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Presupuesto récord – La ilusión – (Gasto municipal descontrolado)

El inicio de 2026 nos deja una fotografía inquietante de la administración local en España, ya que, mientras los ayuntamientos presumen de presupuestos “históricos”, la realidad que subyace sugiere algo mucho más peligroso, concretamente, “una expansión descontrolada de su gasto estructural que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo”.

1.- El espejismo del superávit y la trampa de los fondos europeos.

Se nos dice que las corporaciones locales gozan de buena salud financiera (un superávit del 0,4% del PIB), pero este dato es un “maquillaje” contable, así.

<-Dependencia externa porque el crecimiento se apoya en los fondos Next Generation EU., que son inyecciones temporales de dinero, que se están utilizando para financiar estructuras permanentes.

<-Gasto rígido porque aunque el gasto primario ajustado crecerá de un 4% para arriba en los ayuntamientos este año, el problema está, en que cuando los fondos europeos se agoten, los costes de mantenimiento de las “obras faraónicas” y el aumento de las plantillas seguirán ahí.

2.- Radiografía de la ineficiencia – (A dónde va el dinero de todos).

Para entender el problema, debemos mirar las “tripas” de los presupuestos, porque la eficiencia brilla por su ausencia en las partidas clave:

Partida	Tendencia 2026	El problema real
Personal (Cap. 1)	Aumento Alto	Absorbe el 30% del gasto. Existe una brecha salarial del 28% respecto al sector privado, sin que la productividad pública mejore.
Gasto Corriente (Cap. 2)	Aumento Muy Alto	Los contratos de servicios son más caros por la inflación, pero la calidad para los ciudadanos es la misma o peor.
Inversiones (Cap. 6)	Decrecen proporcionalmente	Ejecución lenta. Se presupuesta pero se gasta poco, y a menudo en proyectos que generan más gasto futuro.
Empresas Públicas	Crecimiento incontrolado en pérdidas	Se usan como “administraciones paralelas” para esquivar controles de deuda y transparencia, con una trampa de personal.

3.- El “tasazo” de basuras – (Ejemplo perfecto del “esquilme”).

Uno de los puntos de mayor fricción es la nueva tasa de basuras obligatoria.

En 2025 vimos una subida histórica del 17,4%, y la tendencia persiste en 2026.

Bajo la excusa de la sostenibilidad, se obliga al ciudadano a cubrir el 100% del coste del servicio, que realmente es, en la práctica, un impuesto encubierto sin rendición de cuentas.

¿Se recicla mejor? ¿Están las calles más limpias?

La respuesta suele ser un “no” rotundo, mientras los ingresos municipales suben entre un 7% y un 9% solo por este concepto.

4.- La brecha insostenible – (Sector Público vs. Sector Privado).

Los datos de marzo de 2026 confirman una desconexión total entre dos mundos que deberían retroalimentarse:

1.- Sueldos: Un empleado público gana, de media, 900 € brutos más al mes que uno privado, además, mientras los primeros tienen sueldos indexados a la inflación, los segundos contienen costes para no cerrar.

2.- Empleo: El empleo público está en máximos (3,5 millones), mientras el privado muestra signos de fatiga por la presión fiscal y los costes laborales.

(Nota. El paro real supera ya sobradamente los 4.000.000 de desempleados y con rostro de mujer, y, una cifra de inactivos en sentido estricto que suma y suma, de manera, que algo grave está pasando en el empleo.)

3.- Productividad: Mientras el sector público <-engorda-> vía consumo, la inversión en el sector privado cae, lastrando el potencial económico del país y con una tasa de productividad decreciente.

5.- El Caso Córdoba – (Cuando el color político no importa).

Córdoba es el ejemplo perfecto de que esta deriva que no entiende de ideologías, ya que, Administraciones gobernadas por el PP (Ayuntamiento de Córdoba, Diputación y Ayuntamiento de Cabra) están aprobando presupuestos récord:

<-Ayuntamiento de Córdoba: 595,7 millones de euros.

<-Diputación de Córdoba: Un aumento del 21,3% hasta los 522,9 millones.

(Nota. Resulta paradójico que quienes predican la contención fiscal se suban a la ola del gasto expansivo. En Córdoba, la brecha salarial y el peso de las nóminas públicas (30% del gasto corriente) contrastan con un sector privado dependiente de la agricultura y los servicios, que lucha por sobrevivir a los costes energéticos.)

<<Conclusión – (Hacia dónde)>>

Si no se impone la transparencia y la eficiencia, el camino está trazado: “La ruina”.

Cuando los fondos europeos dejen de fluir, los ayuntamientos solo tendrán dos salidas: “*Subir aún más los impuestoso *realizar recortes drásticos en servicios esenciales”.

Es inasumible y no se puede permitir que el “presupuesto récord” sea la medalla que se cuelgan los políticos manirrotos y poco o nada responsables, mientras el ciudadano de a pie (el Pueblo) soporta la carga de una burocracia cada vez más pesada y menos útil.

La verdad y la mentira.

N.B. Presupuestos locales más y más, de forma, que asistimos a una expansión del gasto público local en España, que supone un crecimiento descontrolado de su gasto estructural, que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo”.

Urge transparencia, eficiencia y contención, porque gasto más gasto lleva a la ruina, recayendo, además, primero en el ciudadano de a pie.

Córdoba, 10 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Inmigración, SMI y vivienda (Precariedad y su techo)

A menudo se oyen charlas y debates poco profundos sobre la inmigración y la economía, pero los datos nos cuentan una historia mucho más compleja, porque no se trata de “causas únicas”, sino de cómo ciertos factores -como la inmigración de baja cualificación y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)-, actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba.

Señalamos las claves para entender ¿por qué?, aunque la economía crece descompasada, la sensación de precariedad se está normalizando.

1.- El “suelo” de la vivienda – (Precios que no bajan).

La inmigración de baja cualificación suele concentrarse en el mercado del alquiler, y, aquí, resulta un dato es preocupante y demoledor, ya que, mientras el 30 % de los españoles vive de alquiler, entre los extracomunitarios la cifra sube al 74 %.

**La necesidad urgente de “techo” crea una demanda que acepta lo que sea por supervivencia, lo que está validando un modelo de negocio preocupante:

*Micro-living e infravivienda: Los propietarios prefieren dividir pisos en minúsculos “estudios” o habitaciones diminutas antes que bajar precios.

*Hacinamiento: El 19 % de los hogares extranjeros vive en condiciones de hacinamiento (frente al 5 % autóctono).

(Nota. La realidad diluye el artículo 47 de nuestra Constitución (el derecho a una vivienda digna), aunque la inmigración no “causa” la falta de casas, pero su llegada masiva a un mercado sin vivienda social (solo un 3,3 % en España vs. 8 % en la UE) acelera la degradación de los estándares de vida.)

2.- La paradoja del SMI y el modelo productivo.

En este 2026, el SMI se sitúa en 1.221 €. y es una herramienta de protección necesaria, pero cuando se combina con una oferta abundante de mano de obra poco cualificada, surgen efectos secundarios negativos:

1.- Freno a la productividad: Las empresas optan por contratar “barato” en lugar de invertir en tecnología o formación.

2.- Riesgo de economía sumergida: En sectores como la hostelería o el servicio doméstico, algunos trabajadores terminan aceptando pagos “en negro” por debajo del SMI para poder competir.

3.- Reduflación: Los hogares con presupuestos ajustados (donde los inmigrantes están sobrerrepresentados) sufren más la “reduflación” (pagar lo mismo por menos cantidad de producto), al tener menos margen para elegir otras marcas.

3.- Sector construcción – (Más trabajadores y casas más pequeñas).

Casi el 26 % de los trabajadores de la construcción en España son extranjeros. En teoría, esto debería abaratar costes y bajar el precio de la vivienda, pero no ocurre así, porque loque estamos viendo es que los ahorros en costes laborales no llegan al comprador. La realidad, es que se quedan en los márgenes de los promotores o se pierden en el alto precio del suelo, mientras que el tamaño de las viviendas nuevas sigue reduciéndose.

<<Solución – (Propuestas)>>

No se trata de caer en discursos xenófobos, sino de aplicar políticas públicas inteligentes que atajen la raíz estructural:

<-Vivienda: Establecer límites estrictos a la “miniaturización” de pisos y aumentar drásticamente el parque de vivienda pública.

<-Mercado Laboral: Fomentar una inmigración basada en perfiles cualificados y facilitar la homologación de títulos para que el talento no se desperdicie en puestos de baja productividad.

<-Consumo: Aplicar con mano firme la nueva Ley de Consumo Sostenible de 2026 para proteger a los consumidores más vulnerables de prácticas abusivas.

<<Conclusión>>

España no se está empobreciendo en términos de crecimiento (la inmigración explica casi la mitad del crecimiento del PIB reciente), pero sí está perdiendo calidad de vida. Para que el crecimiento sea real, debe ser cualitativo: mejores casas, empleos más productivos y el cumplimiento real de los derechos que nuestra ley garantiza.

N. B. Inmigración, SMI y vivienda son solo otros factores que actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba, aunque se está perdiendo calidad de vida, así que, reclamamos un crecimiento real para que se cumplan nuestros derechos constitucionales.

Córdoba, 4 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogad. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Córdoba – Un laberinto laboral (Un bucle permanente)

Córdoba se encuentra como siempre en una encrucijada, porque a inicios de 2026 los datos nos devuelven la misma una imagen permanente, concretamente, *una economía que pivota sobre sectores inestables y *una brecha social que se ensancha, razón por la que cabe necesariamente una pregunta:

¿Es Córdoba una ciudad de oportunidades (un lugar donde la mayoría de las personas tiene condiciones reales para desarrollar su vida con dignidad y progresar) o una “casa-museo gestionada y mantenida por la administración pública”?

1.- Análisis – (Una economía de bajo valor añadido).

El modelo actual socio-laboral de Córdoba se basa en la agricultura, la hostelería y la pequeña industria, lo que genera una “correlación perversa”, porque:

<-Las empresas no demandan alta cualificación a sus trabajadores, porque sus procesos son simples.

<-El talento local emigra al no encontrar puestos dónde desarrollar sus cualidades profesionales, acordes con su progreso personal y dónde dominan los salarios bajos y las condiciones laborales precarias.

<-Para completar lo dicho, dejar claro, que sin talento las tecnológicas no se instalan.

Es un bucle permanente de precariedad.

2.- Una Ciudad dual (Sector Público vs. Privado).

Córdoba es hoy una sociedad a dos velocidades, de forma, que la diferencia no es solo salarial, es de “seguridad vital”, donde conviven dos realidades sociales y económicas muy diferentes y cada vez más separadas: “Una parte muy próspera y globalizada y otra empobrecida y excluida”.

**Cuadro comparativo:

Factor	Sector Público	Sector Privado
Salario Medio	2.800,eur. – 3.000,eur.	1.400,eur. – 1.600,eur.
Estabilidad	Alta (Plaza)	Alta rotación (Campañas)
Efecto	Motor del consumo	Supervivencia estacional

(Nota. Esta brecha convierte al empleo público en la única vía de ascenso social, drenando y agotando la iniciativa privada).

3.- El drama de los <-Invisibles->.

Más allá del problema del paro, “el dato alarmante es la población inactiva”, porque el <-efecto desánimo-> ha calado en mayores de 45 años, mujeres y jóvenes sin formación que, simplemente, han dejado de buscar empleo cansados y desanimados.

(Nota importante. Córdoba pierde unos 2.300 habitantes al año por el efecto despoblación y la falta de oportunidades, por lo que hay menos gente buscando empleo y explica, también, porque baja la cifra de paro, siendo, así mismo, la causa de la falta de dinamismo en su futuro económico).

4.- La Base Logística (BLET) – (Solución o espejismo).

La BLET es la gran esperanza, pero conlleva un riesgo jurídico-económico, porque si no recualificamos rápido a nuestra población en IA, robótica y mejora de técnicas productivas , los puestos de calidad los ocupará personal foráneo, de forma, que Córdoba se quedaría, una vez más, con los servicios auxiliares de bajo valor (ej. limpieza y seguridad).

<<Propuestas para romper el bucle negativo – (Estratégica fiscal selectiva)>>

**Como herramienta de ingeniería social, la fiscalidad en 2026 para Córdoba debe ser “quirúrgica”:

A.- Incentivos al talento (I+D+i).

-Deducciones por empresas Startups (innovación y tecnología), aprovechando el 50% de deducción en Andalucía para inversiones en empresas locales.

-Andalucía TRADE, movilizando fondos para que la pequeña industria innove y se automatice, mejorando su productividad, y, así poder pagar mejores salarios.

B.- Choque contra la Inactividad.

-Bonificaciones progresivas, de forma, que no se dará una ayuda fija por contratar, sino bonificar el 100% de la cuota si la empresa paga por encima del SMI, es decir, que pagar más sea fiscalmente rentable.

-Deducción por recualificación, eliminando el miedo a contratar mayores de 45 años o mujeres, al permitir deducir el 50% del salario durante los primeros 6 meses de adaptación.

C.- El Ayuntamiento como Motor.

El IBI y la Tasa de Veladores ayudan, pero no crean empleo de calidad, así que, se necesita:

<-Cláusulas Sociales, de forma, que en las licitaciones públicas, por ejemplo, puntúe más la empresa que pague un 15% o un 20% por encima del convenio.

<<Conclusión>>

Córdoba no puede seguir siendo un lugar consagrado únicamente a las musas y al turismo, razón por la que se necesita “una reestructuración completa” de su composición social y económica, pasando de la subvención pasiva al crédito fiscal activo.

(Nota. Solo elevando la cualificación y exigiendo excelencia salarial evitaremos convertirnos en una periferia laboralmente excluida).

N. B. Córdoba hoy es un laberinto laboral permanente sin salida, de forma, que hay que salir del bucle interminable, *reestructurando el mercado del trabajo en busca de la productividad y del empleo de calidad, *mejorando las bases salariales y *atrayendo empresas de alto nivel, que pagando mejor y con condiciones de trabajo atractivas atraigan el talento.

Córdoba, 25 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -(ACOA)-.

Córdoba una nómina pública (Un salto al vacío)

Vista aérea de la mezquita-catedral de Córdoba

<<El riesgo de una economía a dos velocidades>>

Los datos de enero de 2026 son históricos y dejan una realidad preocupante y de difícil solución, ya que, Córdoba ha alcanzado un techo de empleo público con más de 53.700 personas (contando el sector “invisible” de empresas municipales). Mientras la administración se consolida como el gran refugio, el sector privado lucha por no quedar atrás en una provincia, que depende, hoy más que nunca, del presupuesto estatal.

Es un hecho negativo, que al haber tanta renta pública, los precios de los servicios y la vivienda en Córdoba se mantienen estables, lo que a veces dificulta que las empresas privadas puedan competir por el talento, ya que, no pueden ofrecer salarios tan atractivos como los del sector público, y, además, Córdoba depende más de lo que se decida en los Presupuestos Generales del Estado que de lo que ocurra en los mercados internacionales.

1.- El desequilibrio.

Si sumamos el gasto en salarios públicos y el récord en pensiones, el Estado inyecta en Córdoba casi 4.900 millones de euros anuales, así que, para entender la magnitud del dato, hay que señalar, que el 30% del PIB provincial depende directamente de transferencias públicas.

<< La Brecha Salarial)>>

La diferencia entre trabajar para lo público o lo privado en Córdoba no es un escalón, es un barranco de profundidad abisal, así:

Sector	Salario Medio Anual	Salario Mensual (14 pagas)
Público	35.000 eur.	2.500 eur.
Privado	17.509 eur.	1.250 eur.
Diferencia	+100%	+1.250 eur.

(Nota. Esta brecha se explica por la alta cualificación del funcionariado (médicos, docentes) frente a un sector privado local muy atomizado, estacional <agricultura y hostelería> y excesivamente dependiente del Salario Mínimo -SMI-).

2.- La paradoja de la dependencia (El ratio 1,1 a 1).

El dato más crítico para la sostenibilidad de Córdoba es su ratio de dependencia, ya que, por cada 1,1 trabajadores en el sector privado (quienes generan la riqueza vía impuestos), hay 1 persona que recibe un cheque directo del Estado (empleado público o pensionista).

**Nota. La analogía de la familia: “Si Córdoba fuera una familia de 10 adultos: 5 trabajarían en el sector privado con sueldos modestos, 4 serían pensionistas y 1 sería empleado público con el sueldo más alto de la casa”. Existe un equilibrio es extremadamente frágil.

3.- Un análisis crítico (“Desplazamiento” del talento).

Nos referimosa la reducción de la inversión privada, que ocurre cuando el gobierno aumenta el gasto público, porque aquí reside el verdadero problema estructural, ya que, no es solo que el sector público sea grande, es que su estabilidad y altos salarios generan un efecto succión del talento, así:

<-Fuga de cerebros a la oposición para entrar en la administración pública, porque los jóvenes más brillantes de la UCO prefieren dedicar 4 años a estudiar un examen que a emprender o innovar. El riesgo es que Córdoba se convierta en una “fábrica de opositores”, mientras la industria local languidece por falta de perfiles personales que lleven a cambios significativos en su entorno.

<-Competencia desleal por el consumo, porque la renta pública estable mantiene los precios (vivienda, servicios) en niveles que el trabajador privado medio apenas puede costear.

4.- Propuestas de cambio.

Para evitar un “salto en el vacío” que termine en un golpetazo, Córdoba debería activar tres motores antes de que el gasto público sea inasumible:

1.- La BLET como catalizador: La Base Logística del Ejército no debe ser solo “más empleo público”, sino el imán para que empresas tecnológicas privadas ofrezcan salarios competitivos (40k-50k eur.) que rompan la brecha.

2.- Digitalización de la “grasa” administrativa: Aprovechar la IA para automatizar tareas burocráticas y no reponer plazas administrativas, trasvasando esos recursos a inversión productiva.

<-Fusión de Micro-Pymes: El sector privado cordobés necesita ganar tamaño y calidad, pues solo las empresas grandes pueden invertir en la tecnología necesaria para subir la productividad y, por ende, los salarios.

<<Conclusión>>

Córdoba sobrevive gracias al “escudo” del Estado, pero no puede prosperar solo con él, de forma, que el reto para 2026 no es reducir los servicios públicos, sino fortalecer el motor privado para que el talento elija la empresa antes que la plaza pública.

El motor privado debe arrancar antes de que el público se agote.

N. B. Empleo Público en Córdoba no puede ser un salto al vacío de la nada, sino una transformación profunda de las estructura productiva de la Provincia, que permita que las empresas privadas creen empelo estable, productivo y competitivo.

Es un hecho patente, que Córdoba tiene una economía “Público-Dependiente” y la radiografía de la provincia de Córdoba es impresionante:

*Gasto en Empleo Público: 2.030 M, eur./año.

*Gasto en Pensiones: 2.842 M, eur./año.

*TOTAL: 4.872 millones de euros anuales.

(Nota. Considerando que el Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Córdoba ronda los 16.000 millones de euros, casi el 30% de toda la economía cordobesa depende directamente de transferencias de dinero público (nóminas de la administración o pensiones.

Este “escudo” protege a la provincia en las crisis (porque el dinero siempre llega), pero también explica por qué la economía privada local tiene tantas dificultades para destacar).

Córdoba, 12 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado en España (equidad y sostenibilidad)

Los lectores me siguen preguntando cosas sobre la Seguridad Social, y, esta vez, plantean el problema de la brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, asunto que es una realidad en aumento, así que trataremos de dar una información breve, clara y detallada.

Es un hecho patente que existe una brecha significativa entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, de forma, que señalaremos las causas, las consecuencias y posibles soluciones, así como de un análisis crítico sobre la sostenibilidad y equidad de ambos regímenes.

<<Diagnóstico crítico de la brecha pensional>>

La diferencia media de alrededor de 1.026 euros mensuales (un 62% más para los funcionarios) evidencia un desequilibrio estructural entre los sistemas de Clases Pasivas y Régimen General. Este diferencial no responde únicamente a derechos adquiridos o historiales contributivos diversos, sino a un modelo dual que ha consolidado privilegios históricos y desajustes en la arquitectura de la protección social española.

Mientras el Régimen de Clases Pasivas ofrece estabilidad, criterios de cálculo más favorables y complementos consolidados, el Régimen General se ha reformado de forma recurrente en nombre de la sostenibilidad, afectando principalmente a los trabajadores del sector privado con trayectorias laborales más fragmentadas.

“El resultado es un sistema percibido como inequitativo, regresivo y financieramente vulnerable”.

<<Causas estructurales>>

*Asimetría normativa: la coexistencia de dos sistemas jurídicos y contables distintos perpetúa divergencias en la base reguladora, mecanismos de actualización y derechos pasivos.

*Diferencial de estabilidad laboral: las carreras lineales y estables del empleo público contrastan con la volatilidad contractual del mercado privado, afectando directamente el número de años cotizados y la cuantía final de la pensión.

*Resistencia a la convergencia: las sucesivas reformas han mantenido regímenes privilegiados bajo una lógica de <intangibilidad de derechos>, sin una transición coherente hacia la equiparación progresiva.

*Envejecimiento y demografía: el incremento de jubilaciones públicas en la próxima década tensionará las cuentas estatales si no se adoptan medidas compensatorias.

<<Análisis crítico: un modelo insostenible y socialmente regresivo>>

El sistema actual genera una desigualdad visible tanto intrageneracional (entre trabajadores presentes) como intergeneracional (entre trabajadores actuales y futuros).

La sostenibilidad fiscal se ve comprometida por el peso creciente de las Clases Pasivas, mientras que el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 14 CE) se tensiona por la distinta consideración de esfuerzos contributivos similares.

Además, esta situación erosiona la confianza ciudadana en la justicia del sistema y contribuye a una percepción de dualidad social, donde el Estado protector se convierte en agente de desigualdad.

(Nota. En este caso examinado de diferencias injustas entre pensiones, se vulnera de forma clamorosa la Constitución Española de 1978 en sus art. 1.1., (valor justicia), 9., (legalidad y principios constitucionales), 14 (igualdad entre los españoles), 39., (protección social), 41., (Seguridad Social), 103., (administración pública), y, cc.).

<<Medidas correctoras y propuestas innovadoras>>

1.- Convergencia normativa y fiscal de regímenes: Iniciar un proceso gradual de integración de Clases Pasivas en el Régimen General, con un calendario claro y mecanismos de compensación transitoria. Este proceso debe garantizar la proporcionalidad entre aportaciones, años cotizados y derechos reconocidos.

2.- Creación de un Fondo de Equidad Pensional: Establecer un instrumento financiero que module las diferencias entre pensiones públicas y privadas mediante aportaciones estatales y sociales, con transparencia en su gobernanza.

Su objetivo sería igualar las tasas de sustitución y mejorar las pensiones bajas del sector privado.

3.- Nuevo modelo de cálculo mixto: Incorporar un sistema basado parcialmente en puntos o cuentas nocionales que asocien directamente la pensión a la trayectoria contributiva, evitando inflaciones de última hora derivadas de los complementos del sector público.

4.- Vinculación de revalorización y sostenibilidad: Fusionar el principio de poder adquisitivo con el Factor de Equidad Intergeneracional, garantizando pensiones dignas pero sostenibles, evaluadas por una autoridad actuarial independiente.

5.- Profesionalización y movilidad intersectorial: Favorecer una mayor movilidad entre empleo público y privado, unificando tramos de cotización y facilitando la portabilidad plena de los derechos adquiridos. Esto fomentaría la cohesión del sistema y reduciría la segmentación laboral.

6.- Participación ciudadana y transparencia: Implantar un Consejo Social de Pensiones que supervise el equilibrio entre equidad y sostenibilidad. Incluya representantes de trabajadores, pensionistas, expertos y Administración.

<<Enfoque innovador: hacia la “Cuenta Pensional Única Española”>>

Proponer la creación de una Cuenta Pensional Única (CPU), unificada y digital, que acumule todas las cotizaciones del ciudadano (públicas y privadas) a lo largo de su vida laboral.
**Esta herramienta permitiría:

-Integrar regímenes en una lógica de justicia contributiva.

-Facilitar la trazabilidad y transparencia de las aportaciones.

-Evitar duplicidades y desigualdades entre regímenes.

-Modernizar el sistema con proyecciones personalizadas y educación previsional.

<<Conclusión>>

La brecha pensional entre funcionarios y empleados privados no es una anomalía coyuntural, sino una consecuencia sistémica de la dualidad institucional del régimen español. Mantener ese diseño supone perpetuar una desigualdad contraria a los principios de equidad y sostenibilidad financiera.

La integración progresiva, la innovación institucional y la transparencia pública son esenciales para asegurar un sistema de pensiones único, justo y viable, capaz de sostener la cohesión social en una España que envejece y demanda justicia intergeneracional.

N.B. La brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado está marcada por la falta de equidad y la estructura de la sostenibilidad en ambos sistemas.

La diferencia señalada que se sitúa en 1.026 euros mensuales y con un 62% más para los funcionarios, se explica por dinámicas históricas y estructurales, aunque, la evolución demográfica y los retos económicos obligan a una reflexión crítica y a repensar el sistema para asegurar su equidad y sostenibilidad en el futuro.

Córdoba, 8 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.