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BAJAS LABORALES Y ABSENTISMO – (Nacional – Andalucía – Córdoba, y, Sectorial)

1.- El Escenario Macroeconómico Nacional – (El “Boom” de las Bajas Laborales).

El absentismo y la Incapacidad Temporal (IT) en España han dejado de ser un asunto puramente de gestión de Recursos Humanos para convertirse en un problema sistémico de sostenibilidad presupuestaria, cohesión social y competitividad.

<-Magnitudes y costes.

*Coste directo absoluto: El coste total del absentismo se cifra en 33.000 millones de euros anuales (un tercio del gasto sanitario total del país), de los cuales 17.000 millones corresponden estrictamente a prestaciones por IT.

*Evolución del gasto (2018 vs. 2026): Se ha pasado de un coste de 14.000 millones de euros en 2018 a los más de 33.000 millones actuales.

*Pérdida de capacidad productiva: El volumen de trabajadores que faltan a su puesto se ha incrementado un 67% desde 2017 (pasando de 959.000 a más de 1,6 millones de personas en el primer trimestre). En términos de PIB, lo que se deja de producir si no se sustituye a estos trabajadores alcanza los 150.000 millones de euros anuales.

<<Asimetría – (Asalariados vs. Autónomos)>>

Los datos de Foment del Treball revelan una brecha sociolaboral profunda:

*Crecimiento (2015-Actualidad): Las bajas crecieron un 102% entre asalariados frente a un modesto 38% en autónomos.

*Predominio: Los asalariados registran 53,73 casos por cada 1.000 trabajadores, duplicando ampliamente los 26,8 casos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

*Causa crítica: Esta dualidad evidencia que, a pesar de los avances normativos, el autónomo sigue sufriendo una “desprotección real” donde el cese de actividad amenaza directamente la viabilidad de su negocio, obligándole a una autoexigencia de continuidad laboral que no se da en el régimen general.

2.- La gran grieta sectorial – (Sector Público vs. Sector Privado).

Para entender la raíz del problema, es indispensable analizar la profunda brecha que separa al sector público (Administración del Estado, Autonómica y Local) del sector privado. El absentismo no se comporta igual bajo el paraguas de la estabilidad funcionarial que bajo la presión del mercado.

Indicador	Sector Público	Sector Privado
Tasa de Absentismo	Notablemente más elevada (históricamente entre 2 y 3 puntos por encima).	Más moderada y sujeta al ciclo económico.
Duración de los Procesos	Tendencia a la cronicidad (bajas de larga duración).	Procesos más cortos y mayor agilidad en el retorno.
Garantía Salarial (IT)	Cobertura del 100% de la nómina casi generalizada desde el primer día.	Sujeta a mínimos legales (con mejoras según convenio).
Factor de Estabilidad	Blindaje ante el despido (riesgo percibido de desempleo: nulo).	Correlación procíclica (miedo a la pérdida del empleo en pymes).

<<El Sector Público y el factor de cronicidad>>

La Administración Pública presenta unos índices de absentismo estructurales muy elevados, lo que no responde a un único factor, sino a un ecosistema normativo y laboral específico:

*Garantías de IT y “efecto cobertura”: En la gran mayoría de las administraciones, los pactos internos garantizan el 100% de las retribuciones desde el primer día de la baja.

Al anularse el impacto económico negativo para el empleado, desaparece el incentivo financiero para un retorno prematuro sin una recuperación total.

*Inexistencia de riesgo laboral: El blindaje del puesto de trabajo elimina cualquier factor disuasorio o miedo al despido, un elemento que en el sector privado actúa como moderador del absentismo injustificado.

*Edad media avanzada: La plantilla del sector público en España sufre un envejecimiento agudo. A mayor edad, la frecuencia de patologías crónicas y el tiempo de recuperación de dolencias músculo-esqueléticas aumentan de forma natural.

<<El Sector Privado y la urgencia del retorno>>

En el tejido empresarial privado, el escenario cambia drásticamente.

<-Las bajas son considerablemente menores y, sobre todo, de menor duración:

Impacto en renta: Salvo que el convenio colectivo sectorial obligue a la empresa a complementar el 100% de la nómina, el trabajador ve reducidos sus ingresos drásticamente a partir del cuarto día de baja (60% o 75% de la base reguladora).

*Presión y cultura organizativa: En las empresas privadas existe una mayor cercanía con el impacto que produce la ausencia. El trabajador es consciente de que su baja sobrecarga a sus compañeros o debilita la productividad de su departamento, lo que genera una presión psicológica de retorno que no se percibe en las grandes estructuras burocráticas.

3.- Radiografía Regional – (El caso de Andalucía y la paradoja de Córdoba).

El absentismo no es uniforme, sino que responde directamente a los tejidos productivos, la cultura laboral local y la eficiencia de los servicios de salud de cada territorio.

<<Andalucía – (Datos con aumento IT)>>

*Desmitificación del tópico: Andalucía se sitúa tradicionalmente entre las comunidades autónomas con menores tasas de absentismo general (un 7% de las horas pactadas a inicios de 2026), situándose por debajo de regiones altamente industrializadas y sindicalizadas como el País Vasco (líder histórico del indicador).

*El Repunte: Sin embargo, los procesos de IT por contingencias comunes en el Régimen General se dispararon un 74% entre 2017 y 2024, elevando la incidencia autonómica del 17,42% al 26,31%, concentrándose el grueso del volumen en Sevilla y Málaga.

<<La paradoja de Córdoba- (Cronicidad)>>

Córdoba presenta un comportamiento anómalo y muy preocupante dentro del panorama nacional: “No tiene el mayor número de bajas, pero sí las de mayor duración”.

<-Evolución de la cronicidad: En 2014 la duración media de una baja era de 40,48 días; hoy en día ese indicador se ha incrementado notablemente, situando a la provincia a la cabeza de España en duración media de los procesos.

<-El enfoque sindical (CCOO): De las 1,2 millones de horas laborables semanales que se dejan de realizar en la provincia (sobre un total de 9 millones pactadas), el 75,43% (900.000 horas) se deben a vacaciones y bajas médicas legítimas. El resto (300.000 horas) responde a permisos retribuidos legales.

(Nota. Para los sindicatos, el absentismo “injustificado” o fraudulento es estadísticamente residual).

<-Causas específicas de la cronicidad cordobesa:

*Paralización sanitaria: Parece existir un cuello de botella crítico en las listas de espera de especialistas, pruebas diagnósticas y rehabilitaciones en centros de referencia como el Hospital Reina Sofía, lo que “congela” los procesos de IT, alargando la baja de forma artificial e involuntaria para el trabajador.

*Tejido productivo local: Al predominar el sector servicios de proximidad, el pequeño comercio y el sector agroindustrial, el retorno al puesto exige una recuperación física total (especialmente en dolencias músculo-esqueléticas). En estos sectores es casi imposible realizar adaptaciones progresivas o teletrabajo durante la recuperación.

*Sector público: La prevalencia del sector en el empleo de Córdoba y Provincia explica la superior duración de las bajas laborales, de forma, que es un hecho comprobado que su cronocidad duplica al sector privado.

4.- El Impacto de la “doble factura” en las micro-pymes.

Este es el punto más crítico desde la perspectiva de la gestión empresarial y el empleo. En una provincia como Córdoba, donde más del 90% del tejido empresarial son micro-pymes de menos de 10 trabajadores, la baja prolongada de un empleado del sector privado se convierte en una amenaza de asfixia financiera:

[ TRABAJADOR DE BAJA POR IT ]

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┌────────────────────────┴────────────────────────┐

▼ ▼

[ COSTE FINANCIERO (Ley/Convenio) ] [ PARÁLISIS OPERATIVA ]

├── Días 4 al 15: 60% salario (Empresa) ├── Estructura < 4 empleados:

├── Cuota Patronal obligatoria (100%) Pérdida automática del 25-33% BR

└── “Efecto Convenio” (Comercio/Metal): └── Sobrecarga de compañeros

Complemento al 100% de la nómina (Riesgo de nuevas bajas por estrés)

▼

[ + COSTE DEL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN ]

<-Pérdida de margen y coste de oportunidad: A diferencia de una gran corporación o de la propia Administración Pública -que puede amortizar temporalmente una vacante-, si una micro-pyme pierde a uno de sus tres empleados, su capacidad productiva cae fulminantemente entre un 25% y un 33%. La sobrecarga de los trabajadores restantes eleva el riesgo de nuevas bajas por estrés o ansiedad, generando un destructivo efecto dominó.

5.- Análisis causal – (Ecosistema AIReF).

Para entender este incremento generalizado del absentismo y su divergencia sectorial, la AIReF identifica un ecosistema de factores interconectados que superan la simplificación del “fraude”:

1.- Factores sanitarios (Gestión Pública): El retraso crónico en atención primaria y especializada dilata los tiempos de curación. El propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apunta directamente a la falta de coordinación entre los servicios de salud autonómicos y el nivel central como un factor de ineficiencia.

2.- Factores normativos y convencionales: La mejora de coberturas en convenios colectivos (complementos al 100%) amortigua el impacto económico para el empleado.

Si bien es un logro social indiscutible, desincentiva económicamente el retorno prematuro si no va acompañado de una supervisión médica ágil.

3.- El factor procíclico: La IT se comporta de forma procíclica, porque en ciclos expansivos y de alta ocupación (como el escenario actual hasta 2026), el miedo al despido disminuye en el sector privado y la incidencia de bajas sube, y, en épocas de crisis, el absentismo en el sector privado cae drásticamente, mientras que el sector público se mantiene imperturbable.

4.- Mutación de patologías (Salud Mental): Las bajas por salud mental (ansiedad, depresión) se han disparado un 66% desde 2018. Al no estar formalmente indexadas en el catálogo de enfermedades profesionales (RD 1299/2006), se canalizan masivamente como enfermedad común, sobrecargando las arcas de la Seguridad Social y eludiendo la acción preventiva de las mutuas de trabajo.

6.- Valoración y Propuestas.

Existe una polarización ideológica evidente: *Por un lado, discursos patronales que califican el absentismo de “cáncer” o sugieren que se traslada el mensaje de que “cumplir es opcional”; *por otro, sindicatos que exigen no estigmatizar ni penalizar la salud de la clase trabajadora.

Sin embargo, los datos técnicos (AIReF y Randstad) exigen soluciones de consenso que abandonen la trinchera. Los datos de acumulación de bajas (el 50% de las jornadas perdidas se concentra en apenas el 10% de los trabajadores, sumado al “efecto lunes”, donde faltan el doble de personas que un viernes) demuestran que el fraude existe y debe ser fiscalizado. No obstante, la ineficiencia del sistema sanitario público y la disparidad de reglas entre el sector público y privado son los verdaderos multiplicadores del coste.

<<Propuestas clave en el debate actual>>

<-Mayor competencia a las Mutuas: Permitirles otorgar altas médicas efectivas y realizar pruebas diagnósticas o tratamientos en contingencias comunes, lo que, aliviaría la Sanidad Pública y recortaría drásticamente los tiempos de espera.

<-Exoneración de cuotas patronales en pymes: Liberar a las micro-pymes del pago de la Seguridad Social del trabajador en IT desde el primer día o, al menos, al formalizar un contrato de sustitución, evitando la quiebra técnica por la duplicidad de costes.

<-Interoperabilidad e incorporación gradual: Implementar las recomendaciones de la AIReF relativas a la historia clínica compartida entre el sistema público y las mutuas, y, habilitar las altas médicas de incorporación paulatina (fórmulas mixtas de reincorporación laboral a tiempo parcial), siguiendo el modelo de los países del norte de Europa.

N. B. Imagen – Realidad y mentira. Córdoba – + Duración.

<<A los que faltan los lunes les llaman luneros>>

(Nota. los ciudadanos defiende las bajas justificadas, pero se reclama más control para evitar abusos y reducir el absentismo laboral.)-

Córdoba, 10 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba – Ayuda a domicilio – I – (Suficiencia y el riesgo real de colapso)

La ayuda a domicilio en Córdoba ya no puede analizarse como un servicio complementario ni como una política social de apoyo marginal. Se ha convertido en una infraestructura pública de cuidados, sostenida sobre miles de trabajadoras, una demanda creciente y un territorio especialmente tensionado por el envejecimiento, la dispersión rural y la insuficiencia financiera.

El dato institucional de los 100 millones de euros proyecta una imagen de fortaleza, pero esa cifra, por sí sola, no explica la realidad operativa del sistema: “Ofertas de empleo que no se cubren, tiempos de desplazamiento que encarecen la atención en los pueblos, presión constante sobre las plantillas y un horizonte normativo que amenaza con agravar todos esos desequilibrios”.

La cuestión de fondo no es si Córdoba tiene ayuda a domicilio. La cuestión real es si dispone de un modelo financieramente suficiente, laboralmente sostenible y jurídicamente defendible para sostenerla en 2027 y en los años siguientes. Ahí es donde aparece la fractura entre el relato oficial y la lectura técnica.

<<Un servicio esencial en una provincia que envejece>>

En Córdoba, el envejecimiento no es una hipótesis de futuro, sino una realidad demográfica ya instalada. El aumento de personas mayores, la extensión de situaciones de dependencia y la proliferación de hogares unipersonales, sobre todo en municipios rurales, han transformado la ayuda a domicilio en un servicio estructural, de forma, que ya no se trata únicamente de apoyar a personas vulnerables, sino que se trata de asegurar condiciones mínimas de permanencia, seguridad y dignidad en el propio hogar.

Ese cambio obliga también a revisar el lenguaje institucional. Cuando un servicio atiende a más de 12.000 personas en la provincia, sostiene miles de empleos directos y absorbe incrementos anuales de demanda superiores al 20%, deja de ser razonable tratarlo como un simple programa asistencial. Su naturaleza material se acerca mucho más a la de un servicio público esencial de proximidad, vinculado de forma directa al derecho a la autonomía personal y a la efectividad del sistema de dependencia.

<<La economía oculta del cuidado en la Córdoba rural>>

La ayuda a domicilio no solo cuida; también fija población, genera empleo y amortigua el vaciamiento territorial. En una provincia como Córdoba, donde muchos municipios pequeños dependen de servicios públicos capilares para sostener su tejido social, el sector funciona como una auténtica red de estabilidad. Más de 4.500 empleos directos no representan únicamente una cifra laboral, sino que expresan una política territorial de permanencia, especialmente relevante en comarcas donde otras oportunidades de empleo son más débiles.

Sin embargo, esa utilidad colectiva convive con una paradoja persistente. Cuanto más necesario es el servicio en el medio rural, más caro y más difícil resulta prestarlo. Los desplazamientos entre núcleos dispersos reducen el tiempo efectivo de atención, encarecen cada intervención y erosionan la rentabilidad de los contratos. En la práctica, una parte del presupuesto se consume fuera del domicilio del usuario: “En carretera, en tiempos muertos y en costes logísticos que rara vez aparecen en la narrativa pública con la importancia que merecen”.

<<El mito de los 100 millones>>

La referencia a un presupuesto en torno a 100 millones de euros tiene fuerza política y comunicativa, pero no basta para acreditar suficiencia real. Una cifra elevada puede coexistir con una estructura insuficiente cuando el volumen de demanda, el coste laboral, la dispersión territorial y las obligaciones de calidad crecen a mayor velocidad que la financiación disponible. Ese es, precisamente, el riesgo que se percibe en Córdoba.

La mejora de los tiempos de espera en dependencia, reducidos en los últimos años desde parámetros cercanos a 1.200 días hasta entornos de 400 días, constituye un avance relevante desde la perspectiva de gestión. Pero ese progreso no elimina el problema de fondo. Una reducción del atasco administrativo no equivale, por sí sola, a suficiencia material del sistema. Puede haber más rapidez en la tramitación, y, al mismo tiempo, persistir listas de espera encubiertas, intensidades de atención insuficientes o dificultades serias para cubrir servicios ya reconocidos.

Por eso resulta técnicamente razonable distinguir entre presupuesto nominal y presupuesto suficiente. *El primero permite presentar la magnitud del esfuerzo público. *El segundo mide si ese esfuerzo alcanza de verdad para prestar el servicio en condiciones estables, atraer personal, responder a la demanda creciente y absorber los cambios normativos sin deteriorar la calidad.

<<La encrucijada de 2027 – (salarios, jornada y revisión del precio/hora)>>

El año 2027 aparece como un punto de inflexión, ya que, la prevista subida del convenio del sector en torno al 8%, unida a la reducción de jornada, alterará de forma directa la ecuación económica del servicio. Si el precio/hora público no se actualiza de manera suficiente, el sistema trasladará la tensión a algún punto de la cadena: *O se resentirá la viabilidad de las adjudicatarias, *o se deteriorarán las condiciones reales de prestación, *o aumentará la dificultad para cubrir plantillas.

Desde una óptica jurídica, el problema no es menor. Cuando los costes estructurales cambian de forma intensa y previsible, la Administración no puede mantenerse anclada en módulos económicos desfasados sin exponer los contratos a desequilibrios severos. El debate no es meramente presupuestario, sino que es también un debate sobre buena administración, sostenibilidad contractual y adecuación del precio público al coste real del servicio.

En un sector intensivo en mano de obra, cualquier desviación entre coste real y financiación reconocida se traduce rápidamente en conflicto operativo. De ahí que la discusión sobre 2027 no deba leerse como una reclamación corporativa, sino como un aviso técnico: “Si sube el coste del trabajo y no sube la cobertura pública, el modelo entra en zona de riesgo”.

<<La brecha territorial de la financiación>>

Uno de los argumentos más potentes para una lectura crítica del sistema aparece en la desigualdad de la financiación estatal. La denuncia de que el Estado llega a aportar en el País Vasco alrededor del 50% del sistema mientras en Andalucía su participación ronda el 25% no es una mera comparación política, sino que es una impugnación del diseño material de la igualdad territorial. Si dos comunidades sostienen un mismo derecho social bajo reglas de cofinanciación tan distintas, la promesa de uniformidad del sistema queda gravemente cuestionada.

Para Andalucía, y dentro de ella para provincias como Córdoba, esta brecha tiene efectos concretos, ya que, significa menos margen para mejorar precios/hora, menos capacidad para absorber costes sobrevenidos y más dependencia de esfuerzos autonómicos o provinciales que no siempre pueden crecer al ritmo necesario. En términos jurídicos y políticos, la consecuencia es clara: “El debate sobre la ayuda a domicilio ya no puede limitarse a la gestión local, sino que exige una revisión del reparto estatal de cargas en la Ley de Dependencia”.

<<Duplicar la inversión – (Del modelo oficial al modelo de suficiencia real)>>

Frente al marco de 100 millones, el escenario de 200 millones permite abrir una hipótesis más realista sobre lo que costaría garantizar un servicio robusto. No se trata de inflar artificialmente el gasto, sino de corregir déficits acumulados: ampliar la bolsa horaria, asumir de forma ordenada la subida de costes laborales, crear instrumentos de compensación territorial y desplegar una digitalización útil, no cosmética.

En ese escenario, la bolsa de horas anuales podría pasar de 8 a 16 millones, y el empleo directo crecería de 4.500 a 9.000 profesionales. El objetivo no sería solo atender a más personas, sino atender mejor y con menos fricción operativa. También permitiría reforzar la atención de urgencias sociales hasta 150.000 horas anuales, reduciendo la burocracia en situaciones donde el tiempo de respuesta resulta decisivo.

La clave está en que el gasto adicional no debe repartirse de forma lineal. Parte del incremento debería dirigirse a un fondo específico de compensación por dispersión geográfica, capaz de cubrir kilometraje y tiempos improductivos en la Córdoba rural, y otra parte a un plan de digitalización universal con sensores y sistemas de monitorización preventiva en hogares de personas mayores que viven solas. Así entendido, el aumento presupuestario no sería expansivo en abstracto, sino corrector de desigualdades internas del propio servicio.

<<Empleo, cualificación y el papel de la Universidad de Córdoba>>

El crecimiento del sistema no depende solo del dinero. Depende también de la existencia de personal suficiente y cualificado. Hoy el sector arrastra dificultades para captar trabajadoras en determinados municipios y franjas horarias, en parte por la dureza del trabajo y en parte porque la retribución no siempre compensa las exigencias reales del puesto. La falta de profesionales no es un problema accesorio: es uno de los límites materiales del modelo actual.

Por eso cobra especial relevancia la reivindicación de formación especializada en geriatría y cuidados de larga duración, así como la llegada del Grado en Trabajo Social a la Universidad de Córdoba en el curso 2026-2027. Este hito académico puede convertirse en una pieza institucional estratégica. No solo por el valor simbólico de incorporar un título largamente demandado, sino porque permitirá generar perfiles técnicos de coordinación, supervisión y planificación imprescindibles para un sistema de cuidados cada vez más complejo.

Si Córdoba aspirara realmente a escalar hacia 9.000 empleos directos, necesitaría algo más que auxiliares. Necesitaría estructuras técnicas, mandos intermedios, coordinación sociosanitaria y capacidad de evaluación. En ese contexto, la UCO puede desempeñar una función de anclaje territorial del talento y de profesionalización del ecosistema de cuidados.

<<Inteligencia artificial – (promesa útil, riesgo regulatorio)>>

La introducción de inteligencia artificial en la ayuda a domicilio puede aportar mejoras reales si se orienta a problemas concretos. La optimización de rutas, la asignación más eficiente de trabajadoras según proximidad y perfil, o la detección temprana de incidencias domésticas mediante sensores constituyen aplicaciones plausibles y potencialmente valiosas. En territorios extensos y envejecidos, la tecnología puede reducir tiempos de respuesta y reforzar la seguridad de personas que viven solas.

Ahora bien, el entusiasmo tecnológico necesita un encuadre jurídico riguroso. La monitorización predictiva en domicilios plantea cuestiones sensibles de protección de datos, consentimiento, proporcionalidad y responsabilidad por decisiones automatizadas. La tecnología puede ayudar a combatir la soledad no deseada y a prevenir situaciones de riesgo, pero no debe abrir la puerta a fórmulas opacas de vigilancia o a automatizaciones sin control humano suficiente.

La discusión relevante no es si la IA debe entrar en el sector, sino bajo qué condiciones normativas, contractuales y éticas debe hacerlo. Un modelo serio exige gobernanza del dato, auditoría de algoritmos, protocolos de intervención y garantías reforzadas para personas especialmente vulnerables.

<<Una tesis de fondo – (el sistema necesita una revisión integral)>>

La ayuda a domicilio en Córdoba no está ante un problema puntual, sino ante una tensión estructural entre demanda social creciente, financiación incompleta, costes laborales al alza y exigencias de calidad cada vez mayores. Por eso el verdadero debate no debería girar en torno a si el sistema funciona razonablemente hoy, sino en torno a si puede seguir funcionando mañana sin una reforma de escala.

La respuesta más verosímil es que el modelo actual solo se mantendrá si se corrigen varias insuficiencias a la vez: una financiación estatal más equitativa, una actualización real del precio/hora, incentivos efectivos para cubrir el territorio rural, inversión tecnológica sometida a garantías jurídicas y una estrategia potente de formación y profesionalización. Sin esas piezas, los 100 millones seguirán siendo una cifra políticamente útil, pero técnicamente insuficiente.

<<Propuesta de cierre>>

Hay que sostener una tesis clara: Córdoba no necesita solo más presupuesto, sino un nuevo marco de suficiencia real para evitar que la ayuda a domicilio entre en una fase de desgaste crónico.

Dicho de otro modo, la pregunta ya no es cuánto cuesta mantener el servicio sobre el papel. La pregunta decisiva es cuánto cuesta sostenerlo de verdad, con empleo digno, cobertura territorial efectiva, seguridad jurídica y capacidad para responder a una sociedad que envejece. Y la respuesta, cada vez con más evidencia, parece alejarse del mito de los 100 millones.

N. B. Imagen. La ayuda a domicilio en Córdoba I – (Suficiencia y el riesgo real de colapso).

Córdoba, 8 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S, S,

Suciedad – basura y roedores – (Limpieza y salud pública en el espacio urbano)

La situación de la limpieza urbana y la proliferación de roedores en Córdoba ha alcanzado un máximo negativo, transformándose de una evidente falta de mantenimiento en una alarma sanitaria. Ante el progresivo deterioro y el abandono percibido de la Ciudad las quejas ciudadanas se oyen en los lugares públicos denunciando la suciedad y la falta de limpieza en las calles y plazas.

**El problema actual se vertebra sobre dos factores estrechamente vinculados que se retroalimentan de forma constante: *el declive de la gestión de residuos urbanos y *la consiguiente dispersión de plagas a la superficie.

1.- El deterioro de la limpieza urbana y el «efecto llamada».

Vecinos, colectivos y asociaciones coinciden en denunciar un empeoramiento progresivo en la recogida de residuos por parte de la empresa municipal de saneamiento, Sadeco.

***Las principales deficiencias denunciadas se agrupan en tres vertientes:

<-Contenedores desbordados: Es habitual encontrar bolsas de basura acumuladas en el suelo durante días junto a los puntos de recogida habituales.

<-Falta de mantenimiento generalizado: Calles enteras en diversos barrios de la ciudad pasan jornadas consecutivas sin barrer, lo que sumado a papeleras permanentemente saturadas y a las altas temperaturas estacionales, genera olores nauseabundos persistentes en las vías públicas.

<-Efecto llamada: La presencia constante de desperdicios orgánicos expuestos en las aceras funciona como el escenario idóneo para la atracción y alimentación masiva de plagas.

2.- Proliferación de roedores.

La presencia de ratas en el entorno urbano ha dejado de ser un hecho aislado o confinado al subsuelo de la red de alcantarillado, ya que, el avistamiento de ejemplares a plena luz del día en calles céntricas, plazas y parques es constante.

***Desde el sector de la sanidad ambiental, entidades como la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) explican que las ciudades españolas se enfrentan a una coyuntura extremadamente compleja:

1.- Aumento global de las temperaturas: El clima cada vez más cálido prolonga los ciclos biológicos de reproducción de las especies.

2.- Restricciones normativas: Las directivas europeas restringen de forma estricta el uso de los venenos químicos tradicionales (anticoagulantes).

3.- Resistencia biológica: Las poblaciones de roedores están desarrollando inmunidad a los principios activos empleados habitualmente.

<<La postura oficial vs. las críticas>>

Ante las quejas vecinales, Sadeco sostiene que mantiene activo un plan de control de plagas que monitoriza más de 18 000 puntos críticos en la ciudad -incluyendo la red de alcantarillado, zonas verdes y solares-. Según la empresa municipal, se emplean nuevos tratamientos y geles específicos diseñados para frenar la reproducción de roedores e insectos. Sin embargo, colectivos vecinales y asociaciones consideran que estas intervenciones en el subsuelo son estériles si no se ataja el foco principal en superficie: “La acumulación incontrolada de basura”.

3.- Un foco de máxima alerta – (Los Jardines de la Agricultura -El Parque de los Patos-).

El epicentro de la indignación ciudadana se sitúa de forma unánime en los Jardines de la Agricultura, conocidos popularmente como el Parque de los Patos, ya que, este espacio familiar, frecuentado diariamente por menores y mascotas, reúne las condiciones óptimas para convertirse en un hábitat ideal para las plagas: <-Agua constante, vegetación densa y una fuente inagotable de alimento (tanto por los residuos descuidados como por la arraigada costumbre ciudadana de arrojar pan a las aves).–>

Los ejemplares avistados no son pequeños roedores de campo, sino ratas pardas y negras de gran envergadura, pues debido a la ausencia de depredadores urbanos y al exceso de recursos, han alcanzado tamaños considerables y han desarrollado sinantropía: “Han perdido por completo el miedo a los seres humanos, transitando con total impunidad por los paseos y zonas de césped”.

<<Riesgo vs. infancia>>

Cuando una plaga invade un parque infantil, el problema escala de una queja por suciedad a una crisis real de salud pública, y, no es admisible postergar las soluciones basándose en tratamientos estándar a largo plazo. Las ratas actúan como vectores de transmisión de patologías graves como la leptospirosis y la salmonelosis, además de portar parásitos. El riesgo de mordeduras o de contacto directo con excrementos en áreas de juego infantil exige medidas de choque urgentes.

4.- El pasillo de la Avenida de Cervantes.

La prueba más irrefutable de la ineficacia de las actuaciones aisladas es el trasiego diario visible en la cercana Avenida de Cervantes, ya que, a la vista de los transeúntes y obviando el tráfico rodado, las ratas cruzan de forma continua la acera desde los parterres y arbustos del parque -donde se refugian y construyen sus madrigueras- hacia las islas de contenedores de la avenida para alimentarse.

Este flujo constante evidencia fallos estructurales que requieren una intervención perimetral urgente:

<-Contenedores como imán: Al tratarse de una arteria principal con alta actividad, el volumen de residuos es elevado. Los contenedores no herméticos o las bolsas depositadas fuera de ellos actúan como un reclamo permanente.

<-Comportamiento desinhibido: La impunidad con la que los animales cruzan entre su “madriguera” (el parque) y su “restaurante” (los contenedores) confirma que la población de roedores ha superado el umbral ordinario de control.

5.- Medidas de choque propuestas para cortar el problema de raíz.

Los expertos en sanidad ambiental señalan que las soluciones actuales no pueden limitarse a colocar raticidas en las alcantarillas, razón por la que para un espacio de alta sensibilidad como los Jardines de la Agricultura, se proponen las siguientes líneas de actuación inmediata:

<-Zonas de exclusión y vallado selectivo temporal: Clausura inmediata y precintado de parterres o focos activos de madrigueras adyacentes a las zonas de columpios para aplicar tratamientos de erradicación agresivos sin poner en riesgo a los niños.

<-Sustitución por mobiliario hermético: Retirada de las papeleras abiertas tradicionales del parque e instalación de contenedores urbanos estancos, antivandálicos y antiplagas para bloquear el acceso a los restos de comida.

<-Prohibición estricta de alimentar a la fauna urbana: Campaña informativa rigurosa acompañada de señalización explícita y un régimen sancionador estricto para evitar el aporte calórico extra que proporciona el pan arrojado a las aves.

<-Trampeo inteligente y seguro: Al tratarse de un área con concurrencia infantil y de animales de compañía, se debe priorizar el despliegue de cajas de trampeo masivo seguro (mecánico o digital), fijadas al terreno y ocultas, evitando la dispersión indiscriminada de raticidas químicos.

<<Conclusión – (El deber de la Administración).

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la Administración Pública ostenta la competencia exclusiva y el deber inexcusable de garantizar la seguridad, la salubridad y la higiene de las vías y espacios públicos de forma prioritaria. Las deficiencias en la prestación del servicio esencial de recogida de residuos conllevan una vulneración directa de estas obligaciones.

La presión vecinal unificada y la formalización de denuncias en el registro del Ayuntamiento son, en este momento, las herramientas legítimas esenciales para forzar al consistorio a declarar una actuación de urgencia en los Jardines de la Agricultura y su entorno perimetral.

La inacción administrativa no es una opción cuando lo que está en juego es evitar un percance sanitario mayor en la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

N. B. Imagen.

Córdoba, a 30 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

NEPOTISMO Y CORRUPCIÓN SISTÉMICA – DOCTRINA PENAL – (De la alta política al ámbito municipal)

Análisis doctrinal a la luz de la Causa Especial 20775/2020 y la realidad de la contratación arbitraria local.

I.- Introducción y marco de referencia.

La reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictada el 22 de junio de 2026 en la Causa Especial 20775/2020, constituye un pronunciamiento de notable relevancia en la delimitación dogmática de los delitos contra la Administración Pública y en la concreción de sus fronteras respecto de las prácticas de corrupción vinculadas al ejercicio del poder político. Más allá de su dimensión mediática, su interés estrictamente jurídico reside en la precisión con la que perfila los elementos típicos del tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la prevaricación administrativa, configurándose como un referente interpretativo frente a conductas de nepotismo, clientelismo y desviación de poder.

El propósito de este estudio es proyectar dicha doctrina sobre la realidad de la Administración Local, donde las prácticas de contratación arbitraria de personal, designaciones de confianza desnaturalizadas o nombramientos carentes de causa objetiva presentan un evidente paralelismo material con los supuestos enjuiciados en el ámbito de la alta política estatal, si bien con singularidades estructurales que exigen un examen específico desde la perspectiva penal, administrativa y de régimen local.

II.- Tráfico de influencias y clientelismo en el ámbito municipal.

La resolución del Tribunal Supremo ofrece una lectura especialmente severa de las conductas consistentes en designar o favorecer a determinadas personas en el sector público por razones personales, sentimentales, familiares o de afinidad política. En este contexto, el Alto Tribunal subraya que las prácticas de enchufismo en la contratación pública, cuando vienen determinadas por la presión ejercida desde una posición de prevalimiento, pueden integrar el delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal.

Trasladada esta doctrina al ámbito local, la estructura organizativa de los ayuntamientos, marcada por la concentración funcional de poder en la Alcaldía y, en su caso, en la Junta de Gobierno Local, favorece la aparición de conductas de esta naturaleza. El tipo penal exige que la autoridad o funcionario público influya en otro funcionario o autoridad, prevaliéndose de su cargo, jerarquía o ascendencia política, con la finalidad de obtener una resolución que pueda reportar un beneficio económico para sí o para un tercero.

En el escenario municipal, dicha conducta se manifiesta cuando el alcalde, un concejal delegado o cualquier otro cargo con capacidad de decisión instrumentaliza su posición para ejercer presión, directa o indirecta, sobre:

<-secretarios, interventores o técnicos de recursos humanos;

<-miembros de tribunales de selección o comisiones de valoración;

<-gerentes o directivos de sociedades mercantiles municipales o entidades instrumentales.

La finalidad suele ser la alteración de la objetividad que debe presidir los procesos de selección o contratación, favoreciendo a familiares, allegados, afines políticos o personas vinculadas por relaciones de dependencia personal.

Desde esta perspectiva, el bien jurídico lesionado no es solo la legalidad formal del procedimiento, sino la rectitud, imparcialidad y objetividad de la función pública.

III.- Malversación de caudales públicos en contrataciones sin prestación real.

Uno de los aspectos de mayor relieve dogmático en la sentencia es el tratamiento de los supuestos en los que la contratación de una persona se concibe desde su origen sin intención real de prestación de servicios, de modo que la percepción de retribuciones públicas responde a una disposición patrimonial carente de causa funcional legítima. En tales casos, la conducta no puede ser reconducida a un mero incumplimiento laboral o a una irregularidad administrativa, sino que puede constituir un auténtico delito de malversación de caudales públicos, en concurso con el tráfico de influencias cuando concurran los presupuestos típicos de este último.

**Aplicación al ámbito local.

Esta modalidad de corrupción es perfectamente trasladable al ámbito municipal, donde suele presentarse en dos formas principales:

*Personal eventual o de confianza sin funciones efectivas. Nombramientos de personal eventual que, desnaturalizando la función legal de asesoramiento o confianza, perciben retribución pública sin asumir actividad real o desempeñando tareas ajenas al interés público local, de naturaleza estrictamente partidista.

*Contrataciones espurias en entidades instrumentales municipales. Utilización de sociedades mercantiles de capital público como mecanismos de colocación de personas afines, exentas de controles materiales efectivos y, en ocasiones, sin contraprestación laboral real.

La clave dogmática reside en el plan comisivo: “Cuando la contratación se diseña ab initio con la finalidad de excluir toda prestación efectiva, el abono de nóminas con cargo a fondos públicos constituye una distracción patrimonial típica, no un simple irregular funcionamiento del servicio”. El patrimonio de una corporación local merece la misma protección penal que el de cualquier otra administración pública.

IV.- Prevaricación administrativa como tipo central en el nepotismo local.

Conviene realizar aquí una precisión técnico-penal de especial importancia. La Sentencia del Tribunal Supremo, en el análisis de determinados actos de contratación en contexto de emergencia, descarta la prevaricación cuando no concurre el plus de arbitrariedad exigido por el artículo 404 del Código Penal. Sin embargo, en los supuestos de nombramiento o contratación de personal, la respuesta penal dependerá de quién adopte materialmente la resolución y de cómo se articule el circuito decisorio.

En la Administración Local, el encaje de muchas contrataciones ilegales o nombramientos arbitrarios encuentra su acomodo más sólido en el delito de prevaricación administrativa, especialmente cuando el propio cargo político dicta la resolución de forma directa.

**Razones de su idoneidad.

a). La evidencia de la ilegalidad y la dificultad probatoria del tráfico de influencias.
El delito de tráfico de influencias exige acreditar una presión efectiva ejercida desde una posición de prevalimiento, lo que en la práctica resulta probatoriamente complejo. En los entornos municipales, las presiones suelen materializarse en conversaciones informales, indicaciones verbales o dinámicas de subordinación difícilmente documentables. En cambio, la prevaricación se proyecta sobre el acto final: la resolución injusta dictada a sabiendas de su ilegalidad.

b). La autoría directa del cargo político.

A diferencia de otros ámbitos administrativos más complejos, en el municipio el alcalde o el concejal delegado suele ostentar la competencia material para firmar el decreto o resolución de contratación. Cuando ese acto se dicta prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o vulnerando de manera palmaria los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, concurre el núcleo típico del artículo 404 del Código Penal.

**En este contexto, resultan especialmente relevantes:

<-la ausencia de procedimiento selectivo real;

<-la falta de motivación suficiente;

<-la omisión de informes preceptivos o desfavorables;

<-la contradicción frontal con la legislación de función pública y con la normativa básica de régimen local.

**Concurso de delitos.

Desde la perspectiva de la estrategia acusatoria, en los supuestos más graves no debe descartarse la articulación de un concurso de delitos. La prevaricación administrativa sanciona el dictado de la resolución arbitraria; la malversación, por su parte, castiga el menoscabo patrimonial derivado del pago de retribuciones sin causa legítima cuando existe un verdadero desvío de fondos públicos. Por ello, cuando la contratación irregular no solo es injusta, sino que además produce un perjuicio económico efectivo para las arcas municipales, el concurso entre ambos delitos puede resultar jurídicamente procedente.

V.- El papel del secretario municipal y el accidentalismo.

Un análisis completo de la corrupción sistémica en la contratación local no puede prescindir del papel de los funcionarios encargados del control de legalidad ex ante, singularmente la Secretaría y, en su caso, la Intervención. El punto más vulnerable del sistema aparece cuando el órgano llamado a velar por la juridicidad del acto administrativo participa, activa o pasivamente, en la validación de una resolución claramente ilegal.

*El secretario accidental o interino.

La proliferación de la figura del secretario accidental o interino, muchas veces derivada de la carencia estructural de habilitados nacionales, plantea un problema añadido. La falta de estabilidad en el puesto puede generar situaciones de dependencia funcional o de subordinación fáctica respecto del órgano político, pero ello no elimina por sí mismo la eventual relevancia penal de su conducta.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el temor a un cese, la precariedad laboral o la presión jerárquica no excluyen automáticamente la antijuridicidad ni la culpabilidad. Si el secretario emite un informe favorable a sabiendas de la manifiesta ilegalidad del acto, y lo hace con la finalidad de proporcionar cobertura técnica a la resolución arbitraria, su intervención puede integrar cooperación necesaria, inducción o, según el caso, complicidad en la prevaricación administrativa.

La firma del secretario otorga apariencia formal de legalidad al acuerdo municipal. Cuando se acredita un concierto previo, expreso o tácito, entre el cargo político y el técnico designado ad hoc para desactivar el control de legalidad, el principio de confianza desaparece y la imputación penal puede extenderse a ambos intervinientes.

VI.- La práctica acusatoria de las fiscalías territoriales.

Pese a la solidez dogmática de estas construcciones, la práctica forense de la instrucción penal muestra con frecuencia una asimetría acusatoria. No es infrecuente que la acusación pública dirija su reproche exclusivamente contra el responsable político, dejando al margen al funcionario o secretario que validó la ilegalidad mediante informe o conformidad técnica.

Esa orientación procesal obedece, por lo general, a razones de estrategia probatoria y de economía procesal. Desde un punto de vista práctico, la fiscalía puede preferir situar al técnico en posición de testigo para obtener de él un relato de la presión ambiental o de la mecánica interna de la decisión, sacrificando su posible responsabilidad penal para reforzar la prueba del dolo político. Asimismo, la investigación de la codelincuencia en este tipo de asuntos exige un análisis documental intenso, que no siempre se acomete con la profundidad necesaria en órganos de instrucción ordinarios.

Sin embargo, esa práctica no altera la realidad jurídico-penal de fondo: “Cuando el técnico participa conscientemente en la convalidación de una resolución arbitraria, su conducta no puede quedar automáticamente absorbida por una supuesta posición de vulnerabilidad funcional”.

VII.- Conclusiones.

La corrupción municipal vinculada al nepotismo, el clientelismo y la contratación arbitraria no constituye una anomalía menor ni una simple desviación administrativa, sino una manifestación estructural de deslealtad institucional frente a los principios de objetividad, mérito, capacidad y legalidad. La doctrina emanada de la Causa Especial 20775/2020 no puede entenderse como una construcción excepcional reservada a las altas esferas del Estado, sino como una interpretación general del Derecho penal aplicable a toda la Administración Pública.

En el ámbito local, la lucha contra estas prácticas no requiere tanto una expansión normativa como una aplicación rigurosa de los tipos penales ya existentes, junto con una instrucción penal efectiva y una valoración menos indulgente de las conductas de validación técnica de actos manifiestamente ilegales. La erradicación del clientelismo exige, en suma, extender la exigencia de responsabilidad penal a todos los intervinientes que, por acción u omisión relevante, contribuyen a quebrar la legalidad administrativa y a desviar el poder público hacia intereses privados o partidistas.

N.B. Imagen. – Nepotismo y corrupción sistémica – Doctrina Penal – (De la alta Política al Ámbito Municipal.).

Córdoba, 26 de junio de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

II. La inflación en Córdoba (El -impuesto invisible- que vacía nuestros bolsillos)

Muchos me habéis preguntado cómo nos afecta realmente la subida de precios en el día a día, así que os digo, que más allá de las frías cifras oficiales, la inflación actúa como un impuesto silencioso, de forma, que drena nuestro poder adquisitivo sin necesidad de que se aprueben nuevas leyes en el BOE.

1.- El Estado – (El gran beneficiado de la subida de precios).

La inflación no solo encarece la cesta de la compra, sino que, también, altera nuestro sistema fiscal de forma automática, así:

<-La “Rémora Fiscal” (IRPF): Si un sueldo sube un poco para compensar la inflación, pero los tramos del impuesto no se ajustan (deflactación), se salta a un tramo superior, de forma, que al final, se paga un porcentaje mayor de impuestos aunque nuestra capacidad de compra sea la misma o menor.

<-IVA en cadena: Al subir el precio de un producto, el IVA (que es un porcentaje fijo) recauda más euros por la misma unidad y el Estado ingresa más a costa de nuestro consumo básico.

<-El alivio de la Deuda Pública: Como gran deudor, al Estado le conviene la inflación, ya que, sus ingresos fiscales suben, pero el valor real de su deuda antigua disminuye.

2.- La paradoja de Córdoba – (Récords de visitas y bolsillos ajustados).

Nuestra provincia vive una realidad económica particular marcada por el campo y el turismo, de manera, que a pesar de ser una potencia olivarera y turística, los cordobeses sufrimos una presión asfixiante, así:

*El Sector Primario está bajo mínimos: El encarecimiento del gasoil y los fertilizantes asfixia a nuestros agricultores en el Valle de los Pedroches y la campiña, frenando, además, cualquier intento de modernización y aplicación de tecnología innovadora.

*Vivienda al límite: En barrios como Zoco, Poniente o Vistalegre, la vivienda usada ha subido más de un 10,5%, y, además, los alquileres están en máximos históricos, dificultando el acceso a la vivienda a los más jóvenes.

*El coste del turismo tiene u doble efecto, ya que, aunque los Patios y nuestra gastronomía baten récords de ingresos, a la vez, acelera la inflación en el Casco Histórico, encareciendo la vida para los residentes locales.

3.- La brecha – (IPC oficial vs. Realidad cordobesa).

Aunque el dato oficial de marzo de 2026 se sitúa en torno al 2,2%, la “inflación de supervivencia” (lo que de verdad duele) es muy distinta:

Categoría	Dato Oficial (IPC)	Realidad Estimada en Córdoba
General	2,2% – 2,3%	5% – 6% (Básicos)
Vivienda / Alquiler	Incluido en general	7,9% – 10,5% (Hasta 20% en zonas)
Alimentación	3,4%	15% – 20% en productos clave
Hostelería	Incluido	5,9%

<<Conclusión – (Una presión que no cesa)>>

Técnicamente, el IPC puede parecer moderado, pero en la microeconomía cordobesa -la del aceite, la luz y el alquiler- el coste de mantener el nivel de vida es sensiblemente superior a lo que dicen las estadísticas oficiales.

Mientras no se deflacten las tarifas de los impuestos para ajustarlas a la realidad, el ciudadano seguirá pagando la factura de una crisis que se siente, sobre todo, en el bolsillo de quienes no tienen vivienda en propiedad o dependen de nuestro castigado sector primario.

N.B. Inflación en Córdoba – Visión crítica – Imagen explicativa.

(Nota. La inflación real, que grava lo más necesario, es oficialmente un misterio, aunque los cordobeses la sienten en sus bolsillos creciendo día a día).

Córdoba, 15 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente – Córdoba Abierta – ACOA.

P. D. (Nota complementaria. España depende claramente del exterior para cubrir sus necesidades energéticas y, por ello, es uno de los países europeos más expuestos a la escasez de energía.

El impacto no sería únicamente energético, porque se trasladaría con rapidez a la inflación (alimentos, transporte), al empleo, a las hipotecas, y. en general, al conjunto del tejido empresarial porque cuando la energía se encarece de forma brusca, casi ningún sector queda al margen.

Muchas empresas industriales -desde la química hasta la metalurgia- son intensivas en energía, por lo que el aumento del precio del petróleo y del gas dispara sus costes de producción. Algo similar ocurre en la agricultura, porque la fabricación y el transporte de fertilizantes dependen en gran medida de estos recursos energéticos, lo que eleva los costes para agricultores y ganaderos.

El encarecimiento señalado terminará trasladándose al precio de los alimentos y, en última instancia, a la cesta de la compra de los hogares. Córdoba, donde el gasto en alimentación representa una parte relevante del presupuesto familiar -especialmente para los hogares con menores ingresos-, el impacto social será considerable.)