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La Corrupción “Menor” (Un gigante invisible en los Ayuntamientos)

Es un hecho desgraciado, que la “corrupción menor” o de baja intensidad es un problema secundario en España. Sin embargo, estas palabras “de menor intensidad” es una trampa terminológica, ya que, la realidad es, que la acumulación de pequeños abusos de poder (-la llamada “corrupción hormiga”-) tienen un impacto económico y social mucho más devastador que los grandes titulares nacionales, pues ocurre cada día en los miles de ayuntamientos de España.

1. La Ingeniería del “Enchufe” – (Sortear la Ley).

Para que estas prácticas espurias parezcan legales, se utiliza lo que en derecho llamamos fraude de ley, que es usar una norma para conseguir un fin prohibido (favorecer a un amigo, familiar o político).

**Los mecanismos más comunes son:

*El Abuso del Contrato Menor (Art. 118 LCSP): Son contratos “a dedo” (menos de 15.000 euros en servicios). El truco está en el fraccionamiento, así que se trocea un servicio grande en varios pequeños para evitar el concurso público y dárselo a quien el político desee.

*La “Administración Paralela”: Se crean empresas públicas (de aguas, basura o festejos) donde los controles son más laxos. Esto permite contratar personal mediante entrevistas subjetivas, evitando las oposiciones reales.

*Cesión Ilegal de Trabajadores: El Ayuntamiento contrata a una empresa externa “amiga” y esta contrata a los recomendados y, tras un tiempo trabajando en dependencias municipales, el trabajador demanda al consistorio, con el resultado de que entra en la plantilla municipal de forma fija sin haber aprobado jamás un examen.

2.- Radiografía de la Impunidad (Casos concretos).

La teoría se entiende mejor con la práctica. Analizamos dos focos donde la falta de fiscalización independiente es alarmante:

<-El Ayuntamiento de Cabra (El Vigilante que no Vigila).

Un pilar básico del control local es la Secretaría del Ayuntamiento, cuya función es advertir si un acto es ilegal.

-El problema: En Cabra, la figura de la “Secretaría Accidental” ha pasado de controlar la legalidad a asesorar al alcalde y a su partido político con el que gobierna y donde su independencia es más formal que real.

-Un dato clarificador: “Durante los años 2022 a 2025 no consta que se hayan realizado informes negativos o “reparos” de ilegalidad ante los decretos de alcaldía por la Secretaria Accidental, de forma, que cuando el órgano encargado de fiscalizar se convierte en asesor de confianza del alcalde, el ciudadano pierde su garantía de legalidad.

<-La Diputación de Córdoba (Empresas Públicas como Agencias de Colocación).

Las empresas provinciales, financiadas con el dinero de todos, presentan riesgos sistémicos de clientelismo:

EntidadPráctica DetectadaConsecuencia para el Ciudadano
EMPROACSA (Aguas)Denuncias de sindicatos por crear “jefaturas a medida” y promociones a dedo sin titulación requerida.Subida de tarifas de agua mientras se gasta en cargos innecesarios.
EPREMASA (Residuos)Externalizaciones a empresas donde terminan trabajando familiares de cargos políticos.Precariedad laboral en el servicio y captura de dinero público por intereses privados.

3.- Que hace tan Peligrosa esta corrupción de “baja intensidad”.

No son solo “favores”, sino que, principalmente es un daño estructural que pagamos todos de tres formas:

3.1.- Bloqueo del ascensor social, ya que, si para trabajar en lo público no importa el estudio (mérito y capacidad) sino el carné político, el talento joven huye de nuestros pueblos.

3.2.- Ineficiencia económica, porque el dinero que se va en “chiringuitos” o asesores innecesarios, es dinero que no llega a servicios sociales, educación o sanidad local.

3.3.- Desafección democrática, ya que,  se crea la falsa idea de que “todos son iguales”, alejando al ciudadano de la participación política y con lo que se erosionan las instituciones públicas.

<<Conclusión – (Silencio como motor del abuso>>

La corrupción menor no es un maletín de dinero en la sombra, sino que es <la erosión constante de los procedimientos>, de forma, que mientras los órganos de control (secretarios e interventores) dependan políticamente de quienes deben ser vigilados, el sistema seguirá fallando.

Como ciudadanos, nuestra mejor herramienta es la exigencia de transparencia y no normalizar el amiguismo como algo inevitable.

N.B. La corrupción menor o de baja intensidad es un mal mayor y un peligro para las instituciones democráticas, que viola derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie y erosiona el poder público que nace del pueblo.

Como decimos al inicio de este artículo, la corrupción menor es un peligro mayor para la democracia en España, que desgraciadamente se olvida y pasa a un segundo plano, siendo las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) los centros donde se acumulan la mayor parte de esta llamada corrupción de baja intensidad, pero que en su conjunto forma un cúmulo de casos, que superan las grandes corrupciones que dominan la vida pública y colapsan los juzgados y tribunales, impidiendo que estas corrupciones menores lleguen eficazmente a los mismos.

Córdoba, 7 de enero de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (EMPRESAS PÚBLICAS DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA)

<<El coste de la ineficacia pública en la Diputación de Córdoba>>

La gestión de la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes, gobernada por el P. P., sea ha instalado en una crisis permanente derivada de su aceptación de las políticas socialistas,  que ha pasado de lo técnico a lo estructural, de manera que los cordobeses sufren una paradoja inaceptable:

“Pagan más impuestos que nunca para recibir menos servicios que siempre”.

A la vista de lo dicho, analizamos ¿por qué? el modelo actual de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba, actualmente gobernada por el P. P. y su Presidente Salvador Fuentes Lopera está agotado, de forma, que hay pasos urgentes que se deberían dar, así:

1.- Radiografía de una ruina (Pagar por la insolvencia).

El deterioro de EMPROACSA (agua) y EPREMASA (residuos) no es un accidente, sino el resultado de varias capas de disfunción:

<-Existencia de una insolvencia operativa: “El incremento del 40% en la tasa del agua no es para mejorar tuberías, sino un -impuesto a la insolvencia-”.

El dinero se quema o calcina en cubrir déficits de personal y deuda, mientras las obras necesarias en la Zona Norte siguen paralizadas.

<-Existencia de parálisis ejecutiva: “De los 30 millones anunciados para inversiones, la ejecución real es mínima”. Se puede decir, por ejemplo, que la Diputación actúa como un hospital que dedica más personal a salvar sus finanzas que a curar a los pacientes.

<-Existencia de escapismo político, de forma, que el Gobierno de la Diputación elude responsabilidades y se evade de los problemas de la realidad, utilizando la excusa del Gobierno de España o la crisis energética como <pararrayos> para evitar asumir su responsabilidad local sobre la eficiencia, los costes y la mala planificación.

<-Existencia de una realidad inasumida por su incómodidad: “La Zona Norte de Córdoba no tiene sed solo por la sequía, sino por una negligencia de gestión local que no puede ocultarse tras causas externas”.

2.- La Paradoja Fiscal (Narrativa Oficial vs. Realidad).

ConceptoVersión OficialRealidad Material
Recibo del agua“Ajuste necesario”Subida del 40% para tapar una gestión ineficiente.
Infraestructuras“Cirugía profunda”Proyectos eternos y parches que no garantizan el suministro.
Culpabilidad“Culpa del Estado”Uso del contexto nacional para ocultar la incapacidad local.

3.- Propuesta de Córdoba Abierta -ACOA- para recuperar el valor público.

**Creemos, que no basta con criticar, ya que, necesitamos un marco operativo que devuelva la eficiencia a la Diputación, así que, proponemos cinco ejes de regeneración:

1.- Practicar una Auditoría Externa Independiente, que identifique la “grasa administrativa” y los gastos superfluos con el objetivo de detectar un ahorro potencial de al menos un 20%.

2.- Contratar y construir Gerencias por -mérito-, no por carnet del partido y/o amiguismo político, con la finalidad de eliminar el uso de empresas públicas como agencias de colocación: “Los gerentes deben ser profesionales con objetivos medibles y cese automático si no cumplen resultados”.

3.- Creación de un Observatorio Ciudadano del Agua, con el objetivo inmediato de realizar una fiscalización semanal y real de las obras en Sierra Boyera y la Zona Norte, formado por parte de técnicos independientes y plataformas vecinales.

4.- Vincular la tasa a la calidad,  de forma, que si el agua no es apta o hay cortes de suministro, el usuario debe quedar exento del pago de forma automática: “Si no hay servicio, no hay cobro”.

5.- Elaborar un Plan de “Cero Despilfarro” para reducir un 80% en publicidad institucional y un 70% en protocolo, y, conseguir, que cada euro ahorrado en “lujo político” vaya directamente a las tuberías.

<<Conclusión (La decisión)>>

El presidente de la Diputación se enfrenta a una disyuntiva inmediata: *O sigue con la política socialista de rescatar empresas ineficientes con el bolsillo de los ciudadanos, *o se atreve a limpiar y profesionalizar la Diputación y todas sus empresas y entes dependientes.

La crisis del agua en el norte de Córdoba ya no es una fatalidad, es una negligencia estructural. Los cordobeses saben que no pueden pedir milagros, solo exigen respeto por su dinero y una gestión profesional que garantice un derecho tan básico como abrir el grifo y que salga agua potable siempre.

N.B. La crisis del agua en el norte de Córdoba es ya una negligencia de una administración y gestión manirrotas. Salvador Fuentes debe decidir entre subir recibos o por limpiar unas empresas públicas que hoy son un lastre para la provincia.

Los cordobeses han sufrido un engaño masivo, ya que, la mayoría votó un política de regeneración de unas políticas socialistas ruinosas e ineficientes, y, se han encontrado con un gobierno provincial de P. P. que está haciendo más de lo mismo despilfarrando el dinero público, lo que llevará a que otros partidos políticos ocupen el espacio que el Partido Popular ha abandonado, no solo en Córdoba, sino que la postura de subirse al muro socialista haciéndolo suyo, ejecutada por un Presidente de la Diputación que acepta una negligencia política estructural, tendrá efectos negativos a nivel de Andalucía para el P. P., que perdería la mayoría obsoluta.

Córdoba, 4 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

La Diputación de Córdoba (El continuismo que nadie prometió y el viaje a la Luna del PP)

Cuando el Partido Popular alcanzó el Palacio de la Merced hace dos años, lo hizo bajo la bandera de la ruptura y la regeneración. Sin embargo, la gestión del Presidente Salvador Fuentes ha revelado una verdad incómoda: “El PP ha optado por la comodidad de mantener las estructuras socialistas, cargando el coste sobre el bolsillo de los cordobeses”. Lo que se presentó como un cambio histórico ha degenerado en un continuismo que nadie prometió y en un engaño masivo a sus votantes.

<<Anatomía de la promesa incumplida>>

Parece que las promesas políticas están diseñadas para no cumplirse. Desde Córdoba Abierta (ACOA), para ilustrar este absurdo, bien podríamos prometer solemnemente un “viaje a la Luna para todos los cordobeses” o “financiación ilimitada que se pague cuando Dios quiera”. La diferencia es nuestra transparencia sobre la imposibilidad de tales hitos; en cambio, el Gobierno Provincial del PP ha superado todos los límites del incumplimiento.

Jurídicamente, el político se siente blindado. Amparados en el artículo 67.2 de la Constitución Española -que establece que los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo-, los programas electorales se tratan como meras declaraciones de intenciones y no como contratos vinculantes. Esta falta de <-higiene democrática-> permite, que los compromisos de bajar la presión fiscal y de revertir la situación política anterior en la Diputación de Córdoba se conviertan en “agua de borrajas”.

<<El “hachazo” fiscal (El sumidero de Epremasa y Emproacsa)>>

La gestión de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba es el mayor exponente de esta impostura. En lugar de aplicar el bisturí de la reestructuración profunda, el PP ha preferido el mazo del recaudador. El ciudadano cordobés se enfrenta ahora a lo que podemos definir como el mayor “hachazo” fiscal de la historia de la Diputación:

<-EPREMASA (Basura): Con 7 millones de pérdidas en 2023, se aplicó una subida del 40,8% en 2024 y ya se anuncian nuevos incrementos del 17,5% para 2026.

<-EMPROACSA (Agua): Arrastra una deuda estructural de entre 14 y 22 millones de euros, lo que ha servido de excusa para un incremento del 22,5% en las tarifas.

El resultado es que el ciudadano paga tres veces: *en el recibo mensual, *con la subida de la tasa y *con los impuestos que se desvían de otras inversiones necesarias. Entre 2023 y 2025, se han inyectado cerca de 70 millones de euros de dinero público solo para evitar el colapso de estas entidades. Son 70 millones que no han ido a las carreteras del Guadiato, ni a paliar la crisis hídrica de Los Pedroches, ni al apoyo de nuestros autónomos.

<<El Pacto Silente y la “Paz de Despacho”>>

¿Por qué no hay auditorías independientes sobre la gestión anterior?

La respuesta es el “consenso de despacho”. En febrero de 2024, el PP sacó adelante los presupuestos gracias a la abstención del PSOE. Este “pacto de no agresión” sugiere una máxima desalentadora: “No toco tus errores del pasado para que tú no toques los míos en el futuro”.

Los cordobeses votaron para levantar alfombras, no para que el PP se sentara sobre ellas a negociar con el socialismo. Se ha preferido la paz institucional con la maquinaria anterior antes que su demolición. Aquí encaja el verso de Góngora: “Ande yo caliente y ríase la gente”. Mientras la maquinaria de la Diputación funcione sin turbulencias internas (caliente), el Gobierno Provincial ríe y el ciudadano paga facturas desorbitadas.

<<Consecuencias políticas y responsabilidad legal>>

Este fenómeno no es accidental y ya tiene respuesta en las urnas. Los datos de 2024 y las encuestas de 2025 muestran que, mientras el PP crece en la capital, VOX crece sin parar en toda la Provincia. Es el termómetro de la frustración de quienes buscaron un cambio radical y recibieron “más de lo mismo”. El electorado ya no compra una “moderación” que percibe como una rendición ética.

Desde un punto de vista legal, esta gestión roza la Administración Desleal (art. 433 del Código Penal). Además, inyectar fondos públicos a fondo perdido en estructuras ineficientes sin reforma alguna genera una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Si un gestor político causa un perjuicio al patrimonio público por negligencia grave, debe responder por ello.

<<Conclusión (Un muro contra el contribuyente)>>

El bloqueo de la oposición en bloque (VOX, PSOE e IU) a las nuevas subidas de tasas para 2026 ha puesto a Salvador Fuentes contra las cuerdas, porque ya no queda más dinero que detraer de otros servicios. O se acomete la reestructuración profunda que siempre se evitó, o el modelo “sumidero” colapsará definitivamente.

Córdoba no votó una “mejor gestión del socialismo”, sino una alternativa real. La política de “compadreo” y el abrazo al modelo anterior están haciendo un daño tremendo. Es hora de cambiar el rumbo, pues la impostura política siempre tiene un precio, y los cordobeses, como ya se ha visto en otros puntos de España como Extremadura, se lo cobrarán en las urnas.

N.B. El Gobierno de la Diputación de Córdoba con el Presiente Salvador Fuentes al frentes es “el continuismo que nadie prometió”, concretamente, <-el viaje a la Luna del PP->.

Desde ACOAprometemos un viaje a la Luna, pero claro somos transparentes en el imposible cumplimiento, pero, curiosamente, el Gobierno del P. P. en la Diputación de Córdoba ha superado todos los límites en el incumplimiento de sus promesas, pues *no solo no aplica su programa electoral, sino que *abraza sin pudor el muro socialista y se sube en él haciéndolo suyo, aunque prometieron cambiar de raíz la política de la anterior Corporación Socialista.

De prometer que todo iba a cambiar a no cambiar nada, de manera, que puede ser, que nadie vote a unos políticos que venden y traicionan sus promesas.

Córdoba, 25 de diciembre de 2025.

Por: Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

EPREMASA (Subida de Tasas y Análisis)

A la vista del posible tarifazo, de su retirada obligada y en espera de acuerdos razonables para solucionar la situación de EPREMASA, los lectores de mi blog, me piden un análisis claro y conciso de la Empresa de Basuras y sus soluciones, tal como hice con la Empresa de Aguas Emproacsa.

EPREMASA (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente S.A.) es una entidad pública que gestiona la recogida y tratamiento de residuos en 72 municipios de la provincia de Córdoba, atendiendo a unos 300.000 habitantes. Desde 1992, basa oficialmente su modelo en ecoparques y una red de recogida selectiva con foco en la sostenibilidad ambiental.

En noviembre de 2025, el Gobierno provincial del Partido Popular (PP), liderado por Salvador Fuentes, propuso aumentar las tasas de recogida y tratamiento de residuos un 17,5% para 2026, lo que supondría unos 2 euros más al mes por vivienda, alegando públicamente el Presidente de la Diputación que sin esta subida EPREMASA, con pérdidas acumuladas ya de 2 millones en 2025, entraría en quiebra.

Sin embargo, la oposición en bloque rechazó esta medida por considerarla injusta, insufrible y gravosa para los ciudadanos, especialmente, para familias rurales con ingresos medios bajos. Por ello, la subida no ha obtenido el apoyo mayoritario en la comisión informativa de Hacienda y se han congelado las tasas para 2026.

<<Evolución de Tasas en EPREMASA>>

<-2023: Subida del 40,8%, recuperando pérdidas post-COVID y adaptando la Ley de Residuos.

<-2024: Incremento del 10%, vinculado al quinto contenedor obligatorio para orgánicos.

<-2025: Congelación total pese a pérdidas previstas de 2 millones.

<-2026: Propuesta rechazada de subida del 17,5%, inicialmente prevista hasta un 44%, según ha declarado el Gobierno del P. P.

En conjunto, la oposición denuncia un aumento acumulado del 90% en tres años, pasando de 90 euros anuales en 2022 a 165 euros propuestos en 2026.

<<Motivos del Gobierno del P. P. para la subida>>

<-El incremento pretendía cubrir:

-Alzas del 20-25% en combustible y mantenimiento.

-Inversiones obligatorias por Ley 7/2022, como el quinto contenedor y nuevas plantas, con multas por vertidos.

-Ajustes laborales y correcciones salariales selectivas.

-Mantener equilibrio financiero y evitar quiebra o privatización.

El PP defendía que sin estas medidas las pérdidas podrían llegar a 12 millones en 2026, poniendo en riesgo empleo y servicios, así como, la propia viabilidad de la Empresa.

<<Críticas y Rechazo de la Oposición>>

<-Se considera la subida desproporcionada y un castigo a hogares vulnerables y municipios pequeños.

<-Se acusa falta de transparencia, ineficiencia y ausencia de alternativas reales para mejorar gestión y evitar subidas.

<-Se reclama auditorías independientes y transferencia de más recursos desde la Diputación, que cuenta con un presupuesto creciente y ejecución baja.

<-Se destaca que la carga fiscal afecta también a empresas, con subidas que superan el 100% en algunos sectores, agravando desigualdades.

<<Valoración de la subida de tasas>>

<-La subida, aunque justificada técnicamente por desequilibrios financieros, se percibe como un impuesto encubierto, que contradice promesas electorales del PP.

<-Es socialmente injusta, priorizando la viabilidad económica sobre bonos sociales y bonos para colectivos vulnerables.

<-La congelación aprobada, si bien alivia a los usuarios, posterga un ajuste necesario, que exige una reestructuración profunda y urgente para garantizar la sostenibilidad real de la Empresa.

<-La crisis estructural no se resolverá con subidas aisladas, de forma, que se necesita un pacto multipartidista, una auditoría externa y un plan integral a corto y a medio plazo.

<<Otras opciones para los usuarios frente a la subida de tasas>>

<-Revisión y eliminación de “gastos superfluos” y -convenios con posibles irregularidades-.

<-Implementación de auditorías independientes para mejorar transparencia y eficiencia.

<-Priorizar incentivos para la economía circular y reducción de residuos que pueden bajar costes a medio plazo.

<-Establecer bonificaciones sociales más amplias para colectivos vulnerables.

<-Explorar nuevas fuentes de financiación o mejoras en la gestión que no repercutan solo en tasas.

<<Conclusión>>

El caso de EPREMSA es un ejemplo claro de los retos que enfrentan las empresas públicas en equilibrio entre sostenibilidad financiera y carga fiscal.

La retirada del tarifazo por el gobierno provincial refleja la presión social y política para buscar soluciones menos lesivas para los ciudadanos, aunque la urgencia de una reforma profunda sigue siendo ineludible.

N.B. Epremasa es la historia de un tarifazo fallido, de una Empresa gestionada en un bucle de desastres y de una Entidad Pública sin futuro si no se realiza una reestructuración profunda y urgente de la misma.

La situación financiera de Epremasa deriva de una gestión desastrosa, donde se ha tirado el dinero en gastos superfluos, en exceso de personal y en aventuras no profesionales.

Desde ACOA recomendamos:

“Adoptar las propuestas de auditoría, eficiencia empresarial y tarifas progresivas para asegurar sostenibilidad, justicia social y transparencia, restaurando la confianza ciudadana”.

Córdoba, 10 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.