Tag Archives: económica

El sistema de anticipos de la Diputación&Ayuntamientos – (la trampa financiera que sostiene a una megaestructura a costa del contribuyente)

Existe una narrativa institucional fuertemente arraigada, que presenta a las Diputaciones Provinciales como el «hermano mayor» benefactor, que acude al rescate de los municipios para garantizar su liquidez diaria. Sin embargo, si analizamos los datos contables y la arquitectura financiera del modelo, la realidad muestra exactamente lo opuesto:

“Son los ayuntamientos, a través de los tributos devengados por sus vecinos, los que alimentan y justifican la mega-estructura de la Diputación provincial”.

(Nota. La Diputación no anticipa nada, simplemente, se enriquece cobrando a los ayuntamientos para mantener su negaestructura y siempre a costa de los ciudadanos. En otras palabras, un despropósito y una injustica.)

El mecanismo de anticipos a cuenta del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) se vende como una herramienta indispensable de apoyo local, pero en la práctica constituye una trampa-engaño, que *dilata la disciplina presupuestaria, *duplica el gasto estructural y *traslada una factura indirecta de intereses e intermediación a los bolsillos del ciudadano pagano.

1.- Las cifras – (endeudamiento privado y fondos propios insuficientes).

Para el ejercicio 2026, la Diputación de Córdoba ha anunciado la transferencia de 129,07 millones de euros a los 77 municipios de la provincia como adelanto de su recaudación tributaria. Esta cifra consolida un incremento continuo en los últimos años (119,55 M€ en 2023; 123,69 M€ en 2024; y 125,86 M€ en 2025).

***Sin embargo, al examinar el origen de estos fondos, la primera paradoja contable sale a la luz:

Origen del Capital	Importe (M€)	Porcentaje / Entidad
Fondos Propios	34,07 M€	Tesorería propia de la Diputación e ICHL
Kutxabank	50,00 M€	Operación de crédito
Caja Rural del Sur	20,00 M€	Operación de crédito
Unicaja Banco	16,00 M€	Operación de crédito
Bankinter	9,00 M€	Operación de crédito
TOTAL ADELANTADO	129,07 M€	100%

ciudadano,

De los casi 130 millones transferidos, la Diputación solo aporta 34,07 millones de sus fondos propios. Los 95 millones restantes se financian acudiendo a la banca privada mediante la suscripción de pólizas de crédito.

2.- El ciudadano paga la factura por duplicado – (intereses y duplicidades).

El dinero obtenido del sector financiero no es gratuito. Estas operaciones de crédito devengan cuantiosos intereses y comisiones que la administración provincial no absorbe a fondo perdido.

<<El mito de la ayuda provincial>>

A través del denominado premio de cobro –un porcentaje (generalmente entre el 4% y el 7%) que el ICHL descuenta sobre la suma efectivamente recaudada en cada municipio– se financia la operativa del organismo recaudador, sus cargas financieras y su personal.

┌───────────────────────────┐

│ CIUDADANO / CONTRIBUYENTE │

└─────────────┬─────────────┘

│ Paga impuestos locales (IBI, IVTM, IAE, etc.)

▼

┌───────────────────────────┐ Delegación + Premio de cobro ┌───────────────────────────┐

│ AYUNTAMIENTO ├───────────────────────────────────────►│ DIPUTACIÓN (ICHL) │

│ – Mantiene Tesorería/ │ │ – Plantilla propia. │

│ Intervención propia. │◄──────────────────────────────────────┤ – Cargos y sedes. │

│ – Soporta el coste final.│ Transferencia de anticipos │ – Pólizas financieras. │

└───────────────────────────┘ (financiadas con deuda bancaria) └───────────────────────────┘

***El ciudadano termina pagando dos veces para sostener la misma gestión:

1.- En el Ayuntamiento: Mantiene sus propios departamentos de Tesorería, Intervención y Padrones para fiscalizar el trabajo provincial.

2.- En la Diputación: Sostiene una infraestructura paralela de funcionarios, ejecutivos de cobro, desarrollos informáticos y altos cargos políticos.

3.- «Riesgo Moral» y el «Efecto Invernadero» sobre el gasto público.

El sistema de anticipos mensuales desconecta artificialmente la acción de gasto municipal de la entrada real de los ingresos tributarios. Al recibir inyecciones de caja constantes de enero a diciembre, los consistorios caen en dinámicas perjudiciales para la salud financiera pública:

<-Incentivo a presupuestar al límite o de forma optimista: Como las entregas a cuenta del 80% se calculan sobre la estimación de los padrones teóricos, los ayuntamientos tienen un estímulo directo para inflar o no ajustar sus previsiones de ingresos.

<-Adicción a la liquidez ajena: En lugar de exigir rigor y planificación de caja -adecuando la cadencia de pagos a los periodos reales de recaudación o acumulando remanentes de tesorería del año anterior-, se fomenta una inercia de gasto corriente apoyada en endeudamiento bancario intermediado.

<-Ocultación del deterioro presupuestario: La inyección periódica actúa como un anestésico que enmascara problemas reales de solvencia, posponiendo ajustes estructurales que terminarán encareciéndose con el tiempo.

4.- La inversión de la dependencia económica.

La realidad jurídica y presupuestaria destruye la narrativa del “patronazgo” provincial.

Sin la delegación masiva de tributos por parte de las entidades locales, el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local carecería de ingresos y de razón de ser.

La Diputación actúa en la práctica como un intermediario o bróker financiero caro:

“Utiliza como aval o garantía los impuestos devengados por los vecinos de la provincia, pide créditos bancarios a su nombre e imparte el dinero de vuelta cobrando una tasa de gestión y repercutiendo el coste financiero”.

Conclusión – (Hacia una verdadera corresponsabilidad fiscal).

El actual modelo de anticipos prioriza la paz de tesorería y la comodidad política a costa de inflar el gasto público estructural y cargar de intereses las arcas locales.

<-Una gestión pública prudente y en defensa directa del contribuyente exigiría romper este bucle de dependencia:

1.- Exigir gestión y planificación de caja propia a los ayuntamientos, adecuando la ejecución de los grandes pagos a los periodos efectivos de cobro fiscal.

2.- Eliminar la intermediación bancaria redundante que encarece la recaudación con intereses y comisiones.

3.- Aportar máxima transparencia sobre el coste real que supone para cada vecino el mantenimiento de estructuras superpuestas.

No son los ayuntamientos los que viven de la generosidad de la Diputación, sino que es la megaestructura provincial la que sostiene su peso sobre la capacidad impositiva de los municipios y sus ciudadanos.

Es hora de exigir un sistema transparente, eficiente y verdaderamente justo para quienes pagamos la factura.

(Nota. El P.P. en la Diputación de Córdoba está haciendo políticas socialistas de gasto público y su expansión descontrolada con los los tributos de los ciudadanos, realizando un engaño masivo e injusto, de forma, que la Junta de Andalucía debe acabar con esta práctica fraudulenta.).

N. B. Imagen.El sistema de anticipos de la Diputación – (la trampa financiera que sostiene a una megaestructura a costa del contribuyente)

(Nota. Hay que acabar con las duplicidades administrativas y adoptar un sistema de tributación justo, porque no puede ser que los ayuntamientos mantenga la misma estructura de la Diputación con todas sus cargas y costes, mientras los ciudadanos pagan por estructuras ineficientes y duplicadas.

En una frase, lo que hacen la Diputación&Ayuntamientos con el cobro de los tributos, es una injustica y un engaño masivo, siendo los anticipos un mecanismo más de engaño y un fraude de ley.)

Córdoba, 23 de julio de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La infracción perfecta del Derecho público – (El lawfare diario en la jurisdicción contencioso-administrativa y la urgencia de su reforma)

Los profesionales del Derecho, sabemos que las palabras importan, y mucho. En los últimos años, el concepto de lawfare (o la instrumentalización política y partidista de la justicia) se ha instalado en el centro del debate público en España; sin embargo, mientras el foco mediático, político y social se concentra casi exclusivamente en la jurisdicción penal -con sus espectaculares registros, detenciones e imputaciones a las puertas de campañas electorales-, existe otra modalidad de lawfare. Una realidad mucho más silenciosa, gris, cotidiana y, en ocasiones, infinitamente más devastador para el administrado y el profesional que lo defiende: <-El lawfare de baja intensidad en la vía contencioso-administrativa->.

Si la vertiente penal del lawfare se caracteriza por la espectacularidad de los tiempos, su vertiente administrativa se define por la guerra de desgaste burocrático-judicial, amparada bajo un manto de aparente legalidad procesal y blindada por una asimetría económica que aboca al ciudadano a una indefensión casi absoluta.

1.- El diagnóstico – (La “pinza” procesal y económica como método de exclusión).

Litigar contra la Administración Pública en España se ha convertido en un deporte de alto riesgo reservado únicamente a grandes corporaciones o a patrimonios extraordinarios. El sistema actual procesal no actúa como un contrapeso al poder, sino como un embudo financiero y técnico diseñado para disuadir la disconformidad del administrado a través de tres mecanismos clave:

A). La barrera económica: Tasas, depósitos y el “pago por adelantado”.

Para impugnar judicialmente decisiones de la Administración con contenido económico (como liquidaciones tributarias o sanciones), el sistema exige con frecuencia la consignación previa de depósitos o la prestación de costosos avales bancarios para evitar la ejecución forzosa del acto impugnado. Si el ciudadano carece de esa liquidez inmediata, la maquinaria administrativa embarga y ejecuta antes de que un juez llegue siquiera a estudiar el fondo del asunto.

B). El “criterio del vencimiento” como coacción procesal.

Desde la reforma del año 2011, rige en la jurisdicción contencioso-administrativa el criterio del vencimiento objetivo para la imposición de costas (artículo 139 de la LJCA), de forma, que el escenario para el ciudadano de a pie o la pequeña empresa es desolador, ya que, recurrir una sanción administrativa o una resolución injusta de cuantía moderada (pongamos, 1.000 euros) conlleva el riesgo real de sufrir una condena en costas de 2.000 o 3.000 euros si el juzgado desestima el recurso planteado.

El abogado se ve en la dolorosa y deontológica obligación de advertir a su cliente: “Llevas razón legal, pero si perdemos, el juzgado te va a crujir a costas”. Esto constituye, en la práctica, una coacción procesal amparada por la ley. La asimetría es flagrante, ya que, si la Administración pierde el pleito, el coste lo asume el presupuesto público (el dinero de todos), y, en cambio, si lo pierde el ciudadano, le puede costar la ruina.

C). La mutación procesal fraudulenta – (El atajo del procedimiento abreviado).

Una de las manifestaciones más sutiles y alarmantes de este lawfare de baja intensidad es el uso de filigranas procesales para cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva. Ocurre de manera sistemática cuando, ante una demanda compleja que acumula una pretensión de cuantía determinada inferior a 30.000 euros con varias pretensiones de cuantía indeterminada, el juzgado fuerza la reconversión del asunto a un procedimiento abreviado (artículo 78 de la LJCA) mediante un Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

**Es un hecho patente, que esta reconversión artificial no busca la agilidad, sino tres objetivos de conveniencia judicial:

*Eliminar la fase de conclusiones escritas, hurtando al letrado la posibilidad de desarmar de manera reposada y técnica la contestación de la Administración.

*Cerrar el paso a la apelación, al encuadrar restrictivamente el litigio por debajo del umbral del recurso (artículo 81.1.a de la LJCA), convirtiendo al juzgado de instancia en un “soberano absoluto” cuyas sentencias e interpretaciones ideológicas o erróneas jamás serán revisadas por un tribunal superior.

*Atrapar al profesional en un bucle recursivo estéril (reposición, revisión y el restrictivo e ineficaz recurso de queja), consumiendo recursos y paciencia en cuestiones formales mientras el fondo del abuso administrativo queda impune.

2.- Propuestas de reforma – (Vías de solución factibles).

El derecho administrativo nació históricamente para poner límites al poder absoluto del soberano. Para evitar que la jurisdicción contenciosa acabe legitimando de forma silenciosa el abuso de poder institucional, es urgente acometer reformas procesales y de acceso dirigidas a la raíz del problema: “La impunidad de quien firma y el coste de quien reclama”.

SISTEMA ACTUAL vs. REFORMA PROPUESTA

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ SITUACIÓN ACTUAL │ REFORMA PROPUESTA │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ • Las costas de la Administración las paga │ • Acción de Regreso Obligatoria: El cargo │

│ el erario público (el contribuyente). │ público responde con su patrimonio personal.│

│ • Costas disuasorias para el ciudadano en │ • Eliminación total de costas al ciudadano en │

│ primera instancia bajo criterio objetivo. │ primera instancia (salvo temeridad). │

│ • Ejecución inmediata de actos y exigencia │ • Suspensión automática del acto recurrido │

│ de avales/depósitos asfixiantes. │ en cuantías moderadas sin fianza previa. │

└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

I. Responsabilidad patrimonial personal del cargo político o funcionario – (Acción de Regreso Real).

Actualmente, la arbitrariedad administrativa sale gratis al emisor. Si se demuestra que un cargo público dictó una resolución injusta con flagrante desviación de poder (anteponiendo intereses partidistas, ideológicos o de mera obstaculización al interés general), la indemnización correspondiente debe ser reclamada de manera obligatoria contra su patrimonio personal (haciendo efectivo el artículo 36 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público). Cuando el decisor público sepa que se juega su vivienda y sus ahorros al firmar una resolución arbitraria, el uso de la administración como arma de desgaste se frenará drásticamente.

II. Eliminación total de costas en primera instancia para el administrado.

Debe modificarse el artículo 139 de la LJCA para prohibir la imposición de costas al ciudadano en la primera instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo en supuestos de manifiesta temeridad o mala fe procesal acreditada. Eliminar el miedo al “castigo” económico de las costas es la única vía para restablecer el equilibrio de armas procesales.

III. Suspensión automática de actos de cuantía moderada sin fianza.

Para pleitos cuya cuantía sea inferior a un umbral razonable (por ejemplo, 15.000 euros), la interposición del recurso contencioso-administrativo debe llevar aparejada de forma automática la suspensión del acto administrativo impugnado, sin necesidad de prestar avales o depósitos bancarios. El Estado tiene músculo financiero suficiente para esperar a la resolución del litigio, y, el ciudadano, no.

IV.- Una “Justicia Gratuita” técnica frente al abuso de poder.

La exención de tasas, depósitos y costas no debe vincularse únicamente a un umbral de renta bajísimo que excluye a la práctica totalidad de las clases medias y trabajadoras. Es necesario crear una figura de defensa procesal exenta de cargas económicas para aquellos casos en los que se impugnen desviaciones de poder manifiestas o vulneraciones de derechos fundamentales, independientemente del nivel de ingresos del recurrente.

<<Conclusión>>

El lawfare en España es una realidad innegable, pero no es exclusivo de las grandes causas penales que abren los telediarios, seguramente, su versión más perversa y depurada es aquella, que se viste con el traje de la burocracia, la inadmisión de recursos, la manipulación de los canales procesales para evitar apelaciones y la asfixia económica del ciudadano ante los tribunales contenciosos.

Mientras el procedimiento siga siendo, por sí mismo, la pena, y mientras litigar contra los abusos del poder público sea un lujo inalcanzable para la mayoría, la tutela judicial efectiva y la separación de poderes seguirán siendo, desgraciadamente en este ámbito, una quimera. La solución no pasa por discursos teóricos, sino por blindar el bolsillo del administrado y tocar, de una vez por todas, la tranquilidad patrimonial de quienes firman resoluciones a sabiendas de su injusticia.

N. B. El lawfare de baja intensidad. El valor justicia desaparece hundido en una indefensión manifiesta.

(Nota. Tengo casos de lawfare de baja intensidad en la vía contencioso-administrativa a porrillo y en todos ellos se produce una indefensión procesal absoluta al ciudadano).

Córdoba, a 16 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

El bolsillo cordobés – (el supermercado quema y la política silba)

Hay una extraña disonancia cognitiva cuando se camina por Córdoba en este mayo de 2026, ya que, si afinas el oído en la cola de una pescadería de Ciudad Jardín o en cualquier mercado de barrio, el monotema es incontestable: “La asfixia económica diaria”. El precio de la vida se ha vuelto intratable.

Sin embargo, si abres los periódicos o sintonizas las tertulias políticas, la inflación parece un fantasma de segunda fila, eclipsado sistemáticamente por las listas de espera sanitarias.

¿Por qué el dolor del bolsillo no monopoliza el debate público? ¿Qué se nos escapa entre la verdad de la calle y el despiste de las instituciones?

1.- La radiografía del coste de la vida – (Datos vs. Percepción).

Los datos oficiales del IPC en España muestran una ligera moderación, situándose justo por encima del 3,2% interanual (un tímido descenso frente al 3,4% previo), pero la macroestadística oficial es un consuelo de tontos para el cordobés medio por dos matices alarmantes:

*La inflación subyacente (clavada por encima del 2,8%): Al excluir energía y alimentos frescos, demuestra que el encarecimiento se ha quedado “pegado” al tejido estructural, de forma, que ya no es una crisis temporal, sino una es una costra permanente.

*La cesta de la compra: Aunque la luz dé un respiro estacional, los alimentos básicos en los supermercados de Córdoba (aceite, fruta, carne, etc.) acumulan subidas que superan el 10% en el último año.

No es una percepción aislada. El último barómetro del CENTRA (el CIS andaluz) lo deja claro: <- 6 de cada 10 andaluces afirman que el coste de la vida ha subido “mucho”, y la pérdida de poder adquisitivo ya es el principal problema personal para la mayoría de los cordobeses, sobrepasando la salud a nivel de calle->.

2.- La paradoja – (la Sanidad titula a nivel oficial y la inflación parece silente).

Si llenar el carro es diario y obligatorio, y ponerse enfermo es una eventualidad, de forma que la pregunta es obligada:

¿por qué la sanidad pública devora los titulares mientras la inflación se sufre en un respetuoso silencio?

***Tres factores lo explican:

*El “efecto competencia y jurisdicción” (¿A quién le tiro la piedra?): El ciudadano es pragmático. Sabe que el precio del aceite de oliva no se decide en el Palacio de San Telmo. La inflación responde a tensiones internacionales -como el enquistado conflicto en Irán- o a Fráncfort, de manera, que castigarla en urnas locales se siente como gritarle a una nube.

La Sanidad, en cambio, tiene un dueño claro: “La Junta de Andalucía”. Si el Hospital Reina Sofía se colapsa, el cordobés o el andaluz saben perfectamente a qué ventanilla ir a reclamar.

*Lo “gestionable” frente a lo “existencial”: Ante la subida de precios, el ciudadano retiene un pequeño margen de maniobra: cambia de marcas, busca ofertas o recorta en ocio. Es una batalla diaria, pero gestionable. Sin embargo, nadie puede gestionar por su cuenta una operación de corazón si el sistema público falla. El miedo al desamparo sanitario moviliza mucho más que el encarecimiento del kilo de pescado.

*El ruido” contra el sufrimiento atomizado: La crisis sanitaria cuenta con altavoces potentes (sindicatos, Mareas Blancas) capaces de colapsar el centro de Córdoba. La inflación es un sufrimiento atomizado. No hay una “Marea Blanca de Consumidores” manifestándose los domingos en las Tendillas. Es un malestar silencioso que se mastica en la intimidad del hogar.

La inflación nos quita el dinero; la sanidad nos quita el sueño.

3.- El truco de trilero entre el discurso y el recibo).

En este escenario, la estrategia del Partido Popular se ha centrado en vender a bombo y platillo su “bajada de impuestos” como el bálsamo definitivo contra la inflación, bajo el mantra liberal de que “el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano”.

Sin embargo, en Córdoba capital y su provincia, esta premisa choca frontalmente con la cruda realidad de los recibos ordinarios, destapando una evidente falta de coherencia. Los estrategas juegan con una tramposa “arquitectura del despiste”: “Separar conceptualmente lo que se firma en Sevilla de lo que se paga en los ayuntamientos”.

Lo que el PP promociona (Macropolítica en el BOJA)	Lo que el cordobés paga (Micropolítica en el banco)
• Bajada del tramo autonómico del IRPF.	• El “basurazo” de Sadeco.
• Bonificación de Sucesiones y Donaciones.	• La subida de las tarifas de Emacsa.
• Supresión del canon autonómico del agua.	• El incremento de tasas de agua y basura en la Diputación (Emproacsa y Epremasa) para sostener estructuras deficitarias.
	• El encarecimiento encubierto de la vivienda a través de tasas locales.

El riesgo de esta estrategia es evidente: “El bolsillo del ciudadano carece de formación académica en derecho financiero”. Al cordobés le da exactamente igual si el dinero se lo detrae la Junta mediante un impuesto o el Ayuntamiento mediante una tasa pública; el resultado neto es que le queda menos presupuesto para ir al supermercado. Prometer un alivio fiscal histórico mientras el recibo de la basura y el agua experimenta una subida técnica severa, es un tiro en la línea de flotación de la credibilidad popular.

4.- El peligro de la desafección – ( Los cordobeses no son tontos).

Los partidos suelen confiar ciegamente en la fragmentación de la culpa (achacar el agua a la sequía o la basura a la ley estatal de residuos) y en la fidelidad del voto ideológico. Esperan que el pequeño desahogo en la declaración anual de la renta tape el goteo constante y mensual de las tasas locales.

Pero subestimar el tejido social de Córdoba -históricamente observador y analítico- es un error de cálculo peligroso. La disonancia entre el relato macroeconómico y la realidad del cajero automático no suele traducirse en amnesia, sino en un silencioso resentimiento que puede manifestarse de dos formas:

<-El voto de castigo: Un trasvase de electorado hacia opciones más radicales a la derecha (como VOX) o el rearme de las fuerzas de izquierda, que ya utilizan estas subidas locales como bandera electoral.

<-La abstención por hartazgo: El peligroso crecimiento del “todos son iguales”, alimentado por la constatación de que las promesas fiscales se diluyen cuando las empresas públicas municipales necesitan recaudación.

<<Conclusión>>

Lo que hoy vivimos en Córdoba no es una alucinación estadística, es una crisis de coherencia. El modelo andaluz de bajos impuestos que vende la Junta tropieza en los ayuntamientos y en la Diputación con la necesidad puramente matemática de cuadrar las cuentas locales superlativas a costa del ciudadano.

A las puertas del verano, con un clima cordobés que disparará el consumo eléctrico para refrigeración y con la persistente volatilidad de los mercados energéticos, la presión sobre las familias va a arder. La verdad se defiende en la caja del supermercado y la mentira se disfraza en los discursos de campaña. Y el flanco más débil del gobierno local sigue estando, precisamente, en la insalvable distancia que separa el discurso del recibo.

N. B. Imagen. Asfixia económica diaria.

Córdoba, a 28 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya. (Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.)

Córdoba y la paradoja del bienestar – (La trampa del dinero público)

Quien visita Córdoba durante su mayo festivo asiste a un espectáculo desconcertante. Ver las casetas de la feria llenas, los patios desbordantes y un ambiente de celebración absoluta choca frontalmente con los fríos datos macroeconómicos: “Nos encontramos ante una de las provincias con mayor despoblación de la región y, simultáneamente, la segunda con más paro de toda España”.

¿Cómo es posible que este equilibrio se sostenga sin que la provincia, su capital y sus pueblos no salten socialmente por los aires?

La respuesta a esta paradoja no se reduce a un solo factor, sino a una compleja red de contrapesos económicos, dinámicas de resistencia social y, fundamentalmente, a un modelo de dependencia pública tan profundo que define tanto nuestra estabilidad diaria como nuestro estancamiento estructural.

<<Los amortiguadores – Por qué no explota Córdoba>>

El aparente bienestar que se respira en las calles durante las épocas de esplendor responde a mecanismos muy arraigados en la sociedad cordobesa:

1.- La economía sumergida y la estacionalidad: “Una parte sustancial de la actividad económica no computa en las estadísticas oficiales”. El sector agrícola (olivar, dehesa, campiña) funciona mediante campañas que los trabajadores alternan con periodos de subsidio por desempleo (como el PER). En paralelo, la hostelería vive su temporada de oro en primavera, ya que, el mayo cordobés inyecta una liquidez inmediata a través de contratos temporales y peonadas extras que las familias, que en gran medida, reinvierten en la propia fiesta.

2.- La red familiar como institución económica: “Los lazos familiares actúan como el verdadero colchón de la provincia”. La solidaridad intergeneracional permite que las pensiones de los mayores o los sueldos fijos de los funcionarios sostengan a hijos y nietos desempleados, a lo que, sin duda, hay que sumar a un alto índice de vivienda en propiedad (heredada o compartida), lo que reduce drásticamente el coste de la supervivencia básica en comparación con las grandes metrópolis.

3.- La cultura del ahorro para el disfrute: “El mayo festivo no se percibe en Córdoba como un lujo superfluo, sino como una válvula de escape psicológica y un derecho cultural”. Se dice, no sé si con razón, que muchas familias economizan al máximo durante el invierno con el único fin de reservar un fondo para estas fechas a lo que se añade, el acceso democrático a la fiesta (patios gratuitos y casetas de feria mayoritariamente públicas) lo que permite la participación colectiva sin necesidad de desembolsos prohibitivos.

4.- La ilusión de la concentración demográfica: “Aunque el norte de la provincia (Los Pedroches, el Guadiato) y las áreas rurales sufren una despoblación sangrienta, la capital y los municipios mayores (Lucena, Puente Genil, Montilla) retienen su dinamismo”. Es por eso, que en mayo, la convergencia de toda la provincia en la capital genera la falsa sensación de que “allí no falta nadie”.

<<La radiografía real – (Una provincia subsidiada).

Sin embargo, es un hecho patente, que más allá de la resiliencia social y la informalidad laboral, el verdadero pilar que sostiene la economía cordobesa es el flujo de dinero público, . Si ampliamos el concepto de “sector público” más allá de los funcionarios tradicionales e incluimos a toda la población cuyos ingresos principales provienen de las arcas del Estado, las cifras desvelan un escenario perturbador.

Oficialmente, sobre una población total de unos 770.000 habitantes, la radiografía de la dependencia pública en Córdoba se distribuye de la siguiente manera:

*Pensionistas (contributivas y no contributivas): La cifra se puede fijar prudentemente en 185.300 personas., lo que implica que el envejecimiento demográfico hace que casi una de cada cuatro personas en la provincia sea pensionista.

*Empleados públicos: Unos 51.500 trabajadores repartidos entre la administración local, autonómica y estatal. (Un cálculo más realista se situaría la cifra por encima de las 200.000 personas).

*Parados con prestación y subsidios (incluido PER/PROFEA): Unas 53.800 personas con cobertura de desempleo o ayudas asistenciales.

*Ingreso Mínimo Vital (IMV) y rentas de integración: Unos 25.500 beneficiarios.

**El indicador definitivo es demoledor: “Una cifra superior a 350.500 cordobeses reciben su principal ingreso mensual directamente de los presupuestos públicos”. Esto equivale aproximadamente al 42,5% de la población total, una proporción que se dispara y roza las dos terceras partes si filtramos el análisis únicamente hacia la población adulta que se encuentra en edad o disposición de percibir ingresos.

<<Las consecuencias de la trampa pública – (A la cola)>>

Esta colosal dependencia presupuestaria funciona como un excelente escudo contra la miseria extrema, pero actúa al mismo tiempo como un cepo para el desarrollo, ya que, este modelo condena a Córdoba a estar persistentemente en el vagón de cola debido a varias debilidades estructurales:

*Una ratio de sostenibilidad al límite: “En una economía equilibrada se requiere una base sólida de cotizantes privados”. En Córdoba, la relación es crítica: <Apenas existen 1,9 trabajadores ocupados por cada pensionista, una cifra notablemente inferior a la media nacional>.

*El dinero público como “suelo” y no como “motor”: “Las pensiones, subsidios y rentas mínimas se destinan casi íntegramente al consumo básico diario y al comercio local”. Es un capital que estabiliza el día a día, pero que no genera valor añadido, no patenta, no innova ni se reinvierte en la creación de tejido industrial autónomo.

*El “efecto imán” – Debilidad privada: Al carecer de grandes industrias y corporaciones multinacionales que ofrezcan salarios competitivos, el talento cordobés se canaliza de forma masiva hacia el sector público (oposiciones, contratos públicos, etc.), siendo un hecho perverso que los mejor preparados emigran y/o dedican su tiempo y sus mejores años productivos al estudio de temarios públicos en lugar de emprender, lo que conlleva que el sector privado queda sin innovación, hipertrofiado en sectores de baja productividad (hostelería y agricultura estacional) y compuesto casi exclusivamente por microempresas y autónomos sin posibilidades financieras.

La comparación con provincias vecinas evidencia la brecha: “Mientras que en territorios como Málaga la dependencia del dinero público cae al 29% gracias al empuje de la inversión extranjera, el turismo tecnológico y la iniciativa privada, Córdoba ha convertido al trabajo público en su única estructura sólida.

<<El horizonte de cambio>>

Existe, no obstante, un punto de inflexión en el futuro cercano, concretamente, la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General de Ejército Javier Varela, ya que, aunque se trata de una inversión de origen público, su verdadero valor estratégico radica en su capacidad para actuar como un imán para empresas privadas de alta tecnología, inteligencia artificial, robótica y mantenimiento industrial. Representa, posiblemente, la oportunidad histórica más clara que ha tenido Córdoba para diversificar su tejido productivo.

Mientras esa posible transición se consolida, la realidad de la provincia sigue atrapada en una dolorosa contradicción. *Una tierra que fía su estabilidad económica al Boletín Oficial del Estado y al de la Junta de Andalucía, a la Diputación y a los Ayuntamientos estará siempre blindada contra el colapso absoluto, pero permanecerá presa bajo un techo de cristal que le impide competir con economías dinámicas*.

Mientras la principal fuente de sustento de casi la mitad de sus habitantes dependa de las transferencias del Estado y del dinero público, y, no de la riqueza que produce su propia población, revertir la despoblación y el desempleo estructural seguirá siendo una tarea de enorme envergadura, que hasta la fecha nadie ha querido transformar, por lo que seguiremos a la cola y paralizados.

N. B. Imagen. Córdoba dual.

Córdoba, 24 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La claridad – (El necesario pacto proporcional entre PP y Vox en Andalucía)

Un Grupo de los lectores del blog, me preguntan, qué haría en las actuales circunstancias derivadas del resultado de las elecciones andaluzas.

Aunque dados los precedentes, la respuesta se presenta difusa, creo que la cosa está muy clara, así;

El mapa político andaluz ha dejado un mensaje nítido tras las urnas del 17 de mayo. Los ciudadanos han retirado la mayoría absoluta al Partido Popular, pero han revalidado una indiscutible mayoría de centroderecha y derecha en el Parlamento de las Cinco Llagas. Con los resultados sobre la mesa -el PP con 53 escaños y Vox consolidado como fuerza decisiva con 15-, el mandato de estabilidad pasa obligatoriamente por el entendimiento.

Sin embargo, los andaluces no demandan un cheque en blanco ni componendas de despacho a puerta cerrada, sino que exigen un pacto claro, transparente y estrictamente proporcional al peso que cada formación ha obtenido en las urnas.

1. La transparencia como base del respeto al electorado.

El principal error de los gobiernos de coalición o de los pactos de legislatura suele ser la ambigüedad, de forma, que para que la sociedad andaluza asimile y confíe en la gobernabilidad de los próximos cuatro años, el acuerdo entre la formación de P. P. de Juanma Moreno y la de VOX de Manuel Gavira debe basarse en la máxima luz y transparencia, así:

<-Evitar las líneas difusas: Un acuerdo programático debe ser legible, público y medible. Los andaluces tienen derecho a saber con precisión qué cesiones se hacen, en qué materias y bajo qué plazos.

<-Certidumbre económica y social: Las prioridades de la comunidad (como la gestión del agua, la sanidad pública y las políticas de empleo) no pueden quedar paralizadas por un tira y afloja constante. Un documento nítido disipa cualquier incertidumbre de gestión y transmite madurez institucional.

2. El principio de proporcionalidad justa.

La justicia democrática dicta que la composición y la influencia en el nuevo ciclo político deben ser el reflejo fiel del porcentaje de voto y escaños. Ni más, ni menos.

<-El peso del Partido Popular (53 escaños): El PP sigue siendo la fuerza mayoritaria y el eje sobre el que debe pivotar la acción de gobierno. Su peso específico legítima el liderazgo de las políticas generales y la presidencia de la Junta.

<-El peso de Vox (15 escaños): Vox ha demostrado tener un suelo electoral sólido que lo convierte en la llave del Palacio de San Telmo. Su representación no puede ser ignorada ni diluida en un mero apoyo de investidura sin contrapartidas proporcionales en la fiscalización o el rumbo de las consejerías.

Un reparto proporcional equitativo evita los dos grandes peligros de estas negociaciones: “Que una fuerza minoritaria intente imponer la totalidad de su agenda maximalista, o que la fuerza mayoritaria pretenda absorber los votos de su socio tratándolo como un actor secundario sin voz ni voto”.

<<Un acuerdo andaluz para los andaluces>>

Andalucía no puede permitirse el lujo de una parálisis política ni de un bloqueo institucional que empañe el arranque de la legislatura. La madurez democrática de la comunidad se medirá en la capacidad de ambos partidos para sentarse a negociar con realismo aritmético y altura de miras.

Un pacto proporcional, tasado y, sobre todo, explicado con total franqueza y pedagogía a los andaluces, no solo garantizará la estabilidad que la región necesita para seguir avanzando, sino que dignificará el valor real de cada voto depositado en las urnas.

N. B. Siguiendo con lo que se ha dicho, Juanma Moreno advierte a Vox de que pretende gobernar en solitario, y VOX dice que impondrá sus políticas, así que por ahora empezamos mal.

Córdoba, a 22 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.