-Deficiencias estructurales, ya que ITEs negativas o patologías no aparecen reflejadas en la ficha catastral.

3.- Distribución disfuncional del inmueble, pues pasillos excesivos, habitaciones ciegas o locales con poca fachada que penalizan el valor de mercado real, no se acogen por el valor de referencia catastral.

4.- Cargas y servidumbres y cualquier limitación urbanística que no aparecen reflejadas en el Mapa de Valores del valor de referencia y que por lo tanto no pondera.

4.- La impugnación del valor de referencia – (Los caminos).

Para poder impugnar el valor de referencia la ruta suele ser el siguiente:

<-Fase Administrativa con la presentación de la rectificación con informe pericial detallado. (Prepararse para el silencio o la desestimación sistemática).

<-Vía Económico-Administrativa (TEAR), que seguramente  es el momento clave para revisar cómo elaboró  el Catastro ese valor específico.

<-Vía Contencioso-Administrativa, que es la fase dónde la pericial de parte, ratificada judicialmente, adquiere su máxima importancia frente a la Administración.

<<Una propuesta>>

Si el valor de mercado real es sensiblemente inferior al VRC, es conveniente, no esperar a la liquidación oficial, de forma, que lo más eficaz, antes de firmar la escritura, es buscar un certificado de tasación de una entidad homologada por el Banco de España con fecha cercana al devengo.

(Nota. Tener esta prueba preconstituida hará que la balanza se incline a favor del contribuyente desde el principio del conflicto para poder destruir la presunción iuris tantum que opera en favor del valor de referencia.

N.B. La coraza tejida por el T. C. en favor del Valor de Referencia Catastral en su sentencia obliga a la defensa del contribuyente a demostrar el valor de mercado real, pues el TC ha puesto una puerta blindada a cualquier otra hipótesis de defensa.

Otra vez más al contribuyente se le sitúa en una posición de debilidad frente a la Administración Tributaria-Catastro, imponiéndole la carga de la prueba, cuando debería ser al contrario, ya que, la Administración es la parte más fuerte y la que cuenta con mayores medios de defensa de su posición contributiva, porque sin duda los impuestos son una necesidad para el mantenimiento de los servicios públicos, pero creo sinceramente que los derechos y libertades individuales deben prevalecer, máxime cuando estamos soportando una presión impositiva desaforada, a la que se unen unas condiciones económicas desfavorables para el ciudadano como la inflación y el deterioro de unos servicios públicos en retroceso en cantidad y calidad.

Córdoba, 15 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

II. Una sociedad justa y democrática (seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad)

Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.

Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.

Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.

<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un “proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente”, o lo que es lo mismo,  “seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad”, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical”, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.

<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.

<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>

Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:

1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.

2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.

3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común,  de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.

<<El camino>>

Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional”.

En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.

(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)

<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>

La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.

En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.

<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>

1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).

Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo,  porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.

La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.

2.- El colapso institucional y judicial.

La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.

3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).

**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:

*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.

*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.

<<Consecuencias directas en la España de 2026>>

FactorImpacto Real
Inversión ExtranjeraDesvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
ViviendaLa intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad JurídicaPercepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.

(Nota. “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”, pero esta máxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)

Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.

N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial  de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.

La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer “políticas socialistas” desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.

Córdoba, 10 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya,

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)