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Nacionalismo fiscal – mito de la solidaridad en el Sistema de Pensiones

Análisis sobre la fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales

1.- RESUMEN – (EL PROBLEMA).

El debate fiscal en la España descentralizada se centra en las aportaciones tributarias directas de las Comunidades Autónomas más prósperas al fondo común de financiación territorial, sin embargo, se ignora de manera sistemática la **asimetría estructural del sistema de Seguridad Social**.

Mientras que regiones con mayor nivel de renta o regímenes fiscales singulares defienden la «ordinalidad» o la retención de sus ingresos tributarios bajo premisas de soberanía iscal, *externalizan o silencian los déficits contributivos del sistema público de pensiones de sus propios territorios.

Este fenómeno constituye una paradoja socioeconómica: **Un “nacionalismo fiscal a la carta”** que reclama la gestión exclusiva o prioritaria de los ingresos tributarios con superávit, pero mantiene la mutualización ilimitada del déficit contributivo en el Fondo de Reserva o en la financiación estatal de la Seguridad Social.

**Tesis central de injusticia institucional.

Permitir que las regiones prósperas limiten su contribución a la solidaridad tributaria común mientras dependen del esfuerzo fiscal nacional para cubrir sus brechas o garantizar pensiones proporcionalmente más altas (debido a sueldos promedio superiores), *vulnera la equidad interpersonal y genera un modelo de interdependencia asimétrica e insolidaria.

2.- CONTEXTO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA DEL DÉFICIT DE PENSIONES.

Para comprender la dinámica de esta fractura, es necesario desgajar el flujo de ingresos y gastos de la Seguridad Social por magnitudes territoriales y sociodemográficas:

Dimensión de análisis Comunidades de renta alta/ Comunidades Renta Media

Regímenes Singulares. /Resto del estado

Base Cotizable

Promedio Elevada (Salarios medianos más altos, menor

desempleo estruct.)

Media / Baja (Sectores intensivos en

mano de obra básica)

Pensión Promedio

Generada Alta (Próxima o en el tope máximo del sistema) Media / Moderada

Tasa de Reemplazo

Demográfico Severamente envejecida en regiones Variable; envejecimiento rural

industriales; dependiente de inmigración acentuado

Tratamiento Fiscal

Pretendido Soberanía o balanzas fiscales neutras/ Financiación autonómica

favorables (Cupo / Ordinalidad) redistribución común

Asunción del Déficit

Contributivo Transferido a la «Caja Única» estatal

(Mutualizado) Mutualizado en el conjunto

nacional

Cuando las regiones prósperas exigen que lo recaudado en sus territorios se quede en ellos (vía concertación, cupos o agencias tributarias propias), se rompe el principio de progresividad del Estado social.

El salario de un trabajador en una CC.AA. desarrollada y sus cotizaciones y base tributaria dentro de ese territorio son superiores y más elevadas, pero la infraestructura social y la masa laboral de soporte a menudo proviene o interactúa con el resto del país.

3.- LA PARADOJA FISCAL DE LA RECÍPROCIDAD.

Existe una distorsión narrativa en el concepto de *”comunidades ricas pagadoras”*. La narrativa tradicional argumenta una falacia, concretamente, que las regiones de mayor PIB sufren una *”expoliación fiscal”* al transferir recursos a regiones menos prósperas, pero esta afirmación omite intencionadamente tres vectores económicos clave:

-El Efecto sede y la captación de rentas: Las regiones prósperas concentran las sedes corporativas de empresas que facturan en todo el Estado, atribuyéndose artificialmente una capacidad recaudatoria que se nutre del mercado nacional conjunto.

-El retorno implícito de las pensiones: Al gozar de salarios más altos, los jubilados de las regiones ricas perciben prestaciones públicas sensiblemente superiores a la media nacional. El coste por pensionista es significativamente más elevado en estas regiones.

-La exención implícita del riesgo de sostenibilidad:Si el sistema de pensiones se territorializara de forma estricta (calculando los ingresos por cotizaciones locales frente al pago real de pensiones asignadas a esa región), *varias de las regiones partidarias de la soberanía fiscal se enfrentarían a severos ajustes o quiebras presupuestarias debido a la pirámide poblacional y la tasa de dependencia*.

4.- CRÍTICA – (EL PRINCIPIO DE “PROPORCIONALIDAD INTEGRAL CONTRIBUTIVA”).

Para abordar esta insolidaridad de forma analítica y superando los clichés del debate tradicional, introducimos una perspectiva crítica innovadora: **La falacia de la desconexión fiscal selectiva**.

*El Concepto de “asimetría de riesgo seleccionado” (ARS).

El nacionalismo fiscal actúa bajo un patrón de “Privatización de Beneficios Tributarios y Socialización de Costes Prestacionales”. Se exige la gestión autonómica de los impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, IVA local) alegando que pertenecer al territorio otorga derecho exclusivo sobre sus rentas, *pero se califica el sistema de pensiones como una “competencia inalienable del Estado” para que la deuda del sistema de la Seguridad Social sea financiada por la deuda pública global estatal.

***Frente a esta distorsión, una crítica innovadora plantea los siguientes puntos de ruptura:

A.- El mantenimiento de la “Caja Única” como refugio de conveniencia. El principio de Caja Única es constitucionalmente solidario e interpersonal (los individuos pagan, no los territorios). Sin embargo, cuando los actores políticos regionales utilizan el argumento del territorio para congelar la aportación a los servicios públicos generales, pero apelan al individuo universal cuando el gasto en pensiones autonómico es deficitario, incurren en una **falsificación del pacto federal/autonómico**.

B.- La deuda oculta por pensiones no contabilizada en la financiación autonómica. Si una Comunidad Autónoma rica reduce sus impuestos propios (ej. deducciones masivas o bonificaciones al Patrimonio e Sucesiones), mientras la Administración General del Estado tiene que inyectar decenas de miles de millones de euros vía Presupuestos Generales para cubrir el déficit de la Seguridad Social, *la comunidad rica está transfiriendo indirectamente su gasto público al endeudamiento común del Estado*.

Su “bonanza presupuestaria” es una ilusión generada porque no asume el verdadero coste del capital social y reproductivo de sus trabajadores senior.

C.- Propuesta político-económica disruptiva: El índice de solidaridad netodeterminada (ISN).

Para destapar la insolidaridad del nacionalismo fiscal, se propone la creación del **Índice de Solidaridad Netodeterminada (ISN)**. Este índice no mide la balanza fiscal de manera aislada (Impuestos Pagados vs. Inversión Estatal), sino que incorpora la **Masa Neta de Transferencias de Previsión Social**:

Balance Fiscal Real = (Aportación Tributaria Efectiva) − [Gasto Estatal en Región + Suplemento Estatal a Pensiones Regionales]

Al aplicar este cálculo, la pretendida condición de “donantes netas” de muchas comunidades ricas se reduce sustancialmente o se revierte, poniendo en evidencia que la prosperidad regional está intrínsecamente blindada por la red de seguridad del Estado global.

5.- CONCLUSIONES.

El nacionalismo fiscal que pretende desligar la aportación tributaria rica del sostén común, mientras utiliza la caja común para cubrir el déficit de sus pensiones o el coste de sus pensionistas de alta renta, atenta contra el principio de equidad vertical y horizontal.

<-Consolidación de balanzas de protección social: Transparencia total sobre el coste real de las pensiones en cada CCAA en comparación con las cotizaciones sociales ingresadas en ese mismo territorio. <-Vinculación de la autonomía fiscal a la sostenibilidad social: Ninguna Comunidad Autónoma debería poder exigir la cesión total de impuestos o ventajas de cupo sin asumir la responsabilidad proporcional en la liquidación o corresponsabilidad del déficit de pensiones generado en su ámbito. <-Defensa del principio interpersonal sobre el territorial: Recordar que los impuestos y las cotizaciones las pagan las personas según su capacidad económica, y las pensiones las reciben las personas según sus derechos adquiridos, erradicando la instrumentalización del territorio para el privilegio fiscal.

N.B. Imágenes. Fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales.

1ª. Imagen. Renta alta y aportación 0.

2ª. Imagen. Andalucía postergada.

Córdoba, 21 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

CÓRDOBA – MUTACIÓN DE SU CASCO HISTÓRICO – (ÉXODO RESIDENCIAL)

<<La paradoja del centro histórico>>

El casco histórico de Córdoba no está agonizando por abandono, sino que está sufriendo un desajuste tectónico. Enfrentar la despoblación de barrios icónicos como La Medina, Jerónimo Páez o la Axerquía bajo el dogma simplista de “turismo sí o turismo no“es un error de diagnóstico. Es un hecho patente que el problema tratado con herramientas urbanísticas convencionales del siglo XX, no tiene solución.

<-Necesitamos una visión rompedora y técnicamente sólida.->

1.- Las presiones del éxodo residencial.

El retroceso del habitante permanente frente a la expansión comercial y turística responde a cinco fuerzas concurrentes:

1.- Turistificación e hipertrofia de las viviendas de uso turístico -VUT-: La proliferación ininterrumpida de Viviendas de Uso Turístico tensiona los precios de compraventa y destruye la oferta de alquiler de larga estancia.

2.- Erosión del comercio de proximidad: Las fruterías, ferreterías y ultramarinos ceden paso al monocultivo de la hostelería, souvenirs y franquicias.

3.- Barreras de habitabilidad y logística: Trazados medievales con restricciones ACIRE, déficit crónico de aparcamiento y edificios históricos sin ascensor.

4.- Fricción por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico – (PEPCH): Exigencias arquitectónicas casi sacras que disparan costes y plazos de obra para los propietarios particulares.

5.- Saturación ambiental y exilio generacional: El ruido nocturno y la ocupación de la vía pública empujan a las familias jóvenes hacia las áreas de expansión urbana (Distrito Poniente, Tablero, Noreste).

2.- El balance urbano – (Beneficio económico o decorado temático).

Luces: El Motor Económico	Sombras: La Pérdida de Identidad
Generación de riqueza y empleo: Sostén de miles de familias a través de la hostelería, cultura y servicios.	Pérdida del patrimonio inmaterial: Sin comunidad local, tradiciones como la Fiesta de los Patios corren el riesgo de volverse escenografías artificiales.
Rehabilitación del patrimonio edificado: Inversión pública y privada en la restauración de monumentos y casas-patio que de otro modo se habrían degradado.	Monocultivo y vulnerabilidad: Dependencia extrema del sector turístico ante crisis exógenas.
Proyección internacional: Posicionamiento global de Córdoba como referente de patrimonio de la humanidad.	Ciudad a dos velocidades: Un centro tematizado para el visitante frente a una periferia residencial infra-invertida en conservación.

3.- Provocación analítica – (Desmontando mitos obsoletos).

***Para abrir un debate real, debemos derribar las premisas tradicionales que bloquean el planeamiento urbano:

<-Mito A: “El único habitante garante de la identidad es la familia tradicional“.

**La realidad: La familia nuclear con varios hijos y vehículo privado no volverá de forma masiva a la Medina o la Axerquía por mera física urbana. La identidad del casco no la preserva el perfil familiar del siglo XX, sino los usuarios de alta permanencia: “Profesionales remotos, investigadores universitarios, creadores y seniors independientes”, porque no hay que frenar el éxodo, sino que hay que cambiar la tipología de reclutamiento demográfico.

<-Mito B: “El uso residencial y el uso turístico son excluyentes“.

**La realidad: Analizar el suelo de forma binaria (Vivienda habitual vs. Apartamento turístico) ignora que las fronteras entre vivir, trabajar y viajar se han disuelto, y, la rígida zonificación actual es incapaz de acoger modelos híbridos.

<-Mito C: “La protección patrimonial estricta equivale a conservación“.

**La realidad: La burocracia del PEPCH actúa como un agente de gentrificación indirecta, porque si rehabilitar una casa-patio requiere tres años de trámites y costes inalcanzables, solo los grandes fondos o inversores turísticos pueden asumir la inversión.

4.- Tres propuestas vanguardistas para reconfigurar Córdoba – (El vanguardismo se refiere al conjunto de personas y obras experimentales e innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, la cultura, la política, la filosofía y la literatura.)

Propuesta I: La Casa-Patio como infraestructura descentralizada de Co-living = (El coliving es una forma de alojamiento amueblado y flexible pensada para vivir en comunidad sin renunciar a la privacidad. Suele incluir servicios como WiFi, limpieza, suministros y mantenimiento, además de espacios preparados para teletrabajo y zonas comunes que facilitan la convivencia).

La gran escala de las casas-patio resulta inalcanzable para una familia actual. La solución no es trocearlas en seis pisos turísticos ni dejarlas morir en litigios hereditarios.

<-El mecanismo: Crear la figura del derecho de superficie con cargas sociales – (Mediante un fideicomiso público-privado, se financia la rehabilitación de la casa-patio.).

<-El modelo híbrido:

*Planta baja / Patio: Taller artesanal, área de cotrabajo o espacio común.

*Plantas superiores: Unidades residenciales en alquiler tasado para investigadores, jóvenes y creadores, con el compromiso de participar en la apertura y mantenimiento del patio durante las festividades locales.

Propuesta II: Cero emisiones logísticas y créditos de movilidad.

La pesadilla logística de carga y descarga y el aparcamiento son los principales ahuyentadores de residentes.

<-Micro-Hubs Perimétricos (Dispositivos que centralizan las conexiones entre una serie de equipos): Prohibición total de reparto comercial individualizado dentro del casco, de manera, que todo entra por dos micro-hubs perimetrales y se distribuye en vehículos eléctricos de bajo tonelaje o bicicletas de carga en franjas silenciosas.

<-Créditos de movilidad urbana: Cada residente que renuncie a introducir su coche privado en el centro recibe una plaza de aparcamiento asignada e intocable en el perímetro exterior, combinada con un bono universal de transporte y micromovilidad eléctrica.

Propuesta III: Fiscalidad inteligente por “índice de presencia residente” (IPR).

En lugar de moratorias o prohibiciones de licencias a ciegas -que terminan en los tribunales o alimentan el mercado negro-, se propone una fiscalidad adaptativa apoyada en tecnología PropTech (ámbito de actuación o conjunto de empresas que se basan en el uso de la tecnología para desarrollar su actividad en el sector inmobiliario):

<-Zonificación por manzana: Mediante sensores de uso y padrón, se calcula el IPR por manzana , de forma, que si el índice de vecinos permanentes cae por debajo del 60%, las tasas municipales (IBI, basuras, licencias) para actividades exclusivamente turísticas escalan de forma exponencial.

<-Circuito cerrado de inversión: La recaudación extra no va a la caja común del Ayuntamiento, sino que se destina directamente a subsidiar las licencias y tasas de rehabilitación de quienes compren o alquilen para vivir en esa misma manzana.

Conclusión – (Un contrato urbano para el centro histórico).

El futuro del centro de Córdoba no pasa por la nostalgia de lo que fue, sino por liderar la innovación urbana en el sur de Europa, de manera, que si logramos articular tipologías habitacionales flexibles, logística limpia y fiscalidad algorítmica, dejaremos de debatir si el éxodo es “bueno o malo” para empezar a construir una ciudad histórica, viva y habitable.

N.B. Imagen. Córdoba – Casco Histórico. Éxodo. Mutación urbana.

Córdoba, 30 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

CARTA ABIERTA

A LA ATENCIÓN DEL DELEGADO PROVINCIAL DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA

Asunto: Denuncia sobre la brecha entre el discurso de contención del gasto y la praxis institucional en la Diputación de Córdoba y la necesaria coherencia de la administración autonómica.

Estimado Sr. Delegado Provincial:

Me dirijo a usted de manera pública y formal para trasladarle una honda preocupación compartida por un amplio sector de la ciudadanía cordobesa respecto a la deriva de la gestión pública en nuestra provincia, caracterizada por una inaceptable brecha entre el discurso programático de contención del gasto público y el pragmatismo institucional que se adopta tras alcanzar el poder.

Como es de su conocimiento, el compromiso electoral asumido con la ciudadanía se fundamenta en principios claros: “Eficiencia en la gestión pública, rigor en el gasto, reducción de la hipertrofia administrativa, contención de la presión fiscal y una firme defensa de los valores de un proyecto político diferenciado. Sin embargo, la actuación del gobierno conservador al frente de la Diputación de Córdoba representa una contradicción flagrante con dicho mandato.

A través de esta carta, me veo en la obligación de denunciar los siguientes aspectos fundamentales:

1.- La paradoja ideológica y la consolidación del modelo de gasto: Tras asumir la presidencia de la Diputación de Córdoba, el actual gobierno provincial no solo ha mantenido, sino que ha ampliado el modelo intervencionista y el esquema de subvenciones directas a fondo perdido. A través de acuerdos presupuestarios que destinan fondos a políticas ideológicas pactadas con la izquierda radical (como la financiación de apertura de fosas), se ha priorizado la paz política y la gobernabilidad inmediata en detrimento de la coherencia ideológica y del contrato ético con sus electores.

2.- Perpetuación del clientelismo y endeudamiento bancario: En lugar de reestructurar organismos como el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) para abaratar costes a los consistorios, se ha optado por inflar las cifras de anticipos (alcanzando los 129,07 millones de euros proyectados para 2026) mediante recurrencia masiva a operaciones de crédito con la banca privada (95 millones de euros en pólizas). Esta praxis convierte a la corporación en un «broker» financiero que encarece la administración y perpetúa un asistencialismo que frena la eficiencia municipal y penaliza al contribuyente.

3.- El silencio y la inacción de la Junta de Andalucía: Resulta especialmente grave la pasividad de la administración autonómica. Pretender ampararse exclusivamente en la autonomía local (arts. 137 y 141 CE) para justificar este “silencio clamoroso” constituye un argumento formalista que elude la realidad: “La Diputación de Córdoba recibe nutridos fondos autonómicos para materias clave de la provincia (como la resolución de la crisis hídrica de La Colada), sobre los cuales existe una innegable corresponsabilidad de seguimiento y tutela financiera marco. El silencio de la Junta denota una preocupante primacía de la estabilidad orgánica y la paz del partido por encima del cumplimiento estricto de la disciplina presupuestaria.

El distanciamiento entre las promesas electorales y la ejecución en las instituciones quiebra la confianza legítima de los ciudadanos. Un partido político no es una mera franquicia administrativa, sino un proyecto de valores. Gobernar la Diputación con las herramientas, las concesiones ideológicas y la hipertrofia de gasto propias de otros modelos supone la deserción de los propios principios y genera un inevitable escenario de abstención y desafección electoral.

Por todo ello, le insto, en su calidad de máximo representante del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, a abandonar la pasividad institucional, ejercer la autoridad moral y de fiscalización que le corresponde y velar por que la gestión de los recursos públicos de todos los cordobeses responda con rigor a los principios de eficiencia, transparencia y coherencia que la ciudadanía demandó en las urnas.

En Córdoba, a 23 de julio de 2026.

Atentamente,

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado Provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía y Exsecretario del Parlamento.

España – Unidad o diáspora.

Existe una aparente y preocupante paradoja en la España contemporánea:

“Mientras los éxitos deportivos de la Selección Española unen masivamente a la inmensa mayoría del país bajo una misma bandera, el devenir político parece estar condicionado por minorías separatistas que exigen privilegios exclusivos”.

Es ineludible plantear una pregunta:

¿Cómo es posible que una minoría imponga su agenda a toda una nación?

***Para comprender esta quiebra entre la realidad sociocultural y la política institucional, es necesario analizar los engranajes electorales, sociológicos y de poder que han conducido a la situación en la estamos hoy.

1.- La paradoja – (Sentimiento común frente a la realidad política).

El deporte actúa como un espacio neutro donde los símbolos compartidos suscitan una cohesión social espontánea, aunque la representación política en las Cortes Generales opera bajo reglas de ingeniería parlamentaria muy distintas:

<-El sistema de circunscripción provincial: La Ley D’Hondt y la división electoral por provincias priman extraordinariamente a las fuerzas regionalistas y nacionalistas. Al concentrar todo su voto en unas pocas circunscripciones, obtienen una representación en escaños desproporcionadamente alta en comparación con partidos nacionales cuyos votos se dispersan, de forma, que tienen menos votos pero duplican su número de diputados y senadores.

<-La trampa del parlamentarismo fragmentado: Tras la quiebra del bipartidismo, la gobernabilidad exige 176 diputados, de manera, que sin mayorías absolutas, *las minorías territoriales se han convertido en la «llave de gobierno», vendiendo su apoyo a cambio de competencias, financiación singular o concesiones ideológicas.

2.- Hegemonía en el territorio – (La dictadura del silencio).

En regiones como el País Vasco o Cataluña, el predominio político del independentismo no responde únicamente al recuento de urnas, sino a una estrategia sociológica y mediática de dominación del espacio público, así:

<-La espiral del silencio: Teorizada por Elisabeth Noelle-Neumann, explica cómo el ciudadano común, no nacionalista o con identidad dual, opta por recluir su sentimiento en la esfera privada para evitar la estigmatización social, laboral o la confrontación.

<-Inercia de la coacción y control institucional: Décadas de presión política, control de la educación, medios autonómicos subvencionados y, en el caso vasco, la pesada sombra del terrorismo de ETA, han consolidado una asimetría estructural.

El nacionalista está hiper-movilizado y la mayoría no nacionalista suele estar inhibida.

3.- El Gobierno Central y la cesión sistemática.

La percepción de que el Ejecutivo nacional concede todo cuanto piden los partidos separatistas para retener el poder a cualquier precio fractura la igualdad entre españoles. Concesiones como amnistías, amparos fiscales o traspasos exclusivos dinamitan la solidaridad interterritorial consagrada en la Constitución y *crean ciudadanos de primera y de segunda clase.

<-Reflexión crítica: La línea entre la negociación parlamentaria legítima y la desarticulación del Estado de derecho se ha vuelto peligrosamente difusa, ya que, mantener la gobernabilidad sacrificando la cohesión nacional expone al sistema a un desgaste sin precedentes.

4.- Los límites infranqueables.

Esta dinámica no es infinitamente elástica ni puede durar para siempre, pues existen barreras claras que marcarán el punto de inflexión de este modelo:

1.- El límite constitucional y europeo: El artículo 1.2 (la soberanía nacional reside en todo el pueblo español) y el artículo 2. de la Carta Magna, custodiados por el Tribunal Constitucional y el marco del Derecho Comunitario de la Unión Europea, imponen un muro legal contra pactos que pretendan fragmentar la soberanía.

2.- El límite electoral (El efecto péndulo): Las concesiones continuas provocan un profundo resentimiento en el resto de España. El desgaste acumulativo del partido gobernante terminará por activar un voto masivo de castigo que configure mayorías alternativas no dependientes del separatismo.

3.- La fatiga sociológica: La polarización identitaria agota a la propia ciudadanía local, cuyas prioridades terminan desplazándose hacia problemas reales como la economía, la vivienda o los servicios públicos.

<<Conclusión>>. España se encuentra en una encrucijada entre su cohesión sociocultural y el chantaje institucional, aunque los sistemas políticos son cíclicos: “El tope legal de la Constitución, el desgaste electoral y la fatiga social impondrán, más pronto que tarde, el fin de esta asimetría”.

N. B. Imagen.Unidad o diáspora.

Córdoba, 22 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Paradoja del Agua en Córdoba – (Coste de la ineficiencia interna vs. castigo fiscal del ciudadano).

Análisis crítico sobre la gestión de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y el blindaje de su estructura interna a costa de la presión tarifaria.

<<Una realidad incómoda tras el escaparate de las cifras>>

El Ayuntamiento de Córdoba y la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) suelen presumir de cifras: *La capital cuenta con alrededor de 650 fuentes de agua potable en sus calles (616 bebederos públicos y 30 ornamentales), pero detrás de esta gran infraestructura de cercanía y de un servicio de excelente calidad, se esconde una realidad incómoda que afecta directamente al bolsillo del ciudadano, concretamente, “que el recibo del agua encadena cuatro años de subidas consecutivas en un escenario donde ahorrar cuesta más caro y se camufla sistemáticamente el impacto real de las facturas”.

1.- El sistema actual, sus grietas y el desvío de la atención técnica.

La Empresa Pública Municipal Emacsa gestiona el ciclo integral del agua apoyándose principalmente en los embalses de Guadalmellato y San Rafael de Navallana, con la ETAP de Villa Azul y la EDAR de La Golondrina como motores técnicos. Para modernizar la red, la empresa cuenta con un ambicioso Plan Director (2023-2033) valorado en más de 540 millones de euros.

<-A pesar de esta aparente solvencia proyectada, el sistema arrastra deficiencias críticas que evidencian la falta de optimización de los recursos:

*Redes obsoletas: Tramos antiguos de fibrocemento provocan fugas microscópicas y roturas en zonas históricas y periféricas.

*El olvido de las periferias: Numerosas parcelaciones y núcleos de autoconstrucción carecen de conexión legal a la red, cronificando problemas sanitarios esenciales.

<-Exigencias europeas y clima: La EDAR de La Golondrina urge inversión para adaptarse a las normativas de la UE en eliminación de nutrientes, mientras el estrés hídrico obliga a desarrollar un circuito terciario de aguas regeneradas que aún está a medio gas.

2.- La escalada de tarifas (2024 – 2027) y la paradoja del ahorro.

<-Tras incrementos muy intensos en años previos (del 10% y el 5%), el calendario fiscal se ha estabilizado con subidas continuas:

*Año 2026: Se ha aprobado un incremento general del 2,1% (unos 0,32 € más al mes para un usuario medio).

*Año 2027: Ya hay proyectado un nuevo incremento del 1,9% (unos 0,30 € mensuales más).

<-La paradoja del ahorro: “La justificación oficial de Emacsa es que, gracias a la concienciación ciudadana, el consumo anual bajó de 21 millones de m3 en 2021 a 19,4 millones de m3, de forma, que al facturarse menos volumen de agua, los costes fijos de mantenimiento por metro cúbico se elevan. Es decir, el ciudadano ahorra, pero el sistema le penaliza subiendo el precio unitario.

<-Para mitigar las críticas frente a lo que la oposición tacha de “atraco”, se destina un millón de euros al Bono Social, penalizando a su vez con recargos de entre el 25% y el 50% los bloques de consumo más altos.

3.- El núcleo de la crisis – (Coste interno de Emacsa intocable vs. el rescate tarifario.)

El verdadero nudo gordiano de la gestión actual reside en una transición financiera sumamente alarmante, concretamente, el paso de Emacsa de ser una empresa tradicionalmente saneada y con superávit a convertirse en una sociedad que coquetea con las pérdidas y el déficit.

Ante este desequilibrio, la dirección política de la empresa ha optado por la vía más cómoda para la estructura burocrática, pero más lesiva para el contribuyente:

“Un rescate encubierto a base de continuas subidas de tarifas”.

<-En lugar de acometer un plan riguroso de saneamiento interno que analice, racionalice y reduzca el coste de la propia estructura y del mantenimiento de infraestructuras, la entidad mantiene intactos sus gastos de funcionamiento interno, descargando de manera sistemática toda la responsabilidad y el coste del desajuste sobre los cordobeses, utilizando como pretexto que estos consumen menos agua.

<-Este modelo resulta económicamente insostenible y éticamente cuestionable, ya que, se penaliza la eficiencia ambiental de los ciudadanos para evitar abordar la ineficiencia organizativa y los costes estructurales de la propia empresa municipal.

<-Indicador de Gestión: “Efecto sobre el Ciudadano Situación en la Estructura de Emacsa”.

-Consumo de Agua – (Tendencia a la baja).

-Ahorro ecológico y menor consumo real (de 21 a 19,4 millones m3).

-Se utiliza como excusa para encarecer el metro cúbico debido a los “costes fijos”.

<-Estructura y Coste Interno Soporta tarifas un 2,1% (2026) y un 1,9% (2027) más caras.

*Intocable. No se acometen reformas estructurales ni optimización de gasto interno.

<-Resultado Financiero. Se financia el déficit mediante el encarecimiento del recibo básico.

*Paso del superávit histórico a pérdidas operativas compensadas con presión fiscal*.

4.- El «empaquetamiento político» o cómo ocultar la subida de tarifas.

<- La falta de transparencia real no radica en la ausencia de informes financieros, sino en el diseño del mensaje para minimizar el desgaste político utilizando cinco tácticas muy claras:

1.- La técnica de la «micro-cifra»: Presentar el sablazo millonario diluido en frases como “solo costará un café o 32 céntimos más al mes”, haciendo que la queja parezca una exageración.

2.- El «maquillaje plurianual»: “Aprobar las subidas de varios años de golpe”, de forma, que el Gobierno local concentra las protestas en un solo pleno y los años siguientes las tarifas suben de forma automática y silenciosa.

3.- Lenguaje tecnocrático: Usar conceptos como “actualización por equilibrio concesional” para hacer ver la subida como algo inevitable y ajeno a la voluntad del alcalde.

4.- Culpabilización positiva: El argumento de “como habéis ahorrado, hay que subir los precios” traslada la responsabilidad del encarecimiento al propio consumidor.

5.- El «escudo social»: Abrir los titulares anunciando la ampliación de bonificaciones a colectivos vulnerables, relegando el aumento general al final del comunicado para neutralizar la crítica.

5.- Una crítica fundada – (Los pilares de la opacidad y la anomalía legal).

<-Para armar una fiscalización rigurosa de esta gestión, no basta el descontento social, sino que hay que apelar a sólidos argumentos institucionales y legales:

*Vulneración de la transparencia: La Ley 19/2013 exige que los actos con impacto económico sean claros. Camuflar los recargos de hasta el 50% de los bloques altos tras un simplista “usuario medio” impide al ciudadano ejercer su derecho fundamental a saber.

*La anomalía de la “plurianualidad”: El ordenamiento presupuestario se rige por el principio de anualidad. Fijar subidas para 2027 desde ya desvirtúa la naturaleza de las tasas (que deben cubrir costes reales año a año, imposibles de predecir hoy con exactitud) y solo busca hurtar el debate plenario y vecinal de cada ejercicio, tal y como advirtió la propia Intervención Municipal.

*Quiebra de la equidad (Castigo al ahorro): Responder al éxito de una campaña de concienciación ambiental con una penalización económica rompe la lógica del servicio público y genera desconfianza institucional.

*Incoherencia fiscal: El equipo de gobierno vende un relato masivo de “bajada de impuestos” (como el IBI), mientras de forma soterrada incrementa las tasas de las empresas públicas esenciales (Emacsa y Sadeco).

No hay menos presión fiscal, sino que hay un desplazamiento de la carga hacia los recibos domésticos más básicos, perjudicando de igual manera a las rentas medias y bajas.

<<Conclusión>>

Nadie cuestiona que la infraestructura del agua en Córdoba necesite inversión de cara al futuro.

*Lo que es profundamente criticable es el método:

“Recurrir a la ingeniería de la comunicación y a subidas automáticas para eludir el control anual, maquillar el impacto real, proteger un coste de estructura interna intocable y, para colmo, penalizar el esfuerzo ecológico de los cordobeses”.

Una práctica que prioriza el control del daño político y el corporativismo interno por encima de la buena fe y el rigor que se le debe a la ciudadanía.

N. B. Imagen. Córdoba – Agua – Emacsa – Ciudadanos paganos y desinformados.

(Nota. Emacsa y como pasar de una empresa con superávit a una sociedad con pérdidas y déficit, rescatada a base se subidas de tarifas sin tocar para nada el coste interno de infraestructuras y, además, descargando las culpas en los cordobeses por consumir menos agua.).

Córdoba, 14 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de Trabajo y S. S.